La contradicción del sentimiento

Antonio Cuéllar | Martes 6 de diciembre, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

Hoy aparece en la primera plana del Universal la predicción sobre el impresionante número de 10 millones de empleos que México llegaría a perder para el caso de que EEUU decidiera ejercer cualquier derecho que implicara suspender las prerrogativas que derivan del TLC.  Comparativamente, no tiene relación con los 4.8 millones de empleos que podrían perderse en EEUU, dado el número de fuentes de empleo que existen en ambos países.  El porcentaje que cada caso representa, dada la composición demográfica de cada país y el número de personas formalmente dedicadas a una actividad económico-productiva, arroja una pérdida del 20% de los empleos totales para México, frente a un escaso 3% de aquellos que componen la planta laboral total de nuestro principal socio comercial.

 

La sintomatología de nuestra enfermedad se debe de analizar de la mano con las estrategias que el gobierno del Presidente Donald Trump está avisando que llevará a cabo, el rumbo liberalizador de las actividades productivas con relación a un número importante de restricciones que el gobierno saliente había venido imponiendo, sobre todo desde el punto de vista fiscal, para solventar un número creciente de políticas públicas de carácter asistencial, especialmente relacionadas con la salud y el medio ambiente.

 

Se trata de una corriente que no surge de manera improvisada ni espontánea, sino de un plan que ha venido gestándose a través de todo un grupo de empresarios que soportan al Tea Party, ala radical del partido republicano que busca la imposición de una agenda realmente relacionada con un nuevo conservadurismo nacionalista. Una recuperación de fundamentos que pretenderían en su tesis más radical, la disminución de la participación de las actividades de gobierno al ámbito de la seguridad y protección de la propiedad privada, exclusivamente.

 

No se sabe cuál habrá de ser el final de la historia, pues ante la intención de China por modificar el escenario geopolítico mundial, no puede pasar desapercibido que los aliados naturales de los EEUU en el ámbito de aportación de la mano de obra competitiva, están en América Latina, y con los 3 mil 200 kilómetros de frontera que compartimos, México encabeza la lista. ¿Cuáles son los verdaderos intereses atrás del discurso que se ha venido soportando, sabiendo de antemano que su resultado no sería beneficioso para nadie?

 

El problema se puede empezar a dibujar el año entrante, pues con el inicio del proceso electoral que habrá de iniciarse en México, podríamos anticipar el surgimiento recalcitrante de una retórica que se empeñará en utilizar el nacionalismo y nuestro propio orgullo como camino para levantar con meridiana facilidad las simpatías de un electorado que, poco avispado, busca en esas palabras un alivio ante los desequilibrados oprobios de los que ha sido sujeto a lo largo del último año.

 

El populismo puede tener vertientes que, apoyadas en las causas humanas más esenciales, puede encaminarse a la construcción de un gobierno más libertario o más totalitarista.  Ejemplos existen muchos, pero dictaduras de izquierda o de derecha, apoyadas en el patriotismo y la libertad de los pueblos, se han gestado en todas las latitudes. Tenemos gobiernos de ultraderecha como los de Franco o Pinochet, o de ultraizquierda, como los de Castro o Chávez.

 

El populismo que permea a lo largo de todo el orbe, Italia el más reciente, no es ajeno a nuestro país, y frente al embate que la retórica utilizada por el Presidente Donald Trump ha venido a significar en el ánimo de todos los mexicanos, nos encontramos ante el peligro del uso de los sentimientos antiyanquis más elementales para lograr la simpatía del electorado.  Y ya se escucha el grito de “se los dije”, y la proposición adelantada que llevaría a suponer que la estrategia del enfrentamiento y el rompimiento de relaciones con nuestros actuales socios comerciales, sería la mejor independencia de México y el mejor llamado para la recuperación de nuestro adolorido mercado interno; pero, ¿A dónde nos llevaría esa estrategia?

 

Si en el ánimo de todos los mexicanos está el de conservar nuestros empleos, el de mejorar nuestras condiciones económicas y de vida, el de consolidar nuestro estado de derecho, entonces sería válido suponer que se necesitará impulsar políticas que materialicen una más eficiente competitividad productiva nacional.  Es el momento apremiante en el que trazar caminos para modernizar al país en términos de eficiencia productiva se convierte en el llamado a la razón más evidente.

 

Ante la eventual pérdida de empleos o la posible dificultad para generarlos, cualquier inversionista esperará encontrar facilidades para el capital que catapulten las exportaciones y sus resultados.  Ahora, más que nunca, es que se debe pensar en el impulso de políticas públicas encaminadas a contrarrestar la potencial disociación comercial con Norteamérica y la necesidad de convertir a México en un nuevo polo de desarrollo global, por la ventaja de su capacidad productiva y su marco jurídico para la inversión.  Ante la pérdida de atractivo por su localización geográfica frente al mercado más grande del planeta, nos urge demostrar la superioridad que tiene nuestro país por sus recursos, por la certidumbre de su sistema jurídico, y por la disposición y entrega de su capital humano (nuestros logros en el ámbito de industrias modernas, como la aeronáutica, la electrónica o la automotriz lo demuestran).

 

Vendrán otra vez las campañas electorales, pero deberemos ser cautelosos ante la explotación irracional del sentimiento que el sistemático ataque de la retórica estadounidense pudiera desprender en nuestro pensamiento, pues es precisamente en sintonía con las políticas encaminadas a la productividad que tenemos que alinear nuestro esfuerzo, por antagónico y contradictorio que pueda parecer dicho llamado.

La mexicanidad

Antonio Cuéllar | Martes 29 de noviembre, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

Contemplamos impávidos el crecimiento de las muestras de odio y discriminación contra mexicanos, asiáticos, musulmanes, homosexuales y todos aquellos que no tienen los atributos exteriores propios de esa clase cuantitativamente superior que decidió el proceso electoral de los EEUU.  Ya la cancillería habla de un plan de atención a favor de nuestros compatriotas, y otros más deberán surgir para hacer frente al reto de dar cabida, en la magra fila del subempleo, a los miles de mexicanos que probablemente emprenderán un camino de regreso a partir de enero. ¿Qué planes deben diseñarse para hacer frente a lo que, de concretarse, podría significar uno de los mayores quebrantos económicos de la historia de América del Norte?

 

La desigualdad constituye el lastre más antiguo y perjudicial que el país viene arrastrando desde su fundación. Es la disparidad racial o económica, -la condición que lleva a unos a sentirse superiores a otros-, la que fatalmente impide iniciar un proceso de colaboración social basada en un espíritu de fraternidad y de solidaridad que pueda redundar en beneficios generales para todos desde una perspectiva común.

 

Si queremos que cualquier plan de reivindicación de nuestro mercado común prospere, y sustituya y mejore la situación que actualmente venimos teniendo, es pertinente que el problema auténtico de la desigualdad nacional se logre dejar en el pasado.  No podemos escandalizarnos por las muestras de rechazo de la que son víctimas los mexicanos en el exterior, y ser absolutamente negligentes en el combate del mismo fenómeno dentro de la casa.

 

Resulta difícil concebirlo y mucho más aceptarlo, pero no podemos dejar de apreciar cómo, la moderación de ese desbalance histórico, ha logrado verse materializado en algunas épocas o eventos en las que nuestra sociedad debe enfrentar “enemigos” o circunstancias adversas que provienen del exterior.  La desaparición de nuestras diferencias raciales y de clase, vive durante la celebración de cualquier justa deportiva en la que vestimos un mismo uniforme; o se ve con toda nitidez ante la desgracia, como la que producen los terremotos y los eventos de la naturaleza que acaban con la vida o el patrimonio de los mexicanos.

