Corte de Caja

Antonio Cuéllar | Martes 1 de septiembre, 2015

ALEGATOS |La columna de Antonio Cuéllar Steffan

 

 

Llega un primero de septiembre más y con él, el correspondiente corte de caja presidencial, en el que se ratifica siempre la buena marcha del gobierno y se asumen los compromisos con la ciudadanía a favor de una mejora de las condiciones de vida. En este caso, sin embargo, se trata de un informe especial, porque corresponde al que se rinde al término de la primera parte de la administración del Presidente Peña Nieto, un período en el que han habido claros y oscuros que no se pueden ocultar; y también, un informe excepcional, porque las condiciones internacionales obligan a que los compromisos que se asuman hacia el futuro se construyan con, y no sólo para la ciudadanía.

 

 

Quedaron muy atrás los días en que la presentación televisada del informe presidencial obligaba al asueto, o en los que la hegemónica figura del titular del Ejecutivo oficializaba la supeditación del resto de los poderes a una serie de rituales y simbolismos, en los que siempre quedaba entreverada la lucha interna por la preferencia presidencial, de la que dependía la designación del sucesor.

 

 

Para bien de todos, el ejercicio del poder público se divide en los tres órganos denominados Poderes de la Unión, que hoy comparten su responsabilidad con más de una decena de órganos constitucionales autónomos, que gozan de atribuciones del más alto rango y sin supeditación oficial a ninguno de los tres tradicionales y sí, en cambio, una subordinación total frente a la ley.

 

 

Si debemos hacer un recuento y un corte de caja de la primera parte del sexenio, debe aplaudirse sin regateo alguno el hecho de haber logrado, en la arena de lo político, la concreción de todo un conjunto de reformas constitucionales y legales del más hondo calado, que sí definen un camino a través del cual se puede llegar a transformar a México. Se trata de la culminación de un proceso de cambio que se logró con el acuerdo de los tres partidos mayoritarios, cuya asamblea no puede escatimarse al Presidente de la República quien, en contraste con los que le precedieron, tuvo el acierto, cuando menos mínimamente necesario, de entender que en su calidad de Jefe de Estado no podía impulsar la transformación legislativa sin el obligado respeto por la oposición, un respeto en el que se supo conservar la distancia que debe existir en lo político y que es muy distinta de la que prevalece en lo electoral.

 

 

Sin lugar a dudas, la reforma más trascendente para el país es la educativa, porque es la única, junto con la política, que puede llegar a modificar el tejido social y arar en pro de un proyecto nacional integral que favorezca la movilidad y el crecimiento personal para cada mexicano sin distingo de raza, religión o condición social. El mal que más afecta a nuestro país es la desigualdad, y ésta no puede superarse sino por la vía del conocimiento y la formación como elemento primordial para la superación individual.

 

 

 

Es de esperarse que, así como ha venido modificándose estos meses una enraizada estructura sindical para permitir la evaluación docente, el nuevo titular de la Secretaría tenga lista la agenda de los puntos que se deben impulsar para modificar, de fondo, la manera en que la educación se viene ofreciendo a favor de los jóvenes de México.  Sería de lo más destacado recibir la noticia de nuevas ideas para lograr que la educación que se imparta sea más eficiente, no sólo en dirigir la educación hacia el empleo, sino en lograr la formación como la vía más idónea para que cada niño alcance un auténtico estado de satisfacción y plenitud intelectual.

 

 

 

Se ha criticado la reforma fiscal y se ha inferido que es por ésta que el país no tiene datos de crecimiento económico más alentadores, y es verdad hasta cierto punto que la reforma fiscal ha venido a imponer una carga que podría estar menguando la eficacia de los procesos productivos; pero en la dinámica de la vida económica nacional, se prevé un ajuste a la normatividad en el ámbito de lo impositivo. Sin embargo, bien podría reconocerse que de no haber sido por la reforma tributaria y ante el drástico declive de los precios del petróleo, sin la renovada recaudación obtenida a lo largo de este año el gobierno no tendría otra opción sino la consabida receta del endeudamiento público, con sus terribles consecuencias.

 

 

 

La reforma en materia de telecomunicaciones es quizá, en lo económico, aquella que más debemos destacar, pues con independencia de la todavía no concretada incursión de un nuevo competidor en el mercado, ATT, por virtud de la compra de Iusacell y Nextel, de cualquier modo se han reducido las tarifas en el ámbito de la telefonía celular, desaparecieron los cargos por larga distancia y se ofrece ya la consolidación del servicio sin cobro de roaming en el área internacional más grande del mundo, que es Norteamérica.

 

 

 

Son lamentables los acontecimientos de Iguala, que siguen sin resolverse y en investigación, como también las violaciones de derechos humanos en el Estado de México. Debe reprobarse, quizá, la temerosa y tardía respuesta y estrategia que en su momento ofreció el Gobierno, en donde no se entendió la magnitud del problema. La mejor manera de remediarlo, sin embargo, debe de ser ofreciendo un resultado amplio y total de las investigaciones y, además, la presentación de una política de prevención que permita impedir, en la más amplia medida de lo posible, que acontecimientos del mismo tipo pueden llegar a repetirse. El fortalecimiento constitucional de la CNDH y la posibilidad permanente de que se firmen acuerdos interinstitucionales que oficialicen su intervención en los operativos de seguridad que deben ejecutarse, sería un primer paso que podría concretarse.

 

 

 

En la segunda parte del sexenio resulta inaplazable lograr la materialización de los efectos que propone el nuevo marco jurídico nacional, sobre todo en aquellas actividades que mayor inversión y crecimiento económico podrían detonar. La inversión y aportación de capital, sin embargo, están condicionados a la construcción de un nuevo acuerdo nacional, en los que intervenga el Estado y los dueños de los campos de producción del país, porque la posición crítica en contra del gobierno y los partidos en el poder, por quienes han visto afectados sus privilegios con motivo de las reformas, no podrá ser un medio para concretar una contrarreforma y sí, en cambio, un obstáculo para lograr la construcción de un país menos desigual en el que todos, incluidos ellos, puedan alcanzar un mayor bienestar.

 

 

Legalidad sin contemplaciones

Antonio Cuéllar | Martes 25 de agosto, 2015

ALEGATOS |La columna de Antonio Cuéllar Steffan

 

 

La estrepitosa caída en las Bolsas de valores del mundo y el desenlace que anticipa, son una gota más en un vaso que se llena cada día, y en el que se comprueba desalentadoramente que el modelo económico que mueve al mundo es insostenible en el mediano plazo. La mano invisible que mueve al capital no tiene mayor miramiento que las ganancias especulativas, sin piedad alguna por los miles de seres humanos que se ahogan en el mediterráneo o los millones que igualmente fallecen de hambre o de sed a lo largo del orbe.

 

 

Sin tener oposición o crítica alguna contra cualquier régimen de libertad de mercado o el de la más absoluta libertad de las personas, no podemos dejar de dimensionar la gravedad de la visión cuando no se toman riendas por el camino del buen gobierno para mediar a favor de suprimir las injusticias que se gestan en un régimen de libertad sustentado en profundas desigualdades. Es el caso que se cierne sobre la sociedad mexicana, un país en el que existiendo diferencias nacionales desde su origen, éstas han devenido en un padecimiento crónico que amenaza con desintegrarla en forma desafortunada.

