La inminencia del proceso electoral impone una carga política indeseada en la conducción de la economía nacional, que podría tener un impacto negativo en el ejercicio que viene.  La gran cuestión tiene que ver con la manera de detonar un crecimiento económico real, en un entorno que resulta claramente desfavorable para esta administración.

Muy seguido leo notas que contrastan los resultados oficiales sobre la conducción de la economía nacional durante el sexenio pasado, en comparación con el presente.  El análisis me parece desafortunado, en la medida en que las circunstancias son claramente distintas.  Un factor primordial para entenderlo tiene que ver con la extraordinaria bonanza que produjo el sobreprecio del petróleo, que hoy ha desaparecido por completo.  ¿Cómo hacer frente al gran cúmulo de programas sociales y gasto ordinario del que depende, en gran medida, la manutención esencial de cientos de miles de mexicanos?

Es precisamente este boquete presupuestal el que explica la angustiosa situación que atraviesa el gobierno, por cuanto a la decisión que debe adoptarse entre incurrir en un endeudamiento excesivo que le permita la conservación de dichos programas de asistencia social o prescindir de ellos y producir un estado de precariedad económica, justo en la víspera de un proceso electoral que ya anuncia la sonoridad de las voces populistas.

El distanciamiento que han adoptado las agencias calificadoras con relación a la posición ventajosa de la que gozaban los bonos de deuda soberana del país constituye una advertencia que no puede desdeñarse, y cualquier propuesta que haga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre dicho particular debe recibirse con atención.

El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en San Lázaro ya anunció que el presupuesto de egresos para el año entrante será severo, y que sólo se tratarán de evitar disminuciones en materia educativa, en salud y en inversión productiva.

Se trata de una decisión valiente y comprometida de este gobierno, que antepodría los intereses de la nación a los que atañen al mismo partido gobernante, en su caso, en la medida en que la disminución del ritmo de endeudamiento y el saneamiento de la situación financiera del Estado, perseguirían una consolidación de la economía nacional en el largo plazo, que podría afectar el resultado electoral.

Además de la pronta vuelta de timón que mejore los métodos de comunicación social del gobierno del Presidente Peña Nieto, resulta inaplazable valorar qué se debe hacer para lograr, realmente, la materialización de las múltiples ideas que se aterrizaron en las reformas aprobadas durante la primera parte del sexenio. Es verdaderamente inconcebible que exista tal distancia entre la visión del país que produjo el gran acuerdo del Pacto por México, y los desatinos administrativos para sacar el gran provecho que dicho marco legal debería de arrojar.

Ante un presupuesto austero que puede perjudicar el desempeño del gobierno a lo largo del año entrante, se presenta de manera urgente la necesidad de aterrizar el beneficio de las reformas, a través del camino de la inversión productiva de capital, que siempre provendrá del sector privado. Ya se percibe el cambio en materia de telecomunicaciones y son muchas las ventajas que habrán de venir con motivo de la apertura del sector energético, en el campo de los hidrocarburos.  ¿Qué está sucediendo en el ámbito de la inversión de capital en el ramo de la generación de energía eléctrica?

Cualquiera que sea el camino que la inversión haya de tomar, demandará la concreción de un punto pendiente de la gran agenda nacional: la consolidación del Estado de Derecho.

Y sobre este punto, la reforma penal nos queda excesivamente corta.  Si ha de erradicarse la corrupción y terminar la impunidad, ello obedecerá a la capacidad de esta administración, y de nuestros jueces, de observar la ley y hacerla cumplir, a cabalidad y sin contemplaciones.

La “negociación” de la ley educativa y las prebendas que ofrece la Segob y con las que se despacha la Coordinadora, por un lado; y la ilógica inacción del Gobierno tratándose de la persecución de delitos en el ámbito del enriquecimiento ilícito que se demuestra groseramente contra los gobernadores salientes de Veracruz, Chihuahua, Nuevo León o Quintana Roo, son un claro ejemplo de una colusión pasiva que daña, ya no sólo la imagen del gobierno en turno, sino la percepción del país y su economía, de la que dependemos todos.

