Fuero Implícito

Antonio Cuéllar | Martes 25 de abril, 2017

ALEGATOS | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

Son muchas las voces que, ante la oprobiosa contundencia de su abuso, demandan o se inclinan por desaparecer para siempre la figura del fuero constitucional, la protección que la Carta Magna le concede a distintos servidores públicos para no ser procesados por delito alguno durante la vigencia de su encargo.  Se trata de una medida que desde su concepción constitucional, busca evitar cualquier afectación o terminación anticipada de una función legalmente encomendada a determinados gobernantes, con motivo de acusaciones calumniosas encausadas por quien cuenta en el ámbito de sus atribuciones legales con el poder político para dirigir los destinos de cualquier causa criminal.

 

Nadie en su sano juicio negaría el sentimiento de profunda indignación que la población experimenta cada vez que, ante la evidencia de sus faltas, un mentado diputado se escuda en su fuero constitucional para evadir con desgarro las responsabilidades que le impone la ley.  Sin embargo, esa situación lamentablemente cotidiana no puede ser una causa suficiente para soslayar las razones para las cuales el fuero constitucional existe.  Podría ser que ese fuero, sea aquel que menos sirve a los servidores públicos para evadir las penas que les impone la ley.

 

La historia no muy lejana nos demuestra la importancia que puede tener, en el ejercicio de una auténtica labor democrática, la protección del fuero para quienes tienen la tan honrosa como peligrosa función de discutir las leyes y, quizá, enfrentar la fortaleza y el poder violento que, de facto, llega a detentar el propio Poder Ejecutivo para hacer cumplir su voluntad.  El recuerdo de Belisario Domínguez, fiero opositor de Victoriano Huerta y quien fuera cobardemente asesinado por expresar su desagrado contra el dictador, constituye una imagen latente que refuerza la vigencia y necesidad de tan importante institución.

 

Aunque sean muchas las muestras y los ejemplos de deleznables conductas atribuidas a nuestros servidores públicos, debe privilegiarse cualquier vía de agilización del desafuero, cualquier camino que permita un tardado pero cierto castigo contra el gobernante corrupto, antes de permitir la desaparición de este mecanismo que garantiza la operatividad del diálogo democrático y la libertad de expresión.

 

Hoy, dos ex gobernadores de la República enfrentan los comienzos de su enjuiciamiento penal.  La conducta que se les atribuye es tan o más grave que la de muchos otros por los que esta discusión se ha ventilado a todo lo alto. Pese a todo, y ante la circunstancia de que ninguno de ambos goza ya de la protección del fuero, prevalece el temor de que pudieran, por alguna argucia legal, quedar exentos del cumplimiento de la ley y el pago del castigo que la misma Ley dispone para su clase.  ¿Existe acaso algún fuero distinto que justifique tan inexplicable desasosiego?

 

Baste un ejemplo para evidenciar el dilema. Cualquier persona que en el interior de una gran tienda departamental o supermercado tenga la osadía de sustraer mercancía sin pagar previamente el precio etiquetado, será prontamente detenida y presentada ante las autoridades ministeriales, ante las que poderosas cadenas comerciales tendrán dispuestos ejércitos enteros de abogados, que se encargarán de supervisar que se cumpla puntualmente la ley para imponer, contra tan vil rufián, las penas más graves y ejemplares posibles que prevean las normas jurídicas.  El diseño de la ley le concede amplias facilidades a los órganos encargados de la procuración de justicia para lograr la condena de tan estúpido aventurero. ¿Porqué no se puede hacer lo mismo contra cuanto Gobernador, Presidente Municipal, Síndico o Regidor, Secretario o legislador, o Presidente de la República si fuera el caso, pudiéramos detener en el acto? Su desparpajo es inmensamente mayor y los daños ocasionados trascenderán generaciones.

 

Podría ser que el mismo diseño de la legislación penal, encargada de la tipificación o “identificación” de los delitos, y procesal penal, referente a los procesos judiciales para imponer la pena, con la pretensión de ser más juiciosos y graves contra los servidores públicos, acaban imponiendo, sin querer, toda una carga de obligaciones por cuenta de los mismos órganos de procuración de justicia, de los ministerios públicos, que acaba por facilitar la defensa de ese más severo delincuente, con miras a su libertad.

 

Ese robo del que han sido sujetos los tamaulipecos o veracruzanos, por oposición a aquel del que son sujetos los almacenes, no se castiga como un robo simple, no se acredita con la exhibición de medios de prueba esenciales para comprobar la sustracción ilegítima de un bien.  Para encarcelar al servidor público deberá demostrarse su propia condición personal, la época de los actos, el origen y destino de los recursos, la cadena de engaños y la ingeniería legal a través de operaciones encaminadas a desviar recursos públicos para un fin personal.  Es insuficiente demostrar que la sola tenencia del bien resultaba injustificada para encarcelar al delincuente y lograr la reparación del daño económico perpetrado. Los delitos de los servidores públicos, al final, fueron redactados para distinguirlos de aquellos que cometen los demás, y lo lograron, pero en forma peligrosamente negativa.

 

Todos estamos de acuerdo en que se tiene ante sí la meta de acabar de tajo con la impunidad, en castigar con mayor severidad a los servidores públicos, en exigir transparencia y cuentas más claras con relación a la gestión pública y sus resultados.  Es menester valorar que, para acabar con la corrupción debemos proteger las instituciones que materializan nuestra democracia, y antes de acabar con el fuero, se debe pensar en la posibilidad de simplificar la labor de los fiscales encargados de la acusación y los jueces a quienes se encomienda la valoración de la responsabilidad criminal.

 

Deseamos pronto encarcelamiento y pronta extinción de dominio con relación a los bienes sustraídos ilegítimamente del erario público, pero los laberintos legales para la acreditación de la responsabilidad penal, aunque no se diga, son fueros implícitos que postergan la erradicación

El peligroso negocio de la fe

Antonio Cuéllar | Miércoles 19 de abril, 2017

ALEGATOS | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

La iglesia católica celebró la semana pasada el dogma más importante de la fe cristiana, la resurrección de Jesucristo, acto sobre el cual se ha edificado la religión que profesamos la gran mayoría de los mexicanos.  Curiosamente, en este año la fecha ha coincidido con otra celebración que alrededor de su propia fe tienen los judíos y los musulmanes. El evento es emblemático, porque acontece en un momento de extraordinaria tensión en la relación geopolítica mundial, entre Rusia y los EEUU, en torno de la guerra en Siria y el fenómeno migratorio más importante de los últimos años, cuyo origen es religioso y ha producido una masacre que sólo podría ser comparable con la ocurrida durante la Segunda Guerra Mundial.

 

El tema de la libertad religiosa debería de constituir una prioridad mundial, y todo gobierno tendría que garantizar de manera efectiva que cada uno de sus súbditos pudiera creer, o no, en el dios que haya elegido, y participar en las actividades religiosas o eclesiásticas que más le convenza, pues se trata ante todo de convicciones que nacen en el fuero interno de las personas, sobre creencias y sentimientos que residen en la profundidad de su espíritu. En el caso de México, ese principio constituye un mandato constitucional que se funda en la laicidad de nuestra forma de gobierno.

 

Sin embargo, la verdad de las cosas es que la libertad religiosa no puede observarse con ligereza cuando se trata de la conformación de una organización eclesiástica, no puede aceptarse así ante la evidencia de los sucesos internacionales y la responsabilidad de gobernar y mantener en paz a un pueblo tan inmensamente religioso como terriblemente impreparado. Es una fórmula peligrosa que fácilmente puede llegar a explotar. Las peores calamidades de la historia de la humanidad han girado alrededor de la fe. Cuántos intereses ilícitos pueden esconderse atrás de la protección que la libertad religiosa le ofrece a las personas, frente al Estado.

 

La semana pasada, Rusia prohibió la presencia de los Testigos de Jehová, a los que califica de agrupación extremista y en contra de los cuales ha ordenado la incautación de sus bienes, como también la amenaza de encarcelar a quienes la profesen hasta por diez años. Cárcel por leer la Biblia y repartir folletos.  Un exceso, quizá.