 

 

Países como España han incorporado en su régimen constitucional el principio de la solidaridad interterritorial como un modelo de vida, básicamente sustentado en la obligación del Estado de fungir como un administrador dedicado que vele por el equilibrio económico, adecuado y justo, entre cada una de las partes que conforman su territorio.

 

 

En nuestro régimen constitucional y en el caudal de más de un par de centenares de leyes que conforman el régimen jurídico federal, exclusivamente, no se hace alusión al principio de solidaridad entre los mexicanos. Existe desde luego la idea de la justa repartición de los fondos recaudados amén de un federalismo funcional, pero la solidaridad como modelo de empatía social que permitiera atender a las causas más apremiantes que interesan al país, sea que se tratara de pobreza extrema, como también de productividad urgente y respeto irrestricto por el derecho de propiedad, no existe.

 

 

El Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales, ha entendido la importancia de reconocer la responsabilidad que tiene el Gobierno Federal de impulsar el crecimiento económico urgente de algunas entidades del país con relación a otras, y en ese sentido ha originado ya la asunción de políticas de desarrollo económico y gasto presupuestal asimétricas para el sur del país con relación al resto de los Estado que conforman la República Mexicana. Esa visión debe de documentarse constitucionalmente, para que la política emprendida en este sexenio no se pierda y sí, en cambio, se asuma como un referente obligatorio. Ya se presentó esa misma propuesta en el ámbito de lo laboral, al inicio de la legislatura que está por terminar.

 

 

El mismo titular del Ejecutivo, como también el Presidente del CEE, han reconocido la importancia de atender de una vez por todas el problema de la desigualdad y generar las condiciones que permitan el desarrollo económico que persiguieron los acuerdos alcanzados en el Pacto por México. Ambos se han referido, equiparablemente, a echar andar las reformas, a acabar con la corrupción y a impulsar el Estado de Derecho.

 

 

Un análisis superficial en torno del gran cúmulo de países que conforman la comunidad internacional, nos puede llevar a reconocer, inequívocamente, que la gran diferencia entre aquellos desarrollados y los subdesarrollados, o inclusive en vías de desarrollo, tiene que ver con el cumplimiento de la ley y los compromisos asumidos dentro del marco que ésta conforma. Cuando hablamos de la mano invisible que mueve el capital, podemos bien afirmar que el único motor que la inclina en uno u otro sentido se llama “confianza”, y ésta se desarrolla en función del cumplimiento de lo pactado y, en ese sentido, de las normas que protegen tal principio.

 

 

Es más que atinado el diagnóstico de nuestros gobernantes y la cúpula empresarial que lo acompaña en torno de la observancia de la ley, es sin embargo anticuado y vacío, porque la problemática que atraviesa el país sobre este respecto no es de este sexenio, ni de los cinco últimos, es medular y viene desde sus orígenes; y el problema no tiene que ver con la identificación de la enfermedad, sino con la cura.

 

 

Ya en diciembre se habló del decálogo de la seguridad y el subcapítulo de la “justicia ordinaria”. Ya sabemos que se debe de impulsar el Estado de Derecho, ahora falta el nuevo decálogo oficial que nos permita saber cómo habrá de conseguirse.

 

 

México no es un país esencialmente corrupto, pero si es uno en el que prevalece la impunidad. Hablar del cumplimiento de la legalidad entraña el impulso de acciones que deben adoptarse desde distintas trincheras a la vez. La observancia de la ley, como cultura y como idiosincrasia, se enseña en el hogar, se refuerza en las aulas escolares y se hace cumplir en la calle, siempre comenzando por los ejemplos más insignificantes y pequeños, y normalmente, estos tienen que ver con el ámbito de la justicia local. Implementar un régimen de tolerancia cero y definir los límites dentro de los cuales se validará el ejercicio pleno de la fuerza pública, se antojan elementos indispensables de la política que habrán de impulsar los nuevos legisladores.

 

 

Un problema persistente tiene que ver con la inobservancia de la ley en sus aspectos más elementales, el incumplimiento de las obligaciones contractualmente aceptadas, la incapacidad de los jueces para pronunciar sus fallos con prontitud y hacerlos cumplir a cabalidad, y la intervención de la administración para condonar el incumplimiento de la ley o para canalizar las vías para su inobservancia. ¿Cuándo se acabarán los programas que permiten la exención de sanciones a los contribuyentes o deudores incumplidos, y se impulsarán descuentos y compensaciones a favor de quienes sí cumplen la ley?

 

 

Es muy oportuno el recordatorio del diagnóstico que hemos venido escuchando a lo largo de toda nuestra existencia; esta vez, sin embargo, sería conveniente que escucháramos, de los Poderes unidos, cuál será el decálogo de acciones concretas que habrán de impulsarse para educar a la gente y para lograr que, comenzando por los jueces, la ley se cumpla sin contemplaciones.

 

 

Los andares del hiperrealismo

Antonio Cuéllar | Martes 18 de agosto, 2015

ALEGATOS | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

 
 
Hiperrealismo es el nombre que se le ha otorgado a la corriente artística en la cual el pintor o el fotógrafo incorpora elementos mejorados a la composición que, siempre basada en una imagen u objeto real, dan lugar a una nueva, resaltada, superada o enaltecida, que desde cualquier perspectiva que se desee apreciar, acaba siendo distorsionada, para el agrado o repudio de quien la aprecie.
 
 
México tiene una juventud cada día más preparada, más crítica y, sobre todo, más decidida a no tolerar atropellos de su clase gobernante; a no atravesar episodios de la historia como los que vivieron sus padres, capítulos que van desde el uso de toletes y tanquetas, como en el 68; el desfalco de las arcas públicas, como en el 82; o hasta los errores de diciembre, como en el 95.
 
 
Las nuevas generaciones son puntuales seguidores de todas las corrientes de pensamiento que desde las muy diversas trincheras existentes, se alzan con el objeto de exigir una puntual y rigurosa rendición de cuentas, una explicación de las decisiones que democráticamente adoptadas, deban llevarnos por la más pulcra y adecuada conducción de los aspectos que atañen a la Nación, en el camino del crecimiento y la estabilidad social.
 
 
En el conocimiento de aquello que sucede y cuáles son las decisiones que se deben adoptar, en el entendimiento más exacto de la política, la cosa pública, la construcción de las ideas debe partir de la observación y apreciación más sólida de la realidad existente y el reconocimiento del objetivo más pluralmente aceptado que se debe perseguir. Nada más peligroso existe que una agrupación social decidida a ejecutar una idea erróneamente concebida, condiciones que parten de la percepción equivocada de los hechos y de la manipulación de las ideas: un caso particular que nos viene a la mente es el sangriento asesinato de los agentes policiales desplegados en Tláhuac para investigar la existencia de movimientos armados, el 24 de noviembre de 2004, en donde vecinos manipulados por criminales los lincharon por suponer que se trataba de secuestradores.
 
 
El mecanismo tradicional que la gente tuvo a su disposición para enterarse de la realidad cotidiana, además de la prensa escrita, fue la radio y la televisión. En buena medida, las cadenas noticiosas siguen siendo los vehículos más apreciados por las generaciones adultas para conocer los eventos noticiosos y saber el estado de la política y la administración.
 
 
Para las generaciones más jóvenes, sin embargo, la tecnología ha abierto plataformas de acceso a la información que superan a las unidireccionales y les permiten una interacción que dinamiza su pensamiento social: el Internet y las distintas redes sociales que a través de él se distribuyen.
 
