Tsunami nayarita

Raymundo Riva Palacio | Jueves 30 de marzo, 2017

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

Desde enero de 2012, recién entrado el gobierno de Roberto Sandoval en Nayarit, el nombre de Édgar Veytia se vinculó al crimen organizado. Ese mes, un miembro de la Policía de Nayarit, una unidad de élite para combatir el crimen organizado encabezada por Veytia, fue asesinado en Tepic, en la antesala de lo que parecía iba a ser una lucha entre el Cártel del Pacífico y Los Zetas. El policía fue abatido por la banda de “Los Pelochos”, al servicio de la organización sinaloense, que días antes habían colocado una manta en la calle como advertencia: “A la ciudadanía en general, absténgase de salir a la calle sin negocio. Se empezará a hacer una limpia de zetas, empezando por la (Policía de Nayarit), escoltas de Beytia, ya que son las que están al mando de Los Zetas aquí en Nayarit”.
Durante muchos años, Nayarit fue santuario del Cártel del Pacífico. Ahí vivía la madre de Joaquín El ChapoGuzmán, en donde se refugió en 2001 después de fugarse de la prisión de Puente Grande en Guadalajara en 2001, y era el refugio de los hermanos Beltrán Leyva, cuando estaban asociados con sus compadres sinaloenses y todavía después de romper con ellos, en 2008. Cuando eso sucedió, los Beltrán Leyva forjaron una alianza táctica con Los Zetas, pero no convirtieron a Nayarit en un nuevo campo de batalla. La llegada de Sandoval a la gubernatura hace seis años comenzó a modificar el estado de cosas. Veytia se encargó de empezar a limpiar el crimen organizado, como era su encomienda, pero todo caía de un solo lado, la reducción de todo lo que oliera a sinaloense.
Sandoval no hizo caso a las denuncias que comenzaron a aparecer en diversos medios. Promovió a Veytia y lo hizo fiscal nayarita. Cuando a finales de 2013 surgieron denuncias de que estaba relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, retomadas por la prensa nacional, el gobernador volvió a hacer caso omiso de las alertas. Tampoco, en la ampliación de las responsabilidades, hubo acción ninguna por parte del gobierno federal. El entorno de seguridad se contaminó en la Rivera Nayarita en el último año con la lucha del Cártel Jalisco Nueva Generación con la rama sinaloense de El Chapo Guzmán, y no hubo alertas del CISEN a Los Pinos, de acuerdo con funcionarios en la casa presidencial. En el gabinete de seguridad toleraron, por omisión o comisión, que Veytia no pasara los controles de confianza, exigidos por la Ley general de Seguridad Pública.
Esta laxitud volvió a meter al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en una situación delicada, al haber sido detenido el fiscal Veytia este lunes en San Diego, cuando buscaba ingresar a Estados Unidos, en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra librada el pasado 2 de marzo por la jueza Marylin G. Do, de la Corte del Distrito Este de Nueva York. La acusación es muy seria. El fiscal Robert Capers –que irónicamente también lleva el caso de El Chapo Guzmán-, le fincó cargos por la producción, transportación y venta de heroína, cocaína, metanfetaminas y mariguana, entre enero de 2013 y febrero de 2017. Este periodo es precisamente en el cual Veytia fue promovido por el gobernador Sandoval para ser el jefe de la unidad de élite para el combate al crimen organizado y su fiscal.
La misma paradoja que mostró una corte federal en San Antonio con el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, Veytia no era, a juicio de los fiscales en Nueva York, parte de la red de protección y complicidad de los cárteles de la droga, sino parte orgánica de ellos. En la acusación, que fue terminada de integrar el 2 de marzo pasado, el fiscal nayarita es señalado como responsable de este tráfico de drogas junto con otras personas que no vienen identificadas en el documento hecho público este miércoles. La documentación de la Fiscalía produce una onda expansiva en Nayarit, donde el gobernador Sandoval, titubeante y débil en su retórica, no fue capaz deslindarse claramente de Veytia, de quien el año pasado dijo: “Él es el fiscal, es el procurador de Justicia, comandante de las fuerzas, es policía, es un hombre que a lo mejor el día de hoy no lo valoran, pero el día que él deje de ser fiscal, se van a acordar de Édgar Veytia”. Las galimatías de su declaración enfatizaban su relación con su hombre fuerte, que en algún momento, incluso, deslizó como un posible sucesor, al asegurar que él podría ganar las elecciones en junio próximo.
Sandoval es el segundo afectado, en lo inmediato, por la captura de su fiscal en Estados Unidos, al dejarlo vulnerable y exhibido. O es cómplice de Veytia, o fue un mandatario tan incompetente que nunca pudo darse cuenta, a decir de la narrativa de la acusación en Nueva York, de lo que hacía el hombre a quien encargó luchar contra el crimen organizado. Pero tampoco queda exento el gobierno federal, cuya superficialidad y deficiencias en el combate a los cárteles de la droga, no son vistas en Estados Unidos como un tema de incompetencia, sino de connivencia. Veytia va a ser trasladado probablemente a la prisión metropolitana en Nueva York, donde se encuentra Guzmán, donde tendrá su juicio, y le ofrecerán, para mejorar su situación legal, que les de información. En cualquiera de los dos casos, Sandoval y las autoridades mexicanas, también estarán sentados en el banquillo de los acusados.
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El corral de Corral

Raymundo Riva Palacio | Miércoles 29 de marzo, 2017

AYUDA DE MEMORIA | Escribe Raymundo Riva Palacio

SobreMojadoCorral

1ER. TIEMPO: Para ser soberbio no necesitaba el poder. Con su voz engolada, sus dotes retóricas y su proclividad a ser kamikaze, Javier Corral siempre era visto en las sesiones parlamentarias con morbo y dolor de estómago. Combativo como pocos, tenía una lengua a veces temeraria y siempre desafiante. Fue periodista y político precoz, a cuyos campos incursionó antes de tener la mayoría de edad. Quince años después de haber ingresado al PAN en Chihuahua, en 1997 se convirtió en diputado federal y presidió la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, cuya regulación tomó como cruzada y plataforma política. Su pasado como reportero, columnista y ejecutivo de El Diario de Juárez y El Norte en esa misma ciudad, así como su activismo gremial, le construyó puentes con respetables periodistas en México a quienes acudió por ayuda en sus años de legislador bisoño para cambiar al mundo mexicano. No hizo mucho, en buena parte porque ignoró los consejos que le dieron. Más aún, conforme ganaba experiencia en el campo político, se fue alejando primero de muchos de ellos y luego se fue confrontando con otros. Hasta dónde llegó ese alejamiento con quienes tanto lo cobijaron se puede medir con el golpe por debajo de la línea de flotación que le dio El Universal, su casa editorial por años, que fue quien publicó que, en medio de la ola de violencia que azotaba a Chihuahua que había dejado 14 muertos en dos días, Corral rentó un avión —cuyas facturas aún no muestra— para volar a Mazatlán ese fin de semana trágico a jugar golf con el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, y varios empresarios. El gobernador reaccionó con furia contra El Universal y adujo que eran sus días de descanso, lo que no impidió que de “frívolo” no lo bajaran. “A Corral le ha llovido”, escribió Francisco Garfias en su columna en Excélsior, uno de los periodistas que le dieron espacios cuando nadie le hacía caso y años después, recibió hostilidad e insultos de quien era entonces senador. “Ya se dio cuenta de que no es lo mismo subirse a la tribuna de las cámaras a echar choro que tomar las riendas de su estado”. Garfias se refería al asesinato de la respetada periodista Miroslava Breach, días después de irse a jugar golf. “No trabaja”, le dijo Lilia Merodio, senadora priista de Chihuahua que fue su vecina en El Universal. “Se la pasa en el Campestre y con sus amoríos. Lo sabe todo mundo”. Ahí Corral ya no dijo nada, salvo, me quieren desestabilizar.