 

En México se viene observando el crecimiento desmesurado de múltiples organizaciones religiosas, o de agrupaciones que se jactan de serlo; desde individuos dedicados a la santería, o agrupaciones que adoran a la santa muerte, espiritismo y fe alrededor de Pancho Villa, que podríamos catalogar como nuevas creencias, hasta la intensificación de actividades de la comunidad musulmana y establecimiento de nuevas organizaciones cristianas, como las iglesias Metodista, la de la Luz del Mundo, la de Jesucristo de los Santos de los últimos Días, entre otras que podrían encontrar su origen en otras organizaciones eclesiásticas tradicionales.

 

La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público promulgada en 1992 reconoce personalidad jurídica a las organizaciones religiosas, y establece como requisito para su registro como tales, los siguientes: la acreditación de que se ocupa preponderantemente a la práctica e instrucción de una creencia religiosa; que haya realizado actividades religiosas en el territorio nacional por lo menos durante cinco años y que goza de arraigo entre la población; que aporta bienes suficientes para cumplir su objeto; que cuenta con sus propios estatutos y que reconoce las limitaciones que la Constitución le impone a los extranjeros y a las asociaciones religiosas para adquirir el dominio directo de inmuebles.

 

La misma Ley impone a las asociaciones religiosas registradas el deber legal de abstenerse de perseguir fines de lucro, de participar en actividades políticas o de respetar el culto y doctrina ajenas a su religión, y propiciar el diálogo, la tolerancia y la convivencia con otras religiones.

 

En teoría, con el marco jurídico que tenemos, todo debería de funcionar perfectamente, pero la posibilidad de que la fe de las personas las lleve a actuar irracionalmente ha dado lugar a eventos tan graves como los suicidios masivos que tuvieron lugar en Waco, Texas, el 19 de abril de 1993, el atentado contra las torres gemelas de Nueva York, o a la crisis mundial que hoy, justamente veinticuatro años después de que ocurriera el primero, estamos presenciando.

 

Una pregunta se debe tener presente ¿Qué sucede si una agrupación religiosa no obedece sus estatutos, si decide perseguir fines de lucro, participar en actividades políticas o no respetar la doctrina de las otras asociaciones? La Ley contempla las sanciones de apercibimiento, multa, la clausura temporal o definitiva del templo, la suspensión de sus derechos o la cancelación de su registro. ¿Serán acaso sanciones suficientes?, ¿Podrían ser consecuencias relevantes para una organización bien arraigada en la comunidad? La violación a la ley en ese sentido podría ser sumamente grave.

 

La importancia de los sucesos que acontecen en el extranjero nos debería de llevar a meditar, como sociedad y como gobierno, teniendo en cuenta nuestra propia historia y nuestra realidad educativa nacional, cuál es la visión que se debe tener en torno de la apertura y curso de las nuevas organizaciones de la fe.  El adoctrinamiento de la feligresía en México puede constituir un fenómeno peligroso, que ponga en jaque la subsistencia misma del Estado. La legislación es laxa e insuficiente para reconocer y juzgar los fines mismos a los que cualquier agrupación que quiera dedicarse a propagar la “fe”, realmente tenga cuando inicia los trámites para obtener su registro oficial. Por la importancia que tiene el crecimiento del número de agrupaciones religiosas, el Estado debe asumir esta temática con la prioridad en el ámbito de la seguridad nacional que realmente tiene.

 

 

Entre abogados nos vemos

Antonio Cuéllar | Martes 11 de abril, 2017

ALEGATOS | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

Esta es esa semana del año en la que sólo trabajaremos tres días, -o dos, los más afortunados-, y el resto lo dedicaremos a la reflexión, o al descanso, según la fe y creencias de cada uno.  Antes de iniciar ese período que en cualquiera de los casos nos concederá tiempo extraordinario para pensar, no quisiéramos dejar pasar la oportunidad para recordar y compartir algún punto de vista sobre los actos de nuestros colegas, los abogados, que en estas dos semanas han logrado alcanzar una relevancia mediática fuera de lo común, pues su remembranza podría abonar de alguna forma a traer a colación, como temática para el asueto, la referente a la precariedad del Estado de Derecho en México y su trascendencia en nuestro desenvolvimiento como Nación.

 

Desde luego que llaman la atención las dos noticias que nos embargan de vergüenza y nos llenan de enojo, sobre la detención del Procurador de Nayarit en San Diego, Edgar Veyitia, a quien se acusa de haber participado en una red criminal dedicada a la comercialización de marihuana, heroína, cocaína y drogas sintéticas, nada más; y, también la de Tomás Yarrington en Florencia, Italia, por delincuencia organizada y lavado de dinero, a petición de la PGR y con el apoyo de la interpol.

 

Ambas noticias constituyen un punto clave para el entendimiento del lugar exacto de la historia en el que nos encontramos, desde dos puntos de vista y perspectivas: por un lado, en forma clara y evidente, alrededor del colmo absoluto al que la corrupción y la criminalidad ha llegado, al haber quedado comprobada la connivencia existente entre las autoridades máximas a las que el cumplimiento de la ley es encomendado y las bandas dedicadas al narcotráfico. No podría haber mayor grado de descomposición social y gubernamental en México, que la de sabernos vigilados y protegidos (pues esa es la máxima función de un Procurador de Justicia o la de un Gobernador estatal), por los mismos delincuentes que deberían de ser acusados por nuestros gobernantes. Podría decirse que un grado mayor de la enfermedad sólo podría verse representado en la muerte. Sin embargo, desde otro punto de vista, no puede soslayarse la visión esperanzadora de que las cosas pueden cambiar; y el hecho mismo de que ex gobernadores estén siendo perseguidos, detenidos, enjuiciados y penalizados, finalmente y como nunca antes en la historia, demuestra que la correcta elección de quien se encargue de ejercer la procuración de justicia en el futuro, en el contexto del nuevo sistema nacional anticorrupción, puede traer aparejados resultados inconmensurables de sanación social altamente esperados, como de hecho lo venimos presenciando en estos mismos días.

 

Otra noticia que acaparó la atención hace dos semanas tiene que ver con la sentencia de amparo dictada por el Juez Anuar González Hamadi, Tercero de Distrito en Veracruz, a favor del joven Diego Cruz Alonso, uno de los “Porkys”, quien en el cuerpo de consideraciones de su fallo llegó a la conclusión de que en la medida en la que no se comprobó una intención lasciva del sujeto activo del delito de violación, no podía tenerse por comprobado el delito, deduciéndose de ello la necesidad de que la fiscalía comprobara un elemento intencional en el delito que, así llevado a la práctica, podría dejar en libertad a muchos violadores.

 

La verdad de las cosas es que, para quienes saben y conocen del derecho penal, resulta muy claro y evidente que la aplicación de las normas en este campo debe ocurrir en la forma exacta en que se encuentran redactadas las leyes, sin que quepa la posibilidad de que éstas se apliquen por analogía o por mayoría de razón.  Es cierto que la primera lectura de la noticia publicada por los medios produce una repulsión inmediata en contra de la lógica empleada por el juzgador, pero difícil resultaría efectuar una evaluación del caso sin conocer los pormenores del mismo. ¿Entonces?, ¿Quedará impune? Es obvio que al haberse sufrido por la menor una violación a su privacidad, los jóvenes responsables deberían de ser juzgados y condenados. Alguien ha hecho mal su trabajo.

 

Resulta apremiante que el Poder Judicial reconsidere la importancia que tiene una justa política de comunicación social alrededor de la responsabilidad constitucional que tiene encomendada. La inmensa mayoría de las veces, la inconformidad de la ciudadanía en torno de la absolución de un delincuente se absorbe por los jueces, siendo que, en estricto sentido y en función de los principios que rigen nuestro sistema de justicia penal, los auténticos responsables son los ministerios públicos, que incurren en graves equivocaciones al momento de formular la acusación correspondiente.

 

Un primer paso hacia la formación de una cultura de legalidad tendría que ver con la labor educativa y formativa de quienes elaboran, interpretan y aplican las leyes, hacia la colectividad.  El desconocimiento del derecho y la incomprensión de sus resultados, puede producir un sentimiento de reprobación que no favorece el sentido de su propia observancia. Quiero aclarar, de cualquier modo, que es podría no ser el caso del Juez Tercero de Distrito, quien si fuera encontrado responsable por dictar un fallo contrario a las constancias del expediente que le fuera turnado, deberá enfrentar las sanciones correspondientes, aplicables a los delitos en materia de impartición de justicia.

