Nuevas Fronteras y otros escenarios

Antonio Cuéllar | Martes 24 de enero, 2017

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

Primero. Las marchas organizadas para demostrar su rechazo al presidente Donald Trump en el primer día de su administración, demuestran un contundente rechazo de la ciudadanía a todas esas partes de su discurso que, a lo largo del tiempo, fueron encaminándose a derribar un valioso andamiaje que el expresidente Obama construyó durante su mandato con el objeto de defender derechos preciados por distintas minorías.

 

No deja de causar cierto asombro el contraste que arroja la posibilidad de que una política de ese tipo se impulse en un país que ha sido tremendamente crítico cuando se trata de valorar el respeto que por los derechos humanos tiene y encausa el gobierno de México.

 

Es además admirable ver cómo, en nuestro país, acciones de ese tipo podrían fácilmente truncarse con la intervención de poderes constituidos mucho más eficaces, como el Poder Judicial de la Federación a través de los juicios de Amparo o de Controversia Constitucional, que siempre tendrían como premisa el imperativo de respetar irrestrictamente, siempre de la manera más favorable posible, los mismos Derechos Humanos a los que nos referimos en la medida en la que se reconocen también por los convenios internacionales.

 

Segundo. Al entrar en vigor el TLCAN muchas empresas mexicanas debieron asociarse para subsistir, con el inesperado desenlace de haber desaparecido para permitir que consorcios estadounidenses se hicieran de la posición que hasta antes del propio acuerdo comercial aquellas ocupaban, ese fue el caso de Grupo Cifra (Aurrerá), en su asociación con Walmart y la creación de Walmart de México.

 

Muchas fuentes de trabajo en empresas dedicadas a las ramas industriales y de servicios se perdieron con la llegada de consorcios estadounidenses, porque gozaban de mucha mayor experiencia y esquemas de financiamiento inexistentes para las empresas mexicanas, acostumbradas al proteccionismo que provenía de la era de la “sustitución de las importaciones”.  Empresas del ramo textil, mobiliario, de autoservicio, dulcero, juguetero y electrónico, entre otras, simplemente dejaron de existir.

 

La argumentación que enarbola la administración estadounidense entrante, con miras a proteger las fuentes de empleo de su propio país, pareciera no provenir de la principal potencia económica mundial. Se antoja absolutamente injusta, en la medida del costo que se ha impuesto a las empresas mexicanas para ser competitivas. A pesar de que el costo del aprendizaje fuera tan alto, el éxito debe ser positivamente evaluado: la migración de la manufactura al territorio nacional no viene ocurriendo por el bajo valor de su mano de obra, sino también por su alta capacitación y especialidad. Hoy tenemos trabajadores que han sido formados para competir globalmente.

 

Tercero. El replanteamiento de la relación binacional ha ocupado un lugar primordial durante la campaña política de los EU, y el anuncio de que tan pronto como el próximo treinta y uno de enero se reunirán los Presidentes de ambos países para discutir la manera en que dicho proceso tendrá lugar, pone de relieve la importancia que dicha relación tiene no sólo para México, sino también para nuestros vecinos.

 

Con independencia del rumbo que tome la reapertura del tratado, y la intensidad con la que se discutan los temas que definan la agenda, es primordial que el Gobierno de México –y los mexicanos con respecto a su propio gobierno–, tengan siempre presente que nuestro país no es el mismo al de hace dos décadas, y que la mano de obra mexicana calificada, precisamente a partir de la entrada en vigor del propio acuerdo comercial, es tan o más valiosa que el capital y el merchandising que tan hábilmente han venido posicionando nuestros interlocutores.

 

Cuarto. La competitividad nacional se impulsó ante el mundo entero alrededor de la gran vecindad de nuestro país con el mayor mercado del planeta y el acuerdo que le permite exportar bienes libres de aranceles, siempre y cuando se asegure un porcentaje mínimo de contenido nacional.

 

Con posterioridad al TLCAN, México ha negociado una docena de acuerdos comerciales que permiten obtener un tratamiento fiscal similar con mercados igualmente importantes, como el de la Unión Europea, Japón, Israel, o Chile y Colombia, por mencionar algunos.  La mano de obra, la diversificación de la producción, y el marco jurídico para la realización de actividades empresariales en México, se han puesto a la vanguardia.

 

Ante la posibilidad de perder los beneficios de la apertura a la exportación de bienes libre de aranceles a los EU, México no debe de perder de vista que su competitividad no está ceñida a los casi 3200 kilómetros de frontera en el norte, y darse cuenta de que tiene ante sí la apremiante necesidad de impulsar el progreso en las otras fronteras que han sido olvidadas a lo largo de los años: Mazatlán y Veracruz, y todos los demás puertos nacionales en los que encontramos la capacidad para impulsar el crecimiento hacia cualquier otra latitud. En el fondo, el problema podría tener que ver con encontrar la adecuada compensación fiscal del flete.

 

Quinto. En el derecho internacional, los tratados se rigen por el principio del “pacta sunt servanda”, que significa que los acuerdos se firman para cumplirse, de buena fe.  Una modificación sustancial de la relación comercial entre México y los EU, desde un punto de vista estrictamente jurídico, debería de pasar por la terminación del propio Tratado, en los términos de sus propias disposiciones internas; sin embargo, eso no es suficiente para culminar la proposición de imponer tasas impositivas a las importaciones hasta del 35%.

 

México y los EU son también partes firmantes de GATT y de la OMC que le sobrevino, y la relación entre ellos se circunscribe a todo un cúmulo de compromisos internacionales que, de llegarse a evadir, conllevaría a una serie de consecuencias y responsabilidades internacionales que se deberán sopesar ante cualquier intento de infracción.

 

La realidad que impone la importancia de la relación comercial misma, que está por encima de sus gobiernos, obligará a que las medidas que se deban asumir no suplanten situaciones de hecho existentes que son preponderantes, ni atropellen derechos y realidades que, ante todo, son las más convenientes para todos.

Un desaire incomprendido

Antonio Cuéllar | Martes 17 de enero, 2017

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

Es muy difícil concebirlo, y sólo con la perspectiva que arrojará el transcurso de los años podremos darnos cuenta de que, hoy, estamos siendo los protagonistas de lo que llegará a ser la introducción de un nuevo capítulo de la historia; un parte aguas que arrojará acontecimientos apasionantes, sin lugar a dudas, pero de los que no podemos decir todavía, lamentablemente, cuál habrá de ser su sentido.

 

El problema que indudablemente nos aflige, tiene que ver con descalabros económicos que ya provoca, con espantosa facilidad, la ratificación de un discurso que ha encontrado en México su principal pilar de apoyo: la recuperación del nacionalismo con cargo a la competitividad que a lo largo de los años se había venido consiguiendo.

 

Remediarlo entrañará nuevos sacrificios y mucho trabajo, pero antes de comenzar la tarea, debemos entender qué ha dado lugar a estas circunstancias; identificar qué tipo de combustible es aquel que incendia tan rápidamente al electorado norteamericano que ha llevado al poder a este empresario bravucón, que se ha jactado de tener la capacidad de ser el creador de fuentes de empleo más grande que Dios haya jamás creado.

 

Un hartazgo contra la clase política gobernante es incuestionable, y ocurre en sintonía con un voto concordante en otras latitudes, como la Gran Bretaña o, posible e inminentemente, en Francia. La posibilidad de que el descalabro del 2008 haya producido una vuelta de timón en el manejo de la economía y las finanzas podría arrojar también una teoría justificatoria.  Sin embargo, no podemos conceder que esta teoría del anarquismo universal pueda ser aceptable en modo alguno; las sociedades de todo el mundo saben muy bien que necesitan a algunos a quienes encomendar la atención de las cuestiones públicas.  Por otro lado, si bien es cierto que la crisis financiera de hace ocho años constituyó un descalabro mayúsculo, el crecimiento económico de los últimos meses desvirtúan la tesis, por lo menos por lo que a nuestros vecinos respecta.

