De desigualdad y otros sinsabores

Antonio Cuéllar | Martes 7 de julio, 2015

ALEGATOS | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

Del cúmulo de resoluciones últimas que han sido pronunciadas por la SCJN, y del entendimiento del contenido discursivo más reiterado que se pronuncia en las tribunas del legislativo, nos debe quedar muy claro el mensaje: vivimos en una época en la que habrá de combatirse la desigualdad en todas sus vertientes.
 

 

La decisión de declarar la inconstitucionalidad del andamiaje normativo que impide a los propietarios de vehículos antiguos obtener la calcomanía que los habilita para circular todos los días, es un reflejo de los tiempos que vivimos y de la justicia más elemental, en función de la objetividad con la que se debe impulsar una política pública en materia ecológica.
 

 

No existe de hecho ninguna justificación técnica para imponer la restricción a los propietarios de automotores con antigüedad mayor a ocho años para circular todos los días, que se pueda sustentar en la vida misma del aparato, porque no hay una correlación directa entre la época en la que fue fabricado y las emisiones contaminantes que produce cada coche.
 

 

Es por eso que resulta muy fácil entender que el tratamiento normativo que discrimina a los propietarios de vehículos automotores por la edad del bien, es abiertamente inequitativo y, consecuentemente, inconstitucional, por otorgar un trato desigual a personas iguales, cuando se llegue a demostrar que los aparatos sujetos a inspección emitan exactamente el mismo número de partículas de plomo por millar que los vehículos nuevos.
 

 

Es así que debemos de congratularnos por contar con un sistema de justicia que funciona y un conjunto de notables del derecho que entienden, en las corrientes más modernas y progresistas del pensamiento jurídico, cuál es el papel tutelar que le compete a un tribunal supremo de justicia.
 

 

Pero el punto no se queda ahí, la verdad de las cosas es que también es meritorio destacar la atinada decisión adoptada por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, que no obstante haber visto constitucionalmente truncada una decisión de gobierno apoyada en un criterio equivocado de sus abogados, con frialdad y justicia ha girado las instrucciones para modificar la normatividad vigente y redefinir los extremos de la prohibición en torno de aquello que desde el inicio se pretendió regular: la emisión de contaminantes. Así, se permitirá que mucha gente goce, equitativamente, del mismo derecho para usar sus vehículos a lo largo de la semana de acuerdo con los contaminantes que cada uno emita, pero siempre alejados de la antigüedad del vehículo, sin la oprobiosa necesidad de promover un juicio de amparo.
 

 

Sin embargo, no podemos dejar de ver que si bien es cierto que la medida resulta justa de una manera, dejará intocado un problema que seguirá aquejando a la ciudadanía y perjudicando, de un modo u otro, al interés social: el carcachismo.
 

 

En países avanzados como Japón, se imponen obligaciones fiscales a cargo de los propietarios de vehículos viejos en mayor proporción a los de último modelo; sí, impuestos a su cargo por el hecho de tener un coche con un determinado número de años en circulación en contraposición a las personas más ricas que manejan vehículos nuevos. ¿Injusticia?
 

 

La renovación del parque vehícular tiene un lógico sentido que va, desde la generación de una actividad económica que dinamiza el crecimiento generalizado inmediato y directo, o indirecto, de sectores que conviven con la industria automotriz; pasa por la aceptación del avance tecnológico y el mejoramiento de la maquinaria con respecto a la emisión de menores partículas de carbono y otros contaminantes; persigue la desincentivación de la venta de autopartes y con ello mercados ilegales; busca el reciclaje y el mejoramiento de esta industria novedosa y esencial para la sustentabilidad del planeta; y por último, aunque nos parezca chocante, busca el mejoramiento de la imagen urbana y su sentido social, porque un vehículo viejo y descuidado, siempre quedará en una posición desventajosa con relación a uno nuevo por cuanto a la concepción y desarrollo de urbes modernas y de vanguardia, con toda la implicación económica, turística y social que ello lleva implícito.
 

 

Hoy hemos ganado en términos de igualdad; pero ¿acaso habremos perdido algo? ¿Cómo habrá de resolverse el problema del carcachismo? ¿Habrá quienes se atrevan a decir que no existe o que no es un problema, y que, al final del día, no había esa intención subyacente en la política impulsada por el Gobierno de la capital? ¿Es acaso necesario que lo digamos o deberemos de conservar siempre un prudente silencio cuando se trate de identificar un problema que afecta a una clase social por encima de otra, si dentro de la integralidad de un programa se trata de resolver de una mejor manera para todos y eso pudiera tener una apariencia de injusticia, aunque mal comprendida?
 

 

El problema de la movilidad se debe de atajar de distintas maneras y una de ella será invirtiendo en la creación de vías adecuadas para el transporte no motorizado, o en la adquisición y puesta en marcha de transporte público de verdadera calidad. Pero en el terreno del transporte privado también deberá de hacerse algo.
 

 

El reto no es exclusivamente económico, no es técnico ni ambiental. Un desafío adicional se halla en el ámbito de lo jurídico constitucional, porque en la medida en la que no se sepa motivar y explicar una política pública o un ordenamiento legal, por cuanto a cualquier causa justa que persiga, difícilmente llegará a haber un criterio judicial que lo soporte, porque este se inclinará siempre a proteger de la manera más benevolente los derechos de quien, en la balanza y aunque sea tan solo de manera aparente, sea el más desfavorecido. Justicia al fin y al cabo.

Anacronismo constitucional

Antonio Cuéllar | Martes 16 de junio, 2015

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

 

Encabezados por su longeva monarca, el día de ayer la Gran Bretaña conmemoró los ochocientos años de existencia de la Carta Magna. Sin duda alguna, el festejo fue mucho más que justo. Al margen de que constituye uno de los más primitivos puntos de partida del constitucionalismo moderno, se trata también, y sobre todas las cosas, de uno de los documentos más importantes en la historia de la humanidad.

 

Cuando Juan I de Inglaterra, mejor conocido como Juan sin Tierra, sancionó la Carta Magna el 15 de junio de 1215 bajo fuertes presiones de los señores feudales, el poder casi absoluto del monarca fue delimitado de manera trascendental, pues a través de ella se reconocieron a favor del pueblo ciertos derechos y libertades que hoy en día, y desde luego con el desarrollo propio de los siglos, identificamos bajo el muy familiar calificativo de derechos humanos.

 

Entre otras cosas, se estableció que el Rey estaba sujeto a la ley, al igual que sus súbditos; el control parlamentario sobre las contribuciones establecidas a cargo del pueblo; el derecho a la propiedad privada de los ciudadanos; la prohibición de aplicar la ley marcial en épocas de paz; la autonomía de la Iglesia frente al Estado; y una serie de garantías legales y de igualdad ante la ley a partir de las cuales se redefinió la relación entre el Gobierno y sus subditos.

