Morena ha ido aplicando su “aplanadora” en los congresos locales para aprobar las reformas constitucionales que les han turnado, al momento, de las 11 legislaturas que avalan la Ley de Extinción de Dominio, ocho son de mayoría morenista, una del PRI y otra del PAN, sólo en San Luis Potosí ningún partido tiene mayoría, ni con sus aliados.
Para que una reforma constitucional sea aprobada de manera definitiva debe recibir el apoyo de, al menos, 17 de las 32 legislaturas locales.
Por lo pronto, no se han presentado votaciones en contra a la reforma constitucional el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución, que fue enviada a los 32 congresos estatales el pasado 18 de diciembre.
La meta de la Extinción de Dominio es permitir al Estado recuperar bienes producto de la corrupción, y a las personas que incurran en el ilícito no podrán sustraerse de la acción penal y los bienes derivados, el gobierno podrá recuperarlos para devolverlos a las arcas públicas.
En tanto, la mesa directiva de la Cámara de Diputados ya envió la minuta con el proyecto de decreto que reforma el artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa.
Recientemente aprobado en la Cámara Baja, aumentó el número de ilícitos que reciben está característica judicial: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos violentos cometidos con armas, el uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, delito en materia de hidrocarburos, abuso y violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada, así como las cometidas por particulares y delitos contra la Ley de Armas de Fuego. RB