Caldos de insolencia

Antonio Cuéllar | Martes 14 de abril, 2015

ALEGATOS | La columna de Jorge Cuéllar

Incesantes grabaciones radiofónicas patrocinadas por el INE nos convocan a acudir con puntualidad a cumplir la obligación política de votar por nuestros representantes populares, y nos hacen ver con insistencia que, como sociedad, somos responsables –y subrayo la palabra–, de la elección de aquellos que habrán de tener entre sus manos la definición del rumbo del país y, con él, de nuestro destino.

En una época como esta en la que vivimos, me pregunto realmente si puede atribuirse responsabilidad a alguien con relación al ejercicio de un derecho, cuando los resultados de la acción parten de la base del desconocimiento o la ignorancia, el error o la violencia. En la teoría del derecho civil, cualquiera de esos vicios produce la nulidad del acto jurídico. Paradójicamente, en la era del conocimiento, sobresale la ignorancia a la hora de votar.

Tenemos ante nosotros la oportunidad y el deber de forjar un futuro que se asiente sobre cimientos sólidos, que miren por la sustentabilidad de nuestras acciones y nuestro modo de vida, más que a manera de un símbolo de confort colectivo, como una garantía real de supervivencia de una humanidad que crece descontroladamente, lastimosamente sobre la faz de un planeta que se asfixia ante la vorágine de la depredación.

La materialización del voto y nuestro sufragio sí entraña una responsabilidad a nuestro cargo que obliga a la ciudadanía a informarse y conocer, con profundidad, el contenido de la plataforma política que los candidatos contendientes habrán de impulsar, de llegar a ser elegidos para el puesto por el que contienden. Los medios para informarnos sobre los postulados ideológicos de nuestros aspirantes políticos, por costosos que puedan ser para el contribuyente, son terriblemente escasos.

A pesar de la importancia del mensaje difundido por el INE, tanto desde un punto de vista intrínseco, como también de su relevancia a partir de su carácter repetitivo, los actores de la gran contienda electoral no ejercen una retórica sustantiva que permita entender, en el fondo, cuál es el sentido de su proposición política.

Las campañas, como lo han sido a lo largo de los últimos tiempos, no son sino un raudal de improperios y calumnias que demuestran la bajeza de aquellos que las encabezan. En una metralla de insultos, los partidos políticos han enfilado sus esfuerzos a la degradación de sus opositores, en una guerra de lodo en el que no hay uno sólo que salga limpio.

Evidentemente que, si ese es el estilo y las cualidades de quienes habrán de ser electos para ser dirigentes, de quienes el pueblo escoge para ejercer el poder y hacer cumplir la ley por contar con cualidades especiales, que los deben llevar a ser calificados como lo mejor de la sociedad misma que los designa ¿qué podemos entonces esperar de las cualidades de los electores, quienes los conducen al poder?

Ante la clara pérdida de valores, los partidos políticos y la clase gobernante tiene a su cargo el enorme e irrenunciable deber de poner el orden, empezando por la casa. No sólo ha de considerarse a través de la concreción de actos honestos y asertivos con relación a las atribuciones otorgadas en el difícil arte de gobernar y hacer política, sino desde antes, por cuanto a la corrección y altitud de las formalidades a la hora de realizar campañas electorales. La conducción de la política entraña la construcción de los límites dentro de los que aterriza la discusión y solución de los grandes problemas que aquejan a la Nación.

Es verdad que la religión y la política corren por carriles separados, pero no podemos negar el obligado contenido moral del discurso político y su resultado, en la ley. Por eso debemos estar de acuerdo con la multiplicidad de llamados de atención hechos a todos los partidos políticos, para que se mejore en contenido y calidad discursiva, la propaganda con la que habrá de inundarse los medios de comunicación a lo largo de los próximos dos meses hasta el día de la contienda electoral.

La exigibilidad de la responsabilidad ciudadana, así, guarda una incuestionable correspondencia con la capacidad de los partidos políticos contendientes de saber informar, con seriedad y totalidad, el contenido de su proposición política. No habrán reproches que trasladar a una sociedad distanciada y decadente, si la causa de sus males encuentra su génesis en procesos de elección política plagados de ignorancia y bañados en caldos de insolencia.

En el juego del “mercado relevante”

Antonio Cuéllar | Martes 31 de marzo, 2015

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

 

Coinciden quienes pretenden gobernar a México en que, para mejorar nuestras condiciones de vida y de progreso económico, debemos acabar con oligopolios profundamente arraigados y procurar la implantación de una política de competencia efectiva en mercados vinculados con áreas estratégicas o prioritarias para el desarrollo nacional.

 

Entre las reformas aprobadas con motivo del extinto Pacto por México, tres son las que consideramos íntimamente relacionadas con la economía: la laboral, la de telecomunicaciones y la energética. Existen otras tangenciales que también incidirían en la materia, pero no por ello son, así digámoslo, reformas troncales.

 

Las telecomunicaciones, incluidas la radiodifusión y la telecomunicación en estricto sentido, constituyen uno de los mercados con mayor desenvolvimiento en las estadísticas e indicativos de crecimiento nacional. En oposición a otros sectores, como el inmobiliario, reflejan un desarrollo sostenido tanto en infraestructura, como en servicios y usuarios.

 

Una cuestión resulta relevante destacar –en la medida en que ha sido una de las consideraciones medulares alrededor del cual se ha construido la nueva ingeniería jurídica–: radiodifusión y telecomunicaciones son sectores que ineludiblemente habrán de consolidarse, virtud al fenómeno de la “convergencia tecnológica”.  Espectro radioeléctrico nacional e infraestructura de red se unificarán como una plataforma de datos única, a través de la cual los usuarios intercambiarán información por teléfono, por Internet o televisión, que en esa medida configurarán un mismo servicio.

 

Frente a la declaratoria de preponderancia de Telmex, aparece ineludible la pregunta en torno de cómo lograr la pronta incursión de un agente económico que pueda convertirse en un competidor efectivo en el mercado de la telefonía fija o, como habrá de ocurrir, en el de un nuevo mercado relevante que abarca telecomunicaciones consolidadas amén de la inminente convergencia tecnológica.

 

Se investiga y está por definirse cuál es el tratamiento que habrá de concederse a la red que vienen creando las empresas de Megacable y otras concesionarias del mismo servicio ya asociadas, que desarrollan una plataforma a través de la cual podrían competir en el mercado relevante de la telefonía fija. Ya en el inicio de la investigación misma se ha reconocido que los agentes investigados no han causado ningún daño al mercado en la actividad que ellos mismos vienen realizando. La problemática estriba en que el IFETEL define su posición y regulación desde la perspectiva de la participación que estos tienen en el mercado de la televisión restringida, pasando por alto la necesidad apremiante de generar condiciones de concurrencia en el mercado de la telefonía fija.

