México y su mala suerte

Antonio Cuéllar | Martes 21 de marzo, 2017

ALEGATOS | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

Con independencia de las torpezas y los actos de corrupción que detienen al país, el acierto en la elección del rumbo que debe seguir, que se debe de atribuir a esta administración -en pro del respeto por los derechos del hombre, la participación activa del sector privado en la generación de riqueza y empleo, la participación democrática de la ciudadanía en la definición de políticas públicas, el combate contra cualquier monopolio y la evaluación de los educadores, entre otros-, está plagado de mala suerte.  Eventos ajenos al propio gobierno impiden, circunstancialmente, que cualquier esfuerzo de su parte pueda merecer reconocimiento alguno de la ciudadanía.  Me pregunto si es un fenómeno propio de este gobierno o si más bien persigue al país entero.

 

Ninguna de las administraciones recientes -y por recientes me refiero quizá a las que vienen ocupándose de gobernar a México durante el último medio siglo-, ha tenido el infortunio de tener que enfrentar los estragos que provoca el desprecio de un presidente de los Estados Unidos de América hacia todo lo mexicano o lo que viene de México. Y es que nadie puede poner en tela de juicio que los descalabros que sufre el peso frente al dólar están directa e íntimamente ligados a la suerte que pueda llegar a tener el TLCAN, y que éste se relaciona con el tono del discurso que en cualquier momento dado puede llegar a pronunciar el Presidente Donald Trump, y que los resultados de ese ejercicio tienen una incidencia política en México.

 

Es meritorio, por consiguiente, que se realicen todos los esfuerzos necesarios en ese frente para evitar que el efecto inmediato de la fuga de la inversión, produzca una desaceleración económica de tan grave dimensión en México, que coloque a la planta productiva nacional en una situación de apuro existencial.  Así las cosas, aún y persistiendo la necesidad de perseguir la apertura y el fortalecimiento de la relación con otros mercados, se debe de atender la conservación de aquel con el cual se han vinculado el 80 por ciento de las exportaciones totales del país.

 

Afortunadamente, los miembros del nuevo gabinete republicano relacionados con la política comercial de los EEUU han compensado mediante declaraciones a los medios, que mesuran la postura política de la Administración Trump, los efectos desoladores del repudio contra México y la ofensiva construcción del oprobioso monumento para contener la migración: el muro; son factores que unidos a otras medidas emprendidas por la Fed le han concedido un anhelado alivio a la paridad cambiaria.

 

La declaración del Secretario de Comercio, Wilbur Ross, quien afirmó que las negociaciones comenzarían hasta finales de este año, y que tomarían un año más -de ahí que se tengan realmente dos años antes de empezar a ver qué va a sucecer con relación a las exportaciones mexicanas hacia los EEUU-, fue el primer gesto de reconciliación que disminuyó el desánimo de los inversionistas.

 

El descanso más importante, sin embargo, le llegó al peso la semana pasada, cuando uno de los asesores en materia comercial más cercanos al Presidente Trump, el Director del Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca, Pete Navarro, dejó entrever la posibilidad de que toda la zona de integración de Norteamérica, México incluido, puedan conformar una potencia regional en el campo de la manufactura, sujeta a reglas de origen más estrictas que permitan la seguridad de los beneficios económicos ligados a la producción local obligatoria.

 

Es un cambio radical del discurso que, inmerso dentro de la lógica de integración comercial regional que se ha venido construyendo a lo largo de las últimas décadas, impulsora de cadenas productivas que hacen más eficiente la actividad manufacturera y de servicios, tiene todo el sentido del mundo.  Significaría un paso hacia delante en la profesionalización de la mano de obra mexicana que podría aportar a Norteamérica un elemento esencial para la consolidación de ese propósito multilateral.

 

Desde luego que los beneficios que podrían significar para México podrían ser mayúsculos, si se asume la responsabilidad de cambiar al país en el sentido que se está proponiendo, que exige la implementación de una auténtica cultura de la legalidad, y la aceptación del papel que nos corresponde, en primer lugar y en una primera etapa como proveedores de mano de obra, en la forma que se ha venido dando todos estos años, y después, en un segundo momento, como generadores de nuevas actividades empresariales, como las que en muchos sectores se han venido consolidando tan acertadamente.

 

Es fantástico este nuevo escenario, con una salvedad; si la renegociación de los nuevos acuerdos comerciales culminará en dos años, no pueden desvincularse el tratado comercial y los procesos político-electorales que tendrán lugar en México en los próximos meses.  ¿Cuál sería la línea de trabajo que habrá de seguirse dentro de dos años, de llegar a triunfar un candidato populista de izquierdas?, ¿Qué será de México si quien tuviera la facultad y representación constitucional para firmar el resultado de los compromisos internacionales, su Presidente, decidiera catapultar el discurso y las políticas inversas, las que afirman que todo lo hecho hasta ahora está mal hecho, o las que envueltas en un nacionalismo radicalizado pudieran llegar a suponer que la surte de nuestro pueblo no puede quedar atada a los caminos que emprenda ningún imperio extranjero?.

 

No obstante el claro vaticinio de las encuestas que se realizan en estas fechas, creo que es muy pronto adelantar el triunfo de absolutamente ningún contendiente a la Presidencia de México, ni siquiera son las épocas para hacerlo. Estoy convencido de que se debe de empezar a trabajar en la generación de conciencia, al interior de los partidos y hacia el propio electorado, en torno de los peligros y los nocivos efectos del populismo, peligros que, si pertenecen al mismo sentido de la mala suerte que ha convivido con esta administración, podrían significar un grave descalabro del que no se levantarán muchas generaciones.

 

Todopoderoso IFT

Antonio Cuéllar | Martes 14 de marzo, 2017

ALEGATOS | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

En nuestro país está constitucionalmente prohibido que dos o más poderes se reúnan en una misma persona o corporación, o que el Legislativo se deposite en un solo individuo, salvo en el caso de facultades extraordinarias del Presidente de la República (en materia de suspensión de garantías e imposición de contribuciones al comercio exterior).  Así lo establece el artículo 49 de la misma Carta Magna y constituye una decisión política fundamental de la que depende el sano equilibrio del poder público y el funcionamiento eficiente de la República.  Desafortunadamente, un órgano puede jactarse de lo contrario.

 

La alta concentración de mercado en el ámbito de las telecomunicaciones provocó a lo largo de muchos años que los mexicanos pagáramos servicios extraordinariamente caros en ese sector, particularmente focalizados en la materia de la telefonía celular.  La verdad de las cosas es que desde la propia SCT y la Presidencia de la República, y después la COFETEL, se pretendieron ejercer acciones encaminadas a modificar esa situación, pero fueron infructuosas.

 

La intrépida intervención de abogados defensores encargados de interponer y dar seguimiento a incontables demandas de amparo, encaminadas a cuestionar cuanta resolución administrativa se dictaba, produjo una obstrucción en los caminos legales para resolver la problemática que, lógicamente, estalló.

 

Al expedirse la reforma al artículo 6º y otros más de la Constitución, en la que se denominó la reforma de las telecomunicaciones, se concibió al nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones como un órgano constitucional autónomo, que gozaría de una dualidad competencial, al contar con atribuciones para resolver cuestiones inherentes a la radiofonía y la telecomunicación en sus aspectos técnicos, por un lado, pero también para resolver todo lo concerniente a la problemática de la competencia económica en el sector de las telecomunicaciones, un tema aparte.

 

En la reforma constitucional se previó expresamente que el nuevo organismo autónomo contaría con atribuciones para expedir disposiciones de carácter general en el sector de las telecomunicaciones, y que en contra de sus resoluciones no procedería otra defensa que el amparo, en el que, sin embargo, los jueces no podrían conceder ninguna medida de suspensión de las resoluciones del Instituto, por lo que éstas quedarían automáticamente dotadas de una ejecutividad inquebrantable.