 

La persistencia del discurso nos demuestra que el muro divisorio constituye una bofetada irreversible, y antes de seguir impulsando una estrategia diplomática que persiga su detención, bien valdría la pena valorar la posibilidad de emprender un camino colaborativo que frene y resuelva las causas que dieron lugar a ella.

 

Las acciones gubernativas de los últimos años, han impulsado a lo largo del orbe todo un conjunto de políticas públicas que favorecen la igualdad, la tolerancia, el respeto por nuestras diferencias, la asistencia social y el justo reparto de la riqueza.  Como tal, contradicen la esencia de las ideologías que llevaron a la fundación del mundo moderno, la política de la premiación por la lucha y la retribución del trabajo, aún dentro de la desigualdad. En la medida de que la reacción fiscal acontezca para favorecer a mis desiguales, con costo a una propia contribución; o que la reacción judicial ocurra con el objeto de tutelar una condición social dispar a la que la naturaleza humana y la razón evidencia, de acuerdo con las convicciones de las grandes mayorías desatendidas, el conflicto entre la sociedad y la clase política que enarbola esa corriente discursiva es insuperable.  En el fondo, muchos votantes podrían haber demostrado, en los EEUU y en la Gran Bretaña, una gran distancia entre su pensamiento y el discurso que, hasta hoy, ha sido el políticamente correcto.

 

México ha expatriado a sus trabajadores más necesitados, a compatriotas decididos y comprometidos con la lucha por la supervivencia, que han llegado a convertirse en un factor imprescindible para la marcha misma de los EEUU.  Sin embargo, ante el descontrol de nuestras fronteras, también ha exportado problemas, ha exportado la supremacía de las bandas de delincuencia y de tráfico de personas que, desafortunadamente, han ocasionado estragos en la organización social de nuestro principal socio comercial. México significa en el imaginario colectivo norteamericano, el paradigma de la corrupción y del desorden centroamericano.

 

El muro representa una línea tajante de división contra todo lo que este desorden representa para la salvaguarda de los principios que llevaron a los EEUU a ser la gran potencia que hoy siguen siendo. La gran diferencia que caracteriza a nuestros vecinos con relación a América Latina, o a la Gran Bretaña con los flujos incesantes de migrantes de países subdesarrollados, radica en la plena convicción de la unión en torno de la legalidad y el Estado de Derecho, la convicción de que el crecimiento y la igualdad sólo pueden tener cabida dentro de un sistema organizado de reglas y normas de conducta que todos cumplen y obedecen incondicionalmente.

 

Seguramente llegará el momento en el que, tras los severos descalabros que atraviese nuestra bolsa de valores, y la todavía más dolorosa devaluación del peso, deba someterse a calificación y negociación nuestra poderosa relación bilateral; que no quepa la menor duda de que, más allá de los aspectos netamente económicos, a los EEUU le interesará establecer condiciones irreductibles de las que dependerá cualquier posible integración con America Latina, aquellas que asuma el Gobierno de México y los mexicanos en general para aceptar el orden y la observancia de la ley como un modo permanente de vida.

 

Un modo inteligente de adelantarnos a ese escenario y de compensar los estragos que ya ocasiona la arrogancia del discurso de Trump, debería de llevarnos a entender que, para poder pedir reciprocidad comercial, debemos conceder igualdad de civilidad. Hagamos votos porque nunca se construya ese muro que se propone, que obstaculiza la amistad, la vecindad y el intercambio de comercio, y aportemos todo nuestro esfuerzo para emprender la construcción de ese muro que proteja a los EEUU y a América Latina de la ilegalidad, del desorden y la delincuencia que tanto nos duelen. También a nosotros nos interesa ese muro.

Escrupuloso Contribuyente

Antonio Cuéllar | Martes 3 de enero, 2017

ALEGATOS | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

 

Una obligación ciudadana primordial es la de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos en la forma proporcional y equitativa que establece la Ley, o en palabras más sencillas, pagar los impuestos para la marcha del gobierno.  Si las funciones de dicho gobierno deben favorecer el mayor bienestar de la sociedad, ¿qué acciones u omisiones le podría reprochar el contribuyente?

 

Notas periodísticas y comentarios en redes reprueban el sueldo de nuestros gobernantes, las pensiones de los expresidentes o exministros. La ciudadanía, presumiblemente contribuyente del gasto erogado para su sostenimiento, es severamente crítica del modelo de vida de sus representantes.

 

La evaluación es legítima, ya que habla de nuestro compromiso con asuntos de carácter público y demuestra la madurez de nuestra democracia.  El Gobierno debe atender al llamado y hacer frente a los problemas de seguridad, educación, salud, mejoramiento ambiental, transporte, infraestructura, etc.

 

El punto crítico tiene que ver con el equilibrio eficiente entre la capacidad del Estado para responder al reclamo y los recursos percibidos. La ponderación del buen gobierno está íntima y directamente ligada a la sana administración de las finanzas del Estado.

 

El reclamo sentido de la población contra el “alza del precio” de la gasolina es el más notable de entre todos los que la presente administración ha recibido. Aunque no deberíamos hablar del “alza del precio” del combustible, ya que ese precio es el valor real del hidrocarburo en el mercado.  La cuestión realmente tiene que ver con la disminución de un subsidio que indebidamente se había aplicado para dispensar el gasto de las clases medias y acomodadas.

 

El ajuste del precio en vigor obedece a la disminución de la capacidad tributaria. El reflejo y cobro de su valor real es conveniente, porque los recursos que permanezcan en las arcas públicas se destinarán a sostener programas prioritarios para las mayorías.

 

Es incomprensible que los contribuyentes caigamos en la simplona provocación de quienes alientan a la desobediencia civil ¿desaparecemos el presupuesto de la UNAM y conservamos el subsidio para beneplácito de todos?, ¿está mal que se pague una pensión a un exministro, pero no que los impuestos se destinen a subsidiar la gasolina de las SUV que circulan en Reforma, o el diésel de las poderosas refresqueras?

 

La política de protección al consumidor por la que se etiquetan precios totales que comprenden el IVA, debería modificarse por una que permita a las personas enterarse sobre cuánto enteran por concepto de contribuciones, y cuánto perciben por subsidios.

El errado camino de los insultos

Antonio Cuéllar | Miércoles 28 de diciembre, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

La sentencia que pronunció la SCJN en marzo pasado, a través de la cual se declaró la inconstitucionalidad del delito de ultrajes contra la autoridad que contemplaba el Código Penal del DF, vino a alumbrar un concepto que, propiamente, no es el que supuso la propia Corte, ni tampoco uno que en una sociedad civilizada debería de existir: el derecho humano a ofender a la autoridad.

 

Ese empoderamiento de la ciudadanía se ha dejado sentir con toda su fuerza a lo largo de los últimos años, con motivo del desarrollo de tecnologías de la información que eran inimaginables: las redes sociales.  En todas las plataformas se ha convertido en un verdadero deporte o diversión burlarse y vilipendiar al Presidente de la República, a los diputados y senadores del Congreso de la Unión, por citar sólo a los actores más repudiados.

 

En un artículo publicado en Ejecentral esta semana, se explicó con detalle cómo es que el tema que predominó en las redes este año, específicamente en Facebook y en Twitter, fue el de los insultos y las ofensas contra el Presidente de la República, que cerró el 2016 con una nota de 60 sobre 100 puntos, entendiendo a cero como la peor de todas las calificaciones y 100 las más excelente, según encuesta de Social Metrix, especializada en la investigación de redes sociales.