 
Sin dejar de ser abiertos, receptivos y empáticos con relación al cúmulo amplísimo de atributos que las nuevas tecnologías de la información ponen a disposición de la gente, no podemos dejar de ser cautelosos y críticos con relación a ciertos peligros que la incomprensión de la información y sus fuentes, pueden llegar a significar en lo que viene a ser, para efectos de nuestra opinión, un hiperrealismo social originado en la red.
 
 
A lo largo de los meses han circulado opiniones, referencias y “memes” relacionados al Presidente de la República, que subrayan desatinos de su parte con el propósito de enaltecer algún error en el discurso público, algún defecto personal o algún episodio negativo en su relación familiar. El fenómeno ha causado un dañado significativo, -no se si al licenciado Enrique Peña Nieto-, pero sí, sin duda, a la institución presidencial misma. Difícilmente podrá existir algún titular del Ejecutivo que satisfaga las expectativas de la población absoluta del país, que tenga la posibilidad de quedar exento de las críticas que hoy circulan por el internet. Ese fenómeno no producirá una sociedad permanentemente inconforme con su gobierno -pues quizá esa es una de las condiciones de la democracia-, sino un nuevo fenómeno, el de su manifestación perpetua y la generación de una percepción eternamente negativa del país.
 
 
El método puede ser devastador si la manipulación de la información y su distribución masiva se lleva por senderos que, buscando hacer daño a un personaje de la política, se desvían y llevan a caer en el error a la población, respecto del entendimiento de la economía o del derecho.
 
 
La semana pasada se destacó negativamente el comentario hecho por el Presidente, en el sentido de que la subvaluación de la moneda frente al dólar tenía algunas ventajas (porque favorece la actividad de los exportadores). Es el segundo sobre el tema, después de aquél otro en el que se refirió a ciclos económicos mucho más negativos por los que atraviesan países lejanos comparables al nuestro.
 
 
Las redes facilitan el intercambio de puntos de vista, pero también consolidan una percepción de la realidad nacional en el sentido en que la sociedad misma desee concebirla. La negatividad que recorre las redes genera una desconfianza entre el público, que incluso se refleja en el exterior.
 
 
Con independencia de la gravosa presencia de un súper dólar, que puede inclusive ser peor ante el crecimiento de las tasas de interés -una circunstancia internacional inevitable-, debemos considerar además que una de las causas de la depreciación del peso obedece a una salida extraordinaria de capital de los ahorradores, individuos y pequeñas corporaciones que buscan un refugio seguro para su dinero.
 
 
No es que el gobierno quede exento de cumplir su parte y todos los pendientes que le faltan, pero debemos de reconocer que, a través de las redes sociales y el ejercicio del derecho a la información, se ha provocado una distorsión de la realidad que trasciende a la percepción del país y la sociedad en la que vivimos; se ha formado un fenómeno de hiperrealismo de la información que nos lleva a caer en un ciclo de negatividad ajena a la verdad: los elogios de la conducción de país en el extranjero no son inventados y las cifras publicadas por el CENEVAL tampoco.
 
 
Sin mengua del éxito de las nuevas plataformas de la información, debemos ser conscientes de que la interacción en la red puede ser desalentadora, si no se utilizan todas las herramientas existentes para averiguar la verdad más cercana a los hechos que se quieran conocer. Es válido y necesario que la información fluya, pero es pertinente, también, que sepamos entender, clasificar y filtrar esa información, para que los colores de la obra artística que deseamos percibir no reflejen una tonalidad que se aparte de la realidad, escenarios mucho más oscuros a la verdad. Hablamos de un nuevo acuerdo social.

 
 

La visión holística de la gordura

Antonio Cuéllar | Martes 11 de agosto, 2015

ALEGATOS | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

La reveladora estadística de la gordura que el día de ayer compartió Mikel Arriola, titular de la COFEPRIS, demuestra un problema endémico que tiene una grave trascendencia nacional, el más significativo de todos es el de la inestabilidad psicológica y emocional de los millones de personas que la padecen, y por la que son, además de personas enfermas de diabetes u otros males, seres humanos potencialmente inconformes.

 
 

No puede pasar desapercibido el hecho de que cualquier cantidad de dinero que se destine a atender pacientes afectados por enfermedades derivadas de la obesidad, será siempre insuficiente si no se atiende a las causas del padecimiento, esencialmente dos: desbalance alimenticio o ingesta de alimentos altamente calóricos, y sedentarismo.

 
 
Un ingrediente de altísimo consumo en todas las mesas mexicanas, causante del trastorno que lleva a la acumulación de grasa en el cuerpo, es el azúcar. Sin embargo, el edulcorante provoca, además de tal padecimiento visible, una multiplicidad de trastornos crónico degenerativos cuya atención tiene estrangulados a los hospitales.

 
 

El azúcar inhibe el sistema inmunológico, destruye el equilibrio de los minerales del cuerpo, aumenta el colesterol, afecta la visión, acaba con la dentadura, es causa de varices y hemorroides, contribuye claramente a la osteoporosis, puede provocar esclerosis múltiple, aumenta la presión arterial, afecta la piel, aumenta el tamaño del hígado y puede incrementar su carácter graso, incrementa la retención de fluidos, puede causa depresión y, lo más grave, afecta al páncreas y es causa directa de la diabetes, entre otros efectos igualmente relevantes.

 
 

Este periódico publicó ayer el informe de la FAO en el que se precisa el incremento en el consumo humano de azúcar, per capita, a nivel mundial, de 24.3, de 24.8 y hoy de 25.1 kilos al año, en los ciclos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014 respectivamente.

 
 

En el consumo diario de azúcar México ocupa un tercer lugar, después de Rusia y Brasil, con 104 gramos de azúcar diarios, equivalente a dos refrescos y medio. El consumo en otros países gira alrededor de los 60 gramos al día, que debería reducirse a unos 40 gramos, según recomendaciones de la OMS.
 
 

Como parte de la reforma fiscal se incorporó un impuesto especial a las bebidas azucaradas, que tenía un propósito, más que tributario y de recaudación fiscal, de salud pública, pues se pretendía disminuir el consumo del refinado.

 
 

Desafortunadamente, el problema del azúcar no se puede analizar desde la perspectiva única del consumidor y los problemas de salud que se ocasionan. La producción de la caña de azúcar constituye una actividad agrícola esencial para la supervivencia de miles de mexicanos del campo en la zona oriente y sur del país, sobre todo. En el Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar se reconoce que 440 mil mexicanos están directamente empleados en ella, y 2.2 millones más se benefician de ella en forma indirecta.

 
 
Cualquier política que persiguiera combatir el problema de la obesidad en México y el alto costo de la atención médica de los servicios de salud que se vinculan con ésta, mediante el combate contra una de sus causas, el alta ingesta de azúcar, automáticamente impactaría en la vida de más de dos millones de mexicanos que dependen de la actividad agroindustrial en torno de la caña de azúcar. No atacar su consumo implicaría conservar el status quo, o sea, millones de enfermos y una sobreproducción de caña.

 
 

La Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, ordenamiento vigente con un alto sentido de responsabilidad social, contiene mecanismos rigurosos para el pago de la producción de caña a favor de los trabajadores del campo, que imponen una serie de condiciones económicas muchas veces extraordinariamente desventajosas para los ingenios, en mérito también de la alta producción internacional y de la pluralidad de edulcorantes contra los que compiten.

