El valor del riesgo de los pasajeros en camilla

Antonio Cuéllar | Martes 19 de mayo, 2015

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

Pocos son los rubros que pueden catapultar el crecimiento económico del país en una forma tan eficaz como el turismo. Se trata de una actividad para la que México está preparado y por la que puede recibir divisas frescas, recurrentes y potencializadoras de un universo enorme de actividades paralelas, ligadas a los servicios turísticos, que producirían esa derrama de dinero necesaria, con la que combatiríamos la tan deleznable desigualdad que nos oprime.

 

 

Una muestra de los efectos desbordantes del turismo hacia mercados o actividades paralelos, se halla en el rubro de los servicios de salud.  Por ejemplo, países como Singapur, Colombia o la India, que cuentan con profesionales capacitados en el ramo, impulsan políticas agresivas de expansión de sus servicios hospitalarios hacia el extranjero; aprecian el valor de una generación interminable de pensionados norteamericanos o europeos que, no obstante su capacidad patrimonial, buscan el ahorro tratándose de gastos de salubridad que, en sus lugares de origen, alcanzan niveles desproporcionados.

 

 

México goza de una posición geográfica y social inigualable para incursionar exitosamente en esta rama turística y, de hecho, ya lo viene logrando. Análisis del Sector Salud revelan cómo, estudios estadísticos internacionales, colocan a nuestro país en la segunda posición de entre aquellos destinos de turismo médico mundial.  Lógicamente, la capacitación de los especialistas de la salud, la temperatura constante en las regiones tropicales y su cercanía con los EEUU convierten a nuestro país en un receptor natural de quienes persiguen mejores oportunidades en este rubro.

 

 

El esperado crecimiento de los servicios de turismo médico, sin embargo, debe de conducirnos a una reflexión oportuna: su prestación se encuentra íntima y directamente vinculada con la ética y la responsabilidad profesional, tema este último que, visto desde el punto de vista jurídico y económico, se traduce en la potencial obligación de cualquier médico o institución hospitalaria, de afrontar el deber de indemnizar a un paciente por cualquier práctica equivocada que, aún habiéndose proporcionado de buena fe, lo perjudique.

 

 

La judicialización de la responsabilidad médica en los EEUU ha producido un efecto económico y social que destruye la esencia misma de la actividad de los galenos. El riesgo de ser culpable de una práctica errada obliga a los médicos a ser exageradamente cautelosos en la atención del paciente, como también a tener que contratar seguros de responsabilidad médica para hacer frente a las costosas consecuencias que derivan de su desenvolvimiento profesional. Todo esto impacta negativamente en el precio de los seguros, como también en el precio de los servicios hospitalarios, que deben incorporar dentro de sus tarifas ordinarias el calculo actuarial de tales potencialidades.

 

 

Nuestro marco jurídico y la experiencia judicial nos demuestran estar impreparados para hacer frente de manera razonable, a la responsabilidad médica que debería enfrentarse para el caso de que ocurriera una explosión favorable del número de visitantes acogidos como turistas recipiendarios de servicios de salud.

 

 

La norma jurídica que conmine a un profesional de la salud a responder por los daños que ocasione al paciente por servicios proporcionados equivocadamente ya existe. Sin embargo, no existe una norma jurídica que de manera clara y definida establezca el método y límites dentro de los cuales el juzgador debe desenvolverse para llevar a cabo una cuantificación razonable de la indemnización debida. La resolución de esta problemática es inaplazable, pues se ubica en el centro de atención de todos aquellos que buscan en México una alternativa adecuada para dar respuesta favorable a un padecimiento médico.

 

 

Suponer que la habilitación de los contratos de seguro constituiría una salida adecuada para la problemática que arroja la responsabilidad profesional, desde nuestro punto de vista, resultaría insuficiente. Nótese que se habla de dos contratos de seguro distintos, el de servicios médicos, que ampara los gastos incurridos por las actividades realizadas; y, el de responsabilidad profesional, para hacer frente a cualquier siniestro derivado del anterior.

 

 

Por un lado, el costo de la habilitación de seguros de responsabilidad profesional, sin parámetro jurídico alguno dentro del cual deba llevarse a cabo la cuantificación de la indemnización, arroja solamente un incremento irracional del precio de la póliza, que se transmitiría al paciente mismo en detrimento de la oportunidad presente que se persigue, es decir, que en México se proporcionen más servicios de turismo médico por su costo accesible.

 

 

Por el otro, la posibilidad perenne de ser sujeto de una responsabilidad incuantificable desalienta el arrojo que en condiciones de urgencia, motiva a cualquier médico a intervenir profesionalmente ¿Qué médico querrá salvar la vida del paciente que se ahoga, si para permitirle ventilar debe practicar una traqueotomía que lo podría dejar sin voz? El riesgo de la justicia provoca miedo y afecta la ecuanimidad de aquel que tiene en sus manos la posibilidad de preservar una vida.

 

 

En las condiciones anteriores, resulta claro que el desarrollo de las cosas y la indefinición jurídica sobre los alcances de la responsabilidad profesional en el ámbito de los servicios de turismo médico, nos llevan a caer en el abismo de las resoluciones judiciales impredecibles, en el de las condenas multimillonarias que acabarán por trasladarse al resto de los pacientes en la fila. Paradoja ésta, en la que los mecanismos legales empoderan al enfermo de manera riesgosamente injusta, precisamente en contra de aquel que le puede salvar la vida.

 

 

Ten cuidado con lo que pides…se puede cumplir

Antonio Cuéllar | Martes 5 de mayo, 2015

ALEGATOS | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

¿De verdad queremos tener legisladores más activos y trabajadores? En un país cuyo sistema jurídico se rige por el principio de legalidad, al que más adelante habré de referirme, la respuesta deviene francamente difícil de encontrar. Queremos un país de libertades.

 

 

Tratar de atravesar un puesto de seguridad para ingresar a las puertas de embarque en el aeropuerto Charles de Gaulle, en París, en una silla de ruedas, es un auténtico vía crucis. Cualquiera pensaría que un individuo con discapacidad habría de contar con todas las preferencias para hacerlo, pero amén de la vastísima normativa parisina que persigue favorecerlo, la acción que debería ser un proceso absolutamente normal acaba por convertirse en una odisea imposible, en la que la persona discapacitada debe enfrentar una burocracia asfixiante.

 

 

Para ir de un piso de la terminal central al siguiente, cualquiera puede trasladarse a través de bandas eléctricas desplegadas en todo sentido; sin embargo, una persona con discapacidad se debe de anunciar y registrar, para que personal especializado la acompañe y le indique dónde está y cómo utilizar un elevador. Hacerlo sin esa persona, por innecesaria que sea, es imposible, pues daría lugar a una sanción en su propia contra. La ley que intentaba apoyarlos acaba transformando su paso por el aeropuerto en una experiencia desagradable y desafortunada.