 

Los insultos contra Enrique Peña Nieto se han convertido en una válvula de escape que libera la presión generada por la mala marcha de la economía o la política, pero constituyen un fenómeno que no sólo merma su propio nombre, con lo ignominioso que ello resulta, sino que también afecta a la institución misma del C. Presidente de la República; o para estos efectos, a la del órgano de autoridad de que se trate (Es preciso distinguir entre la institución del Presidente o Titular del Poder Ejecutivo de la Unión, y a su titular en un momento dado).

 

Esta explosión incontrolada de los mensajes ofensivos contra los servidores públicos ha dado lugar a varias reacciones entre los integrantes del PRI, que en distintas ocasiones han llamado a detener las ofensas y han propuesto desde bloques de respuesta de partidarios leales a Enrique Peña Nieto, recientemente un Código de Ética para la Cámara de Diputados, o hasta iniciativas de Ley que buscan responsabilizar las ofensas a través de las redes sociales.

 

Este último camino no es extraño en el mundo.  La Deutsche Welle reportaba recientemente la posición que ha venido a asumir el Ministro de Justicia de Alemania, Heiko Maas, tras llamar a jueces e investigadores para que persigan penalmente la difusión de noticias falsas y de carácter difamatorio en las redes sociales. La legislación de esa potencia europea castiga hasta con cinco años de cárcel a la difamación y la calumnia, delitos que desaparecieron en la codificación penal mexicana durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador al frente de la Jefatura de Gobierno de la capital.

 

La semana pasada fue ampliamente comentada la entrevista que la presentadora Oprah Winfrey le hizo a la primera dama Michelle Obama, en los EEUU, sobre su paso y despedida de la Casa Blanca.  En especial se hizo hincapié sobre la importancia que tuvo la posición que ésta adoptó al preguntársele sobre su nuevo ocupante, pues fue contundente en el sentido de ayudar incondicionalmente a Donald Trump a lograr una transición pacífica hacia la magna responsabilidad que a partir del 20 de enero deberá asumir.  La respuesta fue sorpresiva, por el peso de la campaña tan agresiva que impulsó el entonces candidato contra el Presidente Obama, y por la contundencia de las manifestaciones de repudio que ella misma externó alrededor de la misoginia que en algún momento le fue criticada al republicano. La conclusión alcanzada por ella es importantísima: si al Presidente la va bien, a los EEUU también les irá bien.

 

La aseveración resulta invaluable en la comprensión cívica de la relevancia que tienen las instituciones para la conformación de un país, con independencia de la simpatía o antipatía que nos despierten las personas. La lección ocurre en un momento que para México puede resultar clave, de cara a un nuevo proceso electoral y ante la inminencia de una nueva administración.

 

El derecho humano a la libertad de expresión no ampara el derecho a humillar o a ofender a las personas.  Tratándose de un servidor público, dicha premisa tampoco se satisface por el solo hecho de provenir de un contribuyente, porque los servidores públicos no son nuestros empleados.  El peligro de inducir o tolerar una diatriba de tan baja naturaleza, no se halla en la afectación al decoro o a los sentimientos de la persona aludida, que por sí mismo es malo, sino en el deterioro al que se someten los caminos necesarios para la construcción de un diálogo democrático, maduro y efectivo.  Las ofensas polarizan y radicalizan negativamente la discusión política, en detrimento del propio sistema, o de los sistemas alternativos.

 

En México hemos caído en un ámbito que excede a la caricaturización de la labor pública e incide en un desprestigio injustificado de las actividades oficiales.  Esta inercia viene dañando la estabilidad misma del Estado, en perjuicio de nuestros propios intereses.  Evidentemente que no existe la viabilidad política ni la conveniencia social de impulsar una iniciativa que permita en modo alguno la regulación de las redes sociales, y quizá es pertinente que la misma libertad siga siendo protegida. Sin embargo, es urgente que se definan los límites dentro de los cuales se puede ejercer la libertad de expresión responsablemente, porque desde la visión misma de Michelle Obama, si a nuestro Presidente le va mal, a nosotros también nos irá mal.

 

Los actores políticos han sido los primeros agentes a quienes debería atribuirse el error de haber labrado tan fangoso camino, de ahí que no sean los candidatos que puedan remediar el tan lamentable estado que guarda la visión de la política nacional.  No se trata bajo ninguna manera de suprimir la crítica, de someter la oposición, de socavar la importancia de la representatividad minoritaria, sino de asumir con inteligencia un antagonismo que, cuando goza de seriedad y objetividad, puede ser inmensamente más efectivo.

 

Son los formadores de opinión, los educadores, los profesionistas y medios de comunicación, por su incuestionable responsabilidad social, quienes tienen la posibilidad en sus manos de definir el modo y términos del diálogo, y las condiciones y formas de encaminar el repudio como vía política de oposición contra quienes ejercen una función gubernativa irregular.  Sin detrimento alguno de la libertad de expresión, quizá va llegando el momento en el que se debe meditar sobre la conveniencia de elegir recursos políticos que permitan la preservación de nuestras instituciones, sin que éstas deban calificarse obligadamente como contrarias a nuestros derechos humanos. Somos torpes al impulsar una retórica que nos mantiene inertes en un permanente estado de violencia improductiva.

El populismo en la regulación de la red

Antonio Cuéllar | Martes 13 de diciembre, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

Al aprobarse la reforma constitucional en el ámbito de las telecomunicaciones se insertó en el artículo 6º el Derecho Humano de Acceso a las Tecnologías de la Información, dicho en palabras más llanas, se trata del derecho humano a usar el iternet, prerrogativa de ultimísima generación que, debiendo protegernos, se ve interpretada a contentillo según el caso de que se trate, generándose a través de ello una problemática que impacta negativamente en la imagen país y en el entorno para la generación de negocios.

 

Uno de los segmentos económicos más relevantes de nuestra época, íntimamente ligado al desenvolvimiento de la persona y de sus actividades productivas, es el de las comunicaciones.  De ahí que uno de los primeros consensos del macro acuerdo político que marcó el inicio del sexenio fuera, precisamente, el de modificar la constitución para modernizar el marco jurídico que rige la vida nacional en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.

 

Los efectos se han materializado en el bolsillo de la gente y también, aunque poco se sopese dicho resultado, en la capacidad misma de interactuar, de informarnos y de incidir en la vida diaria de la comunidad a la que cada uno pertenece.  El acceso diario a las tecnologías de la información nos convierte en una sociedad más participativa y, consecuentemente, más democrática.

 

La sana interpretación de la Constitución y de la Ley debiera llevar a toda autoridad a permitir, sin cortapisas, el aprovechamiento máximo de la Red con el objeto de mejorar todos los entornos necesarios para llevar a cabo actividades que la tecnología misma permita, porque eso beneficia más al ciudadano, como quiera que se vea el planteamiento.

 

Una primera muestra de lo anteriormente dicho la dio el Instituto Federal de Telecomunicaciones, al resolver al inicio de junio de este año un procedimiento añejo mediante el cual se proponía la imposiciones de sanciones contra Telmex por el aprovechamiento del internet para transmitir señales de audio y video asociados que, según se decía, violaban expresamente la prohibición contenida en su título de concesión, en el que se le impedía prestar servicios de televisión con los cuales los primeros se asociaban.

 

El Instituto tuvo una visión progresista del problema y decidió que el uso de la Red era independiente y que, por consiguiente, no podía sancionarse a la telefónica por las actividades que se realizaran a través de esa nueva plataforma.

 

El resultado material es que hoy, las concesionarias de televisión abierta y de televisión restringida, encuentran en Uno TV a un competidor concurrente, que las obliga a ser más intrépidas en la generación de contenido e información, de la que depende la conservación de su audiencia y, a la postre, de sus propios anunciantes, patrocinadores de la actividad que cada una realiza.

