Plazo vencido, ¿deuda pagada?

Antonio Cuéllar | Martes 21 de junio, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

El dicho popular reza que “no hay fecha que no se cumpla, plazo que no se venza, ni deuda que no se pague”.  En materia de combate contra la impunidad, de lucha contra la corrupción y recuperación de la seguridad, el Estado Mexicano tiene una bolsa llena de deudas.  Desde 2008 se ha venido instrumentando todo un andamiaje legal con la finalidad de cambiar el proceso penal que sirve para el enjuiciamiento y encarcelamiento de criminales, y el vencimiento del plazo establecido en la ley para que todo este sistema de nueva creación empiece a funcionar se venció justamente el sábado pasado, día éste en que entró en vigor.

 

La necesidad de la modificación obedeció, lógicamente, a los enormes rezagos existentes en materia de justicia, a los pasillos repletos de expedientes arrumbados, a la corrupción de nuestros policías investigadores, ministerios públicos y los jueces, a la falta de resoluciones y sentencias que mantienen a personas potencialmente inocentes recluidas a la espera de su absolución, y a causas innumerables que demuestran la falta de funcionalidad de un sistema de procuración de justicia carcomido por la ineficiencia.

 

Los principios que recoge la nueva legislación procesal penal evidencian una clara distancia con respecto de aquellos que caracterizaron el sistema que ahora se abandona:

 

El principio de igualdad procura evitar toda discriminación en el proceso por virtud de origen étnico, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana.  Se trata de una directriz esencial para garantizar el acceso igualitario a la justicia penal, por virtud de la cual los jueces deberán adoptar las medidas necesarias para remediar las condiciones de disparidad social que a lo largo de los años han obstaculizado una justicia igualitaria en México.

 

El principio de contradicción, que permitirá a las partes tener acceso y conocimiento inmediato de las promociones y pruebas ofrecidas por la contraparte dentro del proceso penal, para oponerse a cualquier petición o alegato que afecte a sus derechos.  Este principio, que siempre ha existido en materia procesal, se complementa ahora con dos de especial mención:

 

El principio de publicidad, que permitirá la implantación de una costumbre de transparencia y apertura en la tramitación del proceso penal mismo, por virtud de la cual los jueces y litigantes serán siempre sujetos del escrutinio público y, en esa medida, sujetos de vigilancia permanente por cuanto a la honradez de sus actos y extinción de cualquier práctica de corrupción, así fuera incluso tentativa.

 

El principio de inmediación, por el que los juzgadores quedan permanentemente obligados a intervenir y presenciar el desahogo de las diligencias procesales, a fin de ser testigos, de primera mano, de aquellos sucesos y pruebas con apoyo en las cuales pronuncian sentencias de condena o de absolución, para beneficio o perjuicio de las partes, sean inculpados por la comisión de un delito o víctimas del mismo,

 

Estos principios vienen a complementar los de existencia constitucional que han perdurado a lo largo del tiempo, pero que desafortunadamente no han podido verse efectivamente resguardados: el de presunción de inocencia, el de debido proceso, el de economía del procedimiento y, quizá el más anhelado, el de celeridad procesal.

 

Hay voces que se adelantan y pronostican descarrilamientos en los procesos de acusación por parte de las autoridades investigadoras encargadas de perseguir los delitos.  Su vaticinio no es exagerado, ni tampoco es errado, porque la complejidad implícita en el respeto irrestricto de las normas de proceso que garanticen la observancia más pulcra de los derechos humanos del inculpado, no es poca cosa; –pero no podíamos esperar menos en un Estado que se precie de ser apegado a la legalidad y respetuoso de los derechos más valorados por el individuo–.

 

Un factor es cierto y es evidente, y a pesar de que permanece vivo desde hace mucho tiempo y resulta ostensible, pareciera considerarse una burla: el nuevo proceso penal está hecho para auténticos abogados, y en México, contrariamente a lo que todo el mundo pudiera pensar, hay una carencia grave de abogados.

 

El sistema nos impone la obligación de continuar con la formación profesional de abogados, y de insistir en la colegiación de estos como mecanismo de certeza, de que toda persona sujeta a un proceso penal habrá de ser correctamente acusada o defendida, para seguridad propia.

 

Lógicamente que nuestro sistema jurídico no permite suponer la conveniencia de un sistema de colegiación absoluto, pues múltiples ramas del derecho se vienen atendiendo eficientemente hoy en día y nuestro sistema de legalidad, de codificación de las normas de observancia obligatoria, permiten la intervención plurimaterial de los licenciados en derecho en los asuntos que se les encomiendan, a diferencia de lo que ocurre en el sistema de normas consuetudinarias.

 

En ese sentido, la colegiación debería de ser moderada, quizá encaminada exclusivamente al ámbito penal.  La tarea urgente, sin embargo, es conminar a los colegios de profesionistas del derecho a involucrarse activa y seriamente en la calificación de los institutos y escuelas dedicadas a la enseñanza de tan importante y relevante profesión.  Es un buen momento para terminar con las escuelas “patito”, y un buen momento para redimensionar, nacionalmente, la importancia que tienen los abogados en la comprensión y formación de nuestra realidad nacional.

 

 

 

Del matrimonio gay y fenómenos electorales

Antonio Cuéllar | Martes 14 de junio, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

En los medios y en las redes aparece repetida la noticia de que los resultados obtenidos en la elección de la semana pasada, obedecieron a la iniciativa presidencial que propone una reforma a la Constitución para oficializar el derecho humano de la comunidad lésbico-gay para contraer matrimonio, y así hacer prevalecer su igualdad por encima de los convencionalismos que permitieron la subsistencia de tal figura de derecho, típicamente heterosexual.

 

Hace unos cuatro años escribí en este espacio sobre el particular y sostuve la tesis, que reitero hasta la fecha, de que el matrimonio, como institución jurídica y social de nuestra Nación, es por antonomasia una unión entre individuos de distinto género, hombres y mujeres, que debe tener la finalidad misma de la procreación como mecanismo de conservación de la especie humana, pues de otro modo, la mera convivencia posibilita una asociación que, como tal, no puede suplantar al matrimonio.

 

No obstante mi convicción y planteamientos, la verdad de las cosas es que la discusión en torno de si la comunidad lésbico-gay puede o no contraer matrimonio está superada –no sabemos si para la eternidad o temporalmente, pues la reciente modificación de dicha institución todavía no produce los efectos sociales que llegarán a valorarse con el tiempo, para determinar su acierto o los efectos negativos que llegue a producir–;  la verdad de las cosas, es que la SCJN ya se pronunció definitivamente sobre la inconstitucionalidad de las normas que obstaculizaban su materialización y las legislaturas de los Estados caminan presurosamente a la instrumentación de los procesos necesarios para que quede incorporado el nuevo matrimonio ampliado en cada uno de los Códigos Civiles de todo el país.

 

El triunfo de esa retórica y su aceptación nacional, por la vía activa o pasiva, me lleva a alcanzar una conclusión sobre el dicho de la Arquidiócesis en torno del proceso electoral y la iniciativa presidencial: es totalmente falso y descabellado suponer que la reforma a la Constitución propuesta, por electorera que pudiera parecer, hubiera tenido un peso decisivo en la contienda del domingo antepasado.  Nadie se opone ya al reconocimiento del derecho al matrimonio de cualquier pareja de individuos, sin importar su preferencia sexual, y los pocos que luchan en contra no tienen la fuerza para cambiar el rumbo de las cosas.

 

Consideramos que sí existen dos factores, en cambio, que deberían considerarse como elementos determinantes de la suerte del proceso electoral que se ha venido analizando:

 

  1. La corrupción. Por principio de cuentas, es absolutamente indiscutible que la sociedad mexicana está totalmente colmada y harta de la corrupción en cualquiera de sus géneros, y esa condición la torna especialmente suspicaz de cualquier fenómeno de ese tipo, por insignificante que sea. El voto de repudio que perjudicó al PRI, más que un voto contra el partido, fue un rechazo rotundo contra la gestión general de la gran mayoría de los gobernadores salientes que, en ese contexto, perdieron la elección.