 

Con esta idea en mente, presenté una iniciativa de ley que perseguía generar artificialmente ese concepto de adversidad exterior, un proyecto que buscaba enfrentar el terrible cáncer de la discriminación mediante el establecimiento de una obligación general infranqueable, siempre en el ámbito del trabajo a favor de la patria.  La propuesta valoraba la desaparición del servicio militar nacional y lo convertía en un servicio civil nacional obligatorio para todos. La complicada agenda del legislativo impidió que ese proyecto se llegara a discutir.

 

Las circunstancias históricas se adelantaron y el efecto externo que puede llegar a producir ese vínculo de unión, del que podrían llegar a derivar beneficios tangibles en términos de la solidaridad social y colaboración arriba mencionada, se halla más cerca que nunca.  Es, por así decirlo, un efecto ínfimo de carácter positivo que podría arrancársele al resultado electoral de nuestros hasta hoy principales “socios” comerciales.

 

Un programa nacional que debe arrancar para evitar esta dependencia comercial, tiene que ver con la erradicación de la corrupción y con la consolidación del Estado de Derecho, sobre los que hablaba el Presidente de la República en la reunión del Partido Revolucionario Institucional este fin de semana.  La sociedad lo pide.  Sin embargo, por importante e insoslayable que sea esa búsqueda de los exgobernadores responsables, a quienes deberá exigirse la rendición de cuentas y reembolso de los fondos sustraídos, el problema inherente a la corrupción diaria y cotidiana que afecta la conducción de la vida de todos los demás, la que mina igualmente la vida de la gente y que no está relacionada con los servidores públicos, habrá de continuar.

 

El plan de largo plazo debe comprender acciones que permitan la consolidación de un auténtico sentido de identidad nacional, mediante la protección de lo que somos y de lo que queremos llegar a ser.  El mismo factor que unió a toda una clase social conformada por gente blanca de mediana edad, mayoritariamente iletrada, debe de crearse y consolidarse en México, desde una perspectiva evidentemente positiva.  Pero eso constituye precisamente el plan en el que se debe trabajar.

 

La abolición de los tratados de libre comercio que México tiene suscritos no terminará con el malinchismo;  la incorporación de penalizaciones en la ley laboral no va a terminar con el ausentismo el lunes; la instalación de cámaras no erradicará la “mordida”.  El cambio sólo lo puede lograr la misma sociedad civil, en su propio fuero interior, por convicción.

 

Se necesitan acciones encaminadas a educar a la gente y lograr incidir en ese sentido de fraternidad que podría fortalecer a México desde dentro, de la misma forma en que Alemania y Japón lo hicieron, básicamente, desde siempre, pero más acentuadamente desde el final de la segunda guerra mundial.

 

Difícilmente un mexicano que desconoce su historia, que no conoce el territorio nacional, que no habla ni se viste como aquellos cogeneracionales contra quienes compite en su vida cotidiana, podrá tener el sentimiento de nacionalidad y la conciencia de colaboración social que se necesita para fortalecer a su propio país.  Se ha visto cómo la reforma educativa, la auténtica reforma estructural, podría llegar a generar ese tipo de conciencia colectiva; pero ¿cuánto tiempo deberá suceder antes de que tengamos la primera generación de “nuevos mexicanos”? Resulta particularmente paradójico ver cómo, en el escenario de adversidad internacional, podríamos estar ante la presencia de una auténtica oportunidad para alcanzar un nuevo pacto social, si primero tenemos la capacidad de verlo.

La reapertura del TLCAN

Antonio Cuéllar | Martes 22 de noviembre, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

A pesar de que existen analistas que anticipan la posibilidad de que el discurso se atempere y de que la xenofobia encausada pueda tomar rumbos menos agresivos a los que a lo largo de los últimos meses se vinieron percibiendo, una cosa es segura, y es que el ahora Presidente electo ha dado señales claras de que, el primer punto que contemplará su agenda económica, estará encaminado a definir una nueva estrategia de comercio con México.

 

El intercambio de bienes entre ambos países arroja en esta época un flujo de capital que suma los 500 mil millones de dólares al año, situando a los Estados Unidos de América, por mucho, como el primer socio comercial de nuestro país.

 

No cabe la menor duda de que el origen de este tránsito binacional de bienes y servicios obedece, en una muy buena medida, al Tratado de Libre Comercio que el Presidente Carlos Salinas negoció y firmó en diciembre de 1992, un acuerdo que ha traído a México un número de empleos que podría ascender a varios millones, por la sola comparativa entre los que existían hasta 1994 y los que hay hasta la fecha, en función del incremento de exportaciones (aunque el número más importante siempre ligado con los programas de maquila y siempre incuestionablemente deficitario con relación a los que se necesitan).

 

Se tratará siempre de un número comparable contra los cerca de 5 millones creados en los EEUU en actividades paralelas para abastecer la demanda que generan otros sectores de comercio con México y el resto de América Latina, justamente a partir del proceso de integración que a lo largo de las últimas décadas se ha venido viviendo en la región. ¿Qué hay detrás de este impulso discursivo?

 

Del fragor de las palabras proferidas por el hoy Presidente Donald Trump, toda la lógica nos conduciría a suponer que el ánimo de reapertura y renegociación del Tratado estará encaminado a reformar las áreas del acuerdo relacionadas con el desarrollo económico que más incide en la generación o conservación de fuentes de empleo, como la automotriz.  Habiéndose consolidado su campaña con el voto de las clases desfavorecidas del noreste de Estados Unidos, como las de Michigan y Ohio, el primer embate se dirigirá a recuperar una parte del poderío que otrora tuvieron los Estados Unidos en ese mismo segmento del transporte.  Sin embargo, ¿De verdad estará dispuesto el consumidor norteamericano a dar ese paso regresivo, especialmente en términos de precio, a favor de un bien que dentro de su cultura resulta esencial, como el automóvil?

 

Habría sido reparador escuchar un discurso defensivo del Tratado por parte del Presidente de la República y aplaudir una retórica más agresiva en pro del mantenimiento más firme de los compromisos internacionales asumidos por ambos gobiernos, pero seamos honestos, la debilidad de nuestra economía y la necesaria conservación del trabajo de miles de mexicanos, obligan al Titular del Ejecutivo a asumir una posición de política exterior más moderada y de conciliación.

 

Hoy debemos enfocarnos en anticipar qué es lo que sucederá ahora que el TLCAN vuelva a ser puesto sobre la mesa de negociación.  Una parte tendrá que ver con aquello que ya se discutió y que ha arrojado los resultados que hemos señalado anteriormente; otro, sin embargo, está relacionado con algunos ámbitos de nuestra economía que desde su origen quedaron excluidos.

 

Al firmarse el TLCAN se incorporaron reservas estratégicas que México hizo valer en el marco de las restricciones que su propio marco constitucional imponía.  En esas condiciones, ni las telecomunicaciones, ni tampoco la industria energética, eléctrica y de hidrocarburos, formó parte de la negociación de 1992.

 

El marco constitucional, sin embargo, ha cambiado y, si bien es cierto que existen ciertas restricciones de carácter constitucional con relación al papel que guardarán las empresas productivas del Estado tratándose de la generación y comercialización de la energía eléctrica, o la exploración y extracción de hidrocarburos, es pertinente hacer notar que no existen restricciones, ni con relación al tipo de personas con las que éstas pueden firmar contratos, ni tampoco con relación a la amplitud de actividades que los extranjeros pueden llevar a cabo en mercados o ámbitos de desarrollo paralelos (e.g. refinación y petroquímica básica).

 

La Ley de Hidrocarburos plantea la conveniencia de integrar a la cadena económica inherente a la exploración y extracción del petróleo a las empresas de nacionalidad mexicana mediante políticas de contenido nacional, pero dicha Ley no deja de estar, de acuerdo con el artículo 133 constitucional, por debajo de los tratados internacionales.