El mejor consejo para recuperar la senda de la estabilidad, que abriría una puerta y una oportunidad al partido gobernante para contender dentro de dos años, consistiría en atender, de una vez por todas, el gran faltante de la legalidad que ha caracterizado los tropiezos ocurridos a lo largo de estos dos años, los que producen los altos índices de impopularidad que podrían pasar a los libros de la historia: la justicia cotidiana.

El elemento del que no puede prescindirse en el proceso de fundación de cualquier Estado es su orden jurídico; la norma que le da cohesión y congruencia a todos aquellos otros elementos que lo conforman, y que constituye, en palabras y conceptos coloquiales, el Acta de Nacimiento en la que se identifica quién es el infante y cómo se llama, quiénes son sus padres, donde vive y, además, cuál es su destino, es la Constitución del Estado.

El Distrito Federal dejó de serlo por virtud de la reforma constitucional publicada en los inicios de este año, porque a través de ella se daría lugar a una nueva entidad federativa, similar –pero no igual– a todas los demás que conforman la Unión desde un punto de vista político y jurídico, mediante la expedición de una nueva Constitución.

Como todo lo que sucede en México, el despliegue del aparato electoral, tan estridente como exageradamente costoso, no tardó en aparecer, con el único objetivo de que quienes hasta entonces tuvieron el orgullo de ser capitalinos, ahora eligieran a los “notables” que actuarían como Poder Constituyente, es decir, como redactores de tan trascendente documento.  Qué lamentable fue constatar que la relevancia política que le concedió el Jefe de Gobierno de la capital a tan propalada reforma constitucional, acabó por ser un aburrido y desatendido proceso de elección más, una convocatoria sin respuesta en la que la ciudadanía, ajena a las consecuencias objetivas de la transformación política, lógicamente prefirió permanecer en sus hogares. El Poder Constituyente electo, así, no fue y sigue sin ser representativo de la mayoría de ciudadanos que conforman el padrón electoral de la Ciudad de México.

Como quiera que sea, no es desatendible el hecho de que, con o sin participación de los electores, el mismo Poder Constituyente de la hoy “CDMX” no tiene en su función parlamentaria otra directriz superior, que la de servir y entender la problemática y los intereses políticos de quienes habitan y viven, o sufren, los grandes desatinos que caracterizan al gobierno y administración de la mayor urbe del país.  Es en la problemática cotidiana de la renombrada capital que quienes redactan su Constitución encuentran su mayor fuente real de inspiración política, así como la racionalidad de los mecanismos normativos que prevean contemplar para alcanzar su gobernabilidad y sustentabilidad, económica, política y social.

Qué frustración hallamos al darnos cuenta de que el derroche propagandístico de la gran reforma constitucional, y el de la enorme trascendencia de la designación del Constituyente de esta nueva entidad federativa, escondió una gran mentira: dar al proceso para la creación de un marco jurídico supuestamente democrático, la apariencia de tener un origen popular y, consiguientemente, legítimo. No es cierto.

De cara a quienes aquí habitamos, no existe informe alguno de lo que sucede en el “cuarto de al lado” en torno de la redacción del texto de la Constitución de la Ciudad de México.  Las decisiones políticas alrededor de los destinos de la capital del país, en el ámbito jurídico-constitucional, se toman en lo oscurito y sin contemplación alguna de aquello que la ciudadanía, supuestamente representada, realmente desea.

Es previsible y podemos esperar que en este nuevo proceso de decantación político-jurídica se conciban nuevos derechos fundamentales, incluso mayores a los que ya hoy tutela la Constitución Federal.  Sin embargo, ¿Se ha discutido realmente qué piensa la ciudadanía con relación al libre desarrollo de la personalidad, a la subsistencia del matrimonio entre personas del mismo género, al aborto o la adopción homoparental?  Se dirá con no poco fundamento que el tema ya está muy trillado y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha avanzado en la expedición de los criterios más vanguardistas y convencionales tratándose del entendimiento de los derechos humanos de igualdad y equidad; se afirmará que se trata de una temática superada.