 

Por último, apareció publicado hoy el sentido con el que la defensa del conductor que el jueves de la semana antepasada estrelló un BMW en la Avenida Paseo de la Reforma, cobrando la vida de cuatro pasajeros, pretende que se le exonere de toda responsabilidad.  La contundencia de los hechos y el cinismo de su negación, tanto en lo penal como en lo conducente a la reparación del daño material, provoca de parte de la ciudadanía el mismo sentimiento de desamparo y enojo en contra de la autoridad que arrojan los dos casos anteriores.

 

El joven ha sido vinculado a proceso y habrá de enfrentar en prisión preventiva el juicio en el que se valoren las pruebas que demuestren su culpabilidad. Puede advertirse que, la inexistencia de elementos para comprobar la ingesta de bebidas alcohólicas o de sustancias psicotrópicas o enervantes que demuestren su responsabilidad, podrían dar lugar a una tragedia en el que, la falta de comprobación de los elementos que consigna la ley penal, podrían ayudarlo a recuperar su libertad.

 

Las reformas al sistema penal llegarán a ser sumamente beneficiosas para la eliminación del enorme rezago existente en materia penal. Sin embargo, el nuevo sistema exige un elemento del que hoy, como puede apreciarse, carecemos los mexicanos: abogados. Es menester que aquellos a quienes corresponde aplicar la ley penal sopesen el grave atraso en que pueden encontrarse situados los departamentos encargados de realizar la investigación criminal a nivel nacional, no para el efecto de dictar sentencias de condena en contra de personas inocentes, sino para ser flexibles en el entendimiento de las limitaciones presupuestales y de conocimientos en que se encuentran las fiscalías, sobre todo cuando se trate de liberar criminales.

 

Paralelismos

Antonio Cuéllar | Martes 28 de marzo, 2017

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

Significativa derrota sufrió el Presidente Trump la semana pasada, al no juntar el voto suficiente de los integrantes del Partido Republicano en el Senado para impulsar una trascendente promesa de campaña: dar reversa a la ley que permite la implementación de un seguro universal de salud, concebido por el Expresidente Obama.  Era previsible y habría valido la pena que su equipo valorara la dificultad de atravesar ese proceso parlamentario, por sí mismo, antes de emprender el camino.

 

La noticia llama la atención y nos lleva a reflexionar al respecto, por el paralelismo que existe entre la tan estruendosa proposición norteamericana y aquella que, en el pórtico de nuestros propios enredos electorales, adelanta con singular desdén Andrés Manuel López Obrador con respecto a la reforma educativa.
La semana pasada, después de que el Secretario de Educación Pública afirmara que el aspirante tabasqueño revertiría los éxitos ya alcanzados por la reforma al artículo 3º de la Constitución de llegar a la presidencia, aquel respondió y advirtió con contundencia que no sólo daría marcha atrás a ésta, sino que, además, revisaría todas las otras reformas aprobadas en este sexenio.
Resulta oportuno recordar que durante la legislatura pasada, en la que se aprobaron las reformas que arrojó el Pacto por México, un grupo minoritario de diputados, casi todos pertenecientes a Movimiento Ciudadano, al PT y al PRD -después disidentes que se adhirieron a Morena-, tuvieron la vocación y llevaron a la práctica la estrategia de oponerse a cualquiera de las propuestas que provinieron del resto de los grupos parlamentarios.  No se trató de una campaña que persiguiera posicionar su propio ideario político o alguna iniciativa en lo particular, sino simple y sencillamente, la de denostar al gobierno y vilipendiar el esfuerzo que todos los demás legisladores venían llevando a cabo con el propósito de dar un paso adelante, en le mejor sentido político posible, para poner fin a toda una época de letargo legislativo que tenía al país detenido en una multiplicidad de ámbitos de la vida nacional.
El resultado de las reformas es muy vasto, permitió modificar la normatividad laboral, en primer lugar,  pero después provocó una avalancha de cambios que atravesaron desde la supresión del amparo contra actos de la COFETEL, que obstaculizaban un cambio en el sector de las telecomunicaciones; o impulsó la creación misma de un Instituto en ese campo que acabaría con los monopolios y propiciaría una mejor competencia en el sector, de la que todos nos venimos beneficiando; o modificó las leyes bancarias para permitir un mayor impulso a las actividades financieras, lo que ha permitido que la semana pasada se reconociera por la ABM que podrá duplicarse el crédito a lo largo de este año; o cambió las leyes fiscales para terminar con la elusión de dichas obligaciones del contribuyente, hecho que ha consumado un mejoramiento ejemplar en la recaudación; y, entre muchas otras más, también modernizó los principios esenciales conforme a los cuales se lleva a cabo la labor del Estado en el ámbito de la educación, obligándose al personal docente a someterse a una evaluación ante un Instituto independiente, que permitirá su profesionalización para beneficio de la niñez.
El candidato del sureste propone dar marcha atrás a la reforma educativa y revisar las demás, pero no se puede alcanzar a comprender la razón de su propuesta; ¿Pretende acaso que la educación permanezca en el deplorable estado en el que se encontraba antes de la reforma?.  La verdad es que esboza la misma estrategia del espectáculo electoral por la que ha ganado tantos seguidores, pero no advierte ideología propia que la sustituya y que mejore el escenario que ya ha sido construido y se encuentra en proceso de operación. El candidato no guarda distancia alguna con aquellos ruidosos legisladores que eligieron actuar como auténticos opositores de todo, sin proposición concreta de ningún tipo.
La semejanza de los hechos que hoy nos llama la atención, sin embargo, no se halla en la espectacularidad de la proposición populista que criticamos, sino más bien, en los resultados que han venido a darse alrededor suya.
En el mejor de las previsiones posibles y aún en el supuesto de que AMLO llegara a ganar la Presidencia de la República, resulta constitucionalmente imposible que pueda revisar y revertir las reformas, como jactanciosamente lo anuncia.  Nuestro sexagenario candidato incursiona en la misma estrategia de campaña, y con los mismos previsibles resultados que hoy enfrenta el hombre más poderoso del planeta, por desconocimiento del derecho y sus instituciones.
Quizá sería bueno que alguien explique al aspirante de Morena que la reforma educativa está inscrita en el texto del artículo 3º de la Carta Magna, y que su modificación, como la de la mayoría de aquellos cambios que “someterá a revisión”, está supeditada a la aprobación de dos terceras partes del Congreso General, así como a la de la mayoría de las legislaturas estatales.
Latinoamérica en general, y México en lo particular, han sido presa de incontables hazañas dictatoriales a lo largo de su historia, y el descrédito que cuanto cacique tropical que ha ocupado la función de gobierno ha ocasionado, se ha tenido que pagar en forma muy cara. No obstante lo anterior, el doloroso ejemplo de las dictaduras populistas de los últimos lustros ha ofrecido una enseñanza que la sociedad no ha dejado pasar en vano: con toda fortuna para nosotros, hoy contamos con sólidas instituciones construidas a lo largo de los años, que se anteponen a las propuestas de la superioridad presidencialista que la semana pasada se dejó entrever.
Qué lamentable ha sido observar la manera en que a nuestra Constitución han venido añadiéndose interminables listas de disposiciones que parecieran secundarias para un documento de su valía político-nacional. La entrevista que hoy mencionamos demuestra con claridad la justificación por la que, los grandes acuerdos de transformación nacional, no pueden quedar plasmados solamente en una ley, en ningún ordenamiento que pudiera cambiarse por el voto de grupúsculos de legisladores dispuestos al servicio de quien se ufane de contar con la representación nacional.

 

México y su mala suerte

Antonio Cuéllar | Martes 21 de marzo, 2017

ALEGATOS | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

Con independencia de las torpezas y los actos de corrupción que detienen al país, el acierto en la elección del rumbo que debe seguir, que se debe de atribuir a esta administración -en pro del respeto por los derechos del hombre, la participación activa del sector privado en la generación de riqueza y empleo, la participación democrática de la ciudadanía en la definición de políticas públicas, el combate contra cualquier monopolio y la evaluación de los educadores, entre otros-, está plagado de mala suerte.  Eventos ajenos al propio gobierno impiden, circunstancialmente, que cualquier esfuerzo de su parte pueda merecer reconocimiento alguno de la ciudadanía.  Me pregunto si es un fenómeno propio de este gobierno o si más bien persigue al país entero.

