Corrupción e informalidad

Antonio Cuéllar | Martes 26 de enero, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

Seguridad y corrupción son los dos malestares que más empañan la imagen de México alrededor del mundo, muy a pesar de los grandes esfuerzos emprendidos para remediar tan arraigadas enfermedades; y es que a pesar de que varias reformas se encaminan a combatir el problema de la inseguridad, como la referente a la expedición de un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales y todo el andamiaje judicial que lo acompañan, o para combatir la corrupción, como la referente a la expedición de la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, omisiones evidentes impiden que la intención demostrada en la tribuna cause efectos ciertos y prácticos en la vida de la gente.

 

En su desenvolvimiento cotidiano, el progreso del país se mide en sus mercados, en el transporte público, en la recolección de basura, en el funcionamiento del alumbrado, en la pronta y eficiente respuesta de la policía, en la limpieza de las aulas escolares y la puntualidad de sus maestros, a la postre, en el ámbito de la vida social que, gubernativamente hablando, queda encomendada a las autoridades locales de menor jerarquía, a las municipales o a las delegacionales.

 

Por eso no resulta extraño que en la percepción popular se ubique a nuestros gobernantes locales, presidentes municipales, síndicos, regidores, jefes delegacionales y subalternos, en el más bajo de los escaños cuando de eficiencia y honestidad se trate: las obras menores son las más descuidadas, las más mal ejecutadas y peor administradas.  La razón es simple, los actos de corrupción más palpables son aquellos que se realizan en el ámbito de la administración local, en el de la policía de tránsito, en la inspección del mercado o en la Dirección de Jardines cuando se trata de poder una Jacaranda, la corrupción de barandilla.

 

Estudios realizados en el 2015 por la OCDE demuestran una correlación directa entre el crecimiento de la informalidad y el de la corrupción en el ámbito local. La informalidad fomenta la inobservancia de la ley, desde el ámbito fiscal, o el de la competitividad con relación al sector económico legalmente establecido, hasta el de la administración pública. Es lógico suponer que la concesión ilegal de espacios a la realización de actividades económicas fuera del marco de la ley, presupone la existencia de un acto de corrupción que lo cobija; de ésta derivan todos los demás.

 

Es válido suponer que las modificaciones constitucionales que persiguen la participación activa de la ciudadanía en la definición de lo que es un acto de corrupción, o que dota al Tribunal Federal de Justicia Administrativa de atribuciones para individualizar una sanción en contra de un servidor público corrupto, revelan un parteaguas que, de materializarse en este próximo período legislativo mediante la expedición de sus normas secundarias, podría aportar herramientas imprescindibles para combatir la corrupción; sin  embargo, siendo honestos, la reforma constitucional está dirigida a procesos administrativos mucho más complejos que la expedición de un permiso para utilizar la vía pública, de manera tal que sus frutos acabarán siendo insuficientes en el ámbito de gobierno en el que más se necesitan.

 

Una decisión más clara para combatir la corrupción, en estricto sentido, debería de empezar mediante el combate efectivo contra la informalidad y todo aquello que se le asemeje, porque su existencia perjudica a nuestra sociedad desde el fundamento mismo sobre el cual se erige, desde la base de las instituciones que son legalmente concebidas para gobernar y para protegerlo… ¿de quién? precisamente, del mismo acto de corrupción que los sectores informales generan.

 

Pero qué sucede, hablar del combate a la informalidad como vía para la erradicación de la corrupción en el ámbito de la vida cotidiana, contradice abiertamente la política que algunos partidos e institutos han implementado para hacerse de militantes que, a través del voto, los acompañan en su lucha inagotable por hacerse del poder público.

 

Ejemplos hay muchos y se pueden atribuir a todos los partidos políticos sin salvedad; en la capital del país, por mencionar uno, se recuerda la vinculación directa entre el Frente Popular Francisco Villa y el PRD, ambos vinculados con la defensa de los “derechos” de taxistas piratas en el Distrito Federal, a través de la asociación de Los Pantera, que mediante acuerdos celebrados con René Bejarano para incrementar su poder territorial, llegaron a tener representación política en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

 

Recientemente la CONAGO sugirió incorporar a nivel constitucional el principio de Mando Único policial que tanto ha dado de qué hablar. La decisión resulta interesante, pues permite la adopción de políticas verticales en la investigación y persecución del delito, en la administración de recursos y selección de personal encargado de la vital tarea de cuidar a la ciudadanía y combatir a la delincuencia.

 

Una decisión equivalente en el ámbito de la corrupción que hoy nos interesa, debería de ser la formalización del acuerdo nacional, encabezado por los partidos políticos, mediante el cual se sienten bases legales, a través de las cuales se impulse un combate frontal contra la informalidad, entendida ésta, más allá de la que no paga impuestos, a la que se dedica a la realización de actividades prohibidas en la vía pública, venta de contrabando, piratería, y toda aquella que atenta contra el comercio formalmente establecido o para la que fuera lógico recurrir a un acto de corrupción como vía única para lograr la tolerancia de la administración encargada de combatirla. No puede ser lógica la división gubernativa alrededor de un principio de legalidad tan elemental como el que se enuncia.

 

Si queremos alentar la creación de fuentes de empleo que mejoren la calidad de vida de los mexicanos, y si deseamos la recuperación de valores morales que prevengan la realización de actividades ilícitas, es necesario terminar, por impopular que sea la noticia, con la política de la tolerancia a favor de la ilegalidad que tanto daño ha causado a lo largo de las últimas décadas.

 

La cuesta de enero…y de febrero

Antonio Cuéllar | Martes 19 de enero, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

 

La semana pasada fue, desde un punto de vista económico, la primera semana activa del año. Este comienzo siempre anuncia los titánicos esfuerzos que todo el mundo debe realizar para salir airoso de los compromisos de deuda asumidos al final del año anterior, así como para enfrentar las obligaciones que corresponden al período que empieza; la esperanza de que las cosas mejoren en los meses por venir constituye un invariable aliento que motiva al trabajo empeñoso y al orden. El 2016 anuncia condiciones económicas atípicas que, extraordinariamente, nos deben llevar a asumir actitudes y previsiones adicionales.

 

Desde el inicio de este sexenio se planteó un programa ambicioso de reformas que detonarían el crecimiento económico del país, con el consecuente beneficio para la calidad de vida de las personas. El Presidente de la República no deja de aprovechar cualquier espacio que se le concede para hablar de los grandes cambios que se han venido produciendo en el ámbito legislativo y para adelantar lo que, en la opinión de todos los que lo hemos vivido, debería acontecer como resultado de aquellas. Sin embargo, los efectos de las reformas no son ciertamente palpables, o por lo menos no lo son con el alcance que se esperaba.

 

La magna reforma constitucional que tendría un impacto inmediato en el ámbito de la inversión y el crecimiento fue la energética, que atraería capital fresco para la explotación más eficiente de los recursos del subsuelo nacional y liberaría el gasto público destinado a la exploración petrolera, que en ese sentido se dirigiría a otras actividades de mayor relevancia social necesarias para México.

 

Por circunstancias históricas que se originan en el exterior, nuestro país, como el resto de aquellos cuyo presupuesto depende de la extracción de hidrocarburos, atraviesa una etapa dolorosa tratándose de la recaudación de fondos provenientes de la venta del crudo, que a pesar de haber tenido una primera ganancia, marginal, ayer cerró en el precio de los 20.71 dólares por barril; un precio no visto desde 2005.

 

Ese comportamiento del mercado de hidrocarburos coloca al país en un doble aprieto: desincentiva la inversión en el sector energético, e impide a su vez la obtención de recursos frescos, necesarios para hacer frente al gasto que representa el funcionamiento mismo del gobierno y los programas sociales vigentes.

 

Simultáneamente, en este mes de enero se ha venido viviendo un descalabro constante en el comportamiento de los mercados bursátiles a nivel mundial, que se produjo con las bajas expectativas de crecimiento de China y, por ello, de todas las económicas ligadas con el gran gigante asiático. El Shanghai Composite acumula pérdidas en el último mes superiores al 18%, lo que ha conducido al resto de los mercados del planeta por similares derroteros.

