Las cifras demuestran que el actual es un sexenio hostil contra activistas, defensores y periodistas en el país, quienes además son vigilados digitalmente por el gobierno federal. Un botón de muestra de esta actualidad a la que se enfrentan quienes integran estos grupos es la agresión de la que fue objeto Aurora Palacios, dirigente del Frente Popular Revolucionario, en Jalapa de Díaz, Oaxaca.
La organización civil condenó el hecho ocurrido en la región de la Cuenca, en donde vive la activista. Sujetos armados irrumpieron en su domicilio, al cual entraron por la fuerza, para amedrentar a quienes se encontraban dentro.
Estos hechos dejaron heridos dos familiares de Aurora Palacios, quien hace unas semanas fue amenazada vía mensaje de texto debido a su labor como defensa de comunidades indígenas y sectores populares.
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El Frente Popular Revolucionario condenó lo ocurrido y responsabilizó a los gobiernos municipal, estatal y federal. Advirtió que tanto en Oaxaca como a nivel nacional la violencia va en aumento y señaló a los “caciques regionales, ricos del país y el mundo” por esta situación.
Además, pidió a sus integrantes salir a las calles para protestar cada que se registre un ataque de este tipo e hizo un llamado a todas las “organizaciones sociales, sindicales, colectivos y activistas” a combatir la “política represiva del Estado”.
Antecedentes contra el FPR
En su posicionamiento el Frente Popular Revolucionario hizo énfasis en esta “nueva agresión” y es que no se trata de un caso de violencia aislado.
Uno de los ejemplos más recientes es el de Tomás Martínez Pinacho, líder del FPR en Miahuatlán, quien fue ultimado a balazos el 24 de agosto de 2020. El crimen se cometió después de que el activista participó en una marcha y bloqueo realizado en la capital y el aeropuerto respectivamente.
Tras el asesinato del dirigente integrantes del FPR se manifestaron en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, en donde prendieron fuego a diversos objetos para condenar el hecho.
Espionaje a activistas, defensores y periodistas
La hostilidad contra activistas, defensores y periodistas, así como integrantes de la sociedad civil, en nuestro país durante el actual gobierno federal ha ido a la par del monitoreo que las autoridades hacen de estos personajes.
Así lo dio a conocer el pasado 3 de junio la Fundación Mozilla, la cual reveló que existe una vigilancia digital que deriva en prácticas opresivas.
Fue a través de la antología “Violencia digital en México: el Estado vs. la sociedad civil” que se compartió dicha información. Se refirió que el gobierno federal encabezado por el presidente López Obrador ve en activistas, defensores y periodistas a “criminales en potencia” a los cuales se debe vigilar.
Alex Argüelles, integrante de tecnología y sociedad de Fundación Mozilla, externó que este tipo de tecnología, diseñada para otorgar seguridad, se ha empleado por parte de funcionarios para dañar y cometer abusos en contra de activistas, defensores y periodistas. GA
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