¡Hacer a México grande, otra vez!

Antonio Cuéllar | Martes 31 de mayo, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

 

Los pronósticos de hace un año le daban nulas esperanzas para convertirse en el candidato del Partido Republicano; sin embargo, la semana pasada logró asegurar el número de nominaciones que necesita para conseguirla.  El mal chiste se ha convertido en una amenaza verdadera y los cimientos del muro podrían estarse empezando a presupuestar.  El mero riesgo constituye un factor que nos obliga a tomar asiento, y a pensar.

 

Las encuestas todavía son inciertas y siguen concediendo algunos puntos de ventaja a Hillary Clinton frente a Donald Trump; pero los vientos son cambiantes, el ánimo alrededor del equipo de campaña de la antigua Secretaria de Estado disminuye y, en la misma proporción, se fortalece el de Bernie Sanders, el senador por el Estado de Vermont que persigue los votos mínimos necesarios para demostrar a sus copartidarios que, pese a todo y frente a las amenazas que se ciernen en contra de ella, podría tener un caso.

 

El impacto del estruendoso proceso electoral norteamericano, desde la perspectiva de México, puede analizarse desde varias aristas. Dos interesantes son las que arroja la actitud de nuestros compatriotas en el extranjero y la del Gobierno desde el interior.

 

A pesar de las críticas que a lo largo de los meses fueron exponiéndose, considero que ha sido todo un acierto de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, haber implementado y cumplido al pie de la letra la política exterior que manda la Constitución, de no intervención en los asuntos que corresponden a otro Estado soberano, máxime cuando se trata, ante todas las cosas, de la principal economía del mundo, el vecino más poderoso del planeta y nuestro socio comercial por arrolladora mayoría. El respeto oficial por el proceso electoral, a pesar de las graves ofensas de las que el pueblo de México ha sido objeto, denota una prudencia que podría llegar a rendir frutos positivos en el futuro, si la continuidad de la relación depende de la conservación del Jefe del Ejecutivo como nuestro único y más importante interlocutor.

 

No puede decirse lo mismo de la comunidad mexicana domiciliada en los estados del Sur de Norteamérica, que ante la presencia del candidato han elegido salir a las calles para hacer plantones o manifestaciones, y para ondear por todo lo alto la bandera de México.  Porque es precisamente la actitud que encoleriza al electorado estadounidense, enciende el discurso y proporciona la justificación que la retórica usada por el candidato republicano está buscando para ser oído.  La presencia nacionalista de las comunidades extranjeras en el suelo de los Estados Unidos constituye el peor antídoto contra quien busca su opresión.

 

Es previsible que si llegara a ganar Trump, no todo su contenido discursivo podrá convertirse en realidad.  Muy probablemente el muro no podrá construirse, y la política de gravar las importaciones no habrá de llevarse a cabo jamás, por el impacto que tendría en perjuicio de su propia economía.  Estados Unidos cuenta con instituciones democráticas que impedirían la consumación de tales arbitrariedades, si de suyo les resultan adversas.  No obstante lo dicho, podrían vislumbrarse actos de la administración federal que sí tendrían un impacto negativo inmediato en perjuicio de México: obstaculización en las fronteras, deportaciones masivas, implementación de mecanismos no arancelarios para frenar el flujo comercial, detención de los procesos de legalización de inmigrantes, por citar algunos.

 

Creo que la coyuntura negativa del proceso electoral estadounidense puede arrojar un momento positivo para México: el de valorar el saldo que arroja la política nacional de globalización y el de ponderar la necesidad de fortalecimiento de la competitividad y funcionamiento del mercado interno. ¿Qué podría pasar en el país si se debiera reinsertar a 3 o 4 millones de trabajadores en actividades productivas en el plazo de dos años? Estamos de cara a una emergencia nacional sin precedentes, y podríamos estar siendo terriblemente ingenuos en el manejo de predicciones.

 

La mano de obra es un factor de la producción tan o más importante que el capital.  Es incluso más poderosa si, en el mercado de destino, ésta se convirtiera en un bien escaso. En aras de ser más competitivos, es preciso que se detenga la migración desorganizada de trabajadores, y se impulsen políticas que fortalezcan su posición de negocio.

 

México ha emprendido un camino inigualable en el ámbito de la educación de su gente, pero los resultados están a varias décadas de distancia.  Hoy, se tienen que empezar a activar políticas que incentiven la investigación tecnológica y el crecimiento de la industria nacional; que impulsen un turismo de infinitamente mejor calidad al turismo de estudiantes de primavera; que preserven nuestros recursos naturales; que fortalezcan la protección de la propiedad intelectual en campos inherentes a productos con denominación de origen, los que no se fabricarán en ningún otro lugar; que administre el crecimiento de la industria, el comercio y los servicios nacionales en función de su vocación y potencialidades, por mencionar algunos. México debe de empezar a ver hacia dentro, siguiendo el mismo ejemplo que estamos observando.

 

Tenemos que acabar con la inseguridad y con la violencia, pero jamás podremos lograrlo en la medida en la que los actores políticos sigan enfrascados en una lucha perenne por acceder al poder.  La negatividad que imprime en el ánimo nacional la desatención de las responsabilidades que verdaderamente deben enfrentar nuestros servidores públicos y opositores, por su empeño en gastar recursos interminables en campañas electorales, ya no da más de sí. Urge ese gran acuerdo nacional por la unidad y la estabilidad.

 

Es un estupendo momento para entender el juego de la política en el que la retórica empleada ha llevado a caer al país entero; es un mejor momento, todavía, para volver a ¡Hacer de México un gran país otra vez!.

 

 

 

 

El Consumidor, figura ausente

Antonio Cuéllar | Martes 17 de mayo, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

El proceso de reorganización del gobierno y la reubicación de los ámbitos de competencia que otrora fueron exclusivos del Ejecutivo Federal, nota distintiva del presidencialismo mexicano, son un tema relevante que pasa desapercibido, un acierto que abona a nuestra competitividad y por el que se debe conceder una calificación sobresaliente al Pacto por México.

 

De manera contraria a lo que sucede en democracias en proceso de formación, la definición de las acciones y políticas públicas que se deben emprender para asegurar el aprovechamiento eficiente de las áreas estratégicas del desarrollo nacional en México está encomendada a distintos órganos reguladores, autónomos e independientes del Presidente de la República, como la CRE, la CNH, el IFETEL, la COFECE, el INEE o el CENEVAL, que no le reportan a él.

 

Esta intervención de órganos colegiados en el planteamiento de políticas nacionales para el crecimiento, garantiza la continuidad de las acciones que deriven de la ley, y asegura la funcionalidad de nuestras instituciones en forma ajena al resultado que arrojan los procesos de elección popular, un camino certero hacia la estabilidad.

 

Indiscutiblemente que el caso del Banco de México constituye el ejemplo paradigmático que comprueba la asertividad del fenómeno de corporativización de la función administrativa del Estado. Las decisiones tomadas por el Gobernador del Banco Central reflejan su determinación e interés en asumir cualquier medida que necesite el país en el ámbito monetario, sin miramiento alguno de los fenómenos que ocurran en la arena del debate electoral.

 

Siempre existe el riesgo de que la multiplicidad de cabezas pueda perder de vista el rumbo que debe seguir el todo, es por ello que resulta imprescindible contar con lineamientos legales que se fijen en la transversalidad de algunos principios esenciales de los que la función gubernativa no puede apartarse jamás. Podemos hablar así de la coordinación obligada de funciones y objetivos comunes que corren por cuenta de órganos de gobierno que, independientes entre sí, conviven alrededor de una misma área de servicio público.

 

Vienen a la mente el IFETEL y la PROFECO, a los que la ley encomienda la atención de áreas de desenvolvimiento distinto aunque, obviamente, con puntos tangenciales inseparables, siempre vistos desde perspectivas de regulación autónomas. El primero, encargado de la regulación y gobierno de los agentes dedicados a la prestación de servicios de telecomunicación, que deben satisfacer parámetros elementales de calidad a favor del público usuario, y el segundo dedicado a la atención y tutela de los intereses del gran público consumidor, en el que se encuentra aquel necesitado de contratar y obtener servicios en el ámbito de las telecomunicaciones.