 

La percepción generalizada de la población con relación a la conducción de la administración de los estados, no lleva a otra conclusión sino a la de que existen un importante número de caciques estatales, que no sólo no habiendo cumplido su deber constitucional aprovecharon su posición en el ejercicio del poder público para enriquecerse, con el detrimento adicional de que permitieron la instalación del crimen organizado incluso, por encima de los derechos primarios de la misma comunidad que los llevó al gobierno.

 

  1. La alternancia. El viraje electoral también obedece a un fenómeno que sólo se entiende en una sociedad democrática y civilizada, y es el de la posibilidad de contar con administraciones partidistas alternativas, que son respetuosas del marco jurídico vigente en el ámbito político-electoral.

 

Porque debemos observar de manera muy positiva que nuestra sociedad ha venido comprendiendo no sólo la viabilidad de votar por alternativas de gobierno, sino el beneficio que esto conlleva y, sobre todo, el ejercicio verdadero del poder político que la alternancia le concede a la gente de manera directa, como hacedores del resultado mismo del proceso electoral.

 

El voto que le abre las puertas a la oposición, mayoritariamente del PAN, para acceder a las gubernaturas de los Estados, constituye un fenómeno que se empieza a dibujar y se debe aceptar con toda naturalidad, por ser propiamente una condición esencial de los gobiernos democráticos como los que justamente deseábamos tener hace tres décadas.  La gente acepta como un resultado necesario y benéfico, que un partido en el poder deje de gobernar para permitir el ejercicio alternativo de la función pública por parte de otro.  El saldo positivo se mira en la posibilidad misma de que un partido opositor audite y sancione los abusos e ilegalidades en que pudiera haber incurrido su predecesor.

 

En todo esto, sin embargo, hay un único incidente que proviene del proceso electoral y la mala gestión de la administración estatal que condicionó el voto reprobatorio del electorado, sobre el cual sigo sin entender sus causas, y esto tiene que ver con la manera en que, incluso, los problemas locales del país, acaban por tener un impacto perjudicial en la figura misma del Presidente de la República.  No habiendo existido una ingerencia de la federación en los procesos de elección del 5 de junio pasado, de cualquier modo, en al imaginario colectivo se viene suponiendo que el resultado electoral también le atañe a Enrique Peña Nieto. Es lo que dice precisamente la Arquidiócesis.

 

Por algún motivo incomprensible, error de la oficina de comunicación social de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Gobernación, todos los problemas del país acaban referenciados y dirigidos al titular del Ejecutivo Nacional, el pararrayos.  Es un fenómeno que sí impacta, no sólo en la persona misma de Enrique Peña Nieto y en la institución presidencial, sino en su administración en general y su partido, obviamente, en detrimento de sus intereses con vistas al 2018.

 

Siendo una administración federal destacada en el impulso de reformas verdaderamente trascendentes y el planteamiento de nuevos rumbos de desarrollo nacional, bien calificados más allá de nuestras fronteras, resulta relevante y urgente que se tome conciencia sobre el carácter invaluable de la buena comunicación que debe existir entre el titular de la Presidencia y la gente, y el de la protección misma de la figura del Presidente como camino único para lograr una ponderación objetiva e imparcial de los aspectos generales que definen a su gobierno.

 

Pareciera que, en la búsqueda de los espacios que convienen a los alfiles y caballos en la partida hacia el 2018, alguien ha perdido de vista que el juego se termina cuando se pierde al rey.

 

 

De San Gotardo a Viaducto-Tlalpan

Antonio Cuéllar | Martes 7 de junio, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

La gran frontera continental que separa el Norte de Europa e Italia se ubica en los Alpes Suizos, y en estos, en el macizo de San Gotardo, justamente en su parte central entre los cantones de Uri y Ticino. A lo largo de los años ha sido un obstáculo físico que ha debido enfrentarse y superarse con la finalidad de facilitar la comunicación y el comercio, y con ellos la integración del continente.

 

En el año de 1999 inició la excavación de un túnel de 800 metros de profundidad, desde cuya base daría comienzo la construcción de lo que hoy, diecisiete años después, es el túnel ferroviario más grande del mundo, con una longitud de 57 kilómetros, el túnel de la base de San Gotardo.  Se trata de la mayor obra de ingeniería de su tipo, con un costo superior a los 12 mil millones de dólares, que permitirá la transportación de mercancía entre los puertos de Hamburgo y Génova.

 

La fiesta de inauguración tuvo lugar el pasado 1º de junio, con la bandera y paso concedido por el Presidente Suizo a los primeros trenes que atravesarán el Macizo, en compañía de los cancilleres de Alemania y Austria, el Presidente de Francia y el Primer Ministro de Italia, vecinos y principales interesados en el proyecto.

 

La noticia resulta sumamente relevante y oportuna a nivel mundial, ya que se debe recordar que la obra inició con motivo de un plebiscito, a través del cual los suizos aceptaron pagar mayores impuestos para poder llevar a cabo el proyecto, que tenía como principal propósito disminuir el tráfico de camiones a través de sus caminos y con ello, bajar también la consecuente emisión de contaminantes, hecho que resulta esencial para la conservación del medio ambiente. Paradójico y notorio es que en la misma semana de la inauguración, el cambio climático haya provocado también una creciente del Río Sena que no era vista desde el inicio del siglo pasado.

 

Aunado a la relevancia ecológica de la obra, dos temas adicionales resultan igualmente interesantes y de trascendencia para el caso específico de México –que dicho sea de paso, no formó parte de los treinta y cinco países que emitieron alguna comunicación internacional con respecto al túnel–: la importancia que puede tener la consolidación de un sistema que permita el funcionamiento real de una democracia participativa; y, la necesidad de verificar la efectividad de los mecanismos legales de planeación nacional.

 

Este domingo tuvo lugar uno de los procesos de elección más importantes del país, por el número de gubernaturas estatales sujetas al escrutinio de la ciudadanía, como también por la emisión del sufragio referente a la elección de un Poder Constituyente para la Ciudad de México.  Con resultados todavía indefinidos, es previsible que la alternancia, afortunadamente, venga a convertirse en un signo distintivo que refleja la madurez de un proceso de sana y eficaz politización del país iniciado pacíficamente hace una treintena de años.

 

El aspecto particular que merece la pena comentar, tiene que ver con la todavía ausente convicción de que la alternancia partidaria en el ejercicio del poder público, no debe verse como una desvinculación de los partidos a los quehaceres cotidianos de la administración del Estado, particularmente relacionados con obras que interesen y beneficien a la ciudadanía en general.

 

Se ha confundido al proceso de elección de partidos y candidatos para el ejercicio de las funciones de gobierno, con una batalla desaliñada por el poder que los lleva a pensar en la necesidad de romper, periódicamente, con los actos emprendidos por antecesores.  Ese pensamiento, lleva a la absurda realidad de que los proyectos del país se deban planificar sexenalmente, por el riesgo de quedar inconclusos.

 

Dos obras de infraestructura propuestas por la administración del Presidente Peña Nieto resultan absolutamente imprescindibles e impostergables para el crecimiento de México: un nuevo aeropuerto internacional para la Ciudad de México, y la creación de un sistema ferroviario de pasajeros que podría comenzar con la interconexión de la misma capital del país y la segunda ciudad más grande, que es Guadalajara.

 

De los dos anteriores, el segundo, que iniciaba con la construcción del tramo entre el Distrito Federal y Querétaro, debió abandonarse con motivo de desaguisados que enturbiaron la gestión financiera del Estado; el primero, sin embargo, continúa en sus términos y debe de llegar a una conclusión favorable, con el “inconveniente”, sin embargo, de que será una obra que concluya muchos años después de la terminación del período que abarca la presente administración.