 
 
Una política integral de atención a la obesidad que viera por el combate contra sus orígenes, deberá pasar por la reducción a la producción, comercialización y el consumo de azúcar. Sin embargo, no podrá ser una política sustentable en la medida en que se afecte el medio de vida de los trabajadores del campo cañero que dependen de ella.

 
 

Así las cosas, puede decirse que la salud de los mexicanos y la sustentabilidad del campo, se halla en la remota posibilidad de que se impulse de manera equilibrada una nueva actividad agrícola destinada al cultivo de productos nutritivos, hoy incosteables, que sólo podría tener lugar en la medida en que la economía dirigida a curar enfermos de diabetes y padecimientos derivados de la obesidad, se dirija a subsidiar a los productores y empresarios agrícolas de frutos distintos a la caña de azúcar.

 
 

Nadie podría objetar que un México mejor, un país más sano y más feliz, sería uno menos obeso, cuyo campo fuera inteligentemente aprovechado, para el cultivo de productos que alimenten correctamente a su población.

 
 

@Cuellar_Steffan

La equivocada idea de la imperiosa licenciatura

Antonio Cuéllar | Martes 28 de julio, 2015

ALEGATOS | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

El desasosiego que provoca la desigualdad se agrava cuando ésta encuentra su origen en la falta de oportunidades, la falta de empleo. Es quizá la desocupación uno de los más grandes temores que atraviesa el hombre contemporáneo. El derecho al trabajo y su materialización constituye, por consiguiente, un elemento primordial para la estabilidad mental, física y espiritual del individuo y, por sus cualidades de hombre social, de la comunidad a la que pertenece.

 

 

Sin embargo, el ejercicio del empleo no se puede ver como una prerrogativa aislada que tutelan los ordenamientos jurídicos superiores, éste queda supeditado al cumplimiento y observancia primaria de otros derechos determinantes, como el derecho a la educación y a la capacitación para el trabajo. La tranquilidad del individuo sí radica, desde sus primeros años, en la tutela efectiva y validez del derecho a la educación.

 

 

Vivimos complejas circunstancias históricas en las que, existiendo la necesidad de emplear a la gente y, por ende, de capacitarla, algunos de quienes tienen la tarea primordial de hacerlo se oponen a ser evaluados y, por consiguiente, a cumplir con los mismos principios que aplican a sus propios educados. Ante la contundente necesidad de mejorar la calidad educativa de los mexicanos, un grupo rijoso de opositores superponen intereses personales que demuestran el nido de corrupción en el que se sustenta una lucha inmoral que arrebata a los niños del sur de la República el derecho primario del que depende su futuro.

 

 

El punto que quisiéramos destacar, sin embargo, no tiene que ver con la desviación de los caminos del grupo de maestros que se manifiestan contra la reforma educativa, sino más bien con el equivocado rumbo que sigue la educación nacional en todos los sectores, en la que se privilegia la estandarización de la información impartida, y se soslaya el obligado desarrollo avanzado de las potencialidades individuales al que la educación de calidad debería estar apuntada.

 

 

Esta semana tuvo lugar una marcha más de estudiantes no aceptados para cursar la educación superior, la educación universitaria. Podemos entender el sufrimiento que provoca, en agravio de una generación muy vasta de jóvenes desocupados, la incertidumbre que les produce desconocer su suerte y su destino, ahora que no tienen cabida en un aula escolar y, al mismo tiempo, no hay campo en los lugares de trabajo para recibirlos, amén de su falta de educación o su inexperiencia.

 

 

No cuestionamos en forma alguna su derecho a una educación de calidad, sí en cambio, la equivocada idea de que todo mexicano debe atravesar las aulas para convertirse, forzosa, irremediable e irracionalmente, en un licenciado.

 

 

El sistema educativo debería orientarse a la clasificación y desarrollo de las capacidades individuales, siempre alrededor de perspectivas de ocupación que se alimentaran en un gran acuerdo nacional con los empleadores. La educación puede válidamente abarcar, además de la preparación profesional o en lugar de ella, la realización de prácticas que permitan al educado el perfeccionamiento de una técnica o un oficio, en sintonía con las necesidades del mercado.

 

 

Si bien no hablamos de un ejercicio simétrico ni matemático de producción de trabajadores, que mermara el libre desarrollo de su personalidad, sí cuando menos nos referimos a la implementación de políticas públicas que encaminaran las actividades de preparación de la juventud en el rumbo de lograr y cumplir el anhelado derecho de toda persona a la ocupación y al trabajo.

 

 

Siguen y continuarán los movimientos de estudiantes no aceptados, por la equivocada creencia que el sistema ha propiciado, de que un grado de licenciatura conlleva al éxito en la búsqueda del empleo.

 

 

En los días en los que el desempeño económico puede producir incertidumbre, resulta imperante la observancia de directrices eficaces en el ejercicio de la función pública, que produzcan un cambio ágil y efectivo de paradigmas en pro de la educación técnica de calidad, por oposición a la educación profesional terriblemente devaluada, y para provocar esa conexión entre los factores de la producción que hicieran de nuestro país una zona más competitiva.

Los primeros pasos de la nueva industria petrolera

Antonio Cuéllar | Martes 14 de julio, 2015

ALEGATOS | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

Una de las características más relevantes de la idiosincrasia mexicana tiene que ver con el enorme celo que pervive entre toda su gente, sobre la soberanía territorial y la muy compleja relación histórica que nos ha unido con los Estados Unidos de América. La enseñanza primaria incorpora el doloroso entendimiento de los alcances que tuvo el Tratado Guadalupe Hidalgo firmado por López de Santa Anna, que nos llevaron a perder los territorios de Texas, California, Arizona, Colorado y Nuevo México en 1848.

 

 

Es en ese contexto que se comprende la gran relevancia que tuvo la expropiación y la nacionalización de la industria petrolera en 1938 por el Presidente Lázaro Cárdenas, no sólo desde una perspectiva netamente económica, sino como un vehículo de reforzamiento de nuestra identidad, de nuestra soberanía y del poder pleno que la Nación mexicana ejerce sobre su territorio y sus recursos.

 

 
Pemex así, fue concebido y se desarrolló como un brazo del Estado que ha contribuido inigualablemente a definir qué somos como país, mediante la aportación de recursos que se han distribuido e invertido para construir y poner en marcha las grandes obras e instituciones que han servido para formar el extraordinario país que hoy somos.
 

 
No puede dejarse de ver, sin embargo, que el desenvolvimiento de la industria más importante de México cayó en inercias que entorpecieron su desarrollo eficiente y que mermaron su sustentabilidad financiera, condiciones que, además, colisionaron con circunstancias históricas que exigen una dirección inteligente y eficaz de la administración de las finanzas públicas, para dar respuesta a reclamos sociales que son propios de una sociedad mexicana que cuantitativamente explotó durante los últimos cuarenta años.
 

 
Esos antecedentes nos permiten entender la importancia que tiene la revaloración de la industria petrolera nacional y la inaplazable necesidad de redireccionar las actividades de Pemex, para hacer de dicha empresa una actividad verdaderamente productiva del Estado y lograr a través de la justa explotación de nuestros recursos una labor que beneficie a una cierta mayoría de mexicanos, siempre a través de la maximización de ganancias y su correcta distribución para la construcción de obras y servicios que le sirvan a todos, y siempre primero a los que más lo necesitan.
 

 
En la víspera de la primera licitación a través de la cual los particulares participarán en la realización de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos que a lo largo de los últimos setenta años han correspondido a un organismo del Estado en forma exclusiva, no deja de llamar la atención la irracional suspicacia que provoca la concurrencia de más de una veintena de sociedades mercantiles, mexicanas y extranjeras, todas del sector privado. No serán pocos los que vean en ello una traición a nuestra historia y a la soberanía nacional.
 