 

La verdad de las cosas es que la reforma de las telecomunicaciones vino a cerrar el círculo que, meses antes del propio proceso de discusión parlamentaria en torno del artículo 6º constitucional, había tenido lugar en materia de amparo, pues ya también, al expedirse aquella, la Ley de Amparo, en su artículo 129 se contempló la improcedencia de la misma figura de la suspensión tratándose de la disposición de los bienes del dominio público del Estado, dentro de los que quedaban ya comprendidos los destinados a la prestación de los servicios de telecomunicaciones.

 

Meses después de ambos Decretos del legislativo, ya en vigor la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, cuando se expidieron las reglas del IFT en materia de portabilidad numérica, se cuestionó su validez a través de un Juicio de Controversia Constitucional que fue resuelto de manera peculiar. La SCJN decidió que, en forma opuesta al resto de los órganos que conforman el gobierno de la República, e incluso, al mismo artículo 49 constitucional citado, las reglas impugnadas eran válidas, pues el Instituto, en ejercicio de la facultad constitucional para expedir disposiciones de carácter general, no está obligado a sujetarse al cumplimiento irrestricto de la ley. Así nació éste como órgano administrativo y, excepcionalmente, legislativo a la vez.

 

La semana pasada se daba cuenta de las nuevas reglas que el propio organismo constitucional autónomo encargado de las telecomunicaciones, y de la competencia económica en las telecomunicaciones, ha impuesto a lo largo de este mes a cargo de Telmex y de Televisa para remediar las asimetrías que, según su propio criterio -ampliamente cuestionado por técnicos expertos en ambos sectores-, subsisten en este mercado e impiden la consolidación de un proceso de auténtica concurrencia y competencia en el sector.

 

Pues bien, ya se ha dicho que las nuevas reglas habrán de ser combatidas a través del Juicio de Amparo que harán valer las empresas afectadas, y debería de ser materia de reconocimiento el advertir que nuestro sistema de derecho contempla un mecanismo de defensa a favor del particular que se sienta vulnerado por cualquier acto de la autoridad que se considere ilegal; y en el mismo sentido, debería provocarnos júbilo y tranquilidad el sabernos poseedores de un mecanismo de control constitucional ante los Tribunales Federales, que pudiera servir para remediar cualquier desvío de la legalidad en la que hubiera incursionado la autoridad.

 

Lamentablemente, no muchos podrán darse cuenta de que, ante la inminencia de un proceso judicial técnico de esta envergadura, las sentencias que lleguen a pronunciar los Tribunales de Amparo para resolver lo conducente a la arbitrariedad del Instituto podrían llegar a ser ociosas, pues la dilación de un juicio de esta especie y la trascendencia de sus actos haría nugatorio cualquier efecto de protección, por la tardanza de la intervención judicial.  En el juego del péndulo, se pasó de un lado de la oscilación hasta el otro extremo. Del estancamiento por excesiva intervención judicial, se ha provocado la desprotección por la tardanza en que pueden incurrir los jueces competentes.

 

¿Le servirá a Telmex una sentencia de amparo contra la resolución que declare la inconstitucionalidad de la medida que lo obligará a separar la provisión de servicios mayoristas regulados fijos a través de una empresa independiente, para que ofrezca servicios mayoristas relacionados con acceso local o compatrición de infraestructura pasiva, si ésta se dicta dentro de un año?.  ¿Tendrá algún valor un pronunciamiento de inconstitucionalidad de un Tribunal Colegiado de Circuito, contra la resolución del IFT que obliga a Televisa a conceder servicios de emisión de señal a través de infraestructura pasiva a favor de sus competidores, si ésta acontece dentro de un año?

 

Con el ánimo de recobrar el sano acceso a la justicia de todo concesionario que en este sector debe de tener, o como el que debería de gozar cualquiera otra empresa con poder sustancial en cualquier mercado relevante que sea súbdita de la COFECE, o cualquier otro concesionario que disfrute de los bienes del dominio público del Estado mexicano, debe hacerse expedita la intervención de los órganos encargados de administrar justicia e interpretar la ley para beneficio del particular.  Ante la inexistencia de las medidas cautelares en materia judicial contra actos del IFT, debe garantizarse, por lo menos, que los procedimientos correspondientes sean de tramitación preferente. Sin medida de suspensión, no se les puede sujetar a los plazos ordinarios. Los servicios de transporte de todo tipo, la operación de autopistas, la administración de puertos, la explotación minera, por mencionar algunos, están sujetos exactamente a las mismas reglas. ¿No sería acaso ese un principio de equidad que atraería a la inversión?

Menos costos …. y menos representatividad

Antonio Cuéllar | Martes 7 de marzo, 2017

ALEGATOS | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

 

El Poder Legislativo, prácticamente en todos sus ámbitos, el Federal y el de cada uno de los Estados de la República, constituye uno de los órganos peor percibidos y peor evaluados por la ciudadanía; tan solo hace unas cuantas semanas circulaba el video a través del cual, en entrevista de una televisora, algunos diputados no supieron responder cuántos artículos tiene la Constitución o cuál es el artículo de la misma Carta Magna que se refiere a la educación. Ya que con los tropiezos que arroja la renegociación del TLC y la repatriación de migrantes disminuirán los ingresos del Gobierno, ¿valdrá la pena concretar, ahora sí, la disminución del número de curules que conforman el Congreso?

 

Pocas personas saben y entienden cuál es la trascendencia de la labor legislativa; sí, a veces, no lo saben, ni siquiera, quienes ejercen esa misma labor. El problema que arroja esta circunstancia, estriba en determinar qué ha fallado, la figura del Congreso mismo, o Juan López, quien por decisión de la gente o de su partido, sin deberla ni temerla, acabó gozando de los privilegios que entraña discutir las leyes.

 

Nuestro sistema jurídico está cifrado en un principio fundamental, del que deriva el entendimiento de la relación existente entre nosotros como gobernados y nuestros gobernantes, se trata del principio de legalidad: las autoridades pueden hacer exclusivamente aquello que está previsto en una Ley, mientras que nosotros, los gobernados, podemos gozar de libertad para hacer aquello que nos venga en gana, salvo lo que expresamente esté prohibido en una ley.  Así, las leyes constituyen facultades y concesiones a favor de la autoridad, y restricciones y limitaciones en contra del gobernado.

 

Evidentemente que, bajo tales consideraciones, la discusión de las leyes constituye una labor cotidiana de absoluta trascendencia para toda la ciudadanía, porque a través de ellas se establecen las vías para la solución de los problemas que emanan de la realidad histórica, pero sobre todo, se veda de un modo u otro nuestro derecho humano de libertad.

 

Los legisladores no tienen el deber de ser peritos en derecho, sino el deber de estar claramente empapados de la realidad histórica de la ciudadanía representada, que a través de las leyes se habrá de abordar.  Evidentemente que la inmediatez de la actividad parlamentaria acaba por verse mejor entendida por quienes son profesionales del derecho, pero no son los legisladores que tienen el título de abogados quienes acabarán por ser quienes mejor entiendan los problemas de salud pública, de seguridad, del medio ambiente, de energía, de telecomunicaciones, de desarrollo urbano o de recaudación fiscal, que consignan las leyes.  Se necesitan expertos en cada ramo para que la redacción de la ley sea la más adecuada y racional con relación a la problemática objetiva que las normas habrán de tratar.

 

Es precisamente en la búsqueda de esos expertos que el cupo de los plurinominales ha logrado balancear la labor legislativa. Normalmente, los mejores profesionistas no son los mejores candidatos políticos,o  los más populares y los más adiestrados oradores; pero éstos, a su vez, tampoco son los que mejor conocen del derecho, finalmente, quizá ninguno de los dos anteriores podrían ser quienes se encarguen de efectuar una mejor gestión pública para la ciudadanía.

 

Precisamente esa variedad de cualidades entre quienes acaban por ser legisladores, constituye el nutrimento de quienes integran el Congreso.