 

Resulta sumamente torpe y desafortunado para el país, e injusto para los inversionistas, que existan dudas y zozobra con relación al inicio y terminación de cualquier proyecto de largo plazo que haya de emprenderse para el beneficio de México, por el solo hecho de “pertenecer” a diversas administraciones; sin embargo, es imposible que pueda llevarse a cabo cualquier construcción de interés nacional, si ésta ha de quedar marcada con un sello partidista o el lógico y necesario celo referente a la correcta administración de las finanzas públicas.

 

Por la razón anterior, resultan inaplazables: 1. la decisión de someter a consulta nacional la construcción de obras cuyo compromiso presupuestario rebase el período de aquel titular del Ejecutivo que haya de proponerla; 2. la revisión de los mecanismos de planeación nacional, para que se permita la intervención partidista plural desde antes de la adjudicación de dichos contratos;  3. la desvinculación oficial de cualquier grupo partidario en lo particular con relación a las obras; y, 4. la transparencia en los procesos de adjudicación de obra y fiscalización permanente, que ofrezcan seguridad a la ciudadanía con relación al uso eficiente de las contribuciones, como a los inversionistas por cuanto a la responsabilidad relacionada con la ejecución de los trabajos de que se trate.

 

Las oficinas de Viaducto Tlalpan 100, en donde se alberga el Instituto Nacional Electoral, son el cuartel en el que, en lo sucesivo, deberían gestarse los acuerdos que permitan ese tránsito de la naciente democracia nacional, al gobierno maduro con participación ciudadana efectiva y bien intencionada.

 

 

 

 

 

¡Hacer a México grande, otra vez!

Antonio Cuéllar | Martes 31 de mayo, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

 

Los pronósticos de hace un año le daban nulas esperanzas para convertirse en el candidato del Partido Republicano; sin embargo, la semana pasada logró asegurar el número de nominaciones que necesita para conseguirla.  El mal chiste se ha convertido en una amenaza verdadera y los cimientos del muro podrían estarse empezando a presupuestar.  El mero riesgo constituye un factor que nos obliga a tomar asiento, y a pensar.

 

Las encuestas todavía son inciertas y siguen concediendo algunos puntos de ventaja a Hillary Clinton frente a Donald Trump; pero los vientos son cambiantes, el ánimo alrededor del equipo de campaña de la antigua Secretaria de Estado disminuye y, en la misma proporción, se fortalece el de Bernie Sanders, el senador por el Estado de Vermont que persigue los votos mínimos necesarios para demostrar a sus copartidarios que, pese a todo y frente a las amenazas que se ciernen en contra de ella, podría tener un caso.

 

El impacto del estruendoso proceso electoral norteamericano, desde la perspectiva de México, puede analizarse desde varias aristas. Dos interesantes son las que arroja la actitud de nuestros compatriotas en el extranjero y la del Gobierno desde el interior.

 

A pesar de las críticas que a lo largo de los meses fueron exponiéndose, considero que ha sido todo un acierto de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, haber implementado y cumplido al pie de la letra la política exterior que manda la Constitución, de no intervención en los asuntos que corresponden a otro Estado soberano, máxime cuando se trata, ante todas las cosas, de la principal economía del mundo, el vecino más poderoso del planeta y nuestro socio comercial por arrolladora mayoría. El respeto oficial por el proceso electoral, a pesar de las graves ofensas de las que el pueblo de México ha sido objeto, denota una prudencia que podría llegar a rendir frutos positivos en el futuro, si la continuidad de la relación depende de la conservación del Jefe del Ejecutivo como nuestro único y más importante interlocutor.

 

No puede decirse lo mismo de la comunidad mexicana domiciliada en los estados del Sur de Norteamérica, que ante la presencia del candidato han elegido salir a las calles para hacer plantones o manifestaciones, y para ondear por todo lo alto la bandera de México.  Porque es precisamente la actitud que encoleriza al electorado estadounidense, enciende el discurso y proporciona la justificación que la retórica usada por el candidato republicano está buscando para ser oído.  La presencia nacionalista de las comunidades extranjeras en el suelo de los Estados Unidos constituye el peor antídoto contra quien busca su opresión.

 

Es previsible que si llegara a ganar Trump, no todo su contenido discursivo podrá convertirse en realidad.  Muy probablemente el muro no podrá construirse, y la política de gravar las importaciones no habrá de llevarse a cabo jamás, por el impacto que tendría en perjuicio de su propia economía.  Estados Unidos cuenta con instituciones democráticas que impedirían la consumación de tales arbitrariedades, si de suyo les resultan adversas.  No obstante lo dicho, podrían vislumbrarse actos de la administración federal que sí tendrían un impacto negativo inmediato en perjuicio de México: obstaculización en las fronteras, deportaciones masivas, implementación de mecanismos no arancelarios para frenar el flujo comercial, detención de los procesos de legalización de inmigrantes, por citar algunos.

 

Creo que la coyuntura negativa del proceso electoral estadounidense puede arrojar un momento positivo para México: el de valorar el saldo que arroja la política nacional de globalización y el de ponderar la necesidad de fortalecimiento de la competitividad y funcionamiento del mercado interno. ¿Qué podría pasar en el país si se debiera reinsertar a 3 o 4 millones de trabajadores en actividades productivas en el plazo de dos años? Estamos de cara a una emergencia nacional sin precedentes, y podríamos estar siendo terriblemente ingenuos en el manejo de predicciones.

 

La mano de obra es un factor de la producción tan o más importante que el capital.  Es incluso más poderosa si, en el mercado de destino, ésta se convirtiera en un bien escaso. En aras de ser más competitivos, es preciso que se detenga la migración desorganizada de trabajadores, y se impulsen políticas que fortalezcan su posición de negocio.

 

México ha emprendido un camino inigualable en el ámbito de la educación de su gente, pero los resultados están a varias décadas de distancia.  Hoy, se tienen que empezar a activar políticas que incentiven la investigación tecnológica y el crecimiento de la industria nacional; que impulsen un turismo de infinitamente mejor calidad al turismo de estudiantes de primavera; que preserven nuestros recursos naturales; que fortalezcan la protección de la propiedad intelectual en campos inherentes a productos con denominación de origen, los que no se fabricarán en ningún otro lugar; que administre el crecimiento de la industria, el comercio y los servicios nacionales en función de su vocación y potencialidades, por mencionar algunos. México debe de empezar a ver hacia dentro, siguiendo el mismo ejemplo que estamos observando.

 

Tenemos que acabar con la inseguridad y con la violencia, pero jamás podremos lograrlo en la medida en la que los actores políticos sigan enfrascados en una lucha perenne por acceder al poder.  La negatividad que imprime en el ánimo nacional la desatención de las responsabilidades que verdaderamente deben enfrentar nuestros servidores públicos y opositores, por su empeño en gastar recursos interminables en campañas electorales, ya no da más de sí. Urge ese gran acuerdo nacional por la unidad y la estabilidad.

 

Es un estupendo momento para entender el juego de la política en el que la retórica empleada ha llevado a caer al país entero; es un mejor momento, todavía, para volver a ¡Hacer de México un gran país otra vez!.

 

 

 

 

El Consumidor, figura ausente

Antonio Cuéllar | Martes 17 de mayo, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

El proceso de reorganización del gobierno y la reubicación de los ámbitos de competencia que otrora fueron exclusivos del Ejecutivo Federal, nota distintiva del presidencialismo mexicano, son un tema relevante que pasa desapercibido, un acierto que abona a nuestra competitividad y por el que se debe conceder una calificación sobresaliente al Pacto por México.

 

De manera contraria a lo que sucede en democracias en proceso de formación, la definición de las acciones y políticas públicas que se deben emprender para asegurar el aprovechamiento eficiente de las áreas estratégicas del desarrollo nacional en México está encomendada a distintos órganos reguladores, autónomos e independientes del Presidente de la República, como la CRE, la CNH, el IFETEL, la COFECE, el INEE o el CENEVAL, que no le reportan a él.