 

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece con toda claridad en su artículo 191, la obligación común a ambos órganos para comunicarse las resoluciones que se dicten con motivo de violaciones sistemáticas o recurrentes a los derechos de los consumidores, para que en el ámbito de sus atribuciones realicen acciones necesarias para su protección y restitución, y para que, en su caso, el IFETEL imponga las sanciones procedentes.

 

A pesar de los beneficios de dicha comunicación obligada, estimamos que la legislación habría sido mucho más favorable si la visión protectora del consumidor se hubiera asegurado mediante la inclusión de procedimientos que permitieran una participación preventiva de la Procuraduría en los procesos que resuelve el Instituto, pues ello habría impreso en sus determinaciones una visión que, aún en su calidad de órgano regulador de la competencia económica en el sector, pareciera ausente.

 

Para muestra se cuenta con el resultado que arroja la política adoptada por el Instituto tratándose del gobierno y control del agente preponderante en el mercado nacional de telefonía fija y celular: TELMEX. A pesar de que las medidas dictadas sujetan su intervención en el ámbito de la venta de televisión restringida a la disminución de su participación en el mercado de las telecomunicaciones, éste conserva un porcentaje superior al 70% de dicho mercado y, de paso, ya realiza actividades comerciales en el ámbito de la televisión por medio de la simulación implícitamente aceptada, de los “servicios de facturación”. La afrenta pone en riesgo la funcionalidad del mercado en detrimento de la calidad de los servicios y de los intereses del público consumidor.

 

Los síntomas clínicos en dicho mercado son de consideración, si se conocen y comparan los resultados y políticas que se adoptan en regiones auténticamente avanzadas del planeta. Apenas el miércoles de la semana pasada, la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, dio a conocer la resolución por medio de la cual se declaró improcedente la solicitud que proponía la toma de control de “O2” de Telefónica por parte de CK Hutchison, operador de “Three”, por medio de la cual se disminuiría a tres, el total de cuatro competidores existentes en el mercado de la telefonía celular (junto con Vodafone y EE de BT).

 

De manera ejemplar, la Comisión dictó su resolución en función de los efectos que la medida podría producir en el mercado y por cuanto a la participación económica que a cada uno de los agentes competidores participantes pudiera corresponder, pero más aún, por la afectación de los intereses que atañen a la calidad y el precio del servicio que acaba pagando el consumidor.

 

Es una visión de gobierno que persigue el objetivo primordial de todo servicio público, que si bien podría haber quedado previsto e inmerso en el anterior artículo 191 de la Ley de Telecomunicaciones que hemos citado, ha quedado significativamente corto: el individuo.

 

 

 

Espíritu Pre-olímpico

Antonio Cuéllar | Martes 3 de mayo, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

No existe evento alguno en el planeta que tenga mayor relevancia que los Juegos Olímpicos.  Desde que tuvo lugar la primera olimpiada de la era moderna en 1896, con tres excepciones durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, cada cuatro años se reúnen los atletas mejor preparados de todos los rincones de la tierra con el objeto de competir y ganar la máxima presea a la que cualquier deportista pueda aspirar: la medalla olímpica de oro.  Es esa característica cualitativa de las olimpiadas lo que las convierte, también, en un espectáculo cuya transmisión televisiva constituye un objeto preciado, altamente codiciado, por la garantía de patrocinios ligados a un sinfín de marcas y signos comerciales que aprovechan el cautiverio del televidente.

 

Fuera de los problemas de discriminación y dopaje, quizá la puja por el precio de los derechos televisivos para la transmisión de cada olimpiada constituye una de las facetas obscuras más distintivas en las que se ve involucrada la organización de dicha justa; y es que la cantidad a la que llegan a ascender las ofertas acaba siendo de extraordinaria consideración: la NBC de los EEUU ofertó 7,560 millones de dólares por los derechos de transmisión de los Juegos de verano e invierno desde 2014 hasta 2032.

 

El pago de tales patrocinios constituye un elemento necesario para la subsistencia de la competición más importante del mundo, si se toma en consideración que es este el mecanismo de recuperación de costos más sustancioso con el que cuenta el Comité Olímpico Internacional.  El costo de las pasadas olimpiadas de Londres 2012, ascendió a 14,147 millones de dólares, sin tomar en cuenta la inversión en infraestructura.

 

La difusión televisiva de los juegos olímpicos constituye un elemento fundamental de información que interesa y del que se debe privilegiar toda la ciudadanía.  En la medida en que la radiodifusión ocurra a través de canales de televisión abierta, el aprovechamiento de la señal acaba siendo gratuito para el televidente, y sólo oneroso para los anunciantes que pagan por aparecer.  Ver los Juegos Olímpicos por televisión ha sido, desde 1956 cuando se transmitieron por primera vez a nivel internacional, el entretenimiento familiar de carácter universal por antonomasia.

 

La semana pasada se vino replicando una nota por medio de la cual se pregona que Televisa y TVAzteca no transmitirán los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, en virtud de que los derechos necesarios fueron adquiridos por Claro Video, en asociación con Telmex, que los difundirán de manera “gratuita” a través de una plataforma abierta por Internet (gratuidad relativa, en la medida en que se necesita un ordenador e Internet de alta velocidad, como el que ofrece “infinitum”, para poder ver Claro Video).  Los derechos de transmisión también se compartirán con la televisión pública, a través de los canales 11 y 22.  Por lo menos en el caso de México, podríamos decir que esta será la primera olimpiada que habrá de difundirse, ya no por televisión, como tradicionalmente ha sucedido, sino por Internet.

 

Curioso resulta, desde luego, el hecho de que la puja para obtener los derechos por parte de Claro Video haya acontecido en el mismo proceso al que comparecen las televisoras del mundo.  Interesante resulta también, que la nota periodística refleje la afectación directa e inmediata que esta nueva tenedora de derechos, asociada con Telmex, causará a las que todos considerarían sus abiertas competidoras, las concesionarias de televisión abierta.

 

Y todo lo anterior se califica como curioso e interesante, porque siendo ostentoso que la transmisión en vivo de las olimpiadas a través del Internet viene a implicar un golpe contra de las televisoras, Telmex ha insistido vehementemente en que dicho servicio ofertado no es televisión y que, en esa medida, no transgrede el apartado de su título de concesión en el que expresamente se le prohíbe prestar servicios televisivos.  Si la difusión en vivo de los Juegos Olímpicos no es televisión, cuando sí lo es para el resto del mundo, entonces necesitaremos un nuevo diccionario para entender, ¿Qué sí es?

 

En la reforma constitucional de telecomunicaciones se concedió al Ifetel una nueva calidad de autoridad reguladora de la competencia económica en el ámbito de las telecomunicaciones.  Con esa nueva calidad, el Instituto declaró a Telmex como agente preponderante, y le impuso medidas asimétricas que permitirían a los otros competidores en el mercado convergente de telecomunicaciones, tener una mayor participación que serviría para contrarrestar los efectos perniciosos de esa presencia monopolística de la telefónica, que arroja un sobrecosto en telefonía pagada de más de 27 mil millones de dólares al año a cargo de los consumidores.

 

A pesar de que el flamante regulador hace gala de sus facultades al denegar a la telefónica una modificación a su título de concesión, sino hasta después de que revise las acciones emprendidas y ejecutadas para lograr la desagregación de redes, según mandato especial que proviene de la declaración de preponderancia, la transmisión de los juegos olímpicos demuestra con meridiana claridad la manera en que los invitados se están metiendo a la fiesta por la puerta de atrás.  En la medida en que no exista un reforzamiento de las acciones del Estado para garantizar una competencia efectiva en el sector, subsistirán las condiciones que impiden la llegada de mejores ofertas de telecomunicación, con mejor tecnología y a mejores precios para los mexicanos, en toda la gama de servicios que este mercado trae aparejado.

