Las amenazas del general

Raymundo Riva Palacio | Martes 30 de junio, 2015

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

Foto | Presidencia
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Perdida en la parte final de una larga entrevista con el secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, aparece una advertencia al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, a la clase política y a la sociedad: “¿A quién le conviene un Ejército que no obedezca? ¿A quién le conviene un Ejército que no tenga disciplina? ¿A quién le conviene un Ejército que no esté entregado a su país?”. Las palabras del general reflejan por primera vez la molestia del alto mando y de generales retirados, que en diciembre le reclamaron que el Ejército estaba sometido a una campaña de desprestigio, y que los había abandonado el Ejecutivo al permitir que fueran juzgados en tribunales civiles. Todo, lo increparon, con su aceptación.

 

 

La entrevista publicada en El Universal, es una rara introspección a la mente de un secretario de la Defensa, que refleja asimismo su molestia con el gobierno y con la clase política. Criticó al gobierno que quiera que los soldados hagan tareas que le corresponden a la policía –“no es el papel real que deba de cumplir un Ejército respecto de la seguridad interior”-, sin dar el apoyo presupuestal para crecer al Ejército. Sobre la clase política, la inacción para legislar en materia de seguridad interna y defensa nacional. “Si Vamos a utilizar las Fuerzas Armadas”, agregó de manera pragmática, “(usémoslas) para poner orden, no para ver si pondremos orden”.

 

 

Cáustico el secretario, que usó las palabras con cuidado. A lo que se refirió es a la dicotomía de los políticos. “Pondremos el orden”, como lo dijo, manda el pensamiento hacia los eternos temores de que si los soldados salen a la calle a poner orden y lo hacen con eficacia, entonces ¿por qué no de una vez por todas toman el poder? El miedo al golpe de Estado ha girado en la cabeza de los políticos desde que se crearon las instituciones en el segundo cuarto del siglo pasado para que los conflictos se resolvieran por la vía pacífica, no por la vía armada, como sucedió en la Revolución.

 

 

El gobierno y los políticos, han dicho generales retirados, no están del lado del Ejército e, incluso, lo han traicionado. El quiebre de su respeto hacia el Ejecutivo se dio con la forma como se procesó el Caso Tlatlaya en junio del año pasado, donde se acusó a ocho soldados de matar a 22 personas, vinculados algunos con bandas de secuestradores, que los atacaron con armas de uso exclusivo del Ejército. El entonces procurador Jesús Murillo Karam, dijo que los soldados los habían “ejecutado”, que motivó una protesta en Los Pinos del general, con lo cual se borró ese verbo del lenguaje oficial. Debido a que el Congreso canceló el fuero militar, fueron consignados a la autoridad civil. El testimonio por el cual los inculparon fue de la madre de la novia de uno de los abatidos, que después se desdijo. Un año después del incidente, ni siquiera ha empezado el juicio.

 

 

Pero Tlatlaya se convirtió en la piedra angular de las críticas al Ejército, que ha llevado al secretario a afirmar que hay una campaña de desprestigio contra las Fuerzas Armadas. ¿De dónde vienen esos ataques?, le preguntó el reportero de El Universal. “Me encantaría saber de dónde vienen”, respondió. “Pero el efecto está ahí, lo vemos en algunos medios, algunas organizaciones que consideran que el Ejército no está haciendo su tarea adecuadamente, o que ha afectado a la ciudadanía. Mi percepción es que efectivamente hay quienes están interesados en desprestigiar a las Fuerzas Armadas y lo hacen a través de los medios”. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno para compensarlos? Fuera de dinero y discursos laudatorios, realmente nada. El Ejército está solo. El gobierno, reclamaron los generales en diciembre al secretario de la Defensa, no los defiende. El general Cienfuegos contuvo en aquél momento las críticas hacia su persona, y las imputaciones al Ejecutivo.

 

 

Las tensiones eran fuertes pero neutralizó en aquél momento quizás con la expectativa que las cosas cambiarían. No fue así. En la entrevista se queja de la falta de leyes, de la anulación del fuero militar, de la PGR que no ha hecho nada ante las denuncias sobre quienes presumen responsables de la campaña de desprestigio, del abandono en el que, en términos reales, tienen a los militares. Eliminar el fuero militar, dijo, fue un error, “porque están poniendo al Ejército en situaciones muy sensibles, vulnerables, delicadas, en las que nuestro personal ahora piensa que si lo procesan por desobediencia, por no obedecer al secretario, o lo procesan por violar derechos humanos. Creo que al soldado le conviene que lo procesen por desobediencia, pero al país no le va a convenir”.

 

 

Ese es el fondo del argumento del general secretario. Si lo que sucede ante la falta de leyes y abandono del gobierno lleva al dilema y el soldado decide por bajar los brazos, ¿quién resultará afectado? El Ejército tiene presente 1968, cuando los errores de los políticos hicieron que se ensangrentaran las manos, una mancha que no se han podido quitar. Lo que dijo el general secretario es que ya llegaron al punto, desde la tropa, los mandos, los generales y él, que esto ya no es posible. Externalizar el enojo interno es el primer paso. El segundo, no respondido, es cuánto más tolerarán la situación en la que se encuentran. Pero la denuncia, en forma de explicación, comenzó.

 

 

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Justicia poética para Ebrard

Raymundo Riva Palacio | Lunes 29 de junio, 2015

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

 

Marcelo Ebrard se fue de México por una temporada indefinida. Se le ha ubicado en París y en Nueva York, pero según autoridades federales, hasta hace unos días, estaba en Houston arropado por su íntimo amigo, el contratista mexiquense Enrique Gómez y Orozco. Parte de su familia también está fuera del país. Debían haber sabido que los estaban investigando porque en vísperas de su salida fue detenido un chofer cercano a la familia Ebrard que era “propietario” de más de 10 empresas. Era un hombre de paja. La forma como llegaron a él las autoridades federales, no se sabe aún, pero la realidad es el manejo del dinero de los Ebrard y su familia fue monárquico; es decir, descuidado.

 

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda estaba tras la pista de Ebrard después que brincara en el sistema bancario un patrón de pagos en efectivo a las tarjetas de crédito de Mariagna Prats, segunda esposa del ex jefe de gobierno del Distrito Federal. Los pagos, que no justificaban los ingresos de la señora Prats y las primeras declaraciones del chofer, llevaron al congelamiento de cuentas de ella y de tres constructoras donde están vinculados los Ebrard, la Constructora Enalser, Círculo Promocional Gráfico y Grupo Caebr, como reveló la prensa la semana pasada, con la presunción del delito de lavado de dinero.

 

Sergio Fuentes Calderón, de Constructora Enalser, propietaria de la casa donde vive Ebrard en la ciudad de México, es socio de su hermano Enrique Ebrard desde 2006 en la empresa inmobiliaria Residencial Mexicali, de la cual también es accionista Ernesto Castro García, quien en 2008 compró una propiedad de 12 millones de pesos en las Lomas de Chapultepec, donde vive actualmente –aunque está fuera de México-, la primera esposa Marcelo Ebrard, Francesca Ramos Morgan. La investigación es sobre bienes y beneficios inmobiliarios, pero sus raíces tienen que ver con obra pública en la administración de Ebrard en el Distrito Federal. Círculo Promocional Gráfico es de Castro García.