¿Se dirá lo mismo cuando se trate del establecimiento de directrices para la expedición de programas para el crecimiento de la Ciudad, en el ámbito del desarrollo inmobiliario, administración del gasto público y distribución del presupuesto para la adquisición de bienes?  Una explicación mínima e indispensable tendría que concederse sobre esta temática.  ¿Qué habrá de decidirse alrededor de la recuperación o regreso de facultades a favor de las autoridades originalmente competentes en ese ámbito del crecimiento económico de la ciudad, las delegaciones?. La lógica debiera apuntar a que las alcaldías, como nuevos órganos de representación política local, deberían contar con nuevas y más eficaces atribuciones de gobernanza real y material sobre los aspectos de administración inmediata y cotidiana que aquejan a la gente. ¿Quién representa a la ciudadanía tratándose del establecimiento de mecanismos de control fiables sobre transparencia y rendición de cuentas, entre otras cosas?

A pesar de que fueron los legisladores progresistas quienes impulsaron la cuan magna como inútil reforma del Distrito Federal, que dejó de ser el asiento político de los Poderes Federales y capital auténtica de la Federación para convertirse en un casi estado más de la República, son ellos mismos quienes ocultan y se conducen con opacidad tratándose de la redacción de los renglones más importantes que habrán de regir la vida política de todos los ¿mexiqueños?. Farol de la calle, dirían algunos. Esperemos que la oscura e impredecible conducción de tan relevante proceso político no acabe por enfrentar, como muchos otros de idéntica naturaleza, el trago amargo que provoca la dolorosa derrota dentro del proceso de control constitucional, a través de las sentencias de la Corte. Vaya reforma que no se traduce en ningún beneficio para los capitalinos, y sí en cambio, es de verse, en un claro derroche de recursos para una nueva burocracia local.

El tema de hoy que más aqueja a México, el que más se ventila en los foros internacionales cuando se habla de ideas o de faltantes que deban llenarse para remediar el grave estancamiento de su economía en la comparación obligada con los países de la OCDE, tiene que ver con el del establecimiento de un auténtico Estado de Derecho, es decir, de un sistema funcional de normas y de instituciones encargadas de hacerlas cumplir, tan eficaz y vigente que ofrezca y de garantías de tranquilidad y confianza a quienes invierten su capital y esfuerzo en actividades productivas en el territorio nacional.

Debemos decir que el punto más agudo sobre el que descansa la funcionalidad de todo el sistema de derecho del país se halla en el amparo, pues es la última instancia judicial a la que cualquier persona puede acudir con el objeto de que un Tribunal Federal examine y califique la validez de una norma general, una sentencia o un acto de la autoridad, cuando se estime que es contraria a la ley o a un derecho humano. El amparo es la garantía última de la que un inversionista puede echar mano con el objeto de asegurar que la ley se cumpla puntualmente a favor suyo.

Es por esa trascendencia del amparo, tratándose de la observancia de la ley, que se deben adoptar todas las medidas y criterios necesarios para salvaguardarlo y conservar su funcionalidad.

Dos noticias se dieron a conocer la semana pasada con relación a la materia del amparo que hoy nos interesan: una, la del levantamiento de las vallas de la Secretaría de Gobernación que permitirán la apertura de Bucarelli; y la otra, la admisión de una demanda de amparo interpuesta por la COPARMEX contra el Gobierno Federal, por no haber impedido o disuelto los bloqueos de la CNTE en el sur del país.

La problemática de los dos amparos es compleja e implica el conocimiento de cuestiones técnicas que no vienen al caso mencionar, para los efectos de este artículo, sin embargo, destacaremos los resultados que producirá, en su caso, la sentencia que se pudiera llegar pronunciar en el segundo de los juicios mencionados.

