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Jonathan Nácar

Hasta el 20 de marzo, de los 61 políticos que han sido asesinados en lo que va del actual proceso electoral, la tercera parte —18 en total—, eran aspirantes o precandidatos. Es por eso que 2021 ya es la segunda elección más violenta del año 2000, y de continuar la tendencia, podría ser la más peligrosa en dos décadas.

En este momento los crímenes van en aumento, y de acuerdo con el análisis de los casos, abundan los ataques contra políticos sin registro. Es decir, los aspirantes o precandidatos son quienes se han convertido en el principal blanco de los atentados criminales ante el estado de indefensión en que se encuentran al no contar con una protección obligada por parte de las autoridades hasta tener el registro ante el INE o los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), a pesar del contexto de violencia en el que se encuentran al estar en regiones de alto riesgo.

“En ambos procesos hemos notado que los agresores pareciera que sí tienen como objetivo directo a los aspirantes. Se repite un patrón de hace tres años, que en estos ataques aprovechan el periodo de precampañas e intercampañas en donde muchos de estos políticos realmente están apenas aspirando a un cargo, sobre todo municipal, y lo hacen en buena medida porque la autoridad actúa con menos determinación para investigar cuando se trata de un aspirante con relación con un candidato ya registrado”, advirtió Rubén Salazar Vázquez, director general de la consultora Etellekt. 

En entrevista con ejecentral, el especialista en análisis político y de riesgo advierte que bajo la consideración de que las elecciones de este año resultan en la antesala para los comicios de 2024, el trasfondo de los atentados contra políticos es el reflejo de un nuevo reordenamiento de los pactos y vínculos entre las fuerzas políticas y sus diversas alianzas entre sí, con los intereses de los diversos grupos criminales que operan en el país o lo que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana denominó como “el partido del crimen y la delincuencia”, cuando el pasado 4 de marzo presentó la estrategia de protección en contexto electoral del gobierno federal.

“Las alternancias políticas avanzan cada vez más tanto a nivel estatal como municipal. Este año vienen en estados como Sonora, Nuevo León, entre otros, y eso significa el reacomodo del poder político a nivel local, así como el reacomodo de los pactos con el crimen, y los grupos que operan en esos estados y municipios, y en consecuencia una mayor confrontación”, subrayó Salazar Vázquez. 

Y en ese sentido, añadió: “Los pactos previos se van a desvanecer y eso implicará reconfigurar desde el punto de vista politológico cómo los avances de la alternancia política pudieran estar explicando este reacomodo de las fuerzas criminales como una recomposición de los vínculos del poder político con el poder criminal. Para eso es necesario investigar los casos, para determinar los móviles de los crímenes donde haya posibilidad de saber si se trató de un asunto de violencia política o de violencia criminal”. 

Aspavientos de un nuevo orden 

El asesinato del exgobernador de Jalisco Jorge Aristóteles Sandoval, ocurrió el pasado 18 de diciembre, un par de meses antes de haber renunciado a su militancia en el PRI, en razón de la “congruencia”, dijo entonces, y dejó entrever su intención por encaminarse hacia un nuevo proyecto político fuera del partido con el que emprendió su carrera el jalisciense. A la fecha se ignora el motivo de su muerte.

Casos paradigmáticos como el de Aristóteles Sandoval han ocurrido en anteriores procesos electorales y persisten de cara a las próximas elecciones. Un ejemplo más resulta el del expresidente estatal del PRD en Guerrero, Ranferi Hernández Acevedo, quien en las pasadas elecciones buscó de la mano de Morena y el grupo Pro-AMLO su candidatura a una diputación federal, pero sin haber obtenido siquiera el registro. En octubre de 2017, el experredista junto con su esposa, su suegra y su ahijado fueron torturados y asesinados, y tampoco se ha esclarecido el multihomicidio ocurrido en Guerrero. 

