Luego de explicar que los 10 decretos emitidos por el presidente Enrique Peña Nieto que levantan la veda de aguas superficiales del país no implica la apertura a una vía de privatización del vital líquido, especialistas en el tema advirtieron que lo que reflejan estos es la carencia de una óptima gestión de las aguas nacionales, cuyos manejos integrales deberían acordarse con los consejos de cuenca, caso por caso.
En conferencia de prensa investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señalaron que los decretos de reserva de agua que entraron en vigor el pasado 7 de junio, tienen como objeto la protección del agua para la restauración y equilibrio ecológico en casi 300 cuencas del país.
No obstante, refirieron que, aunque resultaba necesario el levantar la veda, ésta fue sólo de manera parcial para destinar una parte del agua al equilibrio ecológico, lo cual no deja entrever la existencia de “295 programas de reservas de agua en cada una de las cuencas, en donde sepamos cómo se cuida el caudal ecológico reservado para el sustento del ambiente”, apuntó María del Carmen Carmona Lara, del Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Carmona Lara señaló que se están creando “reservas de agua completamente contaminadas, si le hacemos honor a la información de la auditoria superiora de la federación”. En ese sentido puntualizó que actualmente el 90% de los ríos están contaminados, algunos declarados muertos.
Estamos reservando el agua cuando ya la ensuciamos; con esa falta de calidad es nada más un paliativo sin consistencia a futuro”, refirió al criticar que como parte de esta veda se aborde el tema de volúmenes y cantidades del recurso (agua) sin hacer mención de su calidad.
Por su parte, Joel Carillo Rivera, investigador Instituto de Geografía, señaló que en los decretos “todo se enmarca de acuerdo con el caudal ecológico, que está dirigido sólo al cauce del río, no a entender qué pasa en toda la cuenca que aporta agua al río; es decir, se refiere sólo al agua superficial y no considera la subterránea, ni de dónde proviene o hacia dónde va”.
Incluso acotó en que “en México no existen las medidas o las técnicas para medir el caudal de los ríos” como sí se está haciendo en otros países.
No sabemos el agua que está en esos ríos de dónde viene. Es decir, no sabemos cómo está conectado ese río con el resto de la cuenca cuál es el agua superficial, para que sepamos qué es lo que tenemos que proteger; es cómo si le cerráramos la llave a un río que no tenemos identificada”, dijo.
Carillo Rivera, señaló que los ríos y cuencas del país se tratan de entes que no están separados ni son autónomos, sino que están interconectados. “Tienen un flujo horizontal que sí se considera en las leyes, y otro vertical que no se contempla (…) El 97% del agua es subterránea,”, por lo que aún con la carencia de lluvia, los ríos llevan el líquido proveniente de aguas subterráneas, por lo cual resulta vital en cuanto a la legislación al respecto.
Ambos investigadores coincidieron en que los decretos presidenciales hablan de cantidades y porcentajes para el manejo del agua, pero no de su calidad, ni su monitoreo ni medición de caudales.
Discusión mediática es “cortina de humo”
Tanto María del Carmen Carmona Lara como Joel Carrillo sostuvieron que dentro de los decretos no se está hablando de privatización o de explotación industrial, sino que se habla de un destino ecológico, y la creación de una serie de análisis para crear el caudal ecológico, esto en reflexión a la polémica generada desde el fin de semana sobre la supuesta privatización del recurso natural.
Se trata, argumentó la doctora Carmona Lara, de una facultad plenipotenciaria del titular del Ejecutivo para determinar dónde y cómo se utilizará el recurso, “es una facultad del presidente determinar el destino de las aguas nacionales”, y que “en este caso el poder que haría contrapeso a las decisiones presidenciales sería el poder judicial”.
En tanto, Joel Carrillo consideró que “hablar de la privatización del agua es una especie de cortina de humo, para evadir deficiencias y evitar que se comenten. Cuáles son esas deficiencias, pues establecer zonas de veda o levantar esas zonas sin estudios científicos que los respalden”.
El doctor ejemplificó el caso con una zona en donde se quedan sin agua “y se responsabiliza al cambio climático”, cuando en dos o tres “cuencas arriba que está pasando algo y afecta al río”.
Ambos ponentes coincidieron que en el país no “existe el termino privatización o aguas públicas, son aguas de la nación” y que el Estado es el responsable en concesionar el recurso a “organismos públicos o empresas mexicanas”.
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