Antes de abordar el tema, es pertinente recordar que a lo largo de casi medio siglo, en México hemos sufrido las consecuencias que arroja el temor que enfrentan nuestros gobernantes, de cara a la ciudadanía, al reproche y consecuencias políticas derivadas del deber de hacer cumplir sus resoluciones por medio de la fuerza pública. Desde 1968 en que tuvieron lugar los dolorosos eventos de Tlatelolco, oscuro capítulo de nuestra historia, resulta impensable suponer que un gobernante gire órdenes para someter a cualquier grupo disidente y obligarlo a observar la ley para beneficio del resto. La mejor muestra es la misma capital del país y el costo económico y de tranquilidad que se debe pagar por conservar la tolerancia, destacada virtud de nuestro gobierno que permite a quien sea organizar marchas y plantones para desquiciar irracionalmente las vías de circulación de la urbe.

Con la facilidad que hoy otorga la Constitución para que cualquier persona que se sienta afectada acuda a los Tribunales de Amparo, la COPARMEX promovió el juicio que está en trámite y que arriba hemos mencionado, por medio del cual pretende que se dicte una sentencia en contra de las autoridades del país a efecto de que hagan aquello a lo que constitucionalmente están obligadas, es decir, a defenderlos a ellos, a sus agremiados y a la sociedad entera, y a hacer valer la fuerza pública para preservar el Estado de Derecho en Oaxaca y Chiapas mediante el retiro coactivo de los profesores de la Coordinadora.

La petición que por esa vía se ha elegido, como lo fue la que en su momento promovió John Andrew Auping Birch para lograr el retiro vallas de seguridad que impedían el tránsito por Bucarelli, se antoja de lo más justa y legítima, pues es precisamente en la observancia y cumplimiento de la ley que se cifra la seguridad jurídica de quienes invierten en México y creen en él. Es el Estado de Derecho sobre el que se habla en los foros internacionales ¿no?

En principio, podría suponerse que es totalmente deseable que el Ejecutivo o quienes conforman su gabinete afronten las consecuencias políticas que supone la aceptación de su mandato, y que cumplan con la función que a su cargo establece la Constitución, la de hacer cumplir la ley. Sin embargo, esa posibilidad no puede verse de manera limitada, ni mucho menos aislada. Una sentencia que se adentre en ese tipo de consecuencias, conllevaría la aceptación de responsabilidades por parte del Judicial que pueden ser terriblemente graves y trascendentes para todos. No son los jueces quienes tienen bajo su poder la información que sirva para medir la temperatura de los desenlaces que llegue a producir una determinada intervención estatal.

La problemática que arroja la admisión de la demanda interpuesta por la COPARMEX opera en perjuicio del amparo y, por consiguiente, de nosotros mismos como sujetos interesados en la protección de este mecanismo de amplia tutela de nuestros derechos.

Veámoslo de esta manera, si el deseado cumplimiento de la ley no ha podido lograrse por incapacidad política de hacer valer la fuerza pública, qué mejor justificación que una sentencia pronunciada por el Poder Judicial de la Federación para llevarlo a cabo. ¿No acaso el incumplimiento de la sentencia acarrearía responsabilidades incluso penales a cargo de las autoridades responsables del orden administrativo? Exacto, el Poder Judicial está a punto de convertirse en la víctima de su propia audacia: la incitación del amparo como mecanismo de legitimación del uso de la fuerza pública. Es la invitación inmediata para que las mismas autoridades del país inciten a los particulares a promover amparos.

Así, la fórmula permitiría una nueva percepción ciudadana en torno del poder público, pues la materialización de los toletazos ya no provendría de las autoridades administrativas, sino propiamente del Poder Judicial, quienes expresamente están obligados a llevar a cabo cualquier acto que sea necesario para hacer cumplir sus sentencias. Se trataría de una inaceptable judicialización de la función pública que evidenciaría un desvío de poder, el inicio de una descomposición escalofriante del Estado mexicano.

Evidentemente que eso transgrediría la imagen de la judicatura, pero en una última y más desventajosa instancia, la del mecanismo que permitiría que los jueces incursionaran en tales derroteros: el amparo. Si éste es el juicio que tutela los Derechos Humanos, debe de hacerse algo para evitar que pueda utilizarse, simultáneamente, como una vía para permitir, en su caso, su misma vulneración.