 

Todo haría suponer que las condiciones están dadas para que, de llegarse a reabrir el texto del TLCAN, nada impida que los ámbitos que en algún momento fueron objeto de legítima reserva por parte del Estado mexicano, queden abiertos a un nuevo flanco de ataque por parte de inversionistas estadounidenses y canadienses. Es muy oportuno iniciar el proceso de valoración de aquello que podría interesarles sobre este respecto, y adelantar la estrategia de defensa procedente.

 

Además de la fiereza con que la cancillería, las Secretarías de Economía y de Energía, y la propia Presidencia, deberán defender la soberanía energética del país, que podría verse amenazada en este nuevo proceso de discusión, estará a prueba la coordinación, la cooperación y entendimiento de quienes tienen la enorme responsabilidad de defender los intereses de la Nación en el campo de la política exterior: el Senado de la República.

 

Puede así llegar a surgir la apremiante y siempre conveniente necesidad de que entre los partidos se alcance un nuevo acuerdo, que no tendrá que ver con impulsar reformas que produzcan un nuevo efecto hacia el interior, sino más bien, impulsar una política de defensa hacia el exterior, que no pugne con el desarrollo, pero que sí salvaguarde los intereses que, desde la óptica más patriótica y eficiente que sea posible, defienda el propósito primordial de la reforma energética al artículo 27 constitucional: la de garantizar la mayor posibilidad de ingresos a favor de la Nación, que contribuyan a su desarrollo de largo plazo.

La impertinente regulación del intercambio de información

Antonio Cuéllar | Martes 1 de noviembre, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

Nadie podría poner en tela de juicio que el verdadero signo de la época que vivimos, que habrá de marcar el breve espacio de la historia al que pertenecemos, tiene que ver con el fulminante crecimiento de la información y de la tecnología que permitió su intercambio.  Cuesta trabajo recordar la velocidad a la que giraba el mundo hace tan solo un par de décadas, en el colofón del siglo XX, cuando se cruzaban apuestas sobre lo que sucedería al finalizar esa centuria y se vaticinaba sobre el colapso que enfrentarían los sistemas de computación, por el solo hecho de que la numeración digital estaba programada a dos dígitos y no había solución para el enorme reto de transcurrir del “99” al “000”.

 

El INEGI publicó en el mes de mayo las estadísticas que tienen que ver con el uso del Internet en México y su aprovechamiento en actividades que van mucho más allá de las redes sociales y el correo electrónico.  De 3 mil 200 millones de usuarios de la Red a nivel mundial, México aporta un total de 62.4 millones de internautas, 70% de los cuales tiene una edad inferior a los 35 años.  Un dato sintomático en torno al uso del Internet tiene que ver con el grado de preparación académica de quien lo utiliza, mientras más alta sea la escolaridad del usuario de que se trate, mayor será la penetración de las tecnologías de la información y la complejidad de su aprovechamiento.

 

Un comportamiento similar alrededor de la demanda del servicio puede apreciarse, obviamente, en función de la capacidad económica del usuario y el acceso a tecnologías a través de teléfonos inteligentes.  Dos de cada tres de los casi 80 millones de usuarios de telefonía celular cuenta con un aparato equipado para acceder a la Red, lo que acaba por convertirlo en el medio preferente para la descarga de datos e información a través del Internet.  Es evidente que el reto se presenta alrededor de cómo lograr una mayor preparación y capacidad económica de la población en general, como vehículos para acceder a las tecnologías de la información, con todo el impacto que en el ámbito de la sustentabilidad dicho modelo de vida traerá aparejado.

 

La evolución de esta tecnología ha provocado el nacimiento de las que llamamos “aplicaciones”, los programas computacionales diseñados para ser descargados en dispositivos móviles con la finalidad de obtener información que se utiliza exclusivamente a través del mismo dispositivo con propósitos específicos.  Dependiendo del tipo de plataforma que se utilice, las “aplicaciones” existentes ya se cuentan por millones: 2 millones 200 mil para Google Play, 2 millones para Apple, 669 mil para Windows store, 600 mil para Amazon appstore y 234,500 para BlackBerry World.  El ámbito en el que dichas aplicaciones puede ser aprovechado resulta imposible de numerar.

 

A lo largo de los últimos años hemos venido observando cómo el desarrollo de aplicaciones y la transferencia de la información incide de manera directa con ámbitos del desenvolvimiento económico tradicional en forma sumamente competitiva y sustitutiva, de modo tal que los beneficios que arroja resultan sorprendentes.

 

Mientras que en algunas épocas no remotas el costo de una llamada telefónica intercontinental resultaba verdaderamente cara y consiguientemente breve, aplicaciones como “skype” facilitan la comunicación alrededor del planeta a costos ínfimos y perfectamente sostenibles, si no es que prácticamente gratuitos y sin limitación alguna de tiempo, como Facetime.  Ese tipo de aplicaciones han servido para hacer de nuestro planeta un lugar infinitamente mas pequeño.

 

“Aplicaciones” recientemente desarrolladas bajo distintos nombres, han venido a modificar totalmente los hábitos en materia de transporte.  El uso y aprovechamiento de la información para identificar a un conductor y a un usuario, y aportar su geolocalización, favorecen el consenso para que las personas sean llevadas con seguridad de un sitio a otro, y el pago por dicho servicio sea eficazmente garantizado a favor de quien realiza dicho trabajo.

 

Además de la utilización de la información para la adquisición de bienes y servicios de innumerables bienes, a través de portales que superan en ventas netas a las tiendas departamentales más grandes y competitivas del mundo, las “aplicaciones” han venido a cobrar relevancia, inclusive, hasta tratándose de la consumación de relaciones sentimentales.

 

El aprovechamiento de la información puede alcanzar límites insospechados hasta ahora, en el campo de la educación, del ejercicio profesional, del comercio y prestación de servicios de todo tipo, lo cual transforma no sólo la experiencia de contratar en forma directa, evidentemente, sino la posibilidad de la gente para acceder a un empleo digno, la garantía de pago alrededor de cualquier transacción y la eficiencia en la localización de oferentes y demandantes de un bien o un servicio dado que, al identificarse por cuanto a su número y localización, convierten el funcionamiento de la economía en un fenómeno infinitamente más eficiente y, consecuentemente, más barato y accesible.

 

Son muchas las voces que, en función de las ventajas que estos medios ofrecen con relación a los ya establecidos, buscan empeñosamente su regulación y restricción.  Lógicamente, la tendencia de los poderes fácticos ya establecidos buscaría la equiparación de los agentes concurrentes a la misma situación y mismos desvaríos de aquellos que hoy ya ocupan un lugar en el mercado.

 

El reto que enfrenta el Estado tiene que ver con el difícil entendimiento de la situación novedosa de comercio y economía que la sociedad de la información está alumbrando, como en la prudente decisión que pronto deberá de tomarse, para comprender que ante las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías, la regulación estatal podría resultar no solamente innecesaria, sino claramente contraproducente.

 

Cómo hacer entender a quienes tienen la trascendente labor de gobernar un país, que en algunas ocasiones, la mejor solución para resolver un problema consiste, precisamente, en no meter las manos.

 

Haciendo la clara salvedad que corresponde con relación a la comisión de ciberdelitos, contra los que no cabría contemplación alguna, recordamos cómo el Comercio Electrónico y la defensa de los derechos del consumidor ya se protegen a través de la ley, siempre en torno de transacciones realizadas por Internet.  Que justo y provechoso sería que la sociedad civil organizada sea la que decida, en función de ese amplio marco de voluntad, de repudio inmediato o premiación que ofrece el vertiginoso intercambio de información, cuáles serán los caminos que habrá de seguir el todavía inexplorado universo de las “aplicaciones” en el Internet.