 

Pareciera que las facultades de regulación de las telecomunicaciones y de la competencia económica otorgadas al IFETEL se separaran o se condujeran de manera autónoma, en contrasentido al espíritu de la reforma constitucional del 2013 que lo habilitó como autoridad única para atender un mandato puntualmente identificado y que tiene que ver con el rompimiento de la inercia.

 

Los criterios resultan imprecisos y contradictorios, pues mientras la visión es complaciente tratándose de la lectura y condiciones de operación de la telefónica tratándose de la prestación del servicio de televisión, así sea que provenga de su asociación en el ámbito de la recuperación crediticia, como sucedió con Dish, o a través del aprovechamiento de la plataforma de Internet, como lo hace con Claro TV, dichos criterios se convierten estrictos y restrictivos cuando se valora la participación de la concesionaria de redes públicas dedicadas a la televisión por cable, cuando pretenden incursionar en el segmento de la telefonía fija.

 

Lo cierto es que el establecimiento de directrices que pudieran impedir la consolidación de una red e infraestructura que pueda hacer frente al tamaño de aquella que hoy posee el agente preponderante, de cara a la convergencia tecnológica, no producen sino la posibilidad real de que la práctica monopolística que se pretendió evitar con la reforma constitucional se aleje. Esa visión en la que todos los mexicanos coinciden, de que nuestro progreso está asociado a la eliminación de los oligopolios, no podrá materializarse mientras no se tenga claridad sobre la política que permita concederle a los agentes entrantes en el mercado de referencia, una posición sólida que los haga competitivos frente al agente preponderante.

 

Es evidente que ante la disyuntiva que se presenta, indispensable resulta entender cuál fue el propósito de la reforma como también, en mayor medida, el alcance que se debe conceder al concepto de mercado relevante objeto de investigación por parte del IFETEL, cuando este se vendrá consolidando en uno solo en el futuro inmediato. Telefonía y televisión restringida son ya, básicamente, dos productos asociados que se ofrecen en una misma plataforma. ¿Qué tratamiento se debe conceder a los agentes entrantes, en la medida en que los privilegios otorgados al preponderante pudieran producir el descarrilamiento del principio constitucional que privilegia una competencia que sería, no sólo posible, sino esencialmente sana?

Presupuesto, elecciones y gasolina

Antonio Cuéllar | Martes 24 de marzo, 2015

ALEGATOS | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

A pesar de que la economía mexicana ha venido deshaciéndose de su dependencia del petróleo, esta finalidad no ha logrado concretarse con relación al Presupuesto, el que sí cifra su éxito en la colocación internacional del crudo mexicano. Por eso, la caída de los precios internacionales del petróleo obliga, responsablemente, a la necesidad de efectuar una revisión al Presupuesto de Egresos como el Secretario de Hacienda y Crédito Público lo ha anunciado, en especial con la mira puesta en el ejercicio 2016.

La noticia tiene un color gris que resulta desalentador, en la medida en que el ajuste al presupuesto provocará un impacto inmediato en la atención de programas gubernamentales o la ejecución de obras que dependen de recursos del Estado mexicano, fenómeno que trascenderá en contra de la economía de las personas o de nuestra sociedad en un año que, política o electoralmente hablando, resulta fundamental.

A pesar de que se trata de medidas responsables asumidas por quienes tienen el deber de velar por la sana marcha de la economía nacional, la noticia no es fácil de entender para una buena parte de nuestra población. Si se hace el comparativo simplón de lo que sucede al otro lado de la frontera, en la que una economía de libre mercado en el que las empresas petroleras han competido desde su origen ha permitido la disminución del precio de la gasolina, muchos se preguntarán porqué en México no pasa exactamente lo mismo. El ajuste del precio de tan importante insumo produce envidias.

Podría suponerse que si nuestros productores contaran con un carburante más barato, la planta fabril y las actividades industriales y de manufactura podrían echarse a andar más rápidamente y, con ello, provocar un despegue de la economía más acelerado. El problema es que una decisión de ese tipo sería sumamente inequitativa y desventajosa para la gran mayoría de los mexicanos, sólo por mencionar un punto y dejando a un lado la perspectiva ambiental que reprobaría, sin lugar a duda alguna, cualquier política que permitiera una mayor quema de combustible. Un número importante de programas sociales no podrían verse atendidos.

El Gobierno se halla así en la encrucijada de impulsar acciones para no impedir la realización de actividades comerciales e industriales que se ven artificialmente detenidas con la conservación de un precio de la gasolina fiscalmente impactado, y simultáneamente la de no poder disminuir sus ingresos para poder preservar un cúmulo de programas sociales de los que depende la supervivencia de muchos millones de mexicanos.

No existe otra salida en este laberinto sino la de permitir aceleradamente la implantación y puesta en marcha de la nueva ingeniería legal, a través de la cual se permitirá la concurrencia de un conjunto de agentes económicos que, con su participación en el mercado, puedan llevar a la industria energética nacional al estado de competitividad que pudiera ofrecer condiciones de producción y disminución de precios como las que se vienen deseando.

Llama sin embargo la atención el hecho de que la proposición de disminuir el precio de la gasolina, con base en el comparativo hecho con el mercado de los EEUU, proviene de las filas del PAN, quienes a través de la colocación ruidosa de la idea lanzan una plataforma de campaña en la que se apoyan para pregonar el éxito que tuvieron en la administración de la economía a lo largo de los doce años que ejercieron el poder.

Sería válido y justo analizar que, durante el sexenio pasado, el precio del barril de petróleo tuvo un deslizamiento sin precedente en la historia, que permitió a la administración calderonista aplicar un subsidio a las gasolinas para que las familias mexicanas no tuvieran que pagar el precio real que al combustible le correspondía. Una intervención del Estado en una actividad primordial que es similar a la que hoy, en sentido inverso, se pretende erradicar.

¿No acaso los gasolinazos han venido a ser, al final del día, la aplicación de una política de deslizamiento paulatino del precio de la gasolina, que persigue eliminar el subsidio artificial otorgado a lo largo de esos años a favor de la gasolina y el diesel?

En esta época electoral, cómo haría falta que alguien explicara cuál ha sido el manejo real de la administración financiera del Estado alrededor del precio de la gasolina. Presentar a los responsables de la administración financiera de los recursos obtenidos por el sobreprecio histórico del petróleo a finales de la primera década de este siglo, así como a los responsables de hacer frente al descalabro que produce la caída estrepitosa de dicho recursos en los mercados internacionales. ¿Qué cuentas han de rendir unos y otros? ¿No así sería más válida la información con la cual se nutrirían las boletas electorales?