 

En este entorno, resulta sumamente alentador que los pronósticos de crecimiento de la economía nacional se sitúen en una tasa de alrededor del 3.5%, que deberían mantenerse pero que, como siempre, por nuevos aconteceres, podrían ajustarse, como lamentablemente ocurrió el año pasado.

 

Un factor que incide en el sentido anotado es, precisamente, la percepción negativa que provocan eventos como las detenciones de la semana pasada, que a pesar de ser positivos en el ámbito de la procuración de justicia, abonan al discurso internacional que insiste en la identificación de México como un país en el que impera la corrupción y en el que se adolece de una falta de Estado de Derecho.

 

Las consideraciones anteriores son las que nos motivan a reflexionar qué actitud y qué acciones se deben tomar para soportar, en condiciones adversas y excepcionales, como las imperantes, una agobiante cuesta de enero que podría prolongarse, acciones que van, desde el ámbito personal o familiar, hasta el comunitario o social.

 

Los expertos señalan con toda lógica que, por principio de cuentas, debemos empezar este año procurando disminuir lo más posible, la concreción de gastos y operaciones que signifiquen una asunción de deudas y pasivos, que mermen nuestro patrimonio y prolonguen los difíciles días del comienzo del año.

 

A pesar de que los informes generales evidencian un comportamiento negativo de los mercados, la recomendación es que, tratándose del posible ahorro, se acuda siempre ante un asesor especializado, que logre identificar los nichos que conserven comportamientos neutrales o positivos.

 

Ante todo, lo más importante estriba en ser prudente y cauteloso en la conservación del empleo o la fuente de ingresos, lo que obliga a la mesura en la toma de decisiones laborales o empresariales.

 

El único mejoramiento del entorno económico dependerá de la confianza del inversionista y de la aplicación del capital a actividades verdaderamente productivas, generadoras de empleo. En ese contexto, con independencia de la puntual observancia de las responsabilidades que atañen a quienes desempeñan una función pública, también resultaría conveniente que se valorara cómo, para el beneficio de todos los mexicanos, sería muy positivo darle la vuelta al diálogo y a la crítica permanente en contra de las instituciones y en su lugar, lograr el enaltecimiento de aquellos aspectos de la vida del país con los que estemos satisfechos.

 

El estancamiento del ánimo de negatividad que invade los medios informativos y de comunicación, no constituyen un aliciente para superar lo que, como se observa, podría ser un año difícil para el desarrollo económico del país.

La rosca y los regalos

Antonio Cuéllar | Miércoles 6 de enero, 2016

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

Un sistema electoral tan cuidadosamente elaborado como el nuestro, enfrenta este año, en la antesala de trece procesos de elección local, un lógico escrutinio y calificación. Ahora que seguimos embriagados por las fiestas decembrinas y en la preparación de la última reunión que tiene lugar con motivo de esta época, la partición de la rosca y el chocolate, es justo que valoremos cuáles son los regalos que nos traerán este año los reyes magos.

 

El primer regalo:

 

El cansancio ciudadano del corrompido sistema de partidos, se ve correspondido por Melchor con la reforma electoral ya probada, que en este año habrá de florecer, por la que todos los mayores de dieciocho años podrán acudir a las urnas para votar y elegir a candidatos independientes. Un primer regalo que le permitirá a mexicanos destacados, en cierto modo no relacionados por la opinión pública con las negatividades de ninguno de los partidos que conforman el establishment, contender con el firme propósito de servir a México y, desde luego, nunca para hacerse de una pequeña rebanada del presupuesto destinado al gasto electoral, ni tampoco para hacerse del poder por el poder mismo, como sucede en la arena de los partidos de la que todos hablamos. ¿Será?

 

El problema de los independientes, sin embargo, sigue siendo el incuestionable carácter mesiánico que por las condiciones de su acceso al poder lógicamente debe acontecer. Un candidato independiente que goce de un voto mayoritario (aún en el caso de las mayorías relativas), empodera a un individuo en forma única y ajena a cualquier órgano conjunto de representatividad pública.

 

Si como ocurre, el ciudadano electo se ve obligado al ejercicio de una encomienda pública que por el repudio de los electores se arrebata a los partidos, la conducción de las labores de gobierno queda en manos de un combatiente de las cruzadas que se debate contra todo y contra todos. El riesgo de la parálisis y del antigobierno, en manos de Don Quijote, es muy grande. ¿Pueden los independientes cambiar el rumbo del país, fuera de las instituciones que nos hemos dado; fuera del debate parlamentario y la más adecuada actualización del derecho?, y, si no puede suceder ¿Acaso no es más peligroso entonces tener contendientes antisistémicos?

 

El segundo regalo:

 

En el mejor deseo de proteger a un universo de electores que, a pesar de ser mayores de edad, siguen presuntivamente siendo manipulados por la información televisiva (es lo que se dice siempre y lo que se deduce de las restricciones legislativamente impuestas), Gaspar nos ha traído como regalo la limitación normativamente impuesta para que absolutamente nadie, sin distinción, se salga del corral que maneja el INE, a la hora de decidir qué y quién dice algo en la radio y la televisión en la materia político electoral.

 

El problema que deriva de tan bondadoso obsequio, es que la camisa más estrecha se le puso a quienes ejercen el poder, los que no obstante contar con un legítimo derecho y lógica intención de contender en la arena política, para hablar de sus logros en la función encomendada o defenderse de las imputaciones hechas en su contra, están totalmente limitados por la misma ley, que en esa medida impide un proceso de información fidedigno y verdadero, en ineludible agravio del grado de conciencia que el público elector bien leído debe formar.

 

Es ahí en donde en estos días cobran importancia dos fenómenos atendibles: Uno, ¿Es sano y legítimo que Anaya y López Obrador gocen de la libertad más absoluta para aprovechar el vacío legal y difundir su imagen con miras a participar en el debate electoral por la presidencia de la República dentro de dos años? La camisa de fuerza genera esta distorsión del sistema que pone en evidencia el defecto que se debe reparar, pero ¿en qué sentido? ¿Que se restrinja también la difusión de su imagen o que se liberen las restricciones para todos?. Dos, apenas ayer Donald Trump anunció que dispondrá de dos millones de dólares mensuales para la difusión publicitaria de su imagen en dos Estados de la Unión Americana, y eso no garantiza para nada que será electo el candidato del Partido Republicano, a pesar de ser puntero en las encuestas. ¿Cómo podríamos blindar a los candidatos frente a recursos económicos ilícitos o intereses que pudieran ir en contra de la más atinada dirección del país?

 

El tercer regalo:

 

El proceso de elección de este año, del que derivará la designación de trece nuevos gobernadores y varios centenares de servidores públicos en el ámbito de la administración municipal, es una prueba de oro para las nuevas instituciones. Ante la inminencia de un proceso de elección presidencial en el que se estará jugando su suerte el país, pues se decidirá la continuidad de lo constitucionalmente replanteado o un giro de timón, Baltazar nos obsequia el mejor de los regalos: tiempo; la oportunidad de dos períodos legislativos, que serían mucho más que suficientes para analizar y cambiar los defectos de la normatividad vigente, con miras a garantizar el más eficaz sistema democrático de acceso al poder.

 

El punto con relación a esta modificación, tiene que ver con la posibilidad apremiante para que los mismos actores políticos se den cuenta del entramado en el que han quedado colocados, y el riesgo en que podrán llegar a estar situados, sin distinción, pues tarde o temprano, todos, en algún ámbito de gobierno nacional, deberán enfrentar las mismas restricciones.

 

A ver quién se saca el niño en la rosca, y de qué sabor prepara los tamales para el día de la candelaria, el 2 de febrero: existe un futuro en juego.

 

El curioso federalismo mexicano

Antonio Cuéllar | Martes 22 de diciembre, 2015

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

 

Muchos años de jaloneo transcurrieron antes de que se votara exitosamente la reforma del Distrito Federal.  Desde la semana pasada tenemos la primera parte concluida, y la más importante, del proceso de reforma constitucional que permitirá la creación del Estado treinta y dos (falta la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales).  Ante la subsistencia de nuestro menguado sistema Federal, ¿cuál será la situación constitucional que mantendrán los Poderes de la Unión frente a las supremas autoridades de la flamante entidad federativa?