Réplica y censura

Antonio Cuéllar | Martes 25 de octubre, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

El hecho de que un candidato republicano impuesto por la voluntad de un electorado blanco terriblemente radicalizado, ponga en tela de juicio la legalidad de los procedimientos electorales en los Estados Unidos de América, coloca al país más poderoso del planeta en la misma antesala de la desventura que han atravesado todos los países de America Latina en algún momento de su historia.  Si los comentarios misóginos y la abierta discriminación encarnizada por Donald Trump constituían una grave ofensa contra segmentos importantes del electorado, la desfachatez de reservar su resolución por cuanto al resultado de la elección, como lo hizo en el tercero y último debate televisado la semana pasada, constituye una bofetada contra todo su pueblo y el sistema democrático que han construido y exportado al resto del mundo.

 

Andrés Oppenheimer, editor para América Latina y columnista del “The Miami Herald”, advertía esta mañana en una entrevista radiofónica acerca de la manera “audaz” en que el controvertido candidato a ocupar la Casa Blanca ha logrado acaparar la atención de los medios de comunicación, mediante posicionamientos controvertidos que comparte semanalmente y que, cuando se destruyen y se someten al escrutinio de los analistas, utiliza hábilmente para construir tesis conspiracionistas en su contra, precisamente por cuenta de los mismos medios que le dan cobertura; una estrategia que, según dice, fue exactamente la misma que utilizó Hugo Chávez en Venezuela.

 

Resulta imprescindible dimensionar la gran importancia que tienen los medios de comunicación en la labor de seguimiento y análisis de los procesos de campaña en el sistema democrático que hoy pervive en nuestro hemisferio, pues son estos los que sirven como amortiguador en el colapso fatal que produce el contraste al que se ven sujetos los postulados ideológicos propalados por candidatos y partidos, contra la realidad y la percepción de la realidad que tiene el pueblo, el electorado.

 

Es por esta razón que la conservación de un régimen responsable de gobierno alrededor de la absoluta libertad de expresión y veracidad de la información, devenga en un factor primordial para la sustentabilidad del proceso democrático en sí mismo.  ¿Cómo mediar entre el derecho irreductible de quien se dedica al periodismo para dar a conocer una noticia, siempre sustentada en hechos comprobables, y la ardua lucha de quienes combaten en la arena electoral para someter al periodismo y sujetarlo a los caprichos de la retórica de lo conveniente?

 

En la amplia reforma al artículo 6º de la Constitución se incorporó, al nivel de un Derecho Humano, el Derecho de Réplica, que en los términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es aquel que asiste a “toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general”, para efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta.

 

El Congreso de la Unión expidió la Ley reglamentaria del artículo 6º constitucional en este campo, la Ley de Réplica, en la que se previeron los instrumentos necesarios para que quienes se vean afectados por información falsa o inexacta que produzca un agravio, tengan la posibilidad para formular una réplica que, de ser procedente, debe dar lugar a la rectificación de hechos en el mismo medio de comunicación responsable, en el mismo espacio utilizado.

 

Resulta un instrumento valiosísimo en la edificación de una auténtica sociedad de la información, pues permite a todo el mundo conocer las dos caras de una moneda; pero más allá de ello, constituye un vehículo invaluable a favor de todos los integrantes de la sociedad, que podrían encontrar a través del derecho de réplica un remedio pronto y eficaz contra cualquier abuso en que puedan incurrir los medios de comunicación establecidos.

 

El día de ayer se publicó en la primera plana de El Universal la noticia en torno del proyecto de sentencia que el mes entrante habrá de discutir la SCJN, a través del cual se podría ampliar la procedencia del derecho de réplica, a una dimensión que, así como podría parecer muy bondadosa a favor del público, podría por otro lado ser terriblemente peligrosa para nuestro sistema democrático, especialmente cuando vemos lo que ya sucede en los Estados Unidos de América.

 

La procedencia de toda réplica está sujeta a la preexistencia de una publicación de hechos “falsos o inexactos”, que son los únicos que podrían afectar el derecho social a la información veraz y causar perjuicio al sujeto aludido.  Actores políticos se duelen de que la afectación a su imagen podría provenir, no sólo de hechos falsos e inexactos, sino de cualquier información inherente a su persona (véase la nota recién publicada en torno de la omisión en que incurrió AMLO al dar a conocer su declaración patrimonial y abstenerse de anotar la propiedad de dos departamentos).

 

Lo que se aprecia en el referido proyecto de sentencia, consiste en que la SCJN podría votar a favor de declarar inválidos los dos elementos de “falsedad e inexactitud” de los hechos divulgados, como condición preliminar a la que se supedita el ejercicio del derecho de réplica.  En ese caso, individuos en lo general, y actores políticos en lo particular, podrían tener carta abierta para solicitar, en forma permanente, el ejercicio del derecho de réplica en contra de todos los medios que den a conocer una noticia alrededor de su persona por la que se sientan agraviados u ofendidos.

 

¿Le parece mucho el espacio que hoy tienen concedidos los partidos políticos para hacer campaña en medios? Imagínese si eso se duplicara mediante la inclusión de réplicas a cada noticia.

 

La verdad de las cosas es que las Convenciones internacionales ya consignan el requisito de la exactitud de la información.  La idea de suprimir dichos elementos del texto mismo de la Ley podría ser terriblemente dolorosa desde un punto de vista de la audiencia, que tendría que soportar la multiplicación del contenido electoral de la información publicada en época de campañas; sin embargo, podría ser gravemente desastrosa desde un punto de vista democrático, pues se coloca a los medios de comunicación, importante contrapeso informativo de los actores políticos, en el filo de una navaja que se ve representada en la responsabilidad de tener que conceder un perpetuo derecho de réplica a su favor.

 

¿No acaso podría suponerse que esa vertiente del derecho de réplica nos perjudica a todos, si para evitar incurrir en los supuestos que quedarían abiertos en la Ley, los medios decidieran abstenerse de dar cobertura a los partidos políticos y sus candidatos, a sus andanzas y desempeño en las funciones que conciernen a la polis?

Fragmentada independencia

Antonio Cuéllar | Martes 18 de octubre, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

 

La división de poderes constituye un ingrediente indispensable del que depende la funcionalidad del Estado en el que vivimos.  No sólo la Constitución lo prohíbe, sino que además, pensar en la aglutinación de poderes en una misma persona arrojaría un resultado desastroso para el mantenimiento de la democracia que construimos.  En ese propósito, la función de interpretar y decidir cómo se aplican las leyes, que corresponde a los órganos de justicia, constituye el elemento primordial que más debemos de cuidar, porque es el único en el que la relación entre el Estado y los individuos es, literalmente, inmediata.

 

A pesar de que al Ejecutivo le corresponde observar y hacer cumplir las leyes, los ciudadanos no llegamos a conocer al Presidente de la República, ni a tener trato alguno con él directamente.  De la misma manera, no obstante que las leyes las expiden los legisladores del Congreso General o de los Congresos de los Estados, quienes son electos popularmente y gozan de la representación política de la Nación mexicana, difícilmente los ciudadanos llegamos a conocer a nuestros diputados, y mucho menos a nuestros senadores electos.

 

Esa circunstancia no ocurre tratándose de los jueces.  Podremos no llegar a tener trato con un Secretario de Estado, con un Jefe Delegacional, con el Presidente Municipal o los concejales; podremos no llegar a conocer jamás a nuestros asambleistas, a los diputados o senadores del Congreso de la Unión, pero cada vez que cualquier ciudadano o sus abogados se anuncian para pedir audiencia con el Juez, con un Magistrado o, inclusive, en aquellos casos en que sea procedente, con un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa comunicación, esa relación inmediata que le permite a cualquier persona exponer las causas de su desventura a quien habrá de dictar sentencia en su caso, podrá concretarse.