Dinamismo demográfico y contaminación

Antonio Cuéllar | Martes 19 de abril, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

 

 

A pesar de las precipitaciones pluviales y de la disminución de vehículos en circulación, la calidad del aire hasta estos días en que empieza la semana se mantiene en condición de “mala”, de acuerdo con los índices de calidad del aire que da a conocer la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Las opiniones y propuestas que se plantean giran siempre en torno del mejoramiento de la movilidad, y no toman en cuenta que la posible salvación la tiene el gran acuerdo que debe encabezar la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

 

Es acertada la afirmación de todos aquellos que avizoran el inminente descalabro del programa “hoy no circula”, si de la mano no se habilitan alternativas para que los capitalinos puedan transportarse de un sitio a otro.  Es también atinado el planteamiento de que la reglamentación de tránsito que obstaculiza el flujo vehicular deviene en un factor que incide negativamente en la atmósfera de la Ciudad de México y que, por consiguiente, debe de cambiarse.

 

A pesar de la precisión de todos los puntos de vista que se intercambian estos días, no encuentro ninguno que atienda a una causa primordial de entre las distintas que generan nuestra desventura, la concerniente al incremento de la población en la zona conurbada del Valle de México y el desbordado crecimiento de la mancha urbana.

 

Si bien es cierto que, propiamente, el dinamismo en el crecimiento de la población de la capital disminuyó y permitió que el número de habitantes se contuviera en razón de 8.9 millones, que discrepa sólo en .7 millones con relación a los que existían en 1990, dicha constante no se observa con relación a la dinámica de los municipios conurbados del Estado de México, que refleja un incremento de más de cinco millones de habitantes, al pasar de 6.8 millones en 1990 a alrededor de 12 millones en esta época; una explosión que lógicamente no se puede contener.

 

La razón anterior lleva a suponer que la implementación del programa vehicular que ahora nos aqueja deviene absolutamente insuficiente, en la medida en que el número de automotores circulando ha crecido desproporcionadamente con relación al que existió en 1989 cuando primero se concibió.  De haberse tenido 1 millón 538 mil automotores registrados en circulación en 1989, hacia 2014 ya se tenían 4 millones 421 mil vehículos, lo que significa que, aún dejando de circular una quinta parte de estos últimos, el número remanente en circulación es muy superior al que existía cuando la medida gubernamental se echó a andar.

 

La solución no puede hallarse en la imposición de medidas unilaterales que incomodan a la población y en poco benefician a la movilidad digna que todos los ciudadanos demandan y están esperando, sino en la adopción de programas integrales de desarrollo que detonen un movimiento migratorio que permita el desfogue poblacional hacia otros polos que, para dicho propósito, deben prepararse.

 

Desde la SEDATU, Rosario Robles su titular puso en marcha un nuevo programa para dar a conocer la nueva visión de México en torno del desarrollo sustentable, a través del cual plantea cómo el crecimiento urbano debe de permitir la transformación de las ciudades y la creación de entornos seguros e incluyentes.  Con miras a la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas Hábitat III, que tendrá verificativo en Ecuador, se planea el diseño y vigencia de nuevas leyes que reflejen esta política y la visión innovadora de esta administración.

 

Puede parecer formidable que se impulsen nuevas leyes, como probadamente lo ha venido realizando la administración del Presidente Enrique Peña Nieto;  sin embargo, la disminución de la contaminación no podrá tener lugar con motivo de la expedición de una nueva norma general, sino con la implementación de políticas públicas inmediatas que no están supeditadas a reforma alguna, o por lo menos, con la pronta determinación de no impulsar otras que provocan el efecto contrario: el caos que tanto nos aqueja.

 

En lugar de que se valorara la descentralización de la Ciudad de México y la generación de desarrollo urbano en otras latitudes dentro del territorio nacional, todo se planea en sentido opuesto; para muestra un botón: el nuevo Aeropuerto Internacional.  En efecto, en lugar de que la planeación del desarrollo aeroportuario viera por la conectividad entre aeropuertos cercanos, ubicados en las localidades adyacentes a la capital, se pensó en la construcción de un nuevo aeropuerto significativamente más grande, que atraerá un número mayor de visitantes a la ya superada y agotada Ciudad de México.

 

El Gobierno de Miguel Ángel Mancera, se empeña en regalar dinero a la gente a través de programas populares, que no producen otro fenómeno sino el de atraer como imanes a personas de la tercera edad o, como ahora se ve, mujeres que estén apunto de dar a luz. La semana pasada repartió cinco mil tarjetas con un monto mensual de 400 pesos para la compra de productos para bebés recién nacidos, como parte del programa “Bebes Seguros”. Evidentemente, esa visión clientelar del gobierno de la Ciudad, genera votos, pero podría provocar un fenómeno demográfico que contraviene los intereses de la ciudadanía asentada en la misma capital, en función de sus propias capacidades urbanísticas.

 

Para disminuir la contaminación se podría valorar la reubicación de oficinas gubernamentales e industria local, cuyo ámbito de desenvolvimiento y vocación pudieran encontrarse directamente relacionadas con otros puntos geográficos y económicos de México, lo que automáticamente se traducirá, también, en la movilización de un número importante de personas.

 

Por citar algunos ejemplos, ¿Acaso no podría pensarse en la movilización de la Secretaría de Agricultura a la capital de Sonora, en donde se ubica el mayor polo de desarrollo agropecuario del país; o de la Secretaría de Turismo a Guerrero o Quintana Roo, en donde se ubica el mayor número de hoteleros y de demanda turística nacional; o de la nueva Secretaría de Cultura a Guanajuato, y motivar el crecimiento de las artes en la forma en que a través del Festival Cervantino se ha venido promoviendo a lo largo de los años? Pensar en la generación de incentivos fiscales que provocaran la descentralización industrial de la zona conurbada no precisa de la aprobación de nuevas leyes.

 

Las estadísticas nos demuestran una correlación directa entre el dinamismo demográfico y la contaminación ambiental que tanto nos perjudica.

 

 

 

La utópica presunción de inocencia

Antonio Cuéllar | Martes 12 de abril, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

 

Inculpado se le llama a aquel sujeto de quien se tiene la sospecha de haber cometido un delito y a quien se le acusa por la misma razón. Nuestro sistema jurídico reconoce el vocablo y lo incorpora tanto a nivel constitucional, como en el orden de las normas procesales de carácter penal.

 

Un elemento esencial de equidad que prevalece como regla invulnerable en el ámbito nacional e internacional, tiene que ver con el privilegio que debe concederse a toda persona, acusada de la comisión de un delito, de hacer valer una defensa adecuada a sus intereses, con la certidumbre de que siempre se le presumirá inocente, hasta que en el proceso acusatorio correspondiente se llegue a comprobar lo contrario.

 

En las reglas que se deben observar para la tramitación y resolución de todo juicio, existen normas específicas que tienen que ver con la admisión y la valoración de pruebas, sin las cuales ningún tribunal podría llegar a conocer la verdad sobre las acusaciones y defensas que formulen las partes contendientes.  La primera norma esencial relativa a esta materia, tiene que ver con la calidad legal de las pruebas rendidas: no es admisible en juicio ninguna prueba ilegal, entendiéndose por ella la que fuera contraria a derecho por su propia naturaleza, o la que igualmente se hubiera obtenido a través de métodos prohibidos por la ley.

 

A lo largo de estos días se ha hablado incansablemente sobre la responsabilidad que debería fincarse en contra de políticos, empresarios y personajes conocidos a nivel internacional, con motivo de la revelación de información privilegiada que fue concebida, desarrollada o confiada al despacho especializado Mossack Fonseca, en Panamá, relacionada con la confección y puesta en marcha de complejas estructuras corporativas encaminadas, supuestamente, al lavado de dinero o la evasión fiscal. La noticia ha sido una cubetada de agua helada que ya cobró una primera víctima: el primer ministro de Islandia, que ha presentado su renuncia al cargo.