 

Esta intervención de órganos colegiados en el planteamiento de políticas nacionales para el crecimiento, garantiza la continuidad de las acciones que deriven de la ley, y asegura la funcionalidad de nuestras instituciones en forma ajena al resultado que arrojan los procesos de elección popular, un camino certero hacia la estabilidad.

 

Indiscutiblemente que el caso del Banco de México constituye el ejemplo paradigmático que comprueba la asertividad del fenómeno de corporativización de la función administrativa del Estado. Las decisiones tomadas por el Gobernador del Banco Central reflejan su determinación e interés en asumir cualquier medida que necesite el país en el ámbito monetario, sin miramiento alguno de los fenómenos que ocurran en la arena del debate electoral.

 

Siempre existe el riesgo de que la multiplicidad de cabezas pueda perder de vista el rumbo que debe seguir el todo, es por ello que resulta imprescindible contar con lineamientos legales que se fijen en la transversalidad de algunos principios esenciales de los que la función gubernativa no puede apartarse jamás. Podemos hablar así de la coordinación obligada de funciones y objetivos comunes que corren por cuenta de órganos de gobierno que, independientes entre sí, conviven alrededor de una misma área de servicio público.

 

Vienen a la mente el IFETEL y la PROFECO, a los que la ley encomienda la atención de áreas de desenvolvimiento distinto aunque, obviamente, con puntos tangenciales inseparables, siempre vistos desde perspectivas de regulación autónomas. El primero, encargado de la regulación y gobierno de los agentes dedicados a la prestación de servicios de telecomunicación, que deben satisfacer parámetros elementales de calidad a favor del público usuario, y el segundo dedicado a la atención y tutela de los intereses del gran público consumidor, en el que se encuentra aquel necesitado de contratar y obtener servicios en el ámbito de las telecomunicaciones.

 

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece con toda claridad en su artículo 191, la obligación común a ambos órganos para comunicarse las resoluciones que se dicten con motivo de violaciones sistemáticas o recurrentes a los derechos de los consumidores, para que en el ámbito de sus atribuciones realicen acciones necesarias para su protección y restitución, y para que, en su caso, el IFETEL imponga las sanciones procedentes.

 

A pesar de los beneficios de dicha comunicación obligada, estimamos que la legislación habría sido mucho más favorable si la visión protectora del consumidor se hubiera asegurado mediante la inclusión de procedimientos que permitieran una participación preventiva de la Procuraduría en los procesos que resuelve el Instituto, pues ello habría impreso en sus determinaciones una visión que, aún en su calidad de órgano regulador de la competencia económica en el sector, pareciera ausente.

 

Para muestra se cuenta con el resultado que arroja la política adoptada por el Instituto tratándose del gobierno y control del agente preponderante en el mercado nacional de telefonía fija y celular: TELMEX. A pesar de que las medidas dictadas sujetan su intervención en el ámbito de la venta de televisión restringida a la disminución de su participación en el mercado de las telecomunicaciones, éste conserva un porcentaje superior al 70% de dicho mercado y, de paso, ya realiza actividades comerciales en el ámbito de la televisión por medio de la simulación implícitamente aceptada, de los “servicios de facturación”. La afrenta pone en riesgo la funcionalidad del mercado en detrimento de la calidad de los servicios y de los intereses del público consumidor.

 

Los síntomas clínicos en dicho mercado son de consideración, si se conocen y comparan los resultados y políticas que se adoptan en regiones auténticamente avanzadas del planeta. Apenas el miércoles de la semana pasada, la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, dio a conocer la resolución por medio de la cual se declaró improcedente la solicitud que proponía la toma de control de “O2” de Telefónica por parte de CK Hutchison, operador de “Three”, por medio de la cual se disminuiría a tres, el total de cuatro competidores existentes en el mercado de la telefonía celular (junto con Vodafone y EE de BT).

 

De manera ejemplar, la Comisión dictó su resolución en función de los efectos que la medida podría producir en el mercado y por cuanto a la participación económica que a cada uno de los agentes competidores participantes pudiera corresponder, pero más aún, por la afectación de los intereses que atañen a la calidad y el precio del servicio que acaba pagando el consumidor.

 

Es una visión de gobierno que persigue el objetivo primordial de todo servicio público, que si bien podría haber quedado previsto e inmerso en el anterior artículo 191 de la Ley de Telecomunicaciones que hemos citado, ha quedado significativamente corto: el individuo.

 

 

 

Espíritu Pre-olímpico

Antonio Cuéllar | Martes 3 de mayo, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

No existe evento alguno en el planeta que tenga mayor relevancia que los Juegos Olímpicos.  Desde que tuvo lugar la primera olimpiada de la era moderna en 1896, con tres excepciones durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, cada cuatro años se reúnen los atletas mejor preparados de todos los rincones de la tierra con el objeto de competir y ganar la máxima presea a la que cualquier deportista pueda aspirar: la medalla olímpica de oro.  Es esa característica cualitativa de las olimpiadas lo que las convierte, también, en un espectáculo cuya transmisión televisiva constituye un objeto preciado, altamente codiciado, por la garantía de patrocinios ligados a un sinfín de marcas y signos comerciales que aprovechan el cautiverio del televidente.

 

Fuera de los problemas de discriminación y dopaje, quizá la puja por el precio de los derechos televisivos para la transmisión de cada olimpiada constituye una de las facetas obscuras más distintivas en las que se ve involucrada la organización de dicha justa; y es que la cantidad a la que llegan a ascender las ofertas acaba siendo de extraordinaria consideración: la NBC de los EEUU ofertó 7,560 millones de dólares por los derechos de transmisión de los Juegos de verano e invierno desde 2014 hasta 2032.

 

El pago de tales patrocinios constituye un elemento necesario para la subsistencia de la competición más importante del mundo, si se toma en consideración que es este el mecanismo de recuperación de costos más sustancioso con el que cuenta el Comité Olímpico Internacional.  El costo de las pasadas olimpiadas de Londres 2012, ascendió a 14,147 millones de dólares, sin tomar en cuenta la inversión en infraestructura.

 

La difusión televisiva de los juegos olímpicos constituye un elemento fundamental de información que interesa y del que se debe privilegiar toda la ciudadanía.  En la medida en que la radiodifusión ocurra a través de canales de televisión abierta, el aprovechamiento de la señal acaba siendo gratuito para el televidente, y sólo oneroso para los anunciantes que pagan por aparecer.  Ver los Juegos Olímpicos por televisión ha sido, desde 1956 cuando se transmitieron por primera vez a nivel internacional, el entretenimiento familiar de carácter universal por antonomasia.

 

La semana pasada se vino replicando una nota por medio de la cual se pregona que Televisa y TVAzteca no transmitirán los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, en virtud de que los derechos necesarios fueron adquiridos por Claro Video, en asociación con Telmex, que los difundirán de manera “gratuita” a través de una plataforma abierta por Internet (gratuidad relativa, en la medida en que se necesita un ordenador e Internet de alta velocidad, como el que ofrece “infinitum”, para poder ver Claro Video).  Los derechos de transmisión también se compartirán con la televisión pública, a través de los canales 11 y 22.  Por lo menos en el caso de México, podríamos decir que esta será la primera olimpiada que habrá de difundirse, ya no por televisión, como tradicionalmente ha sucedido, sino por Internet.

 

Curioso resulta, desde luego, el hecho de que la puja para obtener los derechos por parte de Claro Video haya acontecido en el mismo proceso al que comparecen las televisoras del mundo.  Interesante resulta también, que la nota periodística refleje la afectación directa e inmediata que esta nueva tenedora de derechos, asociada con Telmex, causará a las que todos considerarían sus abiertas competidoras, las concesionarias de televisión abierta.