 

 

No soy ajeno a la oleada de memes y comentarios de la gente, a través de los cuales no sólo se critica, sino hasta se ofende y desprecia a los legisladores de todos los ámbitos del país. Fotografías en las que se les muestra dormidos, comiendo o, simplemente, cotorreando, son el pan nuestro de todos los días. Coincido en que la labor parlamentaria podría ser mejor; distingo, sin embargo, la labor que hacen los legisladores en todos sus ámbitos de desenvolvimiento y no sólo en las sesiones del Pleno, quizá los momentos más improductivos.

 

 

Una posición en la que todo mundo podría coincidir es en que todos nuestros legisladores, federales o locales, deberían de trabajar más y tendrían, quizá, que ganar menos. Yo me pregunto si habrá de llegar el día en que la ciudadanía se sienta dignamente representada, en todas las latitudes del planeta. Si así fuera, ¿en qué deben trabajar?, ¿hacer más leyes?, ¿cambiar otra vez las que acaban de expedir?

 

 

El sistema jurídico nacional pende de un principio fundamental que contempla la primera parte del artículo 16 de la Constitución, en el que se establece que ninguna persona podrá ser molestada en su persona o en sus derechos, sino en virtud de mandamiento escrito de una autoridad competente en el que se funde la causa legal del procedimiento.

 

 

En palabras más asequibles, el principio anterior debe de entenderse conforme a las premisas esenciales de que los particulares podemos realizar todo aquello que deseemos salvo lo que la ley expresamente prohíba, mientras que las autoridades pueden llevar a cabo única y exclusivamente lo que la ley expresamente les permita.

 

 

Si la respuesta a la primera interrogante planteada en esta participación fuera la de conminar a nuestros diputados y senadores a expedir más leyes, el efecto que nuestra irreflexión produciría sería una irremediable reducción de las libertades ciudadanas, concatenada a un incremento proporcional de las atribuciones estatales para controlarlas. Más leyes significa más autoridades y burocracia, más competencia y atribuciones para ellas, y todo en detrimento del espacio de libertad que le corresponde a la sociedad.

 

 

Un ejemplo de lo anterior constituye uno de los reclamos que también aparecen en las páginas de las redes sociales de este fin de semana: la aprobación de una segunda verificación vehicular, para controlar la emisión de contaminantes en las vías de comunicación interurbana. Somos conscientes y compartimos el deseo generalizado de conservar el medio ambiente y proteger nuestros recursos naturales; no por ello, sin embargo, dejamos de ver la incomodidad de la medida recién aprobada.

 

 

Esta doble molestia nos mueve a develar una franca contradicción, una colisión de intenciones que proviene de la potencial incomprensión de aquello que se demanda: no podemos tener legisladores más activos y trabajadores, dedicados a la discusión y expedición permanente de leyes y, al mismo tiempo, seguir conservando las mismas libertades en una misma zona de confort ciudadano.

 

 

La demanda de períodos de sesiones más prolongados, o la exigencia de que los legisladores dediquen una mayor parte de su tiempo a la preparación de un mayor número de iniciativas, constituye una proposición demagógica que va a contrapelo de los deseos más profundos de una sociedad que anhela vivir en libertad. Nuestra auténtica aspiración debe fijarse por buscar un mejoramiento de la calidad, más que de la cantidad de horas parlamentarias trabajadas.

 

 

El Pacto del Estado de Derecho

Antonio Cuéllar | Martes 28 de abril, 2015

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

A pesar de que vivimos en una sociedad increíblemente judicializada, hoy puede decirse que permanecemos en un estancamiento que obedece a la falta de confianza de la ciudadanía, cifrada en un ausente Estado de Derecho. Tenemos un cúmulo significativo de leyes y reglamentos que sirven para decir que la vida de los mexicanos se encuentra completamente regulada, pero las normas que contienen no se cumplen.

 

La aseveración es una paradoja, porque nunca antes nuestros juzgadores se habían encontrado tan empoderados.  Una SCJN en ejercicio pleno de la función deliberativa de control constitucional como órgano político, a través de las acciones y controversias constitucionales; los distintos tribunales competentes en materia de amparo, como garantes del control constitucional por la vía más amplia de la tutela de los Derechos Humanos; y los jueces del fuero común, con la nueva visión jurisdiccional encomendada, a través de la cual se abocan al ejercicio del control difuso de la Constitución en cada una de sus resoluciones.

 

En esa medida, ¿qué pasa?, ¿porqué la ley no se cumple, si quienes están encargados de interpretarla y garantizar su cumplimiento hoy cuentan con todas las atribuciones suficientes para lograrlo? El país clama orden y justicia.

 

El domingo pasado, séptimo mes tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, sendas movilizaciones violentas se organizaron en Guerrero, D.F. y Chiapas para recordarnos la permanencia del sentimiento de hartazgo, de impotencia, de injusticia y de insatisfacción en el que viven la gran mayoría de los mexicanos. ¿Cómo remediar su reclamo?

 

En un reportaje publicado por el Universal el día de ayer, Robert Rennhack, Subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, reconoce el éxito de las reformas emprendidas por esta legislatura, de las que pende un crecimiento potencial anual del 4%; sin embargo, prácticamente las condiciona a la consecución de otros cambios profundos que son significativamente importantes: Estado de Derecho, Sistema Judicial y Gobernanza.

 

Podría decirse que habiéndose concretado las reformas sustantivas en la Legislatura LXII, el objetivo primordial de la próxima legislatura, con la que concluye la administración de EPN, se cifra en la capacidad de lograr los acuerdos políticos necesarios para llevarlas a su aplicación real y, sobre todo, a la recuperación de la confianza de los mexicanos a los que todas esas leyes están dirigidas.

 

Dentro de la agenda del decálogo para recuperar la seguridad, proclamada por EPN en noviembre pasado, el CIDE le entregó al Titular del Ejecutivo un pliego de más de 200 recomendaciones encaminadas a atender la problemática que se identificó como “Justicia Cotidiana”. Se trata de proposiciones para modificar aspectos inherentes al cumplimiento y observancia de la ley en todas sus instancias, particularmente dirigidas a satisfacer los requerimientos ordinarios de la ciudadanía en materia de justicia, con excepción de los aspectos penales.

 

En la víspera de que esas recomendaciones puedan hacerse públicas y lleguen a nuestra mesa, se nos ocurre compartir algunas ideas referentes a este tema, del que depende realmente la transformación de México.