 

2O. TIEMPO: Los secretos de un legislador. La forma como la prensa en la Ciudad de México ha ido descuartizando a Javier Corral, quien como gobernador ha sido una calamidad por cuanto a seguridad se refiere, tiene mucho que ver con la ideologización de su agenda política y su segregación. Hizo tándem durante mucho tiempo con la conductora de radio Carmen Aristegui y con la articulista Denise Dresser, en el activismo por una ley de televisión que limitara el poder de Televisa. Tomó junto con ellas la cruzada contra la empresa y peleó en el Congreso para sacar su reforma. En el camino alcanzó esa victoria que, sin embargo, tenía claroscuros. Marco Levario, director de la revista Etcétera, que lo acogió durante años, expuso su conversión en un artículo que publicó en abril del año pasado: “Durante el primer semestre de 2002… adquirió notoriedad como promotor de cierta ley de telecomunicaciones que, en esos tiempos denunció, estaba ‘atorada por una telaraña de poderosos intereses’ y acusó directamente a Carlos Slim de querer perpetuar su monopolio en la telefonía… Semanas antes… acusó a Slim de haber ejercido un ‘poder sin escrúpulos’ en el Senado para que no fuera presentada la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones (la de Corral) y en cambio, los legisladores Jesús Orozco y Víctor Manuel Camposeco impulsaran El proyecto Slim. El 8 de mayo, mediante un discurso estruendoso contra el ingeniero, enfatizó que éste incrementó su riqueza por el favor que le hizo Carlos Salinas al venderle a precio de remate la paraestatal Telmex; ese día el militante panista exigió que el diputado Jesús Orozco renunciara al cargo por su abierto conflicto de interés al apoyar al magnate”. Levario dijo que Corral dejó de sostener los planteamientos de hacía 12 años y ahora impulsaba ideas similares a las de Orozco, aquél diputado al que acusó de defender los intereses de Slim. Siempre fue reacio el gobernador a aceptar esa relación, pero hay testigos que lo vieron numerosas veces abrevando de los consejos y de los apoyos que Slim le daba, a través de terceros, a quienes les eran leales.

 

3ER. TIEMPO: Que arregle sus problemas el gobierno. El asesinato de la periodista Miroslava Breach sacudió a todos en México y tuvo repercusiones en el mundo. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que era su amigo, adelantó que una de las líneas de investigación más sólidas sobre el crimen es que había sido consecuencia de su trabajo. En el lugar donde asesinaron a la periodista dejaron una cartulina que decía: “Por lenguona. Sigue tu gobernador”. Llevaba la firma de Carlos Arturo Quintana, apodado El 80, líder de la banda La Línea, que es el brazo armado del Cártel de Juárez. El método del asesinato pertenece a un sicariato, en un estado donde la mala aplicación de la estrategia de seguridad provocó que el crimen organizado volviera a actuar con violencia. Corral debe saberlo, al haber visto el fenómeno del narcotráfico en su casa. El Diario de Juárez publicó en enero de 2015 que sus hermanos Raúl y Roberto fueron encarcelados en Estados Unidos durante varios meses, acusados por delitos de narcotráfico y fraude financiero. A Raúl lo sentenciaron por transportar y contrabandear más de 50 kilos de mariguana, y a Roberto por robo calificado como empleado bancario en 1999. Los dos alcanzaron la libertad condicional tiempo después, pero quedó registrado el hecho. El gobernador siempre se deslindó de sus hermanos, pero Cruz Pérez Cuéllar, que fue dirigente del PAN en Chihuahua, presentó una denuncia ante la PGR de Jesús Murillo Karam donde le pedía investigar al entonces senador, por lo que sugería enriquecimiento inexplicable: cinco bienes inmuebles con un valor predial de 18 millones de pesos. La denuncia ahí está. Investigación no hay. Corral sí está, en medio de lo que llamó El Universal, “una confrontación de cárteles”.

La piel militar

Raymundo Riva Palacio |

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

No hay forma de cubrir con miel la molestia de las Fuerzas Armadas con los políticos. Tampoco se puede esconder la necesidad del presidente Enrique Peña Nieto por acariciar su piel y colocar lo único que puede, un bálsamo a las profundas heridas que su gobierno les ha infligido. Lo intentó este martes en un evento sin precedente en el Campo Militar Número 1, donde acicaló con su trato a cientos de soldados, marinos y sus familias, que fue replicado por circuito cerrado de televisión en las 46 Zonas Militares. Un acto que comenzó frío se tornó cálido cuando Peña Nieto rompió con el protocolo y caminó entre todos, desplegando lo que mejor tiene, su calidez cuando achica distancias y se relaciona sin muros, que es lo que más ha abandonado durante su sexenio. Insólito y extraordinario, fueron algunos de los calificativos con que la prensa coloreó el evento. Tan insólito y extraordinario como la molestia acumulada por años de estar supliendo a policías en las calles y carreteras mexicanas, por las Fuerzas Armadas.

 

Durante tres años el secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, se tragó las presiones de los oficiales y los generales retirados por la forma como el gobierno los utilizaba en la guerra contra las bandas criminales, pero no les daba una protección jurídica. El caso extremo, que generó una pequeña crisis dentro del gabinete, fue cuando el entonces procurador generas Jesús Murillo Karam, dijo que los soldados habían realizado una “matanza” en Tlatlaya, en 2015, donde murieron 22 civiles y un mexicano. Gradualmente el general Cienfuegos y el secretario de la Marina, Francisco Vidal Soberón, elevaron el tono de su discurso ante el abandono del gobierno en la arena pública y comenzaron a criticar veladamente la política de seguridad federal y la debilidad de las instituciones civiles. El presidente tomó nota.

 

Entre el 1 de enero y el 16 de marzo, de acuerdo con un análisis publicado en la edición impresa de Eje Central, la palabra “Ejército” figuró en 31 documentos difundidos en la página de la Presidencia de la República, con 20 veces que se utilizó durante 2013 y 2014. La palabra “militar” apareció en 40 documentos, contra 34 registrados en 2016, 14 en 2015, 8 en 2014, y 12 en 2013. La palabra “Fuerzas Armadas” se apuntó en 31 ocasiones, contra 24 en 2016, 10 en 2015, 4 en 2014, y 3 en 2013. En el primer año de su gobierno, Peña Nieto asistió a cuatro eventos de las Fuerzas Armadas; en los primeros 75 días de su penúltimo año de gestión, participó en 9.

 

Pese a esto, el presidente había sido descuidado en su manejo discursivo con las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, cuando recientemente murió el general Antonio Riviello, un ejemplo de institucionalidad cuando le ordenaron que la solución para el Ejército Zapatista de Liberación Nacional sería política y no militar, el presidente colocó un mensaje estándar en su cuenta de Twitter de 17 palabras, idéntico al que escribió para lamentar el fallecimiento del diputado federal Carlos Hermosillo, vinculado a actos de corrupción en Chihuahua. Cuando murió el ex secretario de Hacienda y embajador, Jesús Silva Herzog, le dedicó dos mensajes, uno de ellos con una tipografía fuera de lo normal, de 25 palabras.

 

Sin embargo, en el evento que se realizó en las instalaciones de la 1ª Brigada de la Policía Militar, Peña Nieto aprovechó la coyuntura que le abrió el precandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, que desde que hace dos semanas escaló su crítica a los militares. En Nueva York sugirió que los militares habían participado en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala en septiembre de 2014, y ante las críticas que recibió, primero del propio Peña Nieto y después de varios actores políticos del gobierno y la oposición, fue hundiéndose en el pantano. López Obrador dijo en Veracruz la semana pasada que las Fuerzas Armadas “han masacrado” civiles durante los gobiernos del ex presidente Felipe Calderón y de Peña Nieto, en la reiteración de un discurso que le ha generado negativos entre la comunidad castrense.