 

Más allá de los pormenores relativos a la veracidad de la información, es el método conforme al cual viaja la información el que debe llevarnos a reflexionar sobre la nueva perspectiva que estas circunstancias imponen, por la vía de hecho, a la presunción de inocencia que reconocen todos los sistemas jurídicos del mundo.

 

Pareciera que el planeta está ávido de encontrar culpables y de dar credibilidad absoluta a las malas noticias, sin importar incluso la manera ilícita en que la información compartida se hubiera obtenido.  Con independencia de las cartas que las autoridades fiscales y encargadas de la investigación de delitos en el ámbito financiero internacional, hayan de tomar en el asunto de los Papales de Panamá, lo cual indiscutiblemente deberá llevar a la cárcel a un número importante de personas que pudieran quedar identificadas y vinculadas con actividades de carácter ilícito, debe de reconocerse que, legalmente, los datos proporcionados por la prensa fueron obtenidos a través de causes y métodos prohibidos por la ley. ¿Porqué ha de aceptarse tal acusación?

 

Los esquemas de ingeniería financiera y jurídica para la realización de negocios a nivel mundial, son actos perfectamente válidos, socorridos y necesarios para garantizar el flujo de la inversión de manera sólida y segura para los dueños del capital.  Socavar la validez jurídica y la necesidad empresarial del alter ego que representan las personas morales, en el ámbito económico mundial, implicaría un duro golpe para los negocios que no podría encontrar una justificación proporcional en el escándalo periodístico de la semana pasada.

 

Sin embargo, es lógico suponer que si los nombres aparecidos corresponden a servidores públicos, la acusación difícilmente podría llevar a la identificación de una fuente legal de financiamiento de inconmensurables fortunas amasadas por individuos que no tienen por ocupación principal la comercial y empresarial.  El problema que se apunta, no obstante, obedece a que, al lado de los anteriores, aparecen también vinculados sujetos que sí realizan actividades legales, perfectamente válidas y corporativamente necesarias, que sufren la consecuencia que atañe al mismo juicio incauto de la opinión pública, que no se detiene a pensar en las diferencias esenciales existentes entre uno y los demás casos. El desprestigio inmediato deviene irreversible. ¿Cómo cuidar a favor de ambos –porque en este caso no puede haber distinción–, la presunción de inocencia que prevé el derecho y que nace en la razón?  La experiencia que nos deja el affaire de los Papales de Panamá, pone en evidencia la fragilidad real de la presunción de inocencia, en la época del intercambio fugaz de información.

 

Seguir en el camino que se abre y se demuestra ante la red mundial de la comunicación, en el de la validez absoluta de la palabra de los comentaristas y los medios, sin recato ni respeto por los derechos primarios que tradicionalmente nos hemos reconocido, conlleva un alto riesgo que puede tener funestas consecuencias: el del enjuiciamiento ciudadano sin miramiento de la debida defensa.  Impedir el intercambio de la información para privilegiar la presunción de inocencia de las personas, entrañaría el riesgo mayor de soslayar silenciosamente el ocultamiento de un modo de conducción política y gubernamental, propio de nuestra época, que perjudica a la ciudadanía y altera los principios conforme a los cuales deseamos y deberemos de convivir en el futuro.

 

La cuestión estriba en dotar al inculpado de la oportunidad pública, inmediata, de expresar una defensa que sea no sólo legal, sino también socialmente válida y justificada, una vía que le permita evadir el quebrantamiento de la presunción de inocencia, por una opinión arrebatada de una ciudadanía que, para los efectos señalados, muchas veces elude la complejidad de entender los tecnicismos y entramados de cualquier explicación dada.

 

Otrosí digo

Sinvergüenzas, los que sabiendo el estado en que se encuentra la contaminación del aire de la Ciudad de México, tienen la perversa ocurrencia de organizar marchas en las calles; o los que debiendo imponer el orden y hacer prevalecer la ley, para cuidar la vida y la salud de quienes respiramos el aire de la capital, sencillamente no hacen nada.

 

 

 

Combate a la “contraminación”

Antonio Cuéllar | Martes 5 de abril, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

La molestia que ocasiona a los conductores el nuevo programa “No Circula”, arroja una avalancha de interesados en promover el juicio de amparo como un mecanismo de contrapeso que, eventualmente, les permita seguir gozando de la comodidad del vehículo privado para acudir al trabajo. Así sucedió la última vez, cuando el GDF pretendió imponer el último programa que prohibía el uso de automotores viejos dos días a la semana y la SCJN lo declaró inconstitucional.

 

No cabe la menor duda de que el programa y sus consecuencias, al provenir de una autoridad y dirigirse a nosotros, los gobernados, en forma obligatoria y sin concedérsenos la oportunidad para aceptarlo o rechazarlo, en su caso, actualiza los supuestos que establece la Ley por virtud de los cuales se puede promover un juicio de amparo. Sin embargo, una cosa es promoverlo y otra, muy distinta, que prospere.

 

Ya la Corte se pronunció en contra del programa anterior y estableció que la prohibición impuesta a los propietarios de vehículos antiguos, por el solo hecho de serlo, era inconstitucional, por inequitativa, pues no miraba por la causa generadora de la prohibición misma, que era la emisión de contaminantes. Acaso ¿no sería inequitativo también que ahora se impida a los propietarios de vehículos nuevos circular cuatro días al mes, igual que los propietarios de vehículos viejos, siendo que ellos contaminan menos? Podría ser igualmente inequitativo. No se está dando un trato desigual entre desiguales.

 

En esa línea de discusión podríamos mantenernos perpetuamente. La verdad de las cosas es que es muy probable que, ante la problemática ambiental acontecida, los tribunales, de llegarse a pronunciar sobre este tema, reconozcan que en el caso de la prohibición generalizada en función del número de placa, ese principio de equidad no habrá sido violentado en forma alguna.

 

Pero con independencia de eso, lo cierto es que quienes tengan la idea de consultar a un abogado para promover dicho medio de defensa deben saber de antemano algo que, quizá distintos asesores en esta materia, por un oscuro e inmoral interés económico propio, podrían ocultar: la temporalidad del programa podría dejar sin materia del juicio y, en ese sentido, impedir que los jueces realmente se lleguen a pronunciar al respecto. Si el programa deja de estar vigente, no habrá tiempo suficiente para que el juicio se integre y se dicte una sentencia de fondo.

 

La medida de suspensión que podrían solicitar al inicio del juicio debería de negarse, por la naturaleza misma del bien público que el programa persigue: impedir el empeoramiento de la calidad del aire y la propagación de enfermedades respiratorias que la contaminación produce.

 

De esta suerte, es muy probable y puede adelantarse que ese juicio de amparo, de llegarse a promover, no vaya a prosperar, como tampoco aconteció cuando en sus orígenes, el mismo programa fue combatido por la misma vía. Se trataría de posibles juicios de amparo que nazcan muertos.

 

Resulta indiscutible que las autoridades, anteriores y en ejercicio, locales o federales, han tenido errores graves por acción o por omisión, tratándose de la implementación de políticas efectivas y eficientes de movilidad y prevención de la contaminación a favor de la población, y por eso deben ser merecedoras del reproche generalizado del que hoy están siendo víctimas.

 

Sin embargo, dejando a un lado, no sin ser severamente críticos, las torpezas y desatinos de los servidores públicos en este campo, debemos de hacer un análisis autocrítico sobre la reacción de la sociedad ante una problemática que nos concierne a todos.

 

La catástrofe ambiental que se está gestando es tan atribuible a las autoridades por su carencia de visión para la resolución del problema, como también, en primer lugar, a todos los que por el uso de nuestros vehículos, contaminamos. Los que provocamos la contaminación somos todos los que conformamos nuestra sociedad, por el mantenimiento de un estado de confort que, en un caso de emergencia, se debe de abandonar, temporalmente o para siempre. Además de que las autoridades asuman la responsabilidad de mejorar las opciones de movilidad, debemos dejar de contaminar.