 

Ninguna de las administraciones recientes -y por recientes me refiero quizá a las que vienen ocupándose de gobernar a México durante el último medio siglo-, ha tenido el infortunio de tener que enfrentar los estragos que provoca el desprecio de un presidente de los Estados Unidos de América hacia todo lo mexicano o lo que viene de México. Y es que nadie puede poner en tela de juicio que los descalabros que sufre el peso frente al dólar están directa e íntimamente ligados a la suerte que pueda llegar a tener el TLCAN, y que éste se relaciona con el tono del discurso que en cualquier momento dado puede llegar a pronunciar el Presidente Donald Trump, y que los resultados de ese ejercicio tienen una incidencia política en México.

 

Es meritorio, por consiguiente, que se realicen todos los esfuerzos necesarios en ese frente para evitar que el efecto inmediato de la fuga de la inversión, produzca una desaceleración económica de tan grave dimensión en México, que coloque a la planta productiva nacional en una situación de apuro existencial.  Así las cosas, aún y persistiendo la necesidad de perseguir la apertura y el fortalecimiento de la relación con otros mercados, se debe de atender la conservación de aquel con el cual se han vinculado el 80 por ciento de las exportaciones totales del país.

 

Afortunadamente, los miembros del nuevo gabinete republicano relacionados con la política comercial de los EEUU han compensado mediante declaraciones a los medios, que mesuran la postura política de la Administración Trump, los efectos desoladores del repudio contra México y la ofensiva construcción del oprobioso monumento para contener la migración: el muro; son factores que unidos a otras medidas emprendidas por la Fed le han concedido un anhelado alivio a la paridad cambiaria.

 

La declaración del Secretario de Comercio, Wilbur Ross, quien afirmó que las negociaciones comenzarían hasta finales de este año, y que tomarían un año más -de ahí que se tengan realmente dos años antes de empezar a ver qué va a sucecer con relación a las exportaciones mexicanas hacia los EEUU-, fue el primer gesto de reconciliación que disminuyó el desánimo de los inversionistas.

 

El descanso más importante, sin embargo, le llegó al peso la semana pasada, cuando uno de los asesores en materia comercial más cercanos al Presidente Trump, el Director del Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca, Pete Navarro, dejó entrever la posibilidad de que toda la zona de integración de Norteamérica, México incluido, puedan conformar una potencia regional en el campo de la manufactura, sujeta a reglas de origen más estrictas que permitan la seguridad de los beneficios económicos ligados a la producción local obligatoria.

 

Es un cambio radical del discurso que, inmerso dentro de la lógica de integración comercial regional que se ha venido construyendo a lo largo de las últimas décadas, impulsora de cadenas productivas que hacen más eficiente la actividad manufacturera y de servicios, tiene todo el sentido del mundo.  Significaría un paso hacia delante en la profesionalización de la mano de obra mexicana que podría aportar a Norteamérica un elemento esencial para la consolidación de ese propósito multilateral.

 

Desde luego que los beneficios que podrían significar para México podrían ser mayúsculos, si se asume la responsabilidad de cambiar al país en el sentido que se está proponiendo, que exige la implementación de una auténtica cultura de la legalidad, y la aceptación del papel que nos corresponde, en primer lugar y en una primera etapa como proveedores de mano de obra, en la forma que se ha venido dando todos estos años, y después, en un segundo momento, como generadores de nuevas actividades empresariales, como las que en muchos sectores se han venido consolidando tan acertadamente.

 

Es fantástico este nuevo escenario, con una salvedad; si la renegociación de los nuevos acuerdos comerciales culminará en dos años, no pueden desvincularse el tratado comercial y los procesos político-electorales que tendrán lugar en México en los próximos meses.  ¿Cuál sería la línea de trabajo que habrá de seguirse dentro de dos años, de llegar a triunfar un candidato populista de izquierdas?, ¿Qué será de México si quien tuviera la facultad y representación constitucional para firmar el resultado de los compromisos internacionales, su Presidente, decidiera catapultar el discurso y las políticas inversas, las que afirman que todo lo hecho hasta ahora está mal hecho, o las que envueltas en un nacionalismo radicalizado pudieran llegar a suponer que la surte de nuestro pueblo no puede quedar atada a los caminos que emprenda ningún imperio extranjero?.

 

No obstante el claro vaticinio de las encuestas que se realizan en estas fechas, creo que es muy pronto adelantar el triunfo de absolutamente ningún contendiente a la Presidencia de México, ni siquiera son las épocas para hacerlo. Estoy convencido de que se debe de empezar a trabajar en la generación de conciencia, al interior de los partidos y hacia el propio electorado, en torno de los peligros y los nocivos efectos del populismo, peligros que, si pertenecen al mismo sentido de la mala suerte que ha convivido con esta administración, podrían significar un grave descalabro del que no se levantarán muchas generaciones.

 

Todopoderoso IFT

Antonio Cuéllar | Martes 14 de marzo, 2017

ALEGATOS | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

En nuestro país está constitucionalmente prohibido que dos o más poderes se reúnan en una misma persona o corporación, o que el Legislativo se deposite en un solo individuo, salvo en el caso de facultades extraordinarias del Presidente de la República (en materia de suspensión de garantías e imposición de contribuciones al comercio exterior).  Así lo establece el artículo 49 de la misma Carta Magna y constituye una decisión política fundamental de la que depende el sano equilibrio del poder público y el funcionamiento eficiente de la República.  Desafortunadamente, un órgano puede jactarse de lo contrario.

 

La alta concentración de mercado en el ámbito de las telecomunicaciones provocó a lo largo de muchos años que los mexicanos pagáramos servicios extraordinariamente caros en ese sector, particularmente focalizados en la materia de la telefonía celular.  La verdad de las cosas es que desde la propia SCT y la Presidencia de la República, y después la COFETEL, se pretendieron ejercer acciones encaminadas a modificar esa situación, pero fueron infructuosas.

 

La intrépida intervención de abogados defensores encargados de interponer y dar seguimiento a incontables demandas de amparo, encaminadas a cuestionar cuanta resolución administrativa se dictaba, produjo una obstrucción en los caminos legales para resolver la problemática que, lógicamente, estalló.

 

Al expedirse la reforma al artículo 6º y otros más de la Constitución, en la que se denominó la reforma de las telecomunicaciones, se concibió al nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones como un órgano constitucional autónomo, que gozaría de una dualidad competencial, al contar con atribuciones para resolver cuestiones inherentes a la radiofonía y la telecomunicación en sus aspectos técnicos, por un lado, pero también para resolver todo lo concerniente a la problemática de la competencia económica en el sector de las telecomunicaciones, un tema aparte.

 

En la reforma constitucional se previó expresamente que el nuevo organismo autónomo contaría con atribuciones para expedir disposiciones de carácter general en el sector de las telecomunicaciones, y que en contra de sus resoluciones no procedería otra defensa que el amparo, en el que, sin embargo, los jueces no podrían conceder ninguna medida de suspensión de las resoluciones del Instituto, por lo que éstas quedarían automáticamente dotadas de una ejecutividad inquebrantable.

 

La verdad de las cosas es que la reforma de las telecomunicaciones vino a cerrar el círculo que, meses antes del propio proceso de discusión parlamentaria en torno del artículo 6º constitucional, había tenido lugar en materia de amparo, pues ya también, al expedirse aquella, la Ley de Amparo, en su artículo 129 se contempló la improcedencia de la misma figura de la suspensión tratándose de la disposición de los bienes del dominio público del Estado, dentro de los que quedaban ya comprendidos los destinados a la prestación de los servicios de telecomunicaciones.

 

Meses después de ambos Decretos del legislativo, ya en vigor la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, cuando se expidieron las reglas del IFT en materia de portabilidad numérica, se cuestionó su validez a través de un Juicio de Controversia Constitucional que fue resuelto de manera peculiar. La SCJN decidió que, en forma opuesta al resto de los órganos que conforman el gobierno de la República, e incluso, al mismo artículo 49 constitucional citado, las reglas impugnadas eran válidas, pues el Instituto, en ejercicio de la facultad constitucional para expedir disposiciones de carácter general, no está obligado a sujetarse al cumplimiento irrestricto de la ley. Así nació éste como órgano administrativo y, excepcionalmente, legislativo a la vez.