 

A pesar de sus múltiples y evidentes atributos no podemos soslayar las marcadas limitantes que el documento contiene. Si ubicamos el contexto histórico en que fue emitido, esto es, en plena Edad Media, cuando todavía habrían de transcurrir varios siglos para que el concepto de la dignidad humana fuera aterrizado, podemos comprender cómo es que el régimen de libertades establecido sólo era aplicable a los ciudadanos libres. Su trascendencia práctica, tangible hasta nuestros días, se cifró realmente en haberse constituido como la base sobre la cual se edificaron los muy eficientes sistemas constitucionales que rigen al Reino Unido y a los Estados Unidos de Norte América.

 

En su desarrollo histórico ambas naciones han sido sumamente exitosas. Factores que llevaron a ello hay muchos, sin embargo, nadie podría escatimar respecto del valor que para lograr ese éxito tuvieron la claridad y el pragmatismo de su orden constitucional, heredero directo de la Carta Magna, fuente primaria de la cual emanaron todas sus leyes y organización política.

 

Es en el contexto de los festejos de esa Carta Magna, que se nos presenta la oportunidad para pensar y reflexionar sobre si nuestra Constitución, vigente desde 1917, ha sido un componente que ha influido o trascendido alrededor de nuestro crónico subdesarrollo.

 

La respuesta no es fácil. La Constitución que se otorgó el pueblo mexicano al concluir la etapa armada de la Revolución Mexicana fue innovadora; fue la primera en contener un claro sentido social y, como todo texto constitucional, trazó las aspiraciones nacionales y estableció los mecanismos para hacerlos realidad. Nadie podrá negar que muchos de ellos no se han materializado.

 

Sin embargo, a diferencia de la Carta de Derechos de los Estados Unidos de Norte América, nuestra Constitución ha sido permanentemente manipulada, algunos de sus artículos han sido reformados en múltiples ocasiones, y su redacción es en algunos casos farragosa y confusa. Como puede apreciarse en algunos de sus artículos, la pretensión del Constituyente de ser exhaustivo ha resultado contraproducente y, en esa medida, su texto no es práctico, ni claro y, por ende, dificulta la comprensión de los principios que persigue y traba las acciones tendentes a alcanzarlos.

 

Se ha hecho de nuestra Constitución un código de acuerdos políticos que, en mérito de la rigidez del sistema para reformar a la propia Constitución y la improcedencia del control judicial en su propia contra, se erige como una pieza monumental de elaborado relieve, en la que se muestra la complejidad más palmaria de los momentos históricos que atraviesa nuestra Nación en la búsqueda de un sistema democrático funcional.

 

Válido y necesario sería que se meditara sobre la conveniencia de concentrar en el texto de la Ley Suprema al conjunto de decisiones políticas fundamentales con base en las cuales se erige el Estado Mexicano; distinguir la preeminencia que tienen las normas reglamentarias inherentes a dicho orden constitucional con relación al resto de las normas que expide el legislativo en su función ordinaria; redimensionar el papel del judicial en su función de órgano de control de cara al Legislativo; y darle mayor fortaleza a las normas administrativas que han de implementarse para  hacer cumplir a todas las anteriores.

 

Si se distinguiera la trascendente función reglamentaria de la Constitución respecto de la función legitlativa ordinaria, y se previeran mecanismos de inflexibilidad ad hoc para la modificación de las normas reglamentarias del texto constitucional con respecto al resto del cúmulo de leyes ordinarias, podríamos perfectamente bien conservar un orden normativo constitucional más esbelto, claro y fuerte, un orden que sería referente y sobre el cual organizaríamos festejos tras centenares de años.

El resultado, entre líneas

Antonio Cuéllar | Martes 9 de junio, 2015

ALEGATOS | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

La intensidad de las campañas y la gravedad de los eventos ocurridos a lo largo de los últimos meses pusieron a prueba la fortaleza y funcionalidad de nuestras instituciones, tanto en materia electoral, como en el ámbito de la seguridad pública.

 

 

Las amenazas desplegadas en los Estados del sur de la República, de que no se permitiría la realización de los comicios, no obstante la importancia que estos revisten para la consolidación y vigencia de nuestro sistema democrático nacional, nunca cesaron y siempre fueron de enorme consideración. Ningún escenario más indeseable podía preverse que aquel que se dibujó como posible hasta la víspera de la elección misma: la confrontación directa entre profesores de la Sección 22 y otros inconformes, y las fuerzas federales.
 

 

Sin despreciar en modo alguno un cúmulo importante de causas sociales que pintan de cuerpo entero la desigualdad que se vive en México y que cualquiera que sea el partido gobernante, se deben atender, bien podríamos decir, sin embargo, que el movimiento magisterial acabó por no ser representativo de ellas, siempre mucho más grandes que aquellos que se pretendieron erigir como sus interlocutores.
 

 

En el escenario nacional y de frente al gran universo de las casillas instaladas, los incidentes ocurridos fueron cuantitativamente menores. El resultado general del proceso, para efectos de la consolidación del sistema electoral que los mexicanos nos hemos otorgado, es absolutamente positivo.
 

 

Estamos hablando de una muestra de civilidad política y de madurez democrática de la que todos debemos sentirnos orgullosos y con las cuales estamos permanentemente comprometidos.
 

 

De los resultados preliminares y hasta la hora en que redactamos estas líneas, aparece que la mayoría de los escaños en el H. Congreso General se mantendrán bajo el poder del PRI y sus partidos aliados, el PVEM y Nueva Alianza.
 

 

Todo lo anterior podría otorgarnos una lectura que se debe considerar: la ciudadanía ha dado muestras inequívocas de su aprobación a la gestión que han venido desempeñando el partido en el poder y sus aliados, de ahí que existe un respaldo del poder soberano del pueblo, para permitir la manutención del estado actual de la cosa pública, es decir, un mantenimiento de la vida política y la labor gubernativa presente. ¿Será cierta esa valoración?
 

 

La elección en dos entidades federativas nos ofrece signos evidentes de que la decisión de la ciudadanía puede haber sido motivada por factores distintos o haberse otorgado de manera condicionada: Nuevo León y Morelos.
 

 

El triunfo apabullante de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, en Nuevo León, candidato independiente que obtiene el primer triunfo histórico al gobierno de la entidad en contra de los partidos tradicionales, comprueba un rechazo ciudadano en contra de su clase política tradicional y la urgente necesidad de buscar un refrescamiento del status quo.
 

 

La premisa podría repetirse, con sus propias singularidades, en el caso de Cuernavaca, en la que Cuauhtémoc Blanco levantó un triunfo a favor del partido PSD no obstante su pública lejanía de las labores inherentes al desempeño del gobierno, actividad que no obligadamente tiene el ritmo de un partido de fútbol. La ciudadanía encontró su identificación con un personaje carismático y ajeno a la política, no obstante su muy posible incapacidad para cumplir correctamente con la función que habrá de serle encomendada.
 

 

El ejercicio político de estas intermedias viene a comprobar el grado de avance y franca consolidación de nuestras instituciones democráticas, así como la convicción nacional más absoluta del puntual ejercicio de la obligación electoral como mejor mecanismo para superar cualquier diferencia en el electorado. La tolerancia al fracaso en las urnas y la solidez de las instituciones jurisdiccionales encargadas de resolver cualquier disputa, son el soporte más firme de la alternancia, que hoy aterriza de la manera más sonora posible en la misma capital del país, en la que se rompió la hegemonía que había venido teniendo el PRD a lo largo de los últimos lustros.
 