 

Es precisamente en mérito de esa vinculación cotidiana que los jueces o magistrados tienen con la vida de los justiciables, que la conservación y cuidado de su labor constitucional resulta primordial y preeminente para todos los mexicanos, porque ellos constituyen la garantía cierta y palpable que nos asegura, en abstracto, que las leyes no se aplicarán arbitraria ni caprichosamente en nuestra contra.

 

Sin embargo, así como a la ciudadanía le interesa el mantenimiento de la relación inmediata y personal de los jueces con la ciudadanía, a los primeros les resulta prioritario asegurar que su labor no se verá mermada o amenazada por fuerza alguna que afecte su trabajo cotidiano.  Es en el interés de este binomio que conforman los jueces y la ciudadanía, que el Estado mexicano debe salvaguardar la labor encomendada a quienes se encargan de impartir justicia.

 

A lo largo de los últimos años han venido presentándose factores que inciden negativamente en contra de la independencia de los tribunales del país, circunstancias interiores o exteriores que demeritan la labor de los jueces y, en esa medida, la seguridad de la que gozamos cuando cada uno de ellos emite una resolución: la corrupción, la influencia y peso de los poderes económicos constituidos, el protagonismo mediático o, ahora, lamentablemente, la violencia.

 

Es sumamente cuestionable la manera en que el impulso de la transparencia ha venido a desembocar en una participación tan directa y persistente de los jueces, magistrados y ministros en el ámbito de la comunicación pública.  Tanto las transmisiones en vivo de las discusiones que semanalmente sostienen los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como las intervenciones de todos los juzgadores en entrevistas radiofónicas o televisivas, como, más allá y en el último de los casos, la expresión de sus comentarios a través de redes sociales, ponen en peligro la visión equilibrada e imparcial que la ciudadanía debe de conservar con relación a sus jueces.

 

Y es que en función del peso político nacional que llega a tener la labor de control constitucional que estos realizan, la imparcialidad no se constituye a sí misma como un mero principio rector que ha de seguirse en el momento en el que se firma una sentencia, sino también como un auténtico estilo de vida y de conducción profesional que todo juzgador debe de irradiar.

 

Sin embargo, la publicidad de la labor judicial no es nada contra la independencia de los jueces, en comparación con la afrenta que ha llevado al Poder Judicial de la Federación a vestirse de luto el día de ayer.  El asesinato del Juez Quinto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Civiles Federales del Estado de México, Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, por cualquier causa que hubiera ocurrido, produce la impresión de la apertura de un nuevo flanco de ataque del crimen organizado en contra de las instituciones del país, lamentablemente, en contra de aquella que más podría interesarnos, aunque no estemos conscientes de ello.

 

Todo delito se compone de dos sujetos: uno activo que produce un daño y que quebranta la ley penal, y uno pasivo que lo resiente y, en esa medida, se convierte en víctima.  Es un derecho de ésta que aquél que delinque responda por el daño cometido y reciba la pena que establece la ley.

 

Los atentados contra la vida, contra la integridad de los jueces, afectan en la medida más trascendente posible su estabilidad e independencia. La falta de seguridad en la delicadísima labor de impartir justicia y pronunciar una sentencia, es la que puede desviar en la forma más peligrosa posible su visión de la ley y la rectitud con la que se debe de aplicar el derecho.

 

Es por esa razón que, en esta ocasión, en el estado que guardan los asuntos que le interesan al país, que los órganos de procuración de justicia deben de utilizar de la manera más eficientemente posible los instrumentos que a su alcance dispone la ley, para indagar y esclarecer la verdad de los hechos, deslindar responsabilidades, perseguir y enjuiciar a quien hubiera sido responsable de privar de la vida al Juez.  No sólo por el juez mismo, sino por el interés que tenemos todos los mexicanos de asegurar, a favor de ellos, la garantía más amplia de que en su trabajo diario, no podrán ser disminuidos por aquellos que pretenden utilizar la fuerza bruta para hacer prevalecer intereses mezquinos. El atentado contra el Juez, es un atentado contra todas las víctimas de México.

 

Extravíos de la Democracia Participativa

Antonio Cuéllar | Martes 4 de octubre, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

Al establecerse en el artículo 3º de la Constitución los principios conforme a los cuales se garantizará la educación que imparte el Estado, se previó expresamente que ésta se basaría en los resultados del progreso científico, lucharía contra sus efectos y la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios; y que sería democrática, considerando a la democracia “no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”, entre otros. Ante el crecimiento de la democracia participativa en todo el orbe, cabe la pregunta sobre la verdadera lógica o la contradicción que puede llegar a representar dicha cláusula de gobernabilidad nacional.

 

Una frase célebre que se atribuye a Winston Churchill sobre la democracia, es que “La democracia es el peor de todos los sistemas políticos, con excepción de todos los sistemas políticos restantes”.  Y es que es verdad el hecho de que la participación activa de la ciudadanía en la asunción de las políticas del Estado resulta ser riesgosa y, en muchas ocasiones, equivocada.  Lamentablemente, aún en esos casos es siempre preferible ésta frente a cualquier opresión proveniente del gobierno despótico que ejerce el monarca, la oligarquía o el dictador.

 

No obstante la legitimidad de toda política democrática, la complejidad que arroja la gobernabilidad de nuestros días, íntimamente vinculada con la economía y el comercio global, o con la defensa y la cooperación internacional, debe llevar a la humanidad a un replanteamiento del éxito de la democracia ante la asunción de decisiones que, de suyo, constituyen resoluciones estratégicas de las que depende la viabilidad del Estado mismo.

 

Así como existen resoluciones de gobierno que en el ámbito de la cotidianeidad ciudadana pueden tener un impacto significativo, no trascendente para la vida de las personas, existen otras que, aún siéndoles cercanas, pueden impactar negativamente en perjuicio del país entero.  ¿Qué tan factible es estar sujetando a los mecanismos de consulta ciudadana la adopción de políticas que son necesarias para el devenir nacional?

 

El 23 de junio de este año, la Gran Bretaña celebró un referéndum que impulsó el Primer Ministro David Cameron con la finalidad de validar su permanencia o retiro de la Unión Europea.  Con una votación sumamente cerrada y escalofriantemente sorpresiva, un pueblo británico dividido decidió dar su voto a favor de “salir” de la Unión, con toda una serie de consecuencias comerciales que podrían llegar a ser desastrosas para la misma economía del Reino Unido. ¿Era conveniente que se ventilara ese proceso?

 

Uno de los resultados del Pacto por México que más fueron ventilados fue el concerniente a la inclusión de la figura de la consulta popular, como una obligación de todos los mexicanos, en el texto del artículo 35 de la propia Carta Magna.  Ya en el mes de marzo del 2014, apareció publicada la Le Federal de Consulta Popular en la que se definen los procedimientos y autoridades competentes que podrán intervenir llegado el momento en el que cualquiera de éstas tenga lugar, a petición del Presidente de la República, de cuando menos un treinta y tres por ciento de los integrantes de las Cámaras, o de un número equivalente a cuando menos el dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

 

El día de ayer ocupó las ocho columnas de los periódicos más importantes del país, la noticia de cómo en el plebiscito celebrado el domingo pasado en Colombia, el voto por el “No” de un 50.23 por ciento de los ciudadanos se impuso frente a un 49.76 por ciento, con respecto a la firma del Acuerdo Final de Paz que celebraría el Gobierno colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, para finalizar una guerra que ha durado más de cincuenta años.

