Así es como en un largo documento, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), ha dejado clara su posición frente a lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se refiere a la sentencia pretende restituir la vigencia de los Lineamientos de Audiencias del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) de 2016 o - en su caso - la facultad para que el Instituto emita nuevos Lineamientos, lo que afirma este gremio de empresarios de Radio y Televisión, constituye un grave retroceso, y configura un modelo de censura, pero además suprime la autorregulación y se viola flagrantemente la Constitución, por lo que se hace un llamado al trabajo jurídico conjunto para que a través de las Instituciones del Estado se corrijan los excesos y riesgos del fallo judicial.
El camino que seguirá la CIRT, es que impugnará ante instancias internacionales de derechos humanos y ante el ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), esto por haber negado el derecho de comparecer en el juicio a la CIRT y a varios concesionarios del país, por haber dado efectos generales a la sentencia de un juicio de amparo, por violar diversas tesis de la SCJN y por, sin facultades, ordenar al Congreso cómo debe de legislar. Pero también solicitaran una reunión de emergencia ante el IFETEL para explicar a los comisionados actuales cómo los Lineamientos que optativamente la Sala pretende revivir ya no pueden operar dado el cambio del marco normativo del 2017. En cualquier caso se afirma, es inaceptable que se impongan criterios mordaza.
También van por un diálogo con los medios públicos federales y estatales, para todos juntos sensibilizar al Congreso de la Unión del riesgo de que se imponga regulación editorial desde instancias del Estado (Organismos Autónomos), por el riesgo de censura antes descritos. Además de acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para hacer la denuncia respectiva. El deseo es también solicitar amparos colectivos en caso de que, por la instrucción de la Sala de Corte, el IFETEL decidiera revivir los Lineamientos de 2016, mismos que atentan contra la Constitución, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y los más elementales principios de libertad de expresión.
El as bajo la manga es plasmar que la Segunda Sala se contradice con sus propias resoluciones, restituyendo normas que ella misma expresamente había declarado abrogadas, sentencia anterior que se encuentra firme, y que por tanto no era susceptible de modificarse, menos aún por el propio órgano que la dictó. Se puntualiza que la sentencia de la Segunda Sala viola lo expresamente dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo. Es decir, que el efecto de un amparo contra norma general será la inaplicación de la norma únicamente respecto del quejoso.
Contrario a ello, dicen, la Segunda Sala pretende imponer al Congreso el deber de legislar en un sentido determinado, pues no podría simplemente “dejar sin efectos” la expedición y promulgación de un Decreto y, por ende, “resurgir” la vigencia de la norma anterior, al no encontrarnos frente a un acto administrativo.
La Sala pretende obligar al Congreso a legislar en un modo determinado, lo que excede los alcances de una sentencia protectora de amparo. Los Lineamientos del IFETEL de 2016, proponen un régimen de control editorial sobre los medios de comunicación basado en cuatro herramientas de censura: Imponer obligaciones no previstas en la Ley, como sería que los conductores, noticiarios y en general cualquier persona que haga uso del micrófono en radio y televisión, tengan que diferenciar, a cada momento, de manera clara, a juicio del IFETEL, entre opinión e información a través de campanillas o anuncios, medida absurda que, por supuesto, no existe en ningún país democrático. Controlar la designación y actuación del defensor de audiencias, convirtiéndolo en un censor de contenidos al servicio de la autoridad, Injerencia en la libertad editorial de cada medio de comunicación al poder rechazar los contenidos de su Código de Ética y Suspensión precautoria de transmisiones.
La conclusión en todo esto, es que los derechos de audiencias no se protegen por medio de la censura, ya que las restricciones descritas restringirán la discusión libre y fluida de la información y opiniones; los derechos de los radioescuchas y televidentes a decidir libremente lo que ven y escuchan así como a formarse un juicio propio no requieren de intermediarios ni de autoridades que decidan ideológicamente qué contenidos pueden ver o escuchar ni llegar al extremo de suspender las transmisiones si a juicio de la autoridad se incumple con su régimen de “higiene mental”. La CIRT y los comunicadores de sus más de 1,200 estaciones de radiodifusión afiliadas, refrendan explícitamente su compromiso con la audiencia de que no serán censurados y de que ellos, la audiencia, podrán optar libremente entre cientos de estaciones y miles de programas para escoger el tipo de contenidos y opiniones que deseen escuchar. El deseo es que este asunto pueda resolverse con base en el dialogo, las libertades, y el respeto a la Constitución.
Involucrados en Cártel inmobiliario
Hace unos meses el propio Santiago Nieto, a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó denuncia en las oficinas de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), que lleva Ernestina Godoy, en contra de la red de corrupción inmobiliaria que operó en la Ciudad de México desde 2003. Pues a la carpeta de investigación que quedó asentada con el número CIFIAR/B/UI-2 S/D/00006/09-2020 se van sumando nuevos nombres de probables involucrados.