 

Se valora la conveniencia ciudadana de poner fin a un número determinado de legisladores, porque representan un gasto significativo, y yo me pregunto si la decisión es la más acertada, desde un punto de vista estrictamente constitucional.

 

No pugno en forma alguna con la absoluta necesidad de que ya haya un punto final y la obligación infranqueable para que el legislativo rinda cuentas a la ciudadanía (quizá el factor de la reelección empezará a redundar en ese sentido).  No me opongo a que haya una medición de la capacidad intelectual (no profesional) de quien haya de desempeñar el cargo, y una introducción al estudio mínimo del derecho parlamentario, como prerrequisito esencial para desempeñar la función, desde luego.  Jamás podría estar en contra de la decisión responsable de quienes tienen la alta encomienda de expedir las leyes, de reducir los gastos en forma solidaria con la situación económica que atraviese el país, en un momento dado.

 

No puedo estar de acuerdo, en cambio, en la supresión indiscriminada del número de legisladores, sin miramiento de las necesidades legislativas que en un momento dado puede llegar a tener que enfrentar el país.  Menos diputados implica menos capacidad de trabajo, por un lado, pero más empoderamiento de los remanentes para la conclusión de labores que, sin lugar a dudas, implican la necesidad de una mayor discusión plural.  El número de legisladores y la composición bicamaral constituyen una garantía constitucional en pro del régimen democrático de gobierno que enarbola nuestra Constitución Federal y las de los Estados.

 

Si de reducción de costos se trata, porqué no se habla de la conservación del número total de curules, de la profesionalización parlamentaria de los plurinominales, y del servicio legislativo eventual; es decir, porque no se piensa en la función legislativa ordinaria que pueda cumplir un número reducido de legisladores en los períodos contemplados para tales efectos, y en la labor legislativa extraordinaria, como la de transformación constitucional y fiscal, para la que se llame a legisladores igualmente electos y designados, que sólo acudirán y serán retribuidos eventualmente, pero quienes tendrán la altísima responsabilidad de participar activamente en la labor de discusión democrática del contenido de las leyes.  Pareciera como que con el ánimo de disminuir costos, de darle gusto al público, se pasa por alto la importancia de la representatividad que tienen los legisladores. Menos costos y menos calidad parlamentaria.

Repatriación del sueño americano

Antonio Cuéllar | Martes 28 de febrero, 2017

A L E G A T O S  | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

Pocas noticias sustanciosas fueron compartidas con relación a la reunión que la semana pasada sostuvieron los secretarios Videgaray y Osorio, con sus pares de los EU, el Secretario de Estado Rex Tillerson y el Secretario de Seguridad John Kelly. A pesar de que el señalamiento de los funcionarios extranjeros fue contundente, en el sentido de que no habría deportaciones masivas o uso de la fuerza, poco más tarde se difundieron señalamientos contradictorios que producen desconfianza.  La verdad de las cosas es que las órdenes ejecutivas firmadas hasta ahora, producirán un desplazamiento forzoso de los migrantes deportados hacia el sur del territorio de los Estados Unidos, precisamente en dirección a la frontera con México, que nos deben llevar a estar preparados. ¿Qué va a suceder?

 

La Constitución Mexicana es muy clara tratándose del establecimiento de aquellas directrices que el Presidente de la República y el Senado deben seguir en materia de política exterior: al primero corresponde celebrar los tratados bajo los principios normativos de autodeterminación de los pueblos; no intervención; solución pacífica de controversias; proscripción de la amenaza o uso de la fuerza; igualdad jurídica de los Estados; cooperación internacional para el desarrollo; respeto, protección y promoción de los derechos humanos, y la lucha por la paz y la seguridad internacional.

 

Este último tema, sobre protección de los derechos humanos es vital, y es el más cercano a la idiosincrasia de nuestras nuevas generaciones.  Es relevante, porque se apega a los valores que hemos forjado con el paso de nuestra historia. A pesar de que México se ha convertido en las últimas décadas en un auténtico exportador de mano de obra, dicho fenómeno no ha ocurrido siempre; más bien todo lo contrario, ha sido un receptor de grandes movimientos migratorios desde su fundación y, sobre todo, el siglo pasado. Tenemos, desde luego, la gran colonia española, pero como esa, la alemana, la francesa, la judía, la libanesa, la chilena, la china y japonesa, por mencionar algunas. Conglomerados sociales que hoy forman parte de nuestro mosaico demográfico y nos permiten reconocer, contundentemente, que hemos estado abiertos a la recepción de migrantes, a favor de quienes reconocemos su derecho humano a buscar un mejor estilo de vida.

 

Pero los grandes movimientos migratorios que en alguna época produjeron ese invaluable intercambio cultural, no se pueden seguir viendo desde la misma óptica. La complejidad del desarrollo mundial y las manifestaciones de la sobrepoblación, la delincuencia y el terrorismo, obligan a tomar cartas en el asunto en la materia, por muy poco políticamente correcto que pueda sonar ese discurso.

 

El nuevo nacionalismo norteamericano amenaza con devolver a millones de mexicanos y centroamericanos a sus lugares de origen, y probablemente el mensaje acabará por cumplirse.  La política que ha emprendido la administración de EPN y el firme posicionamiento de rechazo no se ha dejado esperar. Curiosamente, se viene aplaudiendo el hecho de que, por fin, el gobierno se haya propuesto a responder con dignidad.

 

En el calor de la diatriba nuestro antagonismo es meritorio, pero acabará por ser poco consistente con una política adecuada, amén de los principios torales que establece nuestra Constitución.

 

Se acumularán los futuros migrantes candidatos a ser deportados en zonas francas a lo largo de la frontera con México, y nuestro gobierno, con el mejor ánimo de favorecer su estancia en el país vecino, denegará su entrada hasta que se acredite su verdadera nacionalidad. ¿Cuánto tiempo se les va a mantener encerrados?

 

La decisión de no aceptar inmigrantes centroamericanos o mexicanos debidamente documentados, amenaza con producir una crisis humanitaria de dimensiones catastróficas. Una denegación esencial de libertad y debido proceso como nunca antes se ha visto.

 

Si México fue el camino de ingreso, no existe justificación moral alguna para impedir que sea el camino de regreso, si el migrante centroamericano decide así hacerlo.  El reto consistirá en dar seguimiento puntual al tránsito de migrantes en el sentido opuesto al de su trayectoria habitual.

 

Se viene solventando a los consulados para defender a migrantes a permanecer en los EU, sin miramiento de que, esa defensa, puede estar encaminada a favorecer a personas que, auténticamente, han infringido las leyes administrativas de un país extranjero. ¿Porqué el gobierno asume una defensa de la ilegalidad que no podrá superar las primeras batallas ante los tribunales establecidos?

 

Es verdad que la decisión asumida por el Presidente Trump es inhumana y terriblemente impopular, pero es legal. No puede el Gobierno de México asumir una actitud opuesta, que se desvirtúa por su falta de basamento en la legalidad.

 

Con apego al mandato de proteger los Derechos Humanos, el presupuesto de la Federación debe encaminarse, precisamente, a ese propósito. Gastar menos en una defensa consular insalvable para apoyar una repatriación ordenada del migrante centroamericano.  Serán circunstancias inherentes al descalabro económico de la política implementada, como la que ya vive Alabama, las que más pronto de lo esperado podrían empezar a significar un cambio de rumbo de la decisión ejecutiva….para los que todavía persigan el sueño americano.

Previsiones sobre la renegociación

Antonio Cuéllar | Martes 21 de febrero, 2017

ALEGATOS | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

Decir a estar alturas del ya bien entrado 2017 que, al menos en el mediano plazo, a México le tocará sortear fuertes tempestades en el plano económico, es caer en lo trivial, abundar en el lugar común. El anuncio de que los procesos de renegociación de la relación comercial norteamericana, exclusivamente entre los EU y Canadá, tendrá lugar sin la inclusión de nuestro país en ella, constituye un mal vaticinio de los escenarios que deberemos enfrentar -según nos fue participado ayer-, a partir del mes de junio próximo.