 

Lo alarmante de la noticia se cifra en el altísimo abstencionismo que acabó por derrocar el esfuerzo que ha venido enarbolando el Presidente Juan Manuel Santos y del que depende la construcción de una nueva República situada en un marco de paz duradera.  Más del 63 por ciento de los colombianos se abstuvo de participar en la jornada, permitiendo que su apatía concediera este triunfo cuestionable al opositor de Santos, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, quien lideró la campaña por el “No” sobre la base de que los acuerdos eran benévolos para la guerrilla, aunque siempre ante la duda de sus cuestionamientos, por no haber sido él quien en su período los alcanzara.

 

Nuestro país no ha experimentado todavía la suerte de un proceso de consulta popular de esta naturaleza.  La Ley Federal contempla mecanismos que garantizan la certeza de la consulta popular, mediante la exclusión de materias sensibles al pensar de la ciudadanía y la intervención imparcial del Instituto Nacional Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

Puede advertirse en nuestro porvenir una mayor división en el ejercicio de las funciones de gobierno y, por ello, una indeseada conveniencia de que sea la ciudadanía la que participe activamente en la solución de la problemática nacional.

 

Sin dejar de apreciar cómo sociedades europeas como la suiza o las escandinavas han encontrado enorme satisfacción en la materialización de una democracia participativa responsable y moderna, que dibuja puntualmente el éxito de país que cada uno de ellos representa en el contexto mundial, no dejamos de ver las grandes asimetrías sociales que impedirían resultados comparables.

 

Es imperioso que nuestra sociedad trabaje con empeño para acabar con las desigualdades que reflejan la realidad en la que vivimos.  Es urgente, así, que la educación y la elevación de la calidad de vida de todos los mexicanos, se conviertan en una condición natural que nos permita construir un mismo México para todos.  La perseverancia de la discriminación y la corrupción como modelo de vida, constituyen una receta inequívoca al fracaso, en términos de participación ciudadana.

¡Usted perdone!

Antonio Cuéllar | Martes 27 de septiembre, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

A lo largo de más de tres décadas escuchamos un reclamo popular incesante en contra de los medios televisivos, a los que se ha acusado de manipular la opinión pública a través de sus espacios noticiosos a favor del Presidente de la República en turno. La postura de quienes pregonan la idea se sustenta en una realidad que ha quedado plenamente superada y que no toma en cuenta la pluralidad y abundancia de fuentes de las que en esta época se nutre la información.

 

En el mes de abril de 2006 se expidió un Decreto de reformas por virtud del cual se modificaron la Ley Federal de Telecomunicaciones, y la Ley Federal de Radio y Televisión, proceso legislativo del que provino un nuevo orden normativo en ambas materias al que coloquialmente se le denominó Ley Televisa.

 

Al resolverse la Acción de Inconstitucionalidad 26/2006, firmada por 47 senadores encabezados por Javier Corral, a través de la cual se combatieron dichas reformas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de un número importante de ellas y sostuvo un criterio que resulta muy relevante hasta nuestros días: es la amplitud del derecho humano a la información, desde la perspectiva de la función social de la radio y la televisión, y las telecomunicaciones.

 

De acuerdo con el criterio sustentado por los Ministros, en los procesos de asignación de concesiones para la explotación del espectro, para la prestación del servicio de radio y televisión, más allá de tener que considerarse los aspectos económicos y el desarrollo de la competencia en el sector, debía tomarse en cuenta la función social que los medios deben cumplir, por su impacto educativo, social y cultural.  Es ahí en donde se fijó la primera postura que jerarquiza prioritariamente la importante labor que realizan las concesionarias en la transmisión de contenidos audiovisuales a favor de la gente.

 

En el proceso de reformas estratégicas a la Constitución que ha encabezado este gobierno, ha destacado aquella impulsada en la materia de las telecomunicaciones que apareció publicada en el Diario Oficial el 11 de junio de 2013, por virtud de la cual se reformó el artículo 6º de la misma Carta Magna, entre otros, para incorporar ese nuevo Derecho humano a la información y de acceso a las tecnologías de la información sobre el que ya se adelantaban los Ministros en el 2006.  En su segundo párrafo, ese precepto de la Constitución establece que “toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo índole por cualquier medio de expresión”.

 

Las nuevas plataformas de acceso a la información que integran la red, han demostrado eficazmente un flujo constante de ideas que produce y se nutre con la participación activa y el diálogo de los usuarios.  Se trata de la materialización más palpable de la nueva realidad que los avances tecnológicos le ofrecen a nuestra generación, como también del derecho humano que en forma progresiva ha incorporado nuestro artículo 6º constitucional.

 

No obstante la importancia y vigor de los nuevos procesos informativos a través del Internet, yo me pregunto si la nueva cultura y nuestra flamante realidad, no constituyen una contrapropuesta que se ubica, exactamente, en el umbral opuesto al que ocupaba la radio y la televisión hasta antes de todo este proceso de reforma.

 

Los medios impresos dan a conocer todos los días el grado de aceptación popular del gobierno y del Presidente de la República, con cifras alarmantes, cada vez más bajas.  Simultáneamente, todos observamos la rapidez con la que fluye información que se abalanza en su contra sin tregua. La animadversión crece irreversiblemente y se nutre, precisamente, con las notas que la misma gente produce a través de las redes sociales; pero en muchos casos a partir de la desinformación. Un fenómeno incontrolable que amenaza con descarrilar al orden institucional que ha imperado hasta nuestra época y sobre el que este país se ha conformado.

 

Una muestra meridiana se tiene en el caso Pierdant, en el que habiéndose denostado al Presidente Peña Nieto y a su esposa, Angélica Rivera, al atribuirles otra vez los beneficios económicos derivados de una supuesta amistad con un presunto contratista del gobierno, The Guardian apareció dos semanas después ofreciendo una disculpa oficial por la falsedad de la imputación.

 

Con independencia de los caminos y vericuetos legales que los desatinos del circulante británico habrá de tener que enfrentar, el daño que produjo la desinformación está hecho; y no por lo que aparece o dejó de aparecer en la televisión, sino por todo lo que circula a través de las redes sociales y el Internet.

 

No se propone en modo alguno una intervención del Estado para suprimir el importante paso hacia la democracia de la información;  tampoco se plantea la posibilidad de que la calumnia se resuelva con un “Perdone usted!”, simple y sencillamente se advierte y llama la atención sobre cómo, nuestro futuro cercano, debe de estar marcado por la inclusión de procesos educativos más elaborados y mejor cimentados, en los que el educando conozca y entienda, con la seriedad de todo procedimiento científico, la importancia que reviste para todo ser humano, el manejo de las herramientas del saber, objetivo, plural y veraz.

La silla vacía

Antonio Cuéllar | Martes 20 de septiembre, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

Uno de los temas más controvertidos surgidos durante la legislatura pasada, cuando debió aprobarse la reforma política ventilada como parte del Pacto por México, fue el referente a la demandada inclusión de la figura de la revocación de mandato. La semana pasada, desde quizá muy oscuras trincheras, se volvió a lanzar el petardo y, a mi parecer, carecía de mecha alguna que lo hiciera producir sus efectos. En la frialdad de las circunstancias que una gloriosa marcha de la independencia nos permite analizar las cosas, la gran pregunta que nos formulamos tiene que ver con la posibilidad y conveniencia de conceder al pueblo la prerrogativa para levantar al Titular del Ejecutivo de la silla presidencial, incluso a la mitad del camino.

 

Lógicamente que no hablamos de una posibilidad real, en la medida en que la Constitución y las leyes no lo prevén, sino de una posibilidad institucional remota, que sólo se podría dar hasta que las reformas correspondientes la concibieran y fueran aprobadas, y las fuerzas políticas nacionales encontraran una razón suficiente para impulsar un movimiento político de tan penetrante poder y resultado.