 

No cabe la menor duda de que el cumplimiento de la ley obedece a un acto de buena fe, que queda confiado a los sujetos mismos a los que el derecho está dirigido. La justicia cotidiana debe fijarse por modificar la educación de los niños en torno de la legalidad. Debe indiscutiblemente mejorarse la educación cívica en las escuelas del país, para que comencemos a contar con una generación de mexicanos que sí estén auténticamente preparados para cambiar su destino.

 

Sin demérito de las etapas esenciales en materia de integración de la cuestión litigiosa, probatoria y de alegatos de todo juicio, debe simplificarse la impartición de justicia para la gran mayoría de los mexicanos, comenzando desde la notificación misma de una demanda. Debe favorecerse la intervención de los Jueces de Paz en procesos orales, en los que se conceda mayor relevancia a la mediación y a la conciliación como mecanismos alternos para la solución de la cuestión conflictiva.

 

La gratuidad de la justicia no debe confundirse con el pago de las costas judiciales. Es preciso que los litigantes tengan conciencia perenne del riesgo económico que lleve implícito el planteamiento de argumentaciones falsas o baladíes. La amenaza latente de pagar las costas judiciales favorecería siempre un clima de conciliación.

 

Resulta imposible pensar en la construcción de un Estado de Derecho, sin abogados. A pesar de la considerable matrícula de licenciados en derecho egresados semestralmente de las principales universidades del país, hacen falta verdaderos abogados. Debe impulsarse la colegiación obligatoria de quienes ejercemos esta profesión.

 

En la misma línea de pensamiento debemos pugnar por la capacitación puntual y cotidiana de quienes ejercen la función de impartir justicia. Los funcionarios judiciales deben aumentar en número, como también en calidad, para eso deberían capacitarse jurídica y humanamente en forma regular.

 

Debemos pensar en una reorganización funcional del presupuesto aprobado para el PJF, como también en el orden local, para que se abra el número suficiente de plazas judiciales, que satisfagan la amplia demanda de justicia en el país, en todos sus órdenes, y abrir de una vez por todas el campo al arbitraje privado como vía alternativa para la solución de conflictos.

 

Muchas más propuestas habrán de compartirse, desde luego, pero no mucho más tiempo es aquel con el que se cuenta para remediar el desamparo que produce la inaplicación del derecho, por el que millones de mexicanos claman de manera cada vez más sonora.

Caldos de insolencia

Antonio Cuéllar | Martes 14 de abril, 2015

ALEGATOS | La columna de Jorge Cuéllar

Incesantes grabaciones radiofónicas patrocinadas por el INE nos convocan a acudir con puntualidad a cumplir la obligación política de votar por nuestros representantes populares, y nos hacen ver con insistencia que, como sociedad, somos responsables –y subrayo la palabra–, de la elección de aquellos que habrán de tener entre sus manos la definición del rumbo del país y, con él, de nuestro destino.

En una época como esta en la que vivimos, me pregunto realmente si puede atribuirse responsabilidad a alguien con relación al ejercicio de un derecho, cuando los resultados de la acción parten de la base del desconocimiento o la ignorancia, el error o la violencia. En la teoría del derecho civil, cualquiera de esos vicios produce la nulidad del acto jurídico. Paradójicamente, en la era del conocimiento, sobresale la ignorancia a la hora de votar.

Tenemos ante nosotros la oportunidad y el deber de forjar un futuro que se asiente sobre cimientos sólidos, que miren por la sustentabilidad de nuestras acciones y nuestro modo de vida, más que a manera de un símbolo de confort colectivo, como una garantía real de supervivencia de una humanidad que crece descontroladamente, lastimosamente sobre la faz de un planeta que se asfixia ante la vorágine de la depredación.

La materialización del voto y nuestro sufragio sí entraña una responsabilidad a nuestro cargo que obliga a la ciudadanía a informarse y conocer, con profundidad, el contenido de la plataforma política que los candidatos contendientes habrán de impulsar, de llegar a ser elegidos para el puesto por el que contienden. Los medios para informarnos sobre los postulados ideológicos de nuestros aspirantes políticos, por costosos que puedan ser para el contribuyente, son terriblemente escasos.

A pesar de la importancia del mensaje difundido por el INE, tanto desde un punto de vista intrínseco, como también de su relevancia a partir de su carácter repetitivo, los actores de la gran contienda electoral no ejercen una retórica sustantiva que permita entender, en el fondo, cuál es el sentido de su proposición política.

Las campañas, como lo han sido a lo largo de los últimos tiempos, no son sino un raudal de improperios y calumnias que demuestran la bajeza de aquellos que las encabezan. En una metralla de insultos, los partidos políticos han enfilado sus esfuerzos a la degradación de sus opositores, en una guerra de lodo en el que no hay uno sólo que salga limpio.

Evidentemente que, si ese es el estilo y las cualidades de quienes habrán de ser electos para ser dirigentes, de quienes el pueblo escoge para ejercer el poder y hacer cumplir la ley por contar con cualidades especiales, que los deben llevar a ser calificados como lo mejor de la sociedad misma que los designa ¿qué podemos entonces esperar de las cualidades de los electores, quienes los conducen al poder?

Ante la clara pérdida de valores, los partidos políticos y la clase gobernante tiene a su cargo el enorme e irrenunciable deber de poner el orden, empezando por la casa. No sólo ha de considerarse a través de la concreción de actos honestos y asertivos con relación a las atribuciones otorgadas en el difícil arte de gobernar y hacer política, sino desde antes, por cuanto a la corrección y altitud de las formalidades a la hora de realizar campañas electorales. La conducción de la política entraña la construcción de los límites dentro de los que aterriza la discusión y solución de los grandes problemas que aquejan a la Nación.

Es verdad que la religión y la política corren por carriles separados, pero no podemos negar el obligado contenido moral del discurso político y su resultado, en la ley. Por eso debemos estar de acuerdo con la multiplicidad de llamados de atención hechos a todos los partidos políticos, para que se mejore en contenido y calidad discursiva, la propaganda con la que habrá de inundarse los medios de comunicación a lo largo de los próximos dos meses hasta el día de la contienda electoral.

La exigibilidad de la responsabilidad ciudadana, así, guarda una incuestionable correspondencia con la capacidad de los partidos políticos contendientes de saber informar, con seriedad y totalidad, el contenido de su proposición política. No habrán reproches que trasladar a una sociedad distanciada y decadente, si la causa de sus males encuentra su génesis en procesos de elección política plagados de ignorancia y bañados en caldos de insolencia.

En el juego del “mercado relevante”

Antonio Cuéllar | Martes 31 de marzo, 2015

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

 

Coinciden quienes pretenden gobernar a México en que, para mejorar nuestras condiciones de vida y de progreso económico, debemos acabar con oligopolios profundamente arraigados y procurar la implantación de una política de competencia efectiva en mercados vinculados con áreas estratégicas o prioritarias para el desarrollo nacional.

