Otro durito de Trump para México 

Raymundo Riva Palacio | Viernes 9 de diciembre, 2016

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

El presidente electo Donald Trump sigue enviando señales ominosas al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Ahora, con la próxima designación del general retirado del Cuerpo de Infantes de Marina, John Kelly, como su secretario de Seguridad Territorial, responsable de la vigilancia de las fronteras de Estados Unidos. No es por su calidad de quien estará a cargo de construir el muro entre los dos países por lo que Kelly es relevante y una mala noticia para el gobierno, sino por su pasado, un militar de línea dura, que piensa que la migración es un riesgo para la seguridad nacional de ese país, y que ha criticado al Ejército Mexicano por su involucramiento, directo o indirecto, en la matanza de Tlatlaya y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

 

El general Kelly fue hasta febrero de este año comandante general del Comando del Sur, que provee seguridad militar América Latina y el Caribe. Bajo su comandancia, el Pentágono autorizó en mayo de 2015 la desclasificación de un informe del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos del Comando de octubre de 2014, en colaboración con el Comando de Defensa Aeroespacial Norteamericano, conocido por su acrónimo Norad. Aunque sumamente expurgado –con información que aún se considera secreta y demasiado sensitiva para ser divulgada, porque revelaría fuentes y métodos de recolección de inteligencia-, sus dos párrafos limpios dicen:

 

“1) Tlatlaya (involucramiento militar en el estado de Guerrero): ODC -las siglas para la Oficina de Cooperación de la Defensa- reporta 4 individuos en custodia civil (3 soldados por acusaciones de asesinatos/1Teniente Coronel acusado de encubrimiento) y soldados adicionales en custodia militar (violaciones al Código de Justicia Militar). Nuevas evidencias indican que ese personal estuvo involucrado en el asesinato extrajudicial de 8 miembros de un cártel, después de dos enfrentamientos con múltiples víctimas civiles. SEDENA está investigando el comandante (un general brigadier) de la zona militar que supervisa al Batallón 102 de Infantería. Si resultan implicados en una violación de derechos humanos, toda la zona militar y 10 mil elementos, serán inelegibles para la cooperación de asistencia de seguridad de Estados Unidos… ODC evalúa que en tanto más evidencia emerge, hay una mayor aceptación que el Ejército estuvo involucrado en irregularidades”.

 

“2) Iguala (México/involucramiento de la policía): ODC reporta que continúan desaparecidos 43 estudiantes después de ser secuestrados por miembros de un cártel en complicidad con la policía municipal. Ha habido aproximadamente 50 capturas de policías y funcionarios de gobierno, pero el paradero de los estudiantes sigue siendo desconocido. 9 fosas clandestinas han sido halladas en las afueras de Iguala, por un total de 10 (no todos los cuerpos se han contado aún). Ninguno de los 28 cuerpos identificados hasta ahora, pertenecen a los estudiantes, con lo que se elevan preguntas alarmantes sobre la naturaleza extendida de la violencia en la región y el nivel de complicidad gubernamental”.

 

Esos informes forman parte de una serie de documentos en el Pentágono y el Departamento de Estado durante el gobierno del presidente Barack Obama, que ayudaron a formar conclusiones reflejadas en los reportes anuales que da la cancillería estadounidense al Congreso, donde el volumen de páginas de violaciones a los derechos humanos en México se elevó hasta en 600%.

 

Otro de los documentos desclasificados fue el reporte semanal del OCD, que era el militar estadounidense que sirve de enlace con el Ejército para el tema de la asistencia, de la primera semana de octubre de 2014, donde señala sobre Tlatlaya que siguen recibiendo muchas preguntas sobre la presunta violación de los derechos humanos por parte de soldados, y se congratula que, como le informaron en la Secretaría de la Defensa Nacional, casos como ese “se estaban llevando fuera del sistema de justicia militar y transferido a las autoridades civiles”. Estas son “buenas noticias”, calificó el ODC.

 

El paquete de documentos secretos que autorizaron los jefes militares de la región que fueran desclasificados, también refleja las contradicciones del presidente Peña Nieto en el manejo de actos de violencia y violaciones a derechos humanos en donde se encuentran involucrados militares.Un memorando de información sobre Tlatlaya, estableció que “el presidente Peña Nieto recibió muchas críticas de la comunidad militar por darle la espalda a los soldados acusados ‘que sólo hicieron su trabajo’, y de la comunidad de derechos humanos por no actuar con la velocidad apropiada para investigar el incidente”. En el mismo documento, el ODC reveló que de mientras duraba la investigación, el Departamento de Estado ya había suspendido la asistencia militar al Batallón 102 de Infantería, que estuvo involucrado en la matanza de Tlatlaya.

 

La documentación desclasificada sobre violaciones a derechos humanos por parte del Ejército Mexicano, forma parte del carácter del general Kelly.  En un testimonio ante el Comité de Servicios Armados del Senado en marzo de 2015, el todavía entonces jefe del Comando del Sur resaltó que cada entrevista con un presidente, un ministro o un jefe de Fuerzas Armadas en México y América Latina, siempre “empieza y termina con una discusión directa sobre derechos humanos”. De manera clara lo sintió el Ejército Mexicano, pero no se limitaba sólo a la Defensa. Aquél testimonio en el Capitolio, que habla de muchas más debilidades y fallas del gobierno de Peña Nieto, fue lo que lo llevó a ser nombrado por Trump secretario de Seguridad Territorial. De esto, se hablará en un próximo texto.

 

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Insatisfacción peligrosa

Raymundo Riva Palacio | Jueves 8 de diciembre, 2016

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

La insatisfacción de los gobernados con sus gobernantes es clara. Mateo Renzi, el primer ministro italiano, fue empujado a renunciar tras el rechazo de seis de cada 10 italianos a sus reformas constitucionales para hacer de Italia una nación más competitiva. El presidente de Francia, François Hollande, reprobado por los franceses, dijo que no buscará la reelección. Los dos viven la embestida de la extrema derecha y del populismo que repudia la política y a los políticos, avivada por el voto inglés para la salida de la Unión Europea y revigorizada por la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. Las semillas del descontento están sembradas, la discordia rompió la concordia, y la división evaporó la unión. Verdades de Perogrullo que llevaron al presidente Enrique Peña Nieto, sumido en el rechazo popular, a pedir por segunda ocasión en menos de una semana, la unidad de los mexicanos.

 

Ningún obstáculo en la historia, dijo el presidente el martes, ha dejado de ser superado cuando los mexicanos se unen. Peña Nieto refleja su preocupación, expresada por el advenimiento del populismo en México para 2018 en la figura de Andrés Manuel López Obrador, a quien nunca se refiere por nombre en público, pero siempre le ronda la cabeza. El presidente se sabe rechazado –ha dicho que no hablen bien de él si no se quiere, pero sí hablen bien de México-, y nuevas evidencias sobre el repudio se pueden observar en el tracking del sentir de los ciudadanos elaborado por Ipsos y Mori, publicadas en la última edición del semanario británico The Economist, en 25 países entre el 23 de septiembre y el 7 de octubre, donde preguntaron si pensaban que su país se encontraba en la ruta correcta o en el camino equivocado.

 

Sólo 11 de las 25 naciones medidas dijeron ir por el camino correcto, aunque de ese total, China y Arabia Saudita, las dos primeras de la lista, son regímenes políticos autoritarios donde no existe la libertad de expresión, y en Turquía, que está en octavo lugar, las libertades han sido minadas por el régimen en el último año. El resto son sistemas políticos abiertos donde hay elecciones periódicas y alternancias. Ipsos Mori estableció los promedios mundiales de satisfacción en 40%, y de insatisfacción en 60%. A mitad de la tabla se encuentran países como el Reino Unido, cuyos niveles de satisfacción están en 40%, o Alemania, con 35%, donde a la canciller Angela Merkel le llueven críticas por permitir la inmigración de un millón de refugiados.