 

La interpretación del regulador se ajustó al artículo 28 constitucional que sanciona las prohibiciones que el gobierno pudiera obsequiar a manera de títulos de protección a cualquier industria.  En ese caso, sin embargo, al permitirse a la telefónica dicha incursión en el negocio del entretenimiento, no se midió el daño que podría ocasionarse paralelamente a los únicos concesionarios del país que tendrían capacidad instalada para competir en el mercado de la telefonía, concentrado en un 70% a favor de la misma empresa privilegiada por el criterio: las empresas de televisión abierta y de paga.

 

El viernes pasado se presentó una iniciativa en Quintana Roo, por medio de la cual se pretende sancionar criminalmente la prestación del servicio de transporte privado de personas.  Se trata de una propuesta presentada por un diputado local del PRD que persigue la penalización del uso de la Red para la prestación de servicios de transporte, a través de lo cual se logra privilegiar la continuidad del monopolio del transporte turístico que ejercen los taxistas de Cancún, precisamente en sentido inverso a la resolución que adoptaron las autoridades federales en materia de telecomunicaciones.

 

En los destinos turísticos del país, principalmente de playa, como Cabo San Lucas y Cancún, los taxistas han encontrado en el turista una presa fácil de extorsionar, dada la insuficiencia de infraestructura y oferentes de servicios de transporte digno y moderno al que aquellos puedan acceder, un medio de movilidad que proyecte la imagen de un país desarrollado, consciente y aplicado a la atención de un negocio que puede convertirse en el principal flujo de remesas del país.

 

Las aplicaciones que permiten la geolocalización de proveedores del servicio de transporte y sus usuarios ha venido a convertirse, en la gran mayoría de los países desarrollados, en una opción adicional de transporte y empleo de la que se benefician usuarios, conductores y propietarios de vehículos. Es una fórmula virtuosa que proyecta beneficios recíprocos a favor de todos los agentes que participan en la cadena del servicio.

 

Se trata, como quiera que sea, de un modelo de negocio que orbita alrededor de actividades parecidas en su efecto, aunque diametralmente distintas en su naturaleza y origen, a las que realizan los taxistas.  Sin embargo, ofrecen beneficios singulares que las distinguen y las convierten en mecanismos favorecidos por el público en general.  Se apoyan, fundamentalmente, en el aprovechamiento de las tecnologías de la información.

 

La penalización de los servicios de transportación a través de aplicaciones móviles buscaría erradicar esa sana competencia para privilegiar a los taxistas, como agentes permisionados que intervienen en un mercado del que se han favorecido eternamente, en detrimento inmediato del interés de los usuarios.

 

Puedo entender la lógica del Diputado Emiliano Ramos que presentó la iniciativa, que busca a través de su intervención una asociación directa con un gremio que lo favorecería electoralmente; sin embargo, ¿no acaba esa iniciativa por desfavorecer a la ciudadanía en general; al impedir la concurrencia de nuevos agentes que propiciarían una sana competencia en una actividad comparable?

 

Los beneficios del progreso no pueden seguir quedando al buen entendimiento de quienes gobiernan el país. Resulta apremiante la expedición de criterios, directrices y lineamientos que determinen cuál es la interpretación más beneficiosa que pueda derivar de la Constitución y de la Ley, tratándose de la libertad de uso de la Red y la utilización de la información que a través de ella circula. En el caso concreto, ¿Dónde está la Secretaría de Turismo, que debería de proveer para que las plataformas que se utilizan en el mundo entero pudieran aprovecharse en México, generando confianza y empleo a la vez?

La contradicción del sentimiento

Antonio Cuéllar | Martes 6 de diciembre, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

Hoy aparece en la primera plana del Universal la predicción sobre el impresionante número de 10 millones de empleos que México llegaría a perder para el caso de que EEUU decidiera ejercer cualquier derecho que implicara suspender las prerrogativas que derivan del TLC.  Comparativamente, no tiene relación con los 4.8 millones de empleos que podrían perderse en EEUU, dado el número de fuentes de empleo que existen en ambos países.  El porcentaje que cada caso representa, dada la composición demográfica de cada país y el número de personas formalmente dedicadas a una actividad económico-productiva, arroja una pérdida del 20% de los empleos totales para México, frente a un escaso 3% de aquellos que componen la planta laboral total de nuestro principal socio comercial.

 

La sintomatología de nuestra enfermedad se debe de analizar de la mano con las estrategias que el gobierno del Presidente Donald Trump está avisando que llevará a cabo, el rumbo liberalizador de las actividades productivas con relación a un número importante de restricciones que el gobierno saliente había venido imponiendo, sobre todo desde el punto de vista fiscal, para solventar un número creciente de políticas públicas de carácter asistencial, especialmente relacionadas con la salud y el medio ambiente.

 

Se trata de una corriente que no surge de manera improvisada ni espontánea, sino de un plan que ha venido gestándose a través de todo un grupo de empresarios que soportan al Tea Party, ala radical del partido republicano que busca la imposición de una agenda realmente relacionada con un nuevo conservadurismo nacionalista. Una recuperación de fundamentos que pretenderían en su tesis más radical, la disminución de la participación de las actividades de gobierno al ámbito de la seguridad y protección de la propiedad privada, exclusivamente.

 

No se sabe cuál habrá de ser el final de la historia, pues ante la intención de China por modificar el escenario geopolítico mundial, no puede pasar desapercibido que los aliados naturales de los EEUU en el ámbito de aportación de la mano de obra competitiva, están en América Latina, y con los 3 mil 200 kilómetros de frontera que compartimos, México encabeza la lista. ¿Cuáles son los verdaderos intereses atrás del discurso que se ha venido soportando, sabiendo de antemano que su resultado no sería beneficioso para nadie?

 

El problema se puede empezar a dibujar el año entrante, pues con el inicio del proceso electoral que habrá de iniciarse en México, podríamos anticipar el surgimiento recalcitrante de una retórica que se empeñará en utilizar el nacionalismo y nuestro propio orgullo como camino para levantar con meridiana facilidad las simpatías de un electorado que, poco avispado, busca en esas palabras un alivio ante los desequilibrados oprobios de los que ha sido sujeto a lo largo del último año.

 

El populismo puede tener vertientes que, apoyadas en las causas humanas más esenciales, puede encaminarse a la construcción de un gobierno más libertario o más totalitarista.  Ejemplos existen muchos, pero dictaduras de izquierda o de derecha, apoyadas en el patriotismo y la libertad de los pueblos, se han gestado en todas las latitudes. Tenemos gobiernos de ultraderecha como los de Franco o Pinochet, o de ultraizquierda, como los de Castro o Chávez.

 

El populismo que permea a lo largo de todo el orbe, Italia el más reciente, no es ajeno a nuestro país, y frente al embate que la retórica utilizada por el Presidente Donald Trump ha venido a significar en el ánimo de todos los mexicanos, nos encontramos ante el peligro del uso de los sentimientos antiyanquis más elementales para lograr la simpatía del electorado.  Y ya se escucha el grito de “se los dije”, y la proposición adelantada que llevaría a suponer que la estrategia del enfrentamiento y el rompimiento de relaciones con nuestros actuales socios comerciales, sería la mejor independencia de México y el mejor llamado para la recuperación de nuestro adolorido mercado interno; pero, ¿A dónde nos llevaría esa estrategia?

 

Si en el ánimo de todos los mexicanos está el de conservar nuestros empleos, el de mejorar nuestras condiciones económicas y de vida, el de consolidar nuestro estado de derecho, entonces sería válido suponer que se necesitará impulsar políticas que materialicen una más eficiente competitividad productiva nacional.  Es el momento apremiante en el que trazar caminos para modernizar al país en términos de eficiencia productiva se convierte en el llamado a la razón más evidente.