 

Entre las reformas aprobadas con motivo del extinto Pacto por México, tres son las que consideramos íntimamente relacionadas con la economía: la laboral, la de telecomunicaciones y la energética. Existen otras tangenciales que también incidirían en la materia, pero no por ello son, así digámoslo, reformas troncales.

 

Las telecomunicaciones, incluidas la radiodifusión y la telecomunicación en estricto sentido, constituyen uno de los mercados con mayor desenvolvimiento en las estadísticas e indicativos de crecimiento nacional. En oposición a otros sectores, como el inmobiliario, reflejan un desarrollo sostenido tanto en infraestructura, como en servicios y usuarios.

 

Una cuestión resulta relevante destacar –en la medida en que ha sido una de las consideraciones medulares alrededor del cual se ha construido la nueva ingeniería jurídica–: radiodifusión y telecomunicaciones son sectores que ineludiblemente habrán de consolidarse, virtud al fenómeno de la “convergencia tecnológica”.  Espectro radioeléctrico nacional e infraestructura de red se unificarán como una plataforma de datos única, a través de la cual los usuarios intercambiarán información por teléfono, por Internet o televisión, que en esa medida configurarán un mismo servicio.

 

Frente a la declaratoria de preponderancia de Telmex, aparece ineludible la pregunta en torno de cómo lograr la pronta incursión de un agente económico que pueda convertirse en un competidor efectivo en el mercado de la telefonía fija o, como habrá de ocurrir, en el de un nuevo mercado relevante que abarca telecomunicaciones consolidadas amén de la inminente convergencia tecnológica.

 

Se investiga y está por definirse cuál es el tratamiento que habrá de concederse a la red que vienen creando las empresas de Megacable y otras concesionarias del mismo servicio ya asociadas, que desarrollan una plataforma a través de la cual podrían competir en el mercado relevante de la telefonía fija. Ya en el inicio de la investigación misma se ha reconocido que los agentes investigados no han causado ningún daño al mercado en la actividad que ellos mismos vienen realizando. La problemática estriba en que el IFETEL define su posición y regulación desde la perspectiva de la participación que estos tienen en el mercado de la televisión restringida, pasando por alto la necesidad apremiante de generar condiciones de concurrencia en el mercado de la telefonía fija.

 

Pareciera que las facultades de regulación de las telecomunicaciones y de la competencia económica otorgadas al IFETEL se separaran o se condujeran de manera autónoma, en contrasentido al espíritu de la reforma constitucional del 2013 que lo habilitó como autoridad única para atender un mandato puntualmente identificado y que tiene que ver con el rompimiento de la inercia.

 

Los criterios resultan imprecisos y contradictorios, pues mientras la visión es complaciente tratándose de la lectura y condiciones de operación de la telefónica tratándose de la prestación del servicio de televisión, así sea que provenga de su asociación en el ámbito de la recuperación crediticia, como sucedió con Dish, o a través del aprovechamiento de la plataforma de Internet, como lo hace con Claro TV, dichos criterios se convierten estrictos y restrictivos cuando se valora la participación de la concesionaria de redes públicas dedicadas a la televisión por cable, cuando pretenden incursionar en el segmento de la telefonía fija.

 

Lo cierto es que el establecimiento de directrices que pudieran impedir la consolidación de una red e infraestructura que pueda hacer frente al tamaño de aquella que hoy posee el agente preponderante, de cara a la convergencia tecnológica, no producen sino la posibilidad real de que la práctica monopolística que se pretendió evitar con la reforma constitucional se aleje. Esa visión en la que todos los mexicanos coinciden, de que nuestro progreso está asociado a la eliminación de los oligopolios, no podrá materializarse mientras no se tenga claridad sobre la política que permita concederle a los agentes entrantes en el mercado de referencia, una posición sólida que los haga competitivos frente al agente preponderante.

 

Es evidente que ante la disyuntiva que se presenta, indispensable resulta entender cuál fue el propósito de la reforma como también, en mayor medida, el alcance que se debe conceder al concepto de mercado relevante objeto de investigación por parte del IFETEL, cuando este se vendrá consolidando en uno solo en el futuro inmediato. Telefonía y televisión restringida son ya, básicamente, dos productos asociados que se ofrecen en una misma plataforma. ¿Qué tratamiento se debe conceder a los agentes entrantes, en la medida en que los privilegios otorgados al preponderante pudieran producir el descarrilamiento del principio constitucional que privilegia una competencia que sería, no sólo posible, sino esencialmente sana?

Presupuesto, elecciones y gasolina

Antonio Cuéllar | Martes 24 de marzo, 2015

ALEGATOS | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

A pesar de que la economía mexicana ha venido deshaciéndose de su dependencia del petróleo, esta finalidad no ha logrado concretarse con relación al Presupuesto, el que sí cifra su éxito en la colocación internacional del crudo mexicano. Por eso, la caída de los precios internacionales del petróleo obliga, responsablemente, a la necesidad de efectuar una revisión al Presupuesto de Egresos como el Secretario de Hacienda y Crédito Público lo ha anunciado, en especial con la mira puesta en el ejercicio 2016.

La noticia tiene un color gris que resulta desalentador, en la medida en que el ajuste al presupuesto provocará un impacto inmediato en la atención de programas gubernamentales o la ejecución de obras que dependen de recursos del Estado mexicano, fenómeno que trascenderá en contra de la economía de las personas o de nuestra sociedad en un año que, política o electoralmente hablando, resulta fundamental.

A pesar de que se trata de medidas responsables asumidas por quienes tienen el deber de velar por la sana marcha de la economía nacional, la noticia no es fácil de entender para una buena parte de nuestra población. Si se hace el comparativo simplón de lo que sucede al otro lado de la frontera, en la que una economía de libre mercado en el que las empresas petroleras han competido desde su origen ha permitido la disminución del precio de la gasolina, muchos se preguntarán porqué en México no pasa exactamente lo mismo. El ajuste del precio de tan importante insumo produce envidias.

Podría suponerse que si nuestros productores contaran con un carburante más barato, la planta fabril y las actividades industriales y de manufactura podrían echarse a andar más rápidamente y, con ello, provocar un despegue de la economía más acelerado. El problema es que una decisión de ese tipo sería sumamente inequitativa y desventajosa para la gran mayoría de los mexicanos, sólo por mencionar un punto y dejando a un lado la perspectiva ambiental que reprobaría, sin lugar a duda alguna, cualquier política que permitiera una mayor quema de combustible. Un número importante de programas sociales no podrían verse atendidos.

El Gobierno se halla así en la encrucijada de impulsar acciones para no impedir la realización de actividades comerciales e industriales que se ven artificialmente detenidas con la conservación de un precio de la gasolina fiscalmente impactado, y simultáneamente la de no poder disminuir sus ingresos para poder preservar un cúmulo de programas sociales de los que depende la supervivencia de muchos millones de mexicanos.