 

Visto a la luz de la historia y tras los acontecimientos ocurridos al final de la primera década del siglo pasado, la figura de la revocación de mandato me resulta ilógica y terriblemente peligrosa. La victoria de Madero se materializó con una oficiosa salida y un exilio del General Díaz, pero perduró muchos años después, tras cruentas luchas emprendidas por caudillos venidos de todos los rumbos, que acabaron por cobrar la vida de más de un millón de compatriotas. La lección que la revolución mexicana nos dejó es muy clara: no es peligroso pensar en derrocar un régimen, sino en averiguar y ponernos de acuerdo en aquel que vendrá a sucederlo.

 

México ha logrado consolidar un sistema democrático-electoral que ha venido rindiendo frutos muy positivos en el ámbito de lo que respecta a la solución de los conflictos que acontecen en las jornadas de elección; tras más de veinte años de una controvertida autonomía de los institutos y tribunales encargados de resolver las cuestiones contencioso-electorales, instituciones por las que los contribuyentes hemos pagado mucho dinero, bien podemos decir que nos resta la satisfacción de saber que, por su intervención, cuando menos, hemos logrado transitar hacia un modelo pluripartidista y alternante eminentemente pacífico.

 

El mundo entero y México en lo particular, vienen resintiendo el efecto que produce la introducción de las tecnologías de la información y la vertiginosidad inherente al intercambio de ideas en tiempo real. Hoy, más que nunca, nadie puede poner en duda lo concerniente a la libertad existente en materia de explotación de ideas a través de las redes sociales y la caricaturización de nuestros protagonistas políticos. Las plataformas que ofrecen las múltiples aplicaciones existentes en las redes sociales hacen de las suyas cuando de la ridiculización de lo público se trata.

 

El ejercicio, sin embargo, puede ser muy costoso, porque en un sistema pluripartidista como el nuestro la función esencial de los partidos de oposición de proyecta exponencialmente hasta linderos otrora imposibles de pensar, en condiciones de tal alcance y calado que pueden constituir un sistema de acorralamiento perenne de cualquier sujeto encargado de gobernar. La explotación descontrolada de las redes sociales con fines de oposición política, acabará por constituirse como un mecanismo de ataque político que derive en la anarquía.

 

Si este habrá de ser el escenario en el que la revocación de mandato habrá de concretarse, avisamos un riesgo potencial de muy alta consideración, en la medida en que la solicitud será la consigna política que los partidos de oposición se avalancen a proponer, tan pronto como cualquier gobernante incurra en la más torpe o inocua de las equivocaciones, o sencillamente cuando deba asumir decisiones necesarias pero impopulares.

 

Nuestro sistema constitucional fue concebido en la estela de las experiencias que los movimientos de independencia de las Américas fueron generando. El federalismo mexicano y las cláusulas de control constitucional, son una copia exacta de los principios que en el mismo sentido quedaron plasmados en la Constitución de los Estados Unidos de América.

 

El período original para el que el Presidente de México era electo fue de cuatro años, de la misma manera que en la Unión Americana. El artículo 78 de la Constitución Mexicana de 1857 así lo disponía textualmente, y el 83 de la Constitución de Querétaro de 1917 lo reprodujo tal cual. Fue hasta el 24 de enero de 1928 que se publicó la reforma por virtud de la cual el encargo de Presidente de la República duraría seis años, como hasta la fecha.

 

El período original de cuatro años fue muy corto, pero incorporar en la Constitución una cláusula de reelección, justo en contra del principio de “sufragio efectivo y no reelección” que había sentado indisolublemente la Revolución, se antojaba absolutamente inconcebible, de ahí que se optó por prolongar por dos años más un período que resultaba muy corto en su origen.

 

Se enfrenta ahora el problema de la impopularidad de la figura presidencial, y el dliema de incorporar en el texto constitucional la figura de la revocación de mandato. En vista de los antecedentes constitucionales que hemos atravesado y de las experiencias vividas en otras latitudes, yo me pregunto si la elección intermedia que permite a un Presidente ser reelecto por una única vez no hace las mismas veces.

 

Habiendo superado los atavismos de la no reelección, mediante la inclusión de dicha figura a favor de legisladores, presidentes municipales y alcaldes, no sería descabellado adaptar nuestro texto constitucional a una buena parte de nuestra historia y a la funcionalidad de la reelección, para un solo período, de la misma manera en que opera en los Estados Unidos de América.

 

Sacudiéndonos un poco el irritado orgullo que aflora en nuestro nacionalismo, tras la visita del candidato incómodo, veamos con sensatez los peligros de la revocación de mandato, pero actuemos en consecuencia y adoptemos una figura que nos permita premiar a los buenos gobernantes, o sacudir a aquellos que resulten incapaces.

Siete-cero… y siguen sumando

Antonio Cuéllar | Martes 6 de septiembre, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

“¿En qué cabeza cabe invitar a Donald Trump?…Donald Trump no es bienvenido a México”, “…aunque lo hayan invitado, sepa que no es bienvenido”, eso apareció publicado en las cuentas personales de Facebook y Twitter de Ricardo Anaya y Margarita Zavala, respectivamente.

 

Las palabras de ambos contendientes de Acción Nacional se quedaron cortas para expresar el más profundo repudio y la aversión que nos provoca a los mexicanos tan siniestro candidato a la presidencia de los Estados Unidos de América.  Que pena que hayan sido ellos quienes lo manifestaran.

 

Tras el siete a cero que la selección chilena le propinó a la tricolor el 18 de junio en la Copa América, difícil me resulta recordar un sentimiento de vergüenza tan profundo y tan presente en el ánimo de todos los mexicanos como el que atravesamos la semana pasada.  No es posible defender el tropiezo de la Presidencia y los desatinos del encuentro con el candidato republicano, en la coyuntura en que venía teniendo lugar el proceso electoral en su país de origen. ¿Acaso no viene perdiendo?

 

Es un desaguisado que se haya invitado a Trump de una manera tan improvisada, con un índice tan alto de probabilidades de que los resultados fueran tan negativos como ocurrieron.  Es verdad, en qué cabeza cabe haberlo invitado a los cinco para las doce, con un informe presidencial al día siguiente, sin posicionamiento claro con relación a la propuesta para renegociar el Tratado de Libre Comercio o sin una postura contundente en contra de la construcción de un muro que, dicho sea de paso, no separa a México del resto de Norteamérica, sino a los Estados Unidos con el resto del continente o, visto a lo largo de la historia y de acuerdo con los principios que ha venido persiguiendo y proclamando desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, a Estados Unidos y el resto del mundo.

 

La verdad de las cosas es que sólo encuentro una explicación que podría justificarlo y que es muy difícil de entender: ¿Qué pasaría si las estadísticas mintieran?, ¿Qué sucedería si él realmente llega a ser Presidente de los Estados Unidos de América, nuestro principal socio comercial? Sólo en ese contexto comprendo la urgencia de buscar el acercamiento.  De nada le serviría al Titular del Ejecutivo perseguir una cita con el Presidente Donald Trump para tratar de desviar el impacto de un discurso que las agencias calificadoras ya vienen anotando anticipadamente.  La utilidad de la reunión sólo podría capitalizarse si tuviera verificativo hoy, que las agendas tempestuosamente coinciden pero que, a la postre, permiten la construcción de un diálogo que en otras condiciones no podría darse.  Sólo desde esa perspectiva puedo situarme en los zapatos de Enrique Peña Nieto  (Aún así no encuentro una razón que atempere la torpeza de no haber tenido preparada una respuesta aceptable a los puntos de la agenda que, lógicamente, el candidato republicano iba a reforzar).