 

Acaso entonces, ¿el triunfo de la alternancia y la reivindicación de la victoria electoral a favor de un porcentaje mayoritario del PRI no vienen a demostrar, nos lo preguntamos por segunda ocasión, la validez de nuestra primera premisa, sobre el grado general de aceptación de este instituto político y la clase gobernante con la que convivimos?
 

 

Sería terriblemente desafortunado para quien fuera, conceder esa lectura al resultado de la elección del pasado domingo. Felicitémonos, sí, por la ecuanimidad nacional y el alto grado de compromiso de la ciudadanía, de acudir a las urnas a cumplir con sus obligaciones constitucionales; pero no por ello, permitamos que caigan en el olvido los antecedentes históricos que han marcado a este proceso electoral.
 

 

El carácter histórico de la elección no se le debe a la civilidad con la que el proceso de concretó en la absoluta mayoría de los distritos y casillas electorales instaladas; su carácter histórico obedece también y en forma muy significativa, a todos los hechos y eventos de orden político que le precedieron. Las causas que provocaron el alto grado de participación ciudadana en la elección son, a su vez, el factor histórico indispensable que se debe tomar en cuenta para valorar el proceso en su integridad.
 

 

El rechazo de la ciudadanía a la clase política y gobernante quedó evidenciado en Nuevo León, y la novedosa función gubernativa en la entidad fuera de la órbita partidaria, no tiene otra causa distinta de aquella que viene aquejándonos y en contra de la cual deberán luchar los próximos gobernantes y legisladores electos: es inaplazable el deber de terminar con la corrupción en todos sus ámbitos. Ese fue el lema de campaña del flamante candidato electo neoleonés.
 

 

A pesar de que el Presidente conservará un amplio grado de maniobrabilidad política con el respaldo de sus partidos desde la Cámara Baja del Legislativo, no cabe la menor duda de que en su actividad administrativa está absolutamente compelido a terminar, de una vez por todas, con la inseguridad y los factores de corrupción que pusieron en jaque al país completo con anterioridad a la jornada electoral.
 

 

Si las reformas habrán de concretarse y las leyes secundarias habrán de permitir el despertar del sueño mexicano, esto obedecerá a un cambio significativo en la estrategia para combatir la corrupción, hecho que comenzará con la construcción de un auténtico Estado de Derecho y una modernización del sistema para comunicar las cosas. Hasta hoy, nadie ha visto los resultados.

Cómplices del fusilamiento

Antonio Cuéllar | Martes 2 de junio, 2015

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

Al Secretario de Gobernación, dependiente del Presidente de la República, le corresponde, entre otras cosas, conducir la política interior que compete al Ejecutivo y no se atribuya expresamente a otra dependencia, así como fomentar el desarrollo político; contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas; promover la activa participación ciudadana, salvo en materia electoral; favorecer las condiciones que permitan la construcción de acuerdos políticos y consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y de las leyes, se mantengan las condiciones de unidad nacional, cohesión social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática. Así lo ordena la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

 

En concordancia con las atribuciones de dicha dependencia, encargada de la seguridad interior, podríamos decir que son de su responsabilidad la conclusión de dos procesos que impactan en la vida nacional en el muy corto plazo: el electoral del próximo 7 de junio; y, la contención de la inconformidad sindical derivada de la reforma educativa, a la que debe buscársele un cause apegado a la ley.

 

Sin embargo, a pesar de que la atribución competencial que conmina a un dependiente del Ejecutivo a actuar con diligencia en la atención de ambos asuntos es clara y contundente, la verdad de las cosas es que los hilos de los que depende la solución de la controversia penden de organismos constitucionales autónomos ajenos al propio titular de la Presidencia de la República. El proceso electoral que contribuye a la democratización del país se ha encomendado a un órgano aspiracionalmente ciudadano, coptado por los partidos políticos, que es el INE; y la evaluación educativa en contra de la que se manifiestan los maestros se estrena con un flamante órgano autónomo que es el INEE (Instituto para la Evaluación Educativa).

 

Ante la afrenta del sector más radical del profesorado nacional, que amenaza con impedir la conclusión del proceso electoral, se me antoja mínimamente lógico pensar que proponer un alto al fuego en la víspera de que se concrete el proceso mismo era necesario, pues la inminencia de la amenaza es cierta y su contención puede ser violenta, sino imposible. La resolución adoptada en ese sentido, sin embargo, es inverosímil, porque la organización y vigilancia de ambos procesos no están en manos del Presidente.

 

La refriega inmediata de los analistas e “intelectuales” del país no se hizo esperar, y en singular coordinación se condenó la suspensión del programa de evaluación educativa. La conclusión es fácil e impecable, porque existe el respaldo político y jurídico que deriva de toda la exposición de motivos que precedió la nueva ley, así como el resultado palpable de la pésima educación que reciben los niños, principalmente la que proviene de los propios maestros paristas.

 

El problema es que en el proceso analítico para llegar al evidente resultado no se tomó en cuenta la gran distancia que existe entre los postulados ideológicos de nuestra democracia parlamentaria, y la cruda realidad que enfrenta quien se encarga de aplicar la ley.  Desafortunadamente, en un Estado apabullado por el discurso liberal de la defensa a ultranza de los derechos humanos, hablar de imponer la ley por la vía de la fuerza resulta un ejercicio empírico políticamente impensable e insostenible.

 

En puridad política, claro que se debe de seguir adelante con los dos procesos, el electoral y el ministerial educativo; en la realidad, en cambio, deviene sumamente delicado imponer al titular de la presidencia la obligación de hacer valer la ley por medio de la fuerza en las circunstancias imperantes. Una terrible encrucijada.

 

En todo caso, se equivocan quienes dicen que con la medida anunciada la administración se ha dado un balazo en la sien. Si quisiéramos hablar con la verdad, deberíamos apreciar que se trata de la consumación de un fusilamiento mal intencionado, en la víspera de elecciones, en contra de quien encabeza la Administración Pública. Una condena que no mira por un problema que nos aqueja a todos, y del que somos responsables todos, en calidad activa y pasiva, sino que busca hacer prevalecer una premisa que en su condición central se ha desvestido de los elementos que deben acompañarla. El costo de detener a la CNTE es humanamente superior al de suspender temporalmente la evaluación, con el fin de permitir la elección.

 

En un afán demagógico y conciliador, se han impulsado acuerdos que han logrado la pulverización del poder que otrora consolidaba el Presidente de la República. Con la finalidad de acabar con el presidencialismo se han creado una docena de órganos que ejercen el poder público y orbitan en el seno constitucional, pero que no le reportan a nadie, más que al judicial en los supuestos en que se violenta el mandato legal que les da existencia.