 

La investigación tiene que ver con el desarrollo urbano detonado por la construcción de “los puentes de los poetas” –se llaman “Octavio Paz”, “Carlos Pellicer” y “Juan Sabines”-, inaugurados en septiembre de 2004 por el entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, que conectaron el poniente con el sur de la ciudad de México hasta entonces cercenado por barrancas, y transformó la vida de la capital a partir del proceso de urbanización en 2009, cuando Ebrard modificó usos de suelo para que se levantaran conjuntos residenciales de alto ingreso.

 

La investigación presume que en el gobierno de López Obrador, al no tener los recursos para esa obra, vendió los terrenos a varias empresas a valor del momento, con la condición de que invirtieran en la construcción de los “puentes de los poetas”. Su pago sería la comercialización de los terrenos con una plusvalía significativamente mayor. Los detalles de la obra concesionada a Constructora Atco e Inmobiliaria Copri, fueron reservados por López Obrador y no se podrán conocer cuando menos hasta 2025. Constructora Atco e Inmobiliaria Copri, que iniciaron ese desarrollo, recibieron un apoyo adicional de Ebrard, al formar junto con OHL la Controladora Vía Rápida Poetas, que opera la Supervía Poniente, una concesión por 30 años para administrarla libremente.

 

Los investigadores están checando la relación de Enrique Ebrard y al menos otros dos hermanos, en varias de las empresas que resultaron altamente beneficiadas por la plusvalía inmobiliaria, o si formaron empresas que fueron subcontratadas por el consorcio. De probarse este vínculo, el ex jefe de gobierno estaría metido hasta el fondo del problema y podría demostrarse el delito de lavado de dinero, configurado por ingresos de origen desconocido. Por ahora, la señora Prats se encuentra bajo escrutinio público, pero se piensa que es de las menores responsables de este probable esquema delincuencial.

 

Desde hace varios años se han publicado en la prensa señalamientos a Ebrard como benefactor de empresas que, a cambio de ello, recibió beneficios económicos. Hasta ahora no había pasado nada a nivel oficial, pese a las afirmaciones directas sobre los privilegios a la Constructora Atco y la Inmobiliaria Copri, que fue la desarrolladora de Cumbres de Santa Fe, uno de los conjuntos habitacionales de lujo que se encuentran dentro de la investigación federal. Las autoridades sospechan que en el caso de ellas, se repita el modelo de la Constructora Enalser y la inmobiliaria Residencial Mexicali, donde hay nexos con Enrique Ebrard que beneficiaron al ex jefe de gobierno y a su familia, mediante operaciones ilegales para adjudicarse propiedades del Distrito Federal.

 

Ebrard ha enmarcado estas acusaciones –como también en la Línea 12 del Metro, donde pese a la insistencia del entonces director del proyecto, Enrique Horcasitas, de cambiar el trazo por lo pantanoso del terreno que provocaba mayores costos y aventuraba problemas futuros, se negó tajantemente a ello- dentro de un contexto político, y una persecución por las imputaciones públicas que él entregó la documentación de la casa blanca del presidente Enrique Peña Nieto. En Los Pinos, sin embargo, existe la convicción de que él no es el autor intelectual de la investigación de la casa blanca, y que no hay venganzas políticas en el horizonte. Hay presunción de lavado de dinero y corrupción, de acuerdo con lo que tiene en las manos el gobierno federal. Nada más, que no obstante, es mucho.

 

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FIFA: la conexión Televisa

Raymundo Riva Palacio | Viernes 26 de junio, 2015

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

 

 

La corrupción en la que se encuentran algunos de los más altos directivos de la FIFA, está en la puerta de Televisa. Una empresa vinculada al conglomerado de comunicaciones mexicano adquirió derechos de transmisión de partidos de futbol, y se sospecha de haber incurrido en el pago de comisiones a directivos de la Confederación de Asociaciones de Futbol de Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), en beneficio de la televisora, que controla una buena parte del futbol profesional en México. Estos vínculos eran desconocidos hasta hace unos cuantos días, y se han mantenido bastante escondidos.

 

Perdido entre el frenesí electoral mexicano, el pasado 4 de junio apareció un reporte en el diario digital argentino Infobae, donde revelaban la participación de Mountrigi Management Group Ltd. en la comercialización de los derechos de transmisión de futbol. Infobae reveló que la empresa, que encabezan Miguel Diez de Urdanivia y Mauricio Simón Fajer, es la tenedora de las marcas del Grupo Televisa, y que tiene los permisos para la transmisión del fútbol mundial, incluida la licencia para la UEFA Champions League hasta 2018.

 

“Esa ventaja, conseguida gracias a generosas gestiones ante las autoridades de la FIFA, cuenta con el permiso para comercializar en los países latinoamericanos, sin intermediarios”, dijo el diario argentino. “La venta de esos derechos no comprende únicamente la televisión. En el jugoso paquete que comercializa la filial del gigante mexicano también están las licencias de radio, celulares e internet. Un negocio redondo y aggiornado a las épocas actuales”. Televisa ha negado cualquier imputación sobre corrupción en el escándalo que vive la FIFA.

 

Infobae encontró que Mountrigi fue establecida el 17 de diciembre de 2001 como Videoserpel Ltd., y que de acuerdo con una acta accionaria ante las autoridades suiza, de un Contrato de Aportaciones No Dinerarias con Televisa México Ltd., se le transmitían a derechos de bienes inmateriales para la operación de programas de radio, especialmente marcas, derechos de autor, derechos de nombres, eslóganes, logos e indicaciones para describir programas, derechos a títulos en periódicos y revistas que están registradas en el instituto Mexicano del Derecho de Autor, derechos de películas, así como derechos de contenidos de programas, en el sector de las series, entretenimiento y comedias, programas infantiles, música, concursos, cultura y programas de entrevistas.

 

Infobae informó que Televisa México y Videoserpel Ltd. se fusionaron el 12 de noviembre de 2012, y como consecuencia la televisora se quedó con todos los derechos que la otra compañía tenía en su poder. Sin embargo, agregó el diario argentino, el 14 de diciembre siguiente, Televisa le transmitió mediante contrato de Cesión de Derechos, “la titularidad de los Derechos a Videoserpel Ltd. sociedad constituida en conformidad con las leyes de Suiza”. Cuatro días más tarde, Videopersel cambió su nombre al de Mountrigi Management Group Ltd.

Diez de Urdanivia y Fajer son viejos conocidos de Televisa, dijo Infobae. “Sus contactos en el mundo de la televisión trascienden ese grupo mediático del norte del continente, lo cual no es poco”, agregó. “Gracias a sus posiciones dentro de la Organización de Telecomunicaciones Iberoamericanas habrían logrado presionar a diversas cadenas de la región para ‘vender’ los derechos que consiguió Mountrigi gracias a sus vínculos y aceitados contactos dentro de la FIFA”. Diez de Urdanivia, asegura Infobae, es secretario general de ese organismo privado, y Fajer es director de Programación. Dentro de la OTI, su jefe Emilio Azcárraga Jean, presidente de Televisa.

 

De acuerdo con la documentación de la FIFA consultada por Infobae, Mountrigi consiguió clientes en todo el Continente en tiempo récord. “En Argentina los derechos fueron cedidos a la empresa Torneos y Competencias InternationalDirecTV International y DirecTV Latin AmericaEn Bolivia a DirecTV Latin America; en Colombia, Mountrigi Management Group le vendió esa licencia a Caracol Televisión, a RCN Televisión y a DirecTV Latin America.