No existe otra salida en este laberinto sino la de permitir aceleradamente la implantación y puesta en marcha de la nueva ingeniería legal, a través de la cual se permitirá la concurrencia de un conjunto de agentes económicos que, con su participación en el mercado, puedan llevar a la industria energética nacional al estado de competitividad que pudiera ofrecer condiciones de producción y disminución de precios como las que se vienen deseando.

Llama sin embargo la atención el hecho de que la proposición de disminuir el precio de la gasolina, con base en el comparativo hecho con el mercado de los EEUU, proviene de las filas del PAN, quienes a través de la colocación ruidosa de la idea lanzan una plataforma de campaña en la que se apoyan para pregonar el éxito que tuvieron en la administración de la economía a lo largo de los doce años que ejercieron el poder.

Sería válido y justo analizar que, durante el sexenio pasado, el precio del barril de petróleo tuvo un deslizamiento sin precedente en la historia, que permitió a la administración calderonista aplicar un subsidio a las gasolinas para que las familias mexicanas no tuvieran que pagar el precio real que al combustible le correspondía. Una intervención del Estado en una actividad primordial que es similar a la que hoy, en sentido inverso, se pretende erradicar.

¿No acaso los gasolinazos han venido a ser, al final del día, la aplicación de una política de deslizamiento paulatino del precio de la gasolina, que persigue eliminar el subsidio artificial otorgado a lo largo de esos años a favor de la gasolina y el diesel?

En esta época electoral, cómo haría falta que alguien explicara cuál ha sido el manejo real de la administración financiera del Estado alrededor del precio de la gasolina. Presentar a los responsables de la administración financiera de los recursos obtenidos por el sobreprecio histórico del petróleo a finales de la primera década de este siglo, así como a los responsables de hacer frente al descalabro que produce la caída estrepitosa de dicho recursos en los mercados internacionales. ¿Qué cuentas han de rendir unos y otros? ¿No así sería más válida la información con la cual se nutrirían las boletas electorales?

¿Quién mató al comendador?

Antonio Cuéllar | Martes 17 de marzo, 2015

Mexicoleaks ofrece una plataforma excepcional, pero peligrosa: ¿quién vigilará la protección de datos personales que establece la Constitución?

ALEGATOS | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

Ante la contundencia de prácticas de corrupción o de potenciales conflictos de interés, como los que han acontecido en México desde siempre, y que, por ejemplo, dieron lugar a la sustitución del Secretario de Obras del Distrito Federal la semana pasada, la transparencia y la rendición de cuentas constituyen una herramienta esencial e indispensable para la ciudadanía; el instrumento más efectivo para combatir y sancionar la ilegalidad, particularmente cuando se trata del ejercicio de la función pública.

Los caminos que establece la Constitución y que se han venido perfeccionando a lo largo de la última quincena de años para garantizar la transparencia, han dado cabida a organismos autónomos del Estado, sólidas instituciones que han ganado reconocimiento y credibilidad en la valoración de los aspectos que atañen a su competencia, en función de su desempeño apegado a la ley, se trata del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 6º de la Constitución, los comisionados que integran el IFAI son nombrados por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, siempre que no sea objetado por el Presidente de la República, lo que garantiza que los siete comisionados del Instituto sean personas de reconocida reputación en la lucha por la transparencia y la defensa de los intereses de la sociedad sobre el particular.

El funcionamiento de nuestra democracia exige la observancia de postulados de orden esenciales, sin los cuales, desde luego, no podría funcionar; incluso tratándose de la tutela del derecho de acceso a la información, el Estado debe gozar de organismos capacitados a fin de evitar el atropello del derecho concomitante al de transparencia: el de protección de datos personales.

El artículo 16 de la Constitución establece con claridad que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personas, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

Un grupo de “organizaciones” recién lanzaron el portal Méxicoleaks, cuyo propósito es facilitar una plataforma a la ciudadanía que permita la presentación de denuncias e información reveladora de hechos de corrupción, que puedan ser aprovechados periodística y legalmente para combatir esta gran enfermedad que ha provocado el hartazgo de la sociedad.

En un sentido de búsqueda de la transparencia y combate a la corrupción, en el escenario de las idealidades y de un país perfecto, se trata de una idea impecable. Qué mejor instrumento a disposición de la ciudadanía que el de un procedimiento tecnológico que permita publicar información privilegiada que evidencie un hecho de corrupción, sin riesgo para el denunciante.

El problema estriba en que México no es ese país perfecto, y ante el hiperrealismo que produce la utilización bulliciosa de las redes sociales, el funcionamiento de una plataforma de este tipo expone a toda persona, en particular a quienes ejercen el servicio público, a un doble flanco que puede ser peligroso para la estabilidad nacional:

Una, la utilización de información falsa o documentación apócrifa en perjuicio de los denunciados produce un efecto infamante que queda irremediablemente consumado desde que la información se hace pública, en forma absolutamente impune para quien hubiera remitido los datos utilizados. El portal alude expresamente al privilegio de los periodistas que la divulgarían, de no tener que revelar la fuente de la noticia.

Dos, si bien es cierto que existirá algún órgano colegiado de control entre quienes dirigen el portal, la problemática es que este será discrecional y quedará colocado en manos de “profesionales de la información” cuyas cartas credenciales no atraviesan el tamiz del control institucional conforme al cual han sido creadas las instituciones del Estado que hoy se encargan de velar, tanto del cumplimiento de la obligación de hacer pública toda información gubernamental, como también por el secreto y privacidad de los datos personales de los mexicanos. ¿En manos de quiénes quedará depositada esta altísima responsabilidad?

Lo cierto es que en el ejercicio de los derechos que se ejercen en esta nueva función colectiva de las redes sociales, el Estado queda sobrepasado. Se trata del empoderamiento de un acusador anónimo que no tiene nada que perder y que no puede ser sujeto de control. ¿Qué manejo habrá de darse a la información durante los procesos de elección?

Debe aplaudirse cualquier proceso de organización de la sociedad civil que busque evidenciar la ilegalidad dentro de la cual se conduzca un servidor público, o un particular en relación con aquél. Sería conveniente, sin embargo, que se permita, aún tratándose de la publicación en la red, la instrumentación de mecanismos de defensa a favor de quienes hayan de ser denunciados, lo mismo que la ampliación de la plataforma a fin de dar a conocer, idénticamente, las actividades del servicio público ejemplar.

La mejor manera de construir una democracia funcional no puede darse a través de la vía única de la exaltación del pecado, sino también mediante el reconocimiento de las virtudes de quienes cumplen cabalmente con su deber.