 

Los mexicanos tenemos un celoso sentido del recuerdo, cuando nos referimos a la remembranza de circunstancias o eventos de la historia que nos hubieran producido un agravio o descontento. No se trata de superficialidades, desde luego, pero a veces somos incapaces de superar atavismos que nos marcan irremediablemente: el sufragio efectivo y la no reelección; la inalterable prohibición para que los extranjeros gocen de la propiedad inmobiliaria en la “franja prohibida”; la impuesta limitación para que las fuerzas armadas ingresen a ciudad universitaria, son en unión de muchos otros, algunos principios que nos describen hasta la médula.

 

La hegemonía de un partido en el Poder y la imposibilidad constitucional para que los capitalinos participáramos en procesos electorales a través de los cuales democráticamente decidiéramos quién gobernaba al Distrito Federal, la capital y, al mismo tiempo, el área metropolitana más poblada del país, despertaron en su gente un enraizado sentimiento de liberación política que los partidos de la izquierda supieron entender y conducir en el rumbo de su “independencia” y su elevación al rango de “Estado”. Es como los anteriores, un principio que pinta de pies a cabeza a la mayoría de quienes habitamos en la capital de México.

 

La manipulación constitucional ha venido concretándose en muy amplios rubros de la organización política nacional; por ejemplo, la división de poderes por la que define la República, que tradicionalmente depositó en tres órganos supremos la responsabilidad primaria de gobernar a la Nación, en las tareas legislativas, ejecutivas y judiciales, desembocó en un proceso de balcanización que generó la coexistencia de una docena de órganos constitucionales autónomos que orbitan alrededor de los tres primarios, en forma aparentemente organizada, pero sin la existencia de un eje de control político que armonice sus decisiones.

 

Esa misma vorágine transformadora ha provocado una sinrazón normativa en el ámbito de la organización de nuestro Estado Federal: la inminente creación de un territorio en el que deberán convivir, en igualdad de condiciones político-constitucionales, las autoridades locales y las autoridades de la federación. Capital de la República, Estado y al mismo tiempo, sede de los Poderes de la Unión; un monstruo de dos cabezas que no se entiende a sí mismo; una alucinación constitucional que aporta el mejor ingrediente del discurso de precampaña del Doctor Mancera. Así se nos ha ofrecido a los capitalinos el remedio para aliviar nuestro malestar.

 

Cabe recordar que en el caso de un Estado Federal como el nuestro, la soberanía constitucional que las entidades federativas reservan a favor de las autoridades de la Unión, le concede a estas últimas un ámbito de desenvolvimiento, en su propia esfera de poder, que desarrollan a lo largo de todo el territorio nacional y a favor de todos sus habitantes. En esas condiciones, los Poderes de la Unión no pueden verse colocados, frente a ninguna de las autoridades locales, en situación alguna de subordinación que pueda alterar su actividad cotidiana.

 

El Distrito Federal mantuvo la función de ser, precisamente, la casa de los Poderes Federales y, en esa medida, el lugar para su asentamiento en el que ninguna autoridad local pudo encontrarse por encima de ellos. Esa calidad constitucional del territorio de la capital permitió siempre la conducción armónica del quehacer público de las autoridades federales.

 

Ante el reclamo democratizador de los capitalinos, al final del siglo pasado se crearon órganos electos de gobierno del Distrito Federal que vieron por las necesidades de sus habitantes en torno de distintas áreas de interés inmediato; sin embargo, se conservó ante todo la condición política del Distrito Federal como sede del Congreso General, de la SCJN y del Presidente de la República, nunca subordinados a los órganos de autoridad de la capital.

 

Con motivo de la reforma constitucional que ya discutieron y aprobaron las dos Cámaras del H. Congreso de la Unión, tendremos una Ciudad de México que oficialmente dejará de ser el Distrito Federal.  Se crearán los Poderes constituidos de la entidad federativa renovada, aunque se permitirá que los Poderes Federales permanezcan en ella. Las facultades legislativas que tendrá el Congreso General en el ámbito de la Ciudad de México, al revés de la manera en que siempre aconteció, serán limitadas, conservándose a favor de la legislatura local la facultad residual que le permitirá normar la vida de la capital.

 

Es evidente que la fuerza democratizadora que hemos impulsado con el voto ha disminuido el presidencialismo unipersonal, ha promovido la colegiación en el ámbito de la dirección y gobierno de las áreas estratégicas de la economía nacional, ha pretendido ciudadanizar los procesos electorales y busca mejorar la instrucción educativa y transparentar la función pública.  En el ámbito del Distrito Federal, sin embargo, el ánimo democratizador ha gestado una contradicción constitucional que producirá indefectiblemente muchos dolores de cabeza. Autoridades federales y autoridades locales, no pueden convivir y cogobernar en un mismo territorio.

 

El celoso sentido de nuestro recuerdo histórico, remueve voces que resuenan en mi memoria, en las que se escucha el momento en el que un Jefe de la administración pública de la capital, después candidato ufano a la presidencia de la República, arremetía contra el titular del Ejecutivo y le decía: “cállate chachalaca”. ¿Acaso la posición de quienes ejerzan los poderes locales de la Ciudad de México, en la búsqueda del protagonismo político-electoral, no podrá entorpecer otra vez la función que los Poderes de la Unión realizan para todos los mexicanos? La nueva capital del país, como el chamoy, no es dulce ni es picante.

El reglamento que llegó para incumplirse

Antonio Cuéllar | Martes 15 de diciembre, 2015

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

 

Pese a los innegables beneficios que a toda nuestra sociedad procura el mejoramiento de la economía y el desarrollo nacional, nadie puede negar que, el crecimiento del parque vehicular, de la mano con el anhelado progreso de la capacidad adquisitiva de los mexicanos, deviene un factor terriblemente negativo para el medio ambiente y, sobre todo, para la calidad de vida de quienes lidian diariamente con el tránsito de la capital.

 

De ahí que así como para el Gobierno Federal la seguridad y el estado de derecho constituyen temas de esencial relevancia en la agenda política nacional, en la Ciudad de México se conforma como una materia de alta prioridad política la relativa a la inaplazable implementación de políticas públicas para mejorar la calidad del transporte, la vialidad y la accesibilidad para todos los capitalinos.

 

En este marco de desesperación en el que se ubica la absoluta mayoría de los conductores del Distrito Federal, de disparidad entre las necesidades de transporte y la calidad de aquellos medios públicos que los habitantes de esta Ciudad tenemos a nuestro alcance, resulta altamente cuestionable la decisión gubernativa del Doctor Miguel Ángel Mancera, de lograr de manera simultánea el avance de la reforma constitucional que desvincula y desindexa al salario mínimo de un cúmulo de factores legales basados en él, como multas, sanciones, créditos y prestaciones -que en teoría permitiría la liberación del propio salario con el fin de lograr su libre flotación en escenarios que lo llevarían a mejores niveles-; y al mismo tiempo, emitir un Reglamento de Tránsito que, por ambicioso que sea en el ámbito del control y regularización del tránsito, es mucho más destacado por la cantidad y calidad de las sanciones y multas que contempla.

 

Hace un par de años se dio inicio a la discusión en torno de la procedencia legal de la instalación de parquímetros en la calles de la Ciudad de México, y la respuesta ofrecida por las autoridades del Espacio Público giró en torno a la implementación de dicha medida, como una necesaria política de movilidad a favor de los capitalinos, pues desincentivaba el uso de vehículos.  El contra argumento es contundente: no se puede alentar la implementación de programas que inhiban el uso del transporte personal, si de manera simultánea no se ejecutan acciones concretas que permitan la existencia de alternativas de transporte y conducción a favor del mismo número de personas que habrán de verse afectados por la primera.

 

Ante la adversidad, la clase gobernante mexicana siempre resulta ser sumamente limitada. Quienes se encargan del ejercicio de la administración pública nunca tienen una mejor solución para la atención de un problema que la modificación de las leyes y, a través de ellas, el incremento significativo de penalidades y sanciones. Pocos servidores públicos tienen la astucia de implementar acciones preventivas o de solución extralegal de la problemática cotidiana.