 

Es la razón anterior la que nos debe llevar a reflexionar sobre la mala decisión de promover un medio de defensa que vulnere la viabilidad de una política pública que nos beneficia a todos, por el carácter poco solidario y consciente de la posición que en forma común, todos los afectados debemos sostener; porque la idea del amparo pone en evidencia ese egoísmo y falta de coordinación que tanto daño nos hace, y que hoy más que nunca se necesita –incluso para materializar las consecuencias que pueda desencadenar el reproche justificado contra quienes han tomado las decisiones erradas en el ámbito del ejercicio público–. Es ese el sentido del encabezado de esta publicación: amparo contra mi nación; la pretensión de obtener una protección de la Justicia…para seguir contaminando.

 

Es un buen momento para actuar, para replantear opciones en el ámbito del trabajo y la educación, y aprovechar al máximo la tecnología de la información, trabajo de oficina desde el hogar (que ya reconoce la Ley Federal de Trabajo), uso eficiente del transporte escolar y coordinación de transporte en familia; reparto de mercancías en horas no contaminantes; mejoramiento de las plataformas y aplicaciones para el uso de transporte público (como uber), entre otras. Son muchas las acciones que podemos emprender para dejar de contaminar, sin que para ellas dependamos de una autoridad. Debemos de convertirnos, también, en una sociedad civil organizada.

 

 

A quienes sí, o no, se les debe de exigir la tres de tres

Antonio Cuéllar | Martes 29 de marzo, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

 

Esta semana aparecieron notas que criticaron severamente la tardanza en que han incurrido los Asambleistas de la capital, al no haber suscrito y cumplido la iniciativa tres de tres, que los conmina a presentar sus declaraciones públicas sobre percepciones, pago puntual de obligaciones fiscales y revelación de conflictos de interés. ¿De verdad es imperativo y conveniente imponer a nuestros representantes parlamentarios tales exigencias?

 

Me doy cuenta de que ante irrefutables evidencias de corrupción por parte de distintos actores de la política, local o federal, no habría ser humano que en esta época se atreva a sustentar una tesis o posibilidad opuesta a la iniciativa; sin embargo, no es sensato pasar por alto la necesidad de reflexionar de manera honesta y profunda sobre sus alcances. El rol de los legisladores, presas que aparecen constantemente en la mira de los cazadores de la opinión pública, constituye un elemento de particular inquietud.

 

En el contexto del combate implacable contra la corrupción, entiendo perfectamente la importancia de la iniciativa y la suscribo. Sin embargo, debo aclarar que la comparto en el marco del universo de requisitos legales que se deben imponer y hacer exigibles a los servidores públicos que, por sus responsabilidades, tal información resulta necesaria y pertinente. Aquellos a quienes por mandato jurídico les asiste la atribución de ejercer el gasto público, debería evidentemente obligárseles a rendir una cuenta permanente que corrobore un mejoramiento presupuestal personal, o de sus allegados, conforme a sus ingresos lícitos comprobables. Aún así, ¿debe de hacerse público?

 

No obstante, lo cierto es que no todos los servidores públicos tienen un ámbito de desarrollo competencial que se vincule con la administración financiera del Estado, ni mucho menos se encuentren relacionados con el manejo de los bienes y patrimonio del Gobierno en cualquiera de las esferas en que se conforma. Existen algunos de estos que tienen una ingerencia administrativa suficiente para permitir la asignación de autorizaciones, concesiones o privilegios a favor de los particulares, con representatividad económica importante, que igualmente podrían ser sujetos de corrupción de una especie diversa, pero ¿debe de tratarse igual a todos aquellos que no tienen bajo su tutela tal encargo?

 

La reforma constitucional en materia anticorrupción, que toca ámbitos sensibles de la vida pública de la Nación, ya se ocupa de la necesaria publicidad de la declaración patrimonial de los servidores públicos en los distintos ámbitos en que se conforma el Gobierno de la República, en los niveles federal, estatal y de la Ciudad de México. Serán las leyes secundarias que expida el Congreso General, como las que definan los Congresos de los Estados, las que especifiquen cuáles serán las formas y alcance de los deberes administrativos que deban cumplir tales trabajadores al servicio del Estado.

 

A pesar de la claridad que habrán de tener las leyes al respecto, que seguramente no dejarán escapar ninguna liebre del canal, insisto en que la publicidad de las declaraciones puede ser, no solo ociosa, sino inclusive perjudicial en la arena de la representación política nacional: el Legislativo.

 

Los legisladores son representantes políticos del pueblo de México, a quienes corresponde la obligación constitucional de entender los problemas del acontecer histórico de la Nación, traducirlo en normas generales, discutirlas y aprobarlas colegiadamente antes de que se conviertan en leyes, obligatorias para todos quienes se colocan en los supuestos que las conforman.

 

Los legisladores no tienen una responsabilidad directa en el manejo presupuestal, y sí en cambio tienen una representatividad política natural por parte de quienes los eligen o a quienes suponen representar.  ¿Puede haber conflicto de interés por parte de un representante del legislativo?  Esencialmente no debe de haberlo, porque propiamente, la discusión parlamentaria propone eso: el contraste y confrontación de los distintos intereses que intervienen en los conflictos sociales que las normas generales deben resolver.  Los trabajadores, los patrones, los maestros, los empesarios, los universitarios, las organizaciones ambientalistas, las mujeres, los medios de comunicación, todos los distintos sectores que conforman la vida política, económica y social de México. En esa calidad, debería decirse que todos los legisladores tienen un interés.

 

Precisamente, para resolver el tema de la subjetividad de la perspectiva desde la que se discute una ley, la Constitución prevé que la discusión parlamentaria, como una fase obligada del proceso legislativo, debe de llevarse a cabo en un órgano colegiado y, además, bicamaral. La necesidad de que el Congreso Federal se vea depositado en quinientos diputados y ciento veintiocho senadores obedece a esta circunstancia específica.

 

La imposición de la obligación legal de declarar si existe un conflicto de interés por parte de un legislador resulta inútil, ociosa y, en el peor de los casos, contraproducente, porque deteriora innecesariamente la imagen pública que de ellos se debe de tener, e inhibe la participación parlamentaria de quienes conocen desde dentro la posición política de los muchos, muchísimos grupos de interés que componen el amplio mosaico en el que queda pintada la sociedad a la que pertenecemos. Sería infinitamente más útil que se exigiera la acreditación de la capacidad jurídico-parlamentaria del aspirante, como requisito subjetivo mínimo por parte de quien deberá llevar a cabo la función.

 

La situación particular a la que aludimos se agrava cuando a quien, no manejando o ejerciendo recursos presupuestales, se le exige presentar una declaración patrimonial.

 

Hay quienes dicen que los legisladores deben cumplir un mandato limitado de tres años, y los que insisten en que tales representantes deben hacer pública su declaración patrimonial. Las posiciones son contradictorias. Si en verdad la participación legislativa debe de entenderse y apreciarse como un servicio a la patria, momentáneo, ¿quiénes habrán de estar calificados para llevar a cabo dicha tarea si la condición para llevarla a cabo es poner en riesgo su patrimonio y hasta su integridad, haciendo público el estado de su riqueza? Piénsese que quien pueda cumplirlo, tendría que renunciar tajantemente a los sacrificios de su desarrollo personal, que muchas veces duran una vida entera o son resultado del esfuerzo de varias generaciones.

 

Insisto en que hay servidores públicos que, por su función, están lógicamente conminados a rendir cuenta de sus actos. Sin embargo, los legisladores tienen una función distinta, lo mismo que quizá los jueces. Si deseamos que los mejores profesionistas, los mejores empresarios, los mejores maestros, trabajadores, estudiantes universitarios, artistas o quien quiera que pueda tener la mejor representación social ocupe las curules de los órganos legislativos del país, no podemos imponerles una carga administrativa que por su solo alcance, muchos no estarían dispuestos a observar, aún y cuando su comportamiento sea inmaculado.