 

Los niveles de alarma comienzan en el grupo final, donde se ronda en los 20 porcientos, la frontera donde se encuentran Corea del Sur y Bélgica. La presidenta coreana Park Geun-hye, que tiene una aprobación de 4%, enfrentará este viernes el voto donde se decidirá si empieza el proceso de desafuero en medio del escándalo porque uno de sus confidentes extorsionó a empresas por casi 70 millones de dólares utilizando sus influencias, por lo que ella es investigada por abuso de poder.

 

El tracking establece que las principales preocupaciones de los ciudadanos y los súbditos están en la economía, el desempleo y la inseguridad, aunque la corrupción política también figura alto en la generación de la insatisfacción. En España, que apenas si rebasa el 20%, la crisis política ha sido tan grave durante este año, que durante seis meses operó ese país sin gobierno, apoyándose en la monarquía y el parlamento. En África del Sur, el problema que enfrenta el presidente Jacob Zuma, a quien incluso su propio partido quiere destituir por presuntos actos de corrupción en compras de armas, así como conflictos de interés al haber beneficiado con contratos a una de las familias más ricas de esa nación.

 

En Italia los movimientos populistas y de extrema derecha, el Movimiento 5 Estrellas y el Frente Nacional, acabaron con Renzi en el referéndum del domingo, van ganando espacio político y electoral, como sucede en Hungría, donde su primer ministro, Viktor Orbán, a quien admira Trump, se ha embarcado en una lucha contra la libertad de prensa y expresión. El antepenúltimo lugar lo ocupa Brasil, con 72% de insatisfechos ante la peor crisis económica en 30 años, que impulsó la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, aunque no regresó la estabilidad a esa nación, que vive una nueva crisis política con el presidente interino Michel Temer, involucrado en casos de corrupción.

 

El último lugar le pertenece a Francia, donde la confianza en Hollande. El crecimiento de la ultra conservadora Marine Le Pen, quien considera que la victoria de Trump marcó el inicio de “un nuevo mundo”, está convirtiéndose en una candidata presidencial a quien cada vez más consideran imposible de derrotar. Hollande, de acuerdo con casi el 85% de los franceses, lleva a Francia por el camino equivocado, una cifra casi idéntica con la que los mexicanos valoran el trabajo del presidente Peña Nieto.

 

Lo más sorprendente del tracking no es que Peña Nieto se encuentre junto a Hollande en el sótano de la insatisfacción, sino que a diferencia del francés y de los líderes que se encuentran en la decena peor calificada, no se tambalee en el poder. Pero esta excepcionalidad mexicana de la que tanto nos vanagloriamos, es ficticia. La insatisfacción con Peña Nieto galopa, y las tensiones que tanto teme, se potencian con el paso de los meses—igual que en el mundo, para quienes creen que lo que pasa afuera, no sucede aquí.

 

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La quinta columna

Raymundo Riva Palacio | Miércoles 7 de diciembre, 2016

AYUDA DE MEMORIA | Escribe Raymundo Riva Palacio

AYUDA IMAGEN

 

1ER. TIEMPO: Traición con olor a chorizo. Consistente, el presidente Enrique Peña Nieto es mejor amigo de sus amigos que sus amigos de él. No puede ver, por tanto, quiénes juegan sus intereses por encima de las lealtades. No ha aprendido porque no ha sufrido estar en desgracia política. Desde hace más de 15 años su carrera ha sido ascendente, pero dentro de dos años, cuando no tenga nada más por delante en la política que la jubilación, comenzará a ver, como tantos otros en su sitio antes de él, que en quienes más confió, más lo perjudicaron. Saldrán entonces dos nombres que hoy están en lo más cercano de sus sentimientos sin darse cuenta de cómo durante los primeros cuatro años de gobierno trabajaron para aislarlo de las amistades y colaboradores que lo acompañaron durante lustros hasta que llegó a Los Pinos, los del secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, y de José Miguel Bejos, el hijo del empresario Alfredo Miguel Afif, que en lo íntimo lo coparon y fueron las voces en sus hombros. Ese dúo está prácticamente todos los fines de semana con Peña Nieto en Ixtapan de la Sal, jugando golf, donde acuden a los que quieren acercar, como la protección política que le dio Miranda al exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, a quien no dejaba de invitar para que estuviera cerca del presidente y lo vieran bajo su halo de protección. O también, le hablan al oído, murmuran, intrigan y persuaden a quien tiene en ellos depositada gran confianza. Fueron precisamente ellos, Miranda y los Miguel, quienes iniciaron la campaña contra el gobernador Eruviel Ávila durante los dos primeros años de su administración para que Peña Nieto lo invitara al gobierno federal y les dejara libre el camino para mangonear la política en el Estado de México, que el secretario, que este año se hizo compadre del presidente al llevarlo a ser padrino de su hijo, y quienes fueron alejando a Peña Nieto de su entorno más cercano en lo personal y en lo político. El objetivo no escrito era controlarlo, manejarlo y conducirlo. Hasta ahora no lo han logrado del todo, pero mucho sí han conquistado.
2O. TIEMPO: El (verdadero) empresario de Peña Nieto. No fue tanto cuando era un funcionario en ascenso, sino como candidato a gobernador del Estado de México, cuando Enrique Peña Nieto empezó a ver cómo se le acercaban los grandes empresarios mexiquenses a través de sus pares generacionales. El caso más notorio es el de Alfredo Miguel Afif, quien pertenece a otra generación de capitanes de empresa metidos a la política, que fue sentenciado en una corte de Idaho por fraude a Pemex en los años 90, y enfrentó una denuncia penal en 2001 al no reportar, como presidente del Grupo Empresarial Chapultepec, la concesión de la Feria de Chapultepec, correspondiente a una tercera parte de los ingresos. Para evadir su posible detención, Miguel Afif tomó un avión en el aeropuerto de Toluca con rumbo a Venezuela para enfrentar las acusaciones en libertad. No fue sino hasta que llegó Peña Nieto a Los Pinos cuando Miguel Afif pudo regresar a México y continuar con sus negocios. No les ha ido mal. Los Miguel tienen un holding, la Compañía Inversora Corporativa, mediante la cual obtuvieron contratos en el Estado de México y con el gobierno federal de Peña Nieto por casi 800 millones de pesos. A diferencia de otros grupos empresariales que crecieron con Peña Nieto, el de los Miguel ha jugado en el campo de la política. Miguel Afif fue jefe de Finanzas de la campaña de Alfredo del Mazo González al gobierno del Distrito Federal, y aportó el avión para que viajara el candidato presidencial del PRI en 2000, Francisco Labastida, a quien lo enlazó Emilio Gamboa, el coordinador de los senadores priistas, y que recientemente estuvo en medio de la crítica por haber aterrizado en un arrecife de Quintana Roo, propiedad de Miguel Afif, en un helicóptero, propiedad del mismo empresario. Miguel Afif, más allá de sus inclinaciones tricolores, también se vinculó a Martha Sahagún a través de su hijo, Manuel Bribiesca cuyo socio, Miguel Khoury, quien también hizo negocios con el empresario mexiquense, fue de los más activos en el gobierno de Vicente Fox para que no le quitaran la concesión del aeropuerto en Toluca por tantos incumplimientos en contratos e irregularidades en sus negocios con el gobierno federal. El empresario es cercano a Peña Nieto, pero entró en su círculo más cercano de la mano de su hijo, José Miguel Bejos, y de Luis Enrique Miranda, el secretario de Desarrollo Social, además de confidente del presidente, con quien han tenido una relación transgeneracional.