Otro caso es el homicidio de la exalcaldesa priista de Cosoleacaque, Veracruz, Gladys Merlin Castro y su hija Carla Enríquez Merlin, quienes fueron atacadas la madrugada del 15 de febrero pasado. Se implicó que en las líneas de investigación en torno a los homicidios consideraran el hecho de que la joven Carla —quien a sus 23 años había incursionado en la política a través del partido tricolor—, en vísperas de los próximos comicios buscaría postularse para contender por el municipio que gobernó su madre, actualmente a cargo del alcalde priista Cirilo Vázquez Parissi, pero con el abanderamiento de Morena.

De los 18 aspirantes o precandidatos sin registro que han sido asesinados desde que inició el actual proceso, entre el 7 de septiembre del año pasado hasta el 20 de marzo pasado, 15 aspiraban a una alcaldía y uno más a una regiduría, es decir 16 de los 18 políticos anhelaban puestos municipales. En esas 16 demarcaciones donde fueron asesinados, el 81% pertenecían a partidos opositores al de los gobiernos locales, o sea los alcaldes. 

Con base en el seguimiento que ha dado la consultora Etellekt, enfocada al análisis de riesgos y manejo de crisis, los políticos pertenecientes a la alianza opositora el gobierno en turno -PAN-PRI-PRD- acumulan un total de 30 víctimas, equivalente al 49% del total de políticos silenciados; en tanto, los abanderados por los partidos considerados como la alianza oficialista (Morena, PVEM y el PT) registran un saldo de 17 víctimas, representando el 27.8 por ciento del total. 

Por partido político, el PRI es el que acumula el mayor número de muertes con un total de 13, seguidos de Morena con una decena; mientras que el PRD, Acción Nacional y el Partido Verde Ecologista se ubican con nueve, ocho y seis víctimas mortales cada uno. Entre Movimiento Ciudadano, “partidos locales” e “independientes” suman en total 11 víctimas; en tanto que el PT, el PES, Redes Sociales Progresistas y Nueva Alianza contabilizan una víctima cada uno. 

Sin registro no te cuido

Debido a que la ley contempla que sólo los candidatos con registro ante el INE o los OPLE pueden solicitar medidas de seguridad para su protección —lo que eleva el grado de vulnerabilidad para los aspirantes y precandidatos—, la exigencia por parte de las diferentes fuerzas políticas por mayores condiciones de seguridad para las y los candidatos ha tratado de encontrar un cauce ante la tardía respuesta que dio el gobierno federal al presentar su estrategia con el antecedente de 54 políticos asesinados, 12 de los cuales aspiraban a un cargo en las próximas elecciones. 

“No podemos hablar de candidatos o precandidatos aún, tenemos que proteger a la ciudadanía en general, cuando los tiempos electorales determinen quiénes sí son candidatos podremos implementar acciones específicas en torno a ellos. Estamos dando seguimiento, pero no podemos violar la ley. Tenemos que ir respetuosamente y conduciéndonos con las atribuciones que nos da la ley. Eso alguien lo podría ver como una limitante, pero a nosotros nos da la garantía de que cuando actuamos es muy eficaz”, señaló el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, en un evento en su estado el pasado el 16 de marzo. 

La postura del mandatario resultó contradictoria con la del gobierno federal, y la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, quien en la conferencia mañanera del 4 de marzo dio a conocer “la estrategia de protección de contexto electoral” de la Federación para los candidatos en el actual proceso y reconoció que Veracruz, junto con Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa y Jalisco es donde “vemos más riesgos de que los aspirantes y candidatos tengan cooptación por parte de la delincuencia”. 

Lo cierto es que la entidad gobernada por el hoy morenista actualmente la más mortífera no sólo para quienes aspiran a un cargo de elección, sino también para la clase política en general e incluso para funcionarios sin militancia. De un total de 139 políticos y servidores públicos sin militancia ni aspiraciones políticas que han sido asesinados en lo que va de este proceso, Veracruz encabeza la lista con un total de 17 homicidios, 12 de políticos y cinco funcionarios. 

Respecto a los casos de políticos y candidatos la entidad tiene un registro de ocho políticos asesinados que eran opositores al gobierno que encabeza Cuitláhuac García, y los cuatro restantes eran políticos oficialistas, es decir que mantenían una militancia con Morena al momento de haber sido atacados. 