 

Y todo lo anterior se califica como curioso e interesante, porque siendo ostentoso que la transmisión en vivo de las olimpiadas a través del Internet viene a implicar un golpe contra de las televisoras, Telmex ha insistido vehementemente en que dicho servicio ofertado no es televisión y que, en esa medida, no transgrede el apartado de su título de concesión en el que expresamente se le prohíbe prestar servicios televisivos.  Si la difusión en vivo de los Juegos Olímpicos no es televisión, cuando sí lo es para el resto del mundo, entonces necesitaremos un nuevo diccionario para entender, ¿Qué sí es?

 

En la reforma constitucional de telecomunicaciones se concedió al Ifetel una nueva calidad de autoridad reguladora de la competencia económica en el ámbito de las telecomunicaciones.  Con esa nueva calidad, el Instituto declaró a Telmex como agente preponderante, y le impuso medidas asimétricas que permitirían a los otros competidores en el mercado convergente de telecomunicaciones, tener una mayor participación que serviría para contrarrestar los efectos perniciosos de esa presencia monopolística de la telefónica, que arroja un sobrecosto en telefonía pagada de más de 27 mil millones de dólares al año a cargo de los consumidores.

 

A pesar de que el flamante regulador hace gala de sus facultades al denegar a la telefónica una modificación a su título de concesión, sino hasta después de que revise las acciones emprendidas y ejecutadas para lograr la desagregación de redes, según mandato especial que proviene de la declaración de preponderancia, la transmisión de los juegos olímpicos demuestra con meridiana claridad la manera en que los invitados se están metiendo a la fiesta por la puerta de atrás.  En la medida en que no exista un reforzamiento de las acciones del Estado para garantizar una competencia efectiva en el sector, subsistirán las condiciones que impiden la llegada de mejores ofertas de telecomunicación, con mejor tecnología y a mejores precios para los mexicanos, en toda la gama de servicios que este mercado trae aparejado.

Dinamismo demográfico y contaminación

Antonio Cuéllar | Martes 19 de abril, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

 

 

A pesar de las precipitaciones pluviales y de la disminución de vehículos en circulación, la calidad del aire hasta estos días en que empieza la semana se mantiene en condición de “mala”, de acuerdo con los índices de calidad del aire que da a conocer la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Las opiniones y propuestas que se plantean giran siempre en torno del mejoramiento de la movilidad, y no toman en cuenta que la posible salvación la tiene el gran acuerdo que debe encabezar la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

 

Es acertada la afirmación de todos aquellos que avizoran el inminente descalabro del programa “hoy no circula”, si de la mano no se habilitan alternativas para que los capitalinos puedan transportarse de un sitio a otro.  Es también atinado el planteamiento de que la reglamentación de tránsito que obstaculiza el flujo vehicular deviene en un factor que incide negativamente en la atmósfera de la Ciudad de México y que, por consiguiente, debe de cambiarse.

 

A pesar de la precisión de todos los puntos de vista que se intercambian estos días, no encuentro ninguno que atienda a una causa primordial de entre las distintas que generan nuestra desventura, la concerniente al incremento de la población en la zona conurbada del Valle de México y el desbordado crecimiento de la mancha urbana.

 

Si bien es cierto que, propiamente, el dinamismo en el crecimiento de la población de la capital disminuyó y permitió que el número de habitantes se contuviera en razón de 8.9 millones, que discrepa sólo en .7 millones con relación a los que existían en 1990, dicha constante no se observa con relación a la dinámica de los municipios conurbados del Estado de México, que refleja un incremento de más de cinco millones de habitantes, al pasar de 6.8 millones en 1990 a alrededor de 12 millones en esta época; una explosión que lógicamente no se puede contener.

 

La razón anterior lleva a suponer que la implementación del programa vehicular que ahora nos aqueja deviene absolutamente insuficiente, en la medida en que el número de automotores circulando ha crecido desproporcionadamente con relación al que existió en 1989 cuando primero se concibió.  De haberse tenido 1 millón 538 mil automotores registrados en circulación en 1989, hacia 2014 ya se tenían 4 millones 421 mil vehículos, lo que significa que, aún dejando de circular una quinta parte de estos últimos, el número remanente en circulación es muy superior al que existía cuando la medida gubernamental se echó a andar.

 

La solución no puede hallarse en la imposición de medidas unilaterales que incomodan a la población y en poco benefician a la movilidad digna que todos los ciudadanos demandan y están esperando, sino en la adopción de programas integrales de desarrollo que detonen un movimiento migratorio que permita el desfogue poblacional hacia otros polos que, para dicho propósito, deben prepararse.

 

Desde la SEDATU, Rosario Robles su titular puso en marcha un nuevo programa para dar a conocer la nueva visión de México en torno del desarrollo sustentable, a través del cual plantea cómo el crecimiento urbano debe de permitir la transformación de las ciudades y la creación de entornos seguros e incluyentes.  Con miras a la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas Hábitat III, que tendrá verificativo en Ecuador, se planea el diseño y vigencia de nuevas leyes que reflejen esta política y la visión innovadora de esta administración.

 

Puede parecer formidable que se impulsen nuevas leyes, como probadamente lo ha venido realizando la administración del Presidente Enrique Peña Nieto;  sin embargo, la disminución de la contaminación no podrá tener lugar con motivo de la expedición de una nueva norma general, sino con la implementación de políticas públicas inmediatas que no están supeditadas a reforma alguna, o por lo menos, con la pronta determinación de no impulsar otras que provocan el efecto contrario: el caos que tanto nos aqueja.

 

En lugar de que se valorara la descentralización de la Ciudad de México y la generación de desarrollo urbano en otras latitudes dentro del territorio nacional, todo se planea en sentido opuesto; para muestra un botón: el nuevo Aeropuerto Internacional.  En efecto, en lugar de que la planeación del desarrollo aeroportuario viera por la conectividad entre aeropuertos cercanos, ubicados en las localidades adyacentes a la capital, se pensó en la construcción de un nuevo aeropuerto significativamente más grande, que atraerá un número mayor de visitantes a la ya superada y agotada Ciudad de México.

 

El Gobierno de Miguel Ángel Mancera, se empeña en regalar dinero a la gente a través de programas populares, que no producen otro fenómeno sino el de atraer como imanes a personas de la tercera edad o, como ahora se ve, mujeres que estén apunto de dar a luz. La semana pasada repartió cinco mil tarjetas con un monto mensual de 400 pesos para la compra de productos para bebés recién nacidos, como parte del programa “Bebes Seguros”. Evidentemente, esa visión clientelar del gobierno de la Ciudad, genera votos, pero podría provocar un fenómeno demográfico que contraviene los intereses de la ciudadanía asentada en la misma capital, en función de sus propias capacidades urbanísticas.

 

Para disminuir la contaminación se podría valorar la reubicación de oficinas gubernamentales e industria local, cuyo ámbito de desenvolvimiento y vocación pudieran encontrarse directamente relacionadas con otros puntos geográficos y económicos de México, lo que automáticamente se traducirá, también, en la movilización de un número importante de personas.

 

Por citar algunos ejemplos, ¿Acaso no podría pensarse en la movilización de la Secretaría de Agricultura a la capital de Sonora, en donde se ubica el mayor polo de desarrollo agropecuario del país; o de la Secretaría de Turismo a Guerrero o Quintana Roo, en donde se ubica el mayor número de hoteleros y de demanda turística nacional; o de la nueva Secretaría de Cultura a Guanajuato, y motivar el crecimiento de las artes en la forma en que a través del Festival Cervantino se ha venido promoviendo a lo largo de los años? Pensar en la generación de incentivos fiscales que provocaran la descentralización industrial de la zona conurbada no precisa de la aprobación de nuevas leyes.

 

Las estadísticas nos demuestran una correlación directa entre el dinamismo demográfico y la contaminación ambiental que tanto nos perjudica.

