Con la muerte violenta de la profesora María Assaff Medina esta semana, a manos de un menor de edad en Torreón, Coahuila, se hacen más evidentes tres fenómenos a nivel nacional: más padres de familia permiten que sus hijos tengan acceso a las armas de fuego; el narcotráfico enrola en sus filas con más frecuencia a menores de edad y Ministros de Culto, familiares y profesores no pueden hacer denuncias ante la autoridad de los niños armados, porque la autoridad está “comprada” por las bandas de la delincuencia organizada y temen represalias.
En la Comarca Lagunera, donde existen más de 600 templos de distintas Asociaciones Religiosas, los pastores y sacerdotes escuchan con más frecuencia comentarios de los padres de familia en el sentido de que sus hijos son testigos de que algunos compañeros llegan con un arma de fuego a clases. Escondidas en sus ropas o en la mochila, alumnos principalmente de escuelas secundarias, hacen alarde de una pistola, que es su “herramienta de trabajo” porque ha sido contratados por bandas de narcos como “halcones” (se dedican a avisar vía celular cuando hay presencia policiaca o militar en alguna zona).
Esos chicos tienen características en común: falta de autoridad en casa; familias uniparentales; violencia en su entorno; adicciones, entre otros. Y aunque no son factores determinantes, sí implican que los narcotraficantes se valgan de este cóctel para ofrecerles cumplir el sueño que tienen los alumnos para obtener respeto y dinero fácil. Mientras, profesores, papás y Ministros de Culto no pueden hacer denuncias porque las represalias son inmediatas e inminentes, toda vez que desde policías de crucero hasta jueces cobran su cuota en las nóminas que los cáteles manejan en esa zona.
Me comentan el pastor Sergio y su esposa, quienes atienden un grupo de adolescentes en el Tutelar para Menores de Coahuila, que la mayoría de los adolescentes enfrentan un proceso por delitos contra la salud, violencia y portación de arma de fuego. “Uno de ellos, a quien ya no vemos desde octubre, tenía apenas 15 años y estaba acusado de asesinato. Se ufanaba de que llegaba a la secundaria armado con una pistola calibre 380 que le habían regalado sus jefes. Él se dedicaba a cobrar las entregas de droga que hacían otros muchachos. En la escuela no revisaban a nadie, pero algunos maestros y sus compañeros sabían que él estaba armado. Nunca lo denunciaron porque también sabían que era meterse con el cártel”, dice la pastora.
Y como él… muchos. Tanto profesores, como Ministros de Culto y hasta los policías se abstienen de hacer alguna denuncia porque conocen que tarde o temprano habrá represalias. “Una amiga de nosotros, enfermera, se le ocurrió decir que uno de los chicos -que visitó a otro que estaba internado- iba armado dentro del hospital y lo acusó con los guardias de seguridad que intentaron detenerlo. A la media hora llegaron como 10 sujetos en dos camionetas para amenazarla a ella y a sus compañeras. Sus jefes le sugirieron no levantar la denuncia porque los papás de algunos son policías y están en la nómina del cártel”, comenta con miedo el pastor Sergio.
Mientras, el Gobierno de Coahuila, y el de los otros 29 Estados y la titular en la Ciudad de México, preparan protocolos de actuación en las escuelas para evitar episodios desagradables como el de Torreón. Aunque en opinión de los expertos sirve más transparentar la actuación de los Ministerios Públicos, los Juzgados, la vida al interior de los Tutelares para Menores, el actuar de las corporaciones policiacas, que las mochilas de los alumnos.
PALABRA DE HONOR: Por cierto, autoridades de México y Estados Unidos acaban de firmar un convenio de colaboración para evitar el tráfico de armas de allá para acá. Deben saber que con las que existen actualmente en el país se puede armar una guerra entre militares y narcos al más alto nivel. Es más, si buscan en los penales van a encontrar de todo un poco. Lo que hace falta no son convenios, sino acabar con la corrupción y la impunidad, hasta que se canse el ganso.