Guerra en Tamaulipas

Raymundo Riva Palacio | Viernes 24 de abril, 2015

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

En menos de una semana, Tamaulipas se ha convulsionado. La historia pública es que las fuerzas federales detuvieron a dos jefes regionales del Cártel del Golfo en Reynosa el viernes, y en la carretera Tampico-Mante el miércoles, que provocaron dos enfrentamientos de cuatro horas y de tres, respectivamente, que dejaron cinco muertos. Para tantas horas de combate callejero con fusiles Barrett –uno de los rifles más poderosos en el mercado-, AK-47 (“cuerno de chivo”) y R-15 –de uso exclusivo del Ejército mexicano–, el saldo es mínimo –no desde el punto de vista ético, por supuesto, donde un muerto ya es demasiado. Abundan las interrogantes, que no se detienen en la correlación capacidad de fuego y víctimas.

Si en Tamaulipas, que está dividido en tres zonas de vigilancia por el Ejército,  existen bases militares y cada lunes se reúne el Grupo de Coordinación Tamaulipas, presidido por el gobernador, en donde participan las áreas de seguridad estatales y del gobierno federal, para analizar la información de inteligencia, los mapas de riesgo y los operativos que se van a realizar, ¿por qué, si preveían las capturas, no reforzaron la seguridad? ¿Por qué la capacidad de fuego de los federales fue insuficiente durante tantas horas para doblegar a los criminales? ¿Por qué con los refuerzos que se sumaron al operativo, los combates callejeros se prolongaron tanto sin que se pudiera someter a los criminales? Si estos operativos son quirúrgicos e higiénicos, como las detenciones de los grandes líderes del narcotráfico, ¿por qué desataron los enfrentamientos?

Cuando comenzaban las balaceras el miércoles, un mensaje de WhatsApp llegó a los teléfonos celulares de decenas de tampiqueños, que alertaba textualmente: “DIFUNDE ESTO..EL CARTEL DEL GOLFO LES INFORMA K NO SALGAN ALAS CALLES ESTOS DIAS LOS ZETAS KIEREN KITARNOS LA PLAZA DE PANUCO, TAMPICO, ALTAMIRA, ALDAMA, GONZALES, MADERO, SOTO LA MARINA, MANUEL, MATAMOROS, SINALOA, ECT,..

“No lleven a sus hijos a las escuelas no vayan a trabajar no es juego nos dimos unos minutos para hacer esta difuncion por un mejor Tamaulipas. LOS MARINOS, SOLDADOS, ESTATALES, ECT Ya se retiraron hoy al as 9, van a dejar k nos demos con todo… ya cortaron la luz y les pedimos k  bajen colchones y tengan velas en la mano NO ES JUEGO,PASA ESTO A TUS CONTACTOS AMIGOS FAMILIARES, ECT..SOMOS DEL ALFA1 5 desde culiacan sinaloa los mochis les informa ponganse las pilas: PD: (C.D.G.)”.

No hay precisión sobre la hora en que llegaron estos mensajes que causaron pánico en la población, que se encerró en sus casas y oficinas mientras Tampico y Madero quedaban selladas con bloqueos en las carreteras de Tampico a Reynosa y a Mante, que conecta con Altamira, y las principales avenidas de las ciudades petroleras. Tampoco está claro porqué se firma desde Culiacán y Los Mochis con el “C.D.G.”, las siglas del Cártel del Golfo, que tiene una alianza táctica con el Cártel del Pacífico. Podría pensarse que fue un trabajo de la contrainteligencia militar para minimizar el costo de vidas civiles, pero el mensaje no los deja bien parados. Inclusive, lo que sugiere es que las fuerzas federales sellaron las zonas de esa región y dejaron que se enfrentaran durante horas al Cártel del Golfo con Los Zetas, sus enemigos a muerte. Sólo esto explicaría el porqué tardaron tanto los militares en intervenir, y el muy reducido número, si no ausencia de bajas de los federales.

Otra explicación sería que los criminales superan en número y calidad de fuego a los federales, que se habrían visto tan débiles, que no pudieron doblegarlos sin refuerzos, ni impedir que escaparan cuando no pudieron rescatar a sus líderes. Esto dejaría al descubierto que las fuerzas federales sufrieron para evitar dos derrotas importantes en cinco días en Tamaulipas. Sin embargo, toda la información disponible es que las posiciones militares y federales en el estado, son poderosas en todos los sentidos. Por lo tanto, la hipótesis que prevalece de manera más sólida es que estamos viviendo tiempos de depuración de cárteles, donde las fuerzas federales no intervienen mientras se enfrentan las organizaciones criminales, y entran al final, para el control definitivo de la situación y el recuento de daños.

“Depuración entre cárteles”, fue el argumento que planteó el ex procurador general Jesús Murillo Karam en Los Pinos para que el gobierno no interviniera inmediatamente tras la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, que se sumó al error de diagnóstico de que no era un problema municipal sino federal. Esa idea fue acompañada de un modelo táctico para enfrentar a criminales y restablecer la gobernabilidad, estrenado en Michoacán cuando armaron a las autodefensas para que se enfrentaran a Los Caballeros Templarios, y hacían el trabajo sucio para que las fuerzas federales no se mancharan las manos.

Ese diseño fue empleado por el Batallón 27º de Infantería en Iguala la noche que desaparecieron los normalistas: sellaron el municipio para, parafraseando a Murillo Karam, se depuraran las bandas criminales. Hay una variable que se está observando paralela a la depuración, como se aplicó en Valle de Bravo, para acabar con los secuestros, o en Veracruz, para enfrentar a Los Zetas: los comandos de elite de la Marina actuaron sin capturar prisioneros. ¿Es Tamaulipas el siguiente teatro de operaciones federales donde se están aplicando métodos heterodoxos en el combate a criminales? La respuesta oficial nunca lo revelara. Pero si no lo es, así parece.

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La corrupción, un estilo de vida

Raymundo Riva Palacio | Jueves 23 de abril, 2015

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

Dieciocho años de empantanamiento en materia de lucha a la corrupción, se rompieron este martes al ser aprobado el Sistema Nacional Anticorrupción. Lo primero, ovación de pie. Lo segundo, a trabajar porque apenas es el principio en la construcción de un modelo institucional que empiece a levantar barreras contra el fenómeno más pernicioso del Siglo XX que nunca se acaba. La nueva ley, con todas sus virtudes, es una respuesta a la irritación ciudadana, pero no como el principio para un cambio ideológico –entendido como el compromiso con una idea- para enfrentar ese cáncer, sino con una motivación política y reduccionista que no sustenta el entusiasmo de la clase política.