 

Los varios discursos del presidente en el corazón de las Fuerzas Armadas mexicanas en Lomas de Sotelo, no iban a llevar destinatario alguno, adelantaron a la prensa voceros de Los Pinos. No fue así. En el último mensaje de Peña Nieto, que todo el tiempo improvisó mientras caminaba entre los militares y sus familias, habló con desprecio de “aquellos que todavía hablan de masacrados”, en una alusión directa a López Obrador. “(Son) inadmisibles e inaceptables quienes con ignorancia o dolo descalifican la labor de nuestras Fuerzas Armadas”, remató Peña Nieto, en un discurso que la atrajo una gran ovación y reconocimiento de los jefes militares.

 

Pero no sólo con discursos bien logrados y oportunos revierte años de maltrato a las Fuerzas Armadas. López Obrador le dio la oportunidad de reivindicarse con soldados y marinos a los que su gobierno ha golpeado con la falta de un blindaje jurídico y presupuestos menguados. El evento que encabezó Peña Nieto logró quizás frenar el deterioro de la relación entre civiles y militares, pero no va a durar mucho. La Ley de Seguridad Interna sigue empantanada en el Congreso, lo que es una fortuna para las Fuerzas Armadas y los mexicanos, porque es una regresión en materia de respeto a derechos humanos. La solución es un nuevo modelo de policía, atorada hace años en el Congreso, que pavimente el camino de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles y no, como quieren los políticos, al infierno

 

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Seguritech, el querubín

Raymundo Riva Palacio | Martes 28 de marzo, 2017

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

Seguritech es el nombre de una empresa que genera muchos murmullos pero de la que nadie quiere abiertamente hablar. Empezó en 1996 como una compañía que vendía alarmas vecinales y botones de pánico, de donde evolucionó a una empresa de seguridad que de la mano de los gobiernos mexiquenses se convirtió en escasos 10 años, en un emporio nacional de telecomunicaciones, aeronáutica. defensa y construcción. Su fundador es Ariel Picker, que tiene 51% de las acciones y sus socios son extraños: Gonzalo Miguel Adalid Mier, general retirado que trabajó en áreas de seguridad pública, que murió en 2013, tiene 30% de las acciones, y Alicia Rebolledo Terrazas, que tiene 19%, es una notaria pública en Veracruz. Como Tecnoradio S.A. de C.V., Seguritech es una empresa ligada al poder sumergida en la opacidad, aunque a diferencia de la primera, el que su campo de acción sea la seguridad, evita que sus contratos sean públicos.
Personas que han seguido su vertiginoso crecimiento, recuerdan que Picker se relacionó con el entonces gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y con varios miembros de su equipo. El más conocido, al haber sido puesto al descubierto hace dos domingos por la revista Proceso, es David Korenfeld, ex director de Conagua, que fue quien lo impulsó a la diversificación de negocios de Seguritech al entregarle contratos hidráulicos. Korenfeld fue más que eso, dijo uno de los que los conocen, porque a través de él Peña Nieto, como gobernador y después como presidente, estableció una relación directa con la poderosa comunidad judía en México. Picker gozaba de la confianza de Peña Nieto y su equipo cercano, aunque el volumen más importante de sus contratos, en función de montos, se ha dado con el gobierno de Eruviel Ávila.
Seguritech era una empresa modesta que creció apresuradamente. De un negocio concentrado en la Ciudad de México y el estado de México, en la última década amplió sus relaciones comerciales a otros 20 estados, en donde ha instalado la mayoría de los centros de seguridad conocidos como C2 (que hace monitoreo de video vigilancia), los C4 (centros de Comando, Control Comunicación y Cómputo), y los C5 (centros de Comando, Control Comunicación, Cómputo y Calidad). Todos los contratos, por la razón del campo que toca, han sido por adjudicación directa. Este tipo de procedimiento no habría despertado sospecha en la industria, de no ser por que concentran cerca del 80% de todas las adjudicaciones directas que ha dado el gobierno de Peña Nieto en materia de seguridad, según cálculos de los expertos, y por la forma como se entregan.
En la industria se quejan del favoritismo con el que, a su juicio, se manejan los contratos con Seguritech. “Cuando llegan a un estado, prácticamente tienen el contrato asignado”, dijo un ejecutivo en una empresa de seguridad, que citó el caso de un gobierno que llevaba apenas dos meses en funciones y que entre sus primeras acciones fue dar todas las asignaciones directas en materia de seguridad a la empresa. Picker, por otra parte, señaló una persona que conoce la forma como se realizan estos negocios, sólo los concreta con quienes gobiernan en los estados. “Su fuerza no está en Korenfeld o en el estado de México”, añadió otra persona que conoce los vínculos de Picker con el círculo íntimo de Peña Nieto desde hace tiempo. “La fuerza proviene de alguna oficina en Los Pinos”.
No está claro en la industria quién es su padrino dentro del círculo peñista, donde han mostrado una proclividad para establecer relaciones políticas o empresariales que se adentran en el conflicto de interés. Pero la certeza de que no hay otro lugar de donde podría tener el apoyo para que los gobiernos estatales vean a Seguritech como una empresa pre-etiquetada y le entreguen adjudicaciones directas, proviene de la facilidad como ha hecho negocio durante estos años. De la misma manera, la tensión que se ha dado en las últimas semanas ante las señales de cuando menos cinco gobierno estatales que quieren demandar a la empresa y a su principal accionista por contratos inconclusos o funcionamiento parcial, sugiere que por encima de Picker hay personeros tan poderosos que puedan estar inhibiendo a varios gobernadores a tomar acciones en su contra.
El caso de Seguritech, como el de Tecnoradio que se exploró en el texto anterior, son dos ejemplos muy claros del entramado opaco entre Los Pinos y empresarios ligados a altos funcionarios de la Presidencia. No hay evidencias sólidas que permitan apuntar conflictos de interés de Seguritech con el equipo de Peña Nieto, y menos aún que sean beneficiarios de sus ganancias. Pero las sospechas son letales en el último tercio del sexenio. El caso de Tecnoradio es menos difícil de procesar porque al no estar en el campo de la seguridad, los conflictos de interés que aparentemente existen pueden ser solucionados y eliminados. Con el de Seguritech, la situación es distinto.
No habrá manera de abrir esa caja negra que es en donde se maneja para conocer el mapa de su crecimiento desorbitado en la última década, porque sus contratos entran bajo los rubros de seguridad nacional. La confirmación de que Picker llega a los estados con la recomendación de Los Pinos, como sostienen en la industria, saldría si alguien lo denunciara y comenzara una investigación. Eso no sucederá. O al menos, no en este sexenio, lo que no significa que la protección, quizás mutua, sea para siempre.
 
 
P.D. En la columna anterior, “la misteriosa Tecnoradio”, se apuntó que el IMER depende de la Secretaría de Gobernación. Depende de la Secretaría de Educación.
 