La vara que mide

Antonio Cuéllar | Martes 10 de marzo, 2015

ALEGATOS | La columna de Antonio Cuéllar

Es contrastante y podría decirse que hasta contradictorio, que así como en México se ha denunciado una constante violación a los derechos humanos por parte de las autoridades policíacas, en especial al momento de la detención, –respecto de la cual un informe de la relatoría de la ONU asegura que en nuestro país se ejerce la tortura–, por otro lado y de manera simultánea, se han logrado las reformas más trascendentes tendientes a proteger los derechos fundamentales de toda persona que se halle en el país, instrumentos con apoyo en los cuales nuestros jueces están llevando a cabo la labor más protectora del individuo que jamás podríamos imaginar ¿Cómo, existiendo un marco jurídico tan sólido, se siguen cometiendo atropellos?

Paralelamente, la falta de detenciones y la inaplicación del derecho en perjuicio de la víctima produce un fenómeno todavía más pernicioso, el de la impunidad, un vicio arraigado en nuestra sociedad que vulnera la confianza y afecta el crecimiento de las actividades productivas, obviamente, en perjuicio de toda la población. ¿Cómo, frente a la posible comisión de un delito, los jueces conceden amparos?

Las premisas anteriores arrojan una conclusión que se debe atender de manera urgente: en la labor ordinaria de investigar, de perseguir y acusar la comisión de cualquier delito, por parte de las autoridades ministeriales, es menester ponderar la forma en que se respeten derechos fundamentales inherentes a la ejecución misma de la detención de las personas.

La problemática no es menor. Permanece fresca en la memoria colectiva la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permitió la liberación de Florence Cassez por violaciones cometidas en su perjuicio desde su detención. La vara conforme a la cual se deben comportar las autoridades policíacas desde que se sentó ese criterio por parte del Tribunal Supremo se elevó considerablemente.

Hoy mismo se da cuenta de la sentencia que ha pronunciado un Tribunal de Apelación del Estado de Michoacán, por medio de la cual se revocó el auto de formal prisión dictado en contra de Hipólito Ortiz, líder de comunidades de autodefensa en esa entidad, y por virtud de la cual este ha quedado en libertad. Los elementos valorados para pronunciar el fallo circundan alrededor del contexto social, la protección más humanista de su derecho y la aplicación del marco jurídico del Estado, que tutela la legítima defensa, en este caso, a partir de la falta de certidumbre sobre qué grupo disparó primero. Desvanece los esfuerzos del Estado para lograr la aplicación de la ley en el sur del país, con relación a un evento específico en el que, indiscutiblemente, existieron víctimas fatales.

En los medios ya se habla también del amparo promovido por “La Tuta” en contra del proceso de detención del que fue sujeto, camino a través del cual perseguirá, seguramente, una resolución similar a la que ya pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación para liberar a la presunta secuestradora gala. La lectura de la jurisprudencia y su aplicación irreflexiva se ha convertido en un deporte de moda entre los defensores.

En este grave estado de confusión que arroja la tutela de los derechos humanos, sería absolutamente conveniente que se meditara sobre la pertinencia de modificar el efecto protector del amparo con relación a violaciones cometidas durante el momento de la detención, como también que se discutiera el diseño de los protocolos de actuación para ese mismo acto de la autoridad, primer eslabón del proceso penal.

Bajo ningún motivo podríamos proponer que la violación cometida durante la detención de cualquier persona pase inadvertida en su contra y a favor de las autoridades policíacas o ministeriales. No podríamos suponer que se trataría de violaciones irreparablemente consumadas en perjuicio del afectado. Desde luego que el abuso de autoridad, de consumarse, constituye otro delito que debe perseguirse eficazmente en contra del agente que lo cometa. Sin embargo, ante la existencia de elementos de prueba que demuestren la posible responsabilidad del sujeto así detenido, las violaciones que se pudieran haber cometido durante la detención, podrían quizá no valorarse para la excarcelación, sino para la reposición del proceso, para beneficio de los intereses de la sociedad y, más aún, de la víctima, sin pasar por alto el derecho del detenido para aportar nuevos elementos de defensa que sirvan para desvirtuar la acusación.

Más allá de la intervención extraordinaria que deben realizar los jueces para conocer de esta violación de derechos humanos, como reiteradamente se cometen en el país, qué mejor sería la implementación de medidas de prevención que eviten la consumación de cualquier abuso de poder dentro de la necesaria sujeción a proceso de cualquier persona, hecho que entraña, en principio, una afectación a su libertad. Se tratará, en todo caso, de una nueva vara para medir el ejercicio de la función ministerial.

La recuperación del orden

Antonio Cuéllar | Martes 24 de febrero, 2015

No son pocas las referencias que en los últimos días han aparecido publicadas, al señalamiento que el Secretario de Hacienda y Crédito Público compartió con el Financial Times

 

No son pocas las referencias que en los últimos días han aparecido publicadas, al señalamiento que el Secretario de Hacienda y Crédito Público compartió con el Financial Times, relativo a la falta de confianza de los mexicanos hacia su Gobierno; como tampoco es aislado el llamado urgente del Presidente de la República a retomar el camino del orden, como vía para aprovechar las reformas estructurales aprobadas por el Congreso.

 

 

 

Un balance objetivo de los acontecimientos más relevantes ocurridos en el último semestre, permite con facilidad vincular la asociación que hace el colectivo, entre el caso Ayotzinapa y un estado de vulneración permanente de los derechos humanos, y del caso Casa Blanca con un estado de impunidad y corrupción que involucra a la clase gobernante, en detrimento perenne del respeto y pulcritud en la prestación del servicio público y la legalidad. Las marchas, que de ambos derivan, afectan el desenvolvimiento de la vida cotidiana de las personas y su estabilidad.

 

 

 

Consideramos que la opción del silencio oficial ante la trascendencia de los hechos, no es una alternativa que los mexicanos vayan a aceptar en esta ocasión, ni por la cercanía del proceso electoral, ni por la conciencia ciudadana que prevalece, en la que participa una generación de jóvenes que jamás fue gobernada por el viejo PRI y que, más allá de ello, ha escuchado a lo largo de los últimos años una versión repetitiva de un discurso que identifica los aspectos más negros de nuestra historia y los vincula sin reserva alguna al revolucionario institucional; campaña de desprestigio que enarbolaron las dos administraciones panistas desde su llegada a Los Pinos, y los distintos gobiernos perredistas desde la capital.

 

 

 

Sólo el tiempo habrá de demostrar la verdadera dimensión de los hechos acontecidos en Iguala y develar la responsabilidad de los partidos políticos, sin excepción alguna, con relación a los acontecimientos que cobraron la vida de luchadores sociales matriculados en la escuela normal de la serranía de Guerrero. La lista se encabezará por los partidos que postularon a los gobernantes, municipal y del Estado, quienes tuvieron que ver con la tragedia de manera directa e inmediata, en forma activa y pasiva respectivamente.

