Oscar Moha

En un segundo round jurídico-religioso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio otro golpe al conglomerado de oponentes morales y espirituales que desean imponer reglas pías en México, al desconocer que los embriones tienen personalidad y derechos, y refrendó la “objeción de conciencia” como una garantía siempre que no se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica. 

El pasado 9 de septiembre la Corte resolvió que las entidades federativas carecen de competencia para definir el origen (principio) de la vida humana, pues ello “corresponde en exclusiva a la Constitución General”, por lo que invalida lo estipulado por el Congreso de Sinaloa que establecía la tutela del derecho a la vida desde el momento en que el individuo es concebido bajo la protección de la ley y hasta su muerte. Es decir, pretender otorgar el estatus de “persona” al embrión es inconstitucional. 

No es que la Corte cuente con poderes divinos para contradecir las afirmaciones bíblicas, sino que su materia es estrictamente en el ámbito jurídico, que es para lo que se les paga a jueces y magistrados. Es decir, en un país laico, los poderes están para hacer leyes y hacerlas cumplir, no para adecuarlas y complacer a las miles de creencias que existen en México sobre la vida, muerte y concepción.  

La Corte extirpó la posibilidad de que los Congresos decidan de manera arbitraria en qué etapa un cigoto ya cuenta con vida propia, autónoma y puede ejercer todos los derechos como cualquier ciudadano de la República. Los magistrados votaron a favor de que la protección y el reconocimiento de derechos de todos los mexicanos se incrementen a medida que avanza el embarazo sin desconocer el derecho de las mujeres a interrumpirlo, protegiendo la continuidad de los que sí son deseados, “abatiendo la mortalidad materna”, entre otros aspectos. 

El tema de la objeción de conciencia también fue abordado por los magistrados. Ningún médico que pertenezca al Sistema Nacional de Salud puede rechazar o retrasar la solicitud de un paciente para interrumpir su embarazo, siempre que esté en riesgo la vida de la madre o se trate de una “urgencia médica”, en caso contrario habrá “responsabilidad profesional”. 

Según datos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, más del 80% del personal médico son “objetores de conciencia”. Como lo he comentado, para el doctor Arnoldo Kraws Weisman, del Colegio de Bioética y profesor de la UNAM, algunas actitudes de médicos ponen en riesgo la salud de pacientes al invocar su derecho de no practicar un aborto, o no hacer una transfusión de sangre por cuestiones religiosas o morales en un Estado laico porque ellos, desde los primeros semestres de la carrera saben que se enfrentarán a esos dilemas que chocan con sus creencias y bien pueden optar por una especialidad como la optometría u odontología. Por cierto, no existe hoy por hoy un Registro Nacional de Objetores que aglutine al personal médico cuyas creencias o posturas éticas les impide realizar un legrado.  

La Red de Acceso al Aborto Seguro en Argentina creó un mapa mundial para identificar los lineamientos que regulan la objeción de conciencia en 179 países, incluyendo México, el cual se dio a conocer en junio pasado. En este documento se da a conocer que 94 países no cuentan con una normatividad al respecto. Un total de 85 sí la tienen y en 89 mas está plenamente reconocida, mientras que en 5 está prohibida. Con la información que contiene este documento los especialistas en derecho y salud, así como activistas e instituciones académicas podrán crear políticas para elaborar leyes que permitan la despenalización del aborto seguro.  

En resumen, los magistrados han decidido que la legalidad (para todos los mexicanos) está antes que la práctica religiosa (personal o de grupos) para la buena convivencia en un país que estaba perdiendo la ruta de la laicidad. Quedan intactos el derecho a la libertad de culto, la objeción de conciencia, la libertad de expresión y de manifestación. 

PALABRA DE HONOR: De las más de 120 familias que habitan en el Cerro del Chiquihuite, donde se derrumbó la semana pasada parte de la loma que pertenece a Tlanepantla, Estado de México, el 80% de ellas se niegan a salir de sus viviendas, a pesar del alto riesgo que representa habitar en esa zona. Las autoridades han dicho que puede haber más deslaves. Sin embargo, los habitantes no quieren dejar su único patrimonio, y están dispuestas a morir, según dicen, antes que abandonar el lugar. Todo un dilema para quienes permitieron la construcción de hogares en el sitio.  

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