 
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La misteriosa Tecnoradio

Raymundo Riva Palacio | Lunes 27 de marzo, 2017

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

La comunidad libanesa en México, a la cual pertenecen algunos de los empresarios más importantes del país, le pidieron al presidente Enrique Peña Nieto que luche contra corrupción. “La corrupción produce desaliento y crea una imagen repugnante dentro de la sociedad”, dijo el líder del Centro Libanés, Alejandro Serio. “Señor Presidente, le pedimos que se aplique la ley”. Peña Nieto, que en público y en privado asegura que su gobierno ha hecho más que nadie para combatirla, respondió que será la ley anticorrupción lo que probará su dicho. Pero el futuro no es el presente. Mientras se daba ese intercambio, crece la polémica sobre la opacidad en los contratos y adjudicaciones de dos empresas, Seguritech y Tecnoradio, que tienen vasos comunicantes con Los Pinos.
La prensa especializada lleva dos semanas mostrando lo que parece una proclividad a apoyar  a esas dos empresas que han florecido durante el gobierno de Peña Nieto. Tecnoradio, ha sido cuestionada por el hermetismo con el que las autoridades cuidan la identidad de sus socios. Fundada en 2011, de la nada se presentó en el concurso público del Instituto Federal de Telecomunicaciones para obtener 191 frecuencias de radio FM y 66 en AM, y se quedó con 34 FM y 3 AM en 18 estados, por las cuales ofreció pagar 287 millones de pesos, 37 millones más que el segundo lugar, Grupo Radio Centro, de largo historial en la industria. La suspicacia general la resumió Javier Tejado, experto en telecomunicaciones y abogado de Televisa, en su columna en El Universal el martes pasado: “¿Quién está detrás de Tecnoradio?”.
La prensa estaba volcada en sus accionistas y representantes públicos, Carlos Lara Sumano, director del Instituto Mexicano de la Radio, y Alfonso Amilpa, ex funcionario federal y asesor de varios grupos radiofónicos. El debate se ha centrado en Lara Sumano, ante un posible conflicto de interés. ¿Cómo puede un funcionario cuya área de competencia es la radio participar en un concurso de licitación de frecuencias de radio? La prensa reveló que Lara Sumano tiene 249 de las 600 acciones de Tecnoradio, mientras que Amilpa tiene otras 306. Quién tiene las 45 restantes es otro misterio porque Bañuelos, sólo aparece como representante legal.
Lara Sumano explicó la semana pasada que si bien él fue uno de los fundadores de Tecnoradio, vendió sus acciones en septiembre, sin mostrar ningún documento que avalara su dicho, ni tampoco aclaró porqué, si desde febrero pasado apareció esa empresa como la ganadora del concurso público, no hizo del conocimiento público su retiro como accionista hasta que el escándalo lo comenzó a quemar. El gobierno ha dejado solo al director del IMER. La Secretaría de Gobernación, bajo cuya jurisdicción se encuentra ese instituto, no ha dicho absolutamente nada. La Secretaría de la Función Pública no ha abierto ninguna averiguación que se sepa, hasta este momento. Las autoridades judiciales competentes tampoco han intervenido, ni siquiera informalmente, para que Lara Sumano les aporte las pruebas de que, en efecto, no es accionista en la empresa. Este funcionario tampoco ha presentado una denuncia penal por el mal uso de su nombre y el abuso de confianza por haber existido, en dado caso, usurpación de su nombre para actividades que serían ilegales, que obligaría a la cancelación del concurso.
Este tema se ha vuelto muy caliente por las ramificaciones con Los Pinos, en particular la Dirección de Comunicación Social que encabeza Eduardo Sánchez. Lara Sumano, Amilpa y Sánchez son viejos amigos que incursionaron en el tema de la radio y telecomunicación desde que trabajaron en esas áreas en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuando el secretario era Emilio Gamboa, actual coordinador del PRI en el Senado. Sánchez fue director de Radio de la SCT de 1991 a 1993, y lo sustituyó Amilpa, mientras que Lara Sumano era director de Telecomunicaciones en tiempos de Gamboa. Esa dependencia fue su plataforma para ingresar y ser asesores de grupos de radiodifusores dentro de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), por la que Sánchez llegó a una diputación años después.
Sánchez fue parte activa en la campaña presidencial de Peña Nieto, y al iniciar este gobierno fue nombrado subsecretario de Normatividad de Medios en Gobernación. Sánchez incorporó a su equipo a Lara Sumano, a quien nombró en la dirección del IMER, y regresó de Denver, donde era cónsul, a Andrés Chao, a quien nombró director de Radio y Televisión en su Subsecretaría. Ninguno de ellos dos ha dicho nada sobre Lara Sumano, aunque política y formalmente depende de ellos. Sánchez es vocero del presidente y responsable de medios en Los Pinos desde 2013, mientras que Chao es subsecretario de Normatividad.
De Tecnoradio nadie quiere hablar. Este grupo, que según Lara Sámano no tenía recursos, concursó con enorme fuerza económica y alteró dramáticamente los costos. En general, subió en 22% el precio del mercado con respecto a los valores mínimos, según Fernando Mejía Barquera, un experto en el tema. Empresarios de la industria aseguran que lo que pagó Tecnoradio hace inviable el modelo de negocios, con lo cual crecen las dudas sobre quién o quiénes están detrás, no sólo en términos legales, porque pueden ser testaferros, sino en términos reales.
La opacidad es el nombre del juego en el peñismo, como sucede con Tecnoradio y con Seguritech, de quien se hablará en la siguiente entrega.
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Tumbas masivas

Raymundo Riva Palacio | Viernes 24 de marzo, 2017

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

La historia de México de los últimos años está por escribirse. La va a contar la vida y la muerte de cientos de cuerpos que están siendo encontrados en las fosas clandestinas que están brotando por todo el país. Jojutla, en la zona más caliente de Morelos, es la última comunidad donde la tierra empezó a escupir lo que se le atora, y que acentuó la atención mundial luego de los escatológicos hallazgos en Veracruz de las dos últimas semanas. El interés ha sido extremadamente tardío para un fenómeno inexplicable en un país supuestamente en paz, pero que dada su dinámica de violencia, se puede alegar que está inmerso en una guerra civil sui generis entre múltiples bandos criminales y el gobierno federal.