 
Con la enorme carga de sensibilidad y pasión que el debate sobre este tema puede traer aparejado, no podemos sino expresar un punto de vista que es concurrente con el sentido de la votación que ha permitido la materialización de la transformación que estamos viviendo. La soberanía nacional sólo puede entenderse en la medida en que todos los mexicanos tengamos los satisfactores mínimos que nos permitan vivir con dignidad, y en ese propósito, la explotación de nuestros recursos debe ser la más eficiente posible para producir un máximo rendimiento que se aplique a la construcción de infraestructura que beneficie a todas las generaciones que vengan.
 

 
La reforma constitucional en el ramo energético y las leyes secundarias que la concretan, se ocupa de mirar porque la competencia efectiva en el mercado de los hidrocarburos produzca el mayor nivel de productividad y ganancias posibles para el país, y se fija en la creación de un fondo que administrará el Banco de México, que asegurará el destino más justo que los recursos del petróleo puedan tener para combatir la desigualdad entre compatriotas.
 

 
No podemos dejar de ver, en la reforma petrolera, un espíritu y una intención que supera con creces los desatinos de administraciones pasadas, en las que habiéndose beneficiado de una era de bonanza petrolera, con precios exorbitantes y extraordinarios del crudo en los mercados internacionales, las ganancias se destinaron a la compra y subvención de las gasolinas y al engrosamiento de la nómina gubernamental. Una industria muy soberana, que no hizo sino beneficiar inequitativamente a unos cuantos.

 

 

De desigualdad y otros sinsabores

Antonio Cuéllar | Martes 7 de julio, 2015

ALEGATOS | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

Del cúmulo de resoluciones últimas que han sido pronunciadas por la SCJN, y del entendimiento del contenido discursivo más reiterado que se pronuncia en las tribunas del legislativo, nos debe quedar muy claro el mensaje: vivimos en una época en la que habrá de combatirse la desigualdad en todas sus vertientes.
 

 

La decisión de declarar la inconstitucionalidad del andamiaje normativo que impide a los propietarios de vehículos antiguos obtener la calcomanía que los habilita para circular todos los días, es un reflejo de los tiempos que vivimos y de la justicia más elemental, en función de la objetividad con la que se debe impulsar una política pública en materia ecológica.
 

 

No existe de hecho ninguna justificación técnica para imponer la restricción a los propietarios de automotores con antigüedad mayor a ocho años para circular todos los días, que se pueda sustentar en la vida misma del aparato, porque no hay una correlación directa entre la época en la que fue fabricado y las emisiones contaminantes que produce cada coche.
 

 

Es por eso que resulta muy fácil entender que el tratamiento normativo que discrimina a los propietarios de vehículos automotores por la edad del bien, es abiertamente inequitativo y, consecuentemente, inconstitucional, por otorgar un trato desigual a personas iguales, cuando se llegue a demostrar que los aparatos sujetos a inspección emitan exactamente el mismo número de partículas de plomo por millar que los vehículos nuevos.
 

 

Es así que debemos de congratularnos por contar con un sistema de justicia que funciona y un conjunto de notables del derecho que entienden, en las corrientes más modernas y progresistas del pensamiento jurídico, cuál es el papel tutelar que le compete a un tribunal supremo de justicia.
 

 

Pero el punto no se queda ahí, la verdad de las cosas es que también es meritorio destacar la atinada decisión adoptada por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, que no obstante haber visto constitucionalmente truncada una decisión de gobierno apoyada en un criterio equivocado de sus abogados, con frialdad y justicia ha girado las instrucciones para modificar la normatividad vigente y redefinir los extremos de la prohibición en torno de aquello que desde el inicio se pretendió regular: la emisión de contaminantes. Así, se permitirá que mucha gente goce, equitativamente, del mismo derecho para usar sus vehículos a lo largo de la semana de acuerdo con los contaminantes que cada uno emita, pero siempre alejados de la antigüedad del vehículo, sin la oprobiosa necesidad de promover un juicio de amparo.
 

 

Sin embargo, no podemos dejar de ver que si bien es cierto que la medida resulta justa de una manera, dejará intocado un problema que seguirá aquejando a la ciudadanía y perjudicando, de un modo u otro, al interés social: el carcachismo.
 

 

En países avanzados como Japón, se imponen obligaciones fiscales a cargo de los propietarios de vehículos viejos en mayor proporción a los de último modelo; sí, impuestos a su cargo por el hecho de tener un coche con un determinado número de años en circulación en contraposición a las personas más ricas que manejan vehículos nuevos. ¿Injusticia?
 

 

La renovación del parque vehícular tiene un lógico sentido que va, desde la generación de una actividad económica que dinamiza el crecimiento generalizado inmediato y directo, o indirecto, de sectores que conviven con la industria automotriz; pasa por la aceptación del avance tecnológico y el mejoramiento de la maquinaria con respecto a la emisión de menores partículas de carbono y otros contaminantes; persigue la desincentivación de la venta de autopartes y con ello mercados ilegales; busca el reciclaje y el mejoramiento de esta industria novedosa y esencial para la sustentabilidad del planeta; y por último, aunque nos parezca chocante, busca el mejoramiento de la imagen urbana y su sentido social, porque un vehículo viejo y descuidado, siempre quedará en una posición desventajosa con relación a uno nuevo por cuanto a la concepción y desarrollo de urbes modernas y de vanguardia, con toda la implicación económica, turística y social que ello lleva implícito.
 

 

Hoy hemos ganado en términos de igualdad; pero ¿acaso habremos perdido algo? ¿Cómo habrá de resolverse el problema del carcachismo? ¿Habrá quienes se atrevan a decir que no existe o que no es un problema, y que, al final del día, no había esa intención subyacente en la política impulsada por el Gobierno de la capital? ¿Es acaso necesario que lo digamos o deberemos de conservar siempre un prudente silencio cuando se trate de identificar un problema que afecta a una clase social por encima de otra, si dentro de la integralidad de un programa se trata de resolver de una mejor manera para todos y eso pudiera tener una apariencia de injusticia, aunque mal comprendida?
 

 

El problema de la movilidad se debe de atajar de distintas maneras y una de ella será invirtiendo en la creación de vías adecuadas para el transporte no motorizado, o en la adquisición y puesta en marcha de transporte público de verdadera calidad. Pero en el terreno del transporte privado también deberá de hacerse algo.
 

 

El reto no es exclusivamente económico, no es técnico ni ambiental. Un desafío adicional se halla en el ámbito de lo jurídico constitucional, porque en la medida en la que no se sepa motivar y explicar una política pública o un ordenamiento legal, por cuanto a cualquier causa justa que persiga, difícilmente llegará a haber un criterio judicial que lo soporte, porque este se inclinará siempre a proteger de la manera más benevolente los derechos de quien, en la balanza y aunque sea tan solo de manera aparente, sea el más desfavorecido. Justicia al fin y al cabo.

Anacronismo constitucional

Antonio Cuéllar | Martes 16 de junio, 2015

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

 

Encabezados por su longeva monarca, el día de ayer la Gran Bretaña conmemoró los ochocientos años de existencia de la Carta Magna. Sin duda alguna, el festejo fue mucho más que justo. Al margen de que constituye uno de los más primitivos puntos de partida del constitucionalismo moderno, se trata también, y sobre todas las cosas, de uno de los documentos más importantes en la historia de la humanidad.