 

El tránsito y la movilidad de más de cinco millones de vehículos diariamente, en las calles y avenidas del Distrito Federal, se atajará mediante la implementación de una nueva política de chicote, que asegura una potencialización amargamente significativa de los actos de corrupción de bocacalle; y no mediante la asunción de políticas que pudieran permitir la sustitución del vehículo privado por otros medios de transporte más eficientes y amigables con los peatones y con el medio ambiente.

 

El día de hoy que se publica este artículo entra en vigor un nuevo Reglamento de Tránsito para la Ciudad de México. Una lectura superficial de su contenido permite afirmar, sin temor a equivocación, que se trata de un ordenamiento de avanzada, en el que se implementan todo un conjunto de reglas que, teóricamente, deberían de hacer viable la convivencia entre automovilistas, estos y motociclistas, y todos los anteriores y los peatones.

 

La problemática real tiene que ver con la ejecución de las normas obligatorias que contempla dicho Reglamento, con el carácter absolutamente desproporcional e irreal de las medidas e imperativos que contempla, de sus correctivos y consecuencias administrativas, y la realidad imperante a la que va dirigido. Nuevamente, una norma más que se expide para no cumplirse, o para cumplirse temporalmente, hasta que los Tribunales de la Unión o la movilización ciudadana demuestren su falta de viabilidad real.

 

Una muestra: De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 23, fracción III del Reglamento de Tránsito que hoy entra en vigor, el descenso de pasajeros de vehículos de transporte público en el segundo carril de circulación o en una vía ciclista exclusiva, como es el caso de la que existe en la Avenida Paseo de la Reforma, se sanciona con una multa de hasta 200 unidades de cuenta de la Ciudad de México, que equivaldría a 13,990 pesos, además de una penalización de tres puntos en la licencia de conducir. Si así habrán de ser sancionados los taxistas y microbuseros de la capital, las preguntas más inmediatas que nos podemos hacer son las siguientes: ¿Cómo habrá de descender el pasaje en las tantas avenidas en las que no hay paraderos?, y la otra ¿Cuántos días deberá trabajar un chofer para pagar una multa?

 

Con independencia de que las normas del nuevo Reglamento constituyan una aspiración legítima en cuya dirección se debería de trabajar, debe concederse validez al razonamiento lógico que nos indica, que con anterioridad a la implementación de un régimen sancionador de la naturaleza del que hoy se impone, debería de haber existido una política preliminar de educación vial, un programa de mejoramiento de la calidad del transporte público y un acuerdo de mejoramiento de las condiciones de trabajo de los agentes de tránsito, que impida la aceleración de un estado de corrupción como el que se avecina.

 

En la legislación que mira por la responsabilidad imputable a los servidores públicos se establece a cargo de ellos la obligación de conducir su actuación frente a los particulares, dentro de los linderos de la buena fe. El buen quehacer público debe entenderse siempre orientado a permitir la convivencia más armónica posible entre ciudadanos, y entre estos y su gobierno; así se construye una democracia funcional. Los instrumentos con los que la Asamblea Legislativa ha dotado al Titular del Órgano administrativo del Distrito Federal, permiten el nacimiento de una tiranía en el ámbito de la conducción automovilística y la imposición de sanciones, que pareciera buscar un incremento en la recaudación, más que un mejoramiento en la calidad de vida de la población. No se aprecia con facilidad la buena fe que motivó a las autoridades locales a imponer reglas de la severidad que desde hoy, ya nos aquejan.

¿Sancionable la extensión de plazo por apagón analógico?

Antonio Cuéllar | Martes 1 de diciembre, 2015

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

El ejercicio probo del derecho a informar

 

Una de las grandes diferencias entre las ciencias exactas y las ciencias sociales, es que en las últimas no existen conclusiones absolutas. Mientras que en las matemáticas una simple suma arroja un mismo resultado, en el caso del derecho, la redacción de una norma jurídica puede dar lugar a distintas interpretaciones y, en esa medida, a variadas aplicaciones.

 

 

Fue con base en la consideración anterior que las afirmaciones contenidas en un artículo publicado el sábado pasado, corolario de varias semanas de especulación, me llamó singularmente la atención. Su autor, el senador Javier Corral, aseguró que cualquier prórroga del apagón analógico daría lugar a la imposición de una sanción especialmente gravosa a cargo de las concesionarias, supuesto que en su opinión generó una iniciativa para reformar la ley a modo de ellas mismas. Dos preguntas vinieron a mi mente, la primera, sobre si la redacción de las normas inherentes a la fecha de arranque de la televisión digital terrestre eran, en verdad, fatales y absolutas, como las ciencias exactas; y, la segunda, sobre el conflicto de interés del autor para escribir sobre dicho tema, a la sazón de su inclemente guerra contra Televisa, que se ha hecho pública.

 

 

El marco jurídico vigente que atañe a dicho suceso encuentra su cúspide en un artículo transitorio de la reforma constitucional del 11 de junio de 2013. En éste solamente se establece, al respecto, que la transición digital terrestre culminará el 31 de diciembre de 2015, y que los Poderes de la Unión estarían obligados a promover, en el ámbito de su competencia, la implementación de equipos receptores y decodificadores necesarios para la adopción de esta política de gobierno, garantizando, a su vez, los recursos presupuestarios.

 

 

En el ejercicio de la facultad legislativa que le corresponde al H. Congreso de la Unión, se expidió la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que en sus normas transitorias también previeron la fecha de culminación de la transición digital, y establecieron además que el IFETEL concluiría las señales analógicas el último día del año, sujeto a la condición de que se alcanzara el nivel de penetración del noventa por ciento de hogares de escasos recursos definidos por la SEDESOL.

 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 298 de la misma Ley Federal, es sancionable la interrupción de la prestación total de servicios en poblaciones en que el concesionario sea el único prestador de ellos, cuando dicha interrupción acontezca sin causa justificada o sin autorización del IFETEL.

 

 

Bajo las consideraciones anteriores, la primera pregunta se reafirma: ¿Es absolutamente sancionable el hecho de que permisionarias o complementarias llegaran al 31 de diciembre en condiciones de transición inacabada? Aprecio que existen elementos en las normas citadas, que flexibilizan la conducción de la IFETEL sobre bases de razonabilidad de sus políticas.

 

 

El esfuerzo que los concesionarios y el gobierno han realizado para poner en marcha la transición a la televisión digital terrestre es ejemplar. Se está llegando a la fecha límite constitucionalmente impuesta con la cobertura total del territorio nacional, en aptitud plena para culminar el apagón analógico y permitir el lanzamiento oficial de la televisión digital en México. Según se explica, sin embargo, existen zonas de cobertura en las que algunas estaciones públicas y estaciones complementarias prestan sus servicios, por cuya lejanía dicho proceso de transición continuará exitosamente aunque, propiamente, no estará concluido. Esa situación cuantitativamente excepcional se detona, sin embargo, en el contexto de las facultades que los transitorios de la Ley Federal de Telecomunicaciones reservaron a favor del IFETEL. ¿La conducta es sancionable?

 

 

Son tantos y tan amplios los criterios que la SCJN ha sustentado en torno de la equidad, de la proporcionalidad jurídica y de la legalidad, que me cuesta trabajo pensar en la posibilidad de que el IFETEL pudiera desplegar atribuciones de condonación a favor de un determinado agente en la prestación de los servicios de radiodifusión, y evitar hacerlo o, incluso, actuar en sentido inverso con relación a otro. Lógicamente que la situación atípica en términos de carencia de infraestructura para el transporte y la comunicación en la que se encuentran situadas algunas regiones del país justifican una política excepcional, absolutamente residual, en el círculo de atribuciones que las autoridades competentes tienen otorgadas. El supuesto no le fue extraño al legislador.

 

 

Con relación a la segunda pregunta, sobre la imparcialidad de la nota periodística, me llamó la atención el enfoque particular con el que el artículo se dirigió a subrayar y a hacer vehemente hincapié sobre la procedencia de una sanción en contra de las concesionarias privadas. ¿Es válido dicho señalamiento cuando viene de un legislador que mantiene un litigio en contra de una de ellas?

