En busca de los ‘millenials’

Raymundo Riva Palacio | Martes 30 de agosto, 2016

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

El detonador del cambio de formato que aprobó el Presidente Enrique Peña Nieto para la joya de la corona del cuarto informe presidencial, el mensaje político, partió de “la desconfianza que tienen principalmente los jóvenes, hacia los medios de comunicación y hacia las redes sociales, con la percepción de que esos espacios están plagados de información poco veraz y sin sustento”. Es decir, ni la televisión, la radio, los periódicos o revistas sirven como antaño para dar credibilidad a los mensajes que se emitan a través de ellos. Tantos gritos y epítetos en las redes sociales también han minado su confiabilidad. Pero el nuevo modelo que se pondrá en práctica el jueves por la noche, tampoco es un disparo con escopeta. El objetivo es un segmento de la población identificado como los millennials, la generación nacida entre 1980 y 2000, los tomadores de decisiones del mañana.

 

Será un formato abierto, como el Encuentro con cibernautas en el Día Mundial de Internet en mayo, donde participarán 360 jóvenes, “la mayoría de ellos destacados en distintas áreas como deporte, cultura, medios de comunicación y emprendedores del campo”. Serán jóvenes entre 17 y 35 años, mitad mujeres y mitad hombres, cuyo número por entidad dependerá de su densidad poblaciones. Este perfil permite relacionarlo directamente con los millennials, que representan alrededor del 37% del padrón electoral. El ejercicio que hará Peña Nieto no fue inspirado por una idea político-electoral, sino para encontrar un nuevo modelo de comunicación política eficiente. 

 

Sin embargo, no pueden desvincularse: de la necesidad para transmitir mejor su mensaje –la gran auto crítica en Los Pinos ha sido su incapacidad para comunicar los beneficios de las reformas peñistas-, y explorar una comunicación sin intermediarios que les acumulan lastres y descrédito ajeno, a la posibilidad de que el Presidente recupere credibilidad y liderazgo ante quienes se espera sean definitorios en la próxima elección presidencial.

 

El año pasado, en vísperas de las elecciones federales en julio, el Instituto Nacional Electoral dijo que la elección la decidirían los 24 millones de votos de los jóvenes entre 18 y 24 años, que son el mayor número, como grupo poblacional, en la lista nominal. En aquél momento, Rubén Vázquez, profesor en la FES Aragón y en la Universidad Iberoamericana, escribió en Forbes que el mercado de los votantes millennials no era nada despreciable. “En términos concretos –apuntó-, el segmento de los 19 a 24 años de edad representa el 21% del universo de cibernavegantes en México, lo que equivale a poco más de 12 millones de electores en potencia. La mayor parte de ellos sin una orientación política definida, pero con grandes deseos de informarse a través de los medios sociales”.

 

El voto de los millennials no alteró el orden jerárquico de los partidos viejos, pero sí demostró que el hastío de ese segmento de la población con el status quo, es enorme. Una encuesta de salida en esa elección realizada por la empresa SIMO Consulting, reveló que los electores entre 18 y 35 años  se inclinaron por los partidos pequeños: el Humanista tuvo el 53% de su voto, aunque no alcanzó el registro; Nueva Alianza el 47%; Encuentro Social y el Partido Verde el 43%, y Movimiento Ciudadano, uno de los grandes ganadores en términos de cargos de elección popular conquistados, el 42%. “Los millennials tienen un desapego a la política formal, pero se involucran en temas de debate sobre políticas de gobierno, con una actividad intensa en las redes sociales”, observó la consultora. 

 

Samuel Aguilar, secretario de Acción Electoral en el PRI hasta abril, escribió en El Financiero: “Los medios digitales son su mejor fuente de información, de sociabilidad y cotorreo, de protesta y de monitoreo a sus políticos y están en línea alrededor de 7 horas al día. Su vida social es intensa, pero ocurre en la red, donde son participativos, críticos y exigentes, volátiles, autosuficientes y autónomos. Esta nueva generación está en contra de los modelos tradicionales, y son políticamente independientes versus la generación silenciosa y los baby boomers (los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial). Los millennials consideran a los partidos no como una solución a los problemas, sino parte del problema”.

 

Aguilar citó el estudio de Antoni González Rubí, comunicólogo y consultor político, “La generación Millennials y la nueva política”, donde encuentra que su desánimo encuentra una válvula de escape en la tecnología social. “¿Qué esperan estos jóvenes de entre 20 y 35 años de edad de la política?”, se pregunta. Un reciente estudio sobre los millennials y las elecciones en Estados Unidos, realizado por el Instituto de Política de la Universidad de Harvard, concluyó que para involucrar a ese grupo “ahora y en el futuro”, se tendría que reconstruir la confianza en el sistema y en aquellos que lo encabezan. En las elecciones primarias en ese país, el demócrata Bernie Sanders utilizó live stream para atraer a millennials en un mitin en California, en busca del voto joven o que nunca había participado en ninguna elección. El resultado fue asombroso y reescribió reglas políticas.

 

Peña Nieto apunta en esa dirección con ese nuevo formato para su informe de gobierno, donde cambió un evento cerrado para las élites y unidimensional, por otro abierto con una representación de la generación del cambio. El primer resultado del experimento será marginal en el largo plazo, frente a lo que la innovación significará para quien la estudie, aprenda y aplique.

 

Disrupción presidencial

Raymundo Riva Palacio | Lunes 29 de agosto, 2016

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

El anuncio de un cambio en el formato del mensaje presidencial a propósito del cuarto informe de gobierno ha sido tan disruptivo, que no alcanza aún la polarización que vive la opinión pública. Una reunión con 300 jóvenes que interactuarán con el presidente Enrique Peña Nieto en un ambiente donde podrán comentar, discutir o incluso cuestionar sus políticas y acciones, no ha terminado de ser procesado como la herramienta que remplace décadas de rituales de una cultura política inamovible. ¿Tendrá éxito? ¿Fracasará? Ya lo veremos el próximo jueves. Lo paradigmático es que el ejercicio sepulta definitivamente el modelo de las élites para las élites, y revoluciona, con el final de sus rituales, un obsoleto modelo de comunicación política.

 

El primero de los ritos idos fue la instauración del 1 de septiembre, como el día del presidente, donde todo giraba en torno a él, antes, durante y después de esa jornada. Era un ritual que primero significó la estabilidad del régimen emanado de la Revolución Mexicana, personalista y centralista, en el cual todo el sistema de organización social giraba en torno a él. Este modelo evolucionó a un estilo rococó llevado al absurdo con las transmisiones de televisión en cadena nacional, con sus mejores conductores y sus estrellas emergentes entrevistando desde las primeras horas de la mañana en Los Pinos a la familia presidencial para preguntarle el menú de su desayuno. Ese momento era, quizás, la mejor metáfora del México autoritario.

 

La vida mexicana se paraba totalmente porque el tiempo le pertenecía al Tlatoani posrevolucionario, y había escuelas primarias que obligaban a sus alumnos a ver en vivo –desde los 60s- la transmisión por televisión. Los terremotos de 1985 coincidieron en ese año con el cambio de modelo económico del gobierno y el comienzo de la apertura económica, con lo que coincidieron dos fenómenos de quiebre: el despertar de una sociedad civil, y el principio del colapso del sistema político del régimen, sustentado en el corporativismo y el clientelismo. El último informe de gobierno de Miguel de la Madrid, en 1988, fue un parteaguas para aquél sistema que se empezaba a romper.