 
 
Sin ánimo de ser pesimista, los escenarios que se dibujan no son alagüeños, y el gobierno deberá de hacer peripecia y media para librar, de no tan mal modo, la batería de reclamos y arrebatos que potencialmente habrán de ponerse sobre la mesa para esas fechas.  Nos atravemos a adelantarlo, en la medida en que los factores que determinan la fortaleza de nuestro Producto Interno Bruto, por azares del destino, se encuentran comprometidos.

 
 
Los recursos obtenidos por la manufactura de productos destinados a la exportación podría caer drásticamente para finales del año, como resultado de la agresiva reforma fiscal que emprenderá el partido republicano. Nuestra segunda fuente más importante de ingresos, las remesas, indiscutiblemente se verá reducida de continuar los procesos de repatriación de migrantes que persiguieron el sueño americano. Por si fuera poco, a este ponzoñoso potaje, debe añadirse como condimento el hecho de que nuestra producción petrolera se ha desplomado para, muy probablemente, nunca volver jamás. Ya el Presidente lo anunció: hemos dejado de ser un país productor de petróleo, porque sencillamente, hemos acabado con la extracción de ese recurso del subsuelo.
Si estos son los escenarios, en el ejercicio del catastrofismo que hoy hemos elegido, no nos restaría sino agregar el impacto negativo que lógica y consecuentemente deberá tener la inseguridad, sobre la última y quizá más importante fuente de divisas de la que nuestro país podría gozar: el turismo. La sola idea de que este sea nuestro futuro mediato resulta francamente debastadora.

 
 
Ante eso, a todos los mexicanos no nos queda sino planear sobre la base de las peores previsiones, desafortunadamente, porque los hechos a los que éstas están atadas se han venido cumpliendo a lo largo de los meses.

 
 
Los obstáculos que se presentan, como ya muchos lo han señalado, deben convertirse en francas oportunidades, deben ser un llamado que nos sacuda y sustraiga de esta zona de comfort en la que hemos vivido durante el último cuarto de siglo.  Hay acciones en tres vertientes que se vienen a la mente, todas complementarias entre sí, en las que nuestro país debe empezar a trabajar empeñosamente para sortear tan malas predicciones:

 
 
La primera, tiene que ver con la fortaleza y paciencia necesaria, que permita la consolidación y ejecución de las reformas estructurales por medio de las cuales se logre ese acrecentamiento del mercado interno, hoy más necesario que nunca. Una justa distirbución del ingreso que permita la generación de una auténtica clase media, una condición indispensable de la que depende la ignición de ese motor de despegue de una tradicional economía de intercambio, ahora revigorizada.

 
 
La segunda, en pos de la competitividad, el avance de una nueva reforma fiscal y administrativa, que acabe con la corrupción, impulse la seguridad jurídica, suprima de tajo costosos programas sociales y gastos superfluos del gobierno, a fin de permitir el remontaje de una drástica reducción de la recaudación, con la única finalidad de lograr esa atractividad fiscal que justifique la permanencia de la inversión productiva, en franca y abierta competencia con nuestros hasta hoy socios comerciales.

 
 
La tercera, no es otra sino el aprovechamiento de la ruta que hasta hoy se ha emprendido, en el camino del libre comercio, mediante la búsqueda de nuevos socios comerciales.  Se trataría de un trabajo conjunto entre el gobierno y sector productivo, que abra las rutas de Asia, Europa y Latinoamérica, en la que se sopesen los riesgos y beneficios del acercamiento con China, como poderoso motor de desarrollo, y se advierta la conveniencia de encontrar a nuevos proveedores del combustible o de los servicios de refinamiento del crudo pesado con que hoy todavía contamos, en sustitución de los proveedores de quienes hasta hoy seguimos dependiendo.  Arriesgado derrotero para el que deberíamos romper con el anquilosado estilo de ver y medir las cosas, siempre desde la lente que hoy nos ha sido impuesta por la fuerza y conforme a la cual, eventualmente, deberíamos de empezar a navegar.

 
 
Porque lo cierto es que una consecuencia terrible que podría provenir de la terminación de nuestro compromiso con Norteamérica, sería la concerniente al concomitante vencimiento de todo un cúmulo de fieros compromisos asumidos en torno del otorgamiento y protección de privilegios industriales.  Que desastrozo sería que, ante la terminación del Tratado de liberación comercial vigente, se orillara a México a tener que andar en el sentido opuesto en que lo ha hecho hasta esta fecha, y dejar en la desprotección, por cuanto a sus privilegios trata, al numeroso universo de titulares de patentes y marcas que hasta hoy amparan a productos y servicios proporcionados, de la misma forma en que otros países lo impulsaron para beneficiar su propio desarrollo, en alguna época de la historia.

 
 
Y es que no se debe olvidar que la propiedad intelectual no es sino una conceisón graciosa del Estado, para privilegiar las actividades creativas del intelecto, que tiene una duración determinada en la ley al final de la cual, los conceptos protegidos, se convierten en bienes del dominio público aprovechables por cualquier persona. Muchos esfuerzos se realizaron para que dichos compromisos se documentaran en el TLC, y constituye un interés de todas las naciones, incluida la nuestra, que esas obligaciones, y esa vocación, se mantenga intacta como hasta la fecha. ¿Quién podría pensar en que tales privilegios se vieran acortados?

El arte de negociar… en la política

Antonio Cuéllar | Martes 31 de enero, 2017

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

Se necesitaría realmente vivir en los EEUU para entender quién es su nuevo Presidente, un personaje que se ha caracterizado por haber participado en actividades tan disparatadas como la lucha libre, el cine o la comedia, o tan serias como la política…hasta la Casa Blanca.  Pero en la imagen colectiva que nuestros vecinos se han formado de Donald Trump, predomina su trayectoria como empresario.  Él es en sí mismo una “marca”, un signo distintivo que sirve para identificar a su actividad preponderante, la de los bienes raíces, pero que se expande a otros productos, dos de los cuales lo dibujan de cuerpo entero: su libro “El Arte del Trato”; y la serie de televisión que protagoniza como él mismo, “El Aprendiz”.

 

Una rápida hojeada a la introducción de su libro nos demuestra cuál es su verdadera pasión: la de discutir y negociar, encontrando en ese proceso su meta u objetivo último y su razón de ser, que se superpone al de hacer dinero, el objetivo que perseguiría cualquier empresario como común denominador.

 

En su libro destaca su fórmula personal de negociar, la estrategia de debilitar agresivamente al contrincante, a quien aplasta cuando es débil o con quien negocia cuando se defiende, pero de quien siempre, invariablemente, debe obtener algún beneficio (tomemos nota de su ideología).

 

La agresividad en el arte de la negociación es una característica personal del empresario que llevó a la televisión en su propio programa, un “reality” en el que recluta a jóvenes deseosos de trabajar, a quienes impone retos o tareas que, de verse cumplidos con especial habilidad, puede conseguirles una vacante bien remunerada en sus empresas.  La nota distintiva del programa nunca se halló en la contratación de sus participantes, sino en la arrogancia con la que al final de cada capítulo, su protagonista advertía sus incapacidades y los corría, diciéndoles agresivamente “estás despedido”.

 

Donald Trump ha sido un empresario acostumbrado a regatear inescrupulosamente con un propósito personal incuestionable: ser famoso.  Se trata así de un “bully”, de un aprovechado, que cae ante la adulación y que persigue el engrandecimiento de su propia imagen. Sí, también un narcisita.

 

El antagonismo que él mismo construyó para estar en boca de todos, contra el Presidente Obama, de quien siempre cuestionó su origen nacional, lo colocó quizá inesperadamente en una contienda política para llegar a la Casa Blanca; un propósito que probablemente jamás soñó ganar, pero que finalmente logró.  El problema que ha encontrado en el camino se ubica en la antipatía que mucha gente le demuestra por su franca incapacidad para liderar a uno de los países más importantes del planeta. La prensa, la radio y la televisión lo reflejan todos los días.