Hace más de cinco años, en un texto intitulado “La Corrupción Somos Todos”, se recordaba que México tiene una sociedad política que es tolerante con servidores públicos ladrones, ligados al crimen organizado y cínicos consumados, a quienes defienden con un espíritu de cuerpo que los hace igualmente corruptos. En septiembre pasado se publicó en este mismo espacio el costo que significaba a la economía la gangrena de la corrupción: 1.5 billones de pesos, equivalente al 10% del Producto Interno Bruto, similar al gasto administrativo del gobierno federal en 2012
Un reporte del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado decía que ese costo era lo que tenían que presupuestar las empresas en pago a funcionarios de distintos niveles para que sus operaciones no se interrumpieran o se cancelaran. El último informe global de Transparencia Internacional colocaba a México en el lugar 106 de los 177 países más corruptos, a 87 lugares de Uruguay, que fue el mejor clasificado en América Latina. Sólo Rusia estaba peor clasificado que México dentro de las naciones emergentes, y el nuestro es el último del club de países ricos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
México está considerado entre las naciones más corruptas del mundo. El Índice 2014 sobre el estado de Derecho del World Justice Project colocó a México en el lugar 79 de 99 naciones estudiadas, y en el número 12 de 16 países latinoamericanos. En las ocho variables que analiza esta organización independiente y multidisciplinaria que revisa el estado de Derecho en el mundo, México sale reprobado. 
En los límites al poder del gobierno (contrapesos y rendición de cuentas), se ubica en el lugar 48; en ausencia de corrupción (sobornos, nepotismo, extorsión, fraude), está en el 78; en gobierno abierto (transparencia y acceso a información), en el 32; en protección de derechos fundamentales, en el 60; en orden y seguridad (estabilidad y confianza en las instituciones del Estado), en el 96; en cumplimiento regulatorio, en el 51; en justicia civil (resolución de conflicto mediante instituciones de justicia), en el 88; y en justicia criminal (procuración y administración de la ley), en el 97. 
Cuando se analiza el perfil completo de México y se revisan sus tendencias, México no parece ser viable para darle la vuelta a la corrupción y la impunidad. Dieciocho años tardaron los legisladores en aprobar la ley contra la corrupción, y estuvo a un paso de no ser aprobada. Sólo la crítica pública de los últimos meses los llevó al punto de que sería más alto el costo de no hacerla, que el beneficio de seguir en la mar de la impunidad. La corrupción y la impunidad, por si alguien no se ha dado cuenta, forman parte del código genético mexicano. En un gran libro, “La Corrupción Política en el México Contemporáneo”, Stephen D. Morris sostiene que la corrupción generalizada es uno de los factores que más influyen en la desconfianza atávica de los mexicanos. En efecto, hace mucho forma parte del paisaje nacional. 
Morris recuerda al ideólogo priista Jesús Reyes Heroles, que en los 90’s decía que “la corrupción en México llegó a niveles inconcebibles”, y que se había convertido en la regla de la administración pública mexicana. Muchos años antes, Álvaro Obregón la veía como instrumento táctico –“no hay general que resista un cañonazo de 50 mil pesos”-, y en la década de los 40’s en el siglo pasado, el historiador austriaco Frank Tannenbaum escribía en su libro Mexico: The Struggle for peace and bread, que la “mordida” era “lo peor”, porque era un círculo creciente de los burócratas a quienes no lo son, que quizás, era el principal impedimento para un buen gobierno y el progreso económico. Para entonces, ya había pasado más de un siglo desde que el político e historiador Lucas Alamán, dijo: “la corrupción en México es antigua, central y omnipresente”.
No le faltaba razón al presidente Enrique Peña Nieto cuando dijo que la corrupción era cultural en México. Los medios y las redes sociales lo apalearon, sin analizar a fondo el alcance de lo que dijo y, también, sus limitaciones. Pero ¿alguien duda la cultura laxa sobre la legalidad en México? ¿Cuántos no han comprado piratería? ¿Cuántos no han pagado una “mordida” para facilitar su vida cotidiana? ¿Cuántos nunca han violado una ley? La nueva ley anticorrupción es un paso, que apuntala el diseño institucional, pero la construcción de un edificio, por mejor calidad que tenga, nunca será suficiente si el material con el que están construidos sus inquilinos está podrido. Para eso no se necesitan leyes. Se requiere educación, que es un reto más largo, más difícil y más complejo.
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El cerebro de la guerra sucia