La relevancia que ha venido a ganar el voto popular en los procesos contemporáneos para acceder al poder, fenómeno que se ha utilizado como ícono de la democracia, lleva a los partidos a caer en discursos demagógicos insospechados con tal de tener adeptos.  Uno de esos es el de la eliminación del fuero, a través de la propagación de la idea equivocada de que existe una asociación indisoluble entre la protección constitucional del servidor público y la comisión de actos delictuosos.  En la voz de la oposición constituye un postulado kafkiano.

Indiscutiblemente que no existe conducta más detestable y oprobiosa que el enriquecimiento a costa de las arcas públicas por parte de aquella persona a quien se encomienda su eficiente administración y pulcro cuidado.  Todo servidor público que aproveche su posición para echar mano al dinero que aportan los mexicanos para el sostenimiento de los gastos que a todos atañen, debe ser sujeto de los procesos de justicia que a criminales como él son aplicables, y pagar una pena, incluso mayor, por la bajeza de su conducta, más ofensiva contra la ciudadanía que la de un criminal común, en tanto del servidor público se espera una honorabilidad que no se concede a los delincuentes ni siquiera con anterioridad a la comisión del ilícito.

La idea anterior, sin embargo, no choca en modo alguno con el fuero, pues la existencia de dicha protección constitucional a favor del servidor público no constituye una patente que le permita cometer delito alguno o ser sujeto de una situación especial frente a la ley, que le impida ser procesado por actos ilícitos que le sean atribuibles, incluso, no graves.

El ejercicio no despótico ni arbitrario del poder que caracterizó a la monarquía se solucionó mediante la división constitucional de las funciones y responsabilidades confiadas al soberano.  De este modo, el gobierno se depositó en distintos órganos, autónomos entre sí, a los que se confirió la potestad para expedir leyes, para interpretarlas o para hacerlas cumplir.

En un sistema regido por un principio de legalidad como el nuestro, en el que las autoridades no pueden hacer nada con excepción de aquello que la ley les permite, deviene esencial que la función pública consistente en crear leyes quede encomendada a un órgano de representación ciudadana plural y suficiente, en el que se expresen la voces y se haga valer el voto efectivo de las más variadas corrientes ideológicas y de pensamiento nacional.

Con la finalidad de permitir la funcionalidad de ese sistema de discusión parlamentaria, en torno de las normas sobre las cuales se edifica esa relación entre las autoridades y el pueblo, se torna una obligación elemental la de respetar y proteger a quienes tienen el deber constitucional primario de materializar el sentimiento popular.  El fuero no es otra cosa sino esa barrera que impide al Ejecutivo o, en este caso ya, al Fiscal General de la República, coartar la libertad física de la que debe gozar todo servidor público electo para acudir en cualquier momento a cumplir su función, mediante la exposición del rechazo o aceptación popular de cualquier iniciativa, o a través del ejercicio del voto que concrete ese mismo posicionamiento político.

La protección es de tal importancia para cualquier sistema de gobierno operativo, que está contemplado en el artículo 1º de la Constitución de los Estados Unidos de América; en el 71 de la Constitución de España; en el 50 de la Constitución de Japón; en el 17 de la Primera Ley Fundamental de Israel; el 74 de la Constitución de la República Popular China; en el 98 de la Constitución de Rusia; en el 68 de la Constitución de Argentina; en el 58 de la Constitución de Sudafrica, por mencionar algunas, siempre pertenecientes a todas las latitudes. La democracia de todo el mundo está construida sobre la misma base.

El lastre que México arrastra en materia de corrupción, el abuso e ignorancia de algunos miembros de su clase gobernante en cualquier época, han dado ejemplos clarísimos de impunidad y prepotencia por parte de individuos aislados en el Congreso General o en los Congresos Locales, que propalados por los medios masivos de comunicación han creado una idea terriblemente equivocada de lo que es el fuero, que se asocia con una condición que aprovechan personajes oscuros de la historia política contemporánea.