 

Estamos presenciando los efectos que produce la balcanización de la función pública y el debilitamiento de la unidad política en torno de un órgano constitucional electo, el Ejecutivo de la Unión, y los escenarios que se dibujan son desalentadores. Falta mucho por ver y soportar, especialmente para el caso de que se llegue a concretar la reforma del Senado que acaba por imponer un régimen igualmente fragmentado en la capital del país.

 

El problema que entraña hacer cumplir la ley es complejo, y mientras más leyes y más autónomos existan, más habrá de serlo. Si el ejercicio de la fuerza pública para hacerlas cumplir por la vía coactiva se encomienda a una persona y, a la misma, se le fustiga en aquellos casos en los que, con lógica y responsabilidad, pudiera hacerla valer, toda la deliberación legislativa se convierte en un hoyo negro que no nos lleva a ninguna parte.

 

Es inequívoco el hecho de que, en México, no faltaba menguar el poder del Ejecutivo Federal para lograr la estabilidad social. Los grandes vicios que nos han llevado a caer en esta incertidumbre nacional se reducen, en opinión de esta voz, a la arraigada corrupción que aqueja a todos los sectores del país, tanto públicos, como sociales y privados;  y a la absoluta incomprensión de los límites dentro de los cuales se debe hacer valer la fuerza pública, vistos desde la perspectiva ciudadana y gubernamental.

 

Esperemos que la cordura subsista por parte de todos aquellos agentes nacionales en cuyas manos se encuentra la construcción de un mejor futuro. En el caso de la decisión referente a cómo hacer valer de la manera más ecuánime los postulados ideológicos que derivan de la ley educativa, por pragmática que pueda sonar la propuesta, aboguemos por que la salida sea la menos violenta posible.

El valor del riesgo de los pasajeros en camilla

Antonio Cuéllar | Martes 19 de mayo, 2015

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

Pocos son los rubros que pueden catapultar el crecimiento económico del país en una forma tan eficaz como el turismo. Se trata de una actividad para la que México está preparado y por la que puede recibir divisas frescas, recurrentes y potencializadoras de un universo enorme de actividades paralelas, ligadas a los servicios turísticos, que producirían esa derrama de dinero necesaria, con la que combatiríamos la tan deleznable desigualdad que nos oprime.

 

 

Una muestra de los efectos desbordantes del turismo hacia mercados o actividades paralelos, se halla en el rubro de los servicios de salud.  Por ejemplo, países como Singapur, Colombia o la India, que cuentan con profesionales capacitados en el ramo, impulsan políticas agresivas de expansión de sus servicios hospitalarios hacia el extranjero; aprecian el valor de una generación interminable de pensionados norteamericanos o europeos que, no obstante su capacidad patrimonial, buscan el ahorro tratándose de gastos de salubridad que, en sus lugares de origen, alcanzan niveles desproporcionados.

 

 

México goza de una posición geográfica y social inigualable para incursionar exitosamente en esta rama turística y, de hecho, ya lo viene logrando. Análisis del Sector Salud revelan cómo, estudios estadísticos internacionales, colocan a nuestro país en la segunda posición de entre aquellos destinos de turismo médico mundial.  Lógicamente, la capacitación de los especialistas de la salud, la temperatura constante en las regiones tropicales y su cercanía con los EEUU convierten a nuestro país en un receptor natural de quienes persiguen mejores oportunidades en este rubro.

 

 

El esperado crecimiento de los servicios de turismo médico, sin embargo, debe de conducirnos a una reflexión oportuna: su prestación se encuentra íntima y directamente vinculada con la ética y la responsabilidad profesional, tema este último que, visto desde el punto de vista jurídico y económico, se traduce en la potencial obligación de cualquier médico o institución hospitalaria, de afrontar el deber de indemnizar a un paciente por cualquier práctica equivocada que, aún habiéndose proporcionado de buena fe, lo perjudique.

 

 

La judicialización de la responsabilidad médica en los EEUU ha producido un efecto económico y social que destruye la esencia misma de la actividad de los galenos. El riesgo de ser culpable de una práctica errada obliga a los médicos a ser exageradamente cautelosos en la atención del paciente, como también a tener que contratar seguros de responsabilidad médica para hacer frente a las costosas consecuencias que derivan de su desenvolvimiento profesional. Todo esto impacta negativamente en el precio de los seguros, como también en el precio de los servicios hospitalarios, que deben incorporar dentro de sus tarifas ordinarias el calculo actuarial de tales potencialidades.

 

 

Nuestro marco jurídico y la experiencia judicial nos demuestran estar impreparados para hacer frente de manera razonable, a la responsabilidad médica que debería enfrentarse para el caso de que ocurriera una explosión favorable del número de visitantes acogidos como turistas recipiendarios de servicios de salud.

 

 

La norma jurídica que conmine a un profesional de la salud a responder por los daños que ocasione al paciente por servicios proporcionados equivocadamente ya existe. Sin embargo, no existe una norma jurídica que de manera clara y definida establezca el método y límites dentro de los cuales el juzgador debe desenvolverse para llevar a cabo una cuantificación razonable de la indemnización debida. La resolución de esta problemática es inaplazable, pues se ubica en el centro de atención de todos aquellos que buscan en México una alternativa adecuada para dar respuesta favorable a un padecimiento médico.

 

 

Suponer que la habilitación de los contratos de seguro constituiría una salida adecuada para la problemática que arroja la responsabilidad profesional, desde nuestro punto de vista, resultaría insuficiente. Nótese que se habla de dos contratos de seguro distintos, el de servicios médicos, que ampara los gastos incurridos por las actividades realizadas; y, el de responsabilidad profesional, para hacer frente a cualquier siniestro derivado del anterior.

 

 

Por un lado, el costo de la habilitación de seguros de responsabilidad profesional, sin parámetro jurídico alguno dentro del cual deba llevarse a cabo la cuantificación de la indemnización, arroja solamente un incremento irracional del precio de la póliza, que se transmitiría al paciente mismo en detrimento de la oportunidad presente que se persigue, es decir, que en México se proporcionen más servicios de turismo médico por su costo accesible.

 

 

Por el otro, la posibilidad perenne de ser sujeto de una responsabilidad incuantificable desalienta el arrojo que en condiciones de urgencia, motiva a cualquier médico a intervenir profesionalmente ¿Qué médico querrá salvar la vida del paciente que se ahoga, si para permitirle ventilar debe practicar una traqueotomía que lo podría dejar sin voz? El riesgo de la justicia provoca miedo y afecta la ecuanimidad de aquel que tiene en sus manos la posibilidad de preservar una vida.

 

 

En las condiciones anteriores, resulta claro que el desarrollo de las cosas y la indefinición jurídica sobre los alcances de la responsabilidad profesional en el ámbito de los servicios de turismo médico, nos llevan a caer en el abismo de las resoluciones judiciales impredecibles, en el de las condenas multimillonarias que acabarán por trasladarse al resto de los pacientes en la fila. Paradoja ésta, en la que los mecanismos legales empoderan al enfermo de manera riesgosamente injusta, precisamente en contra de aquel que le puede salvar la vida.