Un grupo de trabajo privado ha documentado a partir de fuentes abiertas que de 2014 a 2016 se localizaron 672 fosas en el país, donde contabilizaron mil 557 cuerpos. Estos cuerpos no están registrados dentro de las estadísticas sobre homicidios que tiene el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública debido, explicaron los autores del reporte, que en algunos casos se encuentran sólo partes de cuerpos, que no permite determinar el número de personas a las que corresponden.
¿Cuántas personas fueron asesinadas y enterradas en estos cementerios clandestinos que ocupan un segundo corte en la corteza terrestre mexicana? No hay realmente datos confiables que permitan conocer actualmente períodos en los cuales se dieron esos asesinatos, ni la demografía de las personas que fueron tiradas ahí. Tampoco hay información genética que permita comparar los restos de los cuerpos con las bases de datos de personas desaparecidas. Pero el fenómeno es nacional. 
Solamente ocho de las 32 entidades del país no tienen fosas clandestinas, o cuando menos conocidas hasta ahora: Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán. Del resto, Guerrero es el que ocupa el primer lugar de tan dramática clasificación. Entre enero de 2014 y enero de 2017, se han encontrado 683 cuerpos en estas tumbas clandestinas, que representa el 41.5% del total en el país. Le siguen Veracruz, donde se habían encontrado hasta hace dos meses 265 cuerpos, que solamente con a los 304 restos de cuerpos localizados en los últimos 15 días, se duplicó en un parpadeo la aterradora contabilidad. En tercer lugar de esta lista se encuentra Nuevo León, con 99 cuerpos.
No deja de llamar la atención que estos tres estados cambiaron de gobierno en los 18 últimos meses. Aunque no existe un patrón en cuanto al conflicto entre bandas criminales, a las que las autoridades responsabilizan de estos asesinatos, hay algunos vasos comunicantes. En Guerrero luchan de manera más enconada las escisiones del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, que a su vez se separaron del Cártel del Pacífico, que pelea en Nuevo León contra Los Zetas, que a su vez enfrentan al Cártel Jalisco Nueva Generación, que se desdobló hace varios años de los sinaloenses. Pero la duda sobre qué llevó a esas tumbas clandestinas, sigue sin poder responderse con precisión. Jorge Winckler, el fiscal de Veracruz, ha dicho sin evidencia forense que los restos que han encontrado en el estado pudieron haber sido resultado de asesinatos hace varios años.
La explicación de Winckler pudiera tener solidez en estados como Tamaulipas y Michoacán, número cuatro en la lista, con 89 cuerpos encontrados en fosas clandestinas, y Sinaloa, con 66 cuerpos encontrados, o en Jalisco y Morelos, con 49, que son los siguientes estados en la lista. Pero hay estados como Aguascalientes, que se encuentra en el último lugar de esta tabla, con un solo cuerpo en una fosa clandestina, donde la duda si se trata en efecto de un acto cometido por cárteles o un asunto de índole personal, añade complejidad al entendimiento del fenómeno.
Estados como Guanajuato, con 23 cuerpos en fosas clandestinas, llaman tanto la atención como Colima, donde se han encontrado 19, porque la violencia criminal sólo ha repuntado en el último año, mientras que en entidades como Baja California, Chihuahua y Coahuila, donde se escenificaron algunas de las batallas más sangrientas entre bandas criminales, se descubrieron en ese periodo 39, 33 y 26 cuerpos, respectivamente, que parece un número pequeño para el tipo de guerra que vivieron. Hay entidades con cárteles dominantes donde los hallazgos de cuerpos son bajos, como en Zacatecas y Tabasco, controlados por Los Zetas, con 36 y 7, respectivamente, o Sonora, territorio de los sinaloenses, con 12.
Baja estadística de cuerpos encontrados, como en Puebla  y Campeche con 3 cada uno, no se comprenden con amplitud dentro de un patrón criminal por el incipiente pero creciente conflicto entre grupos delincuenciales antagónicos, que es lo que sucede en estados como San Luis Potosí y Baja California Sur, con 10 y 7 cuerpos respectivamente, encontrados en fosas clandestinas. Oaxaca y Chiapas, que no tienen pugnas notables entre cárteles, registraron en el periodo 4 cuerpos cada uno, pero en el estado de México, duodécimo en la lista, se encontraron 30 cuerpos, pese al control por regiones de las organizaciones criminales.
¿Cómo pudo todo esto pasar en México ante los ojos de todos? “Por muchos años los cárteles de la droga desaparecían a la gente y las autoridades eran complacientes”, explicó el fiscal Winckler durante una reciente entrevista. Aunque no ofreció prueba alguna, como hipótesis de trabajo es la línea de investigación que menos debe descartarse.
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Los coqueteos de la maestra

Raymundo Riva Palacio | Jueves 23 de marzo, 2017

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

La negativa judicial para que la maestra Elba Esther Gordillo enfrente su proceso judicial en prisión domiciliaria, ha sido por presión del gobierno federal, que ha convencido a los jueces que si le dan el beneficio, se puede fugar de México. Esa realidad tiene otra cara, la de prisionera política del presidente Enrique Peña Nieto. Inicialmente, el presidente no quería que la detuvieran, pero hoy, él mismo, afirman personas que conocen el entramado político, es quien no desea alterar el status quo. Aún no es tiempo, citan al presidente, cuando le piden instrucciones para saber si continúan la presión a los jueces o permiten que se vaya a su casa. El problema ya no es si obstaculiza la Reforma Educativa, que fue el argumento para detenerla, sino con quién jugará en las elecciones presidenciales de 2018. El temor a su fuerza continúa.
La maestra Gordillo se encuentra en un discreto hospital privado de la colonia Roma, debido a su mal estado de salud, principalmente por los resabios de la Hepatitis C que se atendió en Phoenix, y la alta presión que tenía desde antes que la detuvieran a principio de 2013. En el hospital tiene tres habitaciones –la recámara, una sala y un comedor-, además de un roof garden, donde hace sus comidas familiares. Aunque está permanentemente vigilada, es posible acceder a ella sin ser registrado, como lo ha hecho algunos líderes políticos de partidos medianos que la han visitado.
Su actividad política no es intensa como antaño, pero no por eso menos importante. A través del enlace del ex jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, el senador Mario Delgado ha servido como puente con el jefe político de Morena, Andrés Manuel López Obrador. La comunicación no es nueva, y aunque públicamente López Obrador rechazó una alianza electoral en 2006, que la empujó a respaldar al panista Felipe Calderón, nunca dejaron de mantener una comunicación indirecta. Ebrard es una de las cuatro debilidades de la maestra, como lo es Esteban Moctezuma, quien trabaja en el programa social del precandidato presidencial morenista. Las otras dos debilidades son Jorge Castañeda, el ex canciller con quien ha tenido altibajos, y Adolfo Aguilar Zinser, que murió en un accidente automovilístico en 2005.
La maestra ha dicho públicamente que no desea volver a participar en la vida pública, pero parece tener intenciones diferentes, expresadas a su entorno y expresadas a sus interlocutores. Su mayor molestia, afirman personas que saben de su sentir, es con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, porque fue quien, con una invitación falsa a cenar, le tendió la trampa para que la detuvieran. Es mayor la indignación contra él que contra el presidente, número dos en su enojo, y por encima del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien sintió que la traicionó por la cercanía que tenía con él, pero que se ha ido reivindicando ante ella al procurar a su nieto, Othón Francisco de León, hijo de su fallecida hija Mónica.
Gordillo está enfrentando un proceso donde no le han podido probar nada hasta ahora. La principal razón es que todo el dinero por el que la han acusado de lavado de dinero de procedencia ilícita, en realidad es lícito porque salió de la tesorería del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del que era su presidenta. Los únicos delito por los que podría ser procesada actualmente son fraude y abuso de confianza, al haber utilizado de forma presuntamente ilegal recursos del sindicato. Sin embargo, hasta ahora, el presidente del magisterio, Juan Díaz, no ha presentado ninguna denuncia en su contra.
La forma como el gobierno federal la ha tenido neutralizada, refleja la preocupación sobre el avance electoral de López Obrador, por un lado, y las posibilidades que tendría para canalizar apoyos magisteriales a su favor. Gordillo fue una pieza importante en las elecciones presidenciales de 2006, cuando saboteó al candidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo y apoyó en dos de las cinco circunscripciones electorales a Calderón. En 2012 la alianza fue con Peña Nieto. No se sabe, sin embargo, qué tanta fuerza tendría la maestra dentro del sindicato en este momento, pero la molestia magisterial contra la Reforma Educativa y la forma malagradecida con la que han tratado a Díaz, se ha expresado con un voto anti-PRI en varias regiones del centro y sur del país.
Gordillo y su entorno, en particular su yerno, Fernando González, que fue subsecretario de Educación y buscó sin éxito convencer al actual secretario de Educación, Aurelio Nuño, que la Reforma Educativa tendría que hacerse de arriba hacia abajo, no al revés, con el respaldo de Gordillo, ha criticado el modelo peñista, y dejado que se filtren a la prensa los coqueteos de la maestra con el equipo de López Obrador. Este frente disidente de la reforma, tiene además un enemigo común: Enrique Ochoa, quien conducirá desde la presidencia del PRI la elección presidencial, fue el autor y redactor de los puntos dentro de la ley que eliminaron privilegios a los maestros y provocaron un conflicto continuo. Los maestros no votaron en las últimas elecciones a favor del PRI, y no tendrían incentivos aparentes para hacerlo en 2018. El gobierno piensa que puede dialogar con Díaz y pedirle al final su apoyo, pero con la maestra no quieren arriesgar, menos hoy donde, pese a sus dichos, la venganza no debe estar muy lejana en su mente.
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La realidad (compartida) de Andrés Manuel

Raymundo Riva Palacio | Miércoles 22 de marzo, 2017

AYUDA DE MEMORIA | Escribe Raymundo Riva Palacio

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›Si el precandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, tuviera mejores asesores y entendiera mejor los contextos, le iría mejor. La paliza que le dieron en el gobierno por insinuar que detrás de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa estaba el Ejército, podría haberla capitalizado de haber actuado con más inteligencia.