 

 

 

La utópica presunción de inocencia

Antonio Cuéllar | Martes 12 de abril, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

 

Inculpado se le llama a aquel sujeto de quien se tiene la sospecha de haber cometido un delito y a quien se le acusa por la misma razón. Nuestro sistema jurídico reconoce el vocablo y lo incorpora tanto a nivel constitucional, como en el orden de las normas procesales de carácter penal.

 

Un elemento esencial de equidad que prevalece como regla invulnerable en el ámbito nacional e internacional, tiene que ver con el privilegio que debe concederse a toda persona, acusada de la comisión de un delito, de hacer valer una defensa adecuada a sus intereses, con la certidumbre de que siempre se le presumirá inocente, hasta que en el proceso acusatorio correspondiente se llegue a comprobar lo contrario.

 

En las reglas que se deben observar para la tramitación y resolución de todo juicio, existen normas específicas que tienen que ver con la admisión y la valoración de pruebas, sin las cuales ningún tribunal podría llegar a conocer la verdad sobre las acusaciones y defensas que formulen las partes contendientes.  La primera norma esencial relativa a esta materia, tiene que ver con la calidad legal de las pruebas rendidas: no es admisible en juicio ninguna prueba ilegal, entendiéndose por ella la que fuera contraria a derecho por su propia naturaleza, o la que igualmente se hubiera obtenido a través de métodos prohibidos por la ley.

 

A lo largo de estos días se ha hablado incansablemente sobre la responsabilidad que debería fincarse en contra de políticos, empresarios y personajes conocidos a nivel internacional, con motivo de la revelación de información privilegiada que fue concebida, desarrollada o confiada al despacho especializado Mossack Fonseca, en Panamá, relacionada con la confección y puesta en marcha de complejas estructuras corporativas encaminadas, supuestamente, al lavado de dinero o la evasión fiscal. La noticia ha sido una cubetada de agua helada que ya cobró una primera víctima: el primer ministro de Islandia, que ha presentado su renuncia al cargo.

 

Más allá de los pormenores relativos a la veracidad de la información, es el método conforme al cual viaja la información el que debe llevarnos a reflexionar sobre la nueva perspectiva que estas circunstancias imponen, por la vía de hecho, a la presunción de inocencia que reconocen todos los sistemas jurídicos del mundo.

 

Pareciera que el planeta está ávido de encontrar culpables y de dar credibilidad absoluta a las malas noticias, sin importar incluso la manera ilícita en que la información compartida se hubiera obtenido.  Con independencia de las cartas que las autoridades fiscales y encargadas de la investigación de delitos en el ámbito financiero internacional, hayan de tomar en el asunto de los Papales de Panamá, lo cual indiscutiblemente deberá llevar a la cárcel a un número importante de personas que pudieran quedar identificadas y vinculadas con actividades de carácter ilícito, debe de reconocerse que, legalmente, los datos proporcionados por la prensa fueron obtenidos a través de causes y métodos prohibidos por la ley. ¿Porqué ha de aceptarse tal acusación?

 

Los esquemas de ingeniería financiera y jurídica para la realización de negocios a nivel mundial, son actos perfectamente válidos, socorridos y necesarios para garantizar el flujo de la inversión de manera sólida y segura para los dueños del capital.  Socavar la validez jurídica y la necesidad empresarial del alter ego que representan las personas morales, en el ámbito económico mundial, implicaría un duro golpe para los negocios que no podría encontrar una justificación proporcional en el escándalo periodístico de la semana pasada.

 

Sin embargo, es lógico suponer que si los nombres aparecidos corresponden a servidores públicos, la acusación difícilmente podría llevar a la identificación de una fuente legal de financiamiento de inconmensurables fortunas amasadas por individuos que no tienen por ocupación principal la comercial y empresarial.  El problema que se apunta, no obstante, obedece a que, al lado de los anteriores, aparecen también vinculados sujetos que sí realizan actividades legales, perfectamente válidas y corporativamente necesarias, que sufren la consecuencia que atañe al mismo juicio incauto de la opinión pública, que no se detiene a pensar en las diferencias esenciales existentes entre uno y los demás casos. El desprestigio inmediato deviene irreversible. ¿Cómo cuidar a favor de ambos –porque en este caso no puede haber distinción–, la presunción de inocencia que prevé el derecho y que nace en la razón?  La experiencia que nos deja el affaire de los Papales de Panamá, pone en evidencia la fragilidad real de la presunción de inocencia, en la época del intercambio fugaz de información.

 

Seguir en el camino que se abre y se demuestra ante la red mundial de la comunicación, en el de la validez absoluta de la palabra de los comentaristas y los medios, sin recato ni respeto por los derechos primarios que tradicionalmente nos hemos reconocido, conlleva un alto riesgo que puede tener funestas consecuencias: el del enjuiciamiento ciudadano sin miramiento de la debida defensa.  Impedir el intercambio de la información para privilegiar la presunción de inocencia de las personas, entrañaría el riesgo mayor de soslayar silenciosamente el ocultamiento de un modo de conducción política y gubernamental, propio de nuestra época, que perjudica a la ciudadanía y altera los principios conforme a los cuales deseamos y deberemos de convivir en el futuro.

 

La cuestión estriba en dotar al inculpado de la oportunidad pública, inmediata, de expresar una defensa que sea no sólo legal, sino también socialmente válida y justificada, una vía que le permita evadir el quebrantamiento de la presunción de inocencia, por una opinión arrebatada de una ciudadanía que, para los efectos señalados, muchas veces elude la complejidad de entender los tecnicismos y entramados de cualquier explicación dada.

 

Otrosí digo

Sinvergüenzas, los que sabiendo el estado en que se encuentra la contaminación del aire de la Ciudad de México, tienen la perversa ocurrencia de organizar marchas en las calles; o los que debiendo imponer el orden y hacer prevalecer la ley, para cuidar la vida y la salud de quienes respiramos el aire de la capital, sencillamente no hacen nada.

 

 

 

Combate a la “contraminación”

Antonio Cuéllar | Martes 5 de abril, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

La molestia que ocasiona a los conductores el nuevo programa “No Circula”, arroja una avalancha de interesados en promover el juicio de amparo como un mecanismo de contrapeso que, eventualmente, les permita seguir gozando de la comodidad del vehículo privado para acudir al trabajo. Así sucedió la última vez, cuando el GDF pretendió imponer el último programa que prohibía el uso de automotores viejos dos días a la semana y la SCJN lo declaró inconstitucional.

 

No cabe la menor duda de que el programa y sus consecuencias, al provenir de una autoridad y dirigirse a nosotros, los gobernados, en forma obligatoria y sin concedérsenos la oportunidad para aceptarlo o rechazarlo, en su caso, actualiza los supuestos que establece la Ley por virtud de los cuales se puede promover un juicio de amparo. Sin embargo, una cosa es promoverlo y otra, muy distinta, que prospere.

 

Ya la Corte se pronunció en contra del programa anterior y estableció que la prohibición impuesta a los propietarios de vehículos antiguos, por el solo hecho de serlo, era inconstitucional, por inequitativa, pues no miraba por la causa generadora de la prohibición misma, que era la emisión de contaminantes. Acaso ¿no sería inequitativo también que ahora se impida a los propietarios de vehículos nuevos circular cuatro días al mes, igual que los propietarios de vehículos viejos, siendo que ellos contaminan menos? Podría ser igualmente inequitativo. No se está dando un trato desigual entre desiguales.

 

En esa línea de discusión podríamos mantenernos perpetuamente. La verdad de las cosas es que es muy probable que, ante la problemática ambiental acontecida, los tribunales, de llegarse a pronunciar sobre este tema, reconozcan que en el caso de la prohibición generalizada en función del número de placa, ese principio de equidad no habrá sido violentado en forma alguna.