 

Bajo ningún motivo se debe despreciar el esfuerzo ciudadano que se ve materializado en la iniciativa que se ha propuesto; sin embargo, es menester que, en la discusión y aprobación de tal impulso social, se medite sobre sus desenlaces y sobre la lógica racionalidad que deberán observar quienes tengan bajo su mano la responsabilidad de aprobar o desechar tan impetuoso intento por erradicar la oprobiosa corrupción que nos consume.

 

 

El incontenible progreso del entretenimiento de paga

Antonio Cuéllar | Miércoles 23 de marzo, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

 

De la mano de la inagotable agenda de los derechos humanos, llegó el inherente a la información, que le permite a todo individuo tener la prerrogativa y el privilegio originario a ser y estar adecuadamente informado de todo lo que sucede todo el tiempo, particularmente con relación a la intrincada vinculación que tiene con sus gobernantes. Esta complejidad del conocimiento lleva a las personas a convertirse en buscadores incansables de contenido, y dentro de las plataformas existentes, a la más inmediata, por su accesibilidad y gratuidad, al de la televisión.

 

Existe una crítica añeja que se plantea en contra de las dos televisoras privadas, Televisa y TVAzteca, por su carácter hegemónico en el mercado de la televisión abierta, al ser las tenedoras de la mayoría de las concesiones para la operación de la televisión comercial del país.  Se ha dicho que acaparan la voz cuando se trata de la actividad vinculada con la información noticiosa.  Esa circunstancia produce dos efectos: el reclamo para que existan más competidores, y el fenómeno reflejo de perseguir una plataforma de contenido más plural e imparcial a través de la televisión de paga.

 

Según lo dijimos en este mismo espacio la semana pasada, ha correspondido al IFT decidir lo conducente a la continuidad de las acciones que derivan de la declaratoria de preponderancia en contra de algunos agentes económicos en el ámbito de las telecomunicaciones y de la radiodifusión. En las mismas condiciones se ha pronunciado sobre la preponderancia en el campo de la televisión de paga.

 

El tema es complicado, porque los aspectos técnicos inmersos en la resolución del conflicto no son pocos y son difíciles de entender, por el delgado grosor de la línea que divide los dos mercados a los que nos referimos. A pesar de que el entretenimiento que observa el espectador en el aparato receptor sea idéntico, la ingeniería financiera detrás de la industria que lo produce es muy distinta cuando se trata de distinguir entre televisión abierta y la televisión de paga. La gran interrogante tiene que ver con la manera en que el regulador pudiera actuar para fomentar una actividad económica competitiva, en la que a su vez se respete la función social de la radiodifusión y las telecomunicaciones en el campo del derecho a la información que a cada una corresponde.

 

La televisión abierta es una actividad de radiodifusión, y su viabilidad financiera está unida a la calidad y cantidad de anunciantes que se interesen en promover sus productos y patrocinar un programa, de acuerdo con el auditorio que la ve en un momento dado.  No hay más fuentes de financiamiento para la televisión abierta que la publicidad misma. Si bien es cierto que dicha actividad económica debe entenderse inserta en el marco de una concesión que expide el Estado, la conveniencia de que exista un número mayor de concesionarios obedece a la función social que a ésta se encuentra asignada, amén de que no puede existir un monopolio de una actividad concesionada, si el derecho primario para prestar el servicio lo constituye la explotación de un bien cuyo aprovechamiento se encuentra controlado.

 

La televisión restringida es un servicio de telecomunicación, esencialmente del mismo tipo que la televisión abierta, pero su fuente de financiamiento medular está relacionada con el número de suscriptores que paga por su instalación, que es a través de un acometido que proviene de una red física o la instalación de una antena especial para la recepción del servicio. Es también una actividad concesionada, pero el mercado al que pertenece es distinto del anterior, pues compite en contra de todos los otros medios de entretenimiento de paga que proporcionan al usuario una satisfacción similar: el de la recepción de audio y video asociados por demanda.

 

La limitación de las fuentes de sostenimiento y la identificación de los posibles competidores de los concesionarios de televisión, en sus dos versiones, son los factores que determinan el desarrollo y evolución del mercado, y de su propio futuro.

 

Si se debiera valorar la preponderancia de la televisión abierta, lógico sería que se ponderara el número de agentes contra quienes los concesionarios compiten en el mercado de la publicidad, como la que ofrecen el radio, las revistas, los espectaculares, los sitios de Internet o, en formatos más avanzados, la publicidad inteligente que ostentan nuevas aplicaciones, como Waze. Para efectos económicos, y no de su función social, sería insuficiente ponderar las condiciones existentes en el ámbito de la distribución de concesiones para la explotación de las frecuencias del espectro.

 

En la identificación del mercado relevante de las telecomunicaciones, entre las que se encuentra la televisión restringida, no puede soslayarse el papel cada vez más presente que vienen ocupando los servicios de descarga de contenido en Internet, que se aprecian y disfrutan en los mismos aparatos de televisión que ocupan los medios de televisión tradicional (abierta y restringida), como son los que ofrecen empresas como Netflix o Claro TV.

 

Se cuestiona en estos días la resolución adoptada por el IFT alrededor del mercado de la televisión de paga, y se insiste en la necesidad de que existan mayores competidores, pero en ese discurso se soslaya el papel creciente que ya vienen desempeñando los proveedores de Internet, como competidores evidentes de los sistemas de televisión restringida, y el espacio que estos mismos empiezan a ocupar en el mercado de la provisión del servicio de Internet.  A la postre, bien puede apreciarse cómo es que, este incontenible crecimiento del entretenimiento de paga, se perfecciona en mérito de la convergencia tecnológica como un nuevo mercado en el que, por la cantidad de proveedores que compiten entre sí, debe catalogarse como un ámbito económico abierto y con condiciones de competencia efectiva nada reprochables. La reforma de las telecomunicaciones funciona y va de la mano con nuestra realidad.

 

 

 

 

Entre legisladores y reguladores

Antonio Cuéllar | Miércoles 16 de marzo, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

El contexto internacional no ayuda y la economía, en esas condiciones, no es boyante. Menos puede serlo cuando todo apunta a que el proceso electoral en los EEUU seguirá siendo un caldo de riesgos y altercados. Es por eso que apremia la concreción de una agenda que se ha ventilado por todos los aires y con la cual muchos importantes agentes han comulgado: la de la materialización de las reformas.

 

El problema es que, contrariamente a lo que todo el mundo supone y los activistas en redes pregonan, hoy esa agenda no depende de una sola persona, el Presidente de la República, sino de una pluralidad de entidades de gobierno, constitucionalmente autónomas, en quienes se ha depositado la responsabilidad conjunta. Nuevos escenarios de nuestra república democrática.

 

El 11 de junio de 2013 apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el cual se reformaron distintos artículos de la Constitución en lo que se denominó la reforma de las telecomunicaciones. No sólo se le concedió al órgano regulador la novedosa naturaleza de constitucional autónomo, sino que se sentaron bases imprescindibles conforme a las cuales se regularía, en lo sucesivo, el mercado tan contraído de las telecomunicaciones y de la radiodifusión.

 

En ese blindaje constitucional se previeron algunas acciones tan trascendentes para los usuarios de los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión como la transición a la televisión digital terrestre; la obligación a cargo de las estaciones de televisión abierta de permitir la retransmisión de su señal a título gratuito por parte de los concesionarios de televisión restringida; se establecieron los lineamientos para el lanzamiento de un procedimiento de licitación de nuevas cadenas de televisión; y lo más importante, se concedió un plazo perentorio a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones para que procediera a iniciar los procedimientos para determinar si, en su caso, existía o no un agente económico preponderante en los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones, a efecto de que impusiera medidas necesarias para evitar que se afectaran los procesos de competencia y libre concurrencia, medidas y obligaciones que deberían perdurar mientras no se lograra la existencia de condiciones de competencia efectiva en dichos mercados.