Raymundo Riva Palacio | Miércoles 22 de abril, 2015

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

Si los priistas son muy malos para desarrollar la guerra sucia en campañas políticas, son peores para defenderse. Claudia Pavlovich, candidata del PRI al gobierno de Sonora, es la mejor prueba de ese aforismo. La semana pasada el PAN le dio al periódico Reforma grabaciones realizadas ilícitamente donde la candidata hacía una gestión en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que apoyaran a un grupo de empresarios en sus procesos de licitación, en sus tiempos de senadora. La bala de plata era que uno de esos empresarios le rentaba el avión para viajes personales y en su gira de campaña, por lo cual la sugerencia de un conflicto de interés se convirtió en colofón de una guerra sucia.
Los audios difundidos, hasta donde se puede apreciar, no probaban ningún acto ilegal o ilegítimo de Pavlovich, pero puso a la candidata a la defensiva, ante la estrategia del golpe y la secuela. El periódico revelaba y el PAN denunciaba. El uno-dos le quitó concentración a la campaña de Pavlovich, que se había acercado su adversario panista, Javier Gándara, con posibilidades de alcanzarlo y cerrar la elección de junio próximo. Al uno-dos le siguió el tres: desplegados en los diarios de la ciudad de México acusándola de mentir a los medios al explicar el tema del avión.
La candidata del PRI parece letalmente tocada en términos electorales. La guerra sucia del PAN hizo estragos significativos en su candidatura y en su campaña, cuyo impacto se verá en las próximas encuestas en Sonora. La bastó plantar unas fotos en Reforma y desplegar su estrategia para mancharla de corrupción. Con esto, el PAN demuestra que hoy en día, para campañas de lodo, nadie les gana. Pero no es fortuito. Las campañas de contraste, negativas o sucias, son una especialidad que han venido desarrollando desde hace muchos años. En la actualidad, el cerebro de las guerras sucias panistas es Mark Penn, quien ha trabajado con el presidente del PAN, Gustavo Madero, desde la campaña presidencial de 2012.
Penn, una idea original de Juan Molinar Horcasitas, el superasesor de Madero, fue la aportación del líder del PAN a la campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota en 2012. No se quedó en la campaña porque Vázquez Mota tenía contratado a Dick Morris, que trabajó con Bill Clinton durante su gubernatura en Arkansas y en la primera parte de su presidencia, y adorado por los políticos mexicanos que devoraron su libroThe New Prince, y que tiene una relación casi de odio con Penn. Los dos forman parte del grupo de consultores estadounidenses que han pululado desde hace lustros en la política mexicana, como James Carville (Bill Clinton), Karl Rove (George W. Bush), y David Axeldord (Barack Obama).
Penn trabajó con Clinton y su esposa, la entonces senadora Hillary Clinton, así como también con el ex primer ministro inglés Tony Blair y el ex primer ministro israelí Menachem Begin. Director ejecutivo global de Burson-Marsteller durante varios años, asesoró a algunos barones de la industria, como Bill Gates, el fundador de Microsoft, de quien actualmente es vicepresidente ejecutivo y jefe de estrategia. Alguna vez la revista Time lo llamó “el maestro del mensaje”, luego de publicar Microtrends: The Small Forces Behind Tomorrow’s Big Changes, donde se hace una introducción a todo lo que puede ayudar una encuesta en términos electorales. Por ejemplo, Penn fue quien descubrió que las mamás en los campos del creciente deporte favorito de los niños, el futbol soccer, era una base electoral clave para Clinton, cuyo trabajo político le dio la victoria al comprender el fenómeno de las llamadas soccer mom’s.
El metodológico consultor ha construido la campaña sucia del PAN. Los spots contra el presidente Enrique Peña Nieto sobre los 200 invitados a la visita de Estado al Reino Unido, fueron planteados como un gasto del erario –aunque normalmente la mayoría de esos invitados pagan sus gastos, y los que no son absorbidos por el país anfitrión-, y los spots sobre los lujosos relojes del presidente del PRI, César Camacho, fueron diseñados para despertar el imaginario colectivo sobre corrupción. La filtración panista a Reforma sobre Pavlovich apuntó en la misma dirección. Verosimilitudes más importantes que verdades; y percepciones que van construyendo realidades.
El fenómeno de la corrupción se encuentra en la superficie de la piel mexicana y es el que más irritación causa. No es accidente que fue el escogido por los estrategas del PAN desde el año pasado, cuando presentaron una iniciativa para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, que está en la parte final de su aprobación legislativa. 
Penn era el experto que necesitaba el PAN para desarrollar toda su campaña negra en esta temporada electoral. Durante la lucha entre Obama y Clinton por la candidatura presidencial, Penn le sugirió a la senadora enfatizar el uso de las drogas por parte de su adversario, así como también su carencia de experiencia en asuntos internacionales. Como ejecutivo de Microsoft, diseñó la campaña negativa contra Google en 2012 llamada Scroogled
Penn puso en práctica en Microsoft el método empleado en las campañas políticas: una especie de equipo SWAT que a partir de la información demoscópica que obtienen de sus encuestas masivas y precisas, producen rápidamente spots. Es lo mismo que está haciendo contra el PRI hoy en día, y colocando sobre sus candidatos la etiqueta de corrupto.
Masacres en México

Raymundo Riva Palacio | Martes 21 de abril, 2015

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

En el segundo párrafo de la página 38 del informe final de la Cámara de Diputados sobre su investigación de la matanza en Tlatlaya el 30 de junio de 2014, hay 37 palabras que establecen que en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, las ejecuciones extrajudiciales –la acción que viola los derechos humanos de manera deliberada de una persona por parte de un servidor público- fueron una práctica recurrente y con patrones comunes. El reconocimiento del Congreso de estas prácticas respalda los señalamientos que por años han hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas, y organizaciones no gubernamentales en el mundo. No alcanzarían esas violaciones a que se juzgara a los presidentes en las cortes internacionales por genocidio, pero la persecución política, que ya empezó, no cejará.
Para que no haya duda sobre las palabras ni se magnifiquen o minimicen, se requieren definiciones. “Masacre” está descrita como “la ejecución arbitraria de más de cinco personas, realizada en un mismo lugar y como parte de un mismo operativo cuando las víctimas se encontraban en un estado de indefensión absoluta o relativa”. Conllevan igualmente a un elemento de “gran crueldad” manifestado generalmente por medio de acciones violentas indiscriminadas, “no sólo dirigidas a los enemigos directos, sino también contra su entorno de simpatizantes y colaboradores o personas indefensas”. Para que estas se consideren como crímenes de guerra, lesa humanidad o genocidio, se requiere, entre otras variables, que sea parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional étnico, racial o religioso.
Los casos a los que hace alusión el informe del Congreso, se refieren a los cuatro últimos años del gobierno de Calderón, y a los dos primeros del gobierno de Peña Nieto, y se encuentran inscritos en el combate contra la delincuencia organizada. Tlatlaya, un municipio en el estado de México, se ha vuelto paradigmático porque la masacre que ocurrió el 30 de junio de 2014 fue encubierta por el gobierno del estado de México y la CNDH, hasta que una entrevista una sobreviviente aportó elementos que lo que había sucedido esa noche no se había limitado a un enfrentamiento entre militares y un grupo de personas que los atacaron, sino que se habían excedido en el uso de la fuerza cuando luego de ser sometidos los agresores, los torturaron y ejecutaron con tiro de gracia. Siete militares se encuentran en prisión por esa masacre que, de acuerdo con el informe, no fue un caso de excepción.
De acuerdo con las convenciones internacionales, una ejecución extrajudicial se realiza cuando no es en legítima defensa, o se da en el contexto de un conflicto armado (guerras). También cuando se excede el uso “racional necesario” de la fuerza para hacer cumplir la ley, y por imprudencia, negligencia o violación del reglamento. En el caso de los militares bajo proceso por la masacre de Tlatlaya, la defensa ha buscado enmarcarlo en violaciones al reglamento que propiciaron el abuso de la fuerza. El problema de fondo, sin embargo, no lo tienen ellos, sino los dos gobiernos que han hecho de las ejecuciones extrajudiciales, un modus operandi.
La sociedad mexicana no ha querido verlo. Revelaciones en la prensa de cómo personas detenidas por comandos de la Marina aparecieron muertas días después, pasaron si causar escándalo. Videos donde se muestran detenciones de sicarios por parte de fuerzas militares que también aparecieron asesinados poco después, pasaron igualmente desapercibidos. Operaciones quirúrgicas en varios estados donde unidades especiales detienen a presuntos delincuentes que nunca llegan a los centros de detención, tampoco. Políticas del gobierno para que el Ejército capacitara, armara y protegiera a grupos paramilitares para enfrentar a cárteles de la droga, como en Michoacán, estableció estándares de procedimiento que llevaron al Batallón 22º de Infantería en Iguala, a ser acusado de participar en la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa.
Tlatlaya no fue un accidente en la historia reciente de las Fuerzas Armadas, sino consecuencia de una política diseñada e implementada por el gobierno federal, que tiene que cambiar. El informe del Grupo de Trabajo de la Cámara de Diputados señala que “las ejecuciones extrajudiciales son una práctica recurrente y con patrones comunes, que ameritan una política preventiva de Estado”, y que “es tiempo” que el gobierno y el Congreso “comiencen un análisis profundo acerca de la vinculación entre violaciones a derechos humanos y la presencia de los militares en tareas de seguridad pública”.
Parte de la incapacidad mexicana por distinguir lo malo de lo peor de lo grave, lo revela el impacto limitado que tuvo el informe difundido la semana pasada, y el poco ruido que provocó. El Congreso acusó a dos gobiernos de tener como política las ejecuciones extrajudiciales y nadie levanto siquiera las cejas, menos aún gritó. La pasividad y ceguera ante lo importante es notable entre la sociedad mexicana, que se queja siempre de tener gobiernos que no merecen, cuando la realidad, vista a través del prisma de uno de los documentos más importantes producidos por el Congreso, dado el nivel de las acusaciones, demuestra que tienen, inclusive, más de lo que se merecen.