 

Su vanidad y su descontento lo obliga así a prescindir de los medios establecidos, a los que critica y ataca abiertamente todos los días. Por esa razón ha construido en las redes sociales su propia herramienta de comunicación pública. El problema es que, en ese ejercicio, su estrategia de negociación empresarial, su modo de vida, ha sido trasladado, cruda y sin acompañamiento alguno, a la política.

 

El habitual uso de “Twitter” como vía de comunicación masiva, provoca que a través de los ciento cuarenta caracteres que la plataforma le proporciona, él incurra en equivocaciones espontáneas, que si bien antes generaban un abucheo de los internautas, hoy producen pavor e incertidumbre en el mundo entero.

 

El Presidente Trump no ha entendido todavía que la agresividad de la negociación empresarial no se puede llevar a la representación del Estado, que los motivos que orillan a un empresario a doblar las manos y aceptar las condiciones impuestas en una operación comercial, no existen tratándose de la defensa de los intereses de la humanidad y no se pueden imponer tratándose de la protección de la soberanía de cualquier Nación.

 

En su propia idea de lo que significa ser Presidente, a partir del claro entendimiento de lo que México representa para los EEUU, quizá ha contemplado la idea de doblegar al país entero para renegociar un acuerdo comercial, y quizá ha pensado también que la idea misma de construir un muro divisorio a manera de ofensa suficiente para desmoralizar a quien acuda en su representación a cualquier mesa de diálogo.  El propósito se lo ha planteado, porque en su pensamiento está convencido de que el resultado aparentemente deficitario de la balanza comercial de su país con México, obedece precisamente al propio TLC, y que el Tratado mismo acarrea simultáneamente la pérdida masiva de empleos.

 

El Presidente Trump ha abierto en una semana una multiplicidad de frentes que empiezan a demostrarle el tamaño de la encomienda que ha aceptado, y la dimensión de la responsabilidad y del asiento que ocupa.  Sin embargo, ha lidiado de tan mala forma con los puntos de su ideario, que pronto empezará a sufrir el descalabro de sus aventuras –y ello no sólo tendrá lugar a través de las mismas redes sociales que tan ávidamente procura–.

 

A pesar de que durante la contienda electoral todos los indicadores demostraban que Hillary Clinton ganaría la presidencia, hubo uno solo que siempre mantuvo a su favor el candidato republicano: el de los índices de la Bolsa de Valores.  Ya designado Presidente Electo, el comportamiento de los indicadores bursátiles comprobaron también la predilección que el capital ha venido teniendo por el propio Presidente negociador. Sin embargo, el día de ayer ese índice se revirtió. La incertidumbre que han producido los efectos de las órdenes ejecutivas en materia migratoria contra seis países musulmanes, y las protestas ciudadanas en todo el mundo que derivan de ella, hizo que el índice Dow Jones retrocediera cien puntos.  De continuar los desatinos, la calificación de los inversionistas que hasta hoy lo han acompañado podría seguir el mismo rumbo.

 

La Procuradora General, Sally Yates, quien ejerció el cargo durante diez días, instruyó a los abogados del Departamento de Justicia a no defender las órdenes ejecutivas firmadas por el Presidente Trump en materia migratoria, acción que comprueba el largo camino que esas órdenes habrán de enfrentar judicialmente y la alta probabilidad de que los Tribunales de ese país las reviertan.

 

En suma, México encuentra ante sí a un Presidente de los EEUU que no se ha formado en el ámbito de gobierno, que ha diseñado una agenda política terriblemente complicada en la que habrá de enfrentar infranqueables descalabros.  Nuestro país no tiene porqué adelantarse a los eventos que lógica y legalmente tendrán su propio, fatal desenlace. Hoy México ha encontrado en la comunidad internacional a grandes aliados.

 

Si bien es cierto que la relación que nos une con los EEUU no es absolutamente imprescindible y que bien pueden buscarse otras fronteras, nuestra vecindad y nuestra sociedad demuestran que, por mucho, es la relación internacional que más nos interesa no sólo conservar, sino ahondar.

 

Es previsible que el Presidente Trump acabe entendiendo que el arte de negociar en el mundo del comercio no es aplicable a la celebración de compromisos internacionales entre Estados soberanos.  Es la hora de ser pacientes y de aprovechar los muchos y muy intrincados recovecos de la relación bilateral, para “patear el bote” de la apertura del Tratado. Debemos de estar seguros de que llegará el momento en el que la imposición de la realidad, la vigencia del derecho y el aprendizaje de las formas que imperan en la diplomacia internacional, permitirán el diseño de nuevos y mejores escenarios.

Nuevas Fronteras y otros escenarios

Antonio Cuéllar | Martes 24 de enero, 2017

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

Primero. Las marchas organizadas para demostrar su rechazo al presidente Donald Trump en el primer día de su administración, demuestran un contundente rechazo de la ciudadanía a todas esas partes de su discurso que, a lo largo del tiempo, fueron encaminándose a derribar un valioso andamiaje que el expresidente Obama construyó durante su mandato con el objeto de defender derechos preciados por distintas minorías.

 

No deja de causar cierto asombro el contraste que arroja la posibilidad de que una política de ese tipo se impulse en un país que ha sido tremendamente crítico cuando se trata de valorar el respeto que por los derechos humanos tiene y encausa el gobierno de México.

 

Es además admirable ver cómo, en nuestro país, acciones de ese tipo podrían fácilmente truncarse con la intervención de poderes constituidos mucho más eficaces, como el Poder Judicial de la Federación a través de los juicios de Amparo o de Controversia Constitucional, que siempre tendrían como premisa el imperativo de respetar irrestrictamente, siempre de la manera más favorable posible, los mismos Derechos Humanos a los que nos referimos en la medida en la que se reconocen también por los convenios internacionales.

 

Segundo. Al entrar en vigor el TLCAN muchas empresas mexicanas debieron asociarse para subsistir, con el inesperado desenlace de haber desaparecido para permitir que consorcios estadounidenses se hicieran de la posición que hasta antes del propio acuerdo comercial aquellas ocupaban, ese fue el caso de Grupo Cifra (Aurrerá), en su asociación con Walmart y la creación de Walmart de México.

 

Muchas fuentes de trabajo en empresas dedicadas a las ramas industriales y de servicios se perdieron con la llegada de consorcios estadounidenses, porque gozaban de mucha mayor experiencia y esquemas de financiamiento inexistentes para las empresas mexicanas, acostumbradas al proteccionismo que provenía de la era de la “sustitución de las importaciones”.  Empresas del ramo textil, mobiliario, de autoservicio, dulcero, juguetero y electrónico, entre otras, simplemente dejaron de existir.

 

La argumentación que enarbola la administración estadounidense entrante, con miras a proteger las fuentes de empleo de su propio país, pareciera no provenir de la principal potencia económica mundial. Se antoja absolutamente injusta, en la medida del costo que se ha impuesto a las empresas mexicanas para ser competitivas. A pesar de que el costo del aprendizaje fuera tan alto, el éxito debe ser positivamente evaluado: la migración de la manufactura al territorio nacional no viene ocurriendo por el bajo valor de su mano de obra, sino también por su alta capacitación y especialidad. Hoy tenemos trabajadores que han sido formados para competir globalmente.

 

Tercero. El replanteamiento de la relación binacional ha ocupado un lugar primordial durante la campaña política de los EU, y el anuncio de que tan pronto como el próximo treinta y uno de enero se reunirán los Presidentes de ambos países para discutir la manera en que dicho proceso tendrá lugar, pone de relieve la importancia que dicha relación tiene no sólo para México, sino también para nuestros vecinos.