 

3ER. TIEMPO: En el origen de todo, Montiel. ¿Por qué Luis Enrique Miranda, José Miguel Bejos y su padre Alfredo Miguel Afif tendrían tanto interés en la política? Porque quieren el Estado de México, el más grande y el más rico del país, para ellos. La forma como se hace es controlar el proceso electoral y colocar al próximo gobernador. No pudieron descarrilar al gobernador Eruviel Ávila para imponer hace tres años sus designios, pero lo están haciendo ahora. Miranda quiere ser candidato y se autopromueve desde la Secretaría de Desarrollo Social, pero si no le alcanza, que a nadie le extrañe que respaldarán a quien el exgobernador mexiquense Arturo Montiel, les diga. Miranda no es un producto político de Peña Nieto, de quien es amigo desde niño, sino de Montiel, a quien por mediación de su padre, Luis Miranda Cardoso, expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, hizo coordinador de Asuntos Jurídicos en 1999, y lo llevó a la Subsecretaría Jurídica al año siguiente. En esa calidad, Miranda participó en la compra de terrenos en San Miguel de Atenco, donde se iba a construir el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, mediante denuncias penales a los comuneros, porque no aceptaron la venta por 10 pesos el metro cuadrado. El bajo precio y las amenazas de expropiación por negarse a regalar los terrenos provocó la revuelta social en ese municipio que finalmente acabó con el propósito del presidente Vicente Fox de construir esa gran obra, y le generó una imagen de represor a Peña Nieto, quien como gobernador autorizó la operación policial para sofocar los disturbios en el municipio. El asalto que pretenden por la candidatura cruza muchos caminos. Si Miguel Afif apoyó a Alfredo del Mazo González en los años 90, ¿por qué no está ahora respaldando a su hijo, Alfredo del Mazo Maza? Si Miranda y Miguel Afif quisieron desbarrancar a Ávila, ¿respaldarán a Ana Lilia Herrera, secretaria de Educación mexiquense que apoya el gobernador, pero es muy cercana a Montiel? Quien queda libre de esas ramificaciones es Carlos Iriarte, quien fue secretario particular del gobernador Montiel y uno de los denominados Golden Boys, como Peña Nieto. Iriarte es el líder del PRI en el estado y sus vasos comunicantes en esa posición van hacia todos lados. ¿Hacia dónde se inclinarán los Miguel y Luis Enrique Miranda? Por donde les diga su jefe político, sin duda, que no es, por si se les olvidó, el presidente Enrique Peña Nieto.

Los pecados del Cisne

Raymundo Riva Palacio |

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

 

Alberto Silva Ramos fue un funcionario multiusos en el gobierno de Javier Duarte en Veracruz. Alcalde en Tuxpan, dos veces director de Comunicación Social, secretario de Desarrollo Social y a quien quería el ex gobernador que fuera su sucesor. Era el ideal. Fuero tendría él, y su delfín. Duarte no pudo imponerlo, pero lo hizo diputado federal, cuyo blindaje buscará la Procuraduría General de la República le sea quitado, una vez que concluya una investigación en su contra. El presunto delito: la utilización de 18 empresas fantasma en 12 dependencias, mediante las cuales se desviaron 502 millones de pesos en 2014 bajo la fachada de gastos de “promoción y publicidad”.

 

La fraudulenta operación fue revelada el 21 de noviembre por el portal ejecentral, que dibujó la mecánica: se emitieron 348 facturas a través de empresas fantasma ­—ninguna de ellas con algún contrato con el gobierno del estado—, sin registro y sin comprobar los supuestos servicios prestados. El expediente que difundió en su edición impresa, mostró cómo el Servicio de Administración Tributaria (SAT) deshilvanó las operaciones y confirmó que las 18 empresas funcionaban como fachada y causaron un daño al erario en ese año, particularmente durante la gestión de Silva Ramos al frente de la Coordinación de Comunicación Social.

 

Silva Ramos, a quien apodan “El Cisne” y tiene viejas conexiones con el priismo nacional, negó que él hubiera realizado esos pagos. En un comunicado que entregó a los medios veracruzanos el mismo día de la publicación en ejecentral, dijo que no contrató servicios ni solicitó los pagos a las empresas señaladas, sino que fueron realizados por la Secretaría de Finanzas, que debía de ser la responsable de aclarar el tema—que nunca hizo. La PGR, en cambio, sí está investigando contratos que firmó en 2014 por poco más de 502 millones, por los conceptos de promoción y publicidad. De ellos, 75 millones quedaron pendientes de cobro ese año, que Silva Ramos intentó recaudar sin éxito a su regreso a la Coordinación de Comunicación en abril de 2016, porque ya habían comenzado a ser públicas las operaciones ilícitas de Duarte, añadió la investigación.

 

El tema de los desvíos multimillonarios en el área de comunicación social cobró nueva vida en los últimos días, una vez que comenzó a trascender la investigación de la PGR y la posibilidad de solicitar un proceso de desafuero en la Cámara de Diputados para proceder en contra de Silva Ramos. Cuando refutó el diputado lo publicado por ejecentral, dio a conocer un pequeño paquete de documentos relacionados con la Dirección de Comunicación Social, pero guardó silencio sobre el resto de las revelaciones.

 

El expediente en el cual se involucra a Silva Ramos, donde la PGR está determinando si está ligado a cada una de las operaciones, establece que las 18 empresas –todas sociedades anónimas, menos una que es sociedad civil- más beneficiadas por el gobierno de Duarte fueron Saervizios Oktagonales, con 75 millones 479 mil 200 pesos; Publicidad Akkira, con 69 millones 828 mil 268 pesos; Merca Carrey, con 65 millones 176 mil 920 pesos; Marvercarr, con 39 millones 949 mil 80 pesos; Desarrolladores Mercalim, con 39 millones 525 mil 300; Centro de Recursos de Negocios Cerene, con 33 millones 449 mil 147 pesos; Anzara, con 33 millones 406 mil 985 pesos, y Carrirey, con 19 millones 140 mil pesos. El resto de las empresas fantasmas son Comercial Patrol, Comercializadora Jisar de México, Compañía Sangora de Servicios, Gman Smart Business, Morgarver, Principal Enajena, Promoción Comunicación, Ravsan Servicios Múltiples, Servicios Generales M, y Servicios Integrales de Mercadotecnia y Producción de Eventos.

 

De las dependencias, la Secretaría de Desarrollo Social pagó 32 facturas a 15 de esas empresas fantasma por 50 millones de pesos, de acuerdo con la investigación de ejecentral. La segunda dependencia con más operaciones presuntamente ilegales es la Secretaria de Gobierno, con 35 facturas pagadas a 13 empresas por 41 millones pesos. En seguida aparece la Secretaría de Turismo y Cultura con 34 facturas a favor de 14 diferentes empresas por un monto total de 51 millones; y con el mismo número de cuentas la Secretaria de Desarrollo Económico y Portuario de Veracruz, con pagos a 16 empresas por un total de 48 millones.

Según el expediente, la Procuraduría General de Justicia pagó 26 facturas a 11 empresas por 36 millones de pesos; Protección Civil hizo 31 pagos a 13 empresas por 46 millones; Medio Ambiente pagó 25 a 12 empresas por 39 millones, y Educación desembolsó para el pago de 34 facturas a 14 empresas, 47 millones. Hubo pagos similares en las secretarías de Desarrollo Agropecuario Rural Forestal y Pesca, Salud y Comunicaciones. En todos los casos, los pagos fueron bajo el concepto de “publicidad”. Y todas, concluyó el SAT, fueron constituidas como fachada para desviar recursos públicos con operaciones aparentemente legales.

 

No es la única investigación de la PGR en contra de Silva Ramos. Las autoridades buscan determinar si mediante un esquema similar al utilizado en Comunicación Social, hizo lo mismo en la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz un año antes, donde publicó 45 licitaciones que fueron adjudicadas a la red de 18 empresas por un monto aún no determinado de dinero, que nunca llegó a los programas sociales para lo que estaban presupuestados. Los diputados federales que estuvieron asociados a Duarte, son la otra vena de investigación federal que aún no estalla. “El Cisne”, en efecto, es quien encabeza esa lista.