 

Así las cosas, ¿Habría sido posible que el Presidente de la República reprendiera públicamente al empresario por su posicionamiento absurdo, racista, ignorante, segregacionista y payaso? Claro que no. Por Dios, Enrique Peña Nieto no habla en voz de Alejandro González Iñarritu, o de Kate del Castillo, de Fernanda Familiar ni de los millones de compatriotas que se sienten ofendidos por el “magnate inmobiliario”. El Presidente de la República es Jefe del Estado Mexicano y, como tal, debe de ver por los intereses del país.  Lo hizo mal, sí, pero cuando menos, no dejó de tener eso en cuenta.  Habló por México y no con el estómago; porque no debía.

 

El problema ha sobrevenido después, la tormenta se forma con la pluralidad de adjetivos y proposiciones absurdas que nosotros mismos propiciamos y desenvolvemos, en esta ineptocracia de la información que nos ahoga.  Hoy, la equivocación presidencial la hemos convertido en un problema nacional.

 

En Estados Unidos la nota ya se olvidó; nadie recuerda lo que sucedió la semana pasada, porque México no tiene ese peso determinante para moldear la agenda política de nuestro vecino.  Donald Trump no va a ganar o a perder por lo que haya sucedido en México la semana pasada.  Aquí, en cambio, el error de Enrique Peña Nieto se utiliza para construir un discurso tan perverso como el que el mismo candidato ha venido construyendo.  ¿De qué manera minar la imagen de Enrique Peña Nieto y del PRI para ganar ventaja propia? Hacer leña del árbol caído.

 

El problema es que los candidatos de oposición han perdido de vista un punto crucial del que no se pueden desprender; la vacante que quieren ocupar los obliga a asumir la misma perspectiva de miras que ellos quieren derrocar.  Adoptan una posición electoral y minan una institución constitucional, la del Presidente de la República, sin reparar que es esa misma la que mañana se deberá ocupar. Todos perdemos.

 

Ahora la pregunta es muy sencilla:  ¿Qué le va a decir Ricardo Anaya o Margarita Zavala al señor Donald Trump, si llegara a darse el caso de que él primero, y ellos después, ganaran cada uno la elección?  ¿En representación del Estado mexicano convendrá repetir su dicho; podrán decirle el año entrante que no es bienvenido a México?  ¿Podrán mantener la voz del hígado y su declaratoria de repudio?  El posicionamiento diplomático del Presidente de la República, como el de cualquier miembro del Servicio Diplomático, el de los Secretarios de Despacho y cada uno de los miembros del Senado de la República, en quienes recae la definición de la Política Exterior de México, debe ser escrupulosamente cauto y apegado al mandato constitucional.

 

Los aspirantes a suceder cualquiera de esos cargos tienen el deber de saberlo y comportarse en consecuencia.  Es verdad, los desatinos del Presidente nos han impuesto un costo moral imperdonable.  Sólo lo entiendo, aunque no lo acepto, si de algo hubiera servido dicha pena para amainar el discurso de odio que Donald Trump ha venido sembrando entre el electorado estadounidense a lo largo de estos meses, del que ya se perjudican connacionales del otro lado de la frontera.

 

El discurso divisorio que manejan los opositores no le beneficia a nadie, y que la postura ya asumida representará otro costo político en la relación con nuestros principales socios comerciales, que ya se debe de empezar a contar en su contra.

La compensación de un magro presupuesto

Antonio Cuéllar | Martes 30 de agosto, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

La inminencia del proceso electoral impone una carga política indeseada en la conducción de la economía nacional, que podría tener un impacto negativo en el ejercicio que viene.  La gran cuestión tiene que ver con la manera de detonar un crecimiento económico real, en un entorno que resulta claramente desfavorable para esta administración.

 

Muy seguido leo notas que contrastan los resultados oficiales sobre la conducción de la economía nacional durante el sexenio pasado, en comparación con el presente.  El análisis me parece desafortunado, en la medida en que las circunstancias son claramente distintas.  Un factor primordial para entenderlo tiene que ver con la extraordinaria bonanza que produjo el sobreprecio del petróleo, que hoy ha desaparecido por completo.  ¿Cómo hacer frente al gran cúmulo de programas sociales y gasto ordinario del que depende, en gran medida, la manutención esencial de cientos de miles de mexicanos?

 

Es precisamente este boquete presupuestal el que explica la angustiosa situación que atraviesa el gobierno, por cuanto a la decisión que debe adoptarse entre incurrir en un endeudamiento excesivo que le permita la conservación de dichos programas de asistencia social o prescindir de ellos y producir un estado de precariedad económica, justo en la víspera de un proceso electoral que ya anuncia la sonoridad de las voces populistas.

 

El distanciamiento que han adoptado las agencias calificadoras con relación a la posición ventajosa de la que gozaban los bonos de deuda soberana del país constituye una advertencia que no puede desdeñarse, y cualquier propuesta que haga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre dicho particular debe recibirse con atención.

 

El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en San Lázaro ya anunció que el presupuesto de egresos para el año entrante será severo, y que sólo se tratarán de evitar disminuciones en materia educativa, en salud y en inversión productiva.

 

Se trata de una decisión valiente y comprometida de este gobierno, que antepodría los intereses de la nación a los que atañen al mismo partido gobernante, en su caso, en la medida en que la disminución del ritmo de endeudamiento y el saneamiento de la situación financiera del Estado, perseguirían una consolidación de la economía nacional en el largo plazo, que podría afectar el resultado electoral.

 

Además de la pronta vuelta de timón que mejore los métodos de comunicación social del gobierno del Presidente Peña Nieto, resulta inaplazable valorar qué se debe hacer para lograr, realmente, la materialización de las múltiples ideas que se aterrizaron en las reformas aprobadas durante la primera parte del sexenio. Es verdaderamente inconcebible que exista tal distancia entre la visión del país que produjo el gran acuerdo del Pacto por México, y los desatinos administrativos para sacar el gran provecho que dicho marco legal debería de arrojar.

 

Ante un presupuesto austero que puede perjudicar el desempeño del gobierno a lo largo del año entrante, se presenta de manera urgente la necesidad de aterrizar el beneficio de las reformas, a través del camino de la inversión productiva de capital, que siempre provendrá del sector privado. Ya se percibe el cambio en materia de telecomunicaciones y son muchas las ventajas que habrán de venir con motivo de la apertura del sector energético, en el campo de los hidrocarburos.  ¿Qué está sucediendo en el ámbito de la inversión de capital en el ramo de la generación de energía eléctrica?

 

Cualquiera que sea el camino que la inversión haya de tomar, demandará la concreción de un punto pendiente de la gran agenda nacional: la consolidación del Estado de Derecho.

 

Y sobre este punto, la reforma penal nos queda excesivamente corta.  Si ha de erradicarse la corrupción y terminar la impunidad, ello obedecerá a la capacidad de esta administración, y de nuestros jueces, de observar la ley y hacerla cumplir, a cabalidad y sin contemplaciones.

 

La “negociación” de la ley educativa y las prebendas que ofrece la Segob y con las que se despacha la Coordinadora, por un lado; y la ilógica inacción del Gobierno tratándose de la persecución de delitos en el ámbito del enriquecimiento ilícito que se demuestra groseramente contra los gobernadores salientes de Veracruz, Chihuahua, Nuevo León o Quintana Roo, son un claro ejemplo de una colusión pasiva que daña, ya no sólo la imagen del gobierno en turno, sino la percepción del país y su economía, de la que dependemos todos.

 

El mejor consejo para recuperar la senda de la estabilidad, que abriría una puerta y una oportunidad al partido gobernante para contender dentro de dos años, consistiría en atender, de una vez por todas, el gran faltante de la legalidad que ha caracterizado los tropiezos ocurridos a lo largo de estos dos años, los que producen los altos índices de impopularidad que podrían pasar a los libros de la historia: la justicia cotidiana.