Los desatinos del fuero

Antonio Cuéllar | Martes 26 de julio, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

La relevancia que ha venido a ganar el voto popular en los procesos contemporáneos para acceder al poder, fenómeno que se ha utilizado como ícono de la democracia, lleva a los partidos a caer en discursos demagógicos insospechados con tal de tener adeptos.  Uno de esos es el de la eliminación del fuero, a través de la propagación de la idea equivocada de que existe una asociación indisoluble entre la protección constitucional del servidor público y la comisión de actos delictuosos.  En la voz de la oposición constituye un postulado kafkiano.

 

Indiscutiblemente que no existe conducta más detestable y oprobiosa que el enriquecimiento a costa de las arcas públicas por parte de aquella persona a quien se encomienda su eficiente administración y pulcro cuidado.  Todo servidor público que aproveche su posición para echar mano al dinero que aportan los mexicanos para el sostenimiento de los gastos que a todos atañen, debe ser sujeto de los procesos de justicia que a criminales como él son aplicables, y pagar una pena, incluso mayor, por la bajeza de su conducta, más ofensiva contra la ciudadanía que la de un criminal común, en tanto del servidor público se espera una honorabilidad que no se concede a los delincuentes ni siquiera con anterioridad a la comisión del ilícito.

 

La idea anterior, sin embargo, no choca en modo alguno con el fuero, pues la existencia de dicha protección constitucional a favor del servidor público no constituye una patente que le permita cometer delito alguno o ser sujeto de una situación especial frente a la ley, que le impida ser procesado por actos ilícitos que le sean atribuibles, incluso, no graves.

 

El ejercicio no despótico ni arbitrario del poder que caracterizó a la monarquía se solucionó mediante la división constitucional de las funciones y responsabilidades confiadas al soberano.  De este modo, el gobierno se depositó en distintos órganos, autónomos entre sí, a los que se confirió la potestad para expedir leyes, para interpretarlas o para hacerlas cumplir.

 

En un sistema regido por un principio de legalidad como el nuestro, en el que las autoridades no pueden hacer nada con excepción de aquello que la ley les permite, deviene esencial que la función pública consistente en crear leyes quede encomendada a un órgano de representación ciudadana plural y suficiente, en el que se expresen la voces y se haga valer el voto efectivo de las más variadas corrientes ideológicas y de pensamiento nacional.

 

Con la finalidad de permitir la funcionalidad de ese sistema de discusión parlamentaria, en torno de las normas sobre las cuales se edifica esa relación entre las autoridades y el pueblo, se torna una obligación elemental la de respetar y proteger a quienes tienen el deber constitucional primario de materializar el sentimiento popular.  El fuero no es otra cosa sino esa barrera que impide al Ejecutivo o, en este caso ya, al Fiscal General de la República, coartar la libertad física de la que debe gozar todo servidor público electo para acudir en cualquier momento a cumplir su función, mediante la exposición del rechazo o aceptación popular de cualquier iniciativa, o a través del ejercicio del voto que concrete ese mismo posicionamiento político.

 

La protección es de tal importancia para cualquier sistema de gobierno operativo, que está contemplado en el artículo 1º de la Constitución de los Estados Unidos de América; en el 71 de la Constitución de España; en el 50 de la Constitución de Japón; en el 17 de la Primera Ley Fundamental de Israel; el 74 de la Constitución de la República Popular China; en el 98 de la Constitución de Rusia; en el 68 de la Constitución de Argentina; en el 58 de la Constitución de Sudafrica, por mencionar algunas, siempre pertenecientes a todas las latitudes. La democracia de todo el mundo está construida sobre la misma base.

 

El lastre que México arrastra en materia de corrupción, el abuso e ignorancia de algunos miembros de su clase gobernante en cualquier época, han dado ejemplos clarísimos de impunidad y prepotencia por parte de individuos aislados en el Congreso General o en los Congresos Locales, que propalados por los medios masivos de comunicación han creado una idea terriblemente equivocada de lo que es el fuero, que se asocia con una condición que aprovechan personajes oscuros de la historia política contemporánea.

 

La verdad de las cosas es que ese fuero que impide el enjuiciamiento del servidor público por cualquier causa, se acaba con el seguimiento del procedimiento de desafuero, que resuelven sus pares en función de la validez y credibilidad de la acusación de la que el servidor público sea sujeto.  Se critica de ello, quizá, la posibilidad que se ofrece al delincuente para evadirse de la justicia por la dilación del proceso mismo.

 

Leo con atención la manera adelantada en la que se discute la eliminación del fuero constitucional y la forma tan absurda en que los legisladores de oposición convierten dicho discurso en su propia bandera.  Tremenda ignorancia e incomprensión del fuero.

 

Ante la problemática que enfrenta nuestra sociedad, sería muy conveniente que se explicara qué es el fuero y porqué debe subsistir, y ante la posibilidad de que mediante el fuero se cometan tropelías por quienes gozan de él, sería meritoria la modificación constitucional que permita la tramitación sumaria del procedimiento de desafuero, o la concesión de facultades extraordinarias a favor de los Congresos Generales que les permitan retener al sujeto de desafuero durante la tramitación del proceso, para impedir una sustracción que le exima de enfrentar las penas que, sin distinción, deben pagar todos los delincuentes.

 

Un error imperdonable sería erradicar de nuestro orden jurídico fundamental el fuero, o el privilegio que está concedido a los miembros del Congreso para definir, entre pares, la procedencia del desafuero, pues ello haría frágil y vulnerable la importantísima labor que realiza el propio legislativo a favor, nada más y nada menos, que de la misma ciudadanía.

El indeseado trabajo infantil

Antonio Cuéllar | Martes 19 de julio, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

 

Plasencia es el apellido del hombre que amablemente me ayuda a dar mantenimiento al pequeño espacio jardinado de la casa.  En estos meses de julio y agosto, en el apogeo de la temporada de lluvias, la necesidad de hacerse cargo de su cuidado es evidentemente mayor. En pláticas con él me compartió la manera en que su padre le enseñó y transmitió el oficio, y la importancia que tuvo para él haberlo heredado. Curiosamente, me hizo ver su preocupación por no poder hacer lo mismo con su hijo, a partir de lo que puede ser una equivocada interpretación de la ley laboral. ¿Hace falta aclarar el alcance de las reformas recientes?, ¿Estamos erradicando una buena práctica, sin quererlo?

 

Resulta innegable la pertinencia de que en la Ley Federal de Trabajo se hayan incorporado reformas necesarias para erradicar por completo el trabajo infantil; una política que ocurre en sintonía con el resto del mundo y las convenciones internacionales que nuestro país ha suscrito solidaria y responsablemente.

 

Todo niño tiene no sólo el derecho de serlo, en su momento, sino también el de acceder a una educación de calidad y a un esparcimiento que le permitan desarrollar todos sus potenciales para mejorar su persona, para engrandecer su espíritu y, en suma, para prepararse profesionalmente y lograr la transformación de su vida a través de su propia economía.  Nada podría ser más escandaloso que someter a la niñez a la pesadumbre de circunstancias familiares que debieran ser pasajeras o que fomentar un sistema de castas del que los menores fueran víctimas y esclavos a la vez.

 

Curioso resulta, sin embargo, apreciar la situación en que viven y se encuentran cientos de miles de niños en el campo y en la ciudad, en donde conscientes de las limitaciones que impone la ley y las reglas de lo que debe de ser el cuidado de su propio desarrollo, ven cerradas las puertas tanto a la educación oficial como al aprendizaje legal de lo que puede ser un oficio digno, que los salve de las garras de la ilegalidad o la delincuencia.  Es necesario rescatar y modular el contrato de aprendizaje, como herramienta de educación y de ocupación digna y honrosa para muchos mexicanos. El problema que enfrenta nuestra juventud, es que no goza de condiciones individuales que le permitan a todos los que la conforman convertirse en profesionistas.