 

 

Desde hace varios meses, el PAN ha pregonado la propuesta que ha quedado incorporada en la reforma anticorrupción, por virtud de la cual los servidores deben hacer pública su declaración patrimonial, su declaración fiscal y su declaración sobre conflictos de interés. En mi opinión, esta última no sólo concierne a la posible reunión de incumbencias de un servidor público y un sector de la sociedad, sino también a la posición opuesta, es decir, la antagónica derivada de una controversia judicial. El conflicto de interés afecta la objetividad con apoyo en la cual un servidor público ejerce sus funciones, en cualquiera de los dos sentidos.

 

 

Las normas morales tienen la cualidad de ser internas, lo que significa que su obligatoriedad reside en la conciencia de aquella persona que las cumple.  Las normas sociales, por su parte, tienen la cualidad de ser externas, pero no coercitivas, lo que significa que no pueden ser impuestas por medio de la fuerza. Un conflicto de interés de la naturaleza de aquel que comentamos, es moralmente reprochable en la medida de la valoración interior que haga su propio autor; sin embargo, en el ámbito de lo social, está expuesto al repudio público, no sancionable, que en su caso hace la sociedad a la que pertenece.

 

Al diablo con las instituciones

Antonio Cuéllar | Martes 24 de noviembre, 2015

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

 

A pesar de que la contienda para suceder al Presidente Enrique Peña Nieto es aún lejana, una de las noticias que durante el fin de semana tuvo mayor resonancia en los medios, fue la elección de a mano alzada de que fue objeto Andrés Manuel López Obrador para presidir MORENA, el partido político de su creación.

 

Con ello se confirma una serie de verdades: Primero, se formaliza lo que ya todos sabíamos: Como en el 2006 y como en el 2012, AMLO, siguiendo los pasos de Cuauhtémoc Cárdenas, participará en la contienda presidencial por tercera ocasión consecutiva. Segundo, se hace evidente que MORENA, más allá de los formalismos, en vez de ser un auténtico instituto político, es el instrumento que emplea un solo hombre para alcanzar sus muy particulares ambiciones. Tercero, luego de haber recorrido el país de norte a sur y de este a oeste, de aparecer como la única figura relevante de su partido en cuantos anuncios publicitarios pudo, en franca y abierta ofrenda al espíritu de las normas electorales, demuestra que es un especialista en lanzar la piedra y esconder la mano, en denostar el orden jurídico cuando con de ello se saca raja política. Cuarto, que en vez de ser un demócrata, como se ha dicho desde hace ya mucho tiempo, es un peligro para México.

 

Es acerca de esto último sobre lo que quiero hacer mi reflexión. Cuando se habla sobre la peligrosidad que AMLO implica para México, se hace referencia a lo catastrófico que sería su gobierno para las finanzas públicas y, en consecuencia, para los bolsillos de todos los mexicanos, ricos y pobres por igual, siendo estos últimos quienes en estos casos padecen más. Durante su ya añeja presencia en la política nacional, son múltiples los indicios que ha dado para tener por cierta dicha premisa. Por un lado, durante su ya cada vez más lejana gestión como Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ondeó fuertemente la bandera del populismo al implementar un seguro popular enfocado principalmente a asistir a los ciudadanos de la tercera edad. A priori ¿quién tendría el corazón tan endurecido como para negar las bondades de dicha iniciativa? Sin embargo, cuando se observa que hubo muchos ciudadanos de la tercera edad que gozaron de dicho apoyo aún y cuando contaban con medios más que suficientes para sufragar los gastos de su vida diaria, uno bien podría preguntarse de qué barril sin fondo es que salían esos recursos y con qué control se ejercían.

 

Si nos queda un remanente de humanismo, ¿podríamos negar que, en principio, la Universidad de la Ciudad de México es un acto de justicia social para nuestros jóvenes, particularmente los de estratos sociales más bajos? Por supuesto que no. La duda sólo nos aborda cuando se lee que nadie se titula de esa pía institución académica y que lo único que emana de ella son millonarios litigios laborales y pugnas por el control de sus recursos humanos y materiales. Su gestión como gobernador de la capital del país, nos arroja indicios para suponer que de llegar a gobernar a la nación entera, estos sinsentidos, entre muchos otros, serán la norma. Indicios como los que nos ha arrojado durante sus campañas presidenciales, en donde parece no comprender que México se encuentra inserto en un mundo globalizado, formando parte de uno de los bloques comerciales de mayor importancia en el orbe y que sus problemas económicos –-que desde luego no se ignoran ni minimizan– no se resolverán restringiendo el acceso de teléfonos celulares a los funcionarios públicos, como no será la solución de la problemática de PEMEX llevar un control más estricto en la compra de su papelería y el consumo de lápices.

 

El peligro a que me refiero es innegable; tal vez sea de más difícil apreciación, pero ataca las raíces de México y le impedirá dar el salto cualitativo que se merece.

 

Las naciones prósperas en nuestros tiempos comparten tres rasgos característicos: son democráticas, gozan de un auténtico estado de derecho y cuentan con un eficiente sistema de protección a los derechos humanos. Eso no puede refutarse. ¿Cuáles son esas naciones? Todos lo sabemos, digamos que no son Cuba, no son Venezuela, no son Corea del Norte, ni siquiera es China y, desafortunadamente, tampoco es México.

 

Pero a diferencia de los ejemplos que se mencionan México tiene la nada despreciable alternativa de elegir libremente a sus gobernantes. Es una democracia imperfecta, desde luego, pero sus destinos no quedan al contentillo de un dictador o de una camarilla de ilustres. El perfeccionamiento de su democracia tendrá que ser causa y a la vez efecto del establecimiento de un auténtico estado de derecho, que permita la aplicación de la ley a todo sujeto que incurra dentro de las hipótesis que las mismas contemplan, se abatirán la corrupción y la impunidad, males que a todos, inclusive a AMLO, nos aquejan.

 

Los rasgos de los Estados prósperos, a los que México aspira, constituyen un trinomio. Se nutren de sí mismos, se complementan y son concurrentes. AMLO pone en jaque todos y cada uno de estos elementos. No es un político que crea en la democracia: nunca ha aceptado el resultado de una elección en donde el resultado no le favorezca. El fin de semana fue ungido presidente de su partido político a mano alzada, sin deliberación, sin respeto alguno al carácter secreto del voto.

 

No cree en las instituciones jurídicas, por el contrario, las ha mandado al diablo. Fue capaz de fraguar en Iztapalapa el lamentable caso “Juanito”, como ejemplo adicional a su vocación por defraudar el ánimo de las leyes electorales. Tomó, en perjuicio de miles o de millones, una de las avenidas principales de la ciudad de México, afectando a sus habitantes en sus libertades básicas de tránsito y de trabajo, y violentando una de las máximas claves y elementales de la vida en sociedad: el derecho de uno llega hasta donde afecta los derechos de los otros.

 

Es posible que realmente se preocupe por las injusticias que se cometen todos los días en México, muchas veces, pero no siempre, en perjuicio de los más pobres. Puede ser que sea honesto cuando se erige como defensor de los derechos humanos, pero si es así recordemos que les dijo “pirrurris” a los manifestantes de clases medias que otrora sólo exigían a las autoridades mayor seguridad, sin olvidar que calificó como parte de los usos y costumbres de una comunidad afín a él y a sus intereses el linchamiento público de dos policías.

 

El peligro es ese. El peligro es que su peculiar apreciación de lo que es el estado de derecho, de lo que es la democracia y de lo que son los derechos humanos, arriesga todo aquello por lo que durante tantos años y tan encarecidamente hemos luchado los mexicanos. Queda mucho por hacer, hay enormes espacios para la mejora, es evidente que vivimos en una imperfección muy acentuada. Pero hay pilares sólidos sobre los cuales construir. La amenaza es que esos pilares se erosionen y se vuelvan polvo, que cuando AMLO por fin parta, haya plantado en nuestro suelo las semillas de todo aquello que riñe contra la prosperidad.

México no es Seattle

Antonio Cuéllar | Miércoles 11 de noviembre, 2015

A L E G A T O S | La columna de Antonio Cuéllar

 

El derecho humano al libre desarrollo de la personalidad es tan amplio y puede interpretarse de tan variadas maneras, que a través suyo y en el ejercicio de la función de control constitucional que tiene conferida la SCJN podría suplantarse perfectamente el complejo debate que en su propio ejercicio soberano realiza el H. Congreso de la Unión al expedir cada ley.

