La madrugada de este sábado, después de ocho horas de audiencia, la juez Verónica Portilla Suazo vinculó a proceso a la exfuncionaria del duartismo Gina Domínguez Colío por los delitos de incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad y coalición en agravio del servicio público. Las medidas cautelares fueron ratificadas por la juez, por lo que Gina se quedará un año en la cárcel de Pacho Viejo. Además la Fiscalía solicitó seis meses de investigación complementaria, pues argumentaron que se tiene que recabar la información de la Comisión Nacional Bancaria y las empresas que benefició la ex funcionaria. María Georgina (Gina) Domínguez podría estar hasta dos años en prisión. En la audiencia de vinculación realizada este viernes en la Sala de Juicios Orales, a un costado del Penal de Pacho Viejo, la Fiscalía General del Estado (FGE) señaló que la ex coordinadora de Comunicación Social del Gobierno de Veracruz, Gina Domínguez Colío, desvió casi 106 millones de pesos a través de distintas empresas fantasma. La ex vocera salió alrededor de las 10:00 horas del penal de Pacho Viejo como parte del primer tiempo de la audiencia. Después del receso de poco más de una hora a la ex vocera también se le acusó de la supuesta participación en delitos y el desvío de hasta 106 millones de pesos durante la administración de Javier Duarte. Ya en la audiencia se conoció que el desvío de este recurso público se realizó a través de ocho empresas fantasma, que no están inscritas ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT). Estas irregularidades se consumaron presuntamente en el periodo comprendido entre el 2010 y el 2014. La información obtenida por la FGE fue gracias a la participación de dos testigos quienes señalaron tales acusaciones. Las empresas involucradas son Centro de Recursos de Negocios, MORGAVER, MONMART, G-MAN SMART, CORDOCON, RIBELLO, NEW VILLE, entre otras. Se manifestó que Domínguez Colío habría beneficiado a empresas fantasma de conocidos y familiares del exgobernador Javier Duarte de Ochoa y propias. En la audiencia se asentó que durante el mandato de Duarte de Ochoa se pagaron cinco mil millones de pesos por convenios con medios de comunicación. En el caso de Gina Domínguez el daño patrimonial asciende a los 105 millones 937 mil pesos. Gina Domínguez se defendió señalando que quien realizó los pagos fue la SEFIPLAN, dado que su actividad radicaba someramente a solicitar suficiencia para el pago de dichos convenios. La defensa de Gina Domínguez argumentó que ella no tenía conocimiento de que las empresas a las que se les hicieron los pagos fueran “fachada”, pues ella dejó la dependencia en el 2014 y las compañías fueron boletinadas por el SAT en abril de 2017. Abraham Palafox, abogado defensor de la exfuncionaria, basó su tesis en que la ex directora de Comunicación Social salió el 19 de febrero de 2014 y que el sucesor de ella, Alberto Silva tenía 30 días para denunciar alguna irregularidad, como lo marca la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado. Y que esta investigación está basada en la auditoría que realizó Elías Assad, vocero de Miguel Ángel Yunes. Los argumentos no fueron suficientes para impedir que la exvocera de Javier Duarte fuera reingresada al Penal de Pacho Viejo.
19 de Abril de 2024