Organizaciones sociales nacionales e internacionales entregaron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el documento Amicus Curie, para pedir el apoyo para que se otorgue el amparo que han interpuesto integrantes de la comunidad Bacanuchi, afectados por el derrame del Río Sonora, para exigir se respete su derecho humano a participar en la definición de megaproyectos. En conferencia de prensa, tras un mitin frente a la sede del máximo tribunal de la nación, expusieron que el próximo miércoles 22 de agosto, la Segunda Sala resolverá sobre el amparo en revisión 365/2010, que tiene como finalidad evitar que les afecte la construcción de una presa de jales, en la cuenca del Río Sonora. Encabezados por los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) y por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT-Atenco), las comunidades afectadas por megaproyectos demandaron a los ministros su derecho a participar en temas medioambientales.
El derrame de hace cuatro años nos cambió la vida. Desde entonces no tenemos agua potable. Compramos garrafones, uno diario. Pero hay vecinos que no tienen dinero y toman agua de la llave, a pesar de saber que está envenenada. Y las cosechas… nunca se dieron igual y ya no queremos sembrar. Tenemos duraznos, pero nos da miedo comerlos, porque pueden estar envenenados. La ampliación de la presa de jales, del mismo Grupo México, nos está trayendo más problemas. Hay filtraciones de ácidos para acá. Ahora los rumores son de que nos van a mover más lejos, nos van a desplazar. Nosotros no queremos irnos, porque de aquí somos”, explicó María Elena Bustamante, habitante de Bacánuchi y representante de los CCRS.
Luis Miguel Cano, abogado de Proyecto sobre Organización, Desarrollo Educación e Investigación, una de las organizaciones que apoya a la comunidad sonorense de Bacanuchi, explicó que la segunda sala determinará si se reconoce plenamente la existencia del derecho a participar en asuntos de interés público de tipo medioambiental. Específicamente para participar y por tanto decidir sobre la ampliación de una presa de jales de la minera Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., construida por Grupo México. Señalaron que el fallo a favor de las comunidades tendría repercusiones importantes, en cientos de comunidades que se enfrentan a grandes proyectos en todo el país. El representante legal de los Comités de Cuenca de Río Sonora indicó que desde hace dos años se impulsó un juicio de amparo para que se respete el derecho y pudieran pronunciarse sobre la nueva presa. Subrayó que los habitantes de la zona, nunca se enteraron ni fueron informados sobre la decisión de realizar esta presa, después de que hace cuatro años sufrieron los estragos del derrame de 40 millones de ácido sulfúrico que les provocó graves daños a la salud, a la agricultura y ganadería. Cano afirmó que de resolverse a favor de estas comunidades afectadas por la construcción de la nueva presa, “la SCJN tiene la oportunidad de reconocer y garantizar la existencia y efectividad del derecho de participación en asuntos medioambientales, con lo que sentaría un precedente extraordinario en México”. El pasado 6 de agosto, se cumplieron cuatro años del mayor desastre ecológico en la historia minera del país, cuando 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado, provenientes de la mina de Grupo México, terminaron en los ríos Bacánuchi y Sonora, y afectaron seriamente a más de 22 mil personas e indirectamente a más de 250 mil. EC