 

Cuando Juan I de Inglaterra, mejor conocido como Juan sin Tierra, sancionó la Carta Magna el 15 de junio de 1215 bajo fuertes presiones de los señores feudales, el poder casi absoluto del monarca fue delimitado de manera trascendental, pues a través de ella se reconocieron a favor del pueblo ciertos derechos y libertades que hoy en día, y desde luego con el desarrollo propio de los siglos, identificamos bajo el muy familiar calificativo de derechos humanos.

 

Entre otras cosas, se estableció que el Rey estaba sujeto a la ley, al igual que sus súbditos; el control parlamentario sobre las contribuciones establecidas a cargo del pueblo; el derecho a la propiedad privada de los ciudadanos; la prohibición de aplicar la ley marcial en épocas de paz; la autonomía de la Iglesia frente al Estado; y una serie de garantías legales y de igualdad ante la ley a partir de las cuales se redefinió la relación entre el Gobierno y sus subditos.

 

A pesar de sus múltiples y evidentes atributos no podemos soslayar las marcadas limitantes que el documento contiene. Si ubicamos el contexto histórico en que fue emitido, esto es, en plena Edad Media, cuando todavía habrían de transcurrir varios siglos para que el concepto de la dignidad humana fuera aterrizado, podemos comprender cómo es que el régimen de libertades establecido sólo era aplicable a los ciudadanos libres. Su trascendencia práctica, tangible hasta nuestros días, se cifró realmente en haberse constituido como la base sobre la cual se edificaron los muy eficientes sistemas constitucionales que rigen al Reino Unido y a los Estados Unidos de Norte América.

 

En su desarrollo histórico ambas naciones han sido sumamente exitosas. Factores que llevaron a ello hay muchos, sin embargo, nadie podría escatimar respecto del valor que para lograr ese éxito tuvieron la claridad y el pragmatismo de su orden constitucional, heredero directo de la Carta Magna, fuente primaria de la cual emanaron todas sus leyes y organización política.

 

Es en el contexto de los festejos de esa Carta Magna, que se nos presenta la oportunidad para pensar y reflexionar sobre si nuestra Constitución, vigente desde 1917, ha sido un componente que ha influido o trascendido alrededor de nuestro crónico subdesarrollo.

 

La respuesta no es fácil. La Constitución que se otorgó el pueblo mexicano al concluir la etapa armada de la Revolución Mexicana fue innovadora; fue la primera en contener un claro sentido social y, como todo texto constitucional, trazó las aspiraciones nacionales y estableció los mecanismos para hacerlos realidad. Nadie podrá negar que muchos de ellos no se han materializado.

 

Sin embargo, a diferencia de la Carta de Derechos de los Estados Unidos de Norte América, nuestra Constitución ha sido permanentemente manipulada, algunos de sus artículos han sido reformados en múltiples ocasiones, y su redacción es en algunos casos farragosa y confusa. Como puede apreciarse en algunos de sus artículos, la pretensión del Constituyente de ser exhaustivo ha resultado contraproducente y, en esa medida, su texto no es práctico, ni claro y, por ende, dificulta la comprensión de los principios que persigue y traba las acciones tendentes a alcanzarlos.

 

Se ha hecho de nuestra Constitución un código de acuerdos políticos que, en mérito de la rigidez del sistema para reformar a la propia Constitución y la improcedencia del control judicial en su propia contra, se erige como una pieza monumental de elaborado relieve, en la que se muestra la complejidad más palmaria de los momentos históricos que atraviesa nuestra Nación en la búsqueda de un sistema democrático funcional.

 

Válido y necesario sería que se meditara sobre la conveniencia de concentrar en el texto de la Ley Suprema al conjunto de decisiones políticas fundamentales con base en las cuales se erige el Estado Mexicano; distinguir la preeminencia que tienen las normas reglamentarias inherentes a dicho orden constitucional con relación al resto de las normas que expide el legislativo en su función ordinaria; redimensionar el papel del judicial en su función de órgano de control de cara al Legislativo; y darle mayor fortaleza a las normas administrativas que han de implementarse para  hacer cumplir a todas las anteriores.

 

Si se distinguiera la trascendente función reglamentaria de la Constitución respecto de la función legitlativa ordinaria, y se previeran mecanismos de inflexibilidad ad hoc para la modificación de las normas reglamentarias del texto constitucional con respecto al resto del cúmulo de leyes ordinarias, podríamos perfectamente bien conservar un orden normativo constitucional más esbelto, claro y fuerte, un orden que sería referente y sobre el cual organizaríamos festejos tras centenares de años.

El resultado, entre líneas

Antonio Cuéllar | Martes 9 de junio, 2015

ALEGATOS | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

La intensidad de las campañas y la gravedad de los eventos ocurridos a lo largo de los últimos meses pusieron a prueba la fortaleza y funcionalidad de nuestras instituciones, tanto en materia electoral, como en el ámbito de la seguridad pública.

 

 

Las amenazas desplegadas en los Estados del sur de la República, de que no se permitiría la realización de los comicios, no obstante la importancia que estos revisten para la consolidación y vigencia de nuestro sistema democrático nacional, nunca cesaron y siempre fueron de enorme consideración. Ningún escenario más indeseable podía preverse que aquel que se dibujó como posible hasta la víspera de la elección misma: la confrontación directa entre profesores de la Sección 22 y otros inconformes, y las fuerzas federales.
 

 

Sin despreciar en modo alguno un cúmulo importante de causas sociales que pintan de cuerpo entero la desigualdad que se vive en México y que cualquiera que sea el partido gobernante, se deben atender, bien podríamos decir, sin embargo, que el movimiento magisterial acabó por no ser representativo de ellas, siempre mucho más grandes que aquellos que se pretendieron erigir como sus interlocutores.
 

 

En el escenario nacional y de frente al gran universo de las casillas instaladas, los incidentes ocurridos fueron cuantitativamente menores. El resultado general del proceso, para efectos de la consolidación del sistema electoral que los mexicanos nos hemos otorgado, es absolutamente positivo.
 

 

Estamos hablando de una muestra de civilidad política y de madurez democrática de la que todos debemos sentirnos orgullosos y con las cuales estamos permanentemente comprometidos.
 

 

De los resultados preliminares y hasta la hora en que redactamos estas líneas, aparece que la mayoría de los escaños en el H. Congreso General se mantendrán bajo el poder del PRI y sus partidos aliados, el PVEM y Nueva Alianza.
 

 

Todo lo anterior podría otorgarnos una lectura que se debe considerar: la ciudadanía ha dado muestras inequívocas de su aprobación a la gestión que han venido desempeñando el partido en el poder y sus aliados, de ahí que existe un respaldo del poder soberano del pueblo, para permitir la manutención del estado actual de la cosa pública, es decir, un mantenimiento de la vida política y la labor gubernativa presente. ¿Será cierta esa valoración?
 

 

La elección en dos entidades federativas nos ofrece signos evidentes de que la decisión de la ciudadanía puede haber sido motivada por factores distintos o haberse otorgado de manera condicionada: Nuevo León y Morelos.
 

 

El triunfo apabullante de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, en Nuevo León, candidato independiente que obtiene el primer triunfo histórico al gobierno de la entidad en contra de los partidos tradicionales, comprueba un rechazo ciudadano en contra de su clase política tradicional y la urgente necesidad de buscar un refrescamiento del status quo.
 