La verdad de las cosas es que ese fuero que impide el enjuiciamiento del servidor público por cualquier causa, se acaba con el seguimiento del procedimiento de desafuero, que resuelven sus pares en función de la validez y credibilidad de la acusación de la que el servidor público sea sujeto.  Se critica de ello, quizá, la posibilidad que se ofrece al delincuente para evadirse de la justicia por la dilación del proceso mismo.

Leo con atención la manera adelantada en la que se discute la eliminación del fuero constitucional y la forma tan absurda en que los legisladores de oposición convierten dicho discurso en su propia bandera.  Tremenda ignorancia e incomprensión del fuero.

Ante la problemática que enfrenta nuestra sociedad, sería muy conveniente que se explicara qué es el fuero y porqué debe subsistir, y ante la posibilidad de que mediante el fuero se cometan tropelías por quienes gozan de él, sería meritoria la modificación constitucional que permita la tramitación sumaria del procedimiento de desafuero, o la concesión de facultades extraordinarias a favor de los Congresos Generales que les permitan retener al sujeto de desafuero durante la tramitación del proceso, para impedir una sustracción que le exima de enfrentar las penas que, sin distinción, deben pagar todos los delincuentes.

Un error imperdonable sería erradicar de nuestro orden jurídico fundamental el fuero, o el privilegio que está concedido a los miembros del Congreso para definir, entre pares, la procedencia del desafuero, pues ello haría frágil y vulnerable la importantísima labor que realiza el propio legislativo a favor, nada más y nada menos, que de la misma ciudadanía.

Plasencia es el apellido del hombre que amablemente me ayuda a dar mantenimiento al pequeño espacio jardinado de la casa.  En estos meses de julio y agosto, en el apogeo de la temporada de lluvias, la necesidad de hacerse cargo de su cuidado es evidentemente mayor. En pláticas con él me compartió la manera en que su padre le enseñó y transmitió el oficio, y la importancia que tuvo para él haberlo heredado. Curiosamente, me hizo ver su preocupación por no poder hacer lo mismo con su hijo, a partir de lo que puede ser una equivocada interpretación de la ley laboral. ¿Hace falta aclarar el alcance de las reformas recientes?, ¿Estamos erradicando una buena práctica, sin quererlo?

Resulta innegable la pertinencia de que en la Ley Federal de Trabajo se hayan incorporado reformas necesarias para erradicar por completo el trabajo infantil; una política que ocurre en sintonía con el resto del mundo y las convenciones internacionales que nuestro país ha suscrito solidaria y responsablemente.

Todo niño tiene no sólo el derecho de serlo, en su momento, sino también el de acceder a una educación de calidad y a un esparcimiento que le permitan desarrollar todos sus potenciales para mejorar su persona, para engrandecer su espíritu y, en suma, para prepararse profesionalmente y lograr la transformación de su vida a través de su propia economía.  Nada podría ser más escandaloso que someter a la niñez a la pesadumbre de circunstancias familiares que debieran ser pasajeras o que fomentar un sistema de castas del que los menores fueran víctimas y esclavos a la vez.

Curioso resulta, sin embargo, apreciar la situación en que viven y se encuentran cientos de miles de niños en el campo y en la ciudad, en donde conscientes de las limitaciones que impone la ley y las reglas de lo que debe de ser el cuidado de su propio desarrollo, ven cerradas las puertas tanto a la educación oficial como al aprendizaje legal de lo que puede ser un oficio digno, que los salve de las garras de la ilegalidad o la delincuencia.  Es necesario rescatar y modular el contrato de aprendizaje, como herramienta de educación y de ocupación digna y honrosa para muchos mexicanos. El problema que enfrenta nuestra juventud, es que no goza de condiciones individuales que le permitan a todos los que la conforman convertirse en profesionistas.

Oaxaca es la entidad en cuyas calles se vive diariamente el asedio del magisterio, la lucha por la conservación de las conquistas laborales a costa de los educandos.  Lamentablemente, como en el caso de Guerrero y Chiapas, también se trata de una entidad cuya situación geográfica y social impide un crecimiento económico sincrónico con el resto de la república. Esa realidad las coloca como la zona de mayor subdesarrollo del país, con oscuros y angostos horizontes en un próximo futuro.