 

El 6 de marzo de 2014, en sesión plenaria del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se emitió la resolución mediante la cual se determinó que Telmex, América Móvil y otras pertenecientes al mismo conglomerado empresarial tenían el carácter de agentes preponderantes en telecomunicaciones, y se procedió a expedir el acuerdo mediante el cual se impusieron medidas asimétricas en dicho mercado con el objeto de lograr la consolidación del mandato constitucional en el sentido de permitir mayor competencia efectiva y libre concurrencia. Destaca de la extensa resolución la imposición de medidas extraordinarias de desagregación de redes y otras en el ámbito de la interconexión. El objetivo consistía, sin lugar a dudas, disminuir la participación del mercado de las telefónicas y permitir el ingreso de nuevas ofertantes del servicio.

 

En la misma sesión se emitió la resolución correspondiente a través de la cual se determinó que distintas empresas pertenecientes al Grupo Televisa también tuvieron la calidad de agentes preponderantes en el mercado de la radiodifusión, a la que se les impusieron también ciertas medidas para evitar que se afectara la libre concurrencia y competencia.

 

El 14 de julio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el cual se promulgó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en cuyo articulado se estableció que, desde el 1 de enero de 2015, los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que prestaran servicios fijos o móviles de telefonía no podrían realizar cargos de larga distancia nacional a los usuarios por las llamadas que se realizaran a cualquier destino nacional.

 

De entre los sectores económicos en los que se ha podido palpar un dinamismo destacable se halla el de las telecomunicaciones, pues las estadísticas siguen evidenciando un repunte en la contratación de servicios y un mejoramiento de las condiciones de venta de los mismos a favor del usuario. Información proporcionada por el INEGI refleja que el comportamiento del sector arroja un incremento del 10.1% en el ejercicio 2015, en el que destaca el período correspondiente al cuarto trimestre, en el que se obtuvo un crecimiento del 18.9%. Tan sólo en el sector de las telecomunicaciones móviles, se tiene registrado un número total de 107.8 millones de líneas, una tasa 2.4% superior al mismo período de 2014.

 

El mejoramiento de las condiciones del servicio ha sido evidente y se ha visto reflejado en el bolsillo de los consumidores, tanto por la posibilidad de concretar la portabilidad de sus números (27.6 millones de transferencias desde 2008 hasta el 2015), como por la eliminación de tarifas que engrosaban el recibo al final de cada mes, concretamente el de llamadas de larga distancia, que a operadores como Axtel representaban un ingreso anual de 261 millones de pesos (el 9% del total de su cartera).

 

No obstante el claro propósito de la reforma de telecomunicaciones, resulta sorpresiva una estadística que tiene que ver con la conformación misma del mercado. A pesar de que las medidas asimétricas impuestas por el Ifetel el 6 de marzo de 2014 debieran haber logrado una recomposición del mercado y una mayor participación de los competidores del agente preponderante, máxime que se ha sumado AT&T como causahabitente de Iusacell y Nextel, vemos que la participación de Telcel se mantiene, prácticamente, en el mismo porcentaje que ocupaba en 2014. Siendo que entonces tenía una participación equivalente al 70.6% del mercado, hoy tiene una posición que se ubica sólo 2.2% abajo, es decir, en un 68.4% del mercado.

 

La misma situación ocurre en el sector de la telefonía fija, en el que Telmex conserva un 70% del mercado y 80% de los ingresos. En el caso de la radiodifusión, La reducción de la participación del agente preponderante es mínima, del 55.9% del mercado que ostentaba Televisa, hacia el cuarto trimestre de 2015 sigue conservando un 53.1% de participación total.

 

Es evidente que el propósito que se fijó el legislador se ha venido materializando y las acciones específicas en ambos sectores, de radiodifusión y telecomunicaciones, se han cumplido. Pero el cambio y la modificación en el sector no puede obedecer a decretos del legislativo; la incidencia en el mercado ocurrirá en mérito de la justa intervención del regulador. El propósito principal para el que se facultó al Ifetel como autoridad reguladora en el ámbito de la competencia económica en el propio sector de telecomunicaciones y la radiodifusión permanece pendiente.

 

Las resoluciones de preponderancia, aún fundadas, no han arrojado los resultados prácticos que fueron propuestos ni la consolidación de un auténtico mercado, en el que la competencia efectiva propicie la participación de nuevos inversionistas que mejoren, ante todo, la calidad del servicio del que el gran público mexicano es beneficiario.

 

El reto ya no se encuentra en la cancha de los legisladores, ni en la del Presidente de la República, sino en la de un nuevo órgano que ocupa el mismo lugar constitucional que los Poderes tradicionales que identifica la Constitución. Se han cumplido los 24 meses siguientes a la expedición a las resoluciones de preponderancia en los sectores de telecomunicación y radiodifusión, y resulta imperativa la revisión y reforzamiento de una política de la que todos los mexicanos están pendientes, y ansiosos.

La ruta equivocada del disgusto

Antonio Cuéllar | Martes 8 de marzo, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

Dos enfermedades que afectan gravemente a nuestro país son la corrupción y la impunidad. Pero el sentimiento de repudio que ambas provocan desemboca en manifestaciones de oposición que perturban el orden y a las instituciones, lo que constituye una franca contradicción y un perjuicio para el propio colectivo.

 

Las encuestas más recientes en materia de valoración pública colocan en una de las posiciones más bajas de la evaluación a los partidos políticos. Nuestro sistema de organización democrática ha caído en una espiral de desprestigio que enoja a la ciudadanía y produce en ella un sentimiento de antipatía natural. Se atribuye a los partidos políticos el origen de las penurias que atraviesa el país y la injusta desigualdad que privilegia a unos cuantos, con relación a la inmensa mayoría de todos los demás que no se benefician de su cercanía.

 

Fue esa circunstancia la que vino a privilegiar a Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, y es ese fenómeno el que nutre el discurso de los candidatos de oposición en México y otras latitudes que buscan la conquista del electorado mediante su propio distanciamiento con respecto del sistema político partidario establecido.

 

La condición no es privativa del ámbito político y se desborda, en primer lugar, al ámbito sindical. Son también los líderes y dirigentes de las uniones de trabajadores los que, por las responsabilidades desatendidas que les son imputables y el desvío de las aportaciones de los trabajadores, se ubican en uno de los peores escaños cuando se trata de la calificación de su aceptación social.

 

Es esta situación generalizada de descontento la que explica el sentimiento de júbilo que producen resoluciones como la pronunciada por la Segunda Sala de la SCJN, que por la vía de la declaración de improcedencia de un recurso de inconformidad reafirmó la validez del criterio judicial que había declarado ilegal la retención de cuotas de los trabajadores jubilados del sindicato de ferrocarrileros, lo que consecuentemente habrá de dejarlos exentos del pago de una aportación que no va acorde con lo aceptado contractualmente, ni tampoco con lo previsto por la ley.

 

Desde luego que el caso es relevante, pero no es el único que nos permite saber cuál es el pulso de lo que sucede en el ámbito del ejercicio más puro de los derechos humanos en materia de libertad de asociación, que se extienden más allá de cualquier otro terreno, al laboral.

 

Sin embargo, el problema que produce una resolución del tipo que se comenta, como también el sentimiento de origen que produjo la tramitación de la instancia que ha culminado con este golpe contra el sindicalismo, que para estos efectos es sencillamente ejemplificativo, tiene que ver, sobre todo, con el debilitamiento de una institución que nació, propiamente, para proteger al sujeto que la está lapidando.

 

Los sindicatos son personas morales que nacen con la finalidad de aglutinar la fuerza de los individuos que los conforman, para lograr imponer el cumplimiento obligatorio de normas que regulan la compleja relación que se da entre estos y sus empleadores. La desarticulación del sindicato constituye, incluso por la vía de la supresión del pago de cuotas o por la del reconocimiento oficial de sus miembros de abstenerse de pertenecer a él, el atentado más grave en contra de cada una de las personas que a través del sindicato mismo pretendían ser defendidas.