 

La premisa podría repetirse, con sus propias singularidades, en el caso de Cuernavaca, en la que Cuauhtémoc Blanco levantó un triunfo a favor del partido PSD no obstante su pública lejanía de las labores inherentes al desempeño del gobierno, actividad que no obligadamente tiene el ritmo de un partido de fútbol. La ciudadanía encontró su identificación con un personaje carismático y ajeno a la política, no obstante su muy posible incapacidad para cumplir correctamente con la función que habrá de serle encomendada.
 

 

El ejercicio político de estas intermedias viene a comprobar el grado de avance y franca consolidación de nuestras instituciones democráticas, así como la convicción nacional más absoluta del puntual ejercicio de la obligación electoral como mejor mecanismo para superar cualquier diferencia en el electorado. La tolerancia al fracaso en las urnas y la solidez de las instituciones jurisdiccionales encargadas de resolver cualquier disputa, son el soporte más firme de la alternancia, que hoy aterriza de la manera más sonora posible en la misma capital del país, en la que se rompió la hegemonía que había venido teniendo el PRD a lo largo de los últimos lustros.
 

 

Acaso entonces, ¿el triunfo de la alternancia y la reivindicación de la victoria electoral a favor de un porcentaje mayoritario del PRI no vienen a demostrar, nos lo preguntamos por segunda ocasión, la validez de nuestra primera premisa, sobre el grado general de aceptación de este instituto político y la clase gobernante con la que convivimos?
 

 

Sería terriblemente desafortunado para quien fuera, conceder esa lectura al resultado de la elección del pasado domingo. Felicitémonos, sí, por la ecuanimidad nacional y el alto grado de compromiso de la ciudadanía, de acudir a las urnas a cumplir con sus obligaciones constitucionales; pero no por ello, permitamos que caigan en el olvido los antecedentes históricos que han marcado a este proceso electoral.
 

 

El carácter histórico de la elección no se le debe a la civilidad con la que el proceso de concretó en la absoluta mayoría de los distritos y casillas electorales instaladas; su carácter histórico obedece también y en forma muy significativa, a todos los hechos y eventos de orden político que le precedieron. Las causas que provocaron el alto grado de participación ciudadana en la elección son, a su vez, el factor histórico indispensable que se debe tomar en cuenta para valorar el proceso en su integridad.
 

 

El rechazo de la ciudadanía a la clase política y gobernante quedó evidenciado en Nuevo León, y la novedosa función gubernativa en la entidad fuera de la órbita partidaria, no tiene otra causa distinta de aquella que viene aquejándonos y en contra de la cual deberán luchar los próximos gobernantes y legisladores electos: es inaplazable el deber de terminar con la corrupción en todos sus ámbitos. Ese fue el lema de campaña del flamante candidato electo neoleonés.
 

 

A pesar de que el Presidente conservará un amplio grado de maniobrabilidad política con el respaldo de sus partidos desde la Cámara Baja del Legislativo, no cabe la menor duda de que en su actividad administrativa está absolutamente compelido a terminar, de una vez por todas, con la inseguridad y los factores de corrupción que pusieron en jaque al país completo con anterioridad a la jornada electoral.
 

 

Si las reformas habrán de concretarse y las leyes secundarias habrán de permitir el despertar del sueño mexicano, esto obedecerá a un cambio significativo en la estrategia para combatir la corrupción, hecho que comenzará con la construcción de un auténtico Estado de Derecho y una modernización del sistema para comunicar las cosas. Hasta hoy, nadie ha visto los resultados.

Cómplices del fusilamiento

Antonio Cuéllar | Martes 2 de junio, 2015

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

Al Secretario de Gobernación, dependiente del Presidente de la República, le corresponde, entre otras cosas, conducir la política interior que compete al Ejecutivo y no se atribuya expresamente a otra dependencia, así como fomentar el desarrollo político; contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas; promover la activa participación ciudadana, salvo en materia electoral; favorecer las condiciones que permitan la construcción de acuerdos políticos y consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y de las leyes, se mantengan las condiciones de unidad nacional, cohesión social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática. Así lo ordena la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

 

En concordancia con las atribuciones de dicha dependencia, encargada de la seguridad interior, podríamos decir que son de su responsabilidad la conclusión de dos procesos que impactan en la vida nacional en el muy corto plazo: el electoral del próximo 7 de junio; y, la contención de la inconformidad sindical derivada de la reforma educativa, a la que debe buscársele un cause apegado a la ley.

 

Sin embargo, a pesar de que la atribución competencial que conmina a un dependiente del Ejecutivo a actuar con diligencia en la atención de ambos asuntos es clara y contundente, la verdad de las cosas es que los hilos de los que depende la solución de la controversia penden de organismos constitucionales autónomos ajenos al propio titular de la Presidencia de la República. El proceso electoral que contribuye a la democratización del país se ha encomendado a un órgano aspiracionalmente ciudadano, coptado por los partidos políticos, que es el INE; y la evaluación educativa en contra de la que se manifiestan los maestros se estrena con un flamante órgano autónomo que es el INEE (Instituto para la Evaluación Educativa).

 

Ante la afrenta del sector más radical del profesorado nacional, que amenaza con impedir la conclusión del proceso electoral, se me antoja mínimamente lógico pensar que proponer un alto al fuego en la víspera de que se concrete el proceso mismo era necesario, pues la inminencia de la amenaza es cierta y su contención puede ser violenta, sino imposible. La resolución adoptada en ese sentido, sin embargo, es inverosímil, porque la organización y vigilancia de ambos procesos no están en manos del Presidente.

 

La refriega inmediata de los analistas e “intelectuales” del país no se hizo esperar, y en singular coordinación se condenó la suspensión del programa de evaluación educativa. La conclusión es fácil e impecable, porque existe el respaldo político y jurídico que deriva de toda la exposición de motivos que precedió la nueva ley, así como el resultado palpable de la pésima educación que reciben los niños, principalmente la que proviene de los propios maestros paristas.

 

El problema es que en el proceso analítico para llegar al evidente resultado no se tomó en cuenta la gran distancia que existe entre los postulados ideológicos de nuestra democracia parlamentaria, y la cruda realidad que enfrenta quien se encarga de aplicar la ley.  Desafortunadamente, en un Estado apabullado por el discurso liberal de la defensa a ultranza de los derechos humanos, hablar de imponer la ley por la vía de la fuerza resulta un ejercicio empírico políticamente impensable e insostenible.

 

En puridad política, claro que se debe de seguir adelante con los dos procesos, el electoral y el ministerial educativo; en la realidad, en cambio, deviene sumamente delicado imponer al titular de la presidencia la obligación de hacer valer la ley por medio de la fuerza en las circunstancias imperantes. Una terrible encrucijada.

 

En todo caso, se equivocan quienes dicen que con la medida anunciada la administración se ha dado un balazo en la sien. Si quisiéramos hablar con la verdad, deberíamos apreciar que se trata de la consumación de un fusilamiento mal intencionado, en la víspera de elecciones, en contra de quien encabeza la Administración Pública. Una condena que no mira por un problema que nos aqueja a todos, y del que somos responsables todos, en calidad activa y pasiva, sino que busca hacer prevalecer una premisa que en su condición central se ha desvestido de los elementos que deben acompañarla. El costo de detener a la CNTE es humanamente superior al de suspender temporalmente la evaluación, con el fin de permitir la elección.