 

Oaxaca es la entidad en cuyas calles se vive diariamente el asedio del magisterio, la lucha por la conservación de las conquistas laborales a costa de los educandos.  Lamentablemente, como en el caso de Guerrero y Chiapas, también se trata de una entidad cuya situación geográfica y social impide un crecimiento económico sincrónico con el resto de la república. Esa realidad las coloca como la zona de mayor subdesarrollo del país, con oscuros y angostos horizontes en un próximo futuro.

 

La realidad de los Estados del sur demuestra que, en el campo, la gente no tiene auténticamente de qué vivir. El sustento proviene de las dádivas que el Gobierno organiza a través de programas de desarrollo social, o de la escurridiza nómina que conforma el gran sindicato de trabajadores de la educación. Ahí radica la importancia del “derecho” para heredar las plazas o la causa por la que la evaluación educativa se recibe como un auténtico disparate que justifica cualquier levantamiento.  El tránsito de la niñez a la adolescencia no es sino el infranqueable paso para transcurrir de las aulas escolares a la cotidianeidad de la desocupación, o a la ilegalidad.

 

Esa realidad de los niños y adolescentes de la sierra no se supera con el mero espíritu del legislador.  La prohibición para que los niños aprendan la importancia del esfuerzo productivo y las artes necesarias para el desarrollo de un oficio honroso, no cumplen la finalidad que persigue el discurso oficial, ni los dejan a salvo de la verdadera esclavitud que los amenaza, y de las que deben estar protegidos: la de la criminalidad.

 

La ley sanciona penalmente el trabajo infantil. En planteamientos y a través de una interpretación normativa más rigurosa y agresiva, dicho trabajo podría considerarse, inclusive, como explotación y trata de personas, con la penalidad más alta que contempla el derecho criminal.  Esa penalización del trabajo infantil choca con lo que bien podría ser la programación de la educación constante del menor, en el seno familiar, para el desarrollo de su personalidad y el aprendizaje de los oficios que, el día de mañana, pueden significar el conocimiento de valores sociales supremos, que limiten y determinen el camino dentro del cual ese individuo deberá de andar.

 

La verdad de las cosas es que ese trabajo al que nos referimos, en la familia inmediata, no se sanciona por la ley, y bien podría ser parte de esa actividad extraescolar que, durante el verano, los padres podrían y quizá deberían compartir con sus hijos, y que se podría fomentar. Lamentablemente no todos los menores encuentren en su familia las condiciones necesarias para poder efectuar ese tipo de prácticas. Ahí radica la conveniencia de avanzar en el análisis sobre la mejor manera de definir qué sí o qué no deben de hacer los menores.  La incomprensión del tema y la falta de distinción podría ser una fuente de reclutas de la delincuencia y un atentado en contra de la inocencia y oportunidades que se quieren tutelar.

 

Es precisamente el entendimiento de la realidad social de nuestro gran país el que debe motivar el impulso de modificaciones legislativas y programas administrativos que protejan correctamente a los menores, políticas que velen por su derecho a convertirse en aprendices de un oficio, que simultáneamente con el resto de su preparación escolar, les enseñe el valor cívico del trabajo, la responsabilidad que entraña la disciplina en el empleo y la técnica necesaria para llevarlo a cabo dignamente, sin menoscabo alguno de su derecho a la educación, de su esparcimiento y, desde luego, fuera totalmente de cualquier amenaza de explotación en su contra.

La vitalidad de la reforma fiscal

Antonio Cuéllar | Martes 12 de julio, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

Una de las notas que más acaparó la atención de los medios durante el fin de semana pasado fue, sin duda, la referente a la inminente asención del ex Director de la CFE, Enrique Ochoa Reza, a la Presidencia del CEN del PRI.

 

Múltiples han sido las opiniones que se han pronunciado al respecto. Hay quienes se ocupan de lo rancio del mecanismo elegido para la designación del nuevo dirigente del partido, subrayando el burdo dedazo del que fue objeto y los anacrónicos pronunciamientos, principalmente, de organizaciones como la CNC, la CTM y la CNOP; así como otros que centran sus comentarios en la supuesta falta de militancia partidista del citado ex funcionario, o de su escasa experiencia en el ámbito político.

 

En una perspectiva menos pesimista, también han surgido voces que reconocen los méritos académicos de Enrique Ochoa, así como el éxito desplegado en las diversas instancias del sector público en donde se ha desempeñado. Hay quienes aluden a su relativa juventud como una bocanada de aire fresco para un partido que parece distanciarse crecidamente de las generaciones más jóvenes de nuestro país a las que cada vez con más presencia deberán representar.

 

Entre tan variopintas expresiones, están aquellas menos viscerales, más reflexivas, que pretenden desentrañar el significado del relevo de la directiva priísta, particularmente a la luz de las elecciones federales que rápidamente se precipitan. Es a este coro de voces al cual me refiero en esta ocasión y al cual adiciono las siguientes ideas.

 

Enrique Ochoa ha sido vinculado, inclusive desde el momento en que se integró a la Administración Pública Federal encabezada por Enrique Peña Nieto, como Subsecretario de Hidrocarburos en la Secretaría de Energía y tras su paso por la Comisión Federal de Electricidad, con el grupo encabezado por el poderosísimo Secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

 

El movimiento de piezas en el gabinete del Presidente, en donde por ahora se deja acéfala la segunda empresa productiva más grande del Estado y se coloca a un fiel seguidor del Secretario de Hacienda en la posición que administrará la sucesión presidencial, no debe dejar mucho lugar a dudas en el espectador sobre el nombre de la persona que se proyecta para la candidatura del 2018.

 

Resulta interesante, entonces, leer que una de las propuestas de Enrique Ochoa que más eco ha recibido en los medios es la necesidad de magnificar, publicitar de mejor manera, los alcances de las reformas que durante la presente administración federal fueron aprobadas e implementadas, tales como la educativa, la de telecomunicaciones, la energética y la fiscal, entre muchas otras, varias de las cuales no han podido rendir los frutos deseados dado el complicadísimo contexto económico mundial por el que ya desde hace varios años transitamos.

 

Si el diagnóstico es correcto y si lo que en realidad se pretende con la nueva dirigencia del PRI es proyectar a Luis Videgaray, la única reforma que merece ser acentuada y que ciertamente ha sido objeto de denuesto desde su entrada en vigor y que, además, recae directamente en el ámbito de atribuciones del Secretario de Hacienda, es sin lugar a dudas la compleja reforma fiscal. Obviamente que las otras reformas inciden de un modo u otro en el despacho del Secretario de Hacienda, más aún cuando se habla de uno tan poderoso como lo es el actual, pero su implementación corresponde a otras dependencias. Sin embargo, la reforma fiscal se identifica directamente con él. La recaudación que de la misma deriva y el destino eficiente de los recursos que dicha recaudación producen son responsabilidad directa del Secretario de Hacienda y, desde luego, los méritos que la misma implica también se le deben de reconocer.

 

Y si bien es cierto que la recaudación impositiva –objeto de toda reforma fiscal— por su propia naturaleza es impopular, desde su nueva trinchera Enrique Ochoa tiene munición suficiente para proyectar a Luis Videgaray.

 

Todos y cada uno de los programas sociales, virtud de los cuales los sectores más pobres de nuestra población, ante la falta de crecimiento económico a nivel mundial, no se han hundido en los niveles más bajos de la miseria, no son gratuitos, tienen su génesis en la reforma fiscal que amén de permitir cumplir con tan encarecido compromiso social ha permitido una estabilidad económica de la cual ningún otro país de nuestro contexto puede presumir.