 

El fallo pronunciado por la Primera Sala de la Corte en el amparo 237/2014, el miércoles de la semana pasada, a través del cual se declaró la inconstitucionalidad de las porciones normativas de distintos artículos de la Ley General de Salud, que permitirá a cuatro ciudadanos obtener la autorización sanitaria para producir y consumir marihuana, no así para comercializarla, encierra un novedoso proceso de aclaración de los alcances que pueden concederse a las convenciones internacionales y a las sentencias de amparo en la defensa de los derechos individuales, un hito que no deja de sorprender al mundo entero.

 

La resolución enmarca, sin embargo, el comienzo de lo que puede ser una peligrosa confrontación entre dos Poderes de la Unión, el Judicial y el Legislativo, pues no sólo invalida una norma, sino que obliga a un debate político sobre una cuestión crucial para la seguridad del país, un proceso en el que además, ya se dijo cómo se debe de interpretar la propia Constitución con apoyo en la cual deberá existir esa nueva norma alrededor del consumo del cannabis, en un momento que no es el política ni socialmente adecuado. La SCJN virtualmente ya legisló.

 

Esta situación se produce en virtud a las nuevas características del amparo y la nueva función de control de convencionalidad sobre Derechos Humanos que permite el artículo 1º constitucional, en el que toda interpretación alrededor de ellos debe conducir a la protección más amplia a favor del desarrollo del individuo.  El problema estriba en descifrar el punto en el que debe oponerse y debe prevalecer el interés colectivo.

 

Cuando se promovieron distintos amparos en contra de la Ley de Protección a los no Fumadores, los criterios que prevalecieron fueron interesantes, pues se dijo que dicho amparo debería ser improcedente en virtud de que la sentencia no podía pronunciarse si a través de ella se ocasionaba perjuicio al resto de la ciudadanía obligándole a tolerar a quienes sí fumaban en un espacio destinado a personas que no fumaban, el amparo fue improcedente y por eso subsistió la norma. ¿Acaso tendría que variarse la denominación de la Ley General de Salud para entender que las prohibiciones que contempla no establecen restricciones contra el individuo sino una protección simultánea para el colectivo?

 

El punto crucial no sólo gira alrededor de la técnica legislativa que se deberá abordar para resolver el problema de las prohibiciones individuales y la tutela de los intereses colectivos, pues muchas de ellas podrían transgredir el libre desarrollo a la personalidad, sino más bien, sobre el apremiante y necesario paso que debe dar el propio Poder Judicial de la Federación para evitar incurrir en un proceso de deliberación meta constitucional que lo involucre, propiamente, en lo que es la parte del proceso político de la elaboración de las normas que sólo debería corresponder al Poder Legislativo. Encontrar el criterio que defina cuándo, ante sí, la Corte deberá abstenerse de resolver un juicio y conceder la deferencia al legislador de decidir políticamente lo que atañe a su propia esfera soberana de poder constitucional.

 

La inclusión del cannabis y otras sustancias en el catálogo de sustancias prohibidas en la Ley General de Salud, mira por la solución de un problema muy complejo que interesa a la sociedad en su conjunto. Sí establece restricciones individuales, pero son algunas que encuentran justificación en la defensa de intereses públicos que protegen a la sociedad en su conjunto. La comprobación científica del uso de sustancias básicas del cannabis en el tratamiento de algún desorden cerebral, que justificaría la regulación administrativa de dicha sustancia, como en el caso de psicotrópicos utilizados en la elaboración de fármacos regulados, constituiría un ejemplo sobre cómo conceder a la norma una visión proporcional a los intereses del colectivo que no llevaría al Judicial a confrontarse en su función con el Legislativo. Pero ese no es el alcance del amparo, en éste se concedió la protección para que se realice un uso lúdico de una sustancia prohibida. ¿Y alguien evaluó en esa decisión el vía crucis que atraviesa todos los días un adicto al uso de dichas sustancias, la otra cara de la moneda?

 

El problema de la marihuana en México, sin embargo, no constituye un fenómeno que gire en torno de las afectaciones a la salud pública, exclusivamente. Es un problema infinitamente más complejo que, lógicamente, no pudo ni debió abordar la SCJN en el ejercicio de la función constitucional que tiene encomendada a través del amparo, que la habilitan para analizarlo desde la perspectiva estricta de los Derechos Humanos del consumidor, se trata de una controvertida industria ilícita que incide en la economía y en la conformación de nuestro tejido social, para mal, lógicamente.

 

La ilegalidad de la producción, comercio y consumo de la marihuana arrojan ingresos mayúsculos para un número muy importante de organizaciones criminales que viven de ella. Constituyen el problema de seguridad pública más importante que ha enfrentado el país en los últimos tiempos. El fenómeno social persigue la obtención de recursos económicos de fácil acceso en estados en los que, además, no existen actividades industriales o comerciales en el ámbito formal que permitan sustituir dichos ingresos. Sería propiamente a través de la generación de políticas educativas, de inversión y de desarrollo de actividades productivas lícitas, y de importante prevención, que el problema se desactivará en su conjunto.

 

La legalización de las actividades inherentes al consumo del cannabis provocaría una proliferación del cultivo y de la comercialización del producto, lo que abatiría los precios. Este ciclo implicaría una pérdida para quienes hoy viven de ello, a menos que se aumente el número de consumidores de marihuana. ¿Acaso se resolverá el problema de fondo si se permite la ampliación de sustancias a disposición de los jóvenes que se pretende educar? ¿Y la prevención como política pública donde queda?

 

Si bien es cierto que se debe buscar la manera de terminar con el comercio de drogas, y que la regulación estatal alrededor del consumo de toda sustancia que exista puede ser una vía para lograr desincentivar la subsistencia de los mercados ilícitos de estupefacientes, el problema que en estos momentos de la vida del país subsistiría, es el de la incapacidad de quienes se dedican a esta actividad a realizar otra que equilibre el mismo ingreso que tienen y que, en ese sentido, los mantenga ocupados. La salida que buscan quienes promueven el uso recreativo y la legalización del cannabis, no mira en torno de la inevitable consecuencia que arrojaría dicha decisión y el complejo fenómeno social en el que incide, o sea, la inevitable salida que buscarán los criminales a través de la sustitución de la mercancía que hoy soporta su “negocio”. Si el comercio de sustancias prohibidas no deja dinero, ¿qué sigue?, ¿serán a caso las personas mismas?

 

La legalización de la marihuana traerá aparejado una mayor a la ya amplia diversificación de las actividades delictivas, entre otras, el secuestro. No hay condiciones para que el debate sobre el uso “lúdico” de la droga pueda darse todavía. México no es Seattle.

¿Se deben regular los derechos digitales?

Antonio Cuéllar | Martes 3 de noviembre, 2015

ALEGATOS | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

Internet Recht

 

¿Sabías papá que las imágenes que captan nuestros ojos son en blanco y negro, y que los colores de las cosas realmente se los asigna nuestro cerebro? Y, ¿Sabías también que la imagen que reciben nuestros ojos está invertida, y que el orden en que vemos las cosas se lo da el cerebro? Estas preguntas me las hizo esta mañana mi hijo más pequeño, quien cursa el cuarto año de primaria. Interesado le pregunté en qué clase le estaban enseñando eso, a lo que me respondió que en ninguna, que él lo había investigado en Internet. ¿No acaso es ese el uso más importante que los niños le deben dar a la red? Es la seguridad de su independencia y desarrollo personal y, con él, de todos los niños del mundo.

 

 

En una revista que se distribuye en la recepción del dentista leo con atención un artículo en el que se plantean los grandes retos que arroja la evolución de la inteligencia artificial.  Con la llegada del Internet, la distribución de la información y la explosión tecnológica aparejada provocan un avance fantástico y casi inverosímil de la capacidad de las computadoras de nuestra época por cuanto al procesamiento y análisis de datos, que las lleva ya, en un futuro inmediato, a las fronteras del razonamiento más avanzado, equiparable al de los humanos.