 

La elección presidencial de Carlos Salinas estuvo plagada de múltiples denuncias de fraude, por lo que desde que se colocó De la Madrid en la máxima tribuna pública de la nación, los legisladores comenzaron a gritarle. Cuando habló de las elecciones, Jorge Martínez Almaraz primero, y Porfirio Muñoz Ledo después, que habían ganado un espacio parlamentario con el Frente Democrático Nacional, placenta del PRD, lo interpelaron. Nunca antes había habido una afrenta política a un presidente posrevolucionario desde el ámbito institucional. Los siguientes informes concurrieron con un día del presidente más maltrecho, pero aún vigente, e interpelaciones que llegaron a lo grotesco, como en el tercer informe de Ernesto Zedillo, cuando el diputado perredista Marcos Rascón, se presentó con una máscara de cerdo. A Vicente Fox no lo dejaron rendir su último informe en San Lázaro en 2006, y Felipe Calderón y Peña Nieto serían los que nunca pisaron el Congreso para tal fin.

 

Calderón y Peña Nieto lo resolvieron de otra forma: un mensaje político en Los Pinos o Palacio Nacional, ante varios cientos de invitados especiales de la sociedad política, la empresarial, el cuerpo diplomático, las Fuerzas Armadas, los dueños de los medios de comunicación y algunos invitados especiales. Esos eventos sustituyeron lo que era la parte más esperada de los informes presidenciales, el mensaje político, pero lo que más dolores de cabeza provocaba en la logística presidencial, era cómo iban a sentar a los invitados para que no hubiera reclamaciones. Esos eventos se volvieron en el espacio para ser vistos, para reflejar acceso al poder, para estar con los que cuentan, en la vieja lógica del autoritarismo mexicano que tampoco por esa vía se pudo desterrar sino, por el contrario, se fortaleció como evocación porfiriana.

 

Tres informes de gobierno bastaron a Peña Nieto para poner un alto a ese viejo ritual. El antecedente inmediato para esta nueva modalidad fue el Encuentro con cibernautas en el Día Mundial de Internet en mayo pasado, donde los resultados fueron positivos para el presidente tras las declaraciones de algunos de los participantes, caracterizados por su beligerancia en las redes sociales, que no habían tenido problema alguno para preguntar lo que quisieran. Aquella reunión fue transmitida por YouTube y Facebook, por lo que durante las consideraciones en Los Pinos sobre cómo abordar el cuarto informe, la propuesta de la responsable de estrategia digital en el gobierno, Alejandra Lagunes, se impuso.

 

Detrás del nuevo formato no sólo hay una disrupción e innovación. También hay una crítica a la comunicación y a la forma de hacer política. La racional en Los Pinos para caminar por el nuevo formato establece: “Esta nueva idea se deriva de la desconfianza que tienen, principalmente, los jóvenes hacia los medios de comunicación y hacia las redes sociales, con la percepción de que esos espacios están plagados de información poco veraz y sin sustento”. Es decir, ante el reconocimiento de la crisis del modelo de comunicación vertical, la búsqueda es por la comunicación horizontal. Se dice fácil, pero es un cambio radical a la cultura política mexicana, rígida y de élites. Va más allá del fin de los rituales. Es el fin de un modelo de comunicación política que se colapsó ante nuestros ojos y no lo terminamos de ver. Es también la ventana al México del momento.

 

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Ajustes en el gabinete

Raymundo Riva Palacio | Viernes 26 de agosto, 2016

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

El miércoles por la tarde, las redacciones de los medios de comunicación vivieron un frenesí. Tres listas distintas –con pocas coincidencias- comenzaron a circular con lo que adelantaban algunos, serían los ajustes en el gabinete del Presidente Enrique Peña Nieto que se darían a conocer este viernes. Los principales funcionarios de comunicación del Gobierno se pasaron la tarde desmintiendo las versiones, llenas de especulación que tomaron fuerza por la verosimilitud de lo anunciado. “No hay nada de eso”, dijo un Secretario de Estado cuando fue consultado. “Habrá cambios, pero lejos están de ser los que aparecen en las listas”. ¿Habrá realmente ajustes? Rozones, la columna política del periódico La Razón, donde se difunde lo que piensa y quiere decir la parte más ilustrada del gabinete, transmitió su mensaje el jueves: habrá cambios y se harán públicos el 2 de septiembre, en vísperas de que el Presidente parta a China a la reunión del G-20.

 

Los cambios en un gabinete no son de contentillo, o no deben ser realizados de esa manera. Peña Nieto, quien dice en privado que no es afecto a ellos, ha sido muy consistente en estos tres años y medio de su administración. Unos fueron por desgaste –el Procurador General y el Secretario de Educación y la de Salud-. Otros tenían distinto mensaje: José Antonio Meade en Desarrollo Social, para componer el desastre que dejó Rosario Robles, quien más por cariño que por eficiente –las críticas contra ella en el gabinete económico van al alza-, fue enviada a Sedatu, donde su titular viajó a la Cámara de Diputados; la salida de José Antonio Meade de la cancillería sirvió de promoción para la Secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, quien dejó abierto el cargo para la incorporación al gabinete de Enrique de la Madrid. A Educación llegó Aurelio Nuño, una carta del Presidente para 2018, al igual que José Calzada en Agricultura, y a Salud llevó a José Narro, un político experimentado colocado en la reserva estratégica.

 

Aquellos cambios fueron por la necesidad del refresco de mediados de sexenio, y para que algunos de sus colaboradores, Nuño en particular, empezaran a caminar solos para ver cuánto le crecían las alas. En esta ocasión, sin embargo, la lógica de los eventuales cambios en el gabinete se inscriben en lo que hizo Peña Nieto como Gobernador en el Estado de México, cuando se acercaban las elecciones intermedias, y realizó los ajustes en su equipo más cercano con fines meramente electorales. Movió a sus piezas para operar la maquinaria política y ubicarlas en puestos de elección popular, que sirvieran de plataforma para futuras promociones y para que lo ayudaran en la construcción de su candidatura presidencial.

 

El Presidente se encuentra en una situación similar a la que vivió en 2009 en Toluca, pero en condiciones diferentes. Hace seis años era un gobernador exitoso en el Estado y con gran prestigio y popularidad en el país, que empezaba a manejar la profecía autorrealizable de que sería Presidente. Es decir, los cambios los hizo desde una posición de fuerza, que ahora no tiene. Las elecciones federales del año pasado y las de 12 gubernaturas en junio, ratificaron que los niveles de desaprobación presidencial y las molestias nacionales que arrastra desde 2013 por los efectos de las reformas fiscal, hacendaria y energética, se contaran entre los principales factores de la derrota del PRI. No tiene aquella fuerza ni las condiciones son favorables para cualquier candidato presidencial que pudiera presentar el PRI hoy en día. En la mayor parte de las encuestas, donde el PRI sale en los dos primeros lugares como partido, su candidato se desploma al tercer sitio cuando se dan los careos con Margarita Zavala y Andrés Manuel López Obrador. Lo que están diciendo las encuestas serán tomadas en cuenta, sin lugar a dudas, por Peña Nieto. Cómo procesará los ajustes, no se sabe.