 

Hacer frente con los recursos fiscales a las necesidades más básicas de la población que requiere de apoyo para su subsistencia, también obstaculiza que aviesos intereses encuentren en esos sectores el caldo de cultivo para movilizaciones sociales de propósitos poco claros, como recientemente se han visto en Oaxaca y Chiapas fundamentalmente.

 

Por sí mismas, ninguna de las reformas legales aprobadas durante el presente sexenio son la panacea. Deben funcionar en su conjunto y requieren mejorías cuya implementación recae en el ámbito de Poder Legislativo, al margen de necesitar un entorno económico más propicio al crecimiento. La reforma fiscal no es la excepción a dicha regla. Sin embargo, los méritos de ésta última están a la vista y corresponderá al nuevo presidente del PRI saberlos diagnosticar y en su caso comunicarlos. La buena labor que haga al respecto, seguramente le será agradecida por el actual titular de la Secretaría de Hacienda.

Los peligros de la democracia

Antonio Cuéllar | Martes 28 de junio, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

Sin lugar a dudas, el resultado de la votación del jueves pasado, sobre la permanencia de la Gran Bretaña en la Unión Europea, previsible desde un punto de vista social y humano, representa un hito en la historia moderna y un rompimiento con una corriente integracionista arraigada desde hace más de medio siglo, que abre la puerta a escenarios impensados en el campo del desarrollo económico mundial.

 

El fenómeno en un síntoma de la inconformidad que impera en el orbe, por el parco avance de la economía, el desequilibrio en la repartición de la riqueza, la generación de fuentes de empleo, el crecimiento de la movilidad migratoria y la escasez de oportunidades. El resultado, sin embargo, podría ampliar esos márgenes en gravosa desventaja para quienes eligieron esa desagregación del Reino Unido de la zona de libre comercio más grande del planeta.

 

Podría cuestionarse la responsabilidad política de David Cameron, quien a sabiendas del riesgo real que corría la Gran Bretaña para el caso de que el voto fuera favorable, no hizo nada para evitar que el proceso de referéndum se llevara a cabo. Habrán sin embargo quienes aplaudan el grado de avance del sistema democrático británico, que concede tan relevante fuerza política y de decisión a sus propios electores.

 

Desde luego que sobre la legitimidad del referéndum pueden decirse muchas cosas, y en este caso es pertinente tomar notas, dados los avances que en México se han venido dando, precisamente, en el ámbito de la democracia participativa y la intervención directa de la ciudadanía en el diseño de los destinos del país.

 

Por principio de cuentas, es válida la concesión de que, aún siendo perfecta la participación ciudadana comprobada en el proceso del jueves pasado, deviene igualmente imperfecto el hecho de que una gran parte de los electores carecían de información fidedigna acerca del motivo del proceso de referéndum o, mucho más allá de eso, sobre las consecuencias que acarrearía la decisión del abandono.  No puede considerarse válida la intervención directa del electorado en ningún proceso de referéndum, cuando se trate de cuestiones que entrañen una complejidad técnica que amerite un estudio y conocimientos especializados de mayor profundidad.

 

En el caso de nuestro país, la Ley Federal de Consulta Popular, que reglamenta el artículo 35 de la Constitución, permite la organización de procesos de participación ciudadana relevante, siempre en aquellos asuntos de trascendencia nacional –lo que produce la misma vulnerabilidad de la que estamos hablando–; sin embargo, afortunadamente ataja dicha colaboración popular en algunos ámbitos de desenvolvimiento político-constitucional de mayor envergadura como los siguientes: restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución; alteración del modelo republicano, representativo, laico, democrático y federal del Estado Mexicano; en materia electoral; en el ámbito de los ingresos y gastos del Estado; en materia de seguridad nacional; y, en la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada.

 

Por lo visto y en consideración a lo que viene sucediendo en otras latitudes, debería de considerarse la posibilidad de ampliar dichos campos o, en su defecto, contemplar válvulas de seguridad.

 

Tras la decisión popular de activar las cláusulas convencionales para separar a la Gran Bretaña del bloque económico europeo al que ha venido perteneciendo, se han comprobado dudas y cuestionamientos sobre los alcances de la misma elección.  En ese tenor se ha criticado la falta de previsión de un mecanismo de aseguramiento y confirmación de la decisión popular.  Se trató de un solo disparo y de la asunción de las dolorosas consecuencias que el mismo traería aparejado, sin importar el campo en el que aterrizara la bala.

 

En el caso de la Ley Federal de Consulta Popular que se viene comentando, el legislador se aseguró de incorporar distintos mecanismos de seguridad que podrían evitar un desenlace como el que se analiza: la organización de la consulta se encomienda al Instituto Nacional Electoral; la realización del proceso se supedita a la solicitud presidencial, o de la tercera parte de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso General, o la solicitud de cuando, al menos, dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores; la realización de la consulta se supedita a la calificación preliminar de la SCJN; y, la vinculatoriedad del voto, se condiciona a la comprobación de participación de cuando menos el cuarenta y cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, entre otros candados.

 

Sigue siendo cuestionable, como en el caso de la participación ciudadana del jueves pasado, lo conducente a la difusión de la información pertinente que nutra el conocimiento de quienes intervengan en el referéndum de que se trate, pues aún existiendo la cláusula correspondiente en la ley, que obliga al INE a difundir el proceso de votación, resulta claro que dicha información se conduce a invitar al electorado a ejercer sus derechos, más que a entender el sentido de aquello que se está votando.  Cuando se trata de una cuestión tan trascendente, como la recién comprobada, la difusión del proceso puede convertirse, inclusive, desafortunada.

 

Muchos descalabros habrán de sobrevenir para los ingleses, después del arrebato de la semana pasada.  Primeramente deberán enfrentar el escenario de rompimiento interno en el que ya adelantan sus pasos Escocia e Irlanda del Norte.  Una cuestión, sin embargo, resulta rescatable, y es al final de cuentas aquella a la que deseábamos llegar: la recuperación de la soberanía y el sentimiento de orgullo nacional.

 

Las bondades de la integración económica no compensan la pérdida de identidad que vienen sufriendo los países que conforman la Unión Europea.  El reclamo de Inglaterra en el ámbito del respeto por sus tradiciones, es el mismo que habrá de reproducirse pasado mañana en Francia, Italia, Alemania y el resto de los países que conforman el bloque. No puede existir un proceso de integración económica exitoso, en el que quienes participan vean afectada su cultura y su identidad.

 

América del Norte atraviesa una etapa primaria de integración que ha ofrecido resultados económicos prodigiosos. Sin embargo, el mismo sentimiento nacionalista se ha utilizado en los EEUU para llamar al electorado en contra de los migrantes, con la misma fuerza que en no muchos años habrá de emprenderse vigorosamente el camino de la elección política para recuperar el idioma castellano en México. ¿Qué podría hacerse para evitar tan doloroso episodio?

 

Que conveniente resulta tomar apuntes de aquello que sucede del otro lado del Atlántico, para evitar en la medida de lo posible caminar sobre la misma vereda.

Plazo vencido, ¿deuda pagada?

Antonio Cuéllar | Martes 21 de junio, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

El dicho popular reza que “no hay fecha que no se cumpla, plazo que no se venza, ni deuda que no se pague”.  En materia de combate contra la impunidad, de lucha contra la corrupción y recuperación de la seguridad, el Estado Mexicano tiene una bolsa llena de deudas.  Desde 2008 se ha venido instrumentando todo un andamiaje legal con la finalidad de cambiar el proceso penal que sirve para el enjuiciamiento y encarcelamiento de criminales, y el vencimiento del plazo establecido en la ley para que todo este sistema de nueva creación empiece a funcionar se venció justamente el sábado pasado, día éste en que entró en vigor.