 

Ante la eventual pérdida de empleos o la posible dificultad para generarlos, cualquier inversionista esperará encontrar facilidades para el capital que catapulten las exportaciones y sus resultados.  Ahora, más que nunca, es que se debe pensar en el impulso de políticas públicas encaminadas a contrarrestar la potencial disociación comercial con Norteamérica y la necesidad de convertir a México en un nuevo polo de desarrollo global, por la ventaja de su capacidad productiva y su marco jurídico para la inversión.  Ante la pérdida de atractivo por su localización geográfica frente al mercado más grande del planeta, nos urge demostrar la superioridad que tiene nuestro país por sus recursos, por la certidumbre de su sistema jurídico, y por la disposición y entrega de su capital humano (nuestros logros en el ámbito de industrias modernas, como la aeronáutica, la electrónica o la automotriz lo demuestran).

 

Vendrán otra vez las campañas electorales, pero deberemos ser cautelosos ante la explotación irracional del sentimiento que el sistemático ataque de la retórica estadounidense pudiera desprender en nuestro pensamiento, pues es precisamente en sintonía con las políticas encaminadas a la productividad que tenemos que alinear nuestro esfuerzo, por antagónico y contradictorio que pueda parecer dicho llamado.

La mexicanidad

Antonio Cuéllar | Martes 29 de noviembre, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

Contemplamos impávidos el crecimiento de las muestras de odio y discriminación contra mexicanos, asiáticos, musulmanes, homosexuales y todos aquellos que no tienen los atributos exteriores propios de esa clase cuantitativamente superior que decidió el proceso electoral de los EEUU.  Ya la cancillería habla de un plan de atención a favor de nuestros compatriotas, y otros más deberán surgir para hacer frente al reto de dar cabida, en la magra fila del subempleo, a los miles de mexicanos que probablemente emprenderán un camino de regreso a partir de enero. ¿Qué planes deben diseñarse para hacer frente a lo que, de concretarse, podría significar uno de los mayores quebrantos económicos de la historia de América del Norte?

 

La desigualdad constituye el lastre más antiguo y perjudicial que el país viene arrastrando desde su fundación. Es la disparidad racial o económica, -la condición que lleva a unos a sentirse superiores a otros-, la que fatalmente impide iniciar un proceso de colaboración social basada en un espíritu de fraternidad y de solidaridad que pueda redundar en beneficios generales para todos desde una perspectiva común.

 

Si queremos que cualquier plan de reivindicación de nuestro mercado común prospere, y sustituya y mejore la situación que actualmente venimos teniendo, es pertinente que el problema auténtico de la desigualdad nacional se logre dejar en el pasado.  No podemos escandalizarnos por las muestras de rechazo de la que son víctimas los mexicanos en el exterior, y ser absolutamente negligentes en el combate del mismo fenómeno dentro de la casa.

 

Resulta difícil concebirlo y mucho más aceptarlo, pero no podemos dejar de apreciar cómo, la moderación de ese desbalance histórico, ha logrado verse materializado en algunas épocas o eventos en las que nuestra sociedad debe enfrentar “enemigos” o circunstancias adversas que provienen del exterior.  La desaparición de nuestras diferencias raciales y de clase, vive durante la celebración de cualquier justa deportiva en la que vestimos un mismo uniforme; o se ve con toda nitidez ante la desgracia, como la que producen los terremotos y los eventos de la naturaleza que acaban con la vida o el patrimonio de los mexicanos.

 

Con esta idea en mente, presenté una iniciativa de ley que perseguía generar artificialmente ese concepto de adversidad exterior, un proyecto que buscaba enfrentar el terrible cáncer de la discriminación mediante el establecimiento de una obligación general infranqueable, siempre en el ámbito del trabajo a favor de la patria.  La propuesta valoraba la desaparición del servicio militar nacional y lo convertía en un servicio civil nacional obligatorio para todos. La complicada agenda del legislativo impidió que ese proyecto se llegara a discutir.

 

Las circunstancias históricas se adelantaron y el efecto externo que puede llegar a producir ese vínculo de unión, del que podrían llegar a derivar beneficios tangibles en términos de la solidaridad social y colaboración arriba mencionada, se halla más cerca que nunca.  Es, por así decirlo, un efecto ínfimo de carácter positivo que podría arrancársele al resultado electoral de nuestros hasta hoy principales “socios” comerciales.

 

Un programa nacional que debe arrancar para evitar esta dependencia comercial, tiene que ver con la erradicación de la corrupción y con la consolidación del Estado de Derecho, sobre los que hablaba el Presidente de la República en la reunión del Partido Revolucionario Institucional este fin de semana.  La sociedad lo pide.  Sin embargo, por importante e insoslayable que sea esa búsqueda de los exgobernadores responsables, a quienes deberá exigirse la rendición de cuentas y reembolso de los fondos sustraídos, el problema inherente a la corrupción diaria y cotidiana que afecta la conducción de la vida de todos los demás, la que mina igualmente la vida de la gente y que no está relacionada con los servidores públicos, habrá de continuar.

 

El plan de largo plazo debe comprender acciones que permitan la consolidación de un auténtico sentido de identidad nacional, mediante la protección de lo que somos y de lo que queremos llegar a ser.  El mismo factor que unió a toda una clase social conformada por gente blanca de mediana edad, mayoritariamente iletrada, debe de crearse y consolidarse en México, desde una perspectiva evidentemente positiva.  Pero eso constituye precisamente el plan en el que se debe trabajar.

 

La abolición de los tratados de libre comercio que México tiene suscritos no terminará con el malinchismo;  la incorporación de penalizaciones en la ley laboral no va a terminar con el ausentismo el lunes; la instalación de cámaras no erradicará la “mordida”.  El cambio sólo lo puede lograr la misma sociedad civil, en su propio fuero interior, por convicción.

 

Se necesitan acciones encaminadas a educar a la gente y lograr incidir en ese sentido de fraternidad que podría fortalecer a México desde dentro, de la misma forma en que Alemania y Japón lo hicieron, básicamente, desde siempre, pero más acentuadamente desde el final de la segunda guerra mundial.

 

Difícilmente un mexicano que desconoce su historia, que no conoce el territorio nacional, que no habla ni se viste como aquellos cogeneracionales contra quienes compite en su vida cotidiana, podrá tener el sentimiento de nacionalidad y la conciencia de colaboración social que se necesita para fortalecer a su propio país.  Se ha visto cómo la reforma educativa, la auténtica reforma estructural, podría llegar a generar ese tipo de conciencia colectiva; pero ¿cuánto tiempo deberá suceder antes de que tengamos la primera generación de “nuevos mexicanos”? Resulta particularmente paradójico ver cómo, en el escenario de adversidad internacional, podríamos estar ante la presencia de una auténtica oportunidad para alcanzar un nuevo pacto social, si primero tenemos la capacidad de verlo.

La reapertura del TLCAN

Antonio Cuéllar | Martes 22 de noviembre, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

A pesar de que existen analistas que anticipan la posibilidad de que el discurso se atempere y de que la xenofobia encausada pueda tomar rumbos menos agresivos a los que a lo largo de los últimos meses se vinieron percibiendo, una cosa es segura, y es que el ahora Presidente electo ha dado señales claras de que, el primer punto que contemplará su agenda económica, estará encaminado a definir una nueva estrategia de comercio con México.

 

El intercambio de bienes entre ambos países arroja en esta época un flujo de capital que suma los 500 mil millones de dólares al año, situando a los Estados Unidos de América, por mucho, como el primer socio comercial de nuestro país.