 

 

Entre otros datos interesantes, me entero del grave riesgo en el que se encuentra el empleo que desempeñan millones de conductores de los países desarrollados del planeta, frente a la invención de los primeros tractocamiones automatizados, algunos de los cuales ya circulan en autopistas de Europa, de Japón y de EEUU, y en los que la destreza del piloto sólo se necesita para navegar fuera de las autopistas o para realizar trabajos de acomodo extraordinarios; y me entero simultáneamente, sin embargo, del riesgo paralelo en el que se encontraría la fuente de supervivencia de un 47% de los trabajadores de Norteamérica que se verían desplazados en un período de entre 10 y 20 años, por el uso de aparatos diseñados para expandir una súper inteligencia artificial que lo sustituirá en su trabajo.

 

 

En otro renglón de la misma publicación, también me intereso por los retos que en materia de educación y trato personal se plantean los japoneses, a partir de la sustitución de los conserjes y recepcionistas en los hoteles, por robots con apariencia humana. ¿Sabremos distinguir cuando a una persona o a un robot habrá de agradecérsele un servicio? ¿Qué efectos tendrá esto en el comportamiento humano y en nuestra interacción social?

 

 

Las interrogantes más severas que leo en la revista se las hace Jody Williams, luchadora incansable contra las minas personales y ganadora del premio Nobel de la paz en 1997, quien cuestiona la moralidad del uso de los drones para fines militares. Un bombardero automatizado no podría jamás discernir sobre el lanzamiento de un misil en contra de un asentamiento civil, o contra ciudadanos indefensos; si nadie toma responsabilidad de esos hechos y nadie carga con el peso de decidir cuándo lanzar una bomba, ¿no se hace más fácil acaso empezar una guerra?

 

 

Esta semana he leído con atención distintos mensajes y artículos que circulan o se han publicado, a través de los cuales se fustiga y se pretende obstaculizar y paralizar de manera fulminante y total, cualquier discusión en torno del control o limitaciones al uso del Internet y las redes sociales. Se dice que son, como de hecho lo es, un elemento imprescindible de la democracia y el desarrollo de la humanidad. Las fuerzas liberales más radicales del país, la Red de Defensa de los Derechos Digitales y la vasta comunidad de usuarios del Internet critican fieramente la iniciativa que presentó el senador Omar Fayed para prevenir y sancionar delitos cibernéticos, quien ha prometido ya someterla a consulta pública.

 

 

Desconozco los detalles de la iniciativa y, desde luego, me asumiría como un crítico de cualquier norma jurídica que pudiera tener la pretensión de limitar el uso legítimo de la información para el desarrollo de las personas. Sin embargo, creo que estamos en un momento crítico en el que la discusión primaria del tema se halla en un estadio preliminar al que ya se plantea. ¿Es necesario y debemos discutir, de una vez, sobre la necesidad de regular el uso de la información y el desarrollo de la tecnología, o son tan amplios acaso los Derechos Digitales que no admiten regulación alguna? La segunda es, a la postre, la pretensión de las organizaciones civiles.

 

 

Considero absolutamente acertado el planteamiento de la necesidad de distinguir entre el uso razonable y conveniente de la información, como el de permitir la necesaria intervención oficial para sancionar el uso ilícito de tal derecho o, inclusive, un uso que vaya en contra del interés público.

 

 

Creo, eso sí, que no habrá persona que se oponga al uso de la red para fines terroristas, de donde derivará, entonces, el cuestionamiento relativo a quién debe juzgar el uso adecuado de la red y a quién le corresponderá la aplicación de las sanciones procedentes, tesis que nos devuelve al perenne estado de desconfianza que permea entre la ciudadanía y nuestro gobierno.

 

 

Grandes esfuerzos se han impulsado con la finalidad de combatir a los monopolios y las prácticas monopólicas que tanto daño han hecho al país. Quién asegura que el conocimiento y su aprovechamiento no puede ser acaparado con fines negativos. Es perfectamente oportuno despertar el interés y buscar la deliberación de este tema, y de ser posible, empezar a trazar las líneas para la regulación del uso indebido de la información y el conocimiento tecnológico, o más bien, para impedir y sancionar su uso indebido (¿no es ese el tratamiento que ya se concede a la pornografía infantil en línea?). ¿Acaso tendrán que verse desamparados, en el desempleo y en la inanición la mayoría de los trabajadores del país para empezarlo a proponer? ¿Acaso tendremos que sufrir las consecuencias de un atentado terrorista para iniciar el debate en torno del uso de la red? ¿Acaso no la desviación del uso de la información puede tener un impacto negativo en el interés público? Deliberemos qué sí y qué no se puede regular con relación al uso de la red, o a quién corresponderá hacer efectivas las sanciones o medidas de disuasión que se propongan, pero no permitamos que un discurso obcecado o intolerante se constituya como la pared que impide la misma deliberación democrática que propone proteger.

 

 

El paraíso de las fritangas

Antonio Cuéllar | Martes 20 de octubre, 2015

ALEGATOS | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

“Entrepreneur” es el nombre “chic” con el que se identifica en nuestra época al individuo que emprende un negocio por propia cuenta, con todos los riesgos que lleva implícito y las amplias posibilidades de fracaso que vienen de la mano.

 

 

Con las altas tasas de desempleo o de subempleo que abultan los índices oficiales y extraoficiales, y el amplio bono demográfico del que todavía se beneficia nuestro país, constituye esencial el lanzamiento de políticas y acciones que favorezcan el ejercicio creativo del intelecto y la ocupación productiva de la gran juventud que compone el gran mosaico de nuestra sociedad. Apoyo incondicional al primer empleo.

 

 

No obstante lo dicho, esa decisión no puede ser absoluta ni incondicionada.  A pesar del ánimo positivo y constructivo con el que se apoye la inmersión de la juventud en las actividades económico formales, la protección más amplia del interés social en la salud y el desarrollo sustentable del país desde su visión más integral, constituyen un factor preeminente que no puede pasar desapercibido ni quedar supeditado a las aspiraciones materiales de estos.

 

 

La Ciudad de México es un ejemplo viviente del caos absoluto; no sólo se trata de una urbe sucia, desordenada, insegura, con nula movilidad, contaminada, sobrepoblada y sofocada por la corrupción, sino que además es una capital cuya administración carece de perspectiva, de rumbo y de visión, de capacidad de planeación y ejecución inmediata de decisiones, para permitir lo debido o para prohibir cualquier actividad indebida; y para muestra, el nuevo negocio de comida ambulante o, para sentirnos más “in”, de los “Food Trucks”.

 

 

Dicen que se trata de furgonetas adaptadas, bien iluminadas y limpias, y con un diseño visual amistoso y moderno, en las que se prepara comida “gourmet” para jóvenes que buscan rapidez, economía y calidad a la hora de comer, sobre la base de la carencia de tiempo y presupuesto. Otra visión podría llevarnos a suponer que se trata de un grupo de nuevos competidores, de los vendedores ya establecidos de comida callejera.

 

 

No se puede desdeñar el legítimo intento de quienes arrancan este nuevo negocio de comida ambulante en la ciudad, ni tampoco dejar de valorar la insipiente superación de la falta de salubridad bajo la cual operan los puesto y changarros en los que se ven obligados a comer miles de transeúntes, paseantes y oficinistas de la capital; sin embargo, su presencia y potencial de crecimiento constituyen un parteaguas empresarial que motiva al planteamiento de una interrogante fundamental: ¿es un negocio viable y necesario en el D.F.?

 

 

De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Salud Pública, 68.5 por ciento de la población tiene problemas de obesidad y sobrepeso, que originan a su vez un 58 por ciento de la población con diabetes, un 43.2 por ciento con hipertensión arterial y un 21 por ciento de dislipidemia.  Se trata de enfermedades crónico degenerativas directamente vinculadas con los hábitos alimenticios y con el sedentarismo.

 

 

La amibiasis es la tercera parasitosis causante de muerte a nivel mundial.  México es un país endémico de ambiasis: 16 millones de personas son portadores de amibas y 1.3 millones desarrollan la enfermedad, que ha arrojado entre 10 mil y 30 muertes. Se halla entre una de las veinte causas principales de mortandad a nivel nacional, estando el D.F. muy por debajo de la media.

 

 

La organización Clear Air Institute coloca a México como el segundo país con mayor número de muertes por contaminación atmosférica de América Latina. En la Ciudad de México, el aire tiene una concentración de material particulado de 57.0 microorganismos por metro cúbico, lo que se encuentra casi por el doble de los entre 20 y 40 microorganismos que recomiendan la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea, respectivamente.