 
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El amparo de Aristegui

Raymundo Riva Palacio | Lunes 20 de abril, 2015

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

El amparo que otorgó un juez a la conductora de radio y televisión Carmen Aristegui para obligar a la empresa MVS a que la reinstalen en su noticiero, es un monstruo de mil cabezas que, si avanzara hasta convertirse en jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia, tendría un impacto tan grande que modificaría la industria de la información en medios electrónicos, y afectaría lo que se quiere fortalecer: la libertad de prensa. El argumento es que la concesión de un bien y servicio público del Estado obliga a una empresa privada a dialogar y llegar al acuerdo de respetarle su espacio porque es de “relevancia social”.
El recurso utilizado por la defensa de Aristegui desconoce el ámbito laboral en donde ubicó el diferendo MVS, que puede ser solucionado al liquidar el contrato de prestación de servicios –un paquete de salario, comisiones de publicidad, y prestaciones como un vehículo blindado-, conforme a la ley, y lo coloca en las disposiciones generales del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT) en materia de concesiones.
El argumento del representante de Aristegui, el abogado Javier Quijano, convenció al juez Fernando Silva para otorgarle un amparo a la conductora, quien al llevar el diferendo a la LFRT sienta el precedente que quien ocupe un espacio de “relevancia social” y ejerza un “periodismo crítico”, está protegido para hacer de su espacio en medios electrónicos un territorio libre e independiente de la empresa, inamovible bajo cualquier consideración siempre y cuando entre en esa categoría. Así, crea ínsulas de las que la voz detrás del micrófono es dueño (a).
Visto de manera superficial, es el ideal del gremio: el empresario pone el espacio y paga al comunicador, a quien si tiene “relevancia social” y hace “periodismo crítico”, nadie podrá despedirlo hasta que deje de ser “relevante” y se vuelva acrítico. Pero ¿quién define qué es “periodismo crítico”? Si el espíritu del amparo obedece al señalamiento de Aristegui que el gobierno presionó para que saliera del aire, entonces ¿“periodismo crítico” es aquél que critique al gobierno? El alegato de Quijano logra que los actos de autoridad del gobierno para los que existe el amparo, se le adjudiquen a una empresa privada, convirtiéndola, para estos fines, en un ente público.
Las preguntas abundan. ¿Cómo se define la “relevancia social” en un noticiero de radio o televisión? Quienes apoyan el recurso del amparo de Aristegui, sugieren que tiene que ver con el derecho de las audiencias, que bajo su racional significa la posibilidad de romper con “el monopolio de la opinión pública”. Otros actores en medios de comunicación en un espectro ideológico opuesto al de Aristegui, tienen un concepto diferente sobre el derecho de las audiencias.
¿Cuáles serían las audiencias reconocidas por la ley? ¿Hay audiencias legítimas y audiencias ilegítimas?¿Cómo se miden? ¿Por rating e ingresos de publicidad? Si aquella persona que genera rating e ingresos es un actor de “relevancia social”, ¿quienes no tengan rating y publicidad están fuera de esa categoría? ¿Cuánto rating y publicidad es necesario para entrar en la categoría? Si un conductor (a) acepta la oferta de otra empresa, ¿puede argumentar su empleador los derechos de audiencia de su estación para impedir su salida?
El juez Silva se metió en un terreno delicado que puede ser revolucionario, si el camino iniciado concluye como empezó y las empresas privadas quedan sujetas al régimen del amparo. El alegato de “periodismo crítico” y la “relevancia social” es perjudicial para la empresa, al convertir en intocables a todos aquellos que ingresen en esas categorías, lo que abriría la competencia en los medios electrónicos para ver quién es más critico y cada vez más relevante, como garantía de empleo. El fallo no menciona aspectos de responsabilidad social para nadie, ni parámetros éticos. Esto, por la puerta de atrás, anima al escándalo, donde sin que necesariamente o siempre sea verdad, es detonante de ratings y estos de publicidad.
La otra vertiente es cómo podrían reaccionar las empresas de radio y televisión para protegerse de la intromisión judicial en la propiedad privada. Se puede pensar que ya no habría contrataciones, sino convenios de prestación de servicios, por lo que las prestaciones sociales para periodistas y comentaristas serían cosa del pasado. Quizás también tendrían que firmar acuerdos donde se comprometieran a no demandar ni recurrir a recursos como el amparo. Décadas de lucha por mejorar las condiciones salariales de quienes menos ganan y ampliar el entorno laboral, serían difuminadas.
También, a fin de que no perdieran ingresos de publicidad, las empresas tendrían que asegurarse que a quienes les den micrófono, no hablen mal de quien se anuncie. Los espacios de libertad que hay hoy en día, manejados dentro de una dialéctica de equilibrios y avance gradual, probablemente desaparecerían y, por contrato, se establecerían fronteras a la libertad de expresión del (la) comentarista.
Muy probablemente los márgenes de negociación interna que existen hoy en día en los medios electrónicos, se esfumarían. Las empresas se verían obligadas a construir blindajes desde un principio, porque el fallo del juez Silva las coloca en una posición defensiva. El amparo concedido es extremadamente reduccionista a la vez que excesivamente personalista. El juez Silva tejió una malla de protección para Aristegui, a costa de colocar una pistola en la cabeza del resto de los comunicadores y periodistas. Trascendental, en todo caso, cómo avanzará.
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Responde Aristóteles