 

No cabe la menor duda de que el origen de este tránsito binacional de bienes y servicios obedece, en una muy buena medida, al Tratado de Libre Comercio que el Presidente Carlos Salinas negoció y firmó en diciembre de 1992, un acuerdo que ha traído a México un número de empleos que podría ascender a varios millones, por la sola comparativa entre los que existían hasta 1994 y los que hay hasta la fecha, en función del incremento de exportaciones (aunque el número más importante siempre ligado con los programas de maquila y siempre incuestionablemente deficitario con relación a los que se necesitan).

 

Se tratará siempre de un número comparable contra los cerca de 5 millones creados en los EEUU en actividades paralelas para abastecer la demanda que generan otros sectores de comercio con México y el resto de América Latina, justamente a partir del proceso de integración que a lo largo de las últimas décadas se ha venido viviendo en la región. ¿Qué hay detrás de este impulso discursivo?

 

Del fragor de las palabras proferidas por el hoy Presidente Donald Trump, toda la lógica nos conduciría a suponer que el ánimo de reapertura y renegociación del Tratado estará encaminado a reformar las áreas del acuerdo relacionadas con el desarrollo económico que más incide en la generación o conservación de fuentes de empleo, como la automotriz.  Habiéndose consolidado su campaña con el voto de las clases desfavorecidas del noreste de Estados Unidos, como las de Michigan y Ohio, el primer embate se dirigirá a recuperar una parte del poderío que otrora tuvieron los Estados Unidos en ese mismo segmento del transporte.  Sin embargo, ¿De verdad estará dispuesto el consumidor norteamericano a dar ese paso regresivo, especialmente en términos de precio, a favor de un bien que dentro de su cultura resulta esencial, como el automóvil?

 

Habría sido reparador escuchar un discurso defensivo del Tratado por parte del Presidente de la República y aplaudir una retórica más agresiva en pro del mantenimiento más firme de los compromisos internacionales asumidos por ambos gobiernos, pero seamos honestos, la debilidad de nuestra economía y la necesaria conservación del trabajo de miles de mexicanos, obligan al Titular del Ejecutivo a asumir una posición de política exterior más moderada y de conciliación.

 

Hoy debemos enfocarnos en anticipar qué es lo que sucederá ahora que el TLCAN vuelva a ser puesto sobre la mesa de negociación.  Una parte tendrá que ver con aquello que ya se discutió y que ha arrojado los resultados que hemos señalado anteriormente; otro, sin embargo, está relacionado con algunos ámbitos de nuestra economía que desde su origen quedaron excluidos.

 

Al firmarse el TLCAN se incorporaron reservas estratégicas que México hizo valer en el marco de las restricciones que su propio marco constitucional imponía.  En esas condiciones, ni las telecomunicaciones, ni tampoco la industria energética, eléctrica y de hidrocarburos, formó parte de la negociación de 1992.

 

El marco constitucional, sin embargo, ha cambiado y, si bien es cierto que existen ciertas restricciones de carácter constitucional con relación al papel que guardarán las empresas productivas del Estado tratándose de la generación y comercialización de la energía eléctrica, o la exploración y extracción de hidrocarburos, es pertinente hacer notar que no existen restricciones, ni con relación al tipo de personas con las que éstas pueden firmar contratos, ni tampoco con relación a la amplitud de actividades que los extranjeros pueden llevar a cabo en mercados o ámbitos de desarrollo paralelos (e.g. refinación y petroquímica básica).

 

La Ley de Hidrocarburos plantea la conveniencia de integrar a la cadena económica inherente a la exploración y extracción del petróleo a las empresas de nacionalidad mexicana mediante políticas de contenido nacional, pero dicha Ley no deja de estar, de acuerdo con el artículo 133 constitucional, por debajo de los tratados internacionales.

 

Todo haría suponer que las condiciones están dadas para que, de llegarse a reabrir el texto del TLCAN, nada impida que los ámbitos que en algún momento fueron objeto de legítima reserva por parte del Estado mexicano, queden abiertos a un nuevo flanco de ataque por parte de inversionistas estadounidenses y canadienses. Es muy oportuno iniciar el proceso de valoración de aquello que podría interesarles sobre este respecto, y adelantar la estrategia de defensa procedente.

 

Además de la fiereza con que la cancillería, las Secretarías de Economía y de Energía, y la propia Presidencia, deberán defender la soberanía energética del país, que podría verse amenazada en este nuevo proceso de discusión, estará a prueba la coordinación, la cooperación y entendimiento de quienes tienen la enorme responsabilidad de defender los intereses de la Nación en el campo de la política exterior: el Senado de la República.

 

Puede así llegar a surgir la apremiante y siempre conveniente necesidad de que entre los partidos se alcance un nuevo acuerdo, que no tendrá que ver con impulsar reformas que produzcan un nuevo efecto hacia el interior, sino más bien, impulsar una política de defensa hacia el exterior, que no pugne con el desarrollo, pero que sí salvaguarde los intereses que, desde la óptica más patriótica y eficiente que sea posible, defienda el propósito primordial de la reforma energética al artículo 27 constitucional: la de garantizar la mayor posibilidad de ingresos a favor de la Nación, que contribuyan a su desarrollo de largo plazo.

La impertinente regulación del intercambio de información

Antonio Cuéllar | Martes 1 de noviembre, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

Nadie podría poner en tela de juicio que el verdadero signo de la época que vivimos, que habrá de marcar el breve espacio de la historia al que pertenecemos, tiene que ver con el fulminante crecimiento de la información y de la tecnología que permitió su intercambio.  Cuesta trabajo recordar la velocidad a la que giraba el mundo hace tan solo un par de décadas, en el colofón del siglo XX, cuando se cruzaban apuestas sobre lo que sucedería al finalizar esa centuria y se vaticinaba sobre el colapso que enfrentarían los sistemas de computación, por el solo hecho de que la numeración digital estaba programada a dos dígitos y no había solución para el enorme reto de transcurrir del “99” al “000”.

 

El INEGI publicó en el mes de mayo las estadísticas que tienen que ver con el uso del Internet en México y su aprovechamiento en actividades que van mucho más allá de las redes sociales y el correo electrónico.  De 3 mil 200 millones de usuarios de la Red a nivel mundial, México aporta un total de 62.4 millones de internautas, 70% de los cuales tiene una edad inferior a los 35 años.  Un dato sintomático en torno al uso del Internet tiene que ver con el grado de preparación académica de quien lo utiliza, mientras más alta sea la escolaridad del usuario de que se trate, mayor será la penetración de las tecnologías de la información y la complejidad de su aprovechamiento.

 

Un comportamiento similar alrededor de la demanda del servicio puede apreciarse, obviamente, en función de la capacidad económica del usuario y el acceso a tecnologías a través de teléfonos inteligentes.  Dos de cada tres de los casi 80 millones de usuarios de telefonía celular cuenta con un aparato equipado para acceder a la Red, lo que acaba por convertirlo en el medio preferente para la descarga de datos e información a través del Internet.  Es evidente que el reto se presenta alrededor de cómo lograr una mayor preparación y capacidad económica de la población en general, como vehículos para acceder a las tecnologías de la información, con todo el impacto que en el ámbito de la sustentabilidad dicho modelo de vida traerá aparejado.

 

La evolución de esta tecnología ha provocado el nacimiento de las que llamamos “aplicaciones”, los programas computacionales diseñados para ser descargados en dispositivos móviles con la finalidad de obtener información que se utiliza exclusivamente a través del mismo dispositivo con propósitos específicos.  Dependiendo del tipo de plataforma que se utilice, las “aplicaciones” existentes ya se cuentan por millones: 2 millones 200 mil para Google Play, 2 millones para Apple, 669 mil para Windows store, 600 mil para Amazon appstore y 234,500 para BlackBerry World.  El ámbito en el que dichas aplicaciones puede ser aprovechado resulta imposible de numerar.