 

1ER. TIEMPO: La primavera de Andrés Manuel. Para alguien tan tropical en todos los sentidos, como Andrés Manuel López Obrador, lo que le sucedió en Nueva York recientemente podría ser clasificado como la peor semana en muchos años. La tormenta de nieve en esa ciudad le frustró un acto propagandístico: presentar una solicitud al Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos para la defensa de los inmigrantes, aunque la sede de ese organismo sea en Ginebra, no en Manhattan, y luego, como puntapié, el padre de uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, lo increpó, lo sacó de su zona de confort y le hizo decir que sobre ese tema le preguntaran al presidente Enrique Peña Nieto y al Ejército. La respuesta del gobierno federal fue de ametralladora. El presidente, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el vocero de Los Pinos, Eduardo Sánchez, cuestionaron su falta de pruebas de que los militares participaran en el crimen. López Obrador, cuya falta de reflejos a veces sorprende, no tuvo mejor ocurrencia que ubicar los señalamientos en el contexto electoral, cuando en sus manos tuvo la mejor de las oportunidades: su posición refleja lo que se piensa en el mundo del gobierno peñista. El mismo día en que le tiraron la batería de críticas, el periódico The New York Times lo apoyó indirectamente. Un largo reportaje editorializado mostró las contradicciones del gobierno, que mientras critica al presidente Donald Trump por minar los derechos humanos, abre la puerta para, en casa, hacer peores cosas. El Times citó la iniciativa sobre seguridad interna presentada por el PRI en el Congreso, que permitiría obtener evidencias mediante torturas y que el inocente tenga que probar que sí lo es para evitar ir a la cárcel. “México ha trabajado fuerte para promover su imagen como un Estado que defiende o mejora internacionalmente los derechos humanos”, dijo al diario James Cavallaro, comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y profesor en la Universidad de Stanford, donde exploran como nadie los probables delitos de lesa humanidad cometidos por Peña Nieto. “En casa, la situación de derechos humanos es simplemente terrible: severos abusos, tortura, ejecuciones sumarias y virtualmente, impunidad garantizada”. Jab Jarab, representante en México del Alto Comisionado, preguntó si el Ejército debía permanecer en las calles. “¿Ha sido exitoso el paradigma militar?”, dijo. “La pregunta es un amplio y abrumador no”.

 

 

2º. TIEMPO: El dedo no tapa el sol de López Obrador. Cuando Andrés Manuel López Obrador trasladó al presidente Enrique Peña Nieto y al Ejército la responsabilidad de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, reprodujo intuitivamente lo que abogados en Estados Unidos, América Latina y Europa están armando: un expediente jurídico para enjuiciar al presidente y a su gobierno en tribunales internacionales por delitos de lesa humanidad. Peña Nieto ha dejado de preocuparse de lo que le pueda suceder cuando deje el poder, convencido por la conclusión de dos brillantes penalistas sin experiencia conocida en Derecho Internacional, que no podrá haber litis en su contra, por lo que podrá dormir tranquilo en su séptimo año de gobierno. No debería estar tan seguro. Fue fácil atropellar a López Obrador por su poco conocimiento de lo que sucede en el mundo, producto de su etnocentrismo, pero no por taparlo ocultaron el sol. El precandidato presidencial se refirió someramente a las insinuaciones del Grupo de Expertos Internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que las deficiencias en la investigación de la PGR, a su juicio, son un encubrimiento de otras fuerzas oscuras, no municipales ni estatales, a las que dibujaron con sus quejas que nunca pudieron hablar directamente con los responsables y soldados del 27 Batallón de Infantería que se encuentra en Iguala, que vieron lo que sucedía sin intervenir para impedir el crimen. López Obrador no pudo argumentar a su favor, pero su omisión no lo descalifica, cuando menos en la exigencia de transparencia. La organización Human Rights Watch sostiene que en el gobierno de Peña Nieto, las fuerzas de seguridad han estado involucradas en violaciones a los derechos humanos en forma repetida, como asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, que son acusaciones acostumbradas en gobiernos autoritarios, no en democráticos. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU añade que hay una crisis en México en cuanto al respeto de garantías individuales y que los abusos son “generalizados” entre los cuerpos de seguridad federales. Lo que el gobierno mexicano no quiere ver es que en el mundo se ve a este país en medio de una crisis de derechos humanos, donde el presidente Peña Nieto en lugar de resolverla, la ahonda. Criticar a López Obrador es lo más sencillo. Quedan bien con un cada vez más enojado secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, pero ni al Ejército ni al propio gobierno lo salvan del juicio futuro. Retórica sin acción correctiva es el método que los sigue hundiendo.

 

 

 

3ER. TIEMPO: López Obrador sí tiene razón. Si el precandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, tuviera mejores asesores y entendiera mejor los contextos, le iría mejor. La paliza que le dieron en el gobierno por insinuar que detrás de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa estaba el Ejército, podría haberla capitalizado de haber actuado con más inteligencia. Pudo decir que no era una acusación, sino una demanda de transparencia. Pudo pedir explicaciones del porqué los militares salieron a las calles la noche del 26 de septiembre de 2014 y se dedicaron a observar lo que policías y criminales hacían con los estudiantes, sin actuar, pese a que estaban cometiendo delitos en flagrancia. También exigir que explique el Ejército, porque hasta ahora lo ha evadido, cuál era la relación de los jefes del 27 Batallón de Infantería en Iguala con las autoridades que resultaron parte orgánica del crimen organizado.
No preguntó lo pertinente López Obrador, como la razón por la cual, cuando en las minutas del Grupo Guerrero de Seguridad, presidido por el CISEN, los señalamientos de posibles vinculaciones de soldados y policías federales en esa zona, cinco meses antes del crimen, no fueron atendidos. O en dónde se encuentran las manos que desaparecieron las minutas de esas reuniones que permitirían probar varias irregularidades, como omisión o negligencia o arrojar luz sobre la protección institucional, quizá a nivel federal para los criminales en Tierra Caliente. Quienes más lo criticaron la semana pasada por sus afirmaciones sin pruebas deben tener en sus manos parte de la información sobre el papel de las fuerzas federales en esa región de Guerrero aquella noche y aquellos tiempos. Pero es secreto de Estado. Las minutas de lo que sucedió en los meses previos al crimen de Iguala oficialmente no existen. Lo que prevalece, como dijo el subsecretario de Gobernación Roberto Campa, como corolario de los latigazos a López Obrador, es que hasta hoy la versión oficial, llamada popularmente como “la verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam, se mantiene inalterable. Exactamente el mismo statu quo de cómo se encuentran las sospechas sobre el Ejército y el gobierno que López Obrador ventiló.

