Oscar Moha

Ministros de Culto e integrantes de los grupos Pro Vida y Pro Familia Tradicional de la Ciudad de México, se asumen de facto como “delincuentes” que podrían pasar de 2 a 5 años de cárcel por impartir u obligar a otros a recibir una terapia que los “convierta” de homosexuales a heterosexuales. Y es que a partir del 29 de julio, el Código Penal local indica en su Artículo 190 que quien trate de “curar” a una persona por ser gay será sancionado, previa querella (denuncia).

Esas prácticas definidas como “sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos que tengan por objeto anular, obstaculizar, modificar o menoscabar (desacreditar) la expresión o identidad de género, así como la orientación sexual de la persona en las que se emplea violencia física, sexual o psicoemocional, mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra su dignidad” están prohibidas en la capital del país y serán sancionadas.

Los Ministros de Culto, sobre todo los evangélicos, dedican buena parte de su ministerio a dar consejería. Y uno de los rubros menos mencionados, pero más frecuentes, es precisamente la sexualidad en toda su gama. Reciben lo mismo al adolescente que a la niña que no han dado muestras de heterosexualidad. Así que los padres de familia, sin tener otro recurso, acuden al pastor, o al sacerdote, creyendo que un mal médico-espiritual podrá ser sanado con una “terapia de reconversión” que puede ser al mismo tiempo llamado “consejería”, “ministración”, “exorcismo”, “liberación”… y al final el arrepentimiento del “paciente”.

La ley indica que si la terapia se practicara a un menor de edad la pena aumentará y se perseguirá por oficio. El Artículo 191 dice que las sanciones aumentarán cuando se trate de un servidor público, un Ministro de Culto, un familiar o quien tenga injerencia jerárquica sobre el menor (de cualquier índole, incluyendo médicos) quienes serían destituidos de su cargo o inhabilitados. El Artículo 192 añade que la pena se triplicará cuando el delito sea llevado a cabo por asociación delictuosa. Finaliza considerando que cuando las conductas se lleven a cabo en nombre de una persona moral o jurídica (Asociación Religiosa o Civil) y podrán ser clausuradas o disueltas aparte de la multa correspondiente. Por eso el justificado miedo de los no profesionales de la salud.

La homofobia verbal, como la del sacerdote Hugo Valdemar Romero, quien fuera vocero de la Arquidiócesis en tiempos del cardenal Norberto Rivera Carrera, quien señala que el Estado está imponiendo “una dictadura puesta al servicio del imperio gay” sólo se compara con la indignación que causan el número de carpetas de investigación que se han abierto por los más de 470 crímenes de odio cometidos en contra de la comunidad LGBT en los últimos 6 años. Por cierto, Veracruz encabeza la lista de estos asesinatos (más de 40), que es una de las entidades a nivel nacional donde más han crecido el número de grupos evangélicos, sobre todo aquellos que se niegan a reconocer los derechos humanos de los no heterosexuales. Es por eso que los diputados locales redactaron esta ley.

Los ultras consideran que la homosexualidad es una “enfermedad” que se puede “curar”, contrario a los que indica la Organización Mundial de la Salud que la retiró de su lista de padecimientos mentales hace 30 años. Si es un mal mental o físico, los yunquistas deberían canalizar cada caso a los profesionales (médicos, psiquiatras y terapeutas certificados) quienes se encarguen del asunto y no los Ministros de Culto, quienes por lo general no cuentan con una cédula profesional púes su ámbito es el religioso. Si por el contrario, es una “preferencia”, deberán respetarla para no imponer inquisitivamente la otra preferencia, que es ser heterosexual.

Tampoco puede ser un delito: Francia, despenalizó la homosexualidad desde 1791. México lo hizo en 1871. Otros países nunca han considerado que sea ilegal, mientras que en la actualidad 70 naciones la consideran una “falta” que debe deliberarse en una corte. Grado extremo en Yemen, Nigeria, Sudán, Arabia Saudita, Somalia e Irán donde ser gay es sinónimo de lapidación.

En resumen, si insisten en dar “terapia” quienes están impedidos, por su falta de profesionalismo académico al pretender cambiar la sexualidad de una persona serán denunciados… y sancionados. O mejor que eso: sus dirigentes les pueden pagar un psicólogo… pero profesional.

PALABRA DE HONOR: Por cierto, Jonathan López, un activista a favor de los derechos de la comunidad homosexual en Guadalajara, Jalisco, fue encontrado la madrugada del pasado martes 11 de agosto asesinado de un disparo en la cabeza. Hay varias líneas de investigación, según indicó la Fiscalía Estatal, una de las cuales apuntan al “crimen de odio”. La víctima era estudiante universitario de apenas 24 años de edad. Duele la homofobia…

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