 

La semana pasada se daba cuenta de las nuevas reglas que el propio organismo constitucional autónomo encargado de las telecomunicaciones, y de la competencia económica en las telecomunicaciones, ha impuesto a lo largo de este mes a cargo de Telmex y de Televisa para remediar las asimetrías que, según su propio criterio -ampliamente cuestionado por técnicos expertos en ambos sectores-, subsisten en este mercado e impiden la consolidación de un proceso de auténtica concurrencia y competencia en el sector.

 

Pues bien, ya se ha dicho que las nuevas reglas habrán de ser combatidas a través del Juicio de Amparo que harán valer las empresas afectadas, y debería de ser materia de reconocimiento el advertir que nuestro sistema de derecho contempla un mecanismo de defensa a favor del particular que se sienta vulnerado por cualquier acto de la autoridad que se considere ilegal; y en el mismo sentido, debería provocarnos júbilo y tranquilidad el sabernos poseedores de un mecanismo de control constitucional ante los Tribunales Federales, que pudiera servir para remediar cualquier desvío de la legalidad en la que hubiera incursionado la autoridad.

 

Lamentablemente, no muchos podrán darse cuenta de que, ante la inminencia de un proceso judicial técnico de esta envergadura, las sentencias que lleguen a pronunciar los Tribunales de Amparo para resolver lo conducente a la arbitrariedad del Instituto podrían llegar a ser ociosas, pues la dilación de un juicio de esta especie y la trascendencia de sus actos haría nugatorio cualquier efecto de protección, por la tardanza de la intervención judicial.  En el juego del péndulo, se pasó de un lado de la oscilación hasta el otro extremo. Del estancamiento por excesiva intervención judicial, se ha provocado la desprotección por la tardanza en que pueden incurrir los jueces competentes.

 

¿Le servirá a Telmex una sentencia de amparo contra la resolución que declare la inconstitucionalidad de la medida que lo obligará a separar la provisión de servicios mayoristas regulados fijos a través de una empresa independiente, para que ofrezca servicios mayoristas relacionados con acceso local o compatrición de infraestructura pasiva, si ésta se dicta dentro de un año?.  ¿Tendrá algún valor un pronunciamiento de inconstitucionalidad de un Tribunal Colegiado de Circuito, contra la resolución del IFT que obliga a Televisa a conceder servicios de emisión de señal a través de infraestructura pasiva a favor de sus competidores, si ésta acontece dentro de un año?

 

Con el ánimo de recobrar el sano acceso a la justicia de todo concesionario que en este sector debe de tener, o como el que debería de gozar cualquiera otra empresa con poder sustancial en cualquier mercado relevante que sea súbdita de la COFECE, o cualquier otro concesionario que disfrute de los bienes del dominio público del Estado mexicano, debe hacerse expedita la intervención de los órganos encargados de administrar justicia e interpretar la ley para beneficio del particular.  Ante la inexistencia de las medidas cautelares en materia judicial contra actos del IFT, debe garantizarse, por lo menos, que los procedimientos correspondientes sean de tramitación preferente. Sin medida de suspensión, no se les puede sujetar a los plazos ordinarios. Los servicios de transporte de todo tipo, la operación de autopistas, la administración de puertos, la explotación minera, por mencionar algunos, están sujetos exactamente a las mismas reglas. ¿No sería acaso ese un principio de equidad que atraería a la inversión?

Menos costos …. y menos representatividad

Antonio Cuéllar | Martes 7 de marzo, 2017

ALEGATOS | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

 

El Poder Legislativo, prácticamente en todos sus ámbitos, el Federal y el de cada uno de los Estados de la República, constituye uno de los órganos peor percibidos y peor evaluados por la ciudadanía; tan solo hace unas cuantas semanas circulaba el video a través del cual, en entrevista de una televisora, algunos diputados no supieron responder cuántos artículos tiene la Constitución o cuál es el artículo de la misma Carta Magna que se refiere a la educación. Ya que con los tropiezos que arroja la renegociación del TLC y la repatriación de migrantes disminuirán los ingresos del Gobierno, ¿valdrá la pena concretar, ahora sí, la disminución del número de curules que conforman el Congreso?

 

Pocas personas saben y entienden cuál es la trascendencia de la labor legislativa; sí, a veces, no lo saben, ni siquiera, quienes ejercen esa misma labor. El problema que arroja esta circunstancia, estriba en determinar qué ha fallado, la figura del Congreso mismo, o Juan López, quien por decisión de la gente o de su partido, sin deberla ni temerla, acabó gozando de los privilegios que entraña discutir las leyes.

 

Nuestro sistema jurídico está cifrado en un principio fundamental, del que deriva el entendimiento de la relación existente entre nosotros como gobernados y nuestros gobernantes, se trata del principio de legalidad: las autoridades pueden hacer exclusivamente aquello que está previsto en una Ley, mientras que nosotros, los gobernados, podemos gozar de libertad para hacer aquello que nos venga en gana, salvo lo que expresamente esté prohibido en una ley.  Así, las leyes constituyen facultades y concesiones a favor de la autoridad, y restricciones y limitaciones en contra del gobernado.

 

Evidentemente que, bajo tales consideraciones, la discusión de las leyes constituye una labor cotidiana de absoluta trascendencia para toda la ciudadanía, porque a través de ellas se establecen las vías para la solución de los problemas que emanan de la realidad histórica, pero sobre todo, se veda de un modo u otro nuestro derecho humano de libertad.

 

Los legisladores no tienen el deber de ser peritos en derecho, sino el deber de estar claramente empapados de la realidad histórica de la ciudadanía representada, que a través de las leyes se habrá de abordar.  Evidentemente que la inmediatez de la actividad parlamentaria acaba por verse mejor entendida por quienes son profesionales del derecho, pero no son los legisladores que tienen el título de abogados quienes acabarán por ser quienes mejor entiendan los problemas de salud pública, de seguridad, del medio ambiente, de energía, de telecomunicaciones, de desarrollo urbano o de recaudación fiscal, que consignan las leyes.  Se necesitan expertos en cada ramo para que la redacción de la ley sea la más adecuada y racional con relación a la problemática objetiva que las normas habrán de tratar.

 

Es precisamente en la búsqueda de esos expertos que el cupo de los plurinominales ha logrado balancear la labor legislativa. Normalmente, los mejores profesionistas no son los mejores candidatos políticos,o  los más populares y los más adiestrados oradores; pero éstos, a su vez, tampoco son los que mejor conocen del derecho, finalmente, quizá ninguno de los dos anteriores podrían ser quienes se encarguen de efectuar una mejor gestión pública para la ciudadanía.

 

Precisamente esa variedad de cualidades entre quienes acaban por ser legisladores, constituye el nutrimento de quienes integran el Congreso.

 

Se valora la conveniencia ciudadana de poner fin a un número determinado de legisladores, porque representan un gasto significativo, y yo me pregunto si la decisión es la más acertada, desde un punto de vista estrictamente constitucional.

 

No pugno en forma alguna con la absoluta necesidad de que ya haya un punto final y la obligación infranqueable para que el legislativo rinda cuentas a la ciudadanía (quizá el factor de la reelección empezará a redundar en ese sentido).  No me opongo a que haya una medición de la capacidad intelectual (no profesional) de quien haya de desempeñar el cargo, y una introducción al estudio mínimo del derecho parlamentario, como prerrequisito esencial para desempeñar la función, desde luego.  Jamás podría estar en contra de la decisión responsable de quienes tienen la alta encomienda de expedir las leyes, de reducir los gastos en forma solidaria con la situación económica que atraviese el país, en un momento dado.

 

No puedo estar de acuerdo, en cambio, en la supresión indiscriminada del número de legisladores, sin miramiento de las necesidades legislativas que en un momento dado puede llegar a tener que enfrentar el país.  Menos diputados implica menos capacidad de trabajo, por un lado, pero más empoderamiento de los remanentes para la conclusión de labores que, sin lugar a dudas, implican la necesidad de una mayor discusión plural.  El número de legisladores y la composición bicamaral constituyen una garantía constitucional en pro del régimen democrático de gobierno que enarbola nuestra Constitución Federal y las de los Estados.