 

 

Tom Tom es una empresa dedicada a la fabricación de dispositivos de geolocalización satelital. En un informe elaborado por ésta, se indica que el Distrito Federal ocupa el segundo lugar en el tablero de las ciudades con mayor tráfico vehicular a nivel mundial, sólo por debajo de Estanbul, con un nivel de congestión del 55%, y 93% por las mañanas, hecho que ya se cataloga como una causa de estrés y bajo rendimiento laboral de manera generalizada.

 

 

El desarrollo del modelo de negocio de la comida ambulante incorpora dentro del escenario de la capital un número mayor de vehículos automotores, que se trasladan constantemente en la búsqueda de un aparcamiento en el cual proporcionar sus servicios, por los cuales se generan desperdicios sólidos y líquidos cuyo tratamiento es equiparable al de los puestos establecidos en las calles de la capital.

 

 

No se trata de un negocio más de comida, en el vasto paraíso de las fritangas, sino de una actividad que impide un desarrollo armónico y ordenado del valle de México, en el que la Ciudad muestre una cara amable, moderna y desarrollada a todas las personas que la visitan.  Puestos ambulantes y changarros, o “Food Trucks”, lo cierto es que el gobierno de MAM debe hacer algo por impedir el crecimiento de la informalidad, entendiéndose por ella al comercio no establecido.

 

 

La apertura de cualquier establecimiento mercantil impone a su titular la obligación de contar con un responsable del negocio, así como con un número importante de requisitos que garantizan la legalidad y la salubridad de aquello que se realiza en sus instalaciones.  La venta de productos de consumo humano obliga a la obtención de autorizaciones sanitarias por parte de dependencias locales y federales en el ámbito de la salud pública.  Hoy en día, el crecimiento descontrolado de los camiones de comida amenaza con convertirse en una explotación dinámica de un negocio que ya, hoy, viene cobrando vidas: la comida chatarra. No se trata de transporte de comida, sino de una abierta cacería de espacios para establecer una venta informal de comida no sujeta a ningún tipo de control sanitario.

 

 

Es apremiante que los jóvenes encuentren una actividad lícita a la cual dedicarse y el Estado tiene la obligación de apoyar a las empresas que funden los emprendedores. Sin embargo, antes que el crecimiento de los vertederos de grasas en las alcantarillas, es más importante adoptar medidas que definan cuál es el rumbo ejemplar en el que debe crecer la capital del mañana.

 

 

Caminos de la lucha contra la Desaparición Forzada

Antonio Cuéllar | Martes 13 de octubre, 2015

ALEGATOS | La columna de Antonio Cuéllar Steffan

La coexistencia de los modelos económicos comunista y de libre mercado de la postguerra, nutrieron los postulados ideológicos y justificaron la conformación de muchos grupos sociales antagónicos al gobierno mexicano que, desde sus orígenes, adoptaron una organización armada que tuvo como fin último alterar la paz y el orden público.

 
 

La radicalización de algunos grupos de la izquierda se ha conservado hasta nuestros días y ha encontrado en la defensa de los Derechos Humanos una justificación moderna de su lucha por la abolición de gobiernos que, sin razón válida presente, se siguen calificando como antidemocráticos e intolerantes.

 
 

La presencia de los movimientos radicales de guerrilla, con presencia comprobada en el sur de la República, ha venido a alterarse y aderezarse con la incursión de las bandas de narcotráfico, que aportan a la causa el incentivo económico del mercado ilícito de estupefacientes y el ingrediente fatal del armamento.

 
 

El combate emprendido por el gobierno Mexicano desde hace más de una decena de años persigue recuperar el orden y la gobernabilidad en distintas zonas del país en las que el desbordamiento de la guerrilla y el narcotráfico han colocado a la población en un precario estado de seguridad. Son dos frentes independientes que convergen en el mismo punto de violencia en el que permanecemos confundidos.
 
 

Como es lógico suponer, la participación activa de las fuerzas armadas han dado lugar a innumerables muertes en las bandas enemigas del crimen organizado; sin embargo, en casos indeseables, el combate también ha perjudicado a civiles inocentes, que son ajenos a la problemática que se pretende terminar.

 
 

Dos casos recientes evidencian el desbordamiento de la violencia en el territorio nacional, y las graves consecuencias que puede acarrear la confrontación entre la guerrilla, el narcotráfico y las fuerzas armadas: Iguala y Tlatlaya. Son escenarios que han dejado no sólo el lamentable número de jóvenes muertos del que se ha hablado incansablemente desde hace un año, sino también una crisis que gira alrededor de la falta de credibilidad del gobierno en lo concerniente a la legalidad y el fiero respeto de los Derechos Humanos.

 
 

El viernes de la semana pasada apareció publicado el Acuerdo mediante el cual se crea la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas. Se trata de una acción de respuesta que ofrece el gobierno de la República a los padres de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014, a través de la cual se pretende recuperar la desgastada credibilidad.

 
 

El esfuerzo de la Procuradora General de la República es sumamente encomiable y demuestra, una vez más, el incuestionable compromiso del Gobierno Federal de hacer frente a su deber de investigar y dar resultados con relación a la localización de los estudiantes desaparecidos, como también de enjuiciamiento en contra de los responsables. Ante todo y desde un punto de vista jurídico, es un eslabón más en una larga cadena de acciones que han venido desplegándose para construir un andamiaje sólido en la lucha a favor de la defensa de los Derechos reconocidos en convenciones internacionales.

 
 
El día de hoy apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo mediante el cual la titular de la PGR ofrece una recompensa por la localización de Rosendo Radilla Pacheco. Es la primera resolución dictada en la órbita de competencia de la nueva fiscalía especial, en la persecución de los fines para los que fue concebida.

 
 
Se trata, evidentemente, de una decisión simbólica, pues con independencia de que a través de ella se atiende a recomendaciones pronunciadas por la CIDH, es absolutamente improbable que el objetivo difundido pueda llegar a cumplirse en algún momento, tomando en cuenta que la persona cuya localización habrá de recompensarse ocurrió en 1974 y que a la fecha en que se lanza, si ésta viviera, tendría 101 años de edad.

 
 

La elección del caso deviene una cuestión controvertida, se trata de la atención puntual a una resolución pronunciada por un órgano internacional, un hecho que ha dado lugar a una transformación sustancial del control constitucional en México; y acontece en un momento crítico en el que se deben consolidar instituciones nacionales con credibilidad para defender los Derechos Humanos en el orden interior.

 
 

¿Puede quedar delegada la confianza nacional a favor de individuos ajenos a la historia y realidad del país, por la única razón de ser partes integrantes de un órgano o tribunal extranjero? ¿Cuál es el sentido de haberse aprobado una reforma en materia de amparo y a nuestro sistema penal, si no se tiene confianza en las instituciones nacionales?

 
 

La semana pasada un Juez de Distrito liberó a cuatro militares involucrados en el supuesto homicidio de una veintena de jóvenes en Tlatlaya. De acuerdo a la legal apreciación de los elementos probatorios aportados, no existieron elementos suficientes para que se llegara a comprobar su responsabilidad en los hechos que se les atribuyen.

 
 

La reacción inmediata de los defensores internacionales de los Derechos Humanos, e inclusive del propio titular de la CNDH, apunta en contra de la decisión del PJF y advierte que el asunto no se ha terminado. Una velada insistencia alrededor de la teoría del crimen de Estado.

 
 
Como en el caso de Rosendo Radilla, ¿habrá de concedérsele el mismo valor al dicho de los comisionados extranjeros para resolver este asunto? Desde luego que existen voces críticas contra el gobierno que buscan su desprestigio a toda costa, sin embargo, ¿acaso este camino permitiría fortalecer un verdadero estado de derecho? La presencia y fortalecimiento de los investigadores del exterior puede minar la independencia de los tribunales nacionales.

 
 

En la culminación del fin último de consolidar un franco cumplimiento de la legalidad y un auténtico sistema democrático, debemos ser cautelosos al conceder credibilidad absoluta a las voces del exterior, si a través suyo pudiéramos vulnerar injustificadamente la estabilidad interna.