La pandemia Covid19 cumple un año en México, y aunque no hay nada que festejar, aún se sienten los estragos en la parte económica, el recuento de los daños no se puede hacer hacer a un lado, de ahí que tome relevancia el reporte final 2020 del Observatorio de Trabajo Digno, que con base en datos oficiales del INEGI, se deja clara la emergencia grave en el sector laboral, ya que es un punto que genera mayor desigualdad.
El desempleo se incrementó a 17.7%. Afecta ya a 11 millones 478 mil personas, lastimando más a las mujeres (23.2%) y a jóvenes (21.3%), incrementando la desigualdad de género y edad. A los empleos perdidos durante en año pasado hay que sumar los empleos que no se crearon ampliando el déficit acumulado, regresando al nivel de ocupación de 2014. El ingreso laboral promedio al mes se encuentra 784 por debajo del costo de dos canastas básicas, y al ingreso promedio de las mujeres le faltan mil 577 al mes para cubrir el costo de dos canastas básicas.
Otro dato relevante es que el ingreso laboral promedio para las mujeres se redujo. La brecha salarial entre mujeres y hombres creció 66%, al pasar de 646 al mes a fines de 2019 a 1,072 a fines de 2020. Existen casi 31 millones de personas, 2 de cada 3 trabajando sin ingreso suficiente para cubrir el costo de dos canastas básicas (66.1%). Las personas que trabajan por su cuenta aumentaron su precariedad: 79% carecen de ingreso suficiente y 99.9% no tienen seguridad social.
61% de las personas que conservaron su trabajo asalariado carecen de ingreso suficiente y 41% carecen de afiliación a la seguridad social, y la precariedad del trabajo asalariado se explica en parte por la indefensión: 51% de las personas con trabajo asalariado carecen de contrato estable y 86% carecen de afiliación sindical para la defensa y negociación colectiva.
Hay interesantes puntos que se proponen que es avanzar en la recuperación gradual de los salarios y el incremento al salario mínimo hasta que cubra el costo de dos canastas básicas. Apoyar una reforma legal contra el outsourcing abusivo que combata los modelos de subcontratación basados en violar derechos laborales, mediante sustitución de obligaciones patronales y exigimos acelerar la implementación del nuevo sistema de justicia laboral, de la elección democrática de dirigentes sindicales mediante voto secreto y de mecanismos de inspección y autorregulación para el cumplimiento de derechos laborales.
Se pide además al Senado aprobar la reforma constitucional para contar con un sistema nacional de cuidado, siempre y cuando se le asignen recursos suficientes que posibiliten la creación de espacios seguros de cuidado infantil y de personas mayores o con discapacidad, para lograr mayor participación económica de las mujeres. Crear oportunidades de trabajo para jóvenes, especialmente para quienes tienen mayor desventaja por el rezago educativo, la pobreza y las condiciones de violencia que se vive en los hogares y en muchas zonas del país. La reforma estructural de fondo es romper el “cordón umbilical” entre salud, seguridad social y trabajo. Dejando claro que la salud es un derecho humano, de todas las personas, no una prestación laboral.
No hace mucho, casi también un año, el presidente Andrés Manuel López Obrador, prometió y decretó generar dos millones de empleos formales este año, claro con registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero de eso ya ni quién se acuerde porque esa promesa ya se desvaneció. La mala noticia es que la pandemia, mientras siga representando un riesgo para la economía de nuestro país, no habrá una recuperación del empleo formal, ni lo deseos de crear dos millones o más. Y al final el titular de Hacienda tenía razón, dos temas condicionan la recuperación: el primero, el riesgo sanitario. Si hay un rebrote, la economía tiende a desacelerarse nuevamente; el segundo es el hecho de que estamos reabriendo y teniendo una recuperación en condiciones Covid, vamos a tener una recuperación plena una vez que se hayan empezado a aplicar de manera masiva las vacunas. Y eso aún no sucede.
Nubarrones en DIF Chihuahua
Este martes se dará a conocer a la empresa ganadora de la Licitación Pública número DIF/LP/04/2021 del DIF Chihuahua, en la que están en juego poco más de 169 millones de pesos para la adquisición de insumos alimentarios. Es un secreto a voces que la firma que se hará con el contrato es Viva Alimentos SA de CV, la cual presentó la oferta más barata en dicha licitación. Hasta ahí, todo parece en orden, sin embargo, todo cambia cuando vemos el nombre que está detrás de dicha firma: Jaime Galván Guerrero, cuyo nombre estuvo involucrado en los esquemas de corrupción por los que se investiga al exgobernador de Chihuahua, César Duarte.
Este empresario, a través de Prometeo Proyectos Ejecutivos, se hizo de varios contratos bajo la administración de Duarte, alrededor de 760 mdp. Una vez que acabó la gestión, la compañía se convirtió en uno de los principales proveedores de Alejandro Murat, en Oaxaca, donde logró negocios por un valor casi tres veces más grande. Tras las pesquisas anunciadas en octubre de 2020 por el gobernador Javier Corral contra exfuncionarios de Duarte y empresas que colaboraron en su red, Prometeo dejó de concursar, pero ahora parece que este personaje busca regresar a la escena de las contrataciones públicas en el estado.
Azúcar Irregular
La importación irregular de azúcar a nuestro país, afecta a la agroindustria de la caña de azúcar y perjudica tanto a cañeros e industriales que representan más de 2.4 millones de empleos directos e indirectos en zonas rurales de nuestro país. Ante ello, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), reforzó este fin de semana las acciones para combatir el contrabando técnico de azúcar, indicando que cualquier importación que se pretenda efectuar sin el pago de aranceles tendrá sanciones administrativas y penales para importadores, agentes aduanales y demás personas involucradas, ya que el SAT estima la que la evasión de impuestos por importación de azúcar asciende a 250 millones de pesos anuales. Alguien importante en todo esto es la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera que además ha solicitando formalmente que se investiguen otras posibles formas de contrabando técnico, como la presunta aplicación ilegal de la clasificación arancelaria con fines de evasión fiscal, entre otras.
Huelga Legal
Por si a alguien le quedaba duda sobre la decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en el tema de la huelga en Interjet, finalmente la notificación llegó. Es totalmente legal la decisión de los trabajadores, 85.32% de los empleados estuvieron a favor, aunque Alejandro del Valle, y los Alemán digan lo contrario. Pero el tema no termina ahí, ya que se tienen que pagar las quincenas y otras prestaciones que se les adeudan a los trabajadores. De hablar de una fecha para volar, ni mínimamente mencionarlo, porque además se debe y mucho. ¿Quién en el gobierno federal permitió a Interjet hacer uso del espacio aéreo a pesar de no realizara los pagos correspondientes para aprovechar este bien nacional. Eso fue durante 17 meses para ser específico desde agosto de 2019?.
Voz en Off
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