 

En un afán demagógico y conciliador, se han impulsado acuerdos que han logrado la pulverización del poder que otrora consolidaba el Presidente de la República. Con la finalidad de acabar con el presidencialismo se han creado una docena de órganos que ejercen el poder público y orbitan en el seno constitucional, pero que no le reportan a nadie, más que al judicial en los supuestos en que se violenta el mandato legal que les da existencia.

 

Estamos presenciando los efectos que produce la balcanización de la función pública y el debilitamiento de la unidad política en torno de un órgano constitucional electo, el Ejecutivo de la Unión, y los escenarios que se dibujan son desalentadores. Falta mucho por ver y soportar, especialmente para el caso de que se llegue a concretar la reforma del Senado que acaba por imponer un régimen igualmente fragmentado en la capital del país.

 

El problema que entraña hacer cumplir la ley es complejo, y mientras más leyes y más autónomos existan, más habrá de serlo. Si el ejercicio de la fuerza pública para hacerlas cumplir por la vía coactiva se encomienda a una persona y, a la misma, se le fustiga en aquellos casos en los que, con lógica y responsabilidad, pudiera hacerla valer, toda la deliberación legislativa se convierte en un hoyo negro que no nos lleva a ninguna parte.

 

Es inequívoco el hecho de que, en México, no faltaba menguar el poder del Ejecutivo Federal para lograr la estabilidad social. Los grandes vicios que nos han llevado a caer en esta incertidumbre nacional se reducen, en opinión de esta voz, a la arraigada corrupción que aqueja a todos los sectores del país, tanto públicos, como sociales y privados;  y a la absoluta incomprensión de los límites dentro de los cuales se debe hacer valer la fuerza pública, vistos desde la perspectiva ciudadana y gubernamental.

 

Esperemos que la cordura subsista por parte de todos aquellos agentes nacionales en cuyas manos se encuentra la construcción de un mejor futuro. En el caso de la decisión referente a cómo hacer valer de la manera más ecuánime los postulados ideológicos que derivan de la ley educativa, por pragmática que pueda sonar la propuesta, aboguemos por que la salida sea la menos violenta posible.

El valor del riesgo de los pasajeros en camilla

Antonio Cuéllar | Martes 19 de mayo, 2015

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

Pocos son los rubros que pueden catapultar el crecimiento económico del país en una forma tan eficaz como el turismo. Se trata de una actividad para la que México está preparado y por la que puede recibir divisas frescas, recurrentes y potencializadoras de un universo enorme de actividades paralelas, ligadas a los servicios turísticos, que producirían esa derrama de dinero necesaria, con la que combatiríamos la tan deleznable desigualdad que nos oprime.

 

 

Una muestra de los efectos desbordantes del turismo hacia mercados o actividades paralelos, se halla en el rubro de los servicios de salud.  Por ejemplo, países como Singapur, Colombia o la India, que cuentan con profesionales capacitados en el ramo, impulsan políticas agresivas de expansión de sus servicios hospitalarios hacia el extranjero; aprecian el valor de una generación interminable de pensionados norteamericanos o europeos que, no obstante su capacidad patrimonial, buscan el ahorro tratándose de gastos de salubridad que, en sus lugares de origen, alcanzan niveles desproporcionados.

 

 

México goza de una posición geográfica y social inigualable para incursionar exitosamente en esta rama turística y, de hecho, ya lo viene logrando. Análisis del Sector Salud revelan cómo, estudios estadísticos internacionales, colocan a nuestro país en la segunda posición de entre aquellos destinos de turismo médico mundial.  Lógicamente, la capacitación de los especialistas de la salud, la temperatura constante en las regiones tropicales y su cercanía con los EEUU convierten a nuestro país en un receptor natural de quienes persiguen mejores oportunidades en este rubro.

 

 

El esperado crecimiento de los servicios de turismo médico, sin embargo, debe de conducirnos a una reflexión oportuna: su prestación se encuentra íntima y directamente vinculada con la ética y la responsabilidad profesional, tema este último que, visto desde el punto de vista jurídico y económico, se traduce en la potencial obligación de cualquier médico o institución hospitalaria, de afrontar el deber de indemnizar a un paciente por cualquier práctica equivocada que, aún habiéndose proporcionado de buena fe, lo perjudique.

 

 

La judicialización de la responsabilidad médica en los EEUU ha producido un efecto económico y social que destruye la esencia misma de la actividad de los galenos. El riesgo de ser culpable de una práctica errada obliga a los médicos a ser exageradamente cautelosos en la atención del paciente, como también a tener que contratar seguros de responsabilidad médica para hacer frente a las costosas consecuencias que derivan de su desenvolvimiento profesional. Todo esto impacta negativamente en el precio de los seguros, como también en el precio de los servicios hospitalarios, que deben incorporar dentro de sus tarifas ordinarias el calculo actuarial de tales potencialidades.

 

 

Nuestro marco jurídico y la experiencia judicial nos demuestran estar impreparados para hacer frente de manera razonable, a la responsabilidad médica que debería enfrentarse para el caso de que ocurriera una explosión favorable del número de visitantes acogidos como turistas recipiendarios de servicios de salud.

 

 

La norma jurídica que conmine a un profesional de la salud a responder por los daños que ocasione al paciente por servicios proporcionados equivocadamente ya existe. Sin embargo, no existe una norma jurídica que de manera clara y definida establezca el método y límites dentro de los cuales el juzgador debe desenvolverse para llevar a cabo una cuantificación razonable de la indemnización debida. La resolución de esta problemática es inaplazable, pues se ubica en el centro de atención de todos aquellos que buscan en México una alternativa adecuada para dar respuesta favorable a un padecimiento médico.

 

 

Suponer que la habilitación de los contratos de seguro constituiría una salida adecuada para la problemática que arroja la responsabilidad profesional, desde nuestro punto de vista, resultaría insuficiente. Nótese que se habla de dos contratos de seguro distintos, el de servicios médicos, que ampara los gastos incurridos por las actividades realizadas; y, el de responsabilidad profesional, para hacer frente a cualquier siniestro derivado del anterior.

 

 

Por un lado, el costo de la habilitación de seguros de responsabilidad profesional, sin parámetro jurídico alguno dentro del cual deba llevarse a cabo la cuantificación de la indemnización, arroja solamente un incremento irracional del precio de la póliza, que se transmitiría al paciente mismo en detrimento de la oportunidad presente que se persigue, es decir, que en México se proporcionen más servicios de turismo médico por su costo accesible.

 

 

Por el otro, la posibilidad perenne de ser sujeto de una responsabilidad incuantificable desalienta el arrojo que en condiciones de urgencia, motiva a cualquier médico a intervenir profesionalmente ¿Qué médico querrá salvar la vida del paciente que se ahoga, si para permitirle ventilar debe practicar una traqueotomía que lo podría dejar sin voz? El riesgo de la justicia provoca miedo y afecta la ecuanimidad de aquel que tiene en sus manos la posibilidad de preservar una vida.

 

 

En las condiciones anteriores, resulta claro que el desarrollo de las cosas y la indefinición jurídica sobre los alcances de la responsabilidad profesional en el ámbito de los servicios de turismo médico, nos llevan a caer en el abismo de las resoluciones judiciales impredecibles, en el de las condenas multimillonarias que acabarán por trasladarse al resto de los pacientes en la fila. Paradoja ésta, en la que los mecanismos legales empoderan al enfermo de manera riesgosamente injusta, precisamente en contra de aquel que le puede salvar la vida.