Elba, prisionera política

Raymundo Riva Palacio |

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

Lo publicado en este espacio el 19 de enero de 2015, se mantiene 26 meses después: Elba Esther Gordillo es prisionera política del presidente Enrique Peña Nieto. El viernes pasado se le volvió a negar el beneficio de la prisión domiciliaria para que ahí, por razones de edad, enfrentara el proceso que se le sigue. Hasta ahora, ninguno de los delitos por los que se le acusa se ha probado, y está en la cárcel porque los jueces avalan el argumento de la PGR que puede escaparse. Para un gobierno al que uno de los gobernadores consentidos de Peña Nieto, Javier Duarte de Veracruz, se le fugó hace más de 150 días y dicen no saber en dónde se encuentra, y permitió que por razones de salud pagara su condena en casa uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, Ernesto Fonseca, la forma como se enfrenta a la maestra Gordillo en tribunales, toca la sevicia.

 

La maestra fue detenida cuando varios miembros del gabinete, tras una reunión en Los Pinos donde analizaron la entrevista que le dio a Adela Micha días antes, alegaron que Gordillo había llegado a un punto sin retorno en la confrontación con el gobierno y que con ella al frente del magisterio, la reforma educativa no iba a poder ser concretada. Las voces que alertaron que el problema no era ella sino la Coordinadora magisterial, fueron ignoradas. La decisión, que aún sin gustarle la ordenó Peña Nieto, fue que como criminal de alta peligrosidad, un comando de la Marina la detuviera en el aeropuerto de Toluca en febrero de 2013, donde aterrizó en víspera de viajar a Guadalajara, con una artimaña que le tejió el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

 

Desde enero de 2015, las cosas no han cambiado mucho en la sustancia del caso. El expediente mantiene las mismas fallas, omisiones y errores tan grandes como inexplicables. En aquél entonces se planteó: “El pliego de consignación para ejercer la acción penal en contra de Gordillo, suscrito por el ministerio público el 20 de febrero de 2013, sustentado en los dictámenes de los peritos del Sistema de Administración Tributaria (SAT), y de la PGR. Los dictámenes, sin embargo, fueron emitidos el 21 y 22 de febrero, respectivamente. Es decir, un día después del pliego de consignación.

 

“No es el único desaseo. El principal delito imputado a Gordillo, operaciones con recursos de procedencia ilícita, sobre la cual se montó el de delincuencia organizada, no tiene sustento legal. Los recursos que según SAT y la PGR movió Gordillo en diferentes operaciones financieras cuando presidía el Sindicato Nacional de Maestros, no tienen una procedente ilícita. Provienen de los maestros, que a su vez, recibieron sus dineros del gobierno federal. El sindicato, que en dado caso pudo acusarla de abuso, fraude o malversación de fondos, por ser en todo caso el afectado, no ha presentado, hasta ahora, ninguna denuncia contra la maestra.

 

“La ley establece que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, sólo puede ser investigado una vez que la Secretaría de Hacienda, el área competente, haya presentado la querella. En el expediente no existe la querella. Tampoco se acreditó, como establece la ley, la representación legal de la Secretaría de Hacienda. Esta inconsistencia en el expediente es una de las más grotescas de todo el caso, que arranca con la averiguación previa el 13 de febrero de 2013, una vez que, establece, recibió la querella –la inexistente-, en forma de imputaciones.

 

“La querella que señala el acuerdo del ministerio público adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, fue suscrita en representación de la Secretaría de Hacienda por Alonso Israel Lira Salas, quien se identificó como director adjunto de Procesos Legales der la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, con un gafete provisional, donde no se aclaraba su cargo, firmado por Mauricio López Tapia, de quien tampoco se precisa su cargo. Esta ambigüedad no es relevante, dado que hay dependencias donde por razones de seguridad no se identifica la posición o el nivel de quien lo porta.

 

“Lo que sí es fundamental, es la Constancia número 32, firmada por Claudia del Carmen Mora Osorio, directora de Recursos Humanos y Materiales de la Coordinación Administrativa de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en donde afirma que Lira Salas ingresó a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda el 1 de febrero de 2013. La Constancia 32, cuyo propósito era acreditar la representatividad legal de la Secretaría de Hacienda, está fechada el 14 de febrero de 2013.

 

¿Cuál es el problema? Que la averiguación previa está fechada el 13 de febrero de 2013, al dar entrada el ministerio público a una denuncia suscrita por un funcionario que no tenía su personalidad ni representatividad legal acreditada en el momento que la presentó. A partir de esa querella, el ministerio público ordenó solicitudes oficiales al gobierno de Estados Unidos para conocer los antecedentes penales de la maestra, y pidió dentro del gobierno federal información para respaldar el caso. Aún así, la maestra ha ido derrotando a la PGR en tribunales.

 

Dentro de la PGR no hay mucha convicción que pueden mantenerla en la cárcel, con la imputación por defraudación fiscal interpuesta en octubre de 2014, parte del expediente cuestionado, pero no se trata de la ley, sino de que no salga de prisión, ni siquiera domiciliaria por razones políticas. No aceptan en el gobierno que así se le llame, pero no hay argumentos que sostengan lo contrario.

 

 

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Destape en Chiapas

Raymundo Riva Palacio | Martes 21 de marzo, 2017

ESTRICTAMENTE PERSONAL | la columna de Raymundo Riva Palacio

Fuera de toda circunspección, el sábado 11 de marzo pasado se dio el destape del PRI para la gubernatura de Chiapas, en Yucatán. Falta mucho tiempo para esa elección que será en el verano de 2018, pero no importó. Adversarios en el gabinete, como los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el de Educación, Aurelio Nuño, fueron acompañados por el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa, para ungir informalmente a Roberto Albores Gleason, como próximo abanderado al gobierno estatal. Para ir al futuro, se fueron al pasado. Asunto de amistades y componendas presidenciales, concretadas al amparo de una boda con una cargada política de potencia nuclear.

 

Albores Gleason, hijo de un gobernador interino en Chiapas, se casó con Karla Esmeralda Méndez Marrufo tras una fugaz relación, en una ceremonia civil y religiosa en la fastuosa vieja hacienda henequenera Tekik de Regil, cerca de Mérida. Prohibieron el paso a la prensa porque no querían los organizadores del evento que la opinión pública registrara lo sucedido. Sabadazo electoral con la venia del presidente Enrique Peña Nieto. Sus secretarios enfrentados, Osorio Chong y Nuño, firmaron como testigos del novio, al igual que Ochoa, quien será el encargado de preparar más adelante la convocatoria de registro de candidatos, a modo, como es la marca de la casa, para el regreso a Chiapas de la naftalina.

 

La boda estuvo llena de símbolos. El más importante, lo irrelevante del sentir y pensar de los priistas chiapanecos, músicos de acompañamiento porque quien manda allá no son ellos, sino el Centro. En julio del año pasado, como botón del desprecio, 10 ex líderes del partido en el estado le pidieron a Ochoa la remoción inmediata de Albores Gleason por haber violado los estatutos del partido y permanecer irregularmente en el cargo. Nadie les hizo caso. El recién casado también fue uno de los responsables de la caída del PRI en el estado por su mala operación política en los últimos años, pero tampoco cuenta. Albores Gleason es protegido del ex gobernador Juan Sabines, amigo cercano de Peña Nieto, que no fue perseguido por la deuda superior a los 40 mil millones de pesos que dejó en el estado, sino protegido por el presidente, que lo nombró cónsul en Orlando.

 

La apuesta por Albores Gleason es por un modelo autócrata, represivo y despilfarrador, como fue el gobierno de Sabines, un político fiscalmente irresponsable y frívolo, del que tanto abreva el extraoficialmente ungido. Sabines fue precursor de los abusos que cometieron otros gobernadores peñistas, y pensar en su delfín como candidato, es creer que la vieja forma de hacer campañas, distribuyendo dinero a través de programas sociales y cooptando a la oposición o silenciando a la disidencia y la prensa crítica, será el camino de la victoria en el estratégico estado en la difícil frontera sur.

