A soldier stands guard around a site where forensic examiners are searching for human remains in the densely forested mountains outside Cocula, Mexico, Tuesday, Oct. 28, 2014. Suspects arrested this week told prosecutors that many of the 43 students who disappeared Sept. 26 from Iguala had been held near this location. (AP Photo/Rebecca Blackwell)

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Raymundo Riva Palacio

La nación está horrorizada y en muchas sociedades avanzadas en el mundo no alcanzan a comprender que en Guerrero policías municipales recibieron órdenes de criminales para asesinar a personas y secuestrar a decenas de jóvenes y desaparecerlos. Tampoco alcanza la imaginación para medir la dimensión del hecho que en una parte de ese estado surgieran fosas clandestinas como si fueran franquicias de la delincuencia organizada. Quién podría dudar que las instituciones mexicanas tienen un corazón criminal, y que el problema de Guerrero es un drama nacional. Lo único menos malo, dicho cínicamente, es que podría estar peor.

Las policías municipales se encuentra en el pozo de las instituciones mexicanas, y en el polo más abandonado de la cadena de seguridad del Estado Mexicano. Su única atribución legal es imponer infracciones y sancionar administrativamente a los ciudadanos por delitos no más graves que orinar en la vía pública. Por diseño y definición, no pueden combatir a los criminales, a quienes sólo pueden afectar si los atrapan en flagrancia. Las únicas policías que tienen la atribución legal de combatir el crimen son los judiciales y los ministeriales, que significan el 6.3% de la fuerza federal. El monstruo que han creado los gobiernos en este país es la policía municipal, cuya arquitectura y operación estimula la corrupción.

Los policías municipales son vistos por muchos sectores como una extensión de la delincuencia. No faltan razones objetivas a quienes así los juzgan, pues cuando no reciben dinero de los criminales para que los protejan, se encuentran en tan grande desventaja, que la percepción generalizada es que están comprados y al servicio del crimen. Los datos fortalecen la idea. El 60% de los policías locales del país gana menos de cuatro mil pesos mensuales, y la mitad de estos apenas si perciben 33 pesos diarios. Las organizaciones criminales invertían en 2011, de acuerdo con datos de la extinta Secretaría de Seguridad Pública, mil 200 millones de pesos mensuales para pagar policías y protección. Pero eso no es el único problema crónico que vive la seguridad del país.

En México hay 430 mil policías, de los cuales 42.5% aproximadamente se reparten en los dos mil 457 municipios que hay en el país. Bueno, afirmar que se reparten en tan optimista como exagerado. Cuatrocientos de esos municipios no tienen un solo policía, lo que no debería de extrañar demasiado puesto que sólo 12 de los 31 estados, tienen policía en todos sus municipios. El 26% del total de policías se localizan en 25 municipios de 16 estados, lo que se vuelve más dramático cuando se analiza la capacidad de  la fuerza operativa.

De las poco más de dos mil policías municipales, el 88% de esas agrupaciones cuenta con menos de 100 elementos, y más de la mitad de ese total tiene 20 agentes o menos. En algunos casos no pueden cubrir los turnos regulares, y menos aún en casos de enfermedad o vacación. El argumento más sencillo que se esgrime cuando se hablan generalidades de las policías municipales es que actúan bajo la regla de la plata o el plomo. Si fuera sólo por miedo o por corruptos, la solución sería menos compleja de lo que es. Pero no es tan simple.

El problema en México es de diseño institucional. Si el 42.5% de las policías en el país son municipales, y si el número de delitos del fuero común rozan el 92% del total, ¿por qué las policías federales tienen el 80% del presupuesto y las municipales y estatales se tienen que pelear el 20% restante? En 2009, cuando el entonces secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, estaba en su cruzada por el mando único de la policía, propuso en el Congreso que desaparecieran los policías municipales.

En una comparecencia en el Congreso argumentó que la delincuencia organizada había sustentado su operación no sólo en la violencia extrema, sino en la corrupción institucional. A ello, agregó, “se suma el deterioro estructural de las policías, las cuales durante décadas fueron abandonadas, se dejó de invertir en ellas, se dejó de desarrollarlas, se dejó de cuidarlas y se dejó de castigarlas en aquellos casos donde sus elementos faltaran a su deber”. Quien lo enfrentaron de manera más abierta fue el PRD, pero el tema del mando único naufragó por la oposición del PAN, principalmente, que veía en ese nuevo diseño la pérdida del control presupuestal en las alcaldías, donde está su fortaleza política, y cuyo presupuesto para seguridad lo manejaban políticamente.

Las condiciones en que operaban las policías municipales en Iguala y Cocula, y falta del mando único, pese a existir un convenio en Guerrero en ese sentido, contribuyó a toda la cadena de violaciones constitucionales que se dieron de manera pública en el estado desde la noche del 26 de septiembre pasado. ¿De haber existido otro diseño institucional se habrían evitado los excesos cometidos? La pregunta es retórica y de respuesta hipotética. Lo que es cierto es que si se mantiene el andamiaje de las policías municipales como hoy en día, lo que se vio en Iguala y Cocula no serán casos de excepción, sino realidad imperante en este país, donde la barbarie institucional es parte del paisaje nacional.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

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