La investigación de Proyecto Amapola México va en contra del imaginario colectivo. La violencia en las zonas productoras no comenzó durante la llamada “Guerra contra el narco”; por el contrario, lleva al menos 50 años presente.
La violencia del Estado, así como de entes privados, que no son sólo el narcotráfico, atraviesa a las comunidades —algunas indígenas— dedicadas a la plantación de amapola.
“Explotación laboral, humillaciones, migración, discriminación, criminalización y desapariciones” son algunas de las manifestaciones violentas que convergen en las zonas amapoleras, apuntó el investigador Romain Le Cour de Noria Research.
Desde 1953 existen registros en Tierra Caliente, Michoacán, de que el gobierno mexicano destruía plantaciones de amapola. Sin embargo, en 1977 —después del discurso del presidente Richard Nixon, en el que declara la “guerra contra las drogas”— se intensificó la erradicación de cultivos a partir de la “Operación Cóndor” y ello explica, en parte, la violencia en las zonas amapoleras.
Las Fuerzas Armadas realizaban el 35% de las tareas de erradicación de sembradíos de amapola, pero desde el periodo foxista hasta la actualidad, la Marina y el Ejército se encargan de más del 80% de esas acciones. Hay una abrumante militarización que se traduce en ocasiones a violaciones de derechos humanos.
“El gobierno cambió, […] fue muy pesado”, daban “unas chinguizas que [te] dejaban tirado”, fueron algunos de los testimonios expresados en la investigación de Proyecto Amapola México.
La recabación de información para reprimir liderazgos políticos en comunidades indígenas, también formaron parte de las labores de las Fuerzas Armadas dedicadas a erradicar plantíos ilegales, apuntó el investigador Paul Frissard.
El panel de expertos señaló que las comunidades amapoleras han articulado desde hace décadas mecanismos de defensa como la resistencia pacífica, negociaciones legales y la amenaza o el uso de la violencia. También agregaron que los cultivos siguen existiendo y que los campesinos dedicados a cultivos ilegales atraviesan violencias institucionales y del narcotráfico, así como de otros entes privados que no han sido resueltas, pues si se les destruyen las plantaciones, el problema de sus fuentes de ingreso no se arregla.