 

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La putrefacción de Veracruz

Raymundo Riva Palacio | Martes 6 de diciembre, 2016

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

El 11 de julio de 2014, María del Socorro Velasco, directora del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud de Veracruz, recibió un oficio fechado tres días antes y firmado por José Raúl Bala Reyes, director de Asuntos Jurídicos de Servicios de Salud en la entidad, para urgirle actuar en contra de ocho empresas fantasma a las que se hicieron pagos millonarios por medicinas e insumos para los 32 centros de salud en el estado que nunca llegaron a su destino. Incalculable por el momento el total de a cuántos pacientes afectaron y cuántos murieron como consecuencia de ello, como incomprensible cómo se hizo caso omiso. La ilegalidad no sólo fue desechada en Veracruz, sino también ignorada en la Ciudad de México, donde las autoridades federales tuvieron todo en sus manos para actuar, y no lo hicieron.

 

Un año antes, el 7 de agosto de 2013, el apoderado legal de Servicios de Salud de Veracruz, Julio Rodríguez Fernández, presentó una denuncia en el Ministerio Público Federal para poner en conocimiento de la autoridad “hechos posiblemente delictivos” que causaron “un grave detrimento patrimonial a la institución” y “graves repercusiones” para la salud pública. Pedía una averiguación pública en contra de quien o quienes resultaron responsables de lo que veía como delito. La razón por la que la presentó ante una instancia federal es que los recursos presuntamente desviados correspondían al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud establecido en el Ramo 33 del presupuesto de 2012. Los pagos fueron hechos a, detalló:

 

1.- Javier León Oliveros, y/o “Comercializadora del Golfo, que presentó cuatro factoras por un monto de 177 mil 297.95 pesos.

 

2.- Alfredo Maldonado Hernández, y/o “Comercializadora México”, y/o “Constructora Maldonado”, a la que se le pagaron 39 facturas por un monto de un millón 896 mil 596.88 pesos.

 

3.- Alberto Turín Portilla del Ángel, y/o “Constructora y Consultoría Turín”, y/o “Comercializadora del Ángel”, quien facturó 36 servicios por un total de un millón 698 mil 885.56 pesos.

 

4.- Enrique Alarcón Sánchez, y/o “Materiales para la Construcción Alarsan”, quien presentó 10 facturas por un monto de 537 mil 68.40 pesos.

 

5.- Enrique Morales Mejía, y/o “Grupo Morales”, a quien le pagaron 680 mil 810.20 pesos por 13 facturas.

 

6.- Francisco Oliveros Martínez, y/o “Corporativo Empresarial OLIMA”, que presentó 17 factura pos 902 mil 414.97 pesos.

 

7.- Juan Carlos León Blanco, y/o “Constructora & Consultoría”, que entregó 19 facturas y recibió un pago de un millón siete mil 494.31 pesos.

 

8.- Mario Isaac Luis Herrera Escudero, y/o “Pelícano”, que recibió 588 mil 133.18 pesos mediante la entrega de 11 facturas.

 

En total, aclaró el apoderado Rodríguez Fernández, fueron 149 las facturas que se pagaron por un total de siete millones 488 mil 701.45 pesos, por servicios, trabajos y compras que nunca fueron realizados. En la denuncia de hechos Rodríguez Fernández incluyó también las compulsas que hicieron en cada una de las ocho empresas, pero en ninguna de las direcciones dadas, pudieron ser ubicados.

 

El Ministerio Público Federal abrió una averiguación previa, la 231/14, así como una causa penal, la 19/2014, sobre las ocho empresas fantasmas. La verificación del recibo de insumos y trabajos en los 31 centros de salud también concluyó que nunca llegaron ahí los bienes y productos que aparecían detallados en las facturas. Lo que sí estaban eran los cheques y las pólizas de los beneficiados. ¿En dónde terminó ese dinero? Es lo que ya no se sabe. ¿Hasta dónde se repartieron los siete millones y medio y quiénes estaban vinculados con los testaferros de las empresas que no existían?

 

La corrupción es un hecho ilegal que no tiene clasificaciones, pero actos ilegales en donde se pone en riesgo la vida de una persona, tiene otras connotaciones. De haberse probado que lo que hicieron y quién o quiénes lo hicieron provocaron muertes de pacientes, una acusación por asesinato habría procedido. El que haya pasado no hace de este caso algo retórico. Puede profundizarse y concluir la investigación que inició el Ministerio Público Federal sin consecuencias hasta ahora. Lo que no puede permitirse es el carpetazo.

 

En otro sentido, lo que ayuda a demostrar este caso, que por pequeño en montos no es menos grave, es el patrón criminal que se siguió en Veracruz en todos los niveles, donde para poder robar dinero del erario se creaban empresas fantasmas a las que se les asignaban trabajos que nunca se harían y se les pagaba por ello. Lo único que tenían que hacer es que los notarios constituyeran las empresas, sin verificar que estaban legalizando un negocio de fantasmas, se preparara la folletería, las facturas y las pólizas, y se comenzara a pagar en sus cuentas el dinero. Los documentos a los que se ha tenido acceso no muestran a qué cuentas se hicieron los depósitos y quiénes son los tenedores de esas cuentas.

 

Durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, se ha venido observando el mismo patrón criminal en diversos niveles. El ex gobernador, su familia más cercana, sus amigos y colaboradores están involucrados en un desfalco que hasta este momento se ha calculado en más de 33 mil millones de pesos. Los abusos en Veracruz son abominables, en el sector salud, educativo, el de la comunicación social o la tenencia de la tierra, pero aún más condenable es que, sabiendo tanto de lo que se hizo, fuera pasivo el gobierno federal y condescendiente con un ex gobernador que desató la voracidad patológica en Veracruz.

 

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La reinvención de ‘La Gaviota’

Raymundo Riva Palacio | Lunes 5 de diciembre, 2016

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

El protocolo de Los Pinos exige que a la señora Angélica Rivera se le llame Primera Dama, no La Gaviota, como se conoció su personaje en “Destilando Amor”, la telenovela transmitida en 2007 que le dio fama mundial. Veinte millones de televidentes se enamoraron de ella, como después Enrique Peña Nieto, con quien se casó en 2010, cuando aún era gobernador en el Estado de México. La Gaviota es como ella prefiere que le llamen, o simplemente Angélica, según cuenta la dramaturga Sabina Berman en un revelador texto en la revista Vanity Fair donde narra, a partir de una fuente anónima en la casa presidencial, lo que siente, piensa y quiere la esposa del presidente. Trasluce un sentimiento de traición y abandono, descuido y maltrato, junto con un deseo, que se disipen las maledicencias, que olviden su paso por Los Pinos, y que pueda regresar a la televisión.

 

Es la reivindicación de La Gaviota a partir de lo que ella necesita y desea, no de lo que la casa presidencial, con sus intereses encontrados y lealtades por conveniencia, quiera. Angélica Rivera, el mayor activo que tenía Peña Nieto, es vista como un lastre en Los Pinos, según deja ver el bien narrado texto de Berman, que la describe como una mujer íntegra, que reconoce sus límites, por ejemplo-, no asumió mas que por un año el cargo honorario de la Primera Dama en el DIF, que cedió a Laura Vargas, una de sus íntimas amigas, esposa del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. “Se dedicó entonces –retomó Berman- a su familia, a sus hijas naturales, a los hijos de su marido y al presidente, así como a viajar con él en sus giras internacionales, y a pasear por su cuenta, por países europeos o norteamericanos, con un séquito de amigos o sola”.

 

El texto llega a la frontera de lo permitido. Parte de esos viajes privados han sido en aviones del Estado Mayor Presidencial que paga el erario, y otros en naves proporcionadas por empresarios –que toca una vez más, el conflicto de interés-. Pasea por su cuenta, apuntó Berman, sin mencionar dónde. Públicamente se le ve de manera regular en Miami, y en Rodeo Drive, en Beverly Hills, una de las calles más caras, por sus boutiques, en Norteamérica. Viaja a Vail, Colorado –donde tienen casas, revela en otras páginas Vanity Fair, los cuatro mandamases de Televisa- a esquiar. No ha sido muy discreta en viajes oficiales, como cuando en una reciente gira a Europa, el avión presidencial tuvo que esperar con todos a bordo mientras llegaban sus compras, o cuando en medio de la crisis de la casa blanca en noviembre de 2014, tan pronto llegaron a Brisbane, donde Peña Nieto iba a participar en la cumbre del G-20, ella se fue un par de horas a divertirse al Jade Buddha Bar.

 

El detalle de los apuntes de Berman es asombroso. Escribió, por ejemplo, que cuando el portal Aristegui Noticias publicó el domingo 9 de noviembre la investigación del periodista Rafael Cabrera sobre la casa blanca, ella se encontraba, a las cinco de la mañana, descansando en su dormitorio en Los Pinos. “Al octavo día de iniciado el escándalo”, precisó Berman, “bajó por la escalera monumental de mármol al piso de oficinas de la Casa Alemán –la residencia presidencial-, llevando en la mano dos hojas escritas en su letra, y entró al salón donde la esperaban el presidente, el secretario de Gobernación y un cortejo de hombres de trajes oscuros y corbatas azules y rojas. Una hora después, cuando salió de aquella junta, llevaba en la mano otras hojas, escritas a máquina”. Con ellas acudió a una sala donde una cámara la iba a videograbar. “Empezó oteándolas de frase en frase al iniciar su explicación sobre la casa blanca –continuó Berman-, pero muy pronto le estorbó su texto árido, repleto de números y nombres propios, era probablemente el peor libreto en la historia, un libreto que ninguna actriz del planeta hubiera podido insuflar de emoción e intimidad”.

 

Berman es explícita. La Gaviota fue obligada a leer lo que ella no pensaba ni creía, expuesta a dar una explicación sobre una casa que, repitió insistentemente la dramaturga, no tenía su nombre en ninguna de las escrituras. La casa blanca, dicho así, no era de ella, pero fue sacrificada ante la opinión pública. La idea de la videograbación fue del entonces jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, por sugerencia del vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez. La explicación oficial, con el respaldo de Televisa, era que la propiedad era de La Gaviota y había sido pagada con utilidades de las telenovelas transmitidas por esa empresa.  “La impopularidad fue para Angélica Rivera una novedad para la que nada la había preparado”, subrayó Berman. “Una impopularidad, además, del tamaño del territorio patrio y del tenor pendenciero de la disputa política”.

 

La Gaviota quiere deslindarse de esta dinámica de confrontación. En esta versión dada o autorizada por ella –se asume por los detalles-, se victimiza y muestra la cobardía y manipulación en Los Pinos, donde en algún momento en aquellos meses, consideraron incluso si Peña Nieto se divorciaba de ella. No, concluyeron, porque sería más alto el costo que el beneficio. La señora Rivera no parece estar dispuesta a exponerse a una nueva coyuntura. Como Lady Diana, es tiempo de iniciar la reinvención de su persona. Sinceramente, nadie puede culparla de ello.

 

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Las malas noticias cuentan, y cuentan mucho

Raymundo Riva Palacio | Viernes 2 de diciembre, 2016

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

El último tercio de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto comenzó con muy malas noticias. El efecto Trump sigue arrollando el futuro mexicano, verbalizado en el tipo de cambio que roza los 21 pesos por dólar, con un incremento en los precios del petróleo por la reducción de la producción de la OPEP, pero que en México tuvo el efecto contrario al desplomarse el precio de su mezcla de crudo en poco más de 3%. Lo que parecía el corolario, la arrogante afirmación del secretario de Comercio designado en Estados Unidos, Wilbur Ross, que la caída del peso frente al dólar era la voz de los mercados que sabían que Peña Nieto tendría que renegociar el Tratado de Libre Comercio Norteamericano, tuvo un tiro de gracia cuando dos horas y media después de una llamada del presidente del Banco de Pagos Internacionales –el banco de los bancos centrales–, Jens Weidmann, Agustín Carstens anunció su renuncia a la presidencia del Banco de México.

 

Carstens se irá sin pelear ni estar sumido en ningún conflicto con el gobierno mexicano. De hecho, de acuerdo con personas que conocen lo que sucedió intramuros este jueves por la mañana, el gobernador del Banco de México habló por teléfono con el presidente Peña Nieto y tuvieron una conversación cálida. La relación de Peña Nieto con Carstens ha sido de respeto, aunque llegó a haber tensiones con el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a quien no le gustaba que el banquero central le corrigiera su política económica. Dos veces en este año llamó Peña Nieto a Carstens para hablar sobre el rumbo que llevaba la economía mexicana y el entorno mundial, y sus palabras, guardadas con hermetismo por el gobernador del banco, tuvieron expresiones públicas de críticas sobre la pobreza del crecimiento.

 

“Eso no gustaba nada en el equipo hacendario, que llegó a verlo como un enemigo de Videgaray”, dijo una persona con conocimiento del sentir en Hacienda. Videgaray salió de la cartera hacendaria, pero mantiene fuerte influencia sobre Peña Nieto. El presidente propuso esta semana al Senado a Alejandro Díaz de León, como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México en sustitución del subgobernador Manuel Sánchez, cuyo periodo concluye el 31 de diciembre, y lo ratificó sin problema.  La designación de Díaz de León fue a instancias de Videgaray, a quien llevó a trabajar con él a la Secretaría de Hacienda como director de la Unidad de Crédito Público, y más adelante nombró en el Banco Mexicano de Comercio Exterior.

 

Díaz de León fue una cuña para Carstens, lo que personas cercanas a él sugirieron, más como sospecha que con certidumbre, que ello pudo haber sido una de las razones de su renuncia. Funcionarios cercanos a Videgaray desestimaron por completo la insinuación. “No tuvo nada que ver con la renuncia”, dijo uno de ellos, quien aventuró que se trataría de una decisión personal. En efecto, dijeron personas cercanas a Carstens, fue una decisión personal en la que comenzó a pensar hace unas semanas cuando del Banco de Pagos Internacionales, con sede en Basilea, le dijeron que se encontraba en la lista de finalistas para ser nombrado gerente general.

 

El BIS, por sus iniciales en inglés, no recibe solicitudes para aspirar al cargo. Lo que existe en un Comité de Nominación integrado por los llamados siete sabios monetarios, presidido por Weidmann, quien es el gobernador del Banco Central de Alemania, y al que pertenecen Mark Carney del Banco de Inglaterra, Mario Draghi del Banco Central Europeo, Haruhiko Kuroda del Banco de Japón, François Villeroy de Galhau del Banco de Francia, Ignazio Visco del Banco de Italia, y Janet Yellen  de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Lo que hacen es un sondeo en el mundo y una vez que llegan a un acuerdo, lo proponen al Consejo de Administración. Ayer sesionaron a la una de la mañana hora de México, y a las siete, Weidmann habló con Carstens para informarle que lo habían escogido y que sólo tenía dos opciones inmediatas: aceptar o rechazar la designación.

 

Carstens, dijeron cercanos a él, no se esperaba que lo nombraran, entre otras razones porque nunca antes el BIS había sido dirigido por un banquero de un país emergente, pero tras aceptar el cargo le habló al presidente Peña Nieto, para notificarle que renunciaría el primero de julio para asumir la nueva encomienda, que es por cinco años. No había opciones para el presidente. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, quien es muy cercano a Carstens, también fue tomado por sorpresa con la noticia, pero dijo tras la confirmación de su salida, que la transición sería sin problemas. Carstens ha dicho en varias ocasiones que el Banco de México es una institución muy sólida que no depende de una sola persona, por lo cual no se esperarían turbulencias.

 

Eso es lo único bueno, podría uno pensar, de este anuncio. Carstens era la voz crítica de la política económica peñista y un referente, aunque irritara la piel hacendaria, sobre los desvíos o equívocos de su conducción. Un amplio texto publicado sobre él en la revista Americas Quarterly en julio pasado, señaló: “Este hombre es brillante. Entonces, ¿por qué la economía no crece más rápido?”. La respuesta del mismo autor, Brian Winter, experimentado ex corresponsal en México, fue: “Porque pese a funcionarios talentosos como Agustín Carstens, desafíos como (la falta) de un Estado de Derecho, continúan frenando a México”.

 

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Osorio, por la Presidencia

Raymundo Riva Palacio | Jueves 1 de diciembre, 2016

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

Sorpresivamente, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, revivió el martes a Monte Alejandro Rubido. Nunca se alejó de Bucareli desde que fue removido como comisionado nacional de Seguridad en agosto de 2015, tras el desgaste público por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal de máxima seguridad del Altiplano, que estaba bajo su protección, un mes antes. Osorio Chong lo nombró el martes jefe de la Unidad de Gobierno, que depende de la Subsecretaría de Gobierno, un cargo donde administrativamente lo degradó –de segundo a tercer nivel en el escalafón administrativo-, pero que, en la estrategia electoral del secretario, lejos de ser una caída, lo colocó en un cargo donde le será altamente útil en su abierta lucha por la candidatura presidencial del PRI.

 

No importó que 48 horas antes, el presidente Enrique Peña Nieto advirtió a los priistas con aspiraciones presidenciales, que contuvieran sus ansias. Osorio Chong realizó de cualquier forma una jugada de ajedrez. No es la reivindicación de Rubido ni el perdón por la vergüenza mundial que les propinó Guzmán. Colocado en una posición estratégica, debajo de René Juárez, el subsecretario del ramo que no es parte del establo político de Osorio Chong, tendrá la capacidad y jurisdicción para que le ayude al secretario a tejer las relaciones políticas a nivel nacional que le permitan afianzar su escalada al poder.

 

Osorio Chong no oculta sus intenciones. Entre las atribuciones que tiene el jefe de la Unidad de Gobierno están:

 

1.- Apoyar al secretario en las relaciones del Ejecutivo con los poderes judicial y legislativo –salvo en lo que se refiera a procedimientos legislativos o modificaciones constitucionales-, así como el vínculo político con los órganos autónomos, con el Tribunal Electoral, el Instituto Nacional Electoral o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por citar tres de ellos.

 

2.- Auxiliar al secretario en sus relaciones con los ciudadanos, con las organizaciones no gubernamentales y, adicionalmente, atender y buscar soluciones a los problemas que se den en los estados.

 

El cargo es totalmente político e interactúa con todos los actores sociales y políticos. El antecesor de Rubido era David Garay, quien se encontraba bajo la dirección de Luis Miranda, actual secretario de Desarrollo Social, y que, como subsecretario de Gobierno, era el responsable de las negociaciones con los grupos de interés y presión en el país, y sobre quien caía la tarea de mantener la gobernabilidad. Horas después de conocerse la designación de Rubido, el veterano periodista Fred Álvarez, por años conocedor del entramado de las relaciones políticas y religiosas, preguntó en su blog: “Quién es Monte Alejandro Rubido García?”.

 

Álvarez mismo respondió: “Es Licenciado en Derecho por la UNAM con postgrado en la Universidad de París (París IV, que es la famosa Sorbona). De bajo perfil, un hombre amable y simpático, siempre es formal y reservado. Eso sí, un viejo Lobo de Mar, un hombre que viene de la inteligencia mexicana; ha trabajado muchos años en esa área desde que se fundó el CISEN en 1989; antes, estuvo en Investigaciones Políticas de la Secretaría de Gobernación. Ha sido desde analista pasando a ser director de Análisis Estratégico y director de investigación en el CISEN. Su último cargo en el CISEN -enero de 2007-, fue como Secretario General, es decir, el numero dos; inmediatamente asumió el cargo de Subsecretario de Prevención del Delito, y luego se sumó la de Vinculación Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública”.

 

Rubido es un profesional de la inteligencia, entendida como la capacidad para recopilar información, procesarla, analizarla y formular opciones para la toma de decisiones. Joven universitario, trabajó como analista en la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, que era la policía política del gobierno mexicano durante los terribles años de la Guerra Fría, y también trabajó en la Dirección de Investigaciones Políticas, que dependía de la Secretaría de Gobernación, y por donde también pasó Eugenio Imaz, actual director del CISEN. Las versiones periodísticas de que fue entrenado por el Mossad, el servicio de inteligencia israelí, y las agencias estadounidenses FBI y CIA, son imprecisas. Rubido nunca fue un operador de campo, sino un hombre de gabinete y análisis estratégico.

 

Su llegada a la Unidad de Gobierno, si se analiza en términos de diseño electoral, le resolverá a Osorio Chong lo que ha perdido con la larga enfermedad del director del CISEN, quien ha estado más ausente que presente en su trabajo en el último año. La llegada de Rubido dota al secretario de Gobernación de un experto en el análisis político y en la prospectiva, así como el conocimiento adquirido a través de los años en las diversas áreas de inteligencia federal de cómo funcionan, operan y están detrás de los grupos de interés y sus vinculaciones en el extranjero. El perfil del nombramiento refuerza la línea de acción del secretario, que ha utilizado ilimitadamente la información de inteligencia para socavar a sus enemigos. Uno de los últimos afectados por ese trabajo, por ejemplo, fue el jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán, cuyas fotografías realizando proselitismo en el estado de México se filtraron a la prensa, y afectó el respaldo que le estaba dando al gobernador Eruviel Ávila, cuyos apoyos en el gabinete no se encuentran en el campo de Osorio Chong, sino en los hacendarios. Rubido le permitirá ser más sutil en esas acciones, más discreto y más eficaz. Lo necesita ahora que, como nunca, corre hacia la candidatura presidencial.

 

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26 de septiembre de 2014

Raymundo Riva Palacio | Miércoles 30 de noviembre, 2016

AYUDA DE MEMORIA Escribe Raymundo Riva Palacio

IgualaPeña

 

 

 

1ER. TIEMPO: Guerrero para los guerrerenses. El domingo 26 de septiembre de 2014, el entonces procurador Jesús Murillo Karam explicó en Los Pinos que lo que había sucedido el viernes en Iguala con los normalistas de Ayotzinapa, era un pleito entre criminales. Habría que hacer algo, cierto, pero Murillo Karam dijo que todos esos que decían que estaban desaparecidos, aparecerían. El pleito, después de todo, era la conclusión, tenía que ver con asuntos de trasiego de droga y control de territorios. El lunes, en la misma casa presidencial, el jefe de la Oficina, Aurelio Nuño, preguntó detalles sobre lo que había pasado y le dijeron que en la trifulca y represión estaban involucrados centralmente la policía municipal de Iguala. Entonces, determinó, es un asunto municipal. Next. El tema de la violencia contra los normalistas y la desaparición tendría que ser manejado por el gobernador, Ángel Heladio Aguirre. Por tanto, el miércoles siguiente a la noche de Iguala, el presidente Enrique Peña Nieto, bajo la recomendación de Nuño, dijo que lo de Iguala era un asunto a resolver por los guerrerenses. Aguirre recibió todo el paquete. En términos legales, desde la misma noche del 26, la Fiscalía ya se había encargado de las cosas y detenido a casi una treintena de policías municipales, muchos de los cuales siguen aún presos por su participación en los hechos. Se tomaron las primeras declaraciones y se trazaron las primeras rutas a la banda criminal de Guerreros Unidos. En lo político, Aguirre no hizo nada. El gobernador estaba atrapado entre la conflictividad social y sus intereses. Iguala era gobernada por el alcalde José Luis Abarca, un empresario sin éxito que incursionó en la política impulsado por quien también ayudó años atrás a Aguirre, Rubén Figueroa Alcocer, exgobernador de Guerrero, que en Tierra Caliente tenía su principal asiento político. Abarca se había convertido en nada de tiempo en un próspero hombre de negocios en Iguala, que le daba para repartir dinero para campañas electorales. Quien vio en él una mina de oro fue la corriente del PRD, Nueva Izquierda, conocida más como Los Chuchos, que ya tenían en Guerrero su Dorado. El santuario para la izquierda acomodaticia se los había dado Aguirre, quien inyectaba combustible metálico a sus protectores en la Ciudad de México, que, en esas semanas, eran fundamentales.

 

2O. TIEMPO: Ni los normalistas ni Aguirre aparecieron. Después de los primeros días tras la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, el entonces procurador Jesús Murillo Karam comprendió que no aparecerían. Metió a la PGR a la investigación sin tener la autorización del presidente Enrique Peña Nieto que en ese momento no sabía nada, realmente nada de lo que estaba sucediendo. Los informes de inteligencia del Cisen y de la Marina que llegaban a Los Pinos para que se le transmitieran, eran censurados en la Oficina de la Presidencia, con lo cual le llegaban documentos sin datos, ni contexto, ni recomendaciones concretas sobre acciones a seguir. Como había sido durante el tiempo de la administración, el jefe de la Oficina, Aurelio Nuño, le controlaba al Presidente lo que debía y tenía que leer. En Los Pinos, todavía dos semanas después de la desaparición, en las reuniones del equipo compacto estaban confrontados entre quienes decían que debía buscarse la salida del gobernador Ángel Heladio Aguirre y quienes opinaban lo contrario. “¿Por qué se tiene que ir?”, preguntaba uno de los más cercanos colaboradores de Peña Nieto. “Su renuncia no resolverá nada”.
En efecto. No resolvería el problema de fondo, pero sí eliminaría el vacío que se estaba creando por su falta de autoridad, que rápidamente estaba siendo llenado por otros actores, todos ellos, por cierto, opositores del gobierno federal. Las presiones en Los Pinos también eran, de manera indirecta, de Los Chuchos. Aguirre era de ellos. Compadre de Peña Nieto, el PRI le negó la candidatura a la gubernatura, por lo que habilidoso, Marcelo Ebrard, en ese entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México —otrora Distrito Federal—, lo persuadió para aceptar la candidatura ganadora del PRD. Los Chuchos mayores, Jesús Ortega y Jesús Zambrano, el jefe político de la corriente y el presidente del partido, avalaron la propuesta. Guerrero se convertiría en una de las grandes arcas de esa facción del PRD, y Acapulco su mansión. Ebrard viajaba a los placeres del paraíso del Pacífico con una regularidad sólo derrotada por Ortega, quien además compartía ideas y proyectos de obra pública con el gobernador. Zambrano iba por lo suyo: recursos para las campañas. Aguirre abría la chequera, y también lo hacía el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, quien le entregó dos millones de pesos para lo que fuese necesario. Zambrano siempre ha negado esa entrega de recursos. Pero al haber sido en efectivo, ya dependerá de a quién le cree uno más, para imaginarse quién tiene la razón. Lo concreto es que Los Chuchos defendieron ante quien debían en Los Pinos y la Secretaría de Hacienda a Aguirre, y a nivel local respaldaron hasta que se volvió imposible mantenerlo conectado a un tanque de oxígeno político, a Abarca. Todo esto era en las sombras. Fue un secreto hasta que explotó.

 

3ER. TIEMPO: Métanlo a la cárcel, dijeron. Tarde como siempre, con el conflicto político y social creciendo, casi un mes después de la desaparición de los normalistas, se apuró la presión en contra de Ángel Heladio Aguirre para que pidiera licencia como gobernador de Guerrero. Era el 23 de octubre. En Los Pinos, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, diseñaba cómo, después de haber encerrado al presidente Enrique Peña Nieto e inoculado fallidamente del conflicto en Iguala, lo iba a sacar ante la opinión pública para mostrar a la nación que estaba atento a los acontecimientos. Su idea, unilateral, invitar a los padres de los jóvenes, a sus abogados y a representantes de organizaciones sociales, a Los Pinos. Ahí llegaron el 29 de octubre, familiares, abogados, activistas y en ese nutrido grupo, dos de los jefes del EPR y un joven vinculado a la banda criminal de Los Rojos, con intereses en la zona de Tierra Caliente. Nuño no tuvo el cuidado de enviar al Cisen o a las áreas de inteligencia de la Policía Federal los nombres de quienes iban a entrar a la casa presidencial para saber quiénes eran. Seis horas estuvieron en el Salón “Adolfo López Mateos” sin moverse hasta que el Presidente les firmara un documento de compromisos. Tuvo que intervenir el consejero jurídico, Humberto Castillejos, porque ese tipo de documentos son tan delicados, que podría tener implicaciones jurídicas de violaciones constitucionales del Presidente. No lo sabía Peña Nieto, pero esa decisión es la razón, se puede argumentar, de que la desaparición de los normalistas se le transfiriera como si hubiera sido un crimen de Estado. La atropellada manera como se procesó pública y jurídicamente la investigación contribuyeron a la percepción y convicción, en algunos, que, si bien el gobierno no era el primer responsable, sí lo era por encubrimiento. El debate continúa, y las contradicciones se mantienen. Lo que era un tema guerrerense no terminó realmente sepultando políticamente a los guerrerenses. Tan pronto como Aguirre dejó el cargo se autorizó a la PGR que procediera penalmente en su contra. “En tres días lo detenemos”, dijo una de las personas a las que les dieron la instrucción de atraparlo. Pasaron las 72 horas, los días, las semanas, los meses y los años. No pasó nada. Iguala se convirtió en una trampa para el presidente Peña Nieto de la cual, hasta ahora, no ha podido salir.

 

 

 

Cambio en la SEIDO

Raymundo Riva Palacio |

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

Si el presidente Enrique Peña Nieto no cambió de opinión en el último minuto o tuvo un momento de introspección, como ha sucedido en otros momentos y cambió de parecer, el general de Brigada Alejandro Ramos Flores, será nombrado jefe de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, conocida por sus siglas SEIDO. Será una señal clara para el último tercio de su administración. Militar cercano a quien fue procurador general y procurador de Justicia Militar, Rafael Macedo de la Concha, pasará a completar y cerrar, se espera, los múltiples asuntos que han provocado una hemorragia imparable al gobierno federal. El nombramiento de confirmarse, causará levantones de cejas entre organizaciones de derechos humanos en México y Estados Unidos, que expresarán probablemente sus reservas porque sea un militar en funciones quien esté a cargo de la investigación de casos sensibles donde se encuentran involucrados soldados.

 

Se desconoce cómo surgió el nombre del general Ramos Flores para encabezar la SEIDO, pero no es ajeno a la PGR. Fue subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales durante la gestión del general retirado Rafael Macedo de la Concha en el gobierno de Vicente Fox, a quien acompañó hasta su salida de la PGR en 2005, tras lo cual trabajó en el área de procuración de justicia en grupos de trabajo con el gobierno de Estados Unidos y como vicepresidente de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas de la OEA. En 2011 regresó al mismo cargo en la PGR, por petición de la entonces procuradora general Marisela Morales, con quien trabajó varios de los casos de presunta corrupción y vinculación con el narcotráfico de gobernadores priistas.

 

El regreso del general no ha sido oficializado aún, aunque ya comenzó a interiorizarse en la nueva administración del procurador Raúl Cervantes. El anuncio se programó para hacerlo una vez que pasara el domingo 20 de noviembre la ceremonia de imposición de condecoraciones y ascensos a miembros de las Fuerzas Armadas, pero tampoco se sabe cuáles son las razones de la demora, en donde fue ascendido a general de Brigada de Servicio, equivalente a vicealmirante en la Marina, y en el escalón previo a general de División. Según funcionarios de la PGR, no se han recibido presiones de ninguna organización o grupo de interés por la intención presidencial de nombrarlo como jefe de la SEIDO, aunque en parte obedece a lo hermético con el que se ha manejado su designación.