La realidad de los Estados del sur demuestra que, en el campo, la gente no tiene auténticamente de qué vivir. El sustento proviene de las dádivas que el Gobierno organiza a través de programas de desarrollo social, o de la escurridiza nómina que conforma el gran sindicato de trabajadores de la educación. Ahí radica la importancia del “derecho” para heredar las plazas o la causa por la que la evaluación educativa se recibe como un auténtico disparate que justifica cualquier levantamiento.  El tránsito de la niñez a la adolescencia no es sino el infranqueable paso para transcurrir de las aulas escolares a la cotidianeidad de la desocupación, o a la ilegalidad.

Esa realidad de los niños y adolescentes de la sierra no se supera con el mero espíritu del legislador.  La prohibición para que los niños aprendan la importancia del esfuerzo productivo y las artes necesarias para el desarrollo de un oficio honroso, no cumplen la finalidad que persigue el discurso oficial, ni los dejan a salvo de la verdadera esclavitud que los amenaza, y de las que deben estar protegidos: la de la criminalidad.

La ley sanciona penalmente el trabajo infantil. En planteamientos y a través de una interpretación normativa más rigurosa y agresiva, dicho trabajo podría considerarse, inclusive, como explotación y trata de personas, con la penalidad más alta que contempla el derecho criminal.  Esa penalización del trabajo infantil choca con lo que bien podría ser la programación de la educación constante del menor, en el seno familiar, para el desarrollo de su personalidad y el aprendizaje de los oficios que, el día de mañana, pueden significar el conocimiento de valores sociales supremos, que limiten y determinen el camino dentro del cual ese individuo deberá de andar.

La verdad de las cosas es que ese trabajo al que nos referimos, en la familia inmediata, no se sanciona por la ley, y bien podría ser parte de esa actividad extraescolar que, durante el verano, los padres podrían y quizá deberían compartir con sus hijos, y que se podría fomentar. Lamentablemente no todos los menores encuentren en su familia las condiciones necesarias para poder efectuar ese tipo de prácticas. Ahí radica la conveniencia de avanzar en el análisis sobre la mejor manera de definir qué sí o qué no deben de hacer los menores.  La incomprensión del tema y la falta de distinción podría ser una fuente de reclutas de la delincuencia y un atentado en contra de la inocencia y oportunidades que se quieren tutelar.

Es precisamente el entendimiento de la realidad social de nuestro gran país el que debe motivar el impulso de modificaciones legislativas y programas administrativos que protejan correctamente a los menores, políticas que velen por su derecho a convertirse en aprendices de un oficio, que simultáneamente con el resto de su preparación escolar, les enseñe el valor cívico del trabajo, la responsabilidad que entraña la disciplina en el empleo y la técnica necesaria para llevarlo a cabo dignamente, sin menoscabo alguno de su derecho a la educación, de su esparcimiento y, desde luego, fuera totalmente de cualquier amenaza de explotación en su contra.

El dicho popular reza que “no hay fecha que no se cumpla, plazo que no se venza, ni deuda que no se pague”.  En materia de combate contra la impunidad, de lucha contra la corrupción y recuperación de la seguridad, el Estado Mexicano tiene una bolsa llena de deudas.  Desde 2008 se ha venido instrumentando todo un andamiaje legal con la finalidad de cambiar el proceso penal que sirve para el enjuiciamiento y encarcelamiento de criminales, y el vencimiento del plazo establecido en la ley para que todo este sistema de nueva creación empiece a funcionar se venció justamente el sábado pasado, día éste en que entró en vigor.

La necesidad de la modificación obedeció, lógicamente, a los enormes rezagos existentes en materia de justicia, a los pasillos repletos de expedientes arrumbados, a la corrupción de nuestros policías investigadores, ministerios públicos y los jueces, a la falta de resoluciones y sentencias que mantienen a personas potencialmente inocentes recluidas a la espera de su absolución, y a causas innumerables que demuestran la falta de funcionalidad de un sistema de procuración de justicia carcomido por la ineficiencia.

