Al restringir sus comunicaciones, a Elba Esther Gordillo desde su prisión domiciliaria, por considerarla un peligro que atente contra la estabilidad y la paz social, la Procuraduría General de la República (PGR) reconoce que el proceso contra la maestra ha sido político más que jurídico, señaló el abogado Marco Antonio del Toro. En entrevista con Raymundo Riva Palacio para el programa Estrictamente Personal, del Toro consideró que el que una mujer a la que se le concedió el arresto domiciliario por su situación de salud delicada y ser una persona de la tercera edad, se le considere un peligro para México y se le limiten sus comunicaciones, violenta sus derechos.
Es lamentable puesto que la PGR debería ceñirse a aspectos estrictamente jurisdiccionales y a la verificación de que la persona se mantenga en el domicilio, no a conocer qué hace dentro del mismo” sentenció.
El abogado de la exlideresa del Sindicato nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) reiteró que apelarán al aumento de las restricciones para su cliente, pues la Procuraduría, al hacer una revocación a sus propias condiciones de seguridad para el cumplimiento de su sentencia en prisión domiciliaria, está violando el artículo 101 del Código de Procedimientos Penales, por lo que su intento de revocación es infundado. El abogado aseguró que no existe riesgo de fuga y que esto ya había quedado debidamente justificado frente al órgano judicial, ya que al tratarse de una mujer de la tercera edad y por su mala condición de salud se están violentando sus derechos de privacidad.
Se pretende imponer una serie de medidas que ya no tienden a verificar que una persona se mantenga en el domicilio, sino que se pretende invadir temas de comunicación privada, temas de regulación con personas con las que pueda reunirse, que los agentes policiacos puedan escuchar las conversaciones que tenga con las personas”, apuntó.
Al ser cuestionado por la situación de salud de la maestra, Del Toro señaló que ella se encuentra estable. Explicó que Gordillo entiende cuál es su posición y en qué circunstancias se está desarrollando su caso, por lo que el silencio “casi sepulcral” que ha guardado es en muestra de responsabilidad. AT/EC La petición que PGR presentó el pasado 8 de febrero, ante el juez federal, menciona lo siguiente: “La procesada fungió como presidenta del SNTE, posición que implicó una relevancia y trascendencia social significativa en las personas sobre las cuales ejerce autoridad moral, por lo que el uso desmedido de los medios de comunicación, que tiene a su alcance, evidentemente podría desestabilizar la paz y seguridad del Estado Mexicano. “Por tanto, resulta imperioso que se establezca un régimen de control de comunicación para dar cumplimiento de forma adecuada a la medida de seguridad concedida en su momento y evitar un descontrol que permita perder el sentido y esencia de la prisión preventiva”.
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