 

En Costa Rica, se repitió el esquema: la FIFA le concedió los derechos a Televisa por medio de Mountrigi y ésta los vendió a otra cadena, Televisora de Costa Rica. En Ecuador DirecTV Latin America volvió a tener protagonismo en la transacción, lo mismo que en Perú. Además, abundó Infobae, en Uruguay, vendió los derechos a Torneos y Competencias Internacional, y esta a su vez a Sociedad de Televisora de Larrañaga, Montecarlo TV y Sociedad Anónima Emisoras de Televisión y Anexos. En Venezuela, por su parte, negoció con Galaxy Entertainment.

 

Según Infobae, los investigadores buscan determinar cómo fue el mecanismo mediante el cual una empresa privada es licenciataria del mayor negocio de la FIFA, sin realizarse una subasta pública. Otro de los puntos que les llama la atención, agregó, es cómo Mountrigirevendía “al mejor postor”, donde los mejores compradores “fueron siempre los mismos”: Torneos y Competencias International y DirecTV Latin America, dueña de un 40% la primera, y uno de cuyos propietarios, el argentino Alejandro Burzaco, está prófugo por el escándalo en el futbol mundial y pesa sobre él un pedido de captura internacional emitido por Interpol.

 

El escándalo en la FIFA tiene aún mucho camino por recorrer. Más de 20 indiciados están siendo declarados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y funcionarios estadounidenses han tenido contactos indirectos con algunos jerarcas del futbol mexicano. Las revelaciones de Infobae parecen una pequeña probada de lo que podrá venir en México sobre quiénes, empresas e individuos pudieron haber participado del esquema de corrupción.

 

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Los niños de Chuayffet

Raymundo Riva Palacio | Jueves 25 de junio, 2015

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

 

 

 

A los niños, dice el gobierno, los maestros, los políticos y la Suprema Corte de Justicia, se les deben garantizar plenamente sus derechos. El Estado, coinciden, tiene como deber velar por el interés supremo de los niños. Esa es una de las líneas garantistas de la Reforma Educativa que este martes la Suprema Corte ratificó al votar unánimemente la constitucionalidad de la evaluación de los docentes. La disidencia magisterial perdió la batalla, pero quien piense que acabó la revuelta, se equivoca. Los niños son un mero pretexto. El poder y el dinero es el nombre del juego. La disidencia regresará, y en el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, tienen un apoyo.

 

Esta afirmación no es un exceso. El secretario Chuayffet lleva seis meses sabiendo que el costo del gobierno federal por permitir que la relación con la disidente Coordinadora magisterial, se cuenta en decenas de millones de pesos, y es mucho más grande el desgaste de la autoridad. Seis meses donde el secretario fue un testigo mudo, y se mordió la lengua desde hace tiempo en las reuniones del gabinete por timorato e irresponsable. Para qué, ha confiado a sus cercanos, si cada vez que hablaba lo callaban. Su silencio pusilánime ha dañado a todos.

 

A principios de enero tuvo en su escritorio un informe de la Sección 22 del magisterio, el grupo más grande y belicoso de la Coordinadora magisterial, referido a lo que sus asesores llamaban “la década perdida para la educación en Oaxaca”. Recordaban su agenda política donde lo laboral subordina lo educativo y el interés de los niños. Este “es permanentemente atropellado”. Y detallaban:

 

–La Coordinadora en Oaxaca realiza suspensiones de clase por movilizaciones, paros, asambleas y actividades político-sindicales que, en promedio, alcanzan hasta 50 días por ciclo escolar. “Esto es –añadía-, en los últimos 32 años, los maestros de la Sección 22 han suspendido clases mil 600 días, lo que equivale a ocho ciclos escolares completos: casi una década educativa perdida”.

 

–El costo de los servicios escolares del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica en Oaxaca es de 47.2 millones de pesos diarios. De los primeros 24 días laborales en 2015 (el informe se entregó a finales de enero pasado), las actividades escolares se interrumpieron nueve días de manera parcial o total. El informe no contemplaba el paro de otros 21 días en el último mes cuando se movilizaron a la ciudad de México para impedir la evaluación de los docentes y como parte de su intento de boicot a las elecciones del 7 de junio. Es decir, en este semestre, dejaron de dar clases un mes completo.

 

–En las 739 escuelas de tiempo completo en Oaxaca, cada día de cierre significa un “desperdicio” de 929 mil 497 pesos en pago de compensaciones para directores, docentes y personal de apoyo, además de otros 778 mil 231 pesos que se van en el servicio de alimentación para alumnos. Esto significa un millón 700 mil pesos diarios “desperdiciados”, que en el mes que no dieron clases este año, suman 52 millones 700 mil pesos.

 

“La suspensión de clases interrumpe el ritmo y la continuidad necesaria en los planes y programas de estudio, lo que repercute de manera negativa en los aprendizajes de los alumnos y alienta el abandono escolar, impactando el ya significativo rezago educativo en la entidad”, reiteraron los asesores a Chuayffet. “(Esto) desalienta y desarticula la valiosa participación social de los padres de familia en los asuntos que atañen a las comunidades educativas”.

 

Chuayffet tenía el diagnóstico claro de los métodos de la Sección 22, pero dejó que le crecieran telarañas. Sus asesores le dijeron que la Coordinadora siempre se ha negado a participar en evaluaciones nacionales, como ENLACE, Carrera Magisterial y Olimpiada del Conocimiento, o en evaluaciones internacionales como Pisa y Talis. “Los maestros de la Sección 22 sistemáticamente han rechazado los programas de actualización y formación continua que ofrece y organiza la Secretaría de Educación Pública, sustituyéndolos por programas propios que presentan serias deficiencias académicas”, le advirtieron.

 

Chuayffet no hizo nada con ese documento. Dejó que la negociación política con la Coordinadora, cuya dirigencia se encuentra en la Sección 22 de Oaxaca, se mantuviera dentro de la Secretaría de Gobernación con los hilos hacia la Oficina de la Presidencia. En un artículo que publicó este miércoles en El Universal, Chuayffet afirmó: “El arraigo de la reforma educativa en la sociedad mexicana nos reclama voluntad y compromiso. Nos convoca a trabajar juntos, a todos, con prisa sin antagonismos, con perseverancia, con apertura, no con aislamiento”. Este párrafo es una burla a todos.

 

El documento que hizo raíces en su despacho lo desmiente. No trabajó junto con el resto del gobierno, sino ocultó información útil para la toma de decisiones. No tuvo prisa, y se arrinconó sin luchar y aislado. No tuvo la voluntad ni el compromiso con el presidente, ni con el gobierno, ni con la sociedad. En su comparecencia el martes, el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Juan Carlos Romero Hicks, recordó una frase de la pluma del gran escritor Jorge Ibargüengoitia para lustrar la coyuntura: “Quien creyó que todo lo que dije fue en serio, es un cándido; y quien creyó que todo fue en broma, es un imbécil”. Ni cándidos, ni imbéciles. Que el secretario vaya a engañar a quien se deje y lo permita, que no son todos. Faltaba más.

 

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FBI y DEA, sobre los Medina

Raymundo Riva Palacio | Miércoles 24 de junio, 2015

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

 

MONTERREY.— El imperio inmobiliario de la familia Medina en San Antonio, Texas, se maneja desde la casa de Alejandro Medina, hermano del gobernador Rodrigo Medina, en la calle Twilight Ridge, de una oficina en un pequeño edificio de tres pisos en la calle Oasis, de una oficina en la calle East Sonterra de Humberto Medina Ainslie, junto a una licorería y una oficina de Federal Express, y de una modesta casa en West Avenue, al lado de un taller mecánico. Desde ahí, en ocho años, los Medina han realizado operaciones en bienes raíces por un valor estimado en mil millones de pesos.