 

Si de reducción de costos se trata, porqué no se habla de la conservación del número total de curules, de la profesionalización parlamentaria de los plurinominales, y del servicio legislativo eventual; es decir, porque no se piensa en la función legislativa ordinaria que pueda cumplir un número reducido de legisladores en los períodos contemplados para tales efectos, y en la labor legislativa extraordinaria, como la de transformación constitucional y fiscal, para la que se llame a legisladores igualmente electos y designados, que sólo acudirán y serán retribuidos eventualmente, pero quienes tendrán la altísima responsabilidad de participar activamente en la labor de discusión democrática del contenido de las leyes.  Pareciera como que con el ánimo de disminuir costos, de darle gusto al público, se pasa por alto la importancia de la representatividad que tienen los legisladores. Menos costos y menos calidad parlamentaria.

Repatriación del sueño americano

Antonio Cuéllar | Martes 28 de febrero, 2017

A L E G A T O S  | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

Pocas noticias sustanciosas fueron compartidas con relación a la reunión que la semana pasada sostuvieron los secretarios Videgaray y Osorio, con sus pares de los EU, el Secretario de Estado Rex Tillerson y el Secretario de Seguridad John Kelly. A pesar de que el señalamiento de los funcionarios extranjeros fue contundente, en el sentido de que no habría deportaciones masivas o uso de la fuerza, poco más tarde se difundieron señalamientos contradictorios que producen desconfianza.  La verdad de las cosas es que las órdenes ejecutivas firmadas hasta ahora, producirán un desplazamiento forzoso de los migrantes deportados hacia el sur del territorio de los Estados Unidos, precisamente en dirección a la frontera con México, que nos deben llevar a estar preparados. ¿Qué va a suceder?

 

La Constitución Mexicana es muy clara tratándose del establecimiento de aquellas directrices que el Presidente de la República y el Senado deben seguir en materia de política exterior: al primero corresponde celebrar los tratados bajo los principios normativos de autodeterminación de los pueblos; no intervención; solución pacífica de controversias; proscripción de la amenaza o uso de la fuerza; igualdad jurídica de los Estados; cooperación internacional para el desarrollo; respeto, protección y promoción de los derechos humanos, y la lucha por la paz y la seguridad internacional.

 

Este último tema, sobre protección de los derechos humanos es vital, y es el más cercano a la idiosincrasia de nuestras nuevas generaciones.  Es relevante, porque se apega a los valores que hemos forjado con el paso de nuestra historia. A pesar de que México se ha convertido en las últimas décadas en un auténtico exportador de mano de obra, dicho fenómeno no ha ocurrido siempre; más bien todo lo contrario, ha sido un receptor de grandes movimientos migratorios desde su fundación y, sobre todo, el siglo pasado. Tenemos, desde luego, la gran colonia española, pero como esa, la alemana, la francesa, la judía, la libanesa, la chilena, la china y japonesa, por mencionar algunas. Conglomerados sociales que hoy forman parte de nuestro mosaico demográfico y nos permiten reconocer, contundentemente, que hemos estado abiertos a la recepción de migrantes, a favor de quienes reconocemos su derecho humano a buscar un mejor estilo de vida.

 

Pero los grandes movimientos migratorios que en alguna época produjeron ese invaluable intercambio cultural, no se pueden seguir viendo desde la misma óptica. La complejidad del desarrollo mundial y las manifestaciones de la sobrepoblación, la delincuencia y el terrorismo, obligan a tomar cartas en el asunto en la materia, por muy poco políticamente correcto que pueda sonar ese discurso.

 

El nuevo nacionalismo norteamericano amenaza con devolver a millones de mexicanos y centroamericanos a sus lugares de origen, y probablemente el mensaje acabará por cumplirse.  La política que ha emprendido la administración de EPN y el firme posicionamiento de rechazo no se ha dejado esperar. Curiosamente, se viene aplaudiendo el hecho de que, por fin, el gobierno se haya propuesto a responder con dignidad.

 

En el calor de la diatriba nuestro antagonismo es meritorio, pero acabará por ser poco consistente con una política adecuada, amén de los principios torales que establece nuestra Constitución.

 

Se acumularán los futuros migrantes candidatos a ser deportados en zonas francas a lo largo de la frontera con México, y nuestro gobierno, con el mejor ánimo de favorecer su estancia en el país vecino, denegará su entrada hasta que se acredite su verdadera nacionalidad. ¿Cuánto tiempo se les va a mantener encerrados?

 

La decisión de no aceptar inmigrantes centroamericanos o mexicanos debidamente documentados, amenaza con producir una crisis humanitaria de dimensiones catastróficas. Una denegación esencial de libertad y debido proceso como nunca antes se ha visto.

 

Si México fue el camino de ingreso, no existe justificación moral alguna para impedir que sea el camino de regreso, si el migrante centroamericano decide así hacerlo.  El reto consistirá en dar seguimiento puntual al tránsito de migrantes en el sentido opuesto al de su trayectoria habitual.

 

Se viene solventando a los consulados para defender a migrantes a permanecer en los EU, sin miramiento de que, esa defensa, puede estar encaminada a favorecer a personas que, auténticamente, han infringido las leyes administrativas de un país extranjero. ¿Porqué el gobierno asume una defensa de la ilegalidad que no podrá superar las primeras batallas ante los tribunales establecidos?

 

Es verdad que la decisión asumida por el Presidente Trump es inhumana y terriblemente impopular, pero es legal. No puede el Gobierno de México asumir una actitud opuesta, que se desvirtúa por su falta de basamento en la legalidad.

 

Con apego al mandato de proteger los Derechos Humanos, el presupuesto de la Federación debe encaminarse, precisamente, a ese propósito. Gastar menos en una defensa consular insalvable para apoyar una repatriación ordenada del migrante centroamericano.  Serán circunstancias inherentes al descalabro económico de la política implementada, como la que ya vive Alabama, las que más pronto de lo esperado podrían empezar a significar un cambio de rumbo de la decisión ejecutiva….para los que todavía persigan el sueño americano.

Previsiones sobre la renegociación

Antonio Cuéllar | Martes 21 de febrero, 2017

ALEGATOS | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

Decir a estar alturas del ya bien entrado 2017 que, al menos en el mediano plazo, a México le tocará sortear fuertes tempestades en el plano económico, es caer en lo trivial, abundar en el lugar común. El anuncio de que los procesos de renegociación de la relación comercial norteamericana, exclusivamente entre los EU y Canadá, tendrá lugar sin la inclusión de nuestro país en ella, constituye un mal vaticinio de los escenarios que deberemos enfrentar -según nos fue participado ayer-, a partir del mes de junio próximo.

 
 
Sin ánimo de ser pesimista, los escenarios que se dibujan no son alagüeños, y el gobierno deberá de hacer peripecia y media para librar, de no tan mal modo, la batería de reclamos y arrebatos que potencialmente habrán de ponerse sobre la mesa para esas fechas.  Nos atravemos a adelantarlo, en la medida en que los factores que determinan la fortaleza de nuestro Producto Interno Bruto, por azares del destino, se encuentran comprometidos.

 
 
Los recursos obtenidos por la manufactura de productos destinados a la exportación podría caer drásticamente para finales del año, como resultado de la agresiva reforma fiscal que emprenderá el partido republicano. Nuestra segunda fuente más importante de ingresos, las remesas, indiscutiblemente se verá reducida de continuar los procesos de repatriación de migrantes que persiguieron el sueño americano. Por si fuera poco, a este ponzoñoso potaje, debe añadirse como condimento el hecho de que nuestra producción petrolera se ha desplomado para, muy probablemente, nunca volver jamás. Ya el Presidente lo anunció: hemos dejado de ser un país productor de petróleo, porque sencillamente, hemos acabado con la extracción de ese recurso del subsuelo.
Si estos son los escenarios, en el ejercicio del catastrofismo que hoy hemos elegido, no nos restaría sino agregar el impacto negativo que lógica y consecuentemente deberá tener la inseguridad, sobre la última y quizá más importante fuente de divisas de la que nuestro país podría gozar: el turismo. La sola idea de que este sea nuestro futuro mediato resulta francamente debastadora.

 
 
Ante eso, a todos los mexicanos no nos queda sino planear sobre la base de las peores previsiones, desafortunadamente, porque los hechos a los que éstas están atadas se han venido cumpliendo a lo largo de los meses.