En referencia a ese trato generalizado con el que las autoridades, tanto en el discurso como en los hechos, abordan el asesinato de aspirantes y precandidatos sin registro, Rubén Salazar consideró que ante el hecho de que las elecciones en Veracruz, como en otras entidades, iniciarán hasta el próximo 5 de mayo, se implica la ampliación de un lapso en el que más aspirantes y candidatos pueden estar en riesgo de sufrir un atentado.

“Hace tres años de los 48 aspirantes y precandidatos asesinados, 28 eran precandidatos y fueron asesinados 20 candidatos con registro. Actualmente ya tenemos 18 aspirantes y precandidatos, pero todavía ninguno de ellos se había registrado ante los órganos electorales. La mayoría de ellos hace tres años fueron asesinados en esa fase y ahora parece que está ocurriendo lo mismo. Los agresores conocen muy bien todos esos esquemas, los tienen claros porque saben que hay más impunidad”, sostuvo. 

Narco-política, a veces 

El análisis sobre el fenómeno de la violencia política en los últimos 24 años, —desde las elecciones de 1997 a la fecha— elaborado por Etellekt detalla que la mayoría de los atentados y muertes de políticos a lo largo de ese periodo se concentra en tres estados principalmente: Guerrero, Oaxaca y Veracruz; seguidos por entidades colindantes como Estado de México, Puebla y Morelos.

Considerando los últimos ocho procesos federales y estatales concurrentes, es decir desde el 2000 hasta el proceso de este año, en el país han sido asesinados 76 aspirantes y candidatos, de los cuales, refirió Salazar Vázquez llama la atención su focalización en estados y regiones del centro y sur del país. No obstante en estados del norte, así como en aquellos donde resulta notable una presencia de los cárteles del narcotráfico, los crímenes de este tipo resultan mínimos e incluso sin registro de los mismos.

Como ejemplo, puntualizó, “en ese periodo en el estado de Sinaloa sólo han asesinado a un aspirante, que es un estado con notoria presencia de la delincuencia organizada; en Baja California Norte durante procesos federales no han asesinado a ningún aspirante; en Coahuila, donde hay una fuerte presencia de los Zetas y disputas muy importantes con el Cártel del Golfo sólo han asesinado a una persona, la misma circunstancia con un solo crimen de esta naturaleza se ha dado en Sonora; en Nuevo León; y en Chihuahua suman tres casos en estos 21 años”. 

Lo cierto es que, en vísperas de las próximas elecciones, resalta la postura contradictoria del gobierno federal, por una parte, al reconocer la existencia de un partido del crimen, que en palabras de la titular de la SSPC intenta también competir en el proceso electoral estableciendo “campañas de miedo para intimidar a la clase política y al pueblo en general: asesinan, amenazan, cooptan, imponen y financian”. 

Pero al mismo tiempo, desde el gobierno rechazaron categóricamente la injerencia del crimen organizado, como estableció recientemente el jefe militar del Comando Norte de Estados Unidos al señalar que el 35% del territorio estaba bajo control de grupos criminales trasnacionales, a lo cual la propia Rosa Icela Rodríguez desmintió acusando que: “De ninguna manera. No es real esa afirmación, tajantemente la negamos y efectivamente, sí hay presencia en algunas zonas, en algunas entidades, no en todo el territorio, pero en algunas entidades hay presencia de grupos delictivos”, como refirió el pasado 19 de marzo en conferencia de prensa. 

Son muestra, a decir del especialista, de la incompetencia y falta de visión con el que se intenta prevenir la violencia contra políticos y candidatos, y en consecuencia una deficiente y en muchos casos incansable búsqueda de la justicia y el esclarecimiento de los casos. Muestra de ello, apuntó, fue el caso de Ivonne Gallegos Carreño, candidata independiente a la alcaldía de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, quien antes de su asesinato denunció ser víctima de violencia política en razón de género, sin que las autoridades actuaran con celeridad para protegerla. 

“Un día antes denunció públicamente que estaba siendo víctima de propaganda difamatoria y que presentaría una denuncia por violencia política de género, si su denuncia fue en ese sentido significa que hay sospechas fehacientes de que los agresores son políticos y no delincuentes”, aseveró.  

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