 

La necesidad de la modificación obedeció, lógicamente, a los enormes rezagos existentes en materia de justicia, a los pasillos repletos de expedientes arrumbados, a la corrupción de nuestros policías investigadores, ministerios públicos y los jueces, a la falta de resoluciones y sentencias que mantienen a personas potencialmente inocentes recluidas a la espera de su absolución, y a causas innumerables que demuestran la falta de funcionalidad de un sistema de procuración de justicia carcomido por la ineficiencia.

 

Los principios que recoge la nueva legislación procesal penal evidencian una clara distancia con respecto de aquellos que caracterizaron el sistema que ahora se abandona:

 

El principio de igualdad procura evitar toda discriminación en el proceso por virtud de origen étnico, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana.  Se trata de una directriz esencial para garantizar el acceso igualitario a la justicia penal, por virtud de la cual los jueces deberán adoptar las medidas necesarias para remediar las condiciones de disparidad social que a lo largo de los años han obstaculizado una justicia igualitaria en México.

 

El principio de contradicción, que permitirá a las partes tener acceso y conocimiento inmediato de las promociones y pruebas ofrecidas por la contraparte dentro del proceso penal, para oponerse a cualquier petición o alegato que afecte a sus derechos.  Este principio, que siempre ha existido en materia procesal, se complementa ahora con dos de especial mención:

 

El principio de publicidad, que permitirá la implantación de una costumbre de transparencia y apertura en la tramitación del proceso penal mismo, por virtud de la cual los jueces y litigantes serán siempre sujetos del escrutinio público y, en esa medida, sujetos de vigilancia permanente por cuanto a la honradez de sus actos y extinción de cualquier práctica de corrupción, así fuera incluso tentativa.

 

El principio de inmediación, por el que los juzgadores quedan permanentemente obligados a intervenir y presenciar el desahogo de las diligencias procesales, a fin de ser testigos, de primera mano, de aquellos sucesos y pruebas con apoyo en las cuales pronuncian sentencias de condena o de absolución, para beneficio o perjuicio de las partes, sean inculpados por la comisión de un delito o víctimas del mismo,

 

Estos principios vienen a complementar los de existencia constitucional que han perdurado a lo largo del tiempo, pero que desafortunadamente no han podido verse efectivamente resguardados: el de presunción de inocencia, el de debido proceso, el de economía del procedimiento y, quizá el más anhelado, el de celeridad procesal.

 

Hay voces que se adelantan y pronostican descarrilamientos en los procesos de acusación por parte de las autoridades investigadoras encargadas de perseguir los delitos.  Su vaticinio no es exagerado, ni tampoco es errado, porque la complejidad implícita en el respeto irrestricto de las normas de proceso que garanticen la observancia más pulcra de los derechos humanos del inculpado, no es poca cosa; –pero no podíamos esperar menos en un Estado que se precie de ser apegado a la legalidad y respetuoso de los derechos más valorados por el individuo–.

 

Un factor es cierto y es evidente, y a pesar de que permanece vivo desde hace mucho tiempo y resulta ostensible, pareciera considerarse una burla: el nuevo proceso penal está hecho para auténticos abogados, y en México, contrariamente a lo que todo el mundo pudiera pensar, hay una carencia grave de abogados.

 

El sistema nos impone la obligación de continuar con la formación profesional de abogados, y de insistir en la colegiación de estos como mecanismo de certeza, de que toda persona sujeta a un proceso penal habrá de ser correctamente acusada o defendida, para seguridad propia.

 

Lógicamente que nuestro sistema jurídico no permite suponer la conveniencia de un sistema de colegiación absoluto, pues múltiples ramas del derecho se vienen atendiendo eficientemente hoy en día y nuestro sistema de legalidad, de codificación de las normas de observancia obligatoria, permiten la intervención plurimaterial de los licenciados en derecho en los asuntos que se les encomiendan, a diferencia de lo que ocurre en el sistema de normas consuetudinarias.

 

En ese sentido, la colegiación debería de ser moderada, quizá encaminada exclusivamente al ámbito penal.  La tarea urgente, sin embargo, es conminar a los colegios de profesionistas del derecho a involucrarse activa y seriamente en la calificación de los institutos y escuelas dedicadas a la enseñanza de tan importante y relevante profesión.  Es un buen momento para terminar con las escuelas “patito”, y un buen momento para redimensionar, nacionalmente, la importancia que tienen los abogados en la comprensión y formación de nuestra realidad nacional.

 

 

 

Del matrimonio gay y fenómenos electorales

Antonio Cuéllar | Martes 14 de junio, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

En los medios y en las redes aparece repetida la noticia de que los resultados obtenidos en la elección de la semana pasada, obedecieron a la iniciativa presidencial que propone una reforma a la Constitución para oficializar el derecho humano de la comunidad lésbico-gay para contraer matrimonio, y así hacer prevalecer su igualdad por encima de los convencionalismos que permitieron la subsistencia de tal figura de derecho, típicamente heterosexual.

 

Hace unos cuatro años escribí en este espacio sobre el particular y sostuve la tesis, que reitero hasta la fecha, de que el matrimonio, como institución jurídica y social de nuestra Nación, es por antonomasia una unión entre individuos de distinto género, hombres y mujeres, que debe tener la finalidad misma de la procreación como mecanismo de conservación de la especie humana, pues de otro modo, la mera convivencia posibilita una asociación que, como tal, no puede suplantar al matrimonio.

 

No obstante mi convicción y planteamientos, la verdad de las cosas es que la discusión en torno de si la comunidad lésbico-gay puede o no contraer matrimonio está superada –no sabemos si para la eternidad o temporalmente, pues la reciente modificación de dicha institución todavía no produce los efectos sociales que llegarán a valorarse con el tiempo, para determinar su acierto o los efectos negativos que llegue a producir–;  la verdad de las cosas, es que la SCJN ya se pronunció definitivamente sobre la inconstitucionalidad de las normas que obstaculizaban su materialización y las legislaturas de los Estados caminan presurosamente a la instrumentación de los procesos necesarios para que quede incorporado el nuevo matrimonio ampliado en cada uno de los Códigos Civiles de todo el país.

 

El triunfo de esa retórica y su aceptación nacional, por la vía activa o pasiva, me lleva a alcanzar una conclusión sobre el dicho de la Arquidiócesis en torno del proceso electoral y la iniciativa presidencial: es totalmente falso y descabellado suponer que la reforma a la Constitución propuesta, por electorera que pudiera parecer, hubiera tenido un peso decisivo en la contienda del domingo antepasado.  Nadie se opone ya al reconocimiento del derecho al matrimonio de cualquier pareja de individuos, sin importar su preferencia sexual, y los pocos que luchan en contra no tienen la fuerza para cambiar el rumbo de las cosas.

 

Consideramos que sí existen dos factores, en cambio, que deberían considerarse como elementos determinantes de la suerte del proceso electoral que se ha venido analizando:

 

  1. La corrupción. Por principio de cuentas, es absolutamente indiscutible que la sociedad mexicana está totalmente colmada y harta de la corrupción en cualquiera de sus géneros, y esa condición la torna especialmente suspicaz de cualquier fenómeno de ese tipo, por insignificante que sea. El voto de repudio que perjudicó al PRI, más que un voto contra el partido, fue un rechazo rotundo contra la gestión general de la gran mayoría de los gobernadores salientes que, en ese contexto, perdieron la elección.

 

La percepción generalizada de la población con relación a la conducción de la administración de los estados, no lleva a otra conclusión sino a la de que existen un importante número de caciques estatales, que no sólo no habiendo cumplido su deber constitucional aprovecharon su posición en el ejercicio del poder público para enriquecerse, con el detrimento adicional de que permitieron la instalación del crimen organizado incluso, por encima de los derechos primarios de la misma comunidad que los llevó al gobierno.