 
 
Los obstáculos que se presentan, como ya muchos lo han señalado, deben convertirse en francas oportunidades, deben ser un llamado que nos sacuda y sustraiga de esta zona de comfort en la que hemos vivido durante el último cuarto de siglo.  Hay acciones en tres vertientes que se vienen a la mente, todas complementarias entre sí, en las que nuestro país debe empezar a trabajar empeñosamente para sortear tan malas predicciones:

 
 
La primera, tiene que ver con la fortaleza y paciencia necesaria, que permita la consolidación y ejecución de las reformas estructurales por medio de las cuales se logre ese acrecentamiento del mercado interno, hoy más necesario que nunca. Una justa distirbución del ingreso que permita la generación de una auténtica clase media, una condición indispensable de la que depende la ignición de ese motor de despegue de una tradicional economía de intercambio, ahora revigorizada.

 
 
La segunda, en pos de la competitividad, el avance de una nueva reforma fiscal y administrativa, que acabe con la corrupción, impulse la seguridad jurídica, suprima de tajo costosos programas sociales y gastos superfluos del gobierno, a fin de permitir el remontaje de una drástica reducción de la recaudación, con la única finalidad de lograr esa atractividad fiscal que justifique la permanencia de la inversión productiva, en franca y abierta competencia con nuestros hasta hoy socios comerciales.

 
 
La tercera, no es otra sino el aprovechamiento de la ruta que hasta hoy se ha emprendido, en el camino del libre comercio, mediante la búsqueda de nuevos socios comerciales.  Se trataría de un trabajo conjunto entre el gobierno y sector productivo, que abra las rutas de Asia, Europa y Latinoamérica, en la que se sopesen los riesgos y beneficios del acercamiento con China, como poderoso motor de desarrollo, y se advierta la conveniencia de encontrar a nuevos proveedores del combustible o de los servicios de refinamiento del crudo pesado con que hoy todavía contamos, en sustitución de los proveedores de quienes hasta hoy seguimos dependiendo.  Arriesgado derrotero para el que deberíamos romper con el anquilosado estilo de ver y medir las cosas, siempre desde la lente que hoy nos ha sido impuesta por la fuerza y conforme a la cual, eventualmente, deberíamos de empezar a navegar.

 
 
Porque lo cierto es que una consecuencia terrible que podría provenir de la terminación de nuestro compromiso con Norteamérica, sería la concerniente al concomitante vencimiento de todo un cúmulo de fieros compromisos asumidos en torno del otorgamiento y protección de privilegios industriales.  Que desastrozo sería que, ante la terminación del Tratado de liberación comercial vigente, se orillara a México a tener que andar en el sentido opuesto en que lo ha hecho hasta esta fecha, y dejar en la desprotección, por cuanto a sus privilegios trata, al numeroso universo de titulares de patentes y marcas que hasta hoy amparan a productos y servicios proporcionados, de la misma forma en que otros países lo impulsaron para beneficiar su propio desarrollo, en alguna época de la historia.

 
 
Y es que no se debe olvidar que la propiedad intelectual no es sino una conceisón graciosa del Estado, para privilegiar las actividades creativas del intelecto, que tiene una duración determinada en la ley al final de la cual, los conceptos protegidos, se convierten en bienes del dominio público aprovechables por cualquier persona. Muchos esfuerzos se realizaron para que dichos compromisos se documentaran en el TLC, y constituye un interés de todas las naciones, incluida la nuestra, que esas obligaciones, y esa vocación, se mantenga intacta como hasta la fecha. ¿Quién podría pensar en que tales privilegios se vieran acortados?

El arte de negociar… en la política

Antonio Cuéllar | Martes 31 de enero, 2017

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

Se necesitaría realmente vivir en los EEUU para entender quién es su nuevo Presidente, un personaje que se ha caracterizado por haber participado en actividades tan disparatadas como la lucha libre, el cine o la comedia, o tan serias como la política…hasta la Casa Blanca.  Pero en la imagen colectiva que nuestros vecinos se han formado de Donald Trump, predomina su trayectoria como empresario.  Él es en sí mismo una “marca”, un signo distintivo que sirve para identificar a su actividad preponderante, la de los bienes raíces, pero que se expande a otros productos, dos de los cuales lo dibujan de cuerpo entero: su libro “El Arte del Trato”; y la serie de televisión que protagoniza como él mismo, “El Aprendiz”.

 

Una rápida hojeada a la introducción de su libro nos demuestra cuál es su verdadera pasión: la de discutir y negociar, encontrando en ese proceso su meta u objetivo último y su razón de ser, que se superpone al de hacer dinero, el objetivo que perseguiría cualquier empresario como común denominador.

 

En su libro destaca su fórmula personal de negociar, la estrategia de debilitar agresivamente al contrincante, a quien aplasta cuando es débil o con quien negocia cuando se defiende, pero de quien siempre, invariablemente, debe obtener algún beneficio (tomemos nota de su ideología).

 

La agresividad en el arte de la negociación es una característica personal del empresario que llevó a la televisión en su propio programa, un “reality” en el que recluta a jóvenes deseosos de trabajar, a quienes impone retos o tareas que, de verse cumplidos con especial habilidad, puede conseguirles una vacante bien remunerada en sus empresas.  La nota distintiva del programa nunca se halló en la contratación de sus participantes, sino en la arrogancia con la que al final de cada capítulo, su protagonista advertía sus incapacidades y los corría, diciéndoles agresivamente “estás despedido”.

 

Donald Trump ha sido un empresario acostumbrado a regatear inescrupulosamente con un propósito personal incuestionable: ser famoso.  Se trata así de un “bully”, de un aprovechado, que cae ante la adulación y que persigue el engrandecimiento de su propia imagen. Sí, también un narcisita.

 

El antagonismo que él mismo construyó para estar en boca de todos, contra el Presidente Obama, de quien siempre cuestionó su origen nacional, lo colocó quizá inesperadamente en una contienda política para llegar a la Casa Blanca; un propósito que probablemente jamás soñó ganar, pero que finalmente logró.  El problema que ha encontrado en el camino se ubica en la antipatía que mucha gente le demuestra por su franca incapacidad para liderar a uno de los países más importantes del planeta. La prensa, la radio y la televisión lo reflejan todos los días.

 

Su vanidad y su descontento lo obliga así a prescindir de los medios establecidos, a los que critica y ataca abiertamente todos los días. Por esa razón ha construido en las redes sociales su propia herramienta de comunicación pública. El problema es que, en ese ejercicio, su estrategia de negociación empresarial, su modo de vida, ha sido trasladado, cruda y sin acompañamiento alguno, a la política.

 

El habitual uso de “Twitter” como vía de comunicación masiva, provoca que a través de los ciento cuarenta caracteres que la plataforma le proporciona, él incurra en equivocaciones espontáneas, que si bien antes generaban un abucheo de los internautas, hoy producen pavor e incertidumbre en el mundo entero.

 

El Presidente Trump no ha entendido todavía que la agresividad de la negociación empresarial no se puede llevar a la representación del Estado, que los motivos que orillan a un empresario a doblar las manos y aceptar las condiciones impuestas en una operación comercial, no existen tratándose de la defensa de los intereses de la humanidad y no se pueden imponer tratándose de la protección de la soberanía de cualquier Nación.

 

En su propia idea de lo que significa ser Presidente, a partir del claro entendimiento de lo que México representa para los EEUU, quizá ha contemplado la idea de doblegar al país entero para renegociar un acuerdo comercial, y quizá ha pensado también que la idea misma de construir un muro divisorio a manera de ofensa suficiente para desmoralizar a quien acuda en su representación a cualquier mesa de diálogo.  El propósito se lo ha planteado, porque en su pensamiento está convencido de que el resultado aparentemente deficitario de la balanza comercial de su país con México, obedece precisamente al propio TLC, y que el Tratado mismo acarrea simultáneamente la pérdida masiva de empleos.

 

El Presidente Trump ha abierto en una semana una multiplicidad de frentes que empiezan a demostrarle el tamaño de la encomienda que ha aceptado, y la dimensión de la responsabilidad y del asiento que ocupa.  Sin embargo, ha lidiado de tan mala forma con los puntos de su ideario, que pronto empezará a sufrir el descalabro de sus aventuras –y ello no sólo tendrá lugar a través de las mismas redes sociales que tan ávidamente procura–.