 

 

 

En la encrucijada de la que habremos de salir adelante, la respuesta del partido oficial debe ser contundente y ejemplar, porque los tiempos así lo demandan: Nunca más un gobierno cooptado por las bandas criminales; no más un sistema jurídico que permite, por su porosidad, la consumación impune de actos de corrupción que ofenden la dignidad y la inteligencia de los mexicanos. ¿Cómo abordar la problemática en torno de los derechos humanos y la corrupción en forma creíble?

 

 

 

En la lucha por la defensa de los derechos del hombre, merecería la pena distinguir entre las acciones que han de emprenderse en lo general, para las que la CNDH debería de emprender el camino con nuevos bríos y nuevas atribuciones, y aquellas que resuelven la problemática que aqueja a los individuos en lo particular, sobre las que los tribunales, federales y de los estados, deberían de resolver con independencia, capacidad y prontitud, las quejas que ante ellos lleguen a ser presentadas. Se trata, en ambos casos, de tareas que han quedado pendientes de cumplir o se han cumplido en forma deficiente.

 

 

 

Ahora bien, hablando sobre la lucha contra la corrupción, esta semana se discutirá en la Cámara de Diputados el dictamen que sintetizará el acuerdo que habrán de alcanzar los distintos partidos representados, con relación a la concepción y creación constitucional de un nuevo sistema nacional anticorrupción.

 

 

 

El nuevo papel de la Auditoría Superior de la Federación en el control de la legalidad y vigilancia de la gestión financiera del gobierno, constituye un elemento imprescindible que habrá de definir el alcance del ánimo regenerador de los representantes. Preciso será, sin embargo, que se entienda la situación en la que, sin lugar a dudas, se encuentran muchos hombres honestos encargados de realizar la difícil tarea de controlar el ejercicio presupuestal del gobierno. La fiscalización del gasto público debe ser una labor de vigilancia que se realice humanamente y de buena fe; sólo así se logrará la funcionalidad del sistema.

 

 

 

Sería sumamente pertinente que al Auditor Superior de la Federación, lo mismo que al Secretario de la Función Pública o cualquier órgano que lo sustituya, autónomo o dependiente, se les dotara de atribuciones de orientación en torno de la justa interpretación de la ley, incluso desde antes de que la misma haya de ser ejecutada: facultades ex ante.

 

 

 

Un último punto que se propone y que valdría la pena considerarse, tiene que ver con la inconveniencia que representa, en la vida cotidiana, la judicialización de los procesos de contratación pública. En el ejercicio del presupuesto, bien podría valorarse la posibilidad de que las impugnaciones que lleguen a tener lugar, se ventilen uniinstancialmente ante la propia Auditoría Superior de la Federación o los órganos de control del gasto público de los congresos estatales, auxiliares del legislativo a los que, en última instancia, les corresponde la legitimidad única para valorar si dichos procesos se apegan a la ley y cumplen de manera eficiente con los fines técnicos y económicos que persigue el Estado.

El cómo y cuándo de la Portabilidad Numérica

Antonio Cuéllar | Martes 17 de febrero, 2015

De frente a un proceso reformador y disposiciones administrativas que reconocen de manera expresa la desafortunada concentración del mercado nacional de telecomunicaciones móviles, resulta indispensable saber cómo y cuándo se superará dicho fenómeno

 

De frente a un proceso reformador y disposiciones administrativas que reconocen de manera expresa la desafortunada concentración del mercado nacional de telecomunicaciones móviles, resulta indispensable saber cómo y cuándo se superará dicho fenómeno. Los anuncios publicitados y las expectativas generadas por los consumidores, de que las tarifas de la telefonía celular habrían de disminuir y la calidad del servicio iría a mejorar, provocan especulaciones sobre si el éxito del proceso será cierto y será cercano, o si este habrá de revertirse en la misma manera en que las estadísticas de crecimiento económico para este año se desinflan poco a poco.

 

En el mes de marzo del año pasado, el IFETEL emitió la resolución a través de la cual declaró como agente preponderante a América Móvil (Telmex, Telcel, Grupo Carso e Inbursa) en el ámbito de las telecomunicaciones, con motivo de lo cual emitió una serie de regulaciones asimétricas que no persiguen otro fin sino el de lograr una disminución de poder que permita la incursión de nuevos competidores bajo condiciones de competencia real y efectiva.

 

En el mes de julio del año pasado, el H. Congreso de la Unión expidió la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a través de la cual buscó atender al conjunto de directrices contenidas en el Decreto de reforma constitucional en esa materia, publicado en el mes de junio de 2013. Con la finalidad de incentivar la competencia y romper con las inercias que produjeron la concentración del mercado, en la nueva Ley se incluyó el Derecho a la Portabilidad Numérica.

 

Dicho principio, que se define en el artículo 2º y se impone como obligación de los concesionarios de redes públicas en el artículo 118, constituye el derecho de los usuarios para conservar su número telefónico con independencia del concesionario de red pública que elija como su proveedor del servicio.

 

Destacó el hecho de que en el articulado de tránsito de la propia Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se previó expresamente que el IFETEL tendría sesenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la Ley para expedir las reglas administrativas necesarias que eliminaran requisitos que pudieran retrasar o impedir el derecho a la Portabilidad Numérica, reglas que, además, garantizarían la portabilidad efectiva en un plazo no mayor a 24 horas contadas a partir de la solicitud presentada por el usuario titular del número respectivo.

 

El 12 de noviembre del año pasado, el Pleno del IFETEL expidió el Acuerdo mediante el cual emitió las Reglas de Portabilidad Numérica, en cuyo articulado se incluyeron tres reglas específicas que nos interesan: 1. Se establecieron horarios para la atención de las solicitudes de portabilidad entre operadores; 2. Se condicionó la operatividad de la portabilidad a la obtención y confirmación de un NIP electrónico; y, 3. Se prolongó la entrada en vigor del derecho a la portabilidad numérica al plazo de noventa días siguientes a la publicación misma del Acuerdo.

 

En el mes de diciembre pasado, la Cámara de Senadores interpuso una Demanda de Controversia Constitucional ante la SCJN, a través de la cual cuestiona la validez del Acuerdo del Pleno del IFETEL en materia de Portabilidad Numérica, por considerar que, a través de su emisión, se transgredieron las reglas que de manera puntual y limitada se habían incorporado en el articulado de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Propiamente, se estima que el establecimiento de las condicionantes de la portabilidad y la prolongación de su entrada en vigor, excedieron el texto y espíritu de la Ley por debajo de la cual se encuentran.

