La “Comisión Unidos contra la Trata” que encabeza la “pastora cristiana” Rosi Orozco, está a punto de extinguirse con todo y la labor que supuestamente lleva a cabo: evitar que personas, principalmente niños y niñas, sean utilizados para la esclavitud sexual y apoyar a las víctimas, con la participación de “empresarios, medios de comunicación, clase política y activistas sociales”, como lo indican en su página web.
Y es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que autoridades estatales de Coahuila y del Estado de México omitieron verificar el profesionalismo del personal que labora en los albergues que están a cargo de Rosa María de la Garza Ramírez, mejor conocida como Rosi Orozco.
En la recomendación 72/2022 la CNDH da a conocer que varias dependencias del Estado de México y de Coahuila, así como del DIF han favorecido con su negligencia la operación de estos refugios donde hay denuncias de abuso sexual de menores al interior de los mismos, según denuncias hechas en marzo del año pasado.
Tanto la “Comisión Unidos contra la Trata” como la Fundación “Camino a Casa”, han sido los estandartes con que Rosi Orozco ha logrado obtener recursos, bienes inmuebles y otras prebendas para llevar a cabo su tarea social “altruista”. Fue Felipe Calderón Hinojosa quien le otorgó en comodato una casa en la zona residencial de Las Lomas en esta capital para que operara. En mayo del 2019, este mismo predio y un departamento en otra zona exclusiva le fueron recogidos a Orozco para ser subastados.
El miércoles 11 de mayo, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, quien conoce desde hace mucho el estatus legal de los albergues que maneja Rosi Orozco, pues fue Secretaria de Desarrollo Social y de Gobierno de la CDMX, dejó entrever que la organización contra la trata no cuenta con los permisos reglamentarios administrativos ni con los estándares de operación que un organismo de esa envergadura requiere.
También conocedora del modus operandi de los albergues es la directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), Teresa Ulloa Ziaurris.
Ha mencionado que en los refugios los menores no reciben un trato digno y que son adoctrinados para que se incorporen a la Iglesia-Asociación Civil de los Orozco. Por su parte, la exdiputada del PAN, Adriana Dávila Mendoza, dice: “en los negocios de los Orozco se obliga a los empleados a firmar contratos de confidencialidad extralegales para comprometer su silencio --bajo amenazas-- en caso de que quieran hacer denuncias”.
El asunto de “Casitas del Sur” fue similar al de Rosi. En 2008, luego de que se reportó la desaparición de la menor Ilse Michel Curiel Martínez, los dirigentes, de la “Iglesia Cristiana Restaurada”, aseguraron que se dedicaban a “cuidar” niños en situación de violencia y orfandad a través de su asociación civil llamada “Reintegración Social”, con sedes en Monterrey y Cancún, donde operaban con recursos de los mismos congregantes y de empresarios quienes, según investigaciones, conformaban una red de nivel internacional de tráfico de menores.
Jorge Erdely Graham, el fundador de esta congregación que se autollamaban “los puros”, sigue prófugo de la justicia, ya que en 2009 la entonces Procuraduría de Justicia del Distrito Federal les aseguró dos inmuebles y rescataron a 126 menores. Algunos de ellos comentaron que eran obligados a participar en actos de culto que los “pastores” organizaban al interior de las instalaciones.
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