Menos de 48 horas después de que los normalistas de Ayotzinapa fueran agredidos y secuestrados, el Ministerio Público de Guerrero, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y una comitiva de estudiantes y padres de familia ingresaron al cuartel 27 del Batallón de Infantería en Iguala para buscar a los jóvenes que habían desaparecido el 26 y 27 de septiembre.
La visita al cuartel fue al mediodía del 28 de septiembre y terminó menos de una después “concluyendo la visita sin ninguna información relevante”, sintetiza una tarjeta informativa que publica Milenio.
[su_pullquote]En diciembre de 2014, familiares de normalistas y organizaciones han solicitado entrar al cuartel 27, así como a otras instalaciones castrenses en diferentes entidades.[/su_pullquote]
Al día siguiente, una llamada anónima alertó sobre la presencia de los estudiantes desaparecidos en ese lugar; por esta razón la fiscalía realizó una nueva búsqueda pero sin acompañantes.
En las primeras diligencias ministeriales que se llevaron a cabo en las instalaciones militares para buscar a 57 estudiantes (el número de jóvenes no ubicados inicialmente) acudieron “integrantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, su abogado Vidulfo Rosales, familiares y personal de la CNDH local.
La Comisión de los Derechos Humanos “dio fe de los recorridos y actuaciones realizadas” no solo en las instalaciones militares, sino en posteriores recorridos en los edificios de la fiscalía, la Policía Ministerial, la Policía Municipal, así como en dos hospitales.
[su_heading size="25" margin="10"]EL RECORRIDO[/su_heading]
José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón y coronel de infantería fue quien recibió a la comitiva el día de la entrada al cuartel y quien los acompañó en el recorrido.
Los estudiantes, padres de familia y su abogado no estuvieron presentes en las actuaciones ministeriales: permanecieron en los patios del cuartel, confirmaron funcionarios de la fiscalía.
No obstante, la visita no incluyó la totalidad de las instalaciones militares, por decisión del coronel Rodríguez Pérez, quien invocó obediencia a la “superioridad":
"(...) Manifestando que por motivos de seguridad nacional no se pueden mostrar todas las instalaciones, que para dichos efectos se deberá dirigir la petición a la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, o a la novena Región Militar con sede en Acapulco, para que autoricen la inspección general”, asentó en el acta de sus diligencias el agente del Ministerio Público.
Uno de los funcionarios que participó en la inspección informó que los sitios que no recorrieron fueron “la armería”, “las oficinas” de la comandancia y oficiales, las áreas de comunicaciones, así como la zona de cocina, comedores y atención médica.
Ante la petición de estudiantes y padres de familia de visitar “las celdas de detenidos” del cuartel, el también comandante del 41 Batallón de Infantería les informó que en dicho cuartel no existían tales instalaciones.
Lo que sí informó el coronel es que el cuartel cuenta con un baño habilitado como "área de seguridad con puerta de celda” dentro del área que ocupa la sala de guardia y prevención. Ahí, en ese baño con barrotes, se guarda droga decomisada. En ese sitio restringido no había nadie detenido.
En los documentos ministeriales, acompañados de fotos y croquis con imágenes satelitales, se hace una descripción de todas las zonas del cuartel que fueron revisadas (habitaciones, baños, depósito de enervantes, sala de guardia).
El Ejército también fue conminado por la fiscalía el mismo 28 de septiembre para que respondiera ministerialmente si había detenido a los estudiantes hasta ese momento desaparecidos. Y para que entregara las bitácoras del cuartel.
El comandante, previa autorización de la superioridad, entregó las bitácoras y respondió que no: que los soldados no habían detenido a nadie.