 

El reacomodo del mercado que produce la incursión de AT&T como segundo proveedor del servicio de telecomunicaciones móviles, un mercado que parece inclinarse hacia la consolidación de una tercia de operadores, permitiría adelantar la inminente materialización de los beneficios que persiguió desde su nacimiento la reforma de telecomunicaciones; sin embargo, aún consolidándose esta compañía como la principal tenedora de espectro, con un 39.66% de las frecuencias móviles disponibles, lo cierto es que con la adquisición de Iusacell y Nextel sólo resulta beneficiaria del 13% del mercado –frente a un 67.89% del mercado que conserva América Móvil (Telcel)–.

 

En ese escenario, la Portabilidad Numérica constituye un factor primordial, o bien para lograr la anhelada competitividad del sector estratégico de las telecomunicaciones, o de lo contrario, para conservar una lamentable barrera de acceso al mercado que podría constituir un terrible balde de agua fría para los usuarios.

 

Es en estas condiciones que la SCJN se vuelve a convertir en el último eslabón de la cadena de poder, el órgano superior en el que los mexicanos depositan la confianza que implica el deber de decidir, de acuerdo con la interpretación de la Constitución más razonable y funcional, cómo ha de observarse y cumplirse la ley. Serán así los ministros los que estarán encargados de sentar el precedente correspondiente por virtud del cual el IFETEL habrá de ser un órgano del poder público sujeto al control de constitucionalidad de sus actos, como también el precedente a través del cual se decida, con toda la prontitud que el caso amerita, si el Derecho a la Portabilidad puede prolongarse a discreción y moldearse al gusto de los comisionados.

 

El honroso valor de reconocer el error

Antonio Cuéllar | Martes 10 de febrero, 2015

La Ley de Salud Pública del Estado de Baja California establecía en su articulado la regulación inherente a los Centros de Desarrollo Infantil, que se … Continúa leyendo El honroso valor de reconocer el error

La Ley de Salud Pública del Estado de Baja California establecía en su articulado la regulación inherente a los Centros de Desarrollo Infantil, que se definían como el establecimiento donde se brinda cuidado temporal, alimentación y en su caso, (en los que se) brinden educación inicial, a menores en edad lactante, maternal, preescolar, y menores con discapacidad no dependientes, cualquiera que sea su denominación.

 

Por el carácter discriminatorio de la norma, que diferenciaba a los discapaces dependientes de los no dependientes, y en la que quedaban excluidos los primeros, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de su Presidente, interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la Acción de Inconstitucionalidad 86/2009, por medio de la cual se pretendió la declaratoria de invalidez correspondiente que permitiera la subsistencia del derecho humano a la igualdad a favor de todos los niños, en especial a favor de aquellos afectados por alguna discapacidad.

 

El día de ayer, los ministros en Pleno del máximo Tribunal Constitucional de nuestro país declararon la invalidez de la norma, para lo cual, inclusive, se dieron a la difícil tarea de definir los alcances de su propia resolución, no sólo por cuanto a las causas de inconstitucionalidad misma, sino además con el propósito de sentar los lineamientos conforme a los cuales la legislación debería incluir los instrumentos jurídicos que permitieran garantizar que los Centros de Desarrollo Infantil contaran con las medidas necesarias para satisfacer las necesidades propias de los menores con discapacidad.

 

Habiéndose ya discutido entre los ministros de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación temas sobre igualdad tan relevantes como el concerniente a la inconstitucionalidad de las normas que en el ámbito de lo familiar impiden la celebración del matrimonio entre personas de un mismo género, sobresalió la semana pasada, de manera importante, el conjunto de señalamientos hechos por el ministro Fernando Franco González Salas en torno de las causas de inconstitucionalidad de la norma objeto de la Acción de Inconstitucionalidad que nos interesa, emitida por el Congreso de Baja California.

 

Al respecto, el señor ministro Franco González Salas manifestó que los niños con discapacidad impactan y pueden afectar a los niños que no la padecen, y sugirió que aquellos, los niños con discapacidad, deberían contar con instalaciones propias, adecuadas a su singular condición.

 

Sin vacilación alguna, organizaciones sociales y personas físicas, con razón, le enviaron misivas a través de las cuales le exigieron que retirara sus palabras y ofreciera una disculpa con relación a sus señalamientos, que estimaron inconcebibles por parte de una persona con su formación intelectual y su responsabilidad social.

 

No puedo negar el hecho de que, en el fondo de esta discusión, desde luego que compartimos la indignación que producía el punto de vista del ministro Franco González Salas, pues el derecho humano a la igualdad no puede impedirse en perjuicio de persona alguna, y mucho menos en perjuicio de los más indefensos de entre los más vulnerables.

 

No por ello dejo de reconocer, sin embargo, que la visión en torno de la interpretación del concepto de igualdad desde la perspectiva constitucional, en estricto sentido jurídico, puede y debe permitir la expresión de cualquier idea que provenga de aquellos a quienes se les encomienda interpretar la Carta Magna. En el ejercicio científico de la hermenéutica jurídica, la visión del ministro disidente debería aceptarse como válida, cuan antisocial pudiera parecernos, pues en eso estriba precisamente la labor de los jueces.

 

 

Celebramos enormemente la decisión adoptada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha declarado la invalidez de todos los artículos que impiden la igualdad entre los niños con discapacidad, dependientes y no dependientes, por cuanto a su atención en los Centros de Desarrollo Infantil, pues establece una nueva directriz de conformidad con la cual deberá de atenderse a las necesidades de los niños con discapacidad a lo largo y ancho de todo nuestro territorio.

De manera singular, sin embargo, resulta especialmente relevante destacar la acción humana, honrosa y honesta que, con toda sorpresa, porque no era necesaria, tomó el ministro Franco González Salas, quien al inicio de la sesión del día de ayer reconoció públicamente y frente a las cartas que le fueron enviadas, que las expresiones de su parte habían sido poco sensibles e inadecuadas, solidarizándose así con los padres de los niños con discapacidad, a quienes expresó una disculpa pública por sus expresiones, que retiró en el acto.

 

En esta época en la que prevalece una enorme distancia entre quienes tienen la difícil responsabilidad de gobernar y quienes soportan el peso de ser gobernados, destaca la virtud de la humildad y la empatía con lo más justo, más allá de lo estrictamente correcto y permitido, como lo mostró el ministro Franco González Salas. No sólo debemos aplaudir el valor que conlleva el reconocimiento del error, sino que bien podemos señalarlo como un ejemplo que en su propio ámbito de desenvolvimiento, otras autoridades deberían emular, a fin de superar los obstáculos que para la vida del país han venido imponiendo distintas circunstancias derivadas, nada más y nada menos, que de sus propios errores.