 

  1. La alternancia. El viraje electoral también obedece a un fenómeno que sólo se entiende en una sociedad democrática y civilizada, y es el de la posibilidad de contar con administraciones partidistas alternativas, que son respetuosas del marco jurídico vigente en el ámbito político-electoral.

 

Porque debemos observar de manera muy positiva que nuestra sociedad ha venido comprendiendo no sólo la viabilidad de votar por alternativas de gobierno, sino el beneficio que esto conlleva y, sobre todo, el ejercicio verdadero del poder político que la alternancia le concede a la gente de manera directa, como hacedores del resultado mismo del proceso electoral.

 

El voto que le abre las puertas a la oposición, mayoritariamente del PAN, para acceder a las gubernaturas de los Estados, constituye un fenómeno que se empieza a dibujar y se debe aceptar con toda naturalidad, por ser propiamente una condición esencial de los gobiernos democráticos como los que justamente deseábamos tener hace tres décadas.  La gente acepta como un resultado necesario y benéfico, que un partido en el poder deje de gobernar para permitir el ejercicio alternativo de la función pública por parte de otro.  El saldo positivo se mira en la posibilidad misma de que un partido opositor audite y sancione los abusos e ilegalidades en que pudiera haber incurrido su predecesor.

 

En todo esto, sin embargo, hay un único incidente que proviene del proceso electoral y la mala gestión de la administración estatal que condicionó el voto reprobatorio del electorado, sobre el cual sigo sin entender sus causas, y esto tiene que ver con la manera en que, incluso, los problemas locales del país, acaban por tener un impacto perjudicial en la figura misma del Presidente de la República.  No habiendo existido una ingerencia de la federación en los procesos de elección del 5 de junio pasado, de cualquier modo, en al imaginario colectivo se viene suponiendo que el resultado electoral también le atañe a Enrique Peña Nieto. Es lo que dice precisamente la Arquidiócesis.

 

Por algún motivo incomprensible, error de la oficina de comunicación social de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Gobernación, todos los problemas del país acaban referenciados y dirigidos al titular del Ejecutivo Nacional, el pararrayos.  Es un fenómeno que sí impacta, no sólo en la persona misma de Enrique Peña Nieto y en la institución presidencial, sino en su administración en general y su partido, obviamente, en detrimento de sus intereses con vistas al 2018.

 

Siendo una administración federal destacada en el impulso de reformas verdaderamente trascendentes y el planteamiento de nuevos rumbos de desarrollo nacional, bien calificados más allá de nuestras fronteras, resulta relevante y urgente que se tome conciencia sobre el carácter invaluable de la buena comunicación que debe existir entre el titular de la Presidencia y la gente, y el de la protección misma de la figura del Presidente como camino único para lograr una ponderación objetiva e imparcial de los aspectos generales que definen a su gobierno.

 

Pareciera que, en la búsqueda de los espacios que convienen a los alfiles y caballos en la partida hacia el 2018, alguien ha perdido de vista que el juego se termina cuando se pierde al rey.

 

 

De San Gotardo a Viaducto-Tlalpan

Antonio Cuéllar | Martes 7 de junio, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

La gran frontera continental que separa el Norte de Europa e Italia se ubica en los Alpes Suizos, y en estos, en el macizo de San Gotardo, justamente en su parte central entre los cantones de Uri y Ticino. A lo largo de los años ha sido un obstáculo físico que ha debido enfrentarse y superarse con la finalidad de facilitar la comunicación y el comercio, y con ellos la integración del continente.

 

En el año de 1999 inició la excavación de un túnel de 800 metros de profundidad, desde cuya base daría comienzo la construcción de lo que hoy, diecisiete años después, es el túnel ferroviario más grande del mundo, con una longitud de 57 kilómetros, el túnel de la base de San Gotardo.  Se trata de la mayor obra de ingeniería de su tipo, con un costo superior a los 12 mil millones de dólares, que permitirá la transportación de mercancía entre los puertos de Hamburgo y Génova.

 

La fiesta de inauguración tuvo lugar el pasado 1º de junio, con la bandera y paso concedido por el Presidente Suizo a los primeros trenes que atravesarán el Macizo, en compañía de los cancilleres de Alemania y Austria, el Presidente de Francia y el Primer Ministro de Italia, vecinos y principales interesados en el proyecto.

 

La noticia resulta sumamente relevante y oportuna a nivel mundial, ya que se debe recordar que la obra inició con motivo de un plebiscito, a través del cual los suizos aceptaron pagar mayores impuestos para poder llevar a cabo el proyecto, que tenía como principal propósito disminuir el tráfico de camiones a través de sus caminos y con ello, bajar también la consecuente emisión de contaminantes, hecho que resulta esencial para la conservación del medio ambiente. Paradójico y notorio es que en la misma semana de la inauguración, el cambio climático haya provocado también una creciente del Río Sena que no era vista desde el inicio del siglo pasado.

 

Aunado a la relevancia ecológica de la obra, dos temas adicionales resultan igualmente interesantes y de trascendencia para el caso específico de México –que dicho sea de paso, no formó parte de los treinta y cinco países que emitieron alguna comunicación internacional con respecto al túnel–: la importancia que puede tener la consolidación de un sistema que permita el funcionamiento real de una democracia participativa; y, la necesidad de verificar la efectividad de los mecanismos legales de planeación nacional.

 

Este domingo tuvo lugar uno de los procesos de elección más importantes del país, por el número de gubernaturas estatales sujetas al escrutinio de la ciudadanía, como también por la emisión del sufragio referente a la elección de un Poder Constituyente para la Ciudad de México.  Con resultados todavía indefinidos, es previsible que la alternancia, afortunadamente, venga a convertirse en un signo distintivo que refleja la madurez de un proceso de sana y eficaz politización del país iniciado pacíficamente hace una treintena de años.

 

El aspecto particular que merece la pena comentar, tiene que ver con la todavía ausente convicción de que la alternancia partidaria en el ejercicio del poder público, no debe verse como una desvinculación de los partidos a los quehaceres cotidianos de la administración del Estado, particularmente relacionados con obras que interesen y beneficien a la ciudadanía en general.

 

Se ha confundido al proceso de elección de partidos y candidatos para el ejercicio de las funciones de gobierno, con una batalla desaliñada por el poder que los lleva a pensar en la necesidad de romper, periódicamente, con los actos emprendidos por antecesores.  Ese pensamiento, lleva a la absurda realidad de que los proyectos del país se deban planificar sexenalmente, por el riesgo de quedar inconclusos.

 

Dos obras de infraestructura propuestas por la administración del Presidente Peña Nieto resultan absolutamente imprescindibles e impostergables para el crecimiento de México: un nuevo aeropuerto internacional para la Ciudad de México, y la creación de un sistema ferroviario de pasajeros que podría comenzar con la interconexión de la misma capital del país y la segunda ciudad más grande, que es Guadalajara.

 

De los dos anteriores, el segundo, que iniciaba con la construcción del tramo entre el Distrito Federal y Querétaro, debió abandonarse con motivo de desaguisados que enturbiaron la gestión financiera del Estado; el primero, sin embargo, continúa en sus términos y debe de llegar a una conclusión favorable, con el “inconveniente”, sin embargo, de que será una obra que concluya muchos años después de la terminación del período que abarca la presente administración.

 

Resulta sumamente torpe y desafortunado para el país, e injusto para los inversionistas, que existan dudas y zozobra con relación al inicio y terminación de cualquier proyecto de largo plazo que haya de emprenderse para el beneficio de México, por el solo hecho de “pertenecer” a diversas administraciones; sin embargo, es imposible que pueda llevarse a cabo cualquier construcción de interés nacional, si ésta ha de quedar marcada con un sello partidista o el lógico y necesario celo referente a la correcta administración de las finanzas públicas.