 

Con independencia del rumbo que tome la reapertura del tratado, y la intensidad con la que se discutan los temas que definan la agenda, es primordial que el Gobierno de México –y los mexicanos con respecto a su propio gobierno–, tengan siempre presente que nuestro país no es el mismo al de hace dos décadas, y que la mano de obra mexicana calificada, precisamente a partir de la entrada en vigor del propio acuerdo comercial, es tan o más valiosa que el capital y el merchandising que tan hábilmente han venido posicionando nuestros interlocutores.

 

Cuarto. La competitividad nacional se impulsó ante el mundo entero alrededor de la gran vecindad de nuestro país con el mayor mercado del planeta y el acuerdo que le permite exportar bienes libres de aranceles, siempre y cuando se asegure un porcentaje mínimo de contenido nacional.

 

Con posterioridad al TLCAN, México ha negociado una docena de acuerdos comerciales que permiten obtener un tratamiento fiscal similar con mercados igualmente importantes, como el de la Unión Europea, Japón, Israel, o Chile y Colombia, por mencionar algunos.  La mano de obra, la diversificación de la producción, y el marco jurídico para la realización de actividades empresariales en México, se han puesto a la vanguardia.

 

Ante la posibilidad de perder los beneficios de la apertura a la exportación de bienes libre de aranceles a los EU, México no debe de perder de vista que su competitividad no está ceñida a los casi 3200 kilómetros de frontera en el norte, y darse cuenta de que tiene ante sí la apremiante necesidad de impulsar el progreso en las otras fronteras que han sido olvidadas a lo largo de los años: Mazatlán y Veracruz, y todos los demás puertos nacionales en los que encontramos la capacidad para impulsar el crecimiento hacia cualquier otra latitud. En el fondo, el problema podría tener que ver con encontrar la adecuada compensación fiscal del flete.

 

Quinto. En el derecho internacional, los tratados se rigen por el principio del “pacta sunt servanda”, que significa que los acuerdos se firman para cumplirse, de buena fe.  Una modificación sustancial de la relación comercial entre México y los EU, desde un punto de vista estrictamente jurídico, debería de pasar por la terminación del propio Tratado, en los términos de sus propias disposiciones internas; sin embargo, eso no es suficiente para culminar la proposición de imponer tasas impositivas a las importaciones hasta del 35%.

 

México y los EU son también partes firmantes de GATT y de la OMC que le sobrevino, y la relación entre ellos se circunscribe a todo un cúmulo de compromisos internacionales que, de llegarse a evadir, conllevaría a una serie de consecuencias y responsabilidades internacionales que se deberán sopesar ante cualquier intento de infracción.

 

La realidad que impone la importancia de la relación comercial misma, que está por encima de sus gobiernos, obligará a que las medidas que se deban asumir no suplanten situaciones de hecho existentes que son preponderantes, ni atropellen derechos y realidades que, ante todo, son las más convenientes para todos.

Un desaire incomprendido

Antonio Cuéllar | Martes 17 de enero, 2017

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

Es muy difícil concebirlo, y sólo con la perspectiva que arrojará el transcurso de los años podremos darnos cuenta de que, hoy, estamos siendo los protagonistas de lo que llegará a ser la introducción de un nuevo capítulo de la historia; un parte aguas que arrojará acontecimientos apasionantes, sin lugar a dudas, pero de los que no podemos decir todavía, lamentablemente, cuál habrá de ser su sentido.

 

El problema que indudablemente nos aflige, tiene que ver con descalabros económicos que ya provoca, con espantosa facilidad, la ratificación de un discurso que ha encontrado en México su principal pilar de apoyo: la recuperación del nacionalismo con cargo a la competitividad que a lo largo de los años se había venido consiguiendo.

 

Remediarlo entrañará nuevos sacrificios y mucho trabajo, pero antes de comenzar la tarea, debemos entender qué ha dado lugar a estas circunstancias; identificar qué tipo de combustible es aquel que incendia tan rápidamente al electorado norteamericano que ha llevado al poder a este empresario bravucón, que se ha jactado de tener la capacidad de ser el creador de fuentes de empleo más grande que Dios haya jamás creado.

 

Un hartazgo contra la clase política gobernante es incuestionable, y ocurre en sintonía con un voto concordante en otras latitudes, como la Gran Bretaña o, posible e inminentemente, en Francia. La posibilidad de que el descalabro del 2008 haya producido una vuelta de timón en el manejo de la economía y las finanzas podría arrojar también una teoría justificatoria.  Sin embargo, no podemos conceder que esta teoría del anarquismo universal pueda ser aceptable en modo alguno; las sociedades de todo el mundo saben muy bien que necesitan a algunos a quienes encomendar la atención de las cuestiones públicas.  Por otro lado, si bien es cierto que la crisis financiera de hace ocho años constituyó un descalabro mayúsculo, el crecimiento económico de los últimos meses desvirtúan la tesis, por lo menos por lo que a nuestros vecinos respecta.

 

La persistencia del discurso nos demuestra que el muro divisorio constituye una bofetada irreversible, y antes de seguir impulsando una estrategia diplomática que persiga su detención, bien valdría la pena valorar la posibilidad de emprender un camino colaborativo que frene y resuelva las causas que dieron lugar a ella.

 

Las acciones gubernativas de los últimos años, han impulsado a lo largo del orbe todo un conjunto de políticas públicas que favorecen la igualdad, la tolerancia, el respeto por nuestras diferencias, la asistencia social y el justo reparto de la riqueza.  Como tal, contradicen la esencia de las ideologías que llevaron a la fundación del mundo moderno, la política de la premiación por la lucha y la retribución del trabajo, aún dentro de la desigualdad. En la medida de que la reacción fiscal acontezca para favorecer a mis desiguales, con costo a una propia contribución; o que la reacción judicial ocurra con el objeto de tutelar una condición social dispar a la que la naturaleza humana y la razón evidencia, de acuerdo con las convicciones de las grandes mayorías desatendidas, el conflicto entre la sociedad y la clase política que enarbola esa corriente discursiva es insuperable.  En el fondo, muchos votantes podrían haber demostrado, en los EEUU y en la Gran Bretaña, una gran distancia entre su pensamiento y el discurso que, hasta hoy, ha sido el políticamente correcto.

 

México ha expatriado a sus trabajadores más necesitados, a compatriotas decididos y comprometidos con la lucha por la supervivencia, que han llegado a convertirse en un factor imprescindible para la marcha misma de los EEUU.  Sin embargo, ante el descontrol de nuestras fronteras, también ha exportado problemas, ha exportado la supremacía de las bandas de delincuencia y de tráfico de personas que, desafortunadamente, han ocasionado estragos en la organización social de nuestro principal socio comercial. México significa en el imaginario colectivo norteamericano, el paradigma de la corrupción y del desorden centroamericano.

 

El muro representa una línea tajante de división contra todo lo que este desorden representa para la salvaguarda de los principios que llevaron a los EEUU a ser la gran potencia que hoy siguen siendo. La gran diferencia que caracteriza a nuestros vecinos con relación a América Latina, o a la Gran Bretaña con los flujos incesantes de migrantes de países subdesarrollados, radica en la plena convicción de la unión en torno de la legalidad y el Estado de Derecho, la convicción de que el crecimiento y la igualdad sólo pueden tener cabida dentro de un sistema organizado de reglas y normas de conducta que todos cumplen y obedecen incondicionalmente.

 

Seguramente llegará el momento en el que, tras los severos descalabros que atraviese nuestra bolsa de valores, y la todavía más dolorosa devaluación del peso, deba someterse a calificación y negociación nuestra poderosa relación bilateral; que no quepa la menor duda de que, más allá de los aspectos netamente económicos, a los EEUU le interesará establecer condiciones irreductibles de las que dependerá cualquier posible integración con America Latina, aquellas que asuma el Gobierno de México y los mexicanos en general para aceptar el orden y la observancia de la ley como un modo permanente de vida.