 

Un recurso muy utilizado en regímenes parlamentarios, y empleado en el Gobierno de la Ciudad de México por Miguel Ángel Mancera, es solicitar la renuncia a todo el gabinete y darse un espacio donde crea incertidumbre entre su equipo para decidir a quién se la acepta, a quién ratifica o a quién mueve de puesto. Hay que señalar que este tipo de acciones, que suelen darle márgenes de operación al líder que las realiza y lo fortalecen, no van con el estilo de Peña Nieto, a quien tampoco le gusta dar esos golpes de timón. Sería una innovación en él, que no podría ser descartada a priori. Lo importante, empero, no sería tanto el método que emplee, sino si, en efecto, está claro que los cambios para preparar la pista de despegue de una candidatura presidencial de continuidad, están lo suficientemente maduros.

 

Si el cómo es importante, el porqué es lo más relevante en este caso. ¿Hará Peña Nieto los ajustes en su gabinete? Sólo tendría sentido que hiciera esos cambios si lo que define es con quiénes va a jugar la candidatura presidencial y cuál será el equipo de primera línea que los apoye. Esto quiere decir que su decisión debe tener una dirección estratégica, y se le acaba el tiempo. Hay un desgaste en el gabinete por la indefinición y la incertidumbre, que está causando estragos y paralización. Peña Nieto tiene que definir sus cartas para 2018, cuya candidatura la tendrá que procesar el PRI dentro de unos 14 o 15 meses. O sea, el tiempo de descarte y definición ha llegado.

 

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¿Terminará Peña en La Haya?

Raymundo Riva Palacio | Jueves 25 de agosto, 2016

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

Tres textos esta semana esbozaron un cuadro sobre qué país de leyes ha construido el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto: 1) el secuestro de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán en Puerto Vallarta, resultado de un pleito entre cárteles de la droga, fue realizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, que el gobierno federal armó y usó en Michoacán en 2013 y 2014 para aniquilar a Los Caballeros Templarios; 2) las ejecuciones extrajudiciales en Tanhuato en 2015, donde el índice de letalidad fue 28 veces más alto que el tope establecido por los protocolos de uso de la fuerza; y 3) la decisión política de no castigar un crimen en Chilpancingo en 2009, para cuidar a sus aliados en el Pacto por México y sacar adelante sus reformas económicas. Si el pasado pintó mal para México, el futuro pinta peor para el Presidente Peña Nieto, a nivel político y personal.

 

En agosto del año pasado, Michael Mörth, uno de los arquitectos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un órgano independiente que prácticamente suplantó al Poder Judicial en ese país, declaró en una entrevista con la agencia rusa Novosti que al concebirla, “siempre la entendimos como un modelo que se puede expandir en América Latina o países donde no hay Estado de Derecho. No tengo ni la menor duda de que una CICIG sería muy útil en México y Honduras”. El Presidente hondureño, Juan Orlando Hernández aceptó la propuesta para que una comisión enjuicie a quienes estén involucrados en actos de corrupción, pero en México es un tema del que no habla el Gobierno. En el mundo, no sólo es una conversación recurrente, sino hay acciones encaminadas a llevar a Peña Nieto, antes o después de que termine su administración, en una corte internacional para juzgarlo por violaciones a los derechos humanos.

 

El consenso se está construyendo con organismos internacionales y varias cancillerías –la estadounidense, por ejemplo, está muy molesta con el gobierno peñista; la alemana y la canadiense, otros botones, están muy preocupadas por el deterioro de la situación de los derechos humanos en México-. Quien frasea con precisión lo que se piensa del gobierno de Peña Nieto en el mundo es José Miguel Vivanco, director para América Latina de Human Rights Watch, quien a propósito del informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre Tanhuato, declaró: “Desafortunadamente, las atrocidades cometidas por los agentes del Estado, inicialmente negadas por funcionarios del Gobierno, que terminan en impunidad, se han convertido en un patrón. La evidencia de los asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas continúan apilándose”.

 

La política en materia de seguridad está colapsada pese a lo que insistan las autoridades en sentido contrario, y los índices sobre la inseguridad siguen aumentando. El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirma que lo que se vive es resultado de todo lo que han tenido que recomponer de la anterior administración, pero el argumento no se sostiene. Durante los ocho primeros meses del sexenio, se decidió no actuar contra la delincuencia organizada, lo que permitió que se rearmaran los cárteles, reorganizaran sus estructuras financieras, reacomodaran territorios y se fortaleciera el cártel Jalisco Nueva Generación, sus aliados en Michoacán, un monstruo al que alimentaron, empoderaron y ya no han podido someter.

 

El problema para Peña Nieto en el mundo es doble. Por un lado está la construcción de un caso judicial en su contra para ser juzgado en cortes internacionales, y por el otro está la presión para que admita una comisión como la de Guatemala en 2012, con la participación directa de la ONU, que subordine al Estado Mexicano a las leyes internacionales. Esa comisión comenzó como un apoyo al sistema de procuración de justicia, pero se involucró en investigaciones sobre corrupción, que finalmente produjeron la renuncia y encarcelamiento del Presidente Otto Pérez Molina, acusado de encabezar la organización criminal que cometió esos delitos.

 

Aquello sigue pareciendo muy lejano en México, pero el Presidente Peña Nieto ha estado escuchando los escenarios de lo que pudiera sucederle si se inicia, en cambio, un juicio en su contra en una corte internacional. Funcionarios de la consejería jurídica de la Presidencia y de la PGR han discutido las posibilidades de que eso suceda, así como también le han asegurado que de llegar el caso, se podría contener con el sacrificio de Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal. Pero no le están diciendo la verdad al Presidente.

 

No está claro que Zerón pudiera ser enjuiciado por crímenes de lesa humanidad, porque el aniquilamiento por decisión del Gobierno de un grupo específico, como fue el caso de Los Caballeros Templarios, no fue una decisión ni una acción por parte de la PGR sino de la Secretaría de Gobernación. Difícil sería también, incluso, juzgarlo internacionalmente por el crimen contra los normalistas de Ayotzinapa, donde se le podrá acusar de negligencias o manipulación en la investigación, y hasta de encubrimiento, pero las omisiones y las decisiones que definieron el crimen, tampoco salieron de la PGR, sino de Los Pinos y Bucareli.

 

En ambos casos, Peña Nieto es quien se encuentra en el corazón del problema, con documentación que prueban violaciones a las leyes como no se habían tenido contra ninguno de sus antecesores. Ser enjuiciado en la Corte Internacional de La Haya ya no es una hipótesis; es una realidad que están armando como caso grupos de expertos extranjeros.

 
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Cuando se tolera un crimen

Raymundo Riva Palacio | Miércoles 24 de agosto, 2016

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

El viernes pasado se cumplieron seis años del asesinato de Armando Chavarría, quien era presidente del Congreso de Guerrero. Fue acribillado por la mañana a la puerta de su casa en Chilpancingo, cuando se preparaba para ir a hacer deporte. Su crimen causó conmoción en la sociedad política. El Presidente Felipe Calderón ordenó a la PGR colaborar en el caso y resolverlo, pero hasta ahora, eso no ha sucedido. El crimen de Chavarría no es uno más de la estadística de la violencia en Guerrero, ni un ejemplo adicional a la ineficiencia del sistema de procuración de justicia. Es uno de los casos más claros de cómo en México la justicia no vale cuando los intereses políticos se cruzan, y fotografía un país donde la ley es aplastada por las complicidades.