 

Sus negocios en Estados Unidos eran casi desconocidos en México, hasta que fueron utilizados como arma electoral en la contienda por la gubernatura de Nuevo León. Pero en Texas, la familia Medina es sujeta hace tiempo de una investigación del FBI y la DEA, que abarca tres países en dos continentes. Detonó cuando apareció el nombre del abogado Álvaro Briceño, como represente legal en varias de las empresas de los Medina. Briceño está vinculado a la investigación sobre Javier Villarreal, acusado de lavado de dinero en Texas, cuando fue tesorero en el gobierno de Humberto Moreira en Coahuila, porque encontraron que varios depósitos del inculpado, pararon en sus cuentas.

 

Los investigadores empezaron a analizar las operaciones financieras de los Medina, cuyo negocio empezó a florecer en 2007, cuando Rodrigo Medina fue nombrado secretario general de Gobierno de Nuevo León, en la administración de Natividad González Parás. El negocio creció exponencialmente en 2009, después de que Medina asumió la gubernatura. Lo que encontraron los investigadores fue que la primera operación de los Medina en San Antonio fue la compra de un terreno en 2006, apalancado con un crédito de cinco millones de dólares.

Hasta ahí todo era normal. Sin embargo, lo que notaron fue un patrón en la expansión inmobiliaria de los Medina que compraban terrenos en aquella ciudad texana back-to-back, préstamos paralelos –o depósitos de seguridad- en donde no se necesita dar bienes en garantía adicionales a los que ya se tengan invertidos en la institución a la cual se acude. Normalmente el banco receptor del depósito no es el mismo que otorga el préstamo, por lo que es difícil que lo detecten las autoridades. Es usual que se establezca un holding operativo para este tipo de operaciones, que se busca en países con baja tributación, como las Islas Caimán, a donde acudieron los Medina.

 

La forma como fueron armadas las operaciones y la utilización del mismo crédito para ir adquiriendo más propiedades, es un método que ven los investigadores que se repite en el lavado de dinero. Según personas que conocen las investigaciones, el FBI y la DEA no tienen pruebas de una actividad ilícita de Alejandro Medina, hermano del gobernador, y de Medina Ainsle, cuyos nombres aparecen en todas las propiedades, peso sospechan de actividades ilícitas.

 

Aldo Facsi, ex subprocurador en el gobierno de González Parás y ex presidente del PRI local, el primero en revelar con documentos las operaciones de bienes raíces de los Medina, asegura que a través de operaciones back-to-back vendieron terrenos entre 10 y 100 dólares, que luego revendieron como propiedades entre 300 mil y 400 mil dólares, al maximizar el valor catastral de los fraccionamientos, de 15 millones de dólares, a un valor comercial estimado en 40 millones. El rompecabezas de las operaciones aún no está del todo claro, pero de acuerdo con los documentos, de las 12 compañías inmobiliarias que crearon los Medina entre 2005 y 2013, cinco adquirieron más de 100 propiedades entre 2008 y 2012, para desarrollar dos fraccionamientos Sundance Ranch y Clearwater Ranch. Las empresas están incorporadas en dos empresas en las Islas Caimán, Northlake Holdings y Mesa Investments, bajo los nombres de Alejandro Medina y Medina Ainslie, respectivamente.

 

Facsi dijo a la prensa en mayo pasado que las empresas de los Medina formaban parte de una estructura que incluía tres constructoras locales y una franquicia, que lavaban el dinero que salía de presuntas extorsiones a proveedores. Empresarios y revelaciones en la prensa han señalado a Medina Ainslie, padre del gobernador, como la persona que exigía comisiones a los empresarios que hacían obra pública o proveían servicios al gobierno estatal.

La franquicia es de comida rápida y propiedad de un amigo de la infancia del gobernador, con quien su padre veía los negocios cuestionados durante la administración de su hijo. La franquicia creció casi al doble durante el sexenio de Medina, y parte de la investigación busca determinar con precisión de dónde vinieron sus ingresos y a dónde fueron los egresos. Las constructoras, de acuerdo con Facsi, fueron beneficiadas con obra pública en el gobierno de Medina.

 

Las operaciones financieras de la familia del gobernador han dibujado dos pistas de dinero. Una conduce a las instituciones bancarias en San Antonio, la sede del imperio inmobiliario, y la otra a Andorra, un principado en los Pirineos y paraíso fiscal entre España y Francia. No se ha establecido todavía un patrón de cobros y pagos, que tendría que ser un trabajo respaldado por las autoridades mexicanas. Tampoco se tienen noticias si el FBI y la DEA ya pidieron la cooperación de la Secretaría de Hacienda y de la PGR. En todo caso, no tardarán mucho en hacerlo.

 

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El imperio de los Medina

Raymundo Riva Palacio | Martes 23 de junio, 2015

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

MONTERREY.—Todo empezó en 2005. El 12 de septiembre, para ser exactos, cuando Alejandro Medina, hermano del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, constituyó River States, una pequeña empresa en San Antonio, con un capital de 10 mil dólares en una casa humilde en el 101 de la calle Sunflower. En 2006 y 2007, surgieron otras cuatro, HMAM LP –las siglas de Humberto Medina Ainslie, el padre de Rodrigo y Alejandro-, Mesa Investments, LLC, Two Creeks 78, LTD., y TC78, LLC. (“T” de Two y “C” de Creeks), en otras direcciones de oficinas austeras. Para entonces, Rodrigo Medina era un político al alza que en 2007 era secretario general de Gobierno en la administración de Natividad González Parás, y su familia iba construyendo un imperio inmobiliario a la par de su carrera.

 

El 3 de noviembre de 2009, escaso un mes después que Rodrigo Medina asumió la gubernatura, el pequeño negocio que había arrancado años antes cambió de escala. Ese día, Alejandro Medina presentó una solicitud de cambio de dominio en la Secretaría de Estado de Texas, para consolidar las cuatro empresas existentes y ampliar la propiedad a otras cuatro más. Documentos del gobierno texano muestran como el primer socio estadounidense de los Medina desapareció, y surgió uno nuevo, George Cisneros, hermano del primer gobernador de origen hispano en San Antonio, Henry Cisneros, que años después fue secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano en el gobierno del presidente Bill Clinton.

 

Para cuando Medina empezaba su gobierno, el grupo de empresas había crecido a nueve, con cuatro nuevas: HMAM Management GP, LLC, Investement de MF Group LP, Post River Sundance Ranch, LTD, y Dos Countries Management GP, LLC. En la actualidad, en el epílogo de su administración, había cuatro más, Factsa, LLC, Northlake Holdings, LLC, registrada por Alejandro Medina en las Islas Caimán, y dos que sumó Cisneros al grupo, The State at Huntress Lane LP, y Huntress Lane Development, LLC.

 

Durante los años de poder de Medina en Nuevo León, las empresas familiares ampliaron sus operaciones inmobiliarias. El escándalo del imperio de los Medina en bienes raíces fue detonado en plena campaña electoral en Nuevo León por Aldo Fasci, ex líder del PRI en Monterrey y ex subprocurador en el gobierno de González Parás. Dos semanas antes de las elecciones, dio a conocer la estructura de las empresas de los Medina, y la forma como el hermano de gobernador Alejandro, creó un holding en las Islas Caimán, un paraíso fiscal en el Caribe, Northlake Holdings, LLC, y su padre otro, Mesa Investments, donde incorporaron entre noviembre 2007 y diciembre de 2013, varias de las compañías familiares.