 

 

Ten cuidado con lo que pides…se puede cumplir

Antonio Cuéllar | Martes 5 de mayo, 2015

ALEGATOS | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

¿De verdad queremos tener legisladores más activos y trabajadores? En un país cuyo sistema jurídico se rige por el principio de legalidad, al que más adelante habré de referirme, la respuesta deviene francamente difícil de encontrar. Queremos un país de libertades.

 

 

Tratar de atravesar un puesto de seguridad para ingresar a las puertas de embarque en el aeropuerto Charles de Gaulle, en París, en una silla de ruedas, es un auténtico vía crucis. Cualquiera pensaría que un individuo con discapacidad habría de contar con todas las preferencias para hacerlo, pero amén de la vastísima normativa parisina que persigue favorecerlo, la acción que debería ser un proceso absolutamente normal acaba por convertirse en una odisea imposible, en la que la persona discapacitada debe enfrentar una burocracia asfixiante.

 

 

Para ir de un piso de la terminal central al siguiente, cualquiera puede trasladarse a través de bandas eléctricas desplegadas en todo sentido; sin embargo, una persona con discapacidad se debe de anunciar y registrar, para que personal especializado la acompañe y le indique dónde está y cómo utilizar un elevador. Hacerlo sin esa persona, por innecesaria que sea, es imposible, pues daría lugar a una sanción en su propia contra. La ley que intentaba apoyarlos acaba transformando su paso por el aeropuerto en una experiencia desagradable y desafortunada.

 

 

No soy ajeno a la oleada de memes y comentarios de la gente, a través de los cuales no sólo se critica, sino hasta se ofende y desprecia a los legisladores de todos los ámbitos del país. Fotografías en las que se les muestra dormidos, comiendo o, simplemente, cotorreando, son el pan nuestro de todos los días. Coincido en que la labor parlamentaria podría ser mejor; distingo, sin embargo, la labor que hacen los legisladores en todos sus ámbitos de desenvolvimiento y no sólo en las sesiones del Pleno, quizá los momentos más improductivos.

 

 

Una posición en la que todo mundo podría coincidir es en que todos nuestros legisladores, federales o locales, deberían de trabajar más y tendrían, quizá, que ganar menos. Yo me pregunto si habrá de llegar el día en que la ciudadanía se sienta dignamente representada, en todas las latitudes del planeta. Si así fuera, ¿en qué deben trabajar?, ¿hacer más leyes?, ¿cambiar otra vez las que acaban de expedir?

 

 

El sistema jurídico nacional pende de un principio fundamental que contempla la primera parte del artículo 16 de la Constitución, en el que se establece que ninguna persona podrá ser molestada en su persona o en sus derechos, sino en virtud de mandamiento escrito de una autoridad competente en el que se funde la causa legal del procedimiento.

 

 

En palabras más asequibles, el principio anterior debe de entenderse conforme a las premisas esenciales de que los particulares podemos realizar todo aquello que deseemos salvo lo que la ley expresamente prohíba, mientras que las autoridades pueden llevar a cabo única y exclusivamente lo que la ley expresamente les permita.

 

 

Si la respuesta a la primera interrogante planteada en esta participación fuera la de conminar a nuestros diputados y senadores a expedir más leyes, el efecto que nuestra irreflexión produciría sería una irremediable reducción de las libertades ciudadanas, concatenada a un incremento proporcional de las atribuciones estatales para controlarlas. Más leyes significa más autoridades y burocracia, más competencia y atribuciones para ellas, y todo en detrimento del espacio de libertad que le corresponde a la sociedad.

 

 

Un ejemplo de lo anterior constituye uno de los reclamos que también aparecen en las páginas de las redes sociales de este fin de semana: la aprobación de una segunda verificación vehicular, para controlar la emisión de contaminantes en las vías de comunicación interurbana. Somos conscientes y compartimos el deseo generalizado de conservar el medio ambiente y proteger nuestros recursos naturales; no por ello, sin embargo, dejamos de ver la incomodidad de la medida recién aprobada.

 

 

Esta doble molestia nos mueve a develar una franca contradicción, una colisión de intenciones que proviene de la potencial incomprensión de aquello que se demanda: no podemos tener legisladores más activos y trabajadores, dedicados a la discusión y expedición permanente de leyes y, al mismo tiempo, seguir conservando las mismas libertades en una misma zona de confort ciudadano.

 

 

La demanda de períodos de sesiones más prolongados, o la exigencia de que los legisladores dediquen una mayor parte de su tiempo a la preparación de un mayor número de iniciativas, constituye una proposición demagógica que va a contrapelo de los deseos más profundos de una sociedad que anhela vivir en libertad. Nuestra auténtica aspiración debe fijarse por buscar un mejoramiento de la calidad, más que de la cantidad de horas parlamentarias trabajadas.

 

 

El Pacto del Estado de Derecho

Antonio Cuéllar | Martes 28 de abril, 2015

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

A pesar de que vivimos en una sociedad increíblemente judicializada, hoy puede decirse que permanecemos en un estancamiento que obedece a la falta de confianza de la ciudadanía, cifrada en un ausente Estado de Derecho. Tenemos un cúmulo significativo de leyes y reglamentos que sirven para decir que la vida de los mexicanos se encuentra completamente regulada, pero las normas que contienen no se cumplen.

 

La aseveración es una paradoja, porque nunca antes nuestros juzgadores se habían encontrado tan empoderados.  Una SCJN en ejercicio pleno de la función deliberativa de control constitucional como órgano político, a través de las acciones y controversias constitucionales; los distintos tribunales competentes en materia de amparo, como garantes del control constitucional por la vía más amplia de la tutela de los Derechos Humanos; y los jueces del fuero común, con la nueva visión jurisdiccional encomendada, a través de la cual se abocan al ejercicio del control difuso de la Constitución en cada una de sus resoluciones.

 

En esa medida, ¿qué pasa?, ¿porqué la ley no se cumple, si quienes están encargados de interpretarla y garantizar su cumplimiento hoy cuentan con todas las atribuciones suficientes para lograrlo? El país clama orden y justicia.

 

El domingo pasado, séptimo mes tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, sendas movilizaciones violentas se organizaron en Guerrero, D.F. y Chiapas para recordarnos la permanencia del sentimiento de hartazgo, de impotencia, de injusticia y de insatisfacción en el que viven la gran mayoría de los mexicanos. ¿Cómo remediar su reclamo?

 

En un reportaje publicado por el Universal el día de ayer, Robert Rennhack, Subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, reconoce el éxito de las reformas emprendidas por esta legislatura, de las que pende un crecimiento potencial anual del 4%; sin embargo, prácticamente las condiciona a la consecución de otros cambios profundos que son significativamente importantes: Estado de Derecho, Sistema Judicial y Gobernanza.

 

Podría decirse que habiéndose concretado las reformas sustantivas en la Legislatura LXII, el objetivo primordial de la próxima legislatura, con la que concluye la administración de EPN, se cifra en la capacidad de lograr los acuerdos políticos necesarios para llevarlas a su aplicación real y, sobre todo, a la recuperación de la confianza de los mexicanos a los que todas esas leyes están dirigidas.

