La impartición de justicia en México es para quien puede pagarla. Para quien carece de recursos económicos, le es preferible acogerse a la ley paralela que impera en el país, basada en la corrupción e impunidad. Desde una servicial secretaria de un Agente del Ministerio Público, pasando por Magistrados y Procuradores, están inmersos en esta política que se ha tecnologizado, para recaudar fondos en beneficio del delincuente más común, hasta las grandes bandas organizadas que tienen la capacidad de adquirir, vía transferencia bancaria o pago en efectivo, los favores de jueces, adquiriendo un salvoconducto desde cualquier reclusorio para abandonarlo en cuestión de horas, por haber cometido cualquier delito. En nuestro país, las bandas imponen y destituyen a los servidores públicos encargados de la procuración y administración de justicia. Por ejemplo, en lo que queda de lo que un día fue Acapulco, la Policía Municipal estaba infiltrada no sólo por un cártel, sino que varias organizaciones del crimen se disputaron por años no la plaza, sino la corporación entera. Hasta que decidieron repartirla. Así de cínico el asunto. Existe el temor silencioso que experimentan los gobernadores de Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Sonora, Puebla, Quintana Roo, Chihuahua, Hidalgo, Estado de México para cambiar, nombrar o ratificar a sus Fiscales y Procuradores por el inmediato reclamo que genera en los líderes del narcotráfico, robo de vehículos y combustibles, secuestros y por supuesto los que se dedican al asesinato y la desaparición de personas. Sin mencionar los delitos de cuello blanco y aquellos que se encubren en las dependencias de Gobierno que no requieren violencia. No es gratis que la Procuraduría General de la República (PGR) esté acéfala desde hace un año. Los casos de Javier y César Duarte, Odebrecht, Ayotzinapa, la “Operación Zafiro”, el huachicoleo a nivel nacional, y un sinnúmero de fosas clandestinas que existen en varios Estados del país y que seguirán apareciendo, estén en “modo silencioso” y carecen de un desenlace jurídico apegado a derecho, pero tienen el visto bueno de los directos interesados para seguir en la opacidad. Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho en la PGR, no puede hacer frente a todo esto, máxime cuando las instrucciones que recibe, y vienen de distintos lugares, no son claras, o muy difíciles de cumplir. Oficinas con apariencia albopaquidérmica como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y otras 12 más dan a conocer datos que enfrentan una realidad que no existe en la PGR, así que la impartición de justicia sigue siendo un anhelo que rebasa cualquier consulta popular. En el ámbito administrativo no es menor el asunto del nepotismo, dispendio y corrupción. Desaparecer expedientes y documentos periciales está siempre en función de la cantidad que el beneficiario ofrezca. Ingresar a familiares a niveles dorados de la administración es tan fácil como hacer una llamada telefónica, que incluso los altos servidores públicos facturan con el rubro de “gastos de oficina”. Los gastos personales de esa élite están siempre cubiertos, dejando intacto el sueldo que tiene algunos jueces: más de 100 mil pesos mensuales. No va a estar fácil acabar con la corrupción y la impunidad en esta 4ª Transformación, pero sería muy bueno empezar por quienes dizque imparten justicia. ◦ PALABRA DE HONOR: En caso de que el más joven de los gobernadores -el más fifí-, haya sido invitado al gabinete del Presidente Electo. Manuel Velasco Coello, con apenas 38 años de edad fuera el encargado de coordinar el proyecto del Tren Maya, contaría con la asesoría de su familia paterna, que en la praxis fue quien gobernó Chiapas desde hace años, desde que su abuelo Manuel Velasco Suárez era el mandatario en esa entidad, llena de riquezas naturales y de pobres asistenciales. El actual Gobernador-Senador sería la imagen promocional, junto con su esposa, de esa aspiración turística tropical. A los 21 años, Velasco Coello ya era diputado local, ignorando todo acerca del oficio político. Hoy, con más edad, pero con menos experiencia, Manuel es uno de los consentidos del “Nuevo Estado Mayor de la 4ª Transformación”.
Modificada corrupción de primer nivel