 

Fasci no acusó a la familia Medina de corrupción, pero sugirió abiertamente el lavado de dinero al formular una pregunta: ¿de dónde salieron los mil millones de pesos que tienen en sus negocios inmobiliarios en dos países? De acuerdo con sus estimaciones, la familia Medina tiene propiedades en San Pedro Garza García, municipio conurbado de Monterrey, con un valor comercial estimado en 228 millones y medio de pesos; el valor de las de San Antonio lo calcula en 682 millones de pesos, conservadoramente. Poseen ejidos en Nuevo León por 35 millones de pesos, y propiedades menores que se suman a la cifra multimillonaria. Conforme a documentos del gobierno texano, son dueños de cuando menos 110 propiedades en la zona metropolitana de San Antonio.

 

Las operaciones inmobiliarias de los Medina levantaron la sospecha en México y Estados Unidos por la ingeniería financiera que se utilizó para que el imperio fuera creciendo, pero se acentuó el interés cuando apareció un nombre conocidos por las autoridades que los colocó sobre la pista de la familia del gobernador, Álvaro Briceño, un abogado que es representante legal en varias de las empresas registradas en el Departamento de Estado de Texas. Alejandro Medina y él, comparten la misma dirección de oficina en San Antonio.

 

El nombre de Briceño ha sido vinculado por el FBI a la investigación contra Javier Villarreal, acusado de lavado de dinero cuando fue tesorero en Coahuila durante el gobierno de Humberto Moreira en Coahuila. Villarreal, quien se declaró culpable en noviembre pasado, realizó varios depósitos a cuentas de Briceño, según las pesquisas preliminares. Esta conexión es lo que hizo que el FBI volteara a ver a los Medina e iniciara una investigación sobre sus negocios inmobiliarios. Varias pistas se han ido siguiendo a lo largo de los últimos meses, pero aún no se concluye el caso antes de ser envido a un juez federal.

 

Los Medina, en cualquier caso, ya no pasaron desapercibidos. Cuando menos en Estados Unidos. En México, hasta ahora, no se ha abierto una vía legal pública que empiece a responder las preguntas abiertas: ¿de dónde salieron los recursos para adquirir las propiedades? ¿existe relación directa entre el ascenso al poder de Rodrigo Medina con el boom inmobiliario de su padre y su hermano? ¿Pagaron impuestos sobre sus ingresos? Cuando comenzaron a salir las acusaciones en la prensa que sugerían corrupción, el gobernador Medina dijo que pasadas las elecciones aclararía todas las imputaciones y demostraría su inocencia. Hasta ahora, su reacción ha sido limitada y en los medios de comunicación afines a él. Medina sigue debiendo esa explicación; las autoridades mexicanas, la investigación.

 

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Las mentiras de Rodrigo

Raymundo Riva Palacio | Lunes 22 de junio, 2015

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

 

MONTERREY.– Apresurado, en un madruguete que rompió los tiempos del destape para la candidatura al gobierno de Nuevo León, el gobernador Rodrigo Medina pidió una reunión urgente con el presidente Enrique Peña Nieto 48 horas antes de realizarse el ritual. Medina le dijo la victoria sólo la podría dar Ivonne Álvarez. Era la mejor evaluada entre los priistas por el electorado, alegó, y podría lograr que los grupos de poder en el estado la respaldaran. Álvarez perdió dos a uno frente a Jaime Rodríguez, “El Bronco”, en la derrotas más humillante que ha tenido el PRI en su historia. Medina había engañado al presidente. Pero no era la primera vez. Llevaba años haciéndolo.

 

Álvarez perdió la gubernatura años antes de las elecciones. No por ella, sino por Medina, que mintió al presidente sobre el respaldo de la elite empresarial regia, representada por el Grupo de los 10. La realidad es iban para seis años de campaña en su contra, donde sólo Lorenzo Zambrano, el capitán de Cemex, hasta su muerte en 2014, lo apoyaba. El repudio contra él se convirtió en un tema de lucha de poder cuando Álvarez salió candidata. Los empresarios se quejaron. “¿Por qué nos desprecia al presidente”, dijo uno de ellos, como vocero del Grupo de los 10. “¿Qué le hemos hecho para que nos la envíe?”.

 

Álvarez era propuesta de Medina, Gamboa, la familia González, propietaria del Grupo Milenio, y de priistas vinculados a la CTM –enemigos históricos de la elite empresarial-, y a Humberto Medina Ainslie, el padre del gobernador, que a la par del ascenso al poder de su hijo construyó un imperio inmobiliario a través de oscuras operaciones. Ella era la continuidad de Medina y su padrino, el ex gobernador Natividad González Parás, rechazado también por los empresarios porque los traicionó en la anterior sucesión y los engañó al ofrecer que su sucesor sería Fernando Elizondo, ex gobernador interino y ex secretario de Estado, su viejo socio en el despacho de abogados que fundaron sus padres.

 

El conflicto de la elite empresarial con Medina ha emergido después de la derrota de Álvarez, como una señal que la elección no concluyó el ajuste de cuentas con el gobernador. La historia comienza desde el inicio de su sexenio en octubre de 2009. Un grupo de regiomontanos poderosos, Dionisio Garza Medina, en ese entonces número dos de Alfa, Alejandro Junco, propietario del Grupo Reforma, y el ex gobernador y ex secretario de Estado, Fernando Canales Clariond, organizaron el descarrilamiento.

 

Lo sabía el gobernador Medina, quien deslizó en octubre de 2010, después de su primer informe de gobierno, que había una campaña en su contra. Pero lo generalizó y dijo que había una estrategia nacional para desestabilizar a gobiernos priistas, de cara a la sucesión presidencial. No era contra todos; era contra él. Meses antes, Medina había recibido un informe secreto en donde aparecía el árbol genealógico de la conspiración. Incluía a los jefes de las poderosas Cámaras de la Industria de la Transformación, de la Coparmex, de la Cámara de Comercio, del Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León, y Vértebra, una asociación civil. Tenían aliados dentro de su gobierno, como Javier Treviño, secretario general de Gobierno, Carlos Jáuregui, secretario de Seguridad Pública, y Alejandra Rangel, esposa de Eugenio Clariond, uno de los capitanes de la industria regia, presidenta ejecutiva del Consejo Estatal de Desarrollo Social. Medina sacó a Treviño del gobierno y le pidió a Zambrano que no lo recibiera en Cemex, donde era su asesor; a Rangel, la cesó tan abruptamente, que no se lo perdonaron en el G-10.

 

Las tensiones con la elite regia se fueron acentuando por la obligación de tener que tocar la puerta de Medina Ainslie y negociar comisiones en la obra pública. Cada vez que lo comentaban con Zambrano, este lo protegía. Incluso, aún en medio de su crisis financiera, hizo la Ecovía –un sistema de transporte popular-, donde subcontrató al Grupo Allende, cuyo el jefe político era, precisamente, el padre del gobernador. La molestia contra Zambrano creció al grado que del G-10 filtraron a medios que Cemex estaba en problemas fiscales.

 

Esta pugna se mantuvo al margen del presidente y cuando se planteó la candidatura de Álvarez, no le informaron del rechazo insuperable Medina y su candidata. El senador Gamboa cenó con varios miembros del G-10 y el reporte que dio en México es que la apoyarían. Era falso. Durante la campaña se desató la difusión masiva de los actos de corrupción de la familia Medina, que aceleraron el descrédito de Álvarez y la disposición por apoyar a Rodríguez. Unas tres semanas antes de la elección, un grupo de empresarios regios le pidió a Peña Nieto que no se metiera en la elección y que apoyara a “El Bronco”.