 

Por la razón anterior, resultan inaplazables: 1. la decisión de someter a consulta nacional la construcción de obras cuyo compromiso presupuestario rebase el período de aquel titular del Ejecutivo que haya de proponerla; 2. la revisión de los mecanismos de planeación nacional, para que se permita la intervención partidista plural desde antes de la adjudicación de dichos contratos;  3. la desvinculación oficial de cualquier grupo partidario en lo particular con relación a las obras; y, 4. la transparencia en los procesos de adjudicación de obra y fiscalización permanente, que ofrezcan seguridad a la ciudadanía con relación al uso eficiente de las contribuciones, como a los inversionistas por cuanto a la responsabilidad relacionada con la ejecución de los trabajos de que se trate.

 

Las oficinas de Viaducto Tlalpan 100, en donde se alberga el Instituto Nacional Electoral, son el cuartel en el que, en lo sucesivo, deberían gestarse los acuerdos que permitan ese tránsito de la naciente democracia nacional, al gobierno maduro con participación ciudadana efectiva y bien intencionada.

 

 

 

 

 

¡Hacer a México grande, otra vez!

Antonio Cuéllar | Martes 31 de mayo, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

 

Los pronósticos de hace un año le daban nulas esperanzas para convertirse en el candidato del Partido Republicano; sin embargo, la semana pasada logró asegurar el número de nominaciones que necesita para conseguirla.  El mal chiste se ha convertido en una amenaza verdadera y los cimientos del muro podrían estarse empezando a presupuestar.  El mero riesgo constituye un factor que nos obliga a tomar asiento, y a pensar.

 

Las encuestas todavía son inciertas y siguen concediendo algunos puntos de ventaja a Hillary Clinton frente a Donald Trump; pero los vientos son cambiantes, el ánimo alrededor del equipo de campaña de la antigua Secretaria de Estado disminuye y, en la misma proporción, se fortalece el de Bernie Sanders, el senador por el Estado de Vermont que persigue los votos mínimos necesarios para demostrar a sus copartidarios que, pese a todo y frente a las amenazas que se ciernen en contra de ella, podría tener un caso.

 

El impacto del estruendoso proceso electoral norteamericano, desde la perspectiva de México, puede analizarse desde varias aristas. Dos interesantes son las que arroja la actitud de nuestros compatriotas en el extranjero y la del Gobierno desde el interior.

 

A pesar de las críticas que a lo largo de los meses fueron exponiéndose, considero que ha sido todo un acierto de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, haber implementado y cumplido al pie de la letra la política exterior que manda la Constitución, de no intervención en los asuntos que corresponden a otro Estado soberano, máxime cuando se trata, ante todas las cosas, de la principal economía del mundo, el vecino más poderoso del planeta y nuestro socio comercial por arrolladora mayoría. El respeto oficial por el proceso electoral, a pesar de las graves ofensas de las que el pueblo de México ha sido objeto, denota una prudencia que podría llegar a rendir frutos positivos en el futuro, si la continuidad de la relación depende de la conservación del Jefe del Ejecutivo como nuestro único y más importante interlocutor.

 

No puede decirse lo mismo de la comunidad mexicana domiciliada en los estados del Sur de Norteamérica, que ante la presencia del candidato han elegido salir a las calles para hacer plantones o manifestaciones, y para ondear por todo lo alto la bandera de México.  Porque es precisamente la actitud que encoleriza al electorado estadounidense, enciende el discurso y proporciona la justificación que la retórica usada por el candidato republicano está buscando para ser oído.  La presencia nacionalista de las comunidades extranjeras en el suelo de los Estados Unidos constituye el peor antídoto contra quien busca su opresión.

 

Es previsible que si llegara a ganar Trump, no todo su contenido discursivo podrá convertirse en realidad.  Muy probablemente el muro no podrá construirse, y la política de gravar las importaciones no habrá de llevarse a cabo jamás, por el impacto que tendría en perjuicio de su propia economía.  Estados Unidos cuenta con instituciones democráticas que impedirían la consumación de tales arbitrariedades, si de suyo les resultan adversas.  No obstante lo dicho, podrían vislumbrarse actos de la administración federal que sí tendrían un impacto negativo inmediato en perjuicio de México: obstaculización en las fronteras, deportaciones masivas, implementación de mecanismos no arancelarios para frenar el flujo comercial, detención de los procesos de legalización de inmigrantes, por citar algunos.

 

Creo que la coyuntura negativa del proceso electoral estadounidense puede arrojar un momento positivo para México: el de valorar el saldo que arroja la política nacional de globalización y el de ponderar la necesidad de fortalecimiento de la competitividad y funcionamiento del mercado interno. ¿Qué podría pasar en el país si se debiera reinsertar a 3 o 4 millones de trabajadores en actividades productivas en el plazo de dos años? Estamos de cara a una emergencia nacional sin precedentes, y podríamos estar siendo terriblemente ingenuos en el manejo de predicciones.

 

La mano de obra es un factor de la producción tan o más importante que el capital.  Es incluso más poderosa si, en el mercado de destino, ésta se convirtiera en un bien escaso. En aras de ser más competitivos, es preciso que se detenga la migración desorganizada de trabajadores, y se impulsen políticas que fortalezcan su posición de negocio.

 

México ha emprendido un camino inigualable en el ámbito de la educación de su gente, pero los resultados están a varias décadas de distancia.  Hoy, se tienen que empezar a activar políticas que incentiven la investigación tecnológica y el crecimiento de la industria nacional; que impulsen un turismo de infinitamente mejor calidad al turismo de estudiantes de primavera; que preserven nuestros recursos naturales; que fortalezcan la protección de la propiedad intelectual en campos inherentes a productos con denominación de origen, los que no se fabricarán en ningún otro lugar; que administre el crecimiento de la industria, el comercio y los servicios nacionales en función de su vocación y potencialidades, por mencionar algunos. México debe de empezar a ver hacia dentro, siguiendo el mismo ejemplo que estamos observando.

 

Tenemos que acabar con la inseguridad y con la violencia, pero jamás podremos lograrlo en la medida en la que los actores políticos sigan enfrascados en una lucha perenne por acceder al poder.  La negatividad que imprime en el ánimo nacional la desatención de las responsabilidades que verdaderamente deben enfrentar nuestros servidores públicos y opositores, por su empeño en gastar recursos interminables en campañas electorales, ya no da más de sí. Urge ese gran acuerdo nacional por la unidad y la estabilidad.

 

Es un estupendo momento para entender el juego de la política en el que la retórica empleada ha llevado a caer al país entero; es un mejor momento, todavía, para volver a ¡Hacer de México un gran país otra vez!.

 

 

 

 

El Consumidor, figura ausente

Antonio Cuéllar | Martes 17 de mayo, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

El proceso de reorganización del gobierno y la reubicación de los ámbitos de competencia que otrora fueron exclusivos del Ejecutivo Federal, nota distintiva del presidencialismo mexicano, son un tema relevante que pasa desapercibido, un acierto que abona a nuestra competitividad y por el que se debe conceder una calificación sobresaliente al Pacto por México.

 

De manera contraria a lo que sucede en democracias en proceso de formación, la definición de las acciones y políticas públicas que se deben emprender para asegurar el aprovechamiento eficiente de las áreas estratégicas del desarrollo nacional en México está encomendada a distintos órganos reguladores, autónomos e independientes del Presidente de la República, como la CRE, la CNH, el IFETEL, la COFECE, el INEE o el CENEVAL, que no le reportan a él.