 

Eso no importa en Los Pinos. A la hacienda llegó la caballería política peñista y algunos más, de la órbita priista. Estuvo el secretario de Salud, José Narro, con el procurador Raúl Cervantes y el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa. También los gobernadores de Campeche, Chiapas, Colima, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas. Cargada política para que le quedara claro al gobernador chiapaneco, Manuel Velasco, quién es el escogido en el Centro. El Verde dejó de ser útil, es casi un lastre, y él no pondrá candidato; se lo impondrá Peña Nieto, el hacedor electoral.

 

La elección en Chiapas se resolverá de manera concurrente como la elección presidencial, pero ahí, como no ha sucedido con las otras entidades que coinciden en el proceso, se están tomando decisiones adelantadas con un propósito que no se podría entender fuera de la necesidad de frenar el avance de Andrés Manuel López Obrador y Morena en el sureste mexicano. El fenómeno del crecimiento del líder de la izquierda social en el estado ha ratificado el avance de ese partido en las últimas elecciones federales y estatales. En 2015, primera elección de Morena como partido, pasó a dominar la Ciudad de México, bastión de la izquierda, y el año pasado avanzó meteóricamente como fuerza política en Veracruz y Oaxaca, principalmente, pero significativamente en plazas como Puebla.

 

Morena no existía cuando Velasco ganó la gubernatura en 2012 con la coalición Verde y PRI, con 49.93% del voto. En 2012, Peña Nieto ganó por casi 15 puntos porcentuales a López Obrador en Chiapas, pero las del 2018 tendrán como contexto su desgaste y el del gobierno federal, así como la anulación como operador político, como quedó de manifiesto en la boda, del gobernador Velasco. No está claro cómo podrá funcionar la fórmula del viejo PRI, si la recete del desacreditado Sabines sea ganadora, o si en las condiciones de vulnerabilidad electoral que vive el partido en el gobierno en varias regiones del país, la opción de Albores Gleason sea la mejor.

 

El destape en Chiapas, para quien no milita en el PRI, por tanto, se da en un buen momento para analizar perfiles de candidatas o candidatos y revisar posibilidades de alianza, lo que podría darse con el binomio PAN-PRD pero no, en el contexto actual, con Morena. De cualquier forma, con las cartas claras del PRI, el juego se abrió para todos. Incluso para los priistas que sufrieron con Sabines que han sido excluidos por Albores Gleason, y para quienes que lo único que desearían, por las experiencias vividas en aquellos años, es que ese grupo político no regrese al poder.

 

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La ética de la secretaria

Raymundo Riva Palacio | Viernes 17 de marzo, 2017

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

Rosario Robles tiene confundida la ética con la estética, o simplemente, nada extraviada, le da exactamente lo mismo que mezcle la estética con la ética. Todo esto viene porque el lunes pasado, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cuyo acrónimo es Sedatu, decidió tomarse la mañana para sus temas personales y de promoción, dejando para otro momento sus funciones como titular de una dependencia que, entre otras cosas, recoge los remanentes del reparto agrario –que comenzó hace un siglo con la Revolución Mexicana-, y tiene bajo su responsabilidad la estratégica planeación urbana en el país. Esa mañana, la secretaria se fue de compras.

 

 

A media mañana la secretaria Robles fue fotografiada por una persona en la tienda Hermès en un centro comercial. La Casa Hermès fue fundada en 1987 en la zona del Barrio 4, el de los grandes boulevares que arquean sobre el centro de París, en 1837, con el propósito de vestir a los nobles europeos. Su cuartel general se encuentra actualmente en el número 24 de Faubourg Saint-Honoré, que es la calle que comparten las principales casas de modas del mundo, con el Palacio del Eliseo, la sede de la Presidencia francesa. Es decir, la secretaria Robles sabía perfectamente a dónde se metía. Iba a buscar corbatas de hombres, de punta de seda, cuyos precios normales oscilan entre los dos mil 500 y los tres mil pesos.

 

 

La señora Robles tiene un salario de 147 mil 318 pesos, de acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia, por lo cual está perfectamente dentro de sus posibilidades, adquirir una corbata fina. Ese no es el problema, ni qué hace en su vida privada. El tema es relevante porque esta visita a la tienda se dio un lunes a media mañana, con lo cual violó el Código de Ética de los Servidores Públicos del gobierno federal. Tras revisar el documento, la versión impresa del portal digital Eje Central publicó una pequeña historia del hecho, firmada por la reportera Bet-biraí Nieto, donde registró:

 

“La funcionaria fue fotografiada a las 11:30 de la mañana en Perisur, al interior de la exclusiva tienda Hermès. Según la agenda de la titular de Sedatu, a la una de la tarde acudió al auditorio de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social en San Jerónimo Lídice, para la presentación del índice de las Ciudades Prósperas de ONU-Hábitat, acto que terminó luego de las tres de la tarde”.

 

La oficina de la secretaria se encuentra muy cerca de la Secretaría de la Marina, en el sur profundo de la Ciudad de México, relativamente cerca del Estadio Azteca y a unos 20 minutos, a media mañana, de Perisur. El auditorio en San Jerónimo Lídice se encuentra un poco más al poniente, en la misma zona, a escasos 15 minutos de Perisur. Es decir, no había mucha necesidad de la secretaria para no atender asuntos de trabajo, en su oficina o en otro lado, aunque definitivamente nada que ver en la tienda Hermès. Se podría argumentar que se tomó la mañana, y buena parte de la tarde, porque antes que terminara el foro, crucial para el trabajo que le encomendó el presidente Enrique Peña Nieto, dijo que tenía otras cosas qué hacer –deben haber entendido que eran más importantes-, y se retiró buen tiempo antes de que concluyera. ¿A dónde fue? La reportera Nieto agregó:

 

“Robles se disculpó y lo abandonó, pues tenía una entrevista en Radio Fórmula con Joaquín López Dóriga. Al terminar pasaban de las tres de la tarde, hora de comer”. Según el manejo de horarios de trabajo, establecido en el inciso G, regla 11, del Código de Ética de los Servidores Públicos, titulado “Desempeño permanente con integridad de los funcionarios”, reportó ejecentral, no se deben “realizar actividades particulares en horarios de trabajo que contravengan las medidas aplicables para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos”. ¿Aprovechó la secretaria esa plataforma para un anuncio trascendental que justificara su negligencia laboral?

 

Tampoco. “La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga”, registró en su portal Radio Fórmula, “dijo que existe un crecimiento desordenado de la mancha urbana propiciado en gran medida por la corrupción y, en ocasiones por la incapacidad porque es el municipio el que tiene las facultades en materia de uso de suelo y desarrollo urbano”.

 

La fotografía fue publicada originalmente en la cuenta de Twitter del periodista Carlos Loret pocas horas después de ser tomada, y generó mucho ruido en la red, pero no pasó de los gritos en el vacío. Fue tomado como una anécdota en donde, quienes debían haber tomado nota y actuar, no lo hicieron. En el Código de marras se establece que quien viole la norma, será sujeto o sujeta a una sanción administrativa, la cual no se establece, y se deja al juicio de la Secretaría de la Función Pública. La secretaria Robles violó en forma flagrante el Código, fue atrapada en flagrancia por ciudadanos, se hizo público, y nadie arqueó la ceja o inició un procedimiento administrativo.

 

La visita de la secretaria a Hermès es un gran ejemplo de la laxitud de los mexicanos con respecto a sus leyes y normas. Más allá de que esta sea una falta administrativa, incluso quizás menor, no deja de ser un acto de impunidad. La falta de una acción correctiva en el gobierno nos muestra que la vieja debilidad jurídica y ausencia de un auténtico estado de Derecho, lo traemos en nuestro código genético, torcido y cínico, aparente y lamentablemente, irreversible.

 

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