 

Pero con independencia de eso, lo cierto es que quienes tengan la idea de consultar a un abogado para promover dicho medio de defensa deben saber de antemano algo que, quizá distintos asesores en esta materia, por un oscuro e inmoral interés económico propio, podrían ocultar: la temporalidad del programa podría dejar sin materia del juicio y, en ese sentido, impedir que los jueces realmente se lleguen a pronunciar al respecto. Si el programa deja de estar vigente, no habrá tiempo suficiente para que el juicio se integre y se dicte una sentencia de fondo.

 

La medida de suspensión que podrían solicitar al inicio del juicio debería de negarse, por la naturaleza misma del bien público que el programa persigue: impedir el empeoramiento de la calidad del aire y la propagación de enfermedades respiratorias que la contaminación produce.

 

De esta suerte, es muy probable y puede adelantarse que ese juicio de amparo, de llegarse a promover, no vaya a prosperar, como tampoco aconteció cuando en sus orígenes, el mismo programa fue combatido por la misma vía. Se trataría de posibles juicios de amparo que nazcan muertos.

 

Resulta indiscutible que las autoridades, anteriores y en ejercicio, locales o federales, han tenido errores graves por acción o por omisión, tratándose de la implementación de políticas efectivas y eficientes de movilidad y prevención de la contaminación a favor de la población, y por eso deben ser merecedoras del reproche generalizado del que hoy están siendo víctimas.

 

Sin embargo, dejando a un lado, no sin ser severamente críticos, las torpezas y desatinos de los servidores públicos en este campo, debemos de hacer un análisis autocrítico sobre la reacción de la sociedad ante una problemática que nos concierne a todos.

 

La catástrofe ambiental que se está gestando es tan atribuible a las autoridades por su carencia de visión para la resolución del problema, como también, en primer lugar, a todos los que por el uso de nuestros vehículos, contaminamos. Los que provocamos la contaminación somos todos los que conformamos nuestra sociedad, por el mantenimiento de un estado de confort que, en un caso de emergencia, se debe de abandonar, temporalmente o para siempre. Además de que las autoridades asuman la responsabilidad de mejorar las opciones de movilidad, debemos dejar de contaminar.

 

Es la razón anterior la que nos debe llevar a reflexionar sobre la mala decisión de promover un medio de defensa que vulnere la viabilidad de una política pública que nos beneficia a todos, por el carácter poco solidario y consciente de la posición que en forma común, todos los afectados debemos sostener; porque la idea del amparo pone en evidencia ese egoísmo y falta de coordinación que tanto daño nos hace, y que hoy más que nunca se necesita –incluso para materializar las consecuencias que pueda desencadenar el reproche justificado contra quienes han tomado las decisiones erradas en el ámbito del ejercicio público–. Es ese el sentido del encabezado de esta publicación: amparo contra mi nación; la pretensión de obtener una protección de la Justicia…para seguir contaminando.

 

Es un buen momento para actuar, para replantear opciones en el ámbito del trabajo y la educación, y aprovechar al máximo la tecnología de la información, trabajo de oficina desde el hogar (que ya reconoce la Ley Federal de Trabajo), uso eficiente del transporte escolar y coordinación de transporte en familia; reparto de mercancías en horas no contaminantes; mejoramiento de las plataformas y aplicaciones para el uso de transporte público (como uber), entre otras. Son muchas las acciones que podemos emprender para dejar de contaminar, sin que para ellas dependamos de una autoridad. Debemos de convertirnos, también, en una sociedad civil organizada.

 

 

A quienes sí, o no, se les debe de exigir la tres de tres

Antonio Cuéllar | Martes 29 de marzo, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

 

Esta semana aparecieron notas que criticaron severamente la tardanza en que han incurrido los Asambleistas de la capital, al no haber suscrito y cumplido la iniciativa tres de tres, que los conmina a presentar sus declaraciones públicas sobre percepciones, pago puntual de obligaciones fiscales y revelación de conflictos de interés. ¿De verdad es imperativo y conveniente imponer a nuestros representantes parlamentarios tales exigencias?

 

Me doy cuenta de que ante irrefutables evidencias de corrupción por parte de distintos actores de la política, local o federal, no habría ser humano que en esta época se atreva a sustentar una tesis o posibilidad opuesta a la iniciativa; sin embargo, no es sensato pasar por alto la necesidad de reflexionar de manera honesta y profunda sobre sus alcances. El rol de los legisladores, presas que aparecen constantemente en la mira de los cazadores de la opinión pública, constituye un elemento de particular inquietud.

 

En el contexto del combate implacable contra la corrupción, entiendo perfectamente la importancia de la iniciativa y la suscribo. Sin embargo, debo aclarar que la comparto en el marco del universo de requisitos legales que se deben imponer y hacer exigibles a los servidores públicos que, por sus responsabilidades, tal información resulta necesaria y pertinente. Aquellos a quienes por mandato jurídico les asiste la atribución de ejercer el gasto público, debería evidentemente obligárseles a rendir una cuenta permanente que corrobore un mejoramiento presupuestal personal, o de sus allegados, conforme a sus ingresos lícitos comprobables. Aún así, ¿debe de hacerse público?

 

No obstante, lo cierto es que no todos los servidores públicos tienen un ámbito de desarrollo competencial que se vincule con la administración financiera del Estado, ni mucho menos se encuentren relacionados con el manejo de los bienes y patrimonio del Gobierno en cualquiera de las esferas en que se conforma. Existen algunos de estos que tienen una ingerencia administrativa suficiente para permitir la asignación de autorizaciones, concesiones o privilegios a favor de los particulares, con representatividad económica importante, que igualmente podrían ser sujetos de corrupción de una especie diversa, pero ¿debe de tratarse igual a todos aquellos que no tienen bajo su tutela tal encargo?

 

La reforma constitucional en materia anticorrupción, que toca ámbitos sensibles de la vida pública de la Nación, ya se ocupa de la necesaria publicidad de la declaración patrimonial de los servidores públicos en los distintos ámbitos en que se conforma el Gobierno de la República, en los niveles federal, estatal y de la Ciudad de México. Serán las leyes secundarias que expida el Congreso General, como las que definan los Congresos de los Estados, las que especifiquen cuáles serán las formas y alcance de los deberes administrativos que deban cumplir tales trabajadores al servicio del Estado.

 

A pesar de la claridad que habrán de tener las leyes al respecto, que seguramente no dejarán escapar ninguna liebre del canal, insisto en que la publicidad de las declaraciones puede ser, no solo ociosa, sino inclusive perjudicial en la arena de la representación política nacional: el Legislativo.

 

Los legisladores son representantes políticos del pueblo de México, a quienes corresponde la obligación constitucional de entender los problemas del acontecer histórico de la Nación, traducirlo en normas generales, discutirlas y aprobarlas colegiadamente antes de que se conviertan en leyes, obligatorias para todos quienes se colocan en los supuestos que las conforman.

 

Los legisladores no tienen una responsabilidad directa en el manejo presupuestal, y sí en cambio tienen una representatividad política natural por parte de quienes los eligen o a quienes suponen representar.  ¿Puede haber conflicto de interés por parte de un representante del legislativo?  Esencialmente no debe de haberlo, porque propiamente, la discusión parlamentaria propone eso: el contraste y confrontación de los distintos intereses que intervienen en los conflictos sociales que las normas generales deben resolver.  Los trabajadores, los patrones, los maestros, los empesarios, los universitarios, las organizaciones ambientalistas, las mujeres, los medios de comunicación, todos los distintos sectores que conforman la vida política, económica y social de México. En esa calidad, debería decirse que todos los legisladores tienen un interés.

 

Precisamente, para resolver el tema de la subjetividad de la perspectiva desde la que se discute una ley, la Constitución prevé que la discusión parlamentaria, como una fase obligada del proceso legislativo, debe de llevarse a cabo en un órgano colegiado y, además, bicamaral. La necesidad de que el Congreso Federal se vea depositado en quinientos diputados y ciento veintiocho senadores obedece a esta circunstancia específica.