 

En materia político-electoral acontece lo mismo con relación a los partidos políticos, pues su desaparición por la vía de la superveniencia de las candidaturas independientes, obstaculiza la aglutinación efectiva de grupos afines a una ideología política, que jamás podrían gobernar si la fuerza que llegara a imperar encontrara su principal apoyo y bastión en la anarquía misma.

 

Lo anterior produce la necesidad de valorar cómo es que el descontento debe de canalizarse sanamente. En estricto sentido, no son los partidos políticos, ni mucho menos los sindicatos, las instituciones que por sí misma justifican el sentimiento de antipatía que ha justificado el voto o la resolución antagónica que venimos comentando. Se trata, más bien, de las personas que los conducen y con las cuales se identifican.

 

Es menester a esa sana identificación del elemento de la ecuación que produce tan nociva discordancia, que resulta igualmente necesario y urgente encontrar la manera de detenerlo y remediarlo.

 

En contra de la corrupción y la impunidad que nos aqueja, lo conducente no es terminar con el sindicalismo o el partidismo, sino con las personas que tan malamente los conducen.

 

El gran pendiente de la reforma laboral, como también lo fue de la reforma constitucional en materia de transparencia, tiene que ver con el fincamiento de la obligación de transparentar sus actos a los dirigentes partidistas y sindicales. Mucho se perdería en la batalla política que pueda librarse en esta arena, si ante la enfermedad no se advierten sus orígenes.

 

No será sino hasta que la labor directiva de tales personas pueda auditarse, fiscalizarse y llamar a cuentas, que veamos la manera en que nuestras instituciones comiencen a tomar el camino y dirección para la que fueron concebidas. Muy errado sería suponer que, para terminar con los excesos de nuestros líderes sindicales, debamos acabar con los sindicatos.

 

El arma prohibida

Antonio Cuéllar | Martes 1 de marzo, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

 

El hartazgo que provoca en nuestra sociedad la pasividad con la que el gobierno reacciona contra la impunidad, la altanería y la prepotencia, en todas sus formas, la lleva a caer en la aceptación delirante de fórmulas de sanción y ridiculización del ciudadano que son imperdonables. En este revuelto escenario que se propone, debemos ser conscientes de la trascendencia de nuestras aceptaciones, pues una vez trazado el camino y echado a andar la máquina, será complicado dar marcha atrás.

 

Partamos de una coincidencia nacional con la que, desde luego, no estamos en desacuerdo: la prepotencia con la que se condujeron los empleados de Raúl Libién y la forma ignominiosa en la que éste le habló al “City Manager” de Miguel Hidalgo, son la muestra más clara de lo peor que el país viene arrastrando a lo largo de su historia; un ejemplo de la bajeza y ruindad con la que se conducen algunos de quienes, por sus circunstancias económicas y sociales, creen tener el privilegio de poder imponer su voluntad y caprichos por encima de todos los demás, sin importar la irracionalidad de la violencia que deban emplear para lograrlo.

 

Es inobjetable que los fulanos que hemos conocido a través de las redes sociales con motivo de estos altercados, deben ser severamente sancionados, de la misma forma que todos los otros que no llegamos a saber, por delitos que están claramente tipificados en la legislación penal de la capital, como los de desobediencia y ultrajes a la autoridad. No se debe cejar en el castigo.

 

El hecho no sería relevante si no fuera asimismo novedoso, y lo que produce esta condición es la política que viene implementando Xochitl Gálvez en esa misma Delegación, en el sentido de haber ordenado o tolerado, en su caso, que Arnes Aus den Ruthen Haag, –ese servidor al que curiosamente la misma extitular de la Comisión para el Desarrollo de Pueblos Indígenas le concedió el extravagante titulo de “City Manager”, como si no pudieran haberlo encontrado en idioma castellano–, videograbe el desempeño de su función y después lo suba y comparta en redes sociales con toda la ciudadanía que libremente elija observarlo.

 

La posición que opone y pretende hacer prevalecer es clara de su parte y la apoya en el ejercicio recto y puntual del deber público, en la transparencia total y el derecho a la información al que debe tener acceso toda la ciudadanía. Las preguntas que surgen alrededor de tan oficioso cumplimiento del deber son igualmente contundentes ¿Puede una autoridad videograbar a un particular?, ¿Puede darse a conocer el contenido de esa grabación a través de las redes sociales?

 

El principio de legalidad por el que se rige la relación entre una autoridad y un particular, obliga a la primera, siempre que emita un acto de molestia en contra del segundo, a motivar expresamente sus actos, lo que significa que tiene que expresar las razones que la llevan a conducirse en cierta manera prevista por la ley frente a aquél, razones que deben ser ciertas y correspondientes con la realidad en la que se desenvuelva.

 

En ese entendido, la autoridad tiene el deber y la concomitante facultad de recabar todos los elementos de prueba que existan y que le permita la técnica obtener, para demostrar la validez de la resolución gubernativa que haya de adoptar si ésta se encamina a afectar al particular en sus derechos. Cualquier herramienta que permita la ciencia y que no vaya en contra del derecho y la moral, debe ser siempre bien recibida para esos efectos.

 

En las condiciones anteriores y valorando que en la persecución de un delito o en el castigo de la infracción a la ley puede ser conveniente obtener una imagen videograbada del delincuente o el infractor, debe de aceptarse que la decisión de las autoridades de implementar una compleja red de cámaras para capturar las imágenes del diario acontecer de la capital, como la que hoy conocemos y de la que nos privilegiamos, es una acción perfectamente lícita del gobierno. Las autoridades sí pueden hacer tomas videograbadas de los particulares.

 

Ahora bien, los artículos 16 y 22 de la Constitución protegen la privacidad de las personas, y prohíben expresamente las penas de infamia, las marcas y cualquiera otra pena igualmente inusitada y trascendental contra el gobernado.

 

Los efectos que produce en la imagen de una persona la divulgación de un evento de la dimensión y calidad del que hemos presenciado, son indelebles y provocan un reproche que trasciende más allá del solo momento en el que ocurren, en forma tan o más grave que la pena que legalmente debiera imponerse. La publicidad de la sanción que hubiera de hacerse efectiva contra el particular, por el carácter complejo de las consecuencias que desencadena, debería en todo caso preverse en una ley, como condición indispensable para que la autoridad pudiera llevarla a cabo, incluso, con el riesgo de que la disposición que así lo previera fuera igualmente inconstitucional, por desproporcionada.

 

Es la publicidad la que traspasa la línea de lo que es lícito y permitido a la autoridad en su relación con los particulares, y esa transgresión lo que dio lugar a que el “Ombudsman” de la capital (porque los apelativos extranjeros nos hacen creer que la función es más vanguardista e importante), emitiera la recomendación perfectamente fundada para que la Delegación se abstenga de exponer a las personas frente a la ciudadanía, a quienes por ese hecho hace vulnerables en su derecho a la privacidad. Así lo deberá de corroborar ahora el INAI, al que se ha planteado la consulta correspondiente.

 

La conclusión es también lógica desde un punto de vista operativo y funcional, pues sería terriblemente peligroso que, en el ejercicio de realizar una labor pública, nuestros gobernantes llegaran a tener la necesidad de implementar tan abierto medio de comunicación con la ciudadanía. ¿Podría usted imaginarse cómo se trasladaría a la sociedad un conflicto entre locatarios de un mercado que debiera resolverse por la misma administración pública, por mencionar un ejemplo, si el diálogo con las partes involucradas fuera a micrófono abierto entre ellas?

 

El fin inmediato fue impecablemente alcanzado por la Jefa Delegacional, que impulsó una agenda política y la ha puesto en la imagen del colectivo; ahora hay que ser prudentes para entender que, la verdad de las cosas, no le conviene a nadie la obra de teatro al aire libre que han intentado montar. El uso de las redes sociales se convierte, así, en una arma prohibida para atender el reclamo de la ciudadanía en la lucha contra la impunidad.