 

Dentro de la agenda del decálogo para recuperar la seguridad, proclamada por EPN en noviembre pasado, el CIDE le entregó al Titular del Ejecutivo un pliego de más de 200 recomendaciones encaminadas a atender la problemática que se identificó como “Justicia Cotidiana”. Se trata de proposiciones para modificar aspectos inherentes al cumplimiento y observancia de la ley en todas sus instancias, particularmente dirigidas a satisfacer los requerimientos ordinarios de la ciudadanía en materia de justicia, con excepción de los aspectos penales.

 

En la víspera de que esas recomendaciones puedan hacerse públicas y lleguen a nuestra mesa, se nos ocurre compartir algunas ideas referentes a este tema, del que depende realmente la transformación de México.

 

No cabe la menor duda de que el cumplimiento de la ley obedece a un acto de buena fe, que queda confiado a los sujetos mismos a los que el derecho está dirigido. La justicia cotidiana debe fijarse por modificar la educación de los niños en torno de la legalidad. Debe indiscutiblemente mejorarse la educación cívica en las escuelas del país, para que comencemos a contar con una generación de mexicanos que sí estén auténticamente preparados para cambiar su destino.

 

Sin demérito de las etapas esenciales en materia de integración de la cuestión litigiosa, probatoria y de alegatos de todo juicio, debe simplificarse la impartición de justicia para la gran mayoría de los mexicanos, comenzando desde la notificación misma de una demanda. Debe favorecerse la intervención de los Jueces de Paz en procesos orales, en los que se conceda mayor relevancia a la mediación y a la conciliación como mecanismos alternos para la solución de la cuestión conflictiva.

 

La gratuidad de la justicia no debe confundirse con el pago de las costas judiciales. Es preciso que los litigantes tengan conciencia perenne del riesgo económico que lleve implícito el planteamiento de argumentaciones falsas o baladíes. La amenaza latente de pagar las costas judiciales favorecería siempre un clima de conciliación.

 

Resulta imposible pensar en la construcción de un Estado de Derecho, sin abogados. A pesar de la considerable matrícula de licenciados en derecho egresados semestralmente de las principales universidades del país, hacen falta verdaderos abogados. Debe impulsarse la colegiación obligatoria de quienes ejercemos esta profesión.

 

En la misma línea de pensamiento debemos pugnar por la capacitación puntual y cotidiana de quienes ejercen la función de impartir justicia. Los funcionarios judiciales deben aumentar en número, como también en calidad, para eso deberían capacitarse jurídica y humanamente en forma regular.

 

Debemos pensar en una reorganización funcional del presupuesto aprobado para el PJF, como también en el orden local, para que se abra el número suficiente de plazas judiciales, que satisfagan la amplia demanda de justicia en el país, en todos sus órdenes, y abrir de una vez por todas el campo al arbitraje privado como vía alternativa para la solución de conflictos.

 

Muchas más propuestas habrán de compartirse, desde luego, pero no mucho más tiempo es aquel con el que se cuenta para remediar el desamparo que produce la inaplicación del derecho, por el que millones de mexicanos claman de manera cada vez más sonora.

Caldos de insolencia

Antonio Cuéllar | Martes 14 de abril, 2015

ALEGATOS | La columna de Jorge Cuéllar

Incesantes grabaciones radiofónicas patrocinadas por el INE nos convocan a acudir con puntualidad a cumplir la obligación política de votar por nuestros representantes populares, y nos hacen ver con insistencia que, como sociedad, somos responsables –y subrayo la palabra–, de la elección de aquellos que habrán de tener entre sus manos la definición del rumbo del país y, con él, de nuestro destino.

En una época como esta en la que vivimos, me pregunto realmente si puede atribuirse responsabilidad a alguien con relación al ejercicio de un derecho, cuando los resultados de la acción parten de la base del desconocimiento o la ignorancia, el error o la violencia. En la teoría del derecho civil, cualquiera de esos vicios produce la nulidad del acto jurídico. Paradójicamente, en la era del conocimiento, sobresale la ignorancia a la hora de votar.

Tenemos ante nosotros la oportunidad y el deber de forjar un futuro que se asiente sobre cimientos sólidos, que miren por la sustentabilidad de nuestras acciones y nuestro modo de vida, más que a manera de un símbolo de confort colectivo, como una garantía real de supervivencia de una humanidad que crece descontroladamente, lastimosamente sobre la faz de un planeta que se asfixia ante la vorágine de la depredación.

La materialización del voto y nuestro sufragio sí entraña una responsabilidad a nuestro cargo que obliga a la ciudadanía a informarse y conocer, con profundidad, el contenido de la plataforma política que los candidatos contendientes habrán de impulsar, de llegar a ser elegidos para el puesto por el que contienden. Los medios para informarnos sobre los postulados ideológicos de nuestros aspirantes políticos, por costosos que puedan ser para el contribuyente, son terriblemente escasos.

A pesar de la importancia del mensaje difundido por el INE, tanto desde un punto de vista intrínseco, como también de su relevancia a partir de su carácter repetitivo, los actores de la gran contienda electoral no ejercen una retórica sustantiva que permita entender, en el fondo, cuál es el sentido de su proposición política.

Las campañas, como lo han sido a lo largo de los últimos tiempos, no son sino un raudal de improperios y calumnias que demuestran la bajeza de aquellos que las encabezan. En una metralla de insultos, los partidos políticos han enfilado sus esfuerzos a la degradación de sus opositores, en una guerra de lodo en el que no hay uno sólo que salga limpio.

Evidentemente que, si ese es el estilo y las cualidades de quienes habrán de ser electos para ser dirigentes, de quienes el pueblo escoge para ejercer el poder y hacer cumplir la ley por contar con cualidades especiales, que los deben llevar a ser calificados como lo mejor de la sociedad misma que los designa ¿qué podemos entonces esperar de las cualidades de los electores, quienes los conducen al poder?

Ante la clara pérdida de valores, los partidos políticos y la clase gobernante tiene a su cargo el enorme e irrenunciable deber de poner el orden, empezando por la casa. No sólo ha de considerarse a través de la concreción de actos honestos y asertivos con relación a las atribuciones otorgadas en el difícil arte de gobernar y hacer política, sino desde antes, por cuanto a la corrección y altitud de las formalidades a la hora de realizar campañas electorales. La conducción de la política entraña la construcción de los límites dentro de los que aterriza la discusión y solución de los grandes problemas que aquejan a la Nación.

Es verdad que la religión y la política corren por carriles separados, pero no podemos negar el obligado contenido moral del discurso político y su resultado, en la ley. Por eso debemos estar de acuerdo con la multiplicidad de llamados de atención hechos a todos los partidos políticos, para que se mejore en contenido y calidad discursiva, la propaganda con la que habrá de inundarse los medios de comunicación a lo largo de los próximos dos meses hasta el día de la contienda electoral.