Raymundo Riva Palacio | Viernes 17 de abril, 2015

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, no está de acuerdo con la descripción que en este espacio se hizo de su capacidad de gobierno el miércoles. Rechaza con palabras estar derrotado o resignado frente al poder y la violencia del Cártel Jalisco Nueva Generación. “No minimizamos, ni negamos la problemática”, afirmó en una conversación. “La estamos combatiendo todos los días”. En lo que va de su administración, nueve funcionarios de primer nivel en distintos ámbitos de gobierno, han sido asesinados, y más del 20% de los 124 municipios fueron penetrados por las organizaciones criminales, que controlan la vida y el destino de sus pobladores. ¿Cómo sucedió?
Sandoval da algunas claves. “Lo habíamos visto desde hace seis años”, dice el gobernador al hacer memoria del momento en que detectó la penetración criminal en los diferentes niveles de gobierno en el estado. La línea de tiempo que plantea comienza con el gobierno panista de Emilio González Márquez, quien llegó a la gubernatura ayudado por una campaña negativa en la última recta de la campaña de 2006, al acusar al candidato del PRI al gobierno estatal, Arturo Zamora, de estar vinculado al narcotráfico. Zamora perdió la elección por escasos 100 mil votos y la acusación que se le imputó, nunca fue probada. Jalisco, entre tanto, entró en años de convulsión y evolución criminal.
Hacía casi 35 años que el narcotráfico, como violencia callejera cotidiana, era sólo un recuerdo. Las cosas cambiaron una tarde de finales de junio de 2010 cuando en un operativo en la hermosa zona residencial Colinas de San Javier, en Zapopan, municipio conurbado de Guadalajara, Ignacio Coronel fue abatido por un comando del Ejército, cuando intentaba huir. “Nacho” Coronel, como era conocido, era el virrey criminal en Jalisco, durante una larga era donde fue de los líderes del Cártel de Sinaloa, después llamado del Pacífico. Se relacionaba con políticos y empresarios y, en un acuerdo no escrito, su presencia propiciaba un entorno de tranquilidad y estabilidad social en el estado.
Coronel estaba de salida del negocio criminal, que había heredado a su sobrino Martín Coronel Beltrán, y que desató conflictos en el interior de la organización. “Nacho” Coronel operaba Jalisco los negocios en los cuales, dentro de los capos sinaloenses, el más involucrado era Joaquín “El Chapo” Guzmán, que se casó con una sobrina de Coronel pocos años antes: las metanfetaminas. Su muerte dejó el camino libre a Guzmán para controlar Jalisco, en donde surgió una filial del Cártel del Pacífico que se fue independizándose, el Cártel Jalisco Nueva Generación, en donde resurgió el viejo Cártel del Milenio, de la familia Valencia. 
Ese rompimiento fue uno de los fundamentales durante la guerra contra las drogas emprendida por el presidente Felipe Calderón, y el más lucrativo del momento, al desplazar las drogas sintéticas a la cocaína entre los productos más solicitados por los consumidores estadounidenses. En la línea de tiempo de la que habló el gobernador Sandoval, la penetración del narcotráfico en las instituciones de Jalisco se dio desde 2008, cuando se dio el primer gran reacomodo de los cárteles, con la ruptura de los hermanos Beltrán Leyva con sus socios y parientes sinaloenses, y el realineamiento de los primeros con Los Zetas.
Sin embargo, tras algunos enfrentamientos posteriores a la muerte de Coronel por la disputa del control del negocio en Jalisco, la violencia callejera pasó a ser ocasional. “La descomposición se había enquistado”, dijo Sandoval en la conversación con este reportero. “(El Cártel Jalisco Nueva Generación) infiltró las instituciones con apoyos y compromisos que alguna vez se habían solapado”. De acuerdo con el gobernador, esta penetración se dio al nivel de presidentes municipales, regidores, directores de seguridad y policías de distintos ámbitos de gobierno. Al cambio de gobierno, en marzo de 2013, el estado se sacudió.
“El narcotráfico se había infiltrado y operaba con impunidad”, agregó el gobernador. Uno de los problemas que encontró, la variable que enfrentan todos los gobernadores, fue la penetración en las policías municipales. Cuando detenían policías, había enfrentamientos. “Se supone que pudo haber habido un acuerdo”, dijo. “Se está investigando y hay policías detenidos”. Los casos paradigmáticos hasta el momento son los municipios de Cocula, a 56 kilómetros de Guadalajara, y Casimiro Castillo, en la zona de la Costa Sur, donde en diciembre pasado la Fuerza Única de Jalisco –la vieja Policía Estatal Judicial-, tomó el control de las policías y detuvo a unos 70 elementos bajo la sospecha de estar vinculados con el narcotráfico. 
Sandoval dijo que no son los únicos municipios infectados por el crimen organizado. “Veintitrés municipios se están atendiendo”, dijo el gobernador, al utilizar un eufemismo de “investigando”. Se encuentran en las zonas sur y de la costa sur de Jalisco, pero no quiso identificarlos. Pero dos municipios, adelantó, seguirán “pronto” el camino de Cocula y Casimiro Castillo. Hay algunos municipios que se encuentran en lo alto de esa lista, a decir por el trabajo realizado por las fuerzas federales. El principal es El Grullo, en la zona sur, donde tenía su base Nemesio Oseguera, “El Mencho”, el único jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación aún libre.
El gobernador discrepó con lo planteado en este espacio que no puede enfrentar al crimen organizado y que durante su administración el estado de cosas ha empeorado. “El estado está en calma”, aseguró. “Combatimos a la delincuencia todos los días”, insistió.
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Las Chivas, asunto de Estado

Raymundo Riva Palacio | Jueves 16 de abril, 2015

ESTRICTAMENTE PERSONAL | Raymundo Riva Palacio

La vida privada de las personas públicas se acaba cuando las personas privadas hacen pública su vida. No es un trabalenguas, por supuesto, sino los criterios cuando los temas personales se socializan por la gracia de sus protagonistas. Esto es lo que han hecho Angélica Fuentes, la heredera del emporio gasero de Chihuahua, y Jorge Vergara, que construyó uno para sí en Omnilife y se convirtió en figura pública cuando hizo una compra hostil de las Chivas de Guadalajara, el equipo de futbol que sintetiza la identidad nacional.