 

A lo largo de los últimos años hemos venido observando cómo el desarrollo de aplicaciones y la transferencia de la información incide de manera directa con ámbitos del desenvolvimiento económico tradicional en forma sumamente competitiva y sustitutiva, de modo tal que los beneficios que arroja resultan sorprendentes.

 

Mientras que en algunas épocas no remotas el costo de una llamada telefónica intercontinental resultaba verdaderamente cara y consiguientemente breve, aplicaciones como “skype” facilitan la comunicación alrededor del planeta a costos ínfimos y perfectamente sostenibles, si no es que prácticamente gratuitos y sin limitación alguna de tiempo, como Facetime.  Ese tipo de aplicaciones han servido para hacer de nuestro planeta un lugar infinitamente mas pequeño.

 

“Aplicaciones” recientemente desarrolladas bajo distintos nombres, han venido a modificar totalmente los hábitos en materia de transporte.  El uso y aprovechamiento de la información para identificar a un conductor y a un usuario, y aportar su geolocalización, favorecen el consenso para que las personas sean llevadas con seguridad de un sitio a otro, y el pago por dicho servicio sea eficazmente garantizado a favor de quien realiza dicho trabajo.

 

Además de la utilización de la información para la adquisición de bienes y servicios de innumerables bienes, a través de portales que superan en ventas netas a las tiendas departamentales más grandes y competitivas del mundo, las “aplicaciones” han venido a cobrar relevancia, inclusive, hasta tratándose de la consumación de relaciones sentimentales.

 

El aprovechamiento de la información puede alcanzar límites insospechados hasta ahora, en el campo de la educación, del ejercicio profesional, del comercio y prestación de servicios de todo tipo, lo cual transforma no sólo la experiencia de contratar en forma directa, evidentemente, sino la posibilidad de la gente para acceder a un empleo digno, la garantía de pago alrededor de cualquier transacción y la eficiencia en la localización de oferentes y demandantes de un bien o un servicio dado que, al identificarse por cuanto a su número y localización, convierten el funcionamiento de la economía en un fenómeno infinitamente más eficiente y, consecuentemente, más barato y accesible.

 

Son muchas las voces que, en función de las ventajas que estos medios ofrecen con relación a los ya establecidos, buscan empeñosamente su regulación y restricción.  Lógicamente, la tendencia de los poderes fácticos ya establecidos buscaría la equiparación de los agentes concurrentes a la misma situación y mismos desvaríos de aquellos que hoy ya ocupan un lugar en el mercado.

 

El reto que enfrenta el Estado tiene que ver con el difícil entendimiento de la situación novedosa de comercio y economía que la sociedad de la información está alumbrando, como en la prudente decisión que pronto deberá de tomarse, para comprender que ante las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías, la regulación estatal podría resultar no solamente innecesaria, sino claramente contraproducente.

 

Cómo hacer entender a quienes tienen la trascendente labor de gobernar un país, que en algunas ocasiones, la mejor solución para resolver un problema consiste, precisamente, en no meter las manos.

 

Haciendo la clara salvedad que corresponde con relación a la comisión de ciberdelitos, contra los que no cabría contemplación alguna, recordamos cómo el Comercio Electrónico y la defensa de los derechos del consumidor ya se protegen a través de la ley, siempre en torno de transacciones realizadas por Internet.  Que justo y provechoso sería que la sociedad civil organizada sea la que decida, en función de ese amplio marco de voluntad, de repudio inmediato o premiación que ofrece el vertiginoso intercambio de información, cuáles serán los caminos que habrá de seguir el todavía inexplorado universo de las “aplicaciones” en el Internet.

Réplica y censura

Antonio Cuéllar | Martes 25 de octubre, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

El hecho de que un candidato republicano impuesto por la voluntad de un electorado blanco terriblemente radicalizado, ponga en tela de juicio la legalidad de los procedimientos electorales en los Estados Unidos de América, coloca al país más poderoso del planeta en la misma antesala de la desventura que han atravesado todos los países de America Latina en algún momento de su historia.  Si los comentarios misóginos y la abierta discriminación encarnizada por Donald Trump constituían una grave ofensa contra segmentos importantes del electorado, la desfachatez de reservar su resolución por cuanto al resultado de la elección, como lo hizo en el tercero y último debate televisado la semana pasada, constituye una bofetada contra todo su pueblo y el sistema democrático que han construido y exportado al resto del mundo.

 

Andrés Oppenheimer, editor para América Latina y columnista del “The Miami Herald”, advertía esta mañana en una entrevista radiofónica acerca de la manera “audaz” en que el controvertido candidato a ocupar la Casa Blanca ha logrado acaparar la atención de los medios de comunicación, mediante posicionamientos controvertidos que comparte semanalmente y que, cuando se destruyen y se someten al escrutinio de los analistas, utiliza hábilmente para construir tesis conspiracionistas en su contra, precisamente por cuenta de los mismos medios que le dan cobertura; una estrategia que, según dice, fue exactamente la misma que utilizó Hugo Chávez en Venezuela.

 

Resulta imprescindible dimensionar la gran importancia que tienen los medios de comunicación en la labor de seguimiento y análisis de los procesos de campaña en el sistema democrático que hoy pervive en nuestro hemisferio, pues son estos los que sirven como amortiguador en el colapso fatal que produce el contraste al que se ven sujetos los postulados ideológicos propalados por candidatos y partidos, contra la realidad y la percepción de la realidad que tiene el pueblo, el electorado.

 

Es por esta razón que la conservación de un régimen responsable de gobierno alrededor de la absoluta libertad de expresión y veracidad de la información, devenga en un factor primordial para la sustentabilidad del proceso democrático en sí mismo.  ¿Cómo mediar entre el derecho irreductible de quien se dedica al periodismo para dar a conocer una noticia, siempre sustentada en hechos comprobables, y la ardua lucha de quienes combaten en la arena electoral para someter al periodismo y sujetarlo a los caprichos de la retórica de lo conveniente?

 

En la amplia reforma al artículo 6º de la Constitución se incorporó, al nivel de un Derecho Humano, el Derecho de Réplica, que en los términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es aquel que asiste a “toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general”, para efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta.

 

El Congreso de la Unión expidió la Ley reglamentaria del artículo 6º constitucional en este campo, la Ley de Réplica, en la que se previeron los instrumentos necesarios para que quienes se vean afectados por información falsa o inexacta que produzca un agravio, tengan la posibilidad para formular una réplica que, de ser procedente, debe dar lugar a la rectificación de hechos en el mismo medio de comunicación responsable, en el mismo espacio utilizado.

 

Resulta un instrumento valiosísimo en la edificación de una auténtica sociedad de la información, pues permite a todo el mundo conocer las dos caras de una moneda; pero más allá de ello, constituye un vehículo invaluable a favor de todos los integrantes de la sociedad, que podrían encontrar a través del derecho de réplica un remedio pronto y eficaz contra cualquier abuso en que puedan incurrir los medios de comunicación establecidos.

 

El día de ayer se publicó en la primera plana de El Universal la noticia en torno del proyecto de sentencia que el mes entrante habrá de discutir la SCJN, a través del cual se podría ampliar la procedencia del derecho de réplica, a una dimensión que, así como podría parecer muy bondadosa a favor del público, podría por otro lado ser terriblemente peligrosa para nuestro sistema democrático, especialmente cuando vemos lo que ya sucede en los Estados Unidos de América.