La exigibilidad de la responsabilidad ciudadana, así, guarda una incuestionable correspondencia con la capacidad de los partidos políticos contendientes de saber informar, con seriedad y totalidad, el contenido de su proposición política. No habrán reproches que trasladar a una sociedad distanciada y decadente, si la causa de sus males encuentra su génesis en procesos de elección política plagados de ignorancia y bañados en caldos de insolencia.

En el juego del “mercado relevante”

Antonio Cuéllar | Martes 31 de marzo, 2015

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

 

Coinciden quienes pretenden gobernar a México en que, para mejorar nuestras condiciones de vida y de progreso económico, debemos acabar con oligopolios profundamente arraigados y procurar la implantación de una política de competencia efectiva en mercados vinculados con áreas estratégicas o prioritarias para el desarrollo nacional.

 

Entre las reformas aprobadas con motivo del extinto Pacto por México, tres son las que consideramos íntimamente relacionadas con la economía: la laboral, la de telecomunicaciones y la energética. Existen otras tangenciales que también incidirían en la materia, pero no por ello son, así digámoslo, reformas troncales.

 

Las telecomunicaciones, incluidas la radiodifusión y la telecomunicación en estricto sentido, constituyen uno de los mercados con mayor desenvolvimiento en las estadísticas e indicativos de crecimiento nacional. En oposición a otros sectores, como el inmobiliario, reflejan un desarrollo sostenido tanto en infraestructura, como en servicios y usuarios.

 

Una cuestión resulta relevante destacar –en la medida en que ha sido una de las consideraciones medulares alrededor del cual se ha construido la nueva ingeniería jurídica–: radiodifusión y telecomunicaciones son sectores que ineludiblemente habrán de consolidarse, virtud al fenómeno de la “convergencia tecnológica”.  Espectro radioeléctrico nacional e infraestructura de red se unificarán como una plataforma de datos única, a través de la cual los usuarios intercambiarán información por teléfono, por Internet o televisión, que en esa medida configurarán un mismo servicio.

 

Frente a la declaratoria de preponderancia de Telmex, aparece ineludible la pregunta en torno de cómo lograr la pronta incursión de un agente económico que pueda convertirse en un competidor efectivo en el mercado de la telefonía fija o, como habrá de ocurrir, en el de un nuevo mercado relevante que abarca telecomunicaciones consolidadas amén de la inminente convergencia tecnológica.

 

Se investiga y está por definirse cuál es el tratamiento que habrá de concederse a la red que vienen creando las empresas de Megacable y otras concesionarias del mismo servicio ya asociadas, que desarrollan una plataforma a través de la cual podrían competir en el mercado relevante de la telefonía fija. Ya en el inicio de la investigación misma se ha reconocido que los agentes investigados no han causado ningún daño al mercado en la actividad que ellos mismos vienen realizando. La problemática estriba en que el IFETEL define su posición y regulación desde la perspectiva de la participación que estos tienen en el mercado de la televisión restringida, pasando por alto la necesidad apremiante de generar condiciones de concurrencia en el mercado de la telefonía fija.

 

Pareciera que las facultades de regulación de las telecomunicaciones y de la competencia económica otorgadas al IFETEL se separaran o se condujeran de manera autónoma, en contrasentido al espíritu de la reforma constitucional del 2013 que lo habilitó como autoridad única para atender un mandato puntualmente identificado y que tiene que ver con el rompimiento de la inercia.

 

Los criterios resultan imprecisos y contradictorios, pues mientras la visión es complaciente tratándose de la lectura y condiciones de operación de la telefónica tratándose de la prestación del servicio de televisión, así sea que provenga de su asociación en el ámbito de la recuperación crediticia, como sucedió con Dish, o a través del aprovechamiento de la plataforma de Internet, como lo hace con Claro TV, dichos criterios se convierten estrictos y restrictivos cuando se valora la participación de la concesionaria de redes públicas dedicadas a la televisión por cable, cuando pretenden incursionar en el segmento de la telefonía fija.

 

Lo cierto es que el establecimiento de directrices que pudieran impedir la consolidación de una red e infraestructura que pueda hacer frente al tamaño de aquella que hoy posee el agente preponderante, de cara a la convergencia tecnológica, no producen sino la posibilidad real de que la práctica monopolística que se pretendió evitar con la reforma constitucional se aleje. Esa visión en la que todos los mexicanos coinciden, de que nuestro progreso está asociado a la eliminación de los oligopolios, no podrá materializarse mientras no se tenga claridad sobre la política que permita concederle a los agentes entrantes en el mercado de referencia, una posición sólida que los haga competitivos frente al agente preponderante.

 

Es evidente que ante la disyuntiva que se presenta, indispensable resulta entender cuál fue el propósito de la reforma como también, en mayor medida, el alcance que se debe conceder al concepto de mercado relevante objeto de investigación por parte del IFETEL, cuando este se vendrá consolidando en uno solo en el futuro inmediato. Telefonía y televisión restringida son ya, básicamente, dos productos asociados que se ofrecen en una misma plataforma. ¿Qué tratamiento se debe conceder a los agentes entrantes, en la medida en que los privilegios otorgados al preponderante pudieran producir el descarrilamiento del principio constitucional que privilegia una competencia que sería, no sólo posible, sino esencialmente sana?

Presupuesto, elecciones y gasolina

Antonio Cuéllar | Martes 24 de marzo, 2015

ALEGATOS | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

A pesar de que la economía mexicana ha venido deshaciéndose de su dependencia del petróleo, esta finalidad no ha logrado concretarse con relación al Presupuesto, el que sí cifra su éxito en la colocación internacional del crudo mexicano. Por eso, la caída de los precios internacionales del petróleo obliga, responsablemente, a la necesidad de efectuar una revisión al Presupuesto de Egresos como el Secretario de Hacienda y Crédito Público lo ha anunciado, en especial con la mira puesta en el ejercicio 2016.

La noticia tiene un color gris que resulta desalentador, en la medida en que el ajuste al presupuesto provocará un impacto inmediato en la atención de programas gubernamentales o la ejecución de obras que dependen de recursos del Estado mexicano, fenómeno que trascenderá en contra de la economía de las personas o de nuestra sociedad en un año que, política o electoralmente hablando, resulta fundamental.

A pesar de que se trata de medidas responsables asumidas por quienes tienen el deber de velar por la sana marcha de la economía nacional, la noticia no es fácil de entender para una buena parte de nuestra población. Si se hace el comparativo simplón de lo que sucede al otro lado de la frontera, en la que una economía de libre mercado en el que las empresas petroleras han competido desde su origen ha permitido la disminución del precio de la gasolina, muchos se preguntarán porqué en México no pasa exactamente lo mismo. El ajuste del precio de tan importante insumo produce envidias.

Podría suponerse que si nuestros productores contaran con un carburante más barato, la planta fabril y las actividades industriales y de manufactura podrían echarse a andar más rápidamente y, con ello, provocar un despegue de la economía más acelerado. El problema es que una decisión de ese tipo sería sumamente inequitativa y desventajosa para la gran mayoría de los mexicanos, sólo por mencionar un punto y dejando a un lado la perspectiva ambiental que reprobaría, sin lugar a duda alguna, cualquier política que permitiera una mayor quema de combustible. Un número importante de programas sociales no podrían verse atendidos.