 

A pesar de que durante la contienda electoral todos los indicadores demostraban que Hillary Clinton ganaría la presidencia, hubo uno solo que siempre mantuvo a su favor el candidato republicano: el de los índices de la Bolsa de Valores.  Ya designado Presidente Electo, el comportamiento de los indicadores bursátiles comprobaron también la predilección que el capital ha venido teniendo por el propio Presidente negociador. Sin embargo, el día de ayer ese índice se revirtió. La incertidumbre que han producido los efectos de las órdenes ejecutivas en materia migratoria contra seis países musulmanes, y las protestas ciudadanas en todo el mundo que derivan de ella, hizo que el índice Dow Jones retrocediera cien puntos.  De continuar los desatinos, la calificación de los inversionistas que hasta hoy lo han acompañado podría seguir el mismo rumbo.

 

La Procuradora General, Sally Yates, quien ejerció el cargo durante diez días, instruyó a los abogados del Departamento de Justicia a no defender las órdenes ejecutivas firmadas por el Presidente Trump en materia migratoria, acción que comprueba el largo camino que esas órdenes habrán de enfrentar judicialmente y la alta probabilidad de que los Tribunales de ese país las reviertan.

 

En suma, México encuentra ante sí a un Presidente de los EEUU que no se ha formado en el ámbito de gobierno, que ha diseñado una agenda política terriblemente complicada en la que habrá de enfrentar infranqueables descalabros.  Nuestro país no tiene porqué adelantarse a los eventos que lógica y legalmente tendrán su propio, fatal desenlace. Hoy México ha encontrado en la comunidad internacional a grandes aliados.

 

Si bien es cierto que la relación que nos une con los EEUU no es absolutamente imprescindible y que bien pueden buscarse otras fronteras, nuestra vecindad y nuestra sociedad demuestran que, por mucho, es la relación internacional que más nos interesa no sólo conservar, sino ahondar.

 

Es previsible que el Presidente Trump acabe entendiendo que el arte de negociar en el mundo del comercio no es aplicable a la celebración de compromisos internacionales entre Estados soberanos.  Es la hora de ser pacientes y de aprovechar los muchos y muy intrincados recovecos de la relación bilateral, para “patear el bote” de la apertura del Tratado. Debemos de estar seguros de que llegará el momento en el que la imposición de la realidad, la vigencia del derecho y el aprendizaje de las formas que imperan en la diplomacia internacional, permitirán el diseño de nuevos y mejores escenarios.

Nuevas Fronteras y otros escenarios

Antonio Cuéllar | Martes 24 de enero, 2017

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

Primero. Las marchas organizadas para demostrar su rechazo al presidente Donald Trump en el primer día de su administración, demuestran un contundente rechazo de la ciudadanía a todas esas partes de su discurso que, a lo largo del tiempo, fueron encaminándose a derribar un valioso andamiaje que el expresidente Obama construyó durante su mandato con el objeto de defender derechos preciados por distintas minorías.

 

No deja de causar cierto asombro el contraste que arroja la posibilidad de que una política de ese tipo se impulse en un país que ha sido tremendamente crítico cuando se trata de valorar el respeto que por los derechos humanos tiene y encausa el gobierno de México.

 

Es además admirable ver cómo, en nuestro país, acciones de ese tipo podrían fácilmente truncarse con la intervención de poderes constituidos mucho más eficaces, como el Poder Judicial de la Federación a través de los juicios de Amparo o de Controversia Constitucional, que siempre tendrían como premisa el imperativo de respetar irrestrictamente, siempre de la manera más favorable posible, los mismos Derechos Humanos a los que nos referimos en la medida en la que se reconocen también por los convenios internacionales.

 

Segundo. Al entrar en vigor el TLCAN muchas empresas mexicanas debieron asociarse para subsistir, con el inesperado desenlace de haber desaparecido para permitir que consorcios estadounidenses se hicieran de la posición que hasta antes del propio acuerdo comercial aquellas ocupaban, ese fue el caso de Grupo Cifra (Aurrerá), en su asociación con Walmart y la creación de Walmart de México.

 

Muchas fuentes de trabajo en empresas dedicadas a las ramas industriales y de servicios se perdieron con la llegada de consorcios estadounidenses, porque gozaban de mucha mayor experiencia y esquemas de financiamiento inexistentes para las empresas mexicanas, acostumbradas al proteccionismo que provenía de la era de la “sustitución de las importaciones”.  Empresas del ramo textil, mobiliario, de autoservicio, dulcero, juguetero y electrónico, entre otras, simplemente dejaron de existir.

 

La argumentación que enarbola la administración estadounidense entrante, con miras a proteger las fuentes de empleo de su propio país, pareciera no provenir de la principal potencia económica mundial. Se antoja absolutamente injusta, en la medida del costo que se ha impuesto a las empresas mexicanas para ser competitivas. A pesar de que el costo del aprendizaje fuera tan alto, el éxito debe ser positivamente evaluado: la migración de la manufactura al territorio nacional no viene ocurriendo por el bajo valor de su mano de obra, sino también por su alta capacitación y especialidad. Hoy tenemos trabajadores que han sido formados para competir globalmente.

 

Tercero. El replanteamiento de la relación binacional ha ocupado un lugar primordial durante la campaña política de los EU, y el anuncio de que tan pronto como el próximo treinta y uno de enero se reunirán los Presidentes de ambos países para discutir la manera en que dicho proceso tendrá lugar, pone de relieve la importancia que dicha relación tiene no sólo para México, sino también para nuestros vecinos.

 

Con independencia del rumbo que tome la reapertura del tratado, y la intensidad con la que se discutan los temas que definan la agenda, es primordial que el Gobierno de México –y los mexicanos con respecto a su propio gobierno–, tengan siempre presente que nuestro país no es el mismo al de hace dos décadas, y que la mano de obra mexicana calificada, precisamente a partir de la entrada en vigor del propio acuerdo comercial, es tan o más valiosa que el capital y el merchandising que tan hábilmente han venido posicionando nuestros interlocutores.

 

Cuarto. La competitividad nacional se impulsó ante el mundo entero alrededor de la gran vecindad de nuestro país con el mayor mercado del planeta y el acuerdo que le permite exportar bienes libres de aranceles, siempre y cuando se asegure un porcentaje mínimo de contenido nacional.

 

Con posterioridad al TLCAN, México ha negociado una docena de acuerdos comerciales que permiten obtener un tratamiento fiscal similar con mercados igualmente importantes, como el de la Unión Europea, Japón, Israel, o Chile y Colombia, por mencionar algunos.  La mano de obra, la diversificación de la producción, y el marco jurídico para la realización de actividades empresariales en México, se han puesto a la vanguardia.

 

Ante la posibilidad de perder los beneficios de la apertura a la exportación de bienes libre de aranceles a los EU, México no debe de perder de vista que su competitividad no está ceñida a los casi 3200 kilómetros de frontera en el norte, y darse cuenta de que tiene ante sí la apremiante necesidad de impulsar el progreso en las otras fronteras que han sido olvidadas a lo largo de los años: Mazatlán y Veracruz, y todos los demás puertos nacionales en los que encontramos la capacidad para impulsar el crecimiento hacia cualquier otra latitud. En el fondo, el problema podría tener que ver con encontrar la adecuada compensación fiscal del flete.

 

Quinto. En el derecho internacional, los tratados se rigen por el principio del “pacta sunt servanda”, que significa que los acuerdos se firman para cumplirse, de buena fe.  Una modificación sustancial de la relación comercial entre México y los EU, desde un punto de vista estrictamente jurídico, debería de pasar por la terminación del propio Tratado, en los términos de sus propias disposiciones internas; sin embargo, eso no es suficiente para culminar la proposición de imponer tasas impositivas a las importaciones hasta del 35%.

 

México y los EU son también partes firmantes de GATT y de la OMC que le sobrevino, y la relación entre ellos se circunscribe a todo un cúmulo de compromisos internacionales que, de llegarse a evadir, conllevaría a una serie de consecuencias y responsabilidades internacionales que se deberán sopesar ante cualquier intento de infracción.

 

La realidad que impone la importancia de la relación comercial misma, que está por encima de sus gobiernos, obligará a que las medidas que se deban asumir no suplanten situaciones de hecho existentes que son preponderantes, ni atropellen derechos y realidades que, ante todo, son las más convenientes para todos.