Hace apenas algunas décadas, el Estado mexicano y la intolerancia religiosa de parte de la Iglesia Católica eran factores que impedían la plena libertad de culto. Hoy, el crimen organizado, las bandas de narcotraficantes y los tratantes de mujeres son nuevos factores que limitan agresiva y fatalmente la práctica del cristianismo, por el riesgo que implica cuestionar desde el espacio religioso las actividades de los maleantes y el riesgo que corren quienes se atreven a denunciar por la complicidad de los criminales con autoridades judiciales y policiacas.
El Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina (OLIRE) y la organización Puertas Abiertas (OD, por sus siglas en inglés) destacan en sus recientes reportes del primer semestre de este año casos donde la libertad de culto y el derecho a profesar una religión en México han sido violentadas, principalmente en zonas indígenas de Michoacán, Zacatecas, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Estado de México, Veracruz y Chihuahua.
OLIRE es una institución conformada por académicos, docentes e investigadores que documenta el estado de la libertad religiosa en AL. Puertas Abiertas es un organismo con presencia en 50 países y denuncia la intolerancia religiosa que sufren principalmente cristianos en el mundo desde 1955 cuando fue creada. La primera recomienda al gobierno mexicano que, en coordinación con la ONU y la OEA promuevan espacios plurales para que los distintos grupos religiosos expresen y ejerzan plenamente su credo, garantizando todos los derechos, incluyendo el acceso a la justicia, por la vulnerabilidad de grupos cristianos en el contexto del crimen organizado.
Los informes dan cuenta de que Ministros de Culto católicos y evangélicos han sido secuestrados y sus familias extorsionadas, no precisamente como una manera de intimidación por su actividad devocional, sino por el nicho rentable que representan, ya que tienen acceso a ofrendas y limosnas que manejan a discreción y poco ejercen su derecho para denunciar hechos delictivos.
Los informes se basan en documentos, denuncias y testimonios de los mismos afectados la mayoría con nombres resguardados como la del pastor “Juan Manuel”, quien trabaja en una de las comunidades más pobres de la montaña en Guerrero. Cuenta que algunos de los ejidatarios son amenazados por narcotraficantes para que, de manera obligatoria renten sus parcelas a presuntos miembros de un grupo conocido como “Los Ardillos”.
El pastor, quien tiene poco más de ocho años trabajando en la zona, lleva a cabo jornadas médicas junto con miembros de la iglesia evangélica a la que asisten unas 10 familias. Indica que los narcos ofrecen 3 mil pesos mensuales a quienes les permitan la siembra y cosecha de mariguana y amapola. “En un principio, hace tres o cuatro años, esto era voluntario y algunos aceptaron. Hace meses se hizo casi obligatorio. Como somos cristianos no insistían tanto, pero ahora amenazan a los hermanos y varios tuvieron que huir… y los más valientes denunciaron en la Fiscalía, pero no ha habido respuesta. Obvio, las actas se levantan de manera anónima, porque esa gente es muy violenta”, confirma el ministro de culto.
Este tipo de agresiones en contra de feligreses o líderes espirituales nada tienen que ver con un impedimento para ejercer su fe, o la coartación de la libertad para participar en ceremonias religiosas, pero ambas instancias (OLRAL y OP) relacionan las actividades que pastores y sacerdotes realizan a favor de comunidades en zonas de alta marginación. De ahí se derivan fenómenos y delitos como el secuestro, trata de mujeres, matrimonios forzados, desplazamientos necesarios, feminicidios, violencia sexual y la negación de servicios médicos para mujeres y niños que afectan además la vida espiritual de miles de familias indígenas creyentes.
PALABRA DE HONOR: Nunca se imaginó Santiago Nieto Castillo que su boda sería la nota principal en muchos medios nacionales… bueno, a posteriori. Tampoco imaginó que el matrimonio saldría tan caro, no por lo económicamente invertido, sino por lo políticamente perdido. Al exfuncionario no se le midió con la misma vara de austeridad republicana con que se calibra a don Manuel Bartlett Díaz y personajes que asisten frecuentemente a Palacio Nacional.
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