 

Un modo inteligente de adelantarnos a ese escenario y de compensar los estragos que ya ocasiona la arrogancia del discurso de Trump, debería de llevarnos a entender que, para poder pedir reciprocidad comercial, debemos conceder igualdad de civilidad. Hagamos votos porque nunca se construya ese muro que se propone, que obstaculiza la amistad, la vecindad y el intercambio de comercio, y aportemos todo nuestro esfuerzo para emprender la construcción de ese muro que proteja a los EEUU y a América Latina de la ilegalidad, del desorden y la delincuencia que tanto nos duelen. También a nosotros nos interesa ese muro.

Escrupuloso Contribuyente

Antonio Cuéllar | Martes 3 de enero, 2017

ALEGATOS | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

 

Una obligación ciudadana primordial es la de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos en la forma proporcional y equitativa que establece la Ley, o en palabras más sencillas, pagar los impuestos para la marcha del gobierno.  Si las funciones de dicho gobierno deben favorecer el mayor bienestar de la sociedad, ¿qué acciones u omisiones le podría reprochar el contribuyente?

 

Notas periodísticas y comentarios en redes reprueban el sueldo de nuestros gobernantes, las pensiones de los expresidentes o exministros. La ciudadanía, presumiblemente contribuyente del gasto erogado para su sostenimiento, es severamente crítica del modelo de vida de sus representantes.

 

La evaluación es legítima, ya que habla de nuestro compromiso con asuntos de carácter público y demuestra la madurez de nuestra democracia.  El Gobierno debe atender al llamado y hacer frente a los problemas de seguridad, educación, salud, mejoramiento ambiental, transporte, infraestructura, etc.

 

El punto crítico tiene que ver con el equilibrio eficiente entre la capacidad del Estado para responder al reclamo y los recursos percibidos. La ponderación del buen gobierno está íntima y directamente ligada a la sana administración de las finanzas del Estado.

 

El reclamo sentido de la población contra el “alza del precio” de la gasolina es el más notable de entre todos los que la presente administración ha recibido. Aunque no deberíamos hablar del “alza del precio” del combustible, ya que ese precio es el valor real del hidrocarburo en el mercado.  La cuestión realmente tiene que ver con la disminución de un subsidio que indebidamente se había aplicado para dispensar el gasto de las clases medias y acomodadas.

 

El ajuste del precio en vigor obedece a la disminución de la capacidad tributaria. El reflejo y cobro de su valor real es conveniente, porque los recursos que permanezcan en las arcas públicas se destinarán a sostener programas prioritarios para las mayorías.

 

Es incomprensible que los contribuyentes caigamos en la simplona provocación de quienes alientan a la desobediencia civil ¿desaparecemos el presupuesto de la UNAM y conservamos el subsidio para beneplácito de todos?, ¿está mal que se pague una pensión a un exministro, pero no que los impuestos se destinen a subsidiar la gasolina de las SUV que circulan en Reforma, o el diésel de las poderosas refresqueras?

 

La política de protección al consumidor por la que se etiquetan precios totales que comprenden el IVA, debería modificarse por una que permita a las personas enterarse sobre cuánto enteran por concepto de contribuciones, y cuánto perciben por subsidios.

El errado camino de los insultos

Antonio Cuéllar | Miércoles 28 de diciembre, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

La sentencia que pronunció la SCJN en marzo pasado, a través de la cual se declaró la inconstitucionalidad del delito de ultrajes contra la autoridad que contemplaba el Código Penal del DF, vino a alumbrar un concepto que, propiamente, no es el que supuso la propia Corte, ni tampoco uno que en una sociedad civilizada debería de existir: el derecho humano a ofender a la autoridad.

 

Ese empoderamiento de la ciudadanía se ha dejado sentir con toda su fuerza a lo largo de los últimos años, con motivo del desarrollo de tecnologías de la información que eran inimaginables: las redes sociales.  En todas las plataformas se ha convertido en un verdadero deporte o diversión burlarse y vilipendiar al Presidente de la República, a los diputados y senadores del Congreso de la Unión, por citar sólo a los actores más repudiados.

 

En un artículo publicado en Ejecentral esta semana, se explicó con detalle cómo es que el tema que predominó en las redes este año, específicamente en Facebook y en Twitter, fue el de los insultos y las ofensas contra el Presidente de la República, que cerró el 2016 con una nota de 60 sobre 100 puntos, entendiendo a cero como la peor de todas las calificaciones y 100 las más excelente, según encuesta de Social Metrix, especializada en la investigación de redes sociales.

 

Los insultos contra Enrique Peña Nieto se han convertido en una válvula de escape que libera la presión generada por la mala marcha de la economía o la política, pero constituyen un fenómeno que no sólo merma su propio nombre, con lo ignominioso que ello resulta, sino que también afecta a la institución misma del C. Presidente de la República; o para estos efectos, a la del órgano de autoridad de que se trate (Es preciso distinguir entre la institución del Presidente o Titular del Poder Ejecutivo de la Unión, y a su titular en un momento dado).

 

Esta explosión incontrolada de los mensajes ofensivos contra los servidores públicos ha dado lugar a varias reacciones entre los integrantes del PRI, que en distintas ocasiones han llamado a detener las ofensas y han propuesto desde bloques de respuesta de partidarios leales a Enrique Peña Nieto, recientemente un Código de Ética para la Cámara de Diputados, o hasta iniciativas de Ley que buscan responsabilizar las ofensas a través de las redes sociales.

 

Este último camino no es extraño en el mundo.  La Deutsche Welle reportaba recientemente la posición que ha venido a asumir el Ministro de Justicia de Alemania, Heiko Maas, tras llamar a jueces e investigadores para que persigan penalmente la difusión de noticias falsas y de carácter difamatorio en las redes sociales. La legislación de esa potencia europea castiga hasta con cinco años de cárcel a la difamación y la calumnia, delitos que desaparecieron en la codificación penal mexicana durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador al frente de la Jefatura de Gobierno de la capital.

 

La semana pasada fue ampliamente comentada la entrevista que la presentadora Oprah Winfrey le hizo a la primera dama Michelle Obama, en los EEUU, sobre su paso y despedida de la Casa Blanca.  En especial se hizo hincapié sobre la importancia que tuvo la posición que ésta adoptó al preguntársele sobre su nuevo ocupante, pues fue contundente en el sentido de ayudar incondicionalmente a Donald Trump a lograr una transición pacífica hacia la magna responsabilidad que a partir del 20 de enero deberá asumir.  La respuesta fue sorpresiva, por el peso de la campaña tan agresiva que impulsó el entonces candidato contra el Presidente Obama, y por la contundencia de las manifestaciones de repudio que ella misma externó alrededor de la misoginia que en algún momento le fue criticada al republicano. La conclusión alcanzada por ella es importantísima: si al Presidente la va bien, a los EEUU también les irá bien.

 

La aseveración resulta invaluable en la comprensión cívica de la relevancia que tienen las instituciones para la conformación de un país, con independencia de la simpatía o antipatía que nos despierten las personas. La lección ocurre en un momento que para México puede resultar clave, de cara a un nuevo proceso electoral y ante la inminencia de una nueva administración.

 

El derecho humano a la libertad de expresión no ampara el derecho a humillar o a ofender a las personas.  Tratándose de un servidor público, dicha premisa tampoco se satisface por el solo hecho de provenir de un contribuyente, porque los servidores públicos no son nuestros empleados.  El peligro de inducir o tolerar una diatriba de tan baja naturaleza, no se halla en la afectación al decoro o a los sentimientos de la persona aludida, que por sí mismo es malo, sino en el deterioro al que se someten los caminos necesarios para la construcción de un diálogo democrático, maduro y efectivo.  Las ofensas polarizan y radicalizan negativamente la discusión política, en detrimento del propio sistema, o de los sistemas alternativos.