 

Chavarría, apoyado por la corriente de Los Chuchos, buscó la candidatura al Gobierno a mediados de la década pasada, pero en las componendas de ese grupo con el PAN, respaldaron al empresario Zeferino Torreblanca. Cuando derrotaron al PRI, Torreblanca lo nombró Secretario General de Gobierno como parte de los acuerdos con el PRD, pero chocó ideológicamente con el Gobernador, quien lo presionó hasta obligarlo a renunciar. En las elecciones intermedias de 2009, Chavarría ganó una diputación local y se convirtió en el presidente del Congreso hasta su muerte.

 

La investigación de su crimen se desvaneció con el tiempo, por lo que la llegada del PRD a la gubernatura, con Ángel Heladio Aguirre, parecía ser la oportunidad de aclarar el caso. Fue todo lo contrario: se guardó como secreto en una casa de seguridad en Cuernavaca. El expediente regresó a Chilpancingo en la última etapa del Gobierno de Aguirre, quien pidió licencia en la vorágine de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014. No se ha vuelto a abrir en el Gobierno priista de Héctor Astudillo.

 

Es demasiado explosivo el contenido y muy dañino para muchos, de acuerdo con el curso que llevaba la investigación, suspendida desde hace años. El asesinato, según extractos del expediente a los que se ha tenido acceso, aclara quiénes son los autores intelectuales y materiales del crimen. Se señala a los comandantes “Ramiro” y “Beto”, del Ejército Revolucionario Popular Insurgente (ERPI), una guerrilla metida en la producción y el tráfico de marihuana y goma de opio para canjear por armas, en un ajuste de cuentas porque Chavarría, según las averiguaciones, incumplió sus compromisos para dar un mayor número de recursos a la guerrilla y ayudar a derrocar a Torreblanca.

 

En los extractos de las investigaciones a las que se tuvo acceso, aparecen las relaciones de Chavarría con varias de las figuras más importantes del PRD en aquél momento. Aguirre, que era socio político de Los Chuchos, quiso esconder el origen del asesinato del presidente del Congreso porque le perjudicaba a él, a sus aliados, y a otras figuras del PRD, no sólo a sus camaradas de facción, sino también al jefe de Izquierda Democrática, René Bejarano, y su esposa, la senadora Dolores Padierna, quienes aparecen mencionados de manera central en la indagatoria.

 

Los vínculos de Bejarano en Guerrero son viejos, y respaldaba a varios dirigentes sociales con vinculaciones a la guerrilla, como Arturo Hernández Cardona, quien se enfrentó con el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y de acuerdo con una investigación en manos de la PGR, lo mandó matar. Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, se encuentran presos actualmente y han sido vinculados al grupo criminal Guerreros Unidos, al que se le adjudica la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. La investigación sobre Chavarría incluye testimonios de involucrados en el crimen que afirman que Bejarano y Padierna estuvieron en una reunión en una casa en Tlapa, Guerrero, el 19 de agosto de 2009, en donde se habló del asesinato del dirigente perredista y del propio Gobernador Zeferino.

 

Ni Bejarano ni Padierna fueron llamados a declarar, porque se consideró que no hubo información adicional que los ubicara ese día en Tlapa. Pero el seguimiento de la investigación del asesinato de Chavarría los iba a colocar en una situación muy delicada cuando aparecieran sus nombres, y el de otros diputados federales y locales del PRD que también fueron mencionados directamente como asistentes a la reunión del 19 de agosto. Varios de ellos también fueron vinculados al ERPI y a organizaciones de masa de la guerrilla, el Frente de Organizaciones Democráticas de Guerrero, la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, el FRAP, y otros organismos relacionados con la defensa de los derechos humanos.

 

El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, que heredó el caso, conocía los vasos comunicantes con el asesinato de Chavarría, y de los nexos del PRD con guerrilleros y narcotraficantes. Sin embargo, la facción del PRD que quedaba manchada por actividades delictivas, más allá de que sus líderes no estuvieran directamente involucrados en ellas, eran Los Chuchos, con quienes el Gobierno hablaba, negociaba y armaba las votaciones en el Congreso para las reformas económicas de Peña Nieto. La facción de Los Chuchos tenía que ser protegida, porque cualquier acción que la debilitara, afectaba el entramado del Pacto por México. Que Aguirre escondiera el expediente y buscara desviar el origen del asesinato al Gobierno de Torreblanca, respondía a esta lógica de encubrimiento político, donde la ley podía obviarse frente al embate reformador de Peña Nieto. Esto es México, 2016.

 

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Las miserias de Tanhuato

Raymundo Riva Palacio | Martes 23 de agosto, 2016

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

Se sabía en el Gobierno Federal que el informe que daría la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre Tanhuato, no les sería positivo. Tuvieron en sus manos el reporte que dio a conocer el jueves pasado unas seis horas antes de que se difundiera a la opinión pública, lo que provocó reuniones en la Secretaría de Gobernación para desarrollar las líneas generales de la respuesta, que se acordó sería dada por el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, el mismo día. Lo que sucedió entre la tarde del jueves y la mañana del viernes es la metáfora de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto: ante los ojos de México y el mundo, su Gobierno es un represor que realiza ejecuciones arbitrarias. La reacción del Gobierno fue rápida en reflejos, pero desarticulada en su acción.

 

El informe del documento se combatió en la opinión pública con una espada de papel. El comisionado Sales, que no estaba en el cargo cuando en mayo del año pasado la Policía Federal ejecutó –de acuerdo con el documento de la CNDH- a 22 personas, quemó a dos más, y alteró los hechos de un enfrentamiento con un grupo reducido de civiles identificados con el Cártel Jalisco Nueva Generación y otros más, artesanos, obreros y trabajadores que se encontraban en el rancho con los criminales, respondió a testimonios y fotografías que sustentaban las conclusiones del documento, con una respuesta sustentada en un acto de fe –“la Comisión no pudo probar ejecuciones”-, y galimatías -¿por qué si existen protocolos en la Policía Federal para el uso de la fuerza, pidió que se legisle sobre protocolos sobre el uso de la fuerza?-.

 

Sales se comió todo el paquete al estilo del gobierno peñista, que no supo articular una estrategia de contención y contraataque político y mediático que pudiera neutralizar el daño que sus actos y omisiones le producen. Desde el jueves por la tarde, el responsable de la investigación del Caso Tanhuato, Ismael Eslava, primer visitador de la CNDH, habló con los medios que solicitaron entrevistas con él. Sales se encerró, por decisión de Los Pinos –desde donde se maneja la política de comunicación social del Gobierno-, y regaló todos los espacios de opinión pública de la tarde y noche del jueves. En términos mediáticos, la CNDH tuvo un día de campo. Horas valiosas para contrarrestar el impacto, fueron perdidas por un diseño, una vez más, fallido.

 

La operación de medios de Los Pinos, vista con claridad en los periódicos de la Ciudad de México el viernes, fue desastrosa. La prensa salió dividida: quienes encabezaron Tanhuato con las ejecuciones extrajudiciales, con la respuesta de Sales en segundo término, y quienes titularon con Sales y dejaron la acusación de la CNDH con una jerarquía inferior. Esto sería natural en una arena pública donde pese a las presiones y amenazas de los operadores de medios en Los Pinos, no pueden realmente controlar. Lo que muestra las deficiencias de su accionar es que entre los medios que optaron por la primera opción, se encuentran uno de los periódicos que más dinero han recibido en publicidad en esta administración. Dócil en anteriores ocasiones, reventaron en su principal encabezado la acusación sin precedente contra un gobierno mexicano.

 

A la mala operación mediática se le sumó la mala operación política. Quien menos tenía que proponer una ley nacional para establecer regulación y protocolos sobre el uso de la fuerza es, precisamente, quien asegura que la operación en Tanhuato fue acorde con los protocolos sobre el uso de la fuerza. ¿Por qué urgir una nueva ley si existen los procedimientos? Si hay necesidad es porque hay carencia, si hay carencia, ¿en dónde se sustenta la respuesta de Sales? No tiene sentido. La Policía Federal sí se maneja con reglamentos y protocolos, pero en Tanhuato violaron el código de conducta y el documento de los Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Con ello, el uso excesivo de la fuerza vino natural. Sales no admitió que su policía violó la ley, y a cambio propuso una nueva ley. Esto es algo así como decir si mis prácticas no se ajustan a la realidad, mejor cambio la realidad.

 

¿Por qué llevar a Sales a decir una verdad de Perogrullo? En el Gobierno peñista siguen pensando que la comunicación política es vertical, por lo que un despliegue horizontal para abrir flancos de interés informativo, es algo que no entienden. El gobierno se quedó solo, defendido por Sales. La reacciones en la prensa mexicana fueron acompañadas por la cobertura en la prensa extranjera, particularmente la estadounidense cuyo enfoque fue el de una matanza extrajudicial en Tanhuato. La afirmación de Sales que la Policía Federal había actuado en “legítima defensa” y el uso de sus armas fue bajo los principios de “necesidad, racionalidad y proporcionalidad”, pasó a un lejano segundo plano.

 

Un ejemplo fue una declaración que por escrito distribuyó José Miguel Vivanco, director para América Latina de Human Rights Watch, con sede en Washington y una de las más respetadas por su defensa de derechos humanos en el mundo. “Desafortunadamente –dijo-, las atrocidades cometidas por los agentes del Estado, inicialmente negadas por funcionarios del gobierno, que terminan en impunidad, se han convertido en un patrón. La evidencia de los asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas continúan apilándose”. Ante esto, el gobierno se quedó pasmado.

 

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Propaganda en Puerto Vallarta

Raymundo Riva Palacio | Lunes 22 de agosto, 2016

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

La madrugada del lunes 15, un comando entró en uno de los restaurantes de postín en la zona turística más exclusiva de Puerto Vallarta y secuestró al hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La operación fue rápida, quirúrgica e higiénica. Pero además, fue acompañada de un proceso posterior de información y propaganda ajeno al modus operandi de los cárteles de la droga, que añade opacidad a un caso de sí extraño: entre criminales no se secuestran; se asesinan. Tampoco son cuidadosos en las capturas, sino intimidantes y violentos. Nunca se esfuerzan en editar y dosificar videos y fotografías, como lo hicieron previo a difundirlo a través de un blog que difunde videos de la guerra de los cárteles.

 

Las autoridades adjudicaron el secuestro al Cártel Jalisco Nueva Generación, que nació hace casi una década de las ruinas del Cártel del Milenio de los hermanos Valencia, y protegido por “El Chapo” Guzmán, que ofreció el mando a Nemesio Oseguera, “El Mencho”, a cambio de traicionar a Ignacio Coronel, viejo socio de los líderes del Cártel del Pacífico, que quería heredar la plaza de Jalisco a su sobrino. Coronel murió en un enfrentamiento con el Ejército en 2010, y Oseguera fue el hombre de Guzmán hasta que, durante su primera etapa en la prisión del Altiplano, se independizó. “El Mencho” es considerado el narcotraficante más explosivo e inestable que existe, mercurial y violento. El secuestro de Alfredo Guzmán Salazar fue todo lo contrario a su perfil.

 

El Cártel Jalisco Nueva Generación ha seguido los pasos de Los Zetas en la utilización de las redes sociales para propaganda e intimidación. Las usan para causar terror y ganar por esa vía batallas mentales. No son empleadas para persuadir sobre una idea o una acción, o para ganar adeptos por la vía del convencimiento. Tampoco como una herramienta de comunicación. En el caso del secuestro del hijo de Guzmán, se dieron tres momentos en escasas 24 horas, donde la difusión de imágenes que estaban en poder de las autoridades de Jalisco fueron transmitiendo mensajes para receptores aún no identificados.

 

El primero fue un paquete de cuatro fotografías en donde aparecía en dos de ellas Guzmán Salazar, y se podían ver con relativa claridad los rostros de algunos de los secuestradores. Las fotografías fueron tomadas de las imágenes de dos de las cámaras de seguridad del restaurante “La Leche”, donde fue el secuestro, lo que lleva a preguntarse: ¿Quién decidió qué fotografías serían difundidas en esta primera entrega? ¿Quién las editó y encerró en un circuló la imagen del hijo de “El Chapo” para ser fácilmente identificado?

 

La segunda fotografía no salió de “La Leche”, sino supuestamente de un teléfono celular encontrado en uno de los vehículos que se supone utilizaron los secuestradores en el secuestro. La fotografía era de Guzmán Salazar, cachete con cachete con Kate del Castillo. Por una declaración a la radio del padre de la actriz, Eric del Castillo, se sabe que esa fotografía fue tomada cuando el hijo de “El Chapo” los llevó a ella y al actor Sean Penn a la cita con su padre en la sierra de Durango. El señor del Castillo, sin embargo, dijo –uno piensa que porque así se lo comunicó su hija- que esa fotografía había sido editada para borrar a Penn. Si esto es así, ¿quién y con qué objetivo decidió volver a machacar sobre la supuesta cercanía de la actriz con Guzmán? Kate del Castillo, por cierto, ha ido ganando a la PGR en tribunales acceso a su expediente para poder armar mejor su defensa en caso que la acusen formalmente de algún delito relacionado con el crimen organizado.

 

La tercera imagen fue un video del interior de “La Leche” donde se resuelve el porqué las primeras informaciones hablaban de alrededor de 16 personas involucradas en el incidente, y cómo fue el operativo. En él se muestra que el secuestro tenía blancos específicos, que no había intención de asesinar a nadie en el lugar, y que no les importaba dejar testigos vivos, porque dejaron irse a todos a quienes no buscaban. Ni un solo disparo; ni un acto violento en el sitio. Fue rápido, no hubo sangre y los captores mostraron técnica en el manejo y control de sus presas. El video es de aproximadamente 33 segundos, de los poco más de tres minutos que duró la acción, y está editado con imágenes de dos cámaras. Su difusión aclara todo lo que sucedió adentro del restaurante y lo nada apresurado de la acción, lo que sugiere un halo de impunidad.

 

Las fotografías y los videos estaban en manos de los forenses cuando empezó su difusión. El fiscal de Jalisco, Eduardo Almaguer, dijo que eran filtraciones que se estaban investigando. Pero no sólo fueron filtraciones, que es algo grave. Lo inquietante es la forma y las consecuencias que tuvo la sucesión y dosificación de las imágenes, editadas y empaquetadas con un propósito misterioso. ¿Quién está realmente atrás del secuestro? ¿Cuál es el propósito? ¿Quién el o los destinatarios? Este es un acto de propaganda con un diseño ajeno a los cárteles de la droga, pero aparentemente utilizándolos. Idea, recursos, producción y difusión masiva, es lo que hubo en Puerto Vallarta. No sabemos quién ordenó y está detrás de las acciones, pero quien debe tener claro toda esta cadena de mensajes subrepticios es el gobierno. O al menos, es lo que quisiéramos creer.

 

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Ejecuciones en Tanhuato

Raymundo Riva Palacio | Viernes 19 de agosto, 2016

ESTRICTAMENTE PERSONAL| La columna de Raymundo Riva Palacio

El 22 de mayo de 2015, en el rancho “El Sol” en Tanhuato, Michoacán, policías federales se enfrentaron con sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación y el saldo fue de 42 presuntos delincuentes y un policía muertos. Fue una matanza, según concluye la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y hubo ejecuciones extrajudiciales y alteración de la escena del crimen. Durante más de un año la Policía Federal sostuvo que no violó derechos humanos, y actuó conforme al protocolo de uso de la fuerza. Resultó mentira. El Gobierno tendrá  que hacer una investigación y determinar qué y cuántos policías violaron la ley para proceder en consecuencia. Su resultado debe dictar también la suerte del Comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo.

 

El documento de la CNDH es muy crítico de la actuación de los federales, y las recomendaciones serán acatadas en lo general. No basta, porque Tanhuato muestra las vulnerabilidades de los policías federales en la lucha contra los cárteles de la droga que tienen que resolverse, como la necesidad de una convención nacional que establezca los alcances y los límites sobre el uso de la fuerza. De otra manera, Tanhuato se medirá como Nochixtlán o como desalojos de carreteras de maestros disidentes. Los casos son totalmente distintos.

 

En Tanhuato, los federales llegaron tras una denuncia de invasión del rancho “El Sol”, y con información de inteligencia que ubicaban en esa propiedad a alrededor de 700 criminales que posiblemente estaban protegiendo al jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, “El Mencho”. El antecedente inmediato había sido el derribamiento de un helicóptero del Ejército –murieron ocho soldados y una policía federal del área de inteligencia- días atrás, en una operación en Jalisco para capturarlo. Con esos elementos, los federales realizaron el operativo.

 

No encontraron ni a Oseguera, ni a los cientos de criminales que decía la información de inteligencia que ahí estaban. Pero no hay que confundirse. Que la operación haya tenido excesos no significa que nunca debió hacerse. A quienes enfrentaron son asesinos, no una población inerme y ajena a hechos delictivos. Tampoco debe dinamitarse a una institución por el hecho que algunos o muchos de sus miembros violaran garantías individuales y minaran los protocolos sobre el uso de la fuerza. A quienes resulten responsables, tendrán que sancionarlos y, según el grado de su responsabilidad, aplicarles la ley. Pero generalizar las faltas de los individuos como putrefacción de las instituciones, es caer en el juego maniqueo de los criminales. Deslindar instituciones de personas es fundamental.

 

Los policías federales, como se escribió en este espacio en agosto del año pasado, violaron el código de conducta y el documento de los Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Junto con ello vino el uso excesivo de la fuerza, que de acuerdo con el índice de letalidad de la Policía Federal, establece como estándar un policía muerto por 1.4 agresores. En Tanhuato fue un policía muerto por 42 agresores abatidos. El excesivo uso de la fuerza debe ser una excepción, y cuando no se aplican los protocolos, son consideradas ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, según los principios y estándares del Derecho Internacional, de donde se puede desprender una responsabilidad directa hacia el Estado.

 

En Tanhuato no sólo hubo una matanza. Como lo refleja el documento de la CNDH, la Policía Federal quiso cubrir el abuso y exceso de su fuerza mediante la alteración de pruebas, el ocultamiento de evidencia y sembrar armas a los presuntos delincuentes, como lo apuntó una investigación de María Idalia Gómez en el portal Eje Central, quien afirmaba que al menos tres de los abatidos tenían disparos en la cabeza. Lo sabían Rubido y Galindo, a quienes apoyaron incondicionalmente sus jefes, quienes creyeron su versión. Las pruebas, varias de ellas incorporadas en el informe de la CNDH, están en dos paquetes de fotografías que tomaron los federales, que por error distribuyó la Policía Federal a los medios.

 

 

En la versión oficial del enfrentamiento dado a conocer por Rubido, todos los abatidos dieron positivo en las pruebas de radizonato y sodio y Walker, que demostraba que habían disparado armas de fuego. Nunca explicó el porqué hubo más presuntos criminales con rastros de pólvora, que armas en sus manos. El informe de la CNDH lo aclara ahora: los policías federales alteraron la escena del crimen. Hay fotografías dentro del documento de la misma persona muerta sin arma, con arma y con menos ropa que en la gráfica individual. Las primeras fotografías que distribuyó la Policía Federal mostraban cuerpos regados por todo el rancho, algunos en ropa interior y sin zapatos, donde no abundaban las armas. En otro paquete aparecían los mismos cuerpos pero con armas que no tenían antes en sus manos.

 

A algunos les dispararon a tres metros de distancia, como reveló el procurador de Michoacán, Martín Godoy, y en algunos casos, sin que estuvieran armados. Sembrarles armas y alterar la evidencia es un delito, al que se le debe sumar la ejecución extrajudicial en la que incurrieron al violar reglas, normas y protocolos. Los federales no son inocentes en Tanhuato, ni actuaron conforme a ley. La investigación que inicie el gobierno federal, deberá determinar quiénes dentro de la Policía Federal pagan las consecuencias de sus violaciones, y hasta dónde llega la línea de mando que incurrió en las ilegalidades.

 

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La disyuntiva 2 de Peña Nieto 

Raymundo Riva Palacio | Jueves 18 de agosto, 2016

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

¿Qué quiere el Presidente Enrique Peña Nieto dejar como legado? ¿Qué piensa que necesita el país para el siguiente sexenio? Lo que sea, lo tiene que definir rápidamente porque su gobierno, por cuanto a administración de expectativas, está agotado. Peña Nieto no despierta el ánimo nacional salvo como blanco de todo tipo de golpes, ni ha construido un liderazgo que le ayude a salir del marasmo político en el que se encuentra. El diseño de presidencia tripartita con el que arrancó el sexenio está colapsado y los puntales que lo sostenían, los secretarios de Gobernación y de Hacienda, están enfrentados por la hegemonía del Gobierno. El modelo y su personalidad –reflejo de la ausencia de un jefe que no ejerce la jefatura-, los ha llevado a posiciones excluyentes. Con dos y medio años por delante de administración, lo que vive Peña Nieto es una crisis dentro de su gobierno y tiene que darse cuenta que, o la resuelve, o lo arrastrará con ella.

 
En la primera parte de este texto se citó la experiencia del Presidente José López Portillo cuando despidió a sus secretarios de Hacienda y de Programación y Presupuesto cuando chocaron sobre la política económica, cuyo resultado alteró la sucesión presidencial de 1982 y el rumbo del país. Despedir hoy en día a los secretarios Miguel Ángel Osorio Chong de Gobernación, o a Luis Videgaray de Hacienda, podría hacer caminar a Peña Nieto por la misma ruta desafortunada de López Portillo, por lo que la solución tendría que ser distinta. Si quiere resolver el conflicto entre dos titanes dentro de su gobierno, tiene que optar por uno y alejar al otro del primer círculo del poder.
 
Peña Nieto, por lo que dice y hace, percibe las cosas muy distintas desde la burbuja en la que se encuentra. Pero lo que le urge es recuperar inmediatamente la gobernabilidad en el sur del país, y en el mediano, mantener el control de la sucesión presidencial en el PRI. En el largo plazo está el mantener a su partido en el poder, que en las condiciones actuales no se ve posible. Estos movimientos tácticos requieren una persona que pueda concretarlos, porque si no lo logra, el segundo tercio del sexenio será una pesadilla mayor para Peña Nieto de la que ha vivido hasta ahora. 
 
¿Quién está mejor capacitado para ayudarlo? El Presidente ha marcado una inclinación clara por Videgaray en las últimas semanas, pero no ha terminado de sepultar a Osorio Chong, a quien le sigue delegando responsabilidades políticas fundamentales. Sus dudas generan confusión en el interior del gabinete, e incertidumbre en el exterior, donde los capitales y los inversionistas, mexicanos y extranjeros, no ven rumbo. El tiempo se le agota al Presidente, pese a que apenas va a la mitad de su Gobierno. La razón del porqué urge esa decisión cuando el calendario, es por la forma como desaprovechó las oportunidades que se le presentaron en la mitad del sexenio, donde nunca pudo administrar las expectativas –fundamental para un gobierno-, y su gestión gubernamental se volvió cada vez más tortuosa, más enredada con actos de corrupción y conflictos de interés, y en un entorno internacional desfavorable.
 
La disyuntiva es entre Osorio Chong o Videgaray para superar la partición del gabinete en dos bloques de lealtades y dejar de cruzar a Hacienda en temas de gobernabilidad, y a Gobernación en decisiones económicas para apagar fuegos. Peña Nieto necesita reconstruir la cohesión donde antes dividió el poder, y restituir el mando único en la conducción del Gobierno. Su decisión no debería ser a partir de sus querencias, debilidades, o dependencias, sino sobre escenarios: ¿es la gobernabilidad del país lo que se requiere para la próxima administración? Si es así, ¿es Osorio Chong la persona indicada para conducir la nave? O ¿es la economía y el apuntalamiento de sus reformas lo que necesita como legado? ¿Es Videgaray quien reúne el consenso para conducir este barco? 
 
La decisión es complicada porque su espíritu responde más a lealtades que a resultados, y el cariño por sus colaboradores ha sido más fuerte y determinante, que la eficiencia y resultados. Peña Nieto, se ha señalado en este espacio, es más amigo de sus amigos que sus amigos de él. Ante los fracasos no renuncian, y cuando lo han llegado a hacer, no los deja, porque considera que es injusto. Ese círculo vicioso lo hace caer sistemáticamente en la desaprobación de su gobierno y perder liderazgo y capacidad de movimiento. “El Presidente necesita dar un golpe de timón”, dijo un Secretario de Estado que ha puesto sobre la mesa presidencial su renuncia. Sin embargo, ese golpe no tendría efecto alguno si no incluye a uno de los dos pilares del gabinete y, particularmente, si no lo acompaña una redefinición del rumbo y el reagrupamiento para 2018.
 
Cualquier decisión que tome Peña Nieto sobre Osorio Chong o Videgaray, oxigenará su gobierno y restaurará fuerza al poder presidencial. Sería doloroso, como reveló el Presidente López Portillo cuando recordó la renuncia simultánea de sus Secretarios de Hacienda y de Programación y Presupuesto, pero a diferencia de él, no tendría que deshacerse de sus dos pilares, sino de uno solo. La mutilación sería parcial. ¿Cuál es el problema? Que Peña Nieto, a diferencia de muchos de sus antecesores, no ha mostrado hasta ahora la mano firme para dar un manotazo que lo rescate. O quizás lo explique que no sienta que lo necesite. 
 
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La disyuntiva 1 de Peña Nieto 

Raymundo Riva Palacio | Miércoles 17 de agosto, 2016

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

En el velorio de la esposa del Senador Emilio Gamboa, hubo momentos en los cuales el ambiente era tan tenso que helaba. Hubo una guardia de honor encabezada por el Presidente Enrique Peña Nieto en la cual lo acompañaron, entre otros, el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de Educación, Aurelio Nuño, y el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, compadre del Presidente. La ausencia notable era la del jefe del gabinete y quien había trabajado las reformas en el Senado con Gamboa, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. “Era muy incómodo”, dijo un alto funcionario que vio la escena. “No se hablaban, le daban la espalda”. Se refería a Osorio Chong.

 

La imagen refleja lo que está sucediendo en el equipo compacto de Peña Nieto, en el fin de una etapa cuya fecha de caducidad puede establecerse el 19 de junio pasado, cuando una pésima operación de la Policía Federal en Nochixtlán, dejó ocho muertos y más de un centenar de heridos. Ese día Nuño, quien durante casi un año utilizó un lenguaje policial en contra de la Coordinadora Magisterial, quedó arrasado por la fallida operación. Quien lo humilló públicamente fue Osorio Chong, quien para restaurar el orden y la tranquilidad en Oaxaca, inició negociaciones con la disidencia magisterial de las que Nuño fue excluido. En las conversaciones Nuño envió a su jefe de Oficina, Mauricio Dávila, sin voz ni voto.

 

El maltrato a Nuño molestó al Presidente, quien se lo hizo ver a Osorio Chong, según funcionarios, y terminó de romper la de por sí frágil relación entre los dos, y del Secretario de Gobernación con Videgaray. Se acabaron los formalismos y aunque se mantuvo la relación institucional, la batalla entre los dos puntales del gabinete de Peña Nieto entraron en una confrontación largamente anunciada e igualmente contenida. El conflicto está afectando a Los Pinos y a la gestión del Presidente, que no termina de decidir qué va a hacer con Osorio Chong. Pero al mismo tiempo, tampoco parece estar convencido de deshacerse de su Secretario de Gobernación para entregarle todo el poder al de Hacienda, lo que sería el final total de la presidencia tripartita del arranque del sexenio y el comienzo de un modelo con una especie de vicepresidente al estilo español, con funciones de primer ministro.

 

El resultado de la indefinición está provocando un enorme desgaste al Secretario de Gobernación, quien parece arrinconado en Bucareli, mientras Videgaray avanza en la colocación de sus cuadros en cuanto puesto de primer, segundo y tercer nivel queda vacante en la administración. El deterioro es una larga agonía para Osorio Chong, quien se ha aferrado a los cuadros que le son incondicionales, aunque se hayan convertido en lastre. Uno, por razones de salud, es el director del CISEN, Eugenio Imaz, quien va por la quinta quimoterapia, pero mantiene el Secretario en el cargo para poder seguir controlando la inteligencia civil. El otro es el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, que debió haber sido cesado tras el fiasco del operativo en Nochixtlán que revigorizó a la Coordinadora Magisterial y cambió el rumbo de la conversación nacional sobre la Reforma Educativa hasta convertir su demanda de derogación, en una revuelta social en el sur del país.