Los principios que recoge la nueva legislación procesal penal evidencian una clara distancia con respecto de aquellos que caracterizaron el sistema que ahora se abandona:

El principio de igualdad procura evitar toda discriminación en el proceso por virtud de origen étnico, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana.  Se trata de una directriz esencial para garantizar el acceso igualitario a la justicia penal, por virtud de la cual los jueces deberán adoptar las medidas necesarias para remediar las condiciones de disparidad social que a lo largo de los años han obstaculizado una justicia igualitaria en México.

El principio de contradicción, que permitirá a las partes tener acceso y conocimiento inmediato de las promociones y pruebas ofrecidas por la contraparte dentro del proceso penal, para oponerse a cualquier petición o alegato que afecte a sus derechos.  Este principio, que siempre ha existido en materia procesal, se complementa ahora con dos de especial mención:

El principio de publicidad, que permitirá la implantación de una costumbre de transparencia y apertura en la tramitación del proceso penal mismo, por virtud de la cual los jueces y litigantes serán siempre sujetos del escrutinio público y, en esa medida, sujetos de vigilancia permanente por cuanto a la honradez de sus actos y extinción de cualquier práctica de corrupción, así fuera incluso tentativa.

El principio de inmediación, por el que los juzgadores quedan permanentemente obligados a intervenir y presenciar el desahogo de las diligencias procesales, a fin de ser testigos, de primera mano, de aquellos sucesos y pruebas con apoyo en las cuales pronuncian sentencias de condena o de absolución, para beneficio o perjuicio de las partes, sean inculpados por la comisión de un delito o víctimas del mismo,

Estos principios vienen a complementar los de existencia constitucional que han perdurado a lo largo del tiempo, pero que desafortunadamente no han podido verse efectivamente resguardados: el de presunción de inocencia, el de debido proceso, el de economía del procedimiento y, quizá el más anhelado, el de celeridad procesal.

Hay voces que se adelantan y pronostican descarrilamientos en los procesos de acusación por parte de las autoridades investigadoras encargadas de perseguir los delitos.  Su vaticinio no es exagerado, ni tampoco es errado, porque la complejidad implícita en el respeto irrestricto de las normas de proceso que garanticen la observancia más pulcra de los derechos humanos del inculpado, no es poca cosa; –pero no podíamos esperar menos en un Estado que se precie de ser apegado a la legalidad y respetuoso de los derechos más valorados por el individuo–.

Un factor es cierto y es evidente, y a pesar de que permanece vivo desde hace mucho tiempo y resulta ostensible, pareciera considerarse una burla: el nuevo proceso penal está hecho para auténticos abogados, y en México, contrariamente a lo que todo el mundo pudiera pensar, hay una carencia grave de abogados.

El sistema nos impone la obligación de continuar con la formación profesional de abogados, y de insistir en la colegiación de estos como mecanismo de certeza, de que toda persona sujeta a un proceso penal habrá de ser correctamente acusada o defendida, para seguridad propia.

Lógicamente que nuestro sistema jurídico no permite suponer la conveniencia de un sistema de colegiación absoluto, pues múltiples ramas del derecho se vienen atendiendo eficientemente hoy en día y nuestro sistema de legalidad, de codificación de las normas de observancia obligatoria, permiten la intervención plurimaterial de los licenciados en derecho en los asuntos que se les encomiendan, a diferencia de lo que ocurre en el sistema de normas consuetudinarias.

En ese sentido, la colegiación debería de ser moderada, quizá encaminada exclusivamente al ámbito penal.  La tarea urgente, sin embargo, es conminar a los colegios de profesionistas del derecho a involucrarse activa y seriamente en la calificación de los institutos y escuelas dedicadas a la enseñanza de tan importante y relevante profesión.  Es un buen momento para terminar con las escuelas “patito”, y un buen momento para redimensionar, nacionalmente, la importancia que tienen los abogados en la comprensión y formación de nuestra realidad nacional.