El Gobierno se halla así en la encrucijada de impulsar acciones para no impedir la realización de actividades comerciales e industriales que se ven artificialmente detenidas con la conservación de un precio de la gasolina fiscalmente impactado, y simultáneamente la de no poder disminuir sus ingresos para poder preservar un cúmulo de programas sociales de los que depende la supervivencia de muchos millones de mexicanos.

No existe otra salida en este laberinto sino la de permitir aceleradamente la implantación y puesta en marcha de la nueva ingeniería legal, a través de la cual se permitirá la concurrencia de un conjunto de agentes económicos que, con su participación en el mercado, puedan llevar a la industria energética nacional al estado de competitividad que pudiera ofrecer condiciones de producción y disminución de precios como las que se vienen deseando.

Llama sin embargo la atención el hecho de que la proposición de disminuir el precio de la gasolina, con base en el comparativo hecho con el mercado de los EEUU, proviene de las filas del PAN, quienes a través de la colocación ruidosa de la idea lanzan una plataforma de campaña en la que se apoyan para pregonar el éxito que tuvieron en la administración de la economía a lo largo de los doce años que ejercieron el poder.

Sería válido y justo analizar que, durante el sexenio pasado, el precio del barril de petróleo tuvo un deslizamiento sin precedente en la historia, que permitió a la administración calderonista aplicar un subsidio a las gasolinas para que las familias mexicanas no tuvieran que pagar el precio real que al combustible le correspondía. Una intervención del Estado en una actividad primordial que es similar a la que hoy, en sentido inverso, se pretende erradicar.

¿No acaso los gasolinazos han venido a ser, al final del día, la aplicación de una política de deslizamiento paulatino del precio de la gasolina, que persigue eliminar el subsidio artificial otorgado a lo largo de esos años a favor de la gasolina y el diesel?

En esta época electoral, cómo haría falta que alguien explicara cuál ha sido el manejo real de la administración financiera del Estado alrededor del precio de la gasolina. Presentar a los responsables de la administración financiera de los recursos obtenidos por el sobreprecio histórico del petróleo a finales de la primera década de este siglo, así como a los responsables de hacer frente al descalabro que produce la caída estrepitosa de dicho recursos en los mercados internacionales. ¿Qué cuentas han de rendir unos y otros? ¿No así sería más válida la información con la cual se nutrirían las boletas electorales?

¿Quién mató al comendador?

Antonio Cuéllar | Martes 17 de marzo, 2015

Mexicoleaks ofrece una plataforma excepcional, pero peligrosa: ¿quién vigilará la protección de datos personales que establece la Constitución?

ALEGATOS | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

Ante la contundencia de prácticas de corrupción o de potenciales conflictos de interés, como los que han acontecido en México desde siempre, y que, por ejemplo, dieron lugar a la sustitución del Secretario de Obras del Distrito Federal la semana pasada, la transparencia y la rendición de cuentas constituyen una herramienta esencial e indispensable para la ciudadanía; el instrumento más efectivo para combatir y sancionar la ilegalidad, particularmente cuando se trata del ejercicio de la función pública.

Los caminos que establece la Constitución y que se han venido perfeccionando a lo largo de la última quincena de años para garantizar la transparencia, han dado cabida a organismos autónomos del Estado, sólidas instituciones que han ganado reconocimiento y credibilidad en la valoración de los aspectos que atañen a su competencia, en función de su desempeño apegado a la ley, se trata del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 6º de la Constitución, los comisionados que integran el IFAI son nombrados por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, siempre que no sea objetado por el Presidente de la República, lo que garantiza que los siete comisionados del Instituto sean personas de reconocida reputación en la lucha por la transparencia y la defensa de los intereses de la sociedad sobre el particular.

El funcionamiento de nuestra democracia exige la observancia de postulados de orden esenciales, sin los cuales, desde luego, no podría funcionar; incluso tratándose de la tutela del derecho de acceso a la información, el Estado debe gozar de organismos capacitados a fin de evitar el atropello del derecho concomitante al de transparencia: el de protección de datos personales.

El artículo 16 de la Constitución establece con claridad que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personas, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

Un grupo de “organizaciones” recién lanzaron el portal Méxicoleaks, cuyo propósito es facilitar una plataforma a la ciudadanía que permita la presentación de denuncias e información reveladora de hechos de corrupción, que puedan ser aprovechados periodística y legalmente para combatir esta gran enfermedad que ha provocado el hartazgo de la sociedad.

En un sentido de búsqueda de la transparencia y combate a la corrupción, en el escenario de las idealidades y de un país perfecto, se trata de una idea impecable. Qué mejor instrumento a disposición de la ciudadanía que el de un procedimiento tecnológico que permita publicar información privilegiada que evidencie un hecho de corrupción, sin riesgo para el denunciante.

El problema estriba en que México no es ese país perfecto, y ante el hiperrealismo que produce la utilización bulliciosa de las redes sociales, el funcionamiento de una plataforma de este tipo expone a toda persona, en particular a quienes ejercen el servicio público, a un doble flanco que puede ser peligroso para la estabilidad nacional:

Una, la utilización de información falsa o documentación apócrifa en perjuicio de los denunciados produce un efecto infamante que queda irremediablemente consumado desde que la información se hace pública, en forma absolutamente impune para quien hubiera remitido los datos utilizados. El portal alude expresamente al privilegio de los periodistas que la divulgarían, de no tener que revelar la fuente de la noticia.

Dos, si bien es cierto que existirá algún órgano colegiado de control entre quienes dirigen el portal, la problemática es que este será discrecional y quedará colocado en manos de “profesionales de la información” cuyas cartas credenciales no atraviesan el tamiz del control institucional conforme al cual han sido creadas las instituciones del Estado que hoy se encargan de velar, tanto del cumplimiento de la obligación de hacer pública toda información gubernamental, como también por el secreto y privacidad de los datos personales de los mexicanos. ¿En manos de quiénes quedará depositada esta altísima responsabilidad?

Lo cierto es que en el ejercicio de los derechos que se ejercen en esta nueva función colectiva de las redes sociales, el Estado queda sobrepasado. Se trata del empoderamiento de un acusador anónimo que no tiene nada que perder y que no puede ser sujeto de control. ¿Qué manejo habrá de darse a la información durante los procesos de elección?

Debe aplaudirse cualquier proceso de organización de la sociedad civil que busque evidenciar la ilegalidad dentro de la cual se conduzca un servidor público, o un particular en relación con aquél. Sería conveniente, sin embargo, que se permita, aún tratándose de la publicación en la red, la instrumentación de mecanismos de defensa a favor de quienes hayan de ser denunciados, lo mismo que la ampliación de la plataforma a fin de dar a conocer, idénticamente, las actividades del servicio público ejemplar.

La mejor manera de construir una democracia funcional no puede darse a través de la vía única de la exaltación del pecado, sino también mediante el reconocimiento de las virtudes de quienes cumplen cabalmente con su deber.