 

La imposición de la obligación legal de declarar si existe un conflicto de interés por parte de un legislador resulta inútil, ociosa y, en el peor de los casos, contraproducente, porque deteriora innecesariamente la imagen pública que de ellos se debe de tener, e inhibe la participación parlamentaria de quienes conocen desde dentro la posición política de los muchos, muchísimos grupos de interés que componen el amplio mosaico en el que queda pintada la sociedad a la que pertenecemos. Sería infinitamente más útil que se exigiera la acreditación de la capacidad jurídico-parlamentaria del aspirante, como requisito subjetivo mínimo por parte de quien deberá llevar a cabo la función.

 

La situación particular a la que aludimos se agrava cuando a quien, no manejando o ejerciendo recursos presupuestales, se le exige presentar una declaración patrimonial.

 

Hay quienes dicen que los legisladores deben cumplir un mandato limitado de tres años, y los que insisten en que tales representantes deben hacer pública su declaración patrimonial. Las posiciones son contradictorias. Si en verdad la participación legislativa debe de entenderse y apreciarse como un servicio a la patria, momentáneo, ¿quiénes habrán de estar calificados para llevar a cabo dicha tarea si la condición para llevarla a cabo es poner en riesgo su patrimonio y hasta su integridad, haciendo público el estado de su riqueza? Piénsese que quien pueda cumplirlo, tendría que renunciar tajantemente a los sacrificios de su desarrollo personal, que muchas veces duran una vida entera o son resultado del esfuerzo de varias generaciones.

 

Insisto en que hay servidores públicos que, por su función, están lógicamente conminados a rendir cuenta de sus actos. Sin embargo, los legisladores tienen una función distinta, lo mismo que quizá los jueces. Si deseamos que los mejores profesionistas, los mejores empresarios, los mejores maestros, trabajadores, estudiantes universitarios, artistas o quien quiera que pueda tener la mejor representación social ocupe las curules de los órganos legislativos del país, no podemos imponerles una carga administrativa que por su solo alcance, muchos no estarían dispuestos a observar, aún y cuando su comportamiento sea inmaculado.

 

Bajo ningún motivo se debe despreciar el esfuerzo ciudadano que se ve materializado en la iniciativa que se ha propuesto; sin embargo, es menester que, en la discusión y aprobación de tal impulso social, se medite sobre sus desenlaces y sobre la lógica racionalidad que deberán observar quienes tengan bajo su mano la responsabilidad de aprobar o desechar tan impetuoso intento por erradicar la oprobiosa corrupción que nos consume.

 

 

El incontenible progreso del entretenimiento de paga

Antonio Cuéllar | Miércoles 23 de marzo, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

 

De la mano de la inagotable agenda de los derechos humanos, llegó el inherente a la información, que le permite a todo individuo tener la prerrogativa y el privilegio originario a ser y estar adecuadamente informado de todo lo que sucede todo el tiempo, particularmente con relación a la intrincada vinculación que tiene con sus gobernantes. Esta complejidad del conocimiento lleva a las personas a convertirse en buscadores incansables de contenido, y dentro de las plataformas existentes, a la más inmediata, por su accesibilidad y gratuidad, al de la televisión.

 

Existe una crítica añeja que se plantea en contra de las dos televisoras privadas, Televisa y TVAzteca, por su carácter hegemónico en el mercado de la televisión abierta, al ser las tenedoras de la mayoría de las concesiones para la operación de la televisión comercial del país.  Se ha dicho que acaparan la voz cuando se trata de la actividad vinculada con la información noticiosa.  Esa circunstancia produce dos efectos: el reclamo para que existan más competidores, y el fenómeno reflejo de perseguir una plataforma de contenido más plural e imparcial a través de la televisión de paga.

 

Según lo dijimos en este mismo espacio la semana pasada, ha correspondido al IFT decidir lo conducente a la continuidad de las acciones que derivan de la declaratoria de preponderancia en contra de algunos agentes económicos en el ámbito de las telecomunicaciones y de la radiodifusión. En las mismas condiciones se ha pronunciado sobre la preponderancia en el campo de la televisión de paga.

 

El tema es complicado, porque los aspectos técnicos inmersos en la resolución del conflicto no son pocos y son difíciles de entender, por el delgado grosor de la línea que divide los dos mercados a los que nos referimos. A pesar de que el entretenimiento que observa el espectador en el aparato receptor sea idéntico, la ingeniería financiera detrás de la industria que lo produce es muy distinta cuando se trata de distinguir entre televisión abierta y la televisión de paga. La gran interrogante tiene que ver con la manera en que el regulador pudiera actuar para fomentar una actividad económica competitiva, en la que a su vez se respete la función social de la radiodifusión y las telecomunicaciones en el campo del derecho a la información que a cada una corresponde.

 

La televisión abierta es una actividad de radiodifusión, y su viabilidad financiera está unida a la calidad y cantidad de anunciantes que se interesen en promover sus productos y patrocinar un programa, de acuerdo con el auditorio que la ve en un momento dado.  No hay más fuentes de financiamiento para la televisión abierta que la publicidad misma. Si bien es cierto que dicha actividad económica debe entenderse inserta en el marco de una concesión que expide el Estado, la conveniencia de que exista un número mayor de concesionarios obedece a la función social que a ésta se encuentra asignada, amén de que no puede existir un monopolio de una actividad concesionada, si el derecho primario para prestar el servicio lo constituye la explotación de un bien cuyo aprovechamiento se encuentra controlado.

 

La televisión restringida es un servicio de telecomunicación, esencialmente del mismo tipo que la televisión abierta, pero su fuente de financiamiento medular está relacionada con el número de suscriptores que paga por su instalación, que es a través de un acometido que proviene de una red física o la instalación de una antena especial para la recepción del servicio. Es también una actividad concesionada, pero el mercado al que pertenece es distinto del anterior, pues compite en contra de todos los otros medios de entretenimiento de paga que proporcionan al usuario una satisfacción similar: el de la recepción de audio y video asociados por demanda.

 

La limitación de las fuentes de sostenimiento y la identificación de los posibles competidores de los concesionarios de televisión, en sus dos versiones, son los factores que determinan el desarrollo y evolución del mercado, y de su propio futuro.

 

Si se debiera valorar la preponderancia de la televisión abierta, lógico sería que se ponderara el número de agentes contra quienes los concesionarios compiten en el mercado de la publicidad, como la que ofrecen el radio, las revistas, los espectaculares, los sitios de Internet o, en formatos más avanzados, la publicidad inteligente que ostentan nuevas aplicaciones, como Waze. Para efectos económicos, y no de su función social, sería insuficiente ponderar las condiciones existentes en el ámbito de la distribución de concesiones para la explotación de las frecuencias del espectro.

 

En la identificación del mercado relevante de las telecomunicaciones, entre las que se encuentra la televisión restringida, no puede soslayarse el papel cada vez más presente que vienen ocupando los servicios de descarga de contenido en Internet, que se aprecian y disfrutan en los mismos aparatos de televisión que ocupan los medios de televisión tradicional (abierta y restringida), como son los que ofrecen empresas como Netflix o Claro TV.

 

Se cuestiona en estos días la resolución adoptada por el IFT alrededor del mercado de la televisión de paga, y se insiste en la necesidad de que existan mayores competidores, pero en ese discurso se soslaya el papel creciente que ya vienen desempeñando los proveedores de Internet, como competidores evidentes de los sistemas de televisión restringida, y el espacio que estos mismos empiezan a ocupar en el mercado de la provisión del servicio de Internet.  A la postre, bien puede apreciarse cómo es que, este incontenible crecimiento del entretenimiento de paga, se perfecciona en mérito de la convergencia tecnológica como un nuevo mercado en el que, por la cantidad de proveedores que compiten entre sí, debe catalogarse como un ámbito económico abierto y con condiciones de competencia efectiva nada reprochables. La reforma de las telecomunicaciones funciona y va de la mano con nuestra realidad.