 

En México hemos caído en un ámbito que excede a la caricaturización de la labor pública e incide en un desprestigio injustificado de las actividades oficiales.  Esta inercia viene dañando la estabilidad misma del Estado, en perjuicio de nuestros propios intereses.  Evidentemente que no existe la viabilidad política ni la conveniencia social de impulsar una iniciativa que permita en modo alguno la regulación de las redes sociales, y quizá es pertinente que la misma libertad siga siendo protegida. Sin embargo, es urgente que se definan los límites dentro de los cuales se puede ejercer la libertad de expresión responsablemente, porque desde la visión misma de Michelle Obama, si a nuestro Presidente le va mal, a nosotros también nos irá mal.

 

Los actores políticos han sido los primeros agentes a quienes debería atribuirse el error de haber labrado tan fangoso camino, de ahí que no sean los candidatos que puedan remediar el tan lamentable estado que guarda la visión de la política nacional.  No se trata bajo ninguna manera de suprimir la crítica, de someter la oposición, de socavar la importancia de la representatividad minoritaria, sino de asumir con inteligencia un antagonismo que, cuando goza de seriedad y objetividad, puede ser inmensamente más efectivo.

 

Son los formadores de opinión, los educadores, los profesionistas y medios de comunicación, por su incuestionable responsabilidad social, quienes tienen la posibilidad en sus manos de definir el modo y términos del diálogo, y las condiciones y formas de encaminar el repudio como vía política de oposición contra quienes ejercen una función gubernativa irregular.  Sin detrimento alguno de la libertad de expresión, quizá va llegando el momento en el que se debe meditar sobre la conveniencia de elegir recursos políticos que permitan la preservación de nuestras instituciones, sin que éstas deban calificarse obligadamente como contrarias a nuestros derechos humanos. Somos torpes al impulsar una retórica que nos mantiene inertes en un permanente estado de violencia improductiva.

El populismo en la regulación de la red

Antonio Cuéllar | Martes 13 de diciembre, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

Al aprobarse la reforma constitucional en el ámbito de las telecomunicaciones se insertó en el artículo 6º el Derecho Humano de Acceso a las Tecnologías de la Información, dicho en palabras más llanas, se trata del derecho humano a usar el iternet, prerrogativa de ultimísima generación que, debiendo protegernos, se ve interpretada a contentillo según el caso de que se trate, generándose a través de ello una problemática que impacta negativamente en la imagen país y en el entorno para la generación de negocios.

 

Uno de los segmentos económicos más relevantes de nuestra época, íntimamente ligado al desenvolvimiento de la persona y de sus actividades productivas, es el de las comunicaciones.  De ahí que uno de los primeros consensos del macro acuerdo político que marcó el inicio del sexenio fuera, precisamente, el de modificar la constitución para modernizar el marco jurídico que rige la vida nacional en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.

 

Los efectos se han materializado en el bolsillo de la gente y también, aunque poco se sopese dicho resultado, en la capacidad misma de interactuar, de informarnos y de incidir en la vida diaria de la comunidad a la que cada uno pertenece.  El acceso diario a las tecnologías de la información nos convierte en una sociedad más participativa y, consecuentemente, más democrática.

 

La sana interpretación de la Constitución y de la Ley debiera llevar a toda autoridad a permitir, sin cortapisas, el aprovechamiento máximo de la Red con el objeto de mejorar todos los entornos necesarios para llevar a cabo actividades que la tecnología misma permita, porque eso beneficia más al ciudadano, como quiera que se vea el planteamiento.

 

Una primera muestra de lo anteriormente dicho la dio el Instituto Federal de Telecomunicaciones, al resolver al inicio de junio de este año un procedimiento añejo mediante el cual se proponía la imposiciones de sanciones contra Telmex por el aprovechamiento del internet para transmitir señales de audio y video asociados que, según se decía, violaban expresamente la prohibición contenida en su título de concesión, en el que se le impedía prestar servicios de televisión con los cuales los primeros se asociaban.

 

El Instituto tuvo una visión progresista del problema y decidió que el uso de la Red era independiente y que, por consiguiente, no podía sancionarse a la telefónica por las actividades que se realizaran a través de esa nueva plataforma.

 

El resultado material es que hoy, las concesionarias de televisión abierta y de televisión restringida, encuentran en Uno TV a un competidor concurrente, que las obliga a ser más intrépidas en la generación de contenido e información, de la que depende la conservación de su audiencia y, a la postre, de sus propios anunciantes, patrocinadores de la actividad que cada una realiza.

 

La interpretación del regulador se ajustó al artículo 28 constitucional que sanciona las prohibiciones que el gobierno pudiera obsequiar a manera de títulos de protección a cualquier industria.  En ese caso, sin embargo, al permitirse a la telefónica dicha incursión en el negocio del entretenimiento, no se midió el daño que podría ocasionarse paralelamente a los únicos concesionarios del país que tendrían capacidad instalada para competir en el mercado de la telefonía, concentrado en un 70% a favor de la misma empresa privilegiada por el criterio: las empresas de televisión abierta y de paga.

 

El viernes pasado se presentó una iniciativa en Quintana Roo, por medio de la cual se pretende sancionar criminalmente la prestación del servicio de transporte privado de personas.  Se trata de una propuesta presentada por un diputado local del PRD que persigue la penalización del uso de la Red para la prestación de servicios de transporte, a través de lo cual se logra privilegiar la continuidad del monopolio del transporte turístico que ejercen los taxistas de Cancún, precisamente en sentido inverso a la resolución que adoptaron las autoridades federales en materia de telecomunicaciones.

 

En los destinos turísticos del país, principalmente de playa, como Cabo San Lucas y Cancún, los taxistas han encontrado en el turista una presa fácil de extorsionar, dada la insuficiencia de infraestructura y oferentes de servicios de transporte digno y moderno al que aquellos puedan acceder, un medio de movilidad que proyecte la imagen de un país desarrollado, consciente y aplicado a la atención de un negocio que puede convertirse en el principal flujo de remesas del país.

 

Las aplicaciones que permiten la geolocalización de proveedores del servicio de transporte y sus usuarios ha venido a convertirse, en la gran mayoría de los países desarrollados, en una opción adicional de transporte y empleo de la que se benefician usuarios, conductores y propietarios de vehículos. Es una fórmula virtuosa que proyecta beneficios recíprocos a favor de todos los agentes que participan en la cadena del servicio.

 

Se trata, como quiera que sea, de un modelo de negocio que orbita alrededor de actividades parecidas en su efecto, aunque diametralmente distintas en su naturaleza y origen, a las que realizan los taxistas.  Sin embargo, ofrecen beneficios singulares que las distinguen y las convierten en mecanismos favorecidos por el público en general.  Se apoyan, fundamentalmente, en el aprovechamiento de las tecnologías de la información.

 

La penalización de los servicios de transportación a través de aplicaciones móviles buscaría erradicar esa sana competencia para privilegiar a los taxistas, como agentes permisionados que intervienen en un mercado del que se han favorecido eternamente, en detrimento inmediato del interés de los usuarios.

 

Puedo entender la lógica del Diputado Emiliano Ramos que presentó la iniciativa, que busca a través de su intervención una asociación directa con un gremio que lo favorecería electoralmente; sin embargo, ¿no acaba esa iniciativa por desfavorecer a la ciudadanía en general; al impedir la concurrencia de nuevos agentes que propiciarían una sana competencia en una actividad comparable?

 

Los beneficios del progreso no pueden seguir quedando al buen entendimiento de quienes gobiernan el país. Resulta apremiante la expedición de criterios, directrices y lineamientos que determinen cuál es la interpretación más beneficiosa que pueda derivar de la Constitución y de la Ley, tratándose de la libertad de uso de la Red y la utilización de la información que a través de ella circula. En el caso concreto, ¿Dónde está la Secretaría de Turismo, que debería de proveer para que las plataformas que se utilizan en el mundo entero pudieran aprovecharse en México, generando confianza y empleo a la vez?