 

Esta intervención de órganos colegiados en el planteamiento de políticas nacionales para el crecimiento, garantiza la continuidad de las acciones que deriven de la ley, y asegura la funcionalidad de nuestras instituciones en forma ajena al resultado que arrojan los procesos de elección popular, un camino certero hacia la estabilidad.

 

Indiscutiblemente que el caso del Banco de México constituye el ejemplo paradigmático que comprueba la asertividad del fenómeno de corporativización de la función administrativa del Estado. Las decisiones tomadas por el Gobernador del Banco Central reflejan su determinación e interés en asumir cualquier medida que necesite el país en el ámbito monetario, sin miramiento alguno de los fenómenos que ocurran en la arena del debate electoral.

 

Siempre existe el riesgo de que la multiplicidad de cabezas pueda perder de vista el rumbo que debe seguir el todo, es por ello que resulta imprescindible contar con lineamientos legales que se fijen en la transversalidad de algunos principios esenciales de los que la función gubernativa no puede apartarse jamás. Podemos hablar así de la coordinación obligada de funciones y objetivos comunes que corren por cuenta de órganos de gobierno que, independientes entre sí, conviven alrededor de una misma área de servicio público.

 

Vienen a la mente el IFETEL y la PROFECO, a los que la ley encomienda la atención de áreas de desenvolvimiento distinto aunque, obviamente, con puntos tangenciales inseparables, siempre vistos desde perspectivas de regulación autónomas. El primero, encargado de la regulación y gobierno de los agentes dedicados a la prestación de servicios de telecomunicación, que deben satisfacer parámetros elementales de calidad a favor del público usuario, y el segundo dedicado a la atención y tutela de los intereses del gran público consumidor, en el que se encuentra aquel necesitado de contratar y obtener servicios en el ámbito de las telecomunicaciones.

 

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece con toda claridad en su artículo 191, la obligación común a ambos órganos para comunicarse las resoluciones que se dicten con motivo de violaciones sistemáticas o recurrentes a los derechos de los consumidores, para que en el ámbito de sus atribuciones realicen acciones necesarias para su protección y restitución, y para que, en su caso, el IFETEL imponga las sanciones procedentes.

 

A pesar de los beneficios de dicha comunicación obligada, estimamos que la legislación habría sido mucho más favorable si la visión protectora del consumidor se hubiera asegurado mediante la inclusión de procedimientos que permitieran una participación preventiva de la Procuraduría en los procesos que resuelve el Instituto, pues ello habría impreso en sus determinaciones una visión que, aún en su calidad de órgano regulador de la competencia económica en el sector, pareciera ausente.

 

Para muestra se cuenta con el resultado que arroja la política adoptada por el Instituto tratándose del gobierno y control del agente preponderante en el mercado nacional de telefonía fija y celular: TELMEX. A pesar de que las medidas dictadas sujetan su intervención en el ámbito de la venta de televisión restringida a la disminución de su participación en el mercado de las telecomunicaciones, éste conserva un porcentaje superior al 70% de dicho mercado y, de paso, ya realiza actividades comerciales en el ámbito de la televisión por medio de la simulación implícitamente aceptada, de los “servicios de facturación”. La afrenta pone en riesgo la funcionalidad del mercado en detrimento de la calidad de los servicios y de los intereses del público consumidor.

 

Los síntomas clínicos en dicho mercado son de consideración, si se conocen y comparan los resultados y políticas que se adoptan en regiones auténticamente avanzadas del planeta. Apenas el miércoles de la semana pasada, la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, dio a conocer la resolución por medio de la cual se declaró improcedente la solicitud que proponía la toma de control de “O2” de Telefónica por parte de CK Hutchison, operador de “Three”, por medio de la cual se disminuiría a tres, el total de cuatro competidores existentes en el mercado de la telefonía celular (junto con Vodafone y EE de BT).

 

De manera ejemplar, la Comisión dictó su resolución en función de los efectos que la medida podría producir en el mercado y por cuanto a la participación económica que a cada uno de los agentes competidores participantes pudiera corresponder, pero más aún, por la afectación de los intereses que atañen a la calidad y el precio del servicio que acaba pagando el consumidor.

 

Es una visión de gobierno que persigue el objetivo primordial de todo servicio público, que si bien podría haber quedado previsto e inmerso en el anterior artículo 191 de la Ley de Telecomunicaciones que hemos citado, ha quedado significativamente corto: el individuo.

 

 

 

Espíritu Pre-olímpico

Antonio Cuéllar | Martes 3 de mayo, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

No existe evento alguno en el planeta que tenga mayor relevancia que los Juegos Olímpicos.  Desde que tuvo lugar la primera olimpiada de la era moderna en 1896, con tres excepciones durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, cada cuatro años se reúnen los atletas mejor preparados de todos los rincones de la tierra con el objeto de competir y ganar la máxima presea a la que cualquier deportista pueda aspirar: la medalla olímpica de oro.  Es esa característica cualitativa de las olimpiadas lo que las convierte, también, en un espectáculo cuya transmisión televisiva constituye un objeto preciado, altamente codiciado, por la garantía de patrocinios ligados a un sinfín de marcas y signos comerciales que aprovechan el cautiverio del televidente.

 

Fuera de los problemas de discriminación y dopaje, quizá la puja por el precio de los derechos televisivos para la transmisión de cada olimpiada constituye una de las facetas obscuras más distintivas en las que se ve involucrada la organización de dicha justa; y es que la cantidad a la que llegan a ascender las ofertas acaba siendo de extraordinaria consideración: la NBC de los EEUU ofertó 7,560 millones de dólares por los derechos de transmisión de los Juegos de verano e invierno desde 2014 hasta 2032.

 

El pago de tales patrocinios constituye un elemento necesario para la subsistencia de la competición más importante del mundo, si se toma en consideración que es este el mecanismo de recuperación de costos más sustancioso con el que cuenta el Comité Olímpico Internacional.  El costo de las pasadas olimpiadas de Londres 2012, ascendió a 14,147 millones de dólares, sin tomar en cuenta la inversión en infraestructura.

 

La difusión televisiva de los juegos olímpicos constituye un elemento fundamental de información que interesa y del que se debe privilegiar toda la ciudadanía.  En la medida en que la radiodifusión ocurra a través de canales de televisión abierta, el aprovechamiento de la señal acaba siendo gratuito para el televidente, y sólo oneroso para los anunciantes que pagan por aparecer.  Ver los Juegos Olímpicos por televisión ha sido, desde 1956 cuando se transmitieron por primera vez a nivel internacional, el entretenimiento familiar de carácter universal por antonomasia.

 

La semana pasada se vino replicando una nota por medio de la cual se pregona que Televisa y TVAzteca no transmitirán los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, en virtud de que los derechos necesarios fueron adquiridos por Claro Video, en asociación con Telmex, que los difundirán de manera “gratuita” a través de una plataforma abierta por Internet (gratuidad relativa, en la medida en que se necesita un ordenador e Internet de alta velocidad, como el que ofrece “infinitum”, para poder ver Claro Video).  Los derechos de transmisión también se compartirán con la televisión pública, a través de los canales 11 y 22.  Por lo menos en el caso de México, podríamos decir que esta será la primera olimpiada que habrá de difundirse, ya no por televisión, como tradicionalmente ha sucedido, sino por Internet.

 

Curioso resulta, desde luego, el hecho de que la puja para obtener los derechos por parte de Claro Video haya acontecido en el mismo proceso al que comparecen las televisoras del mundo.  Interesante resulta también, que la nota periodística refleje la afectación directa e inmediata que esta nueva tenedora de derechos, asociada con Telmex, causará a las que todos considerarían sus abiertas competidoras, las concesionarias de televisión abierta.