 

La procedencia de toda réplica está sujeta a la preexistencia de una publicación de hechos “falsos o inexactos”, que son los únicos que podrían afectar el derecho social a la información veraz y causar perjuicio al sujeto aludido.  Actores políticos se duelen de que la afectación a su imagen podría provenir, no sólo de hechos falsos e inexactos, sino de cualquier información inherente a su persona (véase la nota recién publicada en torno de la omisión en que incurrió AMLO al dar a conocer su declaración patrimonial y abstenerse de anotar la propiedad de dos departamentos).

 

Lo que se aprecia en el referido proyecto de sentencia, consiste en que la SCJN podría votar a favor de declarar inválidos los dos elementos de “falsedad e inexactitud” de los hechos divulgados, como condición preliminar a la que se supedita el ejercicio del derecho de réplica.  En ese caso, individuos en lo general, y actores políticos en lo particular, podrían tener carta abierta para solicitar, en forma permanente, el ejercicio del derecho de réplica en contra de todos los medios que den a conocer una noticia alrededor de su persona por la que se sientan agraviados u ofendidos.

 

¿Le parece mucho el espacio que hoy tienen concedidos los partidos políticos para hacer campaña en medios? Imagínese si eso se duplicara mediante la inclusión de réplicas a cada noticia.

 

La verdad de las cosas es que las Convenciones internacionales ya consignan el requisito de la exactitud de la información.  La idea de suprimir dichos elementos del texto mismo de la Ley podría ser terriblemente dolorosa desde un punto de vista de la audiencia, que tendría que soportar la multiplicación del contenido electoral de la información publicada en época de campañas; sin embargo, podría ser gravemente desastrosa desde un punto de vista democrático, pues se coloca a los medios de comunicación, importante contrapeso informativo de los actores políticos, en el filo de una navaja que se ve representada en la responsabilidad de tener que conceder un perpetuo derecho de réplica a su favor.

 

¿No acaso podría suponerse que esa vertiente del derecho de réplica nos perjudica a todos, si para evitar incurrir en los supuestos que quedarían abiertos en la Ley, los medios decidieran abstenerse de dar cobertura a los partidos políticos y sus candidatos, a sus andanzas y desempeño en las funciones que conciernen a la polis?

Fragmentada independencia

Antonio Cuéllar | Martes 18 de octubre, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

 

La división de poderes constituye un ingrediente indispensable del que depende la funcionalidad del Estado en el que vivimos.  No sólo la Constitución lo prohíbe, sino que además, pensar en la aglutinación de poderes en una misma persona arrojaría un resultado desastroso para el mantenimiento de la democracia que construimos.  En ese propósito, la función de interpretar y decidir cómo se aplican las leyes, que corresponde a los órganos de justicia, constituye el elemento primordial que más debemos de cuidar, porque es el único en el que la relación entre el Estado y los individuos es, literalmente, inmediata.

 

A pesar de que al Ejecutivo le corresponde observar y hacer cumplir las leyes, los ciudadanos no llegamos a conocer al Presidente de la República, ni a tener trato alguno con él directamente.  De la misma manera, no obstante que las leyes las expiden los legisladores del Congreso General o de los Congresos de los Estados, quienes son electos popularmente y gozan de la representación política de la Nación mexicana, difícilmente los ciudadanos llegamos a conocer a nuestros diputados, y mucho menos a nuestros senadores electos.

 

Esa circunstancia no ocurre tratándose de los jueces.  Podremos no llegar a tener trato con un Secretario de Estado, con un Jefe Delegacional, con el Presidente Municipal o los concejales; podremos no llegar a conocer jamás a nuestros asambleistas, a los diputados o senadores del Congreso de la Unión, pero cada vez que cualquier ciudadano o sus abogados se anuncian para pedir audiencia con el Juez, con un Magistrado o, inclusive, en aquellos casos en que sea procedente, con un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa comunicación, esa relación inmediata que le permite a cualquier persona exponer las causas de su desventura a quien habrá de dictar sentencia en su caso, podrá concretarse.

 

Es precisamente en mérito de esa vinculación cotidiana que los jueces o magistrados tienen con la vida de los justiciables, que la conservación y cuidado de su labor constitucional resulta primordial y preeminente para todos los mexicanos, porque ellos constituyen la garantía cierta y palpable que nos asegura, en abstracto, que las leyes no se aplicarán arbitraria ni caprichosamente en nuestra contra.

 

Sin embargo, así como a la ciudadanía le interesa el mantenimiento de la relación inmediata y personal de los jueces con la ciudadanía, a los primeros les resulta prioritario asegurar que su labor no se verá mermada o amenazada por fuerza alguna que afecte su trabajo cotidiano.  Es en el interés de este binomio que conforman los jueces y la ciudadanía, que el Estado mexicano debe salvaguardar la labor encomendada a quienes se encargan de impartir justicia.

 

A lo largo de los últimos años han venido presentándose factores que inciden negativamente en contra de la independencia de los tribunales del país, circunstancias interiores o exteriores que demeritan la labor de los jueces y, en esa medida, la seguridad de la que gozamos cuando cada uno de ellos emite una resolución: la corrupción, la influencia y peso de los poderes económicos constituidos, el protagonismo mediático o, ahora, lamentablemente, la violencia.

 

Es sumamente cuestionable la manera en que el impulso de la transparencia ha venido a desembocar en una participación tan directa y persistente de los jueces, magistrados y ministros en el ámbito de la comunicación pública.  Tanto las transmisiones en vivo de las discusiones que semanalmente sostienen los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como las intervenciones de todos los juzgadores en entrevistas radiofónicas o televisivas, como, más allá y en el último de los casos, la expresión de sus comentarios a través de redes sociales, ponen en peligro la visión equilibrada e imparcial que la ciudadanía debe de conservar con relación a sus jueces.

 

Y es que en función del peso político nacional que llega a tener la labor de control constitucional que estos realizan, la imparcialidad no se constituye a sí misma como un mero principio rector que ha de seguirse en el momento en el que se firma una sentencia, sino también como un auténtico estilo de vida y de conducción profesional que todo juzgador debe de irradiar.

 

Sin embargo, la publicidad de la labor judicial no es nada contra la independencia de los jueces, en comparación con la afrenta que ha llevado al Poder Judicial de la Federación a vestirse de luto el día de ayer.  El asesinato del Juez Quinto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Civiles Federales del Estado de México, Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, por cualquier causa que hubiera ocurrido, produce la impresión de la apertura de un nuevo flanco de ataque del crimen organizado en contra de las instituciones del país, lamentablemente, en contra de aquella que más podría interesarnos, aunque no estemos conscientes de ello.

 

Todo delito se compone de dos sujetos: uno activo que produce un daño y que quebranta la ley penal, y uno pasivo que lo resiente y, en esa medida, se convierte en víctima.  Es un derecho de ésta que aquél que delinque responda por el daño cometido y reciba la pena que establece la ley.

 

Los atentados contra la vida, contra la integridad de los jueces, afectan en la medida más trascendente posible su estabilidad e independencia. La falta de seguridad en la delicadísima labor de impartir justicia y pronunciar una sentencia, es la que puede desviar en la forma más peligrosa posible su visión de la ley y la rectitud con la que se debe de aplicar el derecho.

 

Es por esa razón que, en esta ocasión, en el estado que guardan los asuntos que le interesan al país, que los órganos de procuración de justicia deben de utilizar de la manera más eficientemente posible los instrumentos que a su alcance dispone la ley, para indagar y esclarecer la verdad de los hechos, deslindar responsabilidades, perseguir y enjuiciar a quien hubiera sido responsable de privar de la vida al Juez.  No sólo por el juez mismo, sino por el interés que tenemos todos los mexicanos de asegurar, a favor de ellos, la garantía más amplia de que en su trabajo diario, no podrán ser disminuidos por aquellos que pretenden utilizar la fuerza bruta para hacer prevalecer intereses mezquinos. El atentado contra el Juez, es un atentado contra todas las víctimas de México.