 

 

Peña Nieto se encuentra en una disyuntiva crítica para su gobierno. ¿Qué puede hacer? Por lo pronto, revisar lo que hizo un antecesor suyo en Los Pinos, el Presidente José López Portillo, quien despidió en noviembre de 1977 a dos amigos y cercanos colaboradores, el Secretario de Hacienda, Julio Rodolfo Moctezuma, y el de Programación y Presupuesto, Carlos Tello. Chocaron por el presupuesto de 1978, cuando Moctezuma rechazó dos veces el documento que presentó Tello al gabinete económico, que fue el colofón del conflicto entre un monetarista –el primero- que veía como una necesidad la intervención del Fondo Monetario Internacional, y un expansionista –el segundo-, que abogaba por la independencia económica y el desarrollo de una política industrial contra la idea del mercado abierto.

 
López Portillo lidió con sus colaboradores, enfrentados en una lucha por la hegemonía dentro del gabinete, como parte de una disputa política que hacía que las dos posiciones fueran excluyentes. En sus memorias, Mis Tiempos, López Portillo apuntó que las renuncias fueron “la decisión más amarga y dolorosa que (había) tomado en el régimen”, pero no podía hacer otra cosa. “Cada uno de ellos pretendiendo ser portadores de la verdad, (dejaron) sueltos a sus colaboradores como si fueran jaurías rivales y empleando sus fuerzas principales en combatirse y destruirse antes que en integrar la política económica”.

 

El choque de sus dos secretarios y su consecuente renuncia, reflexionó López Portillo, alteró los planes del gobierno y “el esquema mismo de la sucesión presidencial, pues desde que asumí la presidencia había entendido que el siguiente Presidente tendría que ser de una generación posterior a la mía”. Aquél pleito alteró la sucesión presidencial en 1982, que tuvo un impacto del que todavía hay consecuencias. La experiencia dice que aquella decisión, que fue un golpe de timón, equivocado. No debía haber despedido a los dos sino a uno solo. López Portillo pensaba que la posición de Tello era la mejor, en términos racionales, pero la de Moctezuma, la que necesitaba el país. Peña Nieto puede tener en López Portillo la luz que le ayude a tomar la decisión que tanto necesita, y evade.

 
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El Trump de Macuspana

Raymundo Riva Palacio | Martes 16 de agosto, 2016

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

Andrés Manuel López Obrador está en abierta ofensiva contra todos aquellos que cuestionaron su declaración 3 de 3 que dijeron que con 50 mil pesos al mes, con un menor como dependiente, no puede vivir. Existe la posibilidad de que López Obrador sea mantenido por su esposa, pero con 40 mil pesos mensuales de salario como investigadora, con créditos, tampoco les cuadra que esos sean los únicos ingresos de los que dispone. La defensa de López Obrador ante las críticas no es, como Barack Obama –que tanto le gusta citar en analogías- cuando cuestionaron la compra de su casa en Chicago y abrió un portal en internet con toda la documentación de la operación inmobiliaria para probar que no había ningún conflicto de interés detrás de esa adquisición. La suya ha sido, como siempre, el ataque político.

 

En Veracruz este domingo, López Obrador dijo que “los de la derecha, los de la mafia del poder, los del PRIAN no aceptan su declaración de bienes, que no tiene casas, ni cuentas bancarias, ni tarjeta de crédito, ni vehículo propio, porque ellos tienen mansiones en México y el extranjero”. Maestro en el sofisma, un día antes escribió en su página de Facebook: “Están como enchilados los políticos corruptos, cínicos e hipócritas del PRIAN, socios, achichincles y corifeos… Es sencillo: no soy como ellos”. El discurso es típico del veterano político: el contraataque retórico, virulento y sonoro para provocar a sus adversarios y llevarlos a su terreno, el de la palabra, no el de los hechos. Los arrincona para que rindan cuentas, con artificios verbales para que nadie le pida cuentas a él.

 

Ese método le es redituable. No hay legiones de seguidores, pagados o espontáneos más agresivos y activos en las redes sociales que los de López Obrador. Son incansables e intimidantes al grado de que en los medios de comunicación muchos de quienes escriben análisis, o se autocensuran o se vacunan expresando que no son “antipejistas”. Con López Obrador no hay puntos medios, espacios grises ni matices. Es el todo o el nada. Estás conmigo o estás contra mí. Esto no es una casualidad: es la influencia de su mensaje.

 

El discurso de López Obrador, que nació en Macuspana, donde se hizo evangélico, es teológico y maniqueo, donde el mundo se divide entre buenos y malos, ricos y pobres, puros e impuros. Toda su retórica es religiosa; él, en el lado de los puros, y los otros, los de la mafia del poder y quienes no le profesen lealtad en forma incondicional, en el de los impuros. Es un juego de imágenes que tiene un impacto poderoso porque la realidad del país, pobreza, desigualdad, corrupción e impunidad, está alineada con su palabra.

 

Pero que la realidad se acomode al discurso no significa que el discurso sea verdad. Hay componentes en su programa de gobierno que pueden ser discutidos y cuestionados, pero no descartados a priori. En la campaña presidencial se pasarán por ácido sus propuestas. Pero para el ideal en una campaña electoral donde se confronten las ideas y las visiones de país, el entorno no puede estar contaminado por el odio que genera un discurso excluyente y que polariza. Tenemos un ejemplo en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde hay una sociedad rota por el discurso vago, una agenda políticamente “fantástica” y tácticas verbales agresivas de “patio de escuela”, como describió Jesse Andreozzi en The Hufftington Post en octubre pasado, el efecto teflón de Donald Trump.

 

López Obrador también está recubierto de teflón, que lo hace invulnerable a todo señalamiento e impide al elector que lo contrasten. Trump vuelve a ser la referencia más cercana. En enero, cuando arrancaban las primarias en Estados Unidos, el entonces aspirante a la candidatura presidencial republicana, afirmó que él “podía pararse a la mitad de la 5ª. Avenida, dispararle a cualquiera y no perdería votantes”. López Obrador, se puede argumentar, podría decir lo mismo, con los mismos resultados. La analogía se da en la forma como nadie le hizo caso a Trump en cuanto a su solidez como aspirante a la Casa Blanca, y la laxitud con la que se analiza a López Obrador. 
Un estudio del profesor Thomas Patterson de Harvard, publicado por el Centro Shorenstein sobre Medios, Política y Políticas Públicas en junio, sugiere que fue la ligereza con la que trataron los medios a Trump -mucha cobertura a sus dichos y poco análisis sobre su récord-, lo que lo encumbró. Trump es mentiroso y tramposo, violador de leyes y fiasco como empresario; es decir, exactamente todo lo contrario de lo que dice ser, pero su discurso apela a millones de votantes que, como en México, son más pobres, están abandonados, y se sienten traicionados.

 

Los medios en Estados Unidos lamentan haber sido tan superficiales en su cobertura con Trump, y se han vuelto rabiosos contra él, lo que incrementa la polarización. Los medios en México tratan con respeto o miedo a López Obrador y no le exigen nada. Pedirle transparencia ahora, es un deber profesional ante un candidato tan poderoso como López Obrador. Conminarlo a que no engañe ni diga mentiras a los electores, es un imperativo ético. Si López Obrador da luz a la parte más oscura de su vida, demostrará que es un contendiente serio y honesto. Si mantiene la opacidad, mal haríamos en los medios y la sociedad, dejar que se mueva con impunidad.

 

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