Y es que detrás del boom inmobiliario de la metrópoli no solamente habría funcionarios corruptos como Edgar Oswaldo Tungüí Rodríguez, ex comisionado para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, que en días pasados fue aprehendido acusado de desviar recursos públicos que debieron utilizarse para la reconstrucción de viviendas tras el sismo de 2017. Estarían también los empresarios que hicieron negocio haciendo uso de instrumentos como la Norma 26 o el Sistema de Transferencia de Potencialidades para exceder los niveles de piso permitidos y la densidad de construcción.
Así, la ruta del dinero apunta a uno de los despachos que, desde 2003, sacó provecho de estas herramientas: Central de Arquitectura, de Moisés Ison Zaga y José Sánchez Ruiz, quienes precisamente en 2003, habrían solicitado la aplicación de este sistema en el edificio habitacional de Ámsterdam 191, en la colonia Condesa. La UIF, la FGJ, la Procuraduría Ambiental (PAOT) y la Contraloría General, recibieron denuncias esta misma semana, en la que presuntamente se les involucra con la red de corrupción conocida como el Cártel Inmobiliario para hacerse de capital y construir con ello su expansión empresarial.
Los documentos públicos demuestran que, en 2005 el despacho pagó sólo 3.7 millones de pesos por exceder los pisos permitidos en Ámsterdam; pero los departamentos se comercializan hoy en páginas especializadas hasta en 8 millones de pesos. Central de Arquitectura tiene otros 17 edificios habitacionales, algunos de ellos en las calles con mayor plusvalía de la capital. Han desarrollado además casas residenciales, hoteles, oficinas, restaurantes y Urban Centers o centros comerciales que se financiaron a través del Fideicomiso que cotiza en la BMV como Fibra Shop. Con la denuncia, los proyectos irían a revisión para descartar cualquier viso de corrupción. Pues no se olvide que, según los avances de las autoridades al mando de Claudia Sheinbaum, el grupo señalado por la UIF sería el responsable de las irregularidades detectadas en el 27 por ciento de las construcciones de la capital. ¡Vaya entramado!.
Lió Sindical GM-TMEC
Ya lo hemos adelantado en este espacio, peligroso, delicado y sube de tono, el relevo sindical en la empresa General Motors (GM) en Silao, Guanajuato. La organización sindical Generando Movimiento de esta automotriz esta invitando a los empleados a no aceptar el contrato colectivo cuya votación se planea realizar antes del 12 de junio tras identificar irregularidades en la primera votación. Se recuerda que el 21 de abril el Sindicato Miguel Trujillo López convocó a unas votaciones por la legitimación del contrato colectivo en General Motors, donde en teoría la empresa no puede intervenir en asuntos sindicales; cosa que señalan sí lo ha hecho.
La norteamericana niega esa afirmación pero hay versiones de que les dieron una boleta idéntica a la que se usó para la votación condicionando a los empleados de GM a votar a favor para no perder sus derechos laborales o bien ser despedidos o tomar represalias. Delicado el tema. Mientras la marca de autos festeja que su complejo en Ramos Arizpe, Coahuila, cumplió 40 años. En Estados Unidos, siguen muy de cerca este dilema laboral, más aún cuando el gobierno del presidente desea impulsar esta industria que sabe le dará fortalecimiento a su economía donde ya se impulsa la fabricación de autos eléctricos. Así que avísele a la Secretaría del Trabajo, que supervisores de Estados Unidos y Canadá quieren vigilar el nuevo proceso de votación.
Llegada de Open Finance
Con base en un estudio que realizó Minsait, una empresa de Indra en México; 49 Bancos que operan en México, ya se preparan para la llegada del Open Finance debido a que existe una clara oportunidad de incursionar en modelos y nuevos productos digitales para los clientes, gracias a la alta penetración de teléfonos móviles y a que los bancos han apostado por el desarrollo de capacidades que soporten la oferta de productos digitales.
Voz en Off
En el levantamiento del 14 y 15 de mayo en Cuautitlán Izcalli, el morenista Daniel Serrano se quedó en un lejano segundo lugar frente a la abanderada de la coalición Va por el Estado de México,
Karla Fiesco García, misma que lo aventaja con nueve puntos, con intenciones de voto del 29% a 38%. Pero eso no es todo, pues además de que la albiazul aumentó su conocimiento entre los ciudadanos de 43 a 69 por ciento, su percepción positiva también fue en ascenso de 27 a 32 por ciento. En contraste, la administración de
Ricardo Núñez, también surgido de Morena, fue calificada con 4.53%, por lo que no alcanzó a pasar, ni de panzazo…
@juliopilotzi