Desde su boda en 2008, se convirtieron en una de las parejas de la socialité, aunque en realidad, la pequeña burguesía mexicana no veía bien a un empresario que andaba por la vida sin calcetines, y cuya fortuna la hizo vendiendo productos multivitamínicos. La boda fue en Udaipur, en India, la capital histórica del viejo Reino de Mewar, en el hermoso Fateh Prakash, que antes de ser hotel formaba parte del complejo de edificios imperiales. Fue una boda de cinco días, a la cual llegaron sus invitados en aviones rentados para el viaje de casi 20 horas desde México. Era el principio de una vida estrafalaria, donde celebraciones Venecia o San Petersburgo, con un derroche de dinero, lujo y amigos, era cotidiano.

Fuentes y Vergara se convirtieron en huéspedes permanentes de las páginas de revistas del corazón y periódicos deportivos, mientras que en lo empresarial, iban tejiendo una relación compleja. Hace poco más de dos años, Vergara le ofreció al magnate Carlos Slim a las Chivas de Guadalajara por 300 millones de dólares. Cuando Slim avanzó para la compra del equipo, ella reacomodó el acuerdo: 500 millones, no 300, sería el precio. Molesto por la poca seriedad que vio en la pareja, Slim no volvió a hablar del tema con ellos.

Vergara y Fuentes se dividieron accionariamente el imperio construido por el tapatío, que empezó como vendedor en Omnilife hasta que se convirtió en su dueño. Muy distinto al origen de Fuentes, que nació entre sábanas de seda en Ciudad Juárez, y con fama de ejecutiva prima. Cincuenta y un por ciento de las acciones de Omnilife y las Chivas se quedarían en manos de Vergara; el resto, en las de su esposa. Pero ella, con la sangre empresarial en sus venas, manejaría al equipo. Fue un desastre. Trece directores técnicos fueron despedidos por ella, que se entrometía en el equipo, y llegó a enfrentar a un respetado entrenador, Ricardo La Volpe, al que acusó de abuso sexual, que nunca le pudieron probar.

Las Chivas entraron en un hondonada deportiva y estuvieron a la puerta del descenso. Vergara, que nunca ha sido bien querido entre la afición y los viejos dueños por la forma como se quedó con el equipo, se convirtió en un problema político. El equipo es la quintaesencia del nacionalismo mexicano, forjado sobre la religión, la bandera, su himno y su idioma, que en los 60’s –como alguna vez describió el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jorge Medina Viedas-, fue el elemento de cohesión. Su once era la selección mexicana, equipo mexicanísimo néctar del orgullo nacional. Tenerlo en ruinas era una afrenta cultural. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, habló con él y Vergara le dijo que las cosas cambiarían.

Eso sucedió. Durante Semana Santa, la prensa del corazón se llenó de historias sobre el inminente divorcio de la pareja. En una acción-reacción, el 3 de abril Vergara anunció la destitución de Fuentes como directora empresarial del Grupo Omnilife-Angelíssima-Chivas, y alertó de un posible fraude cometido por ella y sus familiares. Como protección, interpuso un recurso legal para impedir que ella pudiera revertir sus acciones en tribunales. Fuentes fue por un camino más directo. Convocó a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas del grupo el 29 de abril para declarar la nulidad de la acción y que se le restituya, ante lo que supone una ilegalidad de Vergara en el proceso.

Como desde el principio, la pareja mezcló su vida pública con su vida privada. Esta peculiaridad enfatiza la gravedad de lo que sucede con Omnilife y las empresas de Fuentes, pero que al involucrar a las Chivas como el ingrediente existencial y cultural superior, obliga a las autoridades a voltear a ver y seguir el desenlace de este penoso pleito con atención, ante una realidad: las Chivas siguen siendo sedimento de estabilidad social.

Hay estudios en el Reino Unido y la Unión Europea que muestran la correlación entre los deportes nacionales y la confianza social y el bienestar. También revelan que es más probable que una persona involucrada en los deportes, vote y busque la interlocución con los políticos, que la media de las personas. Algunos estados mexicanos han buscado equipos de futbol como una salida natural a presiones y frustraciones, y para dar un sentido a su vida diaria.

Las Chivas, junto con el América, son los únicos equipos nacionales con ascendencia e influencia nacional. Lo que le pasa al equipo afecta a la sociedad. La impotencia y la frustración de la tribuna suele ir de la mano de la molestia y beligerancia en las calles; es un detonador social. No se puede permitir que las pasiones, personales y empresariales, aporten su contribución a la anomia. Las Chivas son un asunto de Estado, y como tal, deberá tratarse.

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Gobernador fallido

Raymundo Riva Palacio | Miércoles 15 de abril, 2015

ESTRICTAMENTE PERSONAL

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, está derrotado. No puede enfrentar a la delincuencia organizada y al Cártel Jalisco Nueva Generación, la segunda organización criminal más poderosa de la actualidad, que le declaró la guerra desde la segunda quincena de marzo. Sandoval se defiende. Asegura que la reacción del cártel es resultado de las acciones emprendidas en su contra, pero su palabra no deja de ser un lamento resignado. En noviembre, el presidente Enrique Peña Nieto colocó a Jalisco como uno de los cuatro focos rojos por el crimen –fue el primero en llamar la atención sobre esa entidad-, y desde entonces, las cosas han empeorado.

Hace tres domingos en Tlaquepaque -a ocho minutos de la capital Guadalajara-, los criminales asesinaron de un tiro en la cabeza al regidor priista Feliciano García Fierros. En ese mismo municipio, pero en septiembre de 2014, secuestraron al diputado federal priista Gabriel Gómez Michel, cuyo cadáver fue encontrado días después en Zacatecas. No se sabe porqué asesinaron al regidor, pero al diputado federal lo ejecutaron en venganza por haber pedido ayuda al Ejército para recuperar de manos criminales el rancho de su familia en esa región.