¿Quién mató al comendador?

Antonio Cuéllar | Martes 17 de marzo, 2015

Mexicoleaks ofrece una plataforma excepcional, pero peligrosa: ¿quién vigilará la protección de datos personales que establece la Constitución?

ALEGATOS | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

Ante la contundencia de prácticas de corrupción o de potenciales conflictos de interés, como los que han acontecido en México desde siempre, y que, por ejemplo, dieron lugar a la sustitución del Secretario de Obras del Distrito Federal la semana pasada, la transparencia y la rendición de cuentas constituyen una herramienta esencial e indispensable para la ciudadanía; el instrumento más efectivo para combatir y sancionar la ilegalidad, particularmente cuando se trata del ejercicio de la función pública.

Los caminos que establece la Constitución y que se han venido perfeccionando a lo largo de la última quincena de años para garantizar la transparencia, han dado cabida a organismos autónomos del Estado, sólidas instituciones que han ganado reconocimiento y credibilidad en la valoración de los aspectos que atañen a su competencia, en función de su desempeño apegado a la ley, se trata del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 6º de la Constitución, los comisionados que integran el IFAI son nombrados por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, siempre que no sea objetado por el Presidente de la República, lo que garantiza que los siete comisionados del Instituto sean personas de reconocida reputación en la lucha por la transparencia y la defensa de los intereses de la sociedad sobre el particular.

El funcionamiento de nuestra democracia exige la observancia de postulados de orden esenciales, sin los cuales, desde luego, no podría funcionar; incluso tratándose de la tutela del derecho de acceso a la información, el Estado debe gozar de organismos capacitados a fin de evitar el atropello del derecho concomitante al de transparencia: el de protección de datos personales.

El artículo 16 de la Constitución establece con claridad que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personas, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

Un grupo de “organizaciones” recién lanzaron el portal Méxicoleaks, cuyo propósito es facilitar una plataforma a la ciudadanía que permita la presentación de denuncias e información reveladora de hechos de corrupción, que puedan ser aprovechados periodística y legalmente para combatir esta gran enfermedad que ha provocado el hartazgo de la sociedad.

En un sentido de búsqueda de la transparencia y combate a la corrupción, en el escenario de las idealidades y de un país perfecto, se trata de una idea impecable. Qué mejor instrumento a disposición de la ciudadanía que el de un procedimiento tecnológico que permita publicar información privilegiada que evidencie un hecho de corrupción, sin riesgo para el denunciante.

El problema estriba en que México no es ese país perfecto, y ante el hiperrealismo que produce la utilización bulliciosa de las redes sociales, el funcionamiento de una plataforma de este tipo expone a toda persona, en particular a quienes ejercen el servicio público, a un doble flanco que puede ser peligroso para la estabilidad nacional:

Una, la utilización de información falsa o documentación apócrifa en perjuicio de los denunciados produce un efecto infamante que queda irremediablemente consumado desde que la información se hace pública, en forma absolutamente impune para quien hubiera remitido los datos utilizados. El portal alude expresamente al privilegio de los periodistas que la divulgarían, de no tener que revelar la fuente de la noticia.

Dos, si bien es cierto que existirá algún órgano colegiado de control entre quienes dirigen el portal, la problemática es que este será discrecional y quedará colocado en manos de “profesionales de la información” cuyas cartas credenciales no atraviesan el tamiz del control institucional conforme al cual han sido creadas las instituciones del Estado que hoy se encargan de velar, tanto del cumplimiento de la obligación de hacer pública toda información gubernamental, como también por el secreto y privacidad de los datos personales de los mexicanos. ¿En manos de quiénes quedará depositada esta altísima responsabilidad?

Lo cierto es que en el ejercicio de los derechos que se ejercen en esta nueva función colectiva de las redes sociales, el Estado queda sobrepasado. Se trata del empoderamiento de un acusador anónimo que no tiene nada que perder y que no puede ser sujeto de control. ¿Qué manejo habrá de darse a la información durante los procesos de elección?

Debe aplaudirse cualquier proceso de organización de la sociedad civil que busque evidenciar la ilegalidad dentro de la cual se conduzca un servidor público, o un particular en relación con aquél. Sería conveniente, sin embargo, que se permita, aún tratándose de la publicación en la red, la instrumentación de mecanismos de defensa a favor de quienes hayan de ser denunciados, lo mismo que la ampliación de la plataforma a fin de dar a conocer, idénticamente, las actividades del servicio público ejemplar.

La mejor manera de construir una democracia funcional no puede darse a través de la vía única de la exaltación del pecado, sino también mediante el reconocimiento de las virtudes de quienes cumplen cabalmente con su deber.

La vara que mide

Antonio Cuéllar | Martes 10 de marzo, 2015

ALEGATOS | La columna de Antonio Cuéllar

Es contrastante y podría decirse que hasta contradictorio, que así como en México se ha denunciado una constante violación a los derechos humanos por parte de las autoridades policíacas, en especial al momento de la detención, –respecto de la cual un informe de la relatoría de la ONU asegura que en nuestro país se ejerce la tortura–, por otro lado y de manera simultánea, se han logrado las reformas más trascendentes tendientes a proteger los derechos fundamentales de toda persona que se halle en el país, instrumentos con apoyo en los cuales nuestros jueces están llevando a cabo la labor más protectora del individuo que jamás podríamos imaginar ¿Cómo, existiendo un marco jurídico tan sólido, se siguen cometiendo atropellos?

Paralelamente, la falta de detenciones y la inaplicación del derecho en perjuicio de la víctima produce un fenómeno todavía más pernicioso, el de la impunidad, un vicio arraigado en nuestra sociedad que vulnera la confianza y afecta el crecimiento de las actividades productivas, obviamente, en perjuicio de toda la población. ¿Cómo, frente a la posible comisión de un delito, los jueces conceden amparos?

Las premisas anteriores arrojan una conclusión que se debe atender de manera urgente: en la labor ordinaria de investigar, de perseguir y acusar la comisión de cualquier delito, por parte de las autoridades ministeriales, es menester ponderar la forma en que se respeten derechos fundamentales inherentes a la ejecución misma de la detención de las personas.

La problemática no es menor. Permanece fresca en la memoria colectiva la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permitió la liberación de Florence Cassez por violaciones cometidas en su perjuicio desde su detención. La vara conforme a la cual se deben comportar las autoridades policíacas desde que se sentó ese criterio por parte del Tribunal Supremo se elevó considerablemente.

Hoy mismo se da cuenta de la sentencia que ha pronunciado un Tribunal de Apelación del Estado de Michoacán, por medio de la cual se revocó el auto de formal prisión dictado en contra de Hipólito Ortiz, líder de comunidades de autodefensa en esa entidad, y por virtud de la cual este ha quedado en libertad. Los elementos valorados para pronunciar el fallo circundan alrededor del contexto social, la protección más humanista de su derecho y la aplicación del marco jurídico del Estado, que tutela la legítima defensa, en este caso, a partir de la falta de certidumbre sobre qué grupo disparó primero. Desvanece los esfuerzos del Estado para lograr la aplicación de la ley en el sur del país, con relación a un evento específico en el que, indiscutiblemente, existieron víctimas fatales.

En los medios ya se habla también del amparo promovido por “La Tuta” en contra del proceso de detención del que fue sujeto, camino a través del cual perseguirá, seguramente, una resolución similar a la que ya pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación para liberar a la presunta secuestradora gala. La lectura de la jurisprudencia y su aplicación irreflexiva se ha convertido en un deporte de moda entre los defensores.

En este grave estado de confusión que arroja la tutela de los derechos humanos, sería absolutamente conveniente que se meditara sobre la pertinencia de modificar el efecto protector del amparo con relación a violaciones cometidas durante el momento de la detención, como también que se discutiera el diseño de los protocolos de actuación para ese mismo acto de la autoridad, primer eslabón del proceso penal.

Bajo ningún motivo podríamos proponer que la violación cometida durante la detención de cualquier persona pase inadvertida en su contra y a favor de las autoridades policíacas o ministeriales. No podríamos suponer que se trataría de violaciones irreparablemente consumadas en perjuicio del afectado. Desde luego que el abuso de autoridad, de consumarse, constituye otro delito que debe perseguirse eficazmente en contra del agente que lo cometa. Sin embargo, ante la existencia de elementos de prueba que demuestren la posible responsabilidad del sujeto así detenido, las violaciones que se pudieran haber cometido durante la detención, podrían quizá no valorarse para la excarcelación, sino para la reposición del proceso, para beneficio de los intereses de la sociedad y, más aún, de la víctima, sin pasar por alto el derecho del detenido para aportar nuevos elementos de defensa que sirvan para desvirtuar la acusación.

Más allá de la intervención extraordinaria que deben realizar los jueces para conocer de esta violación de derechos humanos, como reiteradamente se cometen en el país, qué mejor sería la implementación de medidas de prevención que eviten la consumación de cualquier abuso de poder dentro de la necesaria sujeción a proceso de cualquier persona, hecho que entraña, en principio, una afectación a su libertad. Se tratará, en todo caso, de una nueva vara para medir el ejercicio de la función ministerial.

La recuperación del orden

Antonio Cuéllar | Martes 24 de febrero, 2015

No son pocas las referencias que en los últimos días han aparecido publicadas, al señalamiento que el Secretario de Hacienda y Crédito Público compartió con el Financial Times

 

No son pocas las referencias que en los últimos días han aparecido publicadas, al señalamiento que el Secretario de Hacienda y Crédito Público compartió con el Financial Times, relativo a la falta de confianza de los mexicanos hacia su Gobierno; como tampoco es aislado el llamado urgente del Presidente de la República a retomar el camino del orden, como vía para aprovechar las reformas estructurales aprobadas por el Congreso.

 

 

 

Un balance objetivo de los acontecimientos más relevantes ocurridos en el último semestre, permite con facilidad vincular la asociación que hace el colectivo, entre el caso Ayotzinapa y un estado de vulneración permanente de los derechos humanos, y del caso Casa Blanca con un estado de impunidad y corrupción que involucra a la clase gobernante, en detrimento perenne del respeto y pulcritud en la prestación del servicio público y la legalidad. Las marchas, que de ambos derivan, afectan el desenvolvimiento de la vida cotidiana de las personas y su estabilidad.

 

 

 

Consideramos que la opción del silencio oficial ante la trascendencia de los hechos, no es una alternativa que los mexicanos vayan a aceptar en esta ocasión, ni por la cercanía del proceso electoral, ni por la conciencia ciudadana que prevalece, en la que participa una generación de jóvenes que jamás fue gobernada por el viejo PRI y que, más allá de ello, ha escuchado a lo largo de los últimos años una versión repetitiva de un discurso que identifica los aspectos más negros de nuestra historia y los vincula sin reserva alguna al revolucionario institucional; campaña de desprestigio que enarbolaron las dos administraciones panistas desde su llegada a Los Pinos, y los distintos gobiernos perredistas desde la capital.

 

 

 

Sólo el tiempo habrá de demostrar la verdadera dimensión de los hechos acontecidos en Iguala y develar la responsabilidad de los partidos políticos, sin excepción alguna, con relación a los acontecimientos que cobraron la vida de luchadores sociales matriculados en la escuela normal de la serranía de Guerrero. La lista se encabezará por los partidos que postularon a los gobernantes, municipal y del Estado, quienes tuvieron que ver con la tragedia de manera directa e inmediata, en forma activa y pasiva respectivamente.

 

 

 

En la encrucijada de la que habremos de salir adelante, la respuesta del partido oficial debe ser contundente y ejemplar, porque los tiempos así lo demandan: Nunca más un gobierno cooptado por las bandas criminales; no más un sistema jurídico que permite, por su porosidad, la consumación impune de actos de corrupción que ofenden la dignidad y la inteligencia de los mexicanos. ¿Cómo abordar la problemática en torno de los derechos humanos y la corrupción en forma creíble?

 

 

 

En la lucha por la defensa de los derechos del hombre, merecería la pena distinguir entre las acciones que han de emprenderse en lo general, para las que la CNDH debería de emprender el camino con nuevos bríos y nuevas atribuciones, y aquellas que resuelven la problemática que aqueja a los individuos en lo particular, sobre las que los tribunales, federales y de los estados, deberían de resolver con independencia, capacidad y prontitud, las quejas que ante ellos lleguen a ser presentadas. Se trata, en ambos casos, de tareas que han quedado pendientes de cumplir o se han cumplido en forma deficiente.

 

 

 

Ahora bien, hablando sobre la lucha contra la corrupción, esta semana se discutirá en la Cámara de Diputados el dictamen que sintetizará el acuerdo que habrán de alcanzar los distintos partidos representados, con relación a la concepción y creación constitucional de un nuevo sistema nacional anticorrupción.

 

 

 

El nuevo papel de la Auditoría Superior de la Federación en el control de la legalidad y vigilancia de la gestión financiera del gobierno, constituye un elemento imprescindible que habrá de definir el alcance del ánimo regenerador de los representantes. Preciso será, sin embargo, que se entienda la situación en la que, sin lugar a dudas, se encuentran muchos hombres honestos encargados de realizar la difícil tarea de controlar el ejercicio presupuestal del gobierno. La fiscalización del gasto público debe ser una labor de vigilancia que se realice humanamente y de buena fe; sólo así se logrará la funcionalidad del sistema.

 

 

 

Sería sumamente pertinente que al Auditor Superior de la Federación, lo mismo que al Secretario de la Función Pública o cualquier órgano que lo sustituya, autónomo o dependiente, se les dotara de atribuciones de orientación en torno de la justa interpretación de la ley, incluso desde antes de que la misma haya de ser ejecutada: facultades ex ante.

 

 

 

Un último punto que se propone y que valdría la pena considerarse, tiene que ver con la inconveniencia que representa, en la vida cotidiana, la judicialización de los procesos de contratación pública. En el ejercicio del presupuesto, bien podría valorarse la posibilidad de que las impugnaciones que lleguen a tener lugar, se ventilen uniinstancialmente ante la propia Auditoría Superior de la Federación o los órganos de control del gasto público de los congresos estatales, auxiliares del legislativo a los que, en última instancia, les corresponde la legitimidad única para valorar si dichos procesos se apegan a la ley y cumplen de manera eficiente con los fines técnicos y económicos que persigue el Estado.

El cómo y cuándo de la Portabilidad Numérica

Antonio Cuéllar | Martes 17 de febrero, 2015

De frente a un proceso reformador y disposiciones administrativas que reconocen de manera expresa la desafortunada concentración del mercado nacional de telecomunicaciones móviles, resulta indispensable saber cómo y cuándo se superará dicho fenómeno

 

De frente a un proceso reformador y disposiciones administrativas que reconocen de manera expresa la desafortunada concentración del mercado nacional de telecomunicaciones móviles, resulta indispensable saber cómo y cuándo se superará dicho fenómeno. Los anuncios publicitados y las expectativas generadas por los consumidores, de que las tarifas de la telefonía celular habrían de disminuir y la calidad del servicio iría a mejorar, provocan especulaciones sobre si el éxito del proceso será cierto y será cercano, o si este habrá de revertirse en la misma manera en que las estadísticas de crecimiento económico para este año se desinflan poco a poco.

 

En el mes de marzo del año pasado, el IFETEL emitió la resolución a través de la cual declaró como agente preponderante a América Móvil (Telmex, Telcel, Grupo Carso e Inbursa) en el ámbito de las telecomunicaciones, con motivo de lo cual emitió una serie de regulaciones asimétricas que no persiguen otro fin sino el de lograr una disminución de poder que permita la incursión de nuevos competidores bajo condiciones de competencia real y efectiva.

 

En el mes de julio del año pasado, el H. Congreso de la Unión expidió la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a través de la cual buscó atender al conjunto de directrices contenidas en el Decreto de reforma constitucional en esa materia, publicado en el mes de junio de 2013. Con la finalidad de incentivar la competencia y romper con las inercias que produjeron la concentración del mercado, en la nueva Ley se incluyó el Derecho a la Portabilidad Numérica.

 

Dicho principio, que se define en el artículo 2º y se impone como obligación de los concesionarios de redes públicas en el artículo 118, constituye el derecho de los usuarios para conservar su número telefónico con independencia del concesionario de red pública que elija como su proveedor del servicio.

 

Destacó el hecho de que en el articulado de tránsito de la propia Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se previó expresamente que el IFETEL tendría sesenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la Ley para expedir las reglas administrativas necesarias que eliminaran requisitos que pudieran retrasar o impedir el derecho a la Portabilidad Numérica, reglas que, además, garantizarían la portabilidad efectiva en un plazo no mayor a 24 horas contadas a partir de la solicitud presentada por el usuario titular del número respectivo.

 

El 12 de noviembre del año pasado, el Pleno del IFETEL expidió el Acuerdo mediante el cual emitió las Reglas de Portabilidad Numérica, en cuyo articulado se incluyeron tres reglas específicas que nos interesan: 1. Se establecieron horarios para la atención de las solicitudes de portabilidad entre operadores; 2. Se condicionó la operatividad de la portabilidad a la obtención y confirmación de un NIP electrónico; y, 3. Se prolongó la entrada en vigor del derecho a la portabilidad numérica al plazo de noventa días siguientes a la publicación misma del Acuerdo.

 

En el mes de diciembre pasado, la Cámara de Senadores interpuso una Demanda de Controversia Constitucional ante la SCJN, a través de la cual cuestiona la validez del Acuerdo del Pleno del IFETEL en materia de Portabilidad Numérica, por considerar que, a través de su emisión, se transgredieron las reglas que de manera puntual y limitada se habían incorporado en el articulado de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Propiamente, se estima que el establecimiento de las condicionantes de la portabilidad y la prolongación de su entrada en vigor, excedieron el texto y espíritu de la Ley por debajo de la cual se encuentran.

 

El reacomodo del mercado que produce la incursión de AT&T como segundo proveedor del servicio de telecomunicaciones móviles, un mercado que parece inclinarse hacia la consolidación de una tercia de operadores, permitiría adelantar la inminente materialización de los beneficios que persiguió desde su nacimiento la reforma de telecomunicaciones; sin embargo, aún consolidándose esta compañía como la principal tenedora de espectro, con un 39.66% de las frecuencias móviles disponibles, lo cierto es que con la adquisición de Iusacell y Nextel sólo resulta beneficiaria del 13% del mercado –frente a un 67.89% del mercado que conserva América Móvil (Telcel)–.

 

En ese escenario, la Portabilidad Numérica constituye un factor primordial, o bien para lograr la anhelada competitividad del sector estratégico de las telecomunicaciones, o de lo contrario, para conservar una lamentable barrera de acceso al mercado que podría constituir un terrible balde de agua fría para los usuarios.

 

Es en estas condiciones que la SCJN se vuelve a convertir en el último eslabón de la cadena de poder, el órgano superior en el que los mexicanos depositan la confianza que implica el deber de decidir, de acuerdo con la interpretación de la Constitución más razonable y funcional, cómo ha de observarse y cumplirse la ley. Serán así los ministros los que estarán encargados de sentar el precedente correspondiente por virtud del cual el IFETEL habrá de ser un órgano del poder público sujeto al control de constitucionalidad de sus actos, como también el precedente a través del cual se decida, con toda la prontitud que el caso amerita, si el Derecho a la Portabilidad puede prolongarse a discreción y moldearse al gusto de los comisionados.

 

El honroso valor de reconocer el error

Antonio Cuéllar | Martes 10 de febrero, 2015

La Ley de Salud Pública del Estado de Baja California establecía en su articulado la regulación inherente a los Centros de Desarrollo Infantil, que se definían como el establecimiento donde se brinda cuidado temporal, alimentación y en su caso, (en los que se) brinden educación inicial, a menores en edad lactante, maternal, preescolar, y menores … Continúa leyendo El honroso valor de reconocer el error

La Ley de Salud Pública del Estado de Baja California establecía en su articulado la regulación inherente a los Centros de Desarrollo Infantil, que se definían como el establecimiento donde se brinda cuidado temporal, alimentación y en su caso, (en los que se) brinden educación inicial, a menores en edad lactante, maternal, preescolar, y menores con discapacidad no dependientes, cualquiera que sea su denominación.

 

Por el carácter discriminatorio de la norma, que diferenciaba a los discapaces dependientes de los no dependientes, y en la que quedaban excluidos los primeros, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de su Presidente, interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la Acción de Inconstitucionalidad 86/2009, por medio de la cual se pretendió la declaratoria de invalidez correspondiente que permitiera la subsistencia del derecho humano a la igualdad a favor de todos los niños, en especial a favor de aquellos afectados por alguna discapacidad.

 

El día de ayer, los ministros en Pleno del máximo Tribunal Constitucional de nuestro país declararon la invalidez de la norma, para lo cual, inclusive, se dieron a la difícil tarea de definir los alcances de su propia resolución, no sólo por cuanto a las causas de inconstitucionalidad misma, sino además con el propósito de sentar los lineamientos conforme a los cuales la legislación debería incluir los instrumentos jurídicos que permitieran garantizar que los Centros de Desarrollo Infantil contaran con las medidas necesarias para satisfacer las necesidades propias de los menores con discapacidad.

 

Habiéndose ya discutido entre los ministros de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación temas sobre igualdad tan relevantes como el concerniente a la inconstitucionalidad de las normas que en el ámbito de lo familiar impiden la celebración del matrimonio entre personas de un mismo género, sobresalió la semana pasada, de manera importante, el conjunto de señalamientos hechos por el ministro Fernando Franco González Salas en torno de las causas de inconstitucionalidad de la norma objeto de la Acción de Inconstitucionalidad que nos interesa, emitida por el Congreso de Baja California.

 

Al respecto, el señor ministro Franco González Salas manifestó que los niños con discapacidad impactan y pueden afectar a los niños que no la padecen, y sugirió que aquellos, los niños con discapacidad, deberían contar con instalaciones propias, adecuadas a su singular condición.

 

Sin vacilación alguna, organizaciones sociales y personas físicas, con razón, le enviaron misivas a través de las cuales le exigieron que retirara sus palabras y ofreciera una disculpa con relación a sus señalamientos, que estimaron inconcebibles por parte de una persona con su formación intelectual y su responsabilidad social.

 

No puedo negar el hecho de que, en el fondo de esta discusión, desde luego que compartimos la indignación que producía el punto de vista del ministro Franco González Salas, pues el derecho humano a la igualdad no puede impedirse en perjuicio de persona alguna, y mucho menos en perjuicio de los más indefensos de entre los más vulnerables.

 

No por ello dejo de reconocer, sin embargo, que la visión en torno de la interpretación del concepto de igualdad desde la perspectiva constitucional, en estricto sentido jurídico, puede y debe permitir la expresión de cualquier idea que provenga de aquellos a quienes se les encomienda interpretar la Carta Magna. En el ejercicio científico de la hermenéutica jurídica, la visión del ministro disidente debería aceptarse como válida, cuan antisocial pudiera parecernos, pues en eso estriba precisamente la labor de los jueces.

 

 

Celebramos enormemente la decisión adoptada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha declarado la invalidez de todos los artículos que impiden la igualdad entre los niños con discapacidad, dependientes y no dependientes, por cuanto a su atención en los Centros de Desarrollo Infantil, pues establece una nueva directriz de conformidad con la cual deberá de atenderse a las necesidades de los niños con discapacidad a lo largo y ancho de todo nuestro territorio.

De manera singular, sin embargo, resulta especialmente relevante destacar la acción humana, honrosa y honesta que, con toda sorpresa, porque no era necesaria, tomó el ministro Franco González Salas, quien al inicio de la sesión del día de ayer reconoció públicamente y frente a las cartas que le fueron enviadas, que las expresiones de su parte habían sido poco sensibles e inadecuadas, solidarizándose así con los padres de los niños con discapacidad, a quienes expresó una disculpa pública por sus expresiones, que retiró en el acto.

 

En esta época en la que prevalece una enorme distancia entre quienes tienen la difícil responsabilidad de gobernar y quienes soportan el peso de ser gobernados, destaca la virtud de la humildad y la empatía con lo más justo, más allá de lo estrictamente correcto y permitido, como lo mostró el ministro Franco González Salas. No sólo debemos aplaudir el valor que conlleva el reconocimiento del error, sino que bien podemos señalarlo como un ejemplo que en su propio ámbito de desenvolvimiento, otras autoridades deberían emular, a fin de superar los obstáculos que para la vida del país han venido imponiendo distintas circunstancias derivadas, nada más y nada menos, que de sus propios errores.

 

 

La altanería como método

Antonio Cuéllar | Martes 3 de febrero, 2015

¡¡Cállate chachalaca!! ¡¡Al diablo con las instituciones!! ¿le suena familiar? No se trató de desatinos de un candidato ni de una posición libertaria que buscara reivindicar las causas sociales más justas, fue la expresión más pura del pensamiento de una corriente política que persigue, en función de su propia visión de las cosas, imponer una … Continúa leyendo La altanería como método

¡¡Cállate chachalaca!! ¡¡Al diablo con las instituciones!! ¿le suena familiar? No se trató de desatinos de un candidato ni de una posición libertaria que buscara reivindicar las causas sociales más justas, fue la expresión más pura del pensamiento de una corriente política que persigue, en función de su propia visión de las cosas, imponer una agenda por la vía antidemocrática de la fuerza.

 

Así se volvió a ver el domingo pasado en la reunión que sostuvo la Comisión Especial para dar seguimiento a la aplicación de recursos federales en la construcción de la Línea 12 del metro, pues sin invitación alguna, a través de insultos, por la vía coactiva de los gritos y arrebatos, y hasta con el ejercicio de la fuerza más bruta a través de los golpes, Marcelo Ebrard se instaló con el fin de introducir en la discusión del informe que rinde la misma comisión, su propia versión del eterno complot en el que se encuentran sumidas las corrientes más retrogradas de la izquierda.

El modus operandi tiene varios años; hay que estar muy atentos y vigilantes a la manera en que aprovechan las prerrogativas que la ley le ofrece a los partidos para deslizar esa agenda totalitaria. El Estado debe reaccionar con prontitud para garantizar la supervivencia de la libertad de expresión y la democracia como decisión política fundamental en contra de la cual no puede prevalecer ideario alguno.

 

En este proceso electoral, la utilización de los spots publicitarios constituye una herramienta imprescindible de los partidos para dar a conocer sus postulados y su trayectoria; sin embargo, ese mismo recurso puede convertirse en un instrumento para socavar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones mediante el sometimiento de las voces disidentes a través de su ridiculización o su descalificación, con mensajes falsos, calumniosos o exagerados.

 

Un ejemplo de lo anterior ocurrió en semanas pasadas a través de un spot que publicó el PRD, en el que mediante el uso asociativo de imágenes pretendía conducir al público a pensar que sus propias desgracias o el estancamiento económico de México, provenía de, entre otros, empresarios, antiguos gobernantes y periodistas, concretamente, Joaquín López Dóriga. Un vehículo perverso que perseguía el uso de las prerrogativas legales para menguar la libertad de expresión, el prestigio y la credibilidad de un analista.

 

La publicidad electoral de la izquierda encubre el método de la altanería como vehículo para minar cualquier discurso de oposición a sus propios postulados, sin importar la fuente de la que provenga; un camino totalmente antidemocrático que divide al país y mengua la estabilidad de un sistema que, cuando menos en el ámbito estrictamente electoral, ha permitido que vivamos en paz todos estos años a pesar de encontrarnos en un proceso de franca transformación política, un proceso ejemplar para el mundo.

 

Radiodifusores, televisoras, medios impresos, redes sociales, medios electrónicos y todos quienes colaboran en ellos, lógicamente analistas y locutores, constituyen un factor indispensable para que nuestro sistema político subsista, para que el sentido de libertad que interesa a las mayorías pueda ser realmente respetado y llevado a la práctica como mejor modelo de representatividad nacional en el ámbito gubernamental.

 

Afortunadamente las instituciones que se han venido construyendo y las reformas constitucionales que se han venido aprobando han podido demostrar que el método de la violencia no podrá imponerse jamás al del diálogo democrático y a la razón.

 

Después de que Joaquín López Dóriga presentara la queja ante el INE y dicho instituto ordenara el retiro del spot publicitario, el PRD presentó la impugnación correspondiente ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

 

La semana pasada, la Sala Regional Especializada del propio Tribunal discutió la sentencia respectiva en la que, amén de los criterios de interpretación constitucional más progresistas y pro persona que permite el texto mismo de la Carta Magna y los compromisos internacionales firmados por México, se preservó el innegable derecho a la libertad de expresión y de disasociación de la imagen de los periodistas con relación a posicionamientos electorales con los que no se encuentren personalmente relacionados.

 

En mérito de que no existía ninguna relación entre el contenido del mensaje publicitario del PRD y la imagen personal del periodista, la Sala Regional Especializada sostuvo la legalidad de la resolución del INE que valoró la calidad antidemocrática y claramente ilegal del spot, conclusión ésta que obliga a la izquierda radical a dar un paso atrás en la mecánica que impulsa para hacer avanzar su agenda.

 

Esperaremos los resultados que arrojará esta semana la votación plural del informe que da cuenta sobre los avances de la investigación y análisis relativos a la aplicación de recursos federales en la construcción de la Línea 12; ojalá que quienes se vean involucrados hagan valer sus derechos a través de los cauces que permite la ley, y no por la vía de la toma de avenidas, amenazas y violencia. El método electoral y democrático, desde luego, no puede ser altanero.

 

Renovarse o morir

Antonio Cuéllar | Martes 27 de enero, 2015

Ante el crecimiento de la desconfianza en la clase política, ¿Cuauhtémoc Blanco cubre el perfil del candidato que espera el electorado?

 

¿No es acaso la falta de credibilidad o la falta de confianza en la clase política lo que más afecta la estabilidad de México? En la marcha de un proceso electoral y con miras al desarrollo de elecciones que permitirían la renovación de la clase política ¿Qué perfil personal, qué cualidades sociales, qué capacidad profesional deben tener los próximos candidatos? Nuestra sociedad, cada vez más participativa y claramente inconforme, debe asumir con seriedad la importancia de tales interrogantes ante la inminencia de un proceso que será totalmente novedoso y extraordinario, porque la elección de diputados, de presidentes municipales y de jefes delegacionales a lo largo del territorio nacional, resultará en la designación de servidores públicos que, por oposición a lo que ha sucedido hasta ahora, podrán reelegirse en su función pública hasta por una docena de años en total.

 

Pasa desapercibido el hecho de que las elecciones de este año serán totalmente distintas a las anteriores en función de los alcances de la reforma constitucional que, a partir de la legislatura entrante, o de la gobernanza municipal siguiente, permitirá la reelección de gobernantes, un mecanismo que surgió de un gran acuerdo político nacional incrustado en el Pacto por México con el firme propósito de alentar el mejoramiento de una democracia auténticamente participativa. En ese contexto y en mérito de este nuevo empoderamiento ciudadano ¿No deberíamos ser más críticos del proceso interno instaurado en cada partido político para elegir a sus candidatos?

 

Es este nuevo estado de cosas el que nos lleva a cuestionar la publicidad electoral y la intervención de personajes ajenos al quehacer público en la escena de lo político, a su deseo de convertirse en advenedizos gobernantes en momentos en los que claramente el país demanda talento, capacidad y experiencia en la resolución de problemas comunes.

 

¿Es verdad que Cuauhtémoc Blanco tenga la capacidad para ser un buen Presidente Municipal de Cuernavaca?, ¿Alejandro Camacho constituye de verdad un apto candidato para intervenir en la tribuna del legislativo? Sin negar en absoluto la muy destacada carrera futbolística o el carisma deportivo del primero, o la amplísima trayectoria y profesionalismo histriónico del segundo, me pregunto si de verdad pueden o no tener el perfil del candidato que la ciudadanía está esperando, o el de un servidor público que habrá de ser, ahora sí, sujeto a un escrutinio público que permitirá la recuperación de la confianza nacional, en un momento en el que las instituciones y quienes las ocupan, carecen de la necesaria legitimación para su desenvolvimiento.

 

El punto es que la respuesta no es fácil de encontrar, porque resultaría igualmente fácil destruir la deducción que arrojaría la contestación inmediata que cualquiera pudiera conceder a las interrogantes anteriores. Es verdad que los mexicanos demandan gobernantes preparados y con experiencia en el ámbito de la labor pública, pero bajo ningún motivo podría creerse que el elector quisiera conservar en el ejercicio de la función pública a una buena parte de la asentada clase política que hoy lo representa, por mucha experiencia que pudiera sumar en el ejercicio de la labor política.

 

El próximo proceso electoral constituye un momento crucial para que los partidos legitimen su necesaria intervención en la consolidación de una auténtica democracia, mediante la presentación de una nueva clase política en forma auténtica o con la depuración de la que hoy ostentan.

 

Todos estamos convencidos de la importancia que tiene para la economía nacional el combate efectivo a la inseguridad, o de la trascendencia que tiene para la estabilidad del sistema político la implementación de un sistema eficaz para combatir la corrupción, el problema ya no estriba en la identificación de la problemática que aqueja al país, sino en el diagnóstico del fenómeno que arrojan los acontecimientos históricos más recientes: el pueblo no cree ni confía más en su clase gobernante o, cuando menos, en una buena parte de ella (porque sería terriblemente injusto calificar a todos nuestros gobernantes con el mismo rasero).

 

Es esta conclusión la que debe llevarnos a alentar a los partidos políticos a ser sumamente acuciosos en los procesos para elegir a sus próximos candidatos. No se trata de la designación de personajes populares o con experiencia, de líderes sociales aplaudidos cuan inmorales sean sus demandas o planteamientos, sino de la movilización de ciudadanos capaces y auténticos, con probada honorabilidad y vocación de servicio público, sin importar del lugar del que provengan, lo que debe favorecerse en la conformación de las plataformas que habrán de conformar el universo de futuros dirigentes del país, porque la próxima elección no constituye el juego recurrente de reubicación de fichas en un inalterable tablero de ajedrez, se trata del salvamento de un sistema que, ante sí, sólo le queda la fórmula de renovarse o morir.

La nueva justicia penal

Antonio Cuéllar | Martes 20 de enero, 2015

La Ciudad de México, capital del país, constituye por su situación política, por ser el asiento de los poderes federales y domicilio de las agencias gubernamentales más importantes del país, por su posición comercial y por el número de personas que habitan en ella, una muestra, un mosaico de lo que sucede o podría llegar … Continúa leyendo La nueva justicia penal

La Ciudad de México, capital del país, constituye por su situación política, por ser el asiento de los poderes federales y domicilio de las agencias gubernamentales más importantes del país, por su posición comercial y por el número de personas que habitan en ella, una muestra, un mosaico de lo que sucede o podría llegar a suceder en el resto de México, que en buena medida sigue sus pasos. Es verdad que la aseveración podría admitir excepciones, pero éstas no debilitan la regla general que así podría asegurarse.

Es amén de la consideración anterior que la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal para el Distrito Federal deviene en un tema relevante, no sólo para la capital misma, sino para todo el país (aún y cuanto el sistema penal acusatorio adversarial ya viniera operando en muchas otras entidades), pues su implementación y la problemática que la misma arroje, en la capital, impondrá por la vía de la repetición o del desgaste, las modalidades adecuadas conforme a las cuales el Código Nacional de Procedimientos Penales habrá de interpretarse o, inclusive, hasta modificarse en el futuro.

Dentro de la dirección de actos de gobierno encaminados a recuperar la estabilidad en el ámbito de la seguridad, a ganar partidas en el campo de la legalidad y el Estado de Derecho, es quizá la implementación del nuevo sistema de justicia penal lo que podría identificarse como el rubro más destacado dentro del plan de gobierno contenido en lo que fue el Pacto por México.

A pesar de que la primera etapa para el Distrito Federal sólo abarcará a los delitos culposos y de cuantía menor, la decisión adoptada echa a andar un proceso reformador en el que no hay vuelta hacia atrás.

El nuevo sistema de justicia penal concede al inculpado una nueva posición frente a la representación social acusadora y frente al juez, es respetuoso de la presunción de inocencia y del derecho humano a la debida defensa. El nuevo sistema, sin embargo, es igualmente protector de la víctima y mira por la transparencia y publicidad de la función judicial.

En una época caracterizada por una alta incidencia delictiva, algo que destaca del nuevo sistema, más allá de su oralidad y de la inmediatez en la relación entre jueces y justiciables, parece ser algo paradójico: su funcionalidad estriba en la posible disminución de la actividad jurisdiccional propiamente dicha.

Sí, a pesar de que existe un nuevo sistema de justicia penal para el Distrito Federal, aquello que más debería interesarnos circunda alrededor de los sistemas alternativos para la impartición de justicia penal; la normatividad que permite la intervención de mediadores y conciliadores, que perseguirán el otorgamiento de un acuerdo de reparación del daño, que una vez aprobado por el Juez, sustituirá propiamente la labor judicial de admisión y valoración de pruebas, con lo que se obtendrá el gran beneficio del ahorro burocrático y, más allá de este, la obtención de un acuerdo que identifica al culpable de la comisión de un delito, sinónimo de erradicación de la impunidad.

La gran interrogante, como en todos los casos, no tiene que ver con las particularidades del nuevo proceso penal, ni con sus beneficios previsibles desde el punto de vista jurídico u orgánico, sino más bien, sobre la capacidad de los ministerios públicos, defensores, abogados y jueces, por cuanto a la implementación de un régimen jurídico en una materia tan sensible como la criminal, un régimen que además es significativamente distinto de aquel conforme al cual hemos vivido y hemos sido educados.

Es necesario que, además de la capacitación profesional a favor de todos aquellos que tendrán que ver en su desempeño profesional con la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Gobierno de la capital patrocine campañas generales de información y conocimiento sobre los alcances del nuevo sistema y la importancia relativa a la recolección y conservación de pruebas.

En esta época en que los presupuestos se encuentran tan ajustados o tan comprometidos, ¿qué tanta capacidad y qué tanta voluntad existirá por parte de la Procuraduría capitalina, para investigar y perseguir a cualquier servidor público que resulte culpable de los grandes desvíos que ocurrieron con motivo de la construcción y descarrilamiento de la Línea 12 del metro?

Las disyuntivas, cada vez más, dejan de estar en la cancha del legislativo y pasan a la cancha de los otros poderes y los nuevos órganos constitucionales autónomos. Esperemos que pronto México logre recuperar el camino del orden y el de la esperanza, más lejos estará el camino del desarrollo y el bienestar.