 

Dos semanas antes de la votación. Medina no creía que las acusaciones en su contra impactaran la elección, y al mediodía del 7 de junio, su equipo aseguraba que Álvarez aventajaba a “El Bronco” por dos puntos. Más mentiras. En la secuela, ella se reconstruirá políticamente pero Medina, es otra cosa. Se ve imposible que restablezca su carrera política. Se ve improbable que su familia salte los problemas judiciales en México y Estados Unidos. Se ve posible que los Medina terminen en la cárcel—algo que nunca dijo a nadie, porque nunca lo creyó.

 

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La crisis de las encuestas

Raymundo Riva Palacio | Viernes 19 de junio, 2015

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

Hace dos semanas, en este espacio se planteó que tras las elecciones del 7 de junio, las empresas encuestadoras estarían en el centro del debate. Lo están. Fallaron en las contiendas más visibles, pero al mismo tiempo, paradójicamente, no falló casi ninguna en otras menos polémicas. Para efectos populares y políticos, da igual. El daño está hecho. Dos gobernadores dijeron que tenían claro que las encuestas ya no les servían como instrumentos predictivos, y medios y clientes suspendieron sus mediciones ante su confusión. Las críticas se centran en la creencia falaz que predicen resultados, por lo que al fallar tantas en tantos, su credibilidad quedó en entredicho. Las cosas, empero, son más complejas y no se resuelve con análisis maniqueos.

 

 

Los expertos en opinión pública en México están desarrollando hipótesis para explicarse, y explicar a los demás, qué sucedió. Por ejemplo, ¿cómo fue que la encuestadora del gobierno del Distrito Federal le dijo que el PRD mantendría las delegaciones que gobernaba y la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, cuando la realidad arrojó una derrota casi al 50% frente a Morena, que según los estudios no ganaría nada?

 

 

Ricardo Monreal, el candidato ganador en la Delegación Cuauhtémoc, tuvo tres encuestas de salida con datos diferentes cada una, cuando en la preelectoral tenía una ventaja cómoda frente a sus adversarios. Cuauhtémoc Blanco iba en una encuesta de salida al mediodía del 7 de junio en empate técnico y en otra perdía la alcaldía de Cuernavaca por siete puntos. ¿Por qué escondieron su voto por Jaime Rodríguez, “El Bronco”, los neoleoneses en la encuesta de salida? ¿Por qué esa metodologías que fallaron, produjeron un consenso muy aproximado al voto en las elecciones federales?

 

 

La empresa Isa, que encuesta en alianza con Grupo de Economistas Asociados, admitió haber estado muy lejos del resultado de la elección en Nuevo León, donde subestimaron por 28 putos a “El Bronco”, y sobrestimaron por 17 a Álvarez. ¿Qué sucedió? “Hay evidencia de que frente a este fenómeno, parte de un sector de la ciudadanía no reveló su voto tal cual lo depositó en la urna”, explicó en un comunicado. ¿Por qué mintieron?

 

 

De acuerdo con Francisco Abundis, director asociado de Parametría, tuvieron gran desconfianza de los encuestadores de la ciudad de México –una medición del Tecnológico de Monterrey resultó casi exacta, y otra de El Norte, aunque erró en su margen de error de manera significativa, fue la que más se acercó de las encuestas publicadas-. No explicaría los errores en las mediciones en la ciudad de México, donde Abundis sugiere también que el voto antisistémico también se en las encuestas. No hay evidencia sobre qué fue lo que sucedió. No obstante, el mal de las encuestadoras mexicanas, es mal global.

 

 

Notables errores en encuestas han marcado las recientes elecciones en Israel, Polonia y particularmente el Reino Unido, donde cuatro encuestadoras apuntaban a un final de fotografía, que al final resultó en una amplísima ventaja para los conservadores. Las encuestas de salida dieron el mismo resultado que el voto, pero la pregunta es porqué si la metodología en las encuestas de salida fue exactamente la misma que en las preelectorales, ¿los resultados fueron tan distintos?

 

 

Según Floyd Ciruli, fundador de Ciruli Associates, una empresa de encuestas y análisis político en Denver, puede ser que la precisión de las encuestas no sea un problema de recolección de información o de los complejos algoritmos que utilizan, sino un cambio en el entorno de las elecciones que le permiten a las campañas apuntar a pequeños grupos de votantes para un máximo impacto, que no está siendo medida ni por los expertos, ni por los medios. “Esto sugiere que la principal culpa es la confluencia de un entorno intenso de encuestas y una narrativa en los medios que asemeja las campañas en Estados Unidos en 2012, que apuntaron a los subgrupos de votantes volátiles”, agrego. “Esos votantes muy motivados, pueden rápidamente convertirse en una fuerza, elusiva y que confunda a los encuestadores”.

 

 

Las empresas encuestadoras en México van a tener que regresar preguntar al votante cómo votó y porqué mintió para detectar sus fallas. Desaciertos, sin embargo, como en Nuevo León, Michoacán o el Distrito Federal no debe ocultar los aciertos en elecciones cerradas como Querétaro, San Luis Potosí o Sonora, donde hubo cómodas ventajas como Baja California Sur, Campeche, o la forma como describieron con precisión la de Guerrero. Relevante en esta línea de argumentación es que sus metodologías y algoritmos en la selección de las secciones a encuestar, reflejaron también, con enorme precisión, el resultado en el Congreso federal, y todas menos una, que dieron a Morena por encima del Partido Verde.

 

 

Las empresas encuestadoras y los medios no deben entrar en pánico, ni ser victimas de la opinión pública y las percepciones. La esquizofrenia de los resultados a las que se llegó pese a emplear la misma metodología, tiene que analizarse junto con la reacción de los electores. Es recomendable que dentro de sus análisis internos, realicen un estudio antropológico en todo el país que les permita encontrar qué es lo que realmente piensan los votantes en sus micro ambientes, y cuáles son los motivadores para decir verdades o mentiras, y en qué momento. De esa forma podrán ajustar sus métodos e incorporar nuevas plataformas que las lleven de regreso a la precisión y, de paso, sobrevivan el linchamiento nacional.

 

 

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Madruguetes presidenciales

Raymundo Riva Palacio | Jueves 18 de junio, 2015

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

presidenciales

 
El metabolismo de la sucesión presidencial cambió. A la candidatura implícita de Andrés Manuel López Obrador se le sumó el domingo la de Margarita Zavala y lunes la de Miguel Ángel Mancera. El martes fue la de Rafael Moreno Valle. La colocación de los gallos del PAN, PRD y Morena, tomó desprevenido al presidente Enrique Peña Nieto, quien se mostró nervioso el lunes, al pedir que el Instituto Nacional Electoral vigile que no trastoquen la ley. “No por mucho madrugar amanece más temprano”, lo apoyó César Camacho, líder del PRI. Frente a los madruguetes de la oposición, el intento para que el contagio no alcance al PRI.

 

 

El INE no puede hacer nada, hasta que empiece oficialmente el proceso, allá por octubre de 2017. El órgano electoral tampoco puede ayudar al presidente a contener el proceso, ni siguen vigentes los tiempos donde la sucesión, en tiempo y forma, se manejaba desde Los Pinos. La escuela mexiquense de la política, llena de protocolos, rituales, verticalidad e institucionalidad, está sacudida. Su gabinete está ansioso. Los grupos dentro del PRI, expectantes. Si Peña Nieto no entiende que el entorno es radicalmente distinto a aquél en el que creció, una gran sorpresa puede venir en camino.

 
La sucesión arrancó como consecuencia directa de los resultados electorales y la necesidad de los reacomodos y búsqueda de posiciones de fuerza. El único con galardones electorales es López Obrador, cuyo nuevo partido Morena se convirtió en la cuarta fuerza política del país y con una tendencia en el voto que amenaza con devorar al PRD. Esa realidad es lo que llevó a Mancera a brincar a la palestra para evitar que la caída del PRD lo elimine de la carrera. Zavala se alejó de una irreversible derrota en la presidencia del PAN para construirse como opción presidencial. Moreno Valle, que lleva tiempo trabajando su candidatura, tuvo que dar el paso adelante para que la exprimera dama no le ganara terreno.

 
Las estrategias se sacudieron por los resultados electorales. La balcanización que mostraron las elecciones intermedias sólo dejaban a un ganador, López Obrador, y mostraban al PRI, PAN y PRD, con heridas severas. La irrupción exitosa de un candidato independiente, Jaime Rodríguez, “El Bronco”, próximo gobernador de Nuevo León, abrió otro camino de posibilidad real de acceso al poder. Muchos lo despreciaron, menos uno, López Obrador, que en dos ocasiones este año se le acercó para proponerle una alianza. “El Bronco” dijo que no, pero la negativa no será para siempre. Son los movimientos tácticos los que definieron el primer tramo de la carrera por la Presidencia.

 
En esta primera fase, lo importante es arrancar. Luego se irán modulando las velocidades y modificando las estrategias. El único que pisó el freno fue el presidente Peña Nieto, que desde Roma, hablando al INE para que lo escucharan en casa, pidió contención. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong lo escuchó y dijo que aún era muy pronto para la sucesión. Debe saber que es falso. La sucesión arrancó antes del 7 de junio, pero después de esa jornada es competencia abierta. No puede Osorio Chong ir contra el presidente, aunque su compañero de gabinete, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, está embarcado desde hace días en un proceso de construcción de una candidatura que acaricia desde hace tiempo. Son los delfines del presidente, aunque no quiera admitirlo Peña Nieto, y desgastados por el ejercicio de gobierno.

 
Peña Nieto tiene problemas serios con la sucesión, que se acentuaron por los madruguetes. Sus dos cartas para incorporarlas al abanico sucesorio, los gobernadores de Nuevo León y Querétaro, cayeron derrotados en las elecciones. Su príncipe, Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia, no tiene arraigo dentro del PRI, un enorme hándicap aún si en los próximos ajustes en el gabinete le da una posición fuerte. El senador Emilio Gamboa, uno de los pocos externos a la presidencia tripartita que goza del oído de Peña Nieto, perdió todas las gubernaturas donde estuvo involucrado. El único ganador real, Manlio Fabio Beltrones, está fuera del cerradísimo círculo presidencial.

 
Beltrones quiere la presidencia del PRI, el único cargo virtualmente vacante. ¿Se la podrá negar el presidente después de que sus candidatos ganaron las gubernaturas de Sonora y Guerrero, y frente a las derrotas y angustias del olimpo presidencial? El dilema del presidente es que si le entrega el PRI a Beltrones lo coloca automáticamente en la sucesión –sin importar los candados que acuerden para que eso no suceda-, y si no, de cualquier forma lo llevará al imaginario colectivo como el priista eficiente pero relegado, por el temor político que despierta en la presidencia tripartita.

 
La manera pragmática como reaccionó la oposición en esta sucesión adelantada, estrella con el intento del presidente de congelar al PRI y frenar a sus aspirantes presidenciales. La rigidez, por encima de la flexibilidad, es la señal. Existe el riesgo de que lo muy rígido, con un golpe al centro, se quiebre. Si esto sucede, no sólo perdería el control del proceso, sino incluso la capacidad para determinar dentro del PRI a su posible sucesor. Esta es una variable impensada, como muchas otras que el 7 de junio se materializaron, y que obliga a que los asuntos políticos tienen que pensarse muy diferente a cómo estaban acostumbrados.

 
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La suerte de Rodrigo

Raymundo Riva Palacio | Miércoles 17 de junio, 2015

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

rodrigomedina

 

 

Cada día se acumulan más firmas en Nuevo León que piden al presidente Enrique Peña Nieto que abra una investigación penal en contra del gobernador Rodrigo Medina y su familia por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. El Congreso Nacional Ciudadano, la organización no gubernamental que encabeza la protesta, lleva casi 20 mil acumuladas al calce de una denuncia penal que van a presentar en la PGR. El abuso del gobernador al permitir a su padre, Humberto Medina Ainslie, inmiscuirse en los dineros del erario y en la adjudicación de contratos, fue castigado en las urnas el 7 de junio, pero no va a parar ahí. El presidente tendrá que evaluar si procede penalmente contra los Medina, o permite que el gobernador independiente, Jaime Rodríguez, “El Bronco”, lo haga y capitalice ese acto contra la corrupción.

 

 

El gobernador Medina está pagando el solapamiento de abusos y tráfico de influencia que le permitió a su padre, que fue insaciable. Medina Ainslie tiene una notaría en la pudiente colonia del Valle, en el municipio de mayor ingreso per cápita en el país, San Pedro Garza García, que se la dio el gobernador Natividad González Parás, de quien fue consejero jurídico, semanas antes de entregar el poder a Rodrigo Medina. Ese fue su centro de operaciones para desatar, desde los primeros días del gobierno de su hijo, las arbitrariedades que hoy le pueden costar la libertad a él y al gobernador.

 

 

Los ejemplos abundan. Los empresarios neoleoneses cuentan que los problemas fueron desde el principio. En los primeros meses del gobierno de Medina, cuando a una de las empresas más importantes del país que cada año, desde hace 30 era proveedor del gobierno, le suspendieron el contrato. Para renovarlo, Medina Ainslie pedía una comisión de 20% a la empresa. Representantes del Grupo de los 10, la cúpula empresarial regiomontana, lo acusaron con su padre el gobernador. El contrato se restableció en los términos de la ley, sin que se le diera a su padre la suculenta comisión.

 

 

Otra historia, en plena campaña electoral –lo que refleja la impunidad y el cinismo con la que se hacen las cosas en la familia de Medina-, tiene que ver con el acueducto Monterrey IV, una obra por la cual la dependencia estatal Servicios de Agua y Drenaje pagará mensualmente 125 millones de pesos durante 27 años, cuya licitación ganó el Grupo Higa, de alto renombre hoy en día por ser la que realizó las operaciones inmobiliarias para la compra de las casas de la esposa del presidente en la ciudad de México, y del secretario de Hacienda, en Malinalco.

 

 

En paralelo, el gobernador Medina dijo en las más altas esferas de poder en la ciudad de México que si no cancelaba la obra, o se retiraba a Grupo Higa de la construcción, perdería la elección para la gubernatura. Lo que no había dicho es lo que había hecho su padre. Medina Ainslie, de acuerdo con los empresarios neoleoneses, se acercó a una de las grandes constructoras regiomontanas y le propuso quitarle a Higa su parte del contrato –alrededor de un 60% del total-, para quedarse con él. No se sabe cuánto sería la comisión para el padre del gobernador, pero no dejaba licitación en la cual se involucrara, por menos de 18%. Grupo Higa es de un muy viejo amigo del presidente, Juan Armando Hinojosa, lo que no detuvo al gobernador para timar a todos en Los Pinos, en beneficio de su padre.

 

 

La ambición de Medina Ainslie fue tierra fértil en el solapamiento de su hijo, que como gobernador se le subordinó. Sólo en el primer tercio de su administración, cuando estaba enfrentado a los empresarios, lo sacó del país, pero a los seis meses regresó. Funcionarios federales afirman que existe una investigación en la PGR en contra de Medina Ainslie por enriquecimiento inexplicable, por lo que el camino para iniciar un proceso en su contra ya empezó. Sin embargo, no va a ser suficiente. El padre no pudo haber hecho lo que hizo de no contar con la complicidad de su hijo el gobernador. No se puede hablar de omisión –que de sí sería grave-, sino de comisión, al existir informaciones de cómo el mismo gobernador pedía citas para él a fin de que escucharan sus propuestas.

 

 

Las circunstancias en las cuales terminó la contienda para gobernador en Nuevo León cambian por completo los escenarios hacia delante. La derrota alejaba a Medina del gabinete y rompía con sus aspiraciones presidenciales. Pero la forma como los neoleoneses votaron de castigo en su contra, debe llevar al presidente a considerar cuál debe ser el futuro legal del gobernador. Si el gobierno no actúa en contra de Medina, o cuando menos inicia el proceso contra el gobernador y se busca su desafuero, dejará la iniciativa a “El Bronco”. Si es así, el mensaje será que sólo los candidatos independientes luchan contra la corrupción y la impunidad y sentará un precedente importante para 2018.

 

 

¿Dejará el presidente que sea el nuevo gobernador el que empiece la limpia en Nuevo León? En octubre será el relevo del mando estatal. La decisión de Peña Nieto, cualquiera que esta sea, no puede esperar. Un candidato independiente que comience con acciones decisivas para restaurar la integridad al gobierno, puede ser una bandera muy persuasiva para todos en tres años. Esto es algo que no podrá soslayar.

 

 

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El fantasma de la casa blanca

Raymundo Riva Palacio | Martes 16 de junio, 2015

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

Foto | Presidencia
Foto | Presidencia

 

 

Las elecciones intermedias tuvieron un preámbulo de molestia ciudadana, revelada en las encuestas: la corrupción. La percepción de corrupción es lo que acentuó la caída de la imagen del presidente Enrique Peña Nieto en el otoño de 2014, y obligó a que lo escondieran en las campañas priistas para evitar que los afectara. La victoria del PRI en el Congreso no esconde la molestia existente. Miles de votos –hay que cuantificar todavía cuántos- de los tres millones que perdió el partido en esta elección, podrán acreditarse a la corrupción, así como la impactante derrota por la gubernatura en Nuevo León, donde las acusaciones de enriquecimiento y abuso del gobernador Rodrigo Medina y su familia, los llevaron colectivamente al infierno.

 

 

La percepción de corrupción persigue al presidente Peña Nieto, y no se borra con la victoria del PRI en el Congreso federal. Mucho tiene que ver con la percepción de conflicto de interés en el que quedó atrapado desde finales del año pasado, cuando se reveló una operación inmobiliaria a través de una empresa proveedora del gobierno federal y del estado de México cuando fue gobernador, donde su esposa adquirió una propiedad conocida hoy como la casa blanca. El presidente no ha podido darle la vuelta al tema de la casa blanca, ni ha disminuido la percepción de que las relaciones personales llevan a privilegios y prebendas con dinero del erario.

 

 

La última encuesta publicada de aprobación presidencial, elaborada por Buendía y Laredo para El Universal, mantiene a Peña Nieto con un rechazo de seis de cada 10 mexicanos a su gestión gubernamental, casi idéntico a noviembre, cuando se reveló la propiedad presidencial. Sin embargo, su discurso no logra resolver el dilema. Ataca lo ilegal, pero no la ilegitimidad que provoca. La semana pasada en Bruselas, donde participó en un encuentro de jefes de Estado latinoamericanos y del Caribe con la Unión Europea, respondió la pregunta directa sobre la casa blanca que le formuló el corresponsal de la agencia Bloomberg. “Reconozco que pudo haber un error en cuanto a este asunto –dijo-, un error en términos de la percepción creada, pero nunca se cometió un acto ilegal… se trata de un tema que ha sido ampliamente explicado”.

 

 

Ha sido explicado desde su punto de vista, pero no ha podido darle vuelta a la percepción en la opinión pública. Peña Nieto necesita encontrar la salida para relanzar su Presidencia y reinventarse en el segundo trienio de su administración. No hay que olvidar que el activo que fue Peña Nieto para el PRI en las elecciones de 2012, ahora fue un lastre. Audacia y creatividad es lo que le ha faltado. Los fantasmas de corrupción siempre han perseguido a los políticos. Pero es la forma como los enfrentan, lo que los ha definido. En 1952, Richard Nixon, en ese entonces candidato a la vicepresidencia en la fórmula con Dwight Eisenhower, pronunció monólogo de cuatro mil 659 palabras para defenderse de las acusaciones de utilizar ilegalmente dinero de un fondo de su campaña.

 

 

Se le conoce como el “discurso de Checkers”, y comenzaba con la afirmación que era un hombre “cuya honestidad e integridad habían sido cuestionadas”. Para enfrentarlas, anunció una auditoría que demostraría que no había hecho nada ilícito. Hacia el final discurso televisado –compró espacio para ello-, se refirió a Checkers, un perro que le regalaron y que se negaba a regresar, porque, bromeó, no había intercambiado al animal por ningún favor o promesas a nadie. Este discurso ha sido tomado como uno de los mejores ejemplos de persuasión política en la historia de Estados Unidos, al incorporar tres de las 30 técnicas en el arte de la persuasión: humildad en la defensa de su integridad, pruebas factuales con la auditoría, y humor, reflejado en el perro.

 

 

Su defensa fue un éxito. Corinne Colbert escribió en la revista Perspectives de la Universidad de Ohio en 2013, que el discurso tocó las fibras sentimentales de los estadounidenses y provocó un torrente de cartas pidiendo al Partido Republicano que lo mantuvieran en la fórmula presidencial. Nadie reparó que nunca tocó el tema central de la acusación, la influencia del dinero en las campañas y en la política.

 

 

No existen las imitaciones o los traspasos mecánicos, pero el Discurso de Checkers es un ejemplo de cómo un político tiene que enfrentar los retos sobre aspectos tan subjetivos como su integridad y con audacia dejarlos atrás. Nixon llegó a la vicepresidencia y años después a su Casa Blanca. Atajó la polémica y enfrentó a los críticos con sofisticación e inteligencia. Pero sobretodo, reconoció el problema, hizo el diagnóstico y redactó un discurso donde jugó un gambito que ganó.

 

 

Peña Nieto no ha llegado a esa etapa y sigue sin reconocer el dilema en el que vive. Por tanto, corre en círculos. Electoralmente Peña Nieto no tiene problema porque nunca más volverá a estar en la boleta presidencial. Pero su legado está cuestionado y lastimado. La lección de esta elección lo dejó aislado del PRI en la cima del poder y rumbo al final de su sexenio. El problema, si no se quita la mancha del conflicto de interés en la nuca, no será en 2018, sino su séptimo año de gobierno, cuando el próximo presidente podría tener a la mano el recurso de sacrificarlo para legitimarse en el poder.

 

 

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