Decenas de funcionarios estatales, municipales y federales han sido asesinados por los cárteles durante los dos años de administración de Sandoval, que asumió la gubernatura el 1 de marzo de 2013. Este rosario de asesinatos comenzó una semana después de haber iniciado su gestión, al ser asesinado su secretario de Turismo, José de Jesús Gallegos. Sandoval se ha defendido con el argumento de que Gallegos, era un empresario muy entusiasta del turismo a quien no conocía realmente, pero que por recomendación de otros empresarios escuchó su proyecto para el sector, por lo que lo nombró en el cargo. El gobernador dice en privado que su asesinato obedeció a un problema con empresarios de Puerto Vallarta, por pago incumplido de propiedades, no a una ejecución del Cártel Jalisco Nueva Generación, como declaró ministerialmente uno de los asesinos.

La situación en Jalisco, en todo caso, entró en el último mes en un estado de clara inestabilidad, después de que el 23 de marzo, durante un operativo de la Fuerza Única de Jalisco, abatieron a cuatro miembros del cártel en el municipio de Zacoalco de Torres. Entre los muertos estaba Heriberto Acevedo Cárdenas, apodado “El Gringo”, uno de los jefes sicarios de la organización en esa región. La reacción fue casi inmediata. El 30 de ese mes en Zapopan, municipio conurbado de Guadalajara, un comando del cártel intentó asesinar al comisionado general de Seguridad Pública del estado, Alejandro Solorio.

El 6 de abril en el municipio San Sebastián del Oeste, cercano a Puerto Vallarta, un convoy de policías de la Fuerza Única fue emboscado en una curva cerrada al reducir considerablemente la velocidad, al que atacaron durante varias horas con fusiles de asalto y lanzagranadas. Quince policías resultaron muertos, contra ninguno de sus atacantes. Ese evento marcó definitivamente la guerra con el Cártel Jalisco Nueva Generación, a decir de los expertos, que de acuerdo con informes de inteligencia del gobierno federal, tenían penetrada a la policía estatal desde hace varios años. Atacar a una corporación en la cual tenían aliados, dijeron, sólo se explica si el acuerdo de protección que se tenía previamente, estaba roto. Opacado por la magnitud de ese ataque, pero no menos importante en el contexto, es que horas después del asesinato de los estatales, Miguel Ángel Caicedo, director de la Policía Municipal de Zacoalco de Torres –el municipio donde cayó “El Gringo”, también fue asesinado.

La creciente ofensiva del Cártel Jalisco Nueva Generación fue confrontada por el gobernador Sandoval, quien esta semana convocó a una marcha por la paz en las calles de Guadalajara. Es la claudicación del poder estatal ante el poder criminal. Sandoval quiere que la gente marche para que moralmente se doblegue a líderes de una organización que, en los hechos, tiene sometido a su gobierno. Pretende también que salga la sociedad, convocada y organizada por él como si fuera para su blindaje, para enfrentar un grupo criminal que ha evolucionado como ninguno otro en la historia de México.

El Cártel Jalisco Nueva Generación, como lo demostró con la emboscada de hace 10 días, está utilizando tácticas guerrilleras y una instrucción militar que no se le había visto antes. La combinación de narcotráfico con tácticas de movimientos armados e instrucción de desertores del Ejército Mexicano, es inédita en el país. Algunos cárteles, como La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, incorporaron tácticas guerrilleras, mientras que Los Zetas y el Cártel del Pacífico, reclutaron soldados y marinos como sicarios. Todo junto, nunca antes.

El gobernador tendría que ser más cuidadoso en lo que promueve y escuchar con mayor responsabilidad al fiscal general de Jalisco, Luis Carlos Nájera, quien estableció este modus operandi criminal inédito a través de las investigaciones. Las variables que enfrenta en Jalisco están por encima de las posibilidades del estado. La intervención federal en Jalisco para frenar el deterioro acelerado frente a la capacidad de fuego del cártel, no debe ser una consideración sino una decisión a tomarse en forma urgente. No se puede dejar la suerte de los jaliscienses en manos de un amateur.

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Gobierno bajo fuego

Raymundo Riva Palacio | Martes 14 de abril, 2015

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

Ya sabían en Los Pinos que la revelación de las casas de precios multimillonarios del entorno cercano al presidente Enrique Peña Nieto, no iba a parar. Cuando apareció en la prensa que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, tenía una casa en Malinalco que había adquirido a través de una operación de compra-venta a la empresa Higa, el presidente le preguntó al propietario de la empresa, su amigo el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, si había más miembros de su gobierno a quienes le hubiera vendido propiedades. Ninguno más, le respondió, pero las preocupaciones no pararon.

En los últimos días se reavivaron las versiones que iba a haber más revelaciones de propiedades de la cúpula del poder. En la casa presidencial había temor que se difundiera una especie sin confirmación que Peña Nieto tiene una propiedad no declarada en Punta Mita –algo que nadie que ha investigado ha podido verificar-, y en los corrillos políticos se hablaba de las propiedades del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong en Las Lomas de Chapultepec. Finalmente, detalles sobre dos presuntas casas de Osorio Chong en ese elegante barrio de la ciudad de México, fueron publicados este domingo por la revista Proceso, adjudicando una de las propiedades a la esposa.

Osorio Chong respondió rápido. Las casas no eran suyas ni de su esposa, sino que fueron rentadas. Proceso respondió con una carta de sus reporteros para defender la investigación, aunque lo que probaron fue haber cometido un error. Dieron como hecho consumado una notificación de compra-venta e hipoteca a nombre de la esposa del secretario, llamada en el sector inmobiliario “primer aviso preventivo”, que es un requisito que se tiene que cumplir con vigencia de 30 días, donde si no hay una acción consecuente, se elimina automáticamente. Los Osorio Chong quisieron comprar esa casa, pero les resultó muy costoso para sus posibilidades comprar la deuda.

La investigación periodística dio por cierto un hecho falso, a partir de una lectura superficial de los documentos del Registro Público de la Propiedad. Sobre la mala lectura de los mismos, al identificar a Carlos Aniano Sosa, como el dueño de la inmobiliaria que hizo la operación de compra-venta, dijeron que era contratista en Hidalgo cuando el gobernador era Osorio Chong y figuraba en el padrón de proveedores de Pemex. Y a partir de ello, lo colocaron en la misma línea del conflicto de interés en la compra de la casa blanca del presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera, y de Videgaray. Proceso, que es una revista que nunca reconoce errores aunque sea flagrantes, logró inopinadamente el objetivo en el imaginario colectivo, establecer como cierto un patrón de comportamiento ilegítimo de la élite del poder.