 

Y todo lo anterior se califica como curioso e interesante, porque siendo ostentoso que la transmisión en vivo de las olimpiadas a través del Internet viene a implicar un golpe contra de las televisoras, Telmex ha insistido vehementemente en que dicho servicio ofertado no es televisión y que, en esa medida, no transgrede el apartado de su título de concesión en el que expresamente se le prohíbe prestar servicios televisivos.  Si la difusión en vivo de los Juegos Olímpicos no es televisión, cuando sí lo es para el resto del mundo, entonces necesitaremos un nuevo diccionario para entender, ¿Qué sí es?

 

En la reforma constitucional de telecomunicaciones se concedió al Ifetel una nueva calidad de autoridad reguladora de la competencia económica en el ámbito de las telecomunicaciones.  Con esa nueva calidad, el Instituto declaró a Telmex como agente preponderante, y le impuso medidas asimétricas que permitirían a los otros competidores en el mercado convergente de telecomunicaciones, tener una mayor participación que serviría para contrarrestar los efectos perniciosos de esa presencia monopolística de la telefónica, que arroja un sobrecosto en telefonía pagada de más de 27 mil millones de dólares al año a cargo de los consumidores.

 

A pesar de que el flamante regulador hace gala de sus facultades al denegar a la telefónica una modificación a su título de concesión, sino hasta después de que revise las acciones emprendidas y ejecutadas para lograr la desagregación de redes, según mandato especial que proviene de la declaración de preponderancia, la transmisión de los juegos olímpicos demuestra con meridiana claridad la manera en que los invitados se están metiendo a la fiesta por la puerta de atrás.  En la medida en que no exista un reforzamiento de las acciones del Estado para garantizar una competencia efectiva en el sector, subsistirán las condiciones que impiden la llegada de mejores ofertas de telecomunicación, con mejor tecnología y a mejores precios para los mexicanos, en toda la gama de servicios que este mercado trae aparejado.

Dinamismo demográfico y contaminación

Antonio Cuéllar | Martes 19 de abril, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

 

 

A pesar de las precipitaciones pluviales y de la disminución de vehículos en circulación, la calidad del aire hasta estos días en que empieza la semana se mantiene en condición de “mala”, de acuerdo con los índices de calidad del aire que da a conocer la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Las opiniones y propuestas que se plantean giran siempre en torno del mejoramiento de la movilidad, y no toman en cuenta que la posible salvación la tiene el gran acuerdo que debe encabezar la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

 

Es acertada la afirmación de todos aquellos que avizoran el inminente descalabro del programa “hoy no circula”, si de la mano no se habilitan alternativas para que los capitalinos puedan transportarse de un sitio a otro.  Es también atinado el planteamiento de que la reglamentación de tránsito que obstaculiza el flujo vehicular deviene en un factor que incide negativamente en la atmósfera de la Ciudad de México y que, por consiguiente, debe de cambiarse.

 

A pesar de la precisión de todos los puntos de vista que se intercambian estos días, no encuentro ninguno que atienda a una causa primordial de entre las distintas que generan nuestra desventura, la concerniente al incremento de la población en la zona conurbada del Valle de México y el desbordado crecimiento de la mancha urbana.

 

Si bien es cierto que, propiamente, el dinamismo en el crecimiento de la población de la capital disminuyó y permitió que el número de habitantes se contuviera en razón de 8.9 millones, que discrepa sólo en .7 millones con relación a los que existían en 1990, dicha constante no se observa con relación a la dinámica de los municipios conurbados del Estado de México, que refleja un incremento de más de cinco millones de habitantes, al pasar de 6.8 millones en 1990 a alrededor de 12 millones en esta época; una explosión que lógicamente no se puede contener.

 

La razón anterior lleva a suponer que la implementación del programa vehicular que ahora nos aqueja deviene absolutamente insuficiente, en la medida en que el número de automotores circulando ha crecido desproporcionadamente con relación al que existió en 1989 cuando primero se concibió.  De haberse tenido 1 millón 538 mil automotores registrados en circulación en 1989, hacia 2014 ya se tenían 4 millones 421 mil vehículos, lo que significa que, aún dejando de circular una quinta parte de estos últimos, el número remanente en circulación es muy superior al que existía cuando la medida gubernamental se echó a andar.

 

La solución no puede hallarse en la imposición de medidas unilaterales que incomodan a la población y en poco benefician a la movilidad digna que todos los ciudadanos demandan y están esperando, sino en la adopción de programas integrales de desarrollo que detonen un movimiento migratorio que permita el desfogue poblacional hacia otros polos que, para dicho propósito, deben prepararse.

 

Desde la SEDATU, Rosario Robles su titular puso en marcha un nuevo programa para dar a conocer la nueva visión de México en torno del desarrollo sustentable, a través del cual plantea cómo el crecimiento urbano debe de permitir la transformación de las ciudades y la creación de entornos seguros e incluyentes.  Con miras a la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas Hábitat III, que tendrá verificativo en Ecuador, se planea el diseño y vigencia de nuevas leyes que reflejen esta política y la visión innovadora de esta administración.

 

Puede parecer formidable que se impulsen nuevas leyes, como probadamente lo ha venido realizando la administración del Presidente Enrique Peña Nieto;  sin embargo, la disminución de la contaminación no podrá tener lugar con motivo de la expedición de una nueva norma general, sino con la implementación de políticas públicas inmediatas que no están supeditadas a reforma alguna, o por lo menos, con la pronta determinación de no impulsar otras que provocan el efecto contrario: el caos que tanto nos aqueja.

 

En lugar de que se valorara la descentralización de la Ciudad de México y la generación de desarrollo urbano en otras latitudes dentro del territorio nacional, todo se planea en sentido opuesto; para muestra un botón: el nuevo Aeropuerto Internacional.  En efecto, en lugar de que la planeación del desarrollo aeroportuario viera por la conectividad entre aeropuertos cercanos, ubicados en las localidades adyacentes a la capital, se pensó en la construcción de un nuevo aeropuerto significativamente más grande, que atraerá un número mayor de visitantes a la ya superada y agotada Ciudad de México.

 

El Gobierno de Miguel Ángel Mancera, se empeña en regalar dinero a la gente a través de programas populares, que no producen otro fenómeno sino el de atraer como imanes a personas de la tercera edad o, como ahora se ve, mujeres que estén apunto de dar a luz. La semana pasada repartió cinco mil tarjetas con un monto mensual de 400 pesos para la compra de productos para bebés recién nacidos, como parte del programa “Bebes Seguros”. Evidentemente, esa visión clientelar del gobierno de la Ciudad, genera votos, pero podría provocar un fenómeno demográfico que contraviene los intereses de la ciudadanía asentada en la misma capital, en función de sus propias capacidades urbanísticas.

 

Para disminuir la contaminación se podría valorar la reubicación de oficinas gubernamentales e industria local, cuyo ámbito de desenvolvimiento y vocación pudieran encontrarse directamente relacionadas con otros puntos geográficos y económicos de México, lo que automáticamente se traducirá, también, en la movilización de un número importante de personas.

 

Por citar algunos ejemplos, ¿Acaso no podría pensarse en la movilización de la Secretaría de Agricultura a la capital de Sonora, en donde se ubica el mayor polo de desarrollo agropecuario del país; o de la Secretaría de Turismo a Guerrero o Quintana Roo, en donde se ubica el mayor número de hoteleros y de demanda turística nacional; o de la nueva Secretaría de Cultura a Guanajuato, y motivar el crecimiento de las artes en la forma en que a través del Festival Cervantino se ha venido promoviendo a lo largo de los años? Pensar en la generación de incentivos fiscales que provocaran la descentralización industrial de la zona conurbada no precisa de la aprobación de nuevas leyes.

 

Las estadísticas nos demuestran una correlación directa entre el dinamismo demográfico y la contaminación ambiental que tanto nos perjudica.