 

De mantenerse lo planeado, Ramos Flores, quien hasta el viernes 18 de noviembre era General Brigadier de Justicia Militar y Licenciado, sustituirá a Gustavo Salas, quien llegó al cargo en septiembre de 2015 en relevo del controvertido Felipe Muñoz, con quien nunca quiso trabajar la entonces procuradora Arely Gómez. Muñoz regresó a la PGR bajo la conducción de Cervantes como subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales, en una reivindicación pública tras haber sido identificado por la anterior administración en esa dependencia como uno de los principales filtradores de información confidencial que afectó algunos casos sensibles.

 

El relevo de Salas quedó marcado desde las primeras horas de Cervantes en el despacho de procurador. De acuerdo con funcionarios de la nueva administración en la PGR, Cervantes no quedó a gusto tras su primera reunión con Salas, quien fue de los primeros subprocuradores en hablar con él por lo delicado de los asuntos que lleva. “No fue muy claro en algunas preguntas directas que se le hicieron, y en algunas fue evasivo”, dijo un funcionario. “Desde ese momento quedó claro que sería uno de quienes serían relevados del cargo”.

 

La probable llegada del general Ramos Flores sería a un cargo donde han recaído la mayoría de los más de 200 casos de abusos militares en el ejercicio de tareas de seguridad pública, algunos altamente controversiales como el caso de Tlatlaya, donde soldados se vieron involucrados en una matanza de 22 personas, varias de ellas ejecutadas extrajudicialmente. Aunque el caso está resuelto legalmente, se mantienen lagunas y sospechas entre organismos de derechos humanos que se protegió al Ejército, como lo es otro caso paradigmático, el del Batallón 27º de Infantería en Iguala, al que se señala como parte responsable en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala hace dos años.

 

El general Ramos Flores es jefe de la Asesoría Jurídica del Estado Mayor de la Defensa Nacional, y tiene una posición clara sobre la aplicación de la justicia civil en casos que involucren a militares. Al comentar el Proyecto de Dictamen en Materia de Justicia Militar en el Senado en 2014, dijo que soslayaba la razón de ser de la justicia militar, que es la preservación de la disciplina de las Fuerzas Armadas, y que era conveniente buscar un dictamen más equilibrado entre la protección de las víctimas civiles y la protección de las disciplina militar, acotando lo estrictamente indispensable la jurisdicción militar. “Conforme se va restringiendo esa jurisdicción, también se debilita la disciplina al interior de las fuerzas armadas, que como dijera el Constituyente de 1917, es su fuerza”, advirtió.

 

No parece ser el general Ramos Flores la mejor persona para encargar la SEIDO en el momento actual. Un militar confrontará una sociedad muy sensible y polarizada con la acción militar en el tema de seguridad pública. Mientras no se haga oficial, aún se puede cambiar el nombramiento. Dependerá de a quién escucha el presidente y qué quiere para el cierre de su gobierno.

 

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2018: Videgaray y Meade

Raymundo Riva Palacio | Martes 29 de noviembre, 2016

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

El presidente Enrique Peña Nieto dijo este domingo qué tipo de candidato presidencial quiere, y tiene claro qué es lo que peligra en 2018. “Estará en juego todo lo que hemos construido”, dijo en el evento del PRI donde tomaron protesta los nuevos consejeros políticos. “No sólo es la Presidencia de la República; lo que está en juego es el futuro de México”. Peña Nieto precisó que lo que tiene que defender para que se mantengan en el próximo gobierno son las reformas económicas, que son su legado y la apuesta para que la historia lo reivindique. Si no gana el PRI, esbozó, todo colapsará y varias de sus reformas serán desmanteladas.

 

Peña Nieto mostró su mayor temor, Andrés Manuel López Obrador, quien salvo por enfermedad o por una circunstancia de mayor peso, estará en la boleta presidencial. “El PRI ganará para no regresar a modelos obsoletos y caducos, para mantener la certidumbre y la estabilidad en México, para no retornar al estancamiento, y para que continúe el avance nacional”, aventuró el presidente con una frase hecha a la medida de López Obrador, quien ofrece reiteradamente que al llegar al poder revertirá las reformas energética y educativa.

 

Cáusticamente se refirió también a quienes –como quien escribe esta columna-, han sugerido que en las condiciones actuales el PRI carece de fuerza para contender por la Presidencia en 2018, y se perfila al tercer lugar, por lo que su mejor estrategia ante la opción López Obrador, sería un pacto con el PAN, no para que se subordine a sus intenciones electorales, sino para que negocie con ese partido a quién de sus aspirantes le entregará la banda presidencial. “No se dejen contagiar por esos derrotistas –atajó-, y menos por aquellas voces que intentan confundir y engañar por supuestos pactos sobre batallas electorales que habremos de librar”.

 

El argumento de un pacto con el PAN para apoyarlo a regresar a Los Pinos tiene como sustento que López Obrador como presidente, probablemente lo perseguirá penalmente y será aliado de los gobiernos y organizaciones de derechos humanos en el extranjero, que quieren llevarlo a los tribunales internacionales acusado de genocidio. Una negociación con el PAN tendría que incluir la protección de ese gobierno y la garantía que no lo perseguirían ni a él, ni a su familia, e incluso, blindar a sus colaboradores más cercanos para que no empiece una pesadilla para su grupo compacto al concluir la administración.

 

Peña Nieto fue muy explícito en sus miedos y en lo que quiere proteger. Utilizó un lenguaje inspirado en Jesús Reyes Heroles, quien como presidente del PRI elaboró el Programa Básico de Gobierno 1976-1982, donde la premisa era “Primero el Programa y luego el Hombre”, cuando al tomar la protesta de los consejeros, les dijo que de cara al 2018, no olvidar “primero el plan, primero el programa, primero el proyecto, y después los nombres”. No deben acelerar sus intenciones, sino esperar los tiempos, afirmó entre líneas. Estos tiempos los marcará él. Pero el programa ya lo delineó. Son sus reformas, su mantenimiento y consolidación, el eje sobre lo que girarán otros temas señalados por el líder del PRI, Enrique Ochoa, que juegan más a la gradería que al fondo de la estrategia, como combatir la corrupción, fortalecer los derechos humanos y buscar la reconciliación.

 

Si la línea sobre la que deben trabajar y luchar en las urnas son las reformas, Peña Nieto hará una decisión sucesoria como la que hicieron los presidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas. De la Madrid tuvo que decidir entre sus poderosos secretarios, Manuel Bartlett de Gobernación, y Salinas de Programación, a partir de qué tipo de líder necesitaba el país para el siguiente sexenio. Para 1987 había iniciado la apertura económica e instaurado el modelo neoliberal, por lo que tenía que escoger a alguien que no sólo lo apoyara, sino que estuviera ideológicamente comprometido con él. Salinas, el natural, vivió una misma disyuntiva cuando asesinaron al candidato Luis Donaldo Colosio en 1994. Escogió a Francisco Rojas, director de Pemex –su preferido, el secretario de Hacienda, Pedro Aspe, estaba impedido por la Constitución-, pero su consejero José Córdoba le hizo ver que Rojas no podría consolidar el programa, por lo que propuso a Ernesto Zedillo.

 

Peña Nieto no sólo requiere de alguien comprometido con su programa, sino ideológicamente convencido de que ese es el camino. “Construir un país lleva décadas; derrumbarlo, toma unos cuantos días”, advirtió Peña Nieto en el PRI. “Por eso queremos y trabajamos para ganar y para darle certidumbre y certeza al México del futuro… El PRI construye, no destruye. (El PRI ganará en 2018), “para que los siguientes años sigan siendo de construcción y no de destrucción”.

 

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no sabría cómo profundizar las reformas económicas. El de Educación, Aurelio Nuño, es capaz de cambiar oro por cuentas de vidrio. Del gabinete, sólo el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, tiene la claridad para defender las reformas y profundizarlas, junto con el políticamente renacido Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda. Meade no es priista, pero eso no parece ser problema. Videgaray, si se analiza su impacto en la prensa en las tres últimas semanas, volvió a ser viable para lo que sea. Son las dos cartas confiables de Peña Nieto para cumplir lo que anticipó el domingo, a menos, claro, que no haya sido su intención engañar con la verdad.

 

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