Ya saben en Los Pinos que la búsqueda y revelación de casas de precios multimillonarios del entorno cercano al presidente Peña Nieto, no va a parar. No es un tema que sólo lo afecte a él o a su gobierno. Apenas en marzo pasado, la Casa Blanca tuvo que desmentir que el presidente Barack Obama había comprado la espectacular mansión en Hawaii que protegía el investigador privado “Tom Magnum” en una popular serie de televisión de los 80s, y en julio del año pasado, negó que hubiera adquirido una mansión en Rancho Mirage, California. En 2008, Obama tuvo que colocar en línea toda la documentación sobre la compra de una casa en Chicago ya como candidato presidencial, ante la especulación que había incurrido en un conflicto de interés con su vecino, un donador del Partido Demócrata.

Respuestas rápidas y transparencia ha sido el camino de Obama y la Casa Blanca para enfrentar los rumores. No detiene la especulación en medios y redes sociales, pero neutraliza el daño político. Osorio Chong logró ese objetivo, hasta ahora, en gran medida porque los dos elementos tóxicos fueron falsos: la propiedad y el conflicto de interés. Lo que más afecta en términos políticos es el conflicto de interés, porque abre el espacio a la sospecha de corrupción. Este es el punto que no han podido resolver el presidente y el secretario de Hacienda, y dar una respuesta convincente que cambie de rumbo la percepción que incurrieron en un conflicto de interés, lo que niegan tajantemente.

La experiencia del fin de semana con el secretario de Gobernación obliga al presidente a volver a colocar en el tema de sus prioridades la investigación que realiza la Secretaría de la Función Pública sobre la obra pública adjudicada a las empresas de Hinojosa Cantú, de donde se determinará si hubo o no conflicto de interés. La investigación sobre Hinojosa Cantú, de acuerdo con personas que conocen de la obra pública adjudicada, mostrará que como Sosa en el caso de Osorio Chong, el empresario es proveedor y ha sido constructor en el estado de México, en otras entidades y a nivel federal, desde los tiempos en los que Peña Nieto y Videgaray eran absolutamente irrelevantes, o inexistentes en la vida pública.

No hay que olvidar que la política dejó de ser hace mucho tiempo un acto de fe, y exige que las verosimilitudes sean combatidas con verdades. Sobretodo, cuando un gobierno como el de Peña Nieto, se encuentra sometido a un fuego interminable, que no se va a apagar.

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Trogloditas democráticos

Raymundo Riva Palacio | Lunes 13 de abril, 2015

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

La regresión democrática navega libremente en México sin muchos obstáculos, ante un sistema político que grita por las libertades al tiempo de encargarse de mutilarlas. Las dos grandes reformas democráticas de segunda generación, la ley de transparencia y los órganos electorales ciudadanos, están siendo alteradas y modificadas al gusto de los políticos. El último paso en esta escalera hacia abajo fue el fallo por unanimidad de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral el viernes pasado, donde ordenó a Proyecto 40 suspender las cortinillas en las pantallas donde aclaraban a la audiencia que lo que estaban viendo era spots de los partidos políticos.

Ante la queja directa de Morena, la Comisión dictaminó que notificar a los televidentes en la pantalla que “continuamos con mensajes políticos, faltan 3 minutos para regresar con sus programas favoritos”, violaba un requisito legal, dentro de la obligación a todos los concesionarios de radio y televisión del país a difundir durante este proceso electoral 13 millones de spots. La Comisión reconoció que esa pauta es propaganda y forma parte de las prerrogativas de los partidos para acceder a los tiempos del Estado. O sea, todos los mexicanos que pagan impuestos y financian a partidos y campañas, el INE les regala a cambio propaganda disfrazada de información.

Puede argumentarse que el fallo del INE violenta el derecho constitucional a informar y ser informado, ante la chicanada leguleya dictada por el órgano electoral, donde la equidad que buscan para todos los partidos se traduce en desinformación para los electores. Finalmente subordinados los consejeros electorales a los partidos, estos responden a sus patrones. Los electores son instrumentales para sus propósitos autócratas –la construcción de una democracia sin demócratas-, aunque aleguen que su intención es la defensa del valor primo de la democracia, elecciones justas y libres.

El fallo del viernes golpea y mina de un dedazo la lucha de décadas dentro de los medios para transparentar ante sus audiencias lo que es información, opinión o propaganda. Lo troglodita de los consejeros –puede uno imaginarlos discutir y decidir en las cavernas estos temas- obligará a Proyecto 40 –en donde, aclaro por razones de transparencia, colaboro en un noticiero diario- a ocultar de su auditorio que lo que ven en las pantallas no es información u opinión, sino propaganda política.

Los partidos están en su libre derecho de anunciarse y promoverse. Lo ha hecho siempre el anunciante privado que busca el mismo fin: vender su producto vis-a-vis persuadir para vender a su candidato o su franquicia. Los comerciales privados no engañan a nadie por su transparencia; los spots políticos sin notificación que se trata de espacios pagados por los políticos timan a la gente, que cada vez tiene menos opciones al estar prohibidas las campañas negativas –donde más información obtiene un votante-, y llevar al extremo de la censura iniciativas periodísticas al coartarles implícitamente políticas editoriales a partir de lo relevante y significativo, y demoler el justo medio aristotélico que genera iniquidad.

Las lucha dentro de los medios ha sido permanente para que toda la publicidad política aclare que se trata de un espacio pagados por los políticos. Ha sido difícil por razones comerciales en los medios, pero han habido avances con el tiempo en los interminables esfuerzos por la autoregulación. Lo que establece la diferencia significativa en los dos casos que involucran políticos, es que la campaña de spots en temporada electoral busca inducir a un electorado para un fin concreto inmediato, donde se otorgan privilegios abiertos y legales a todos los candidatos y sus partidos para engañar –porque ese es el resultado- al electorado. El INE, por la puerta del frente, recurrió a lo que normalmente entra por la puerta de atrás en los medios: las gacetillas políticas.

En el número 16 de la revista Este País en 1991, este reportero escribió un artículo intitulado “Ministerios de la Verdad”, que decía: “La propaganda política disfrazada de información ha desplazado a la información real. Los comunicadores han preferido garantizar la publicación de discursos y acciones de sus obras, críticas o denuncias de sus opositores, por encima de dejar que por su propio peso las ideas ganen sus espacios en los medios. “El temor a que ideas huecas o su falta de credibilidad les impidan competir por espacios periodísticos ha llevado a situaciones lamentables y lastimosas dentro del sistema político mexicano… Una buena parte de los comunicadores… concibe su trabajo y la comunicación social en términos de gacetillas y fotografías pagadas en los diarios, incapaces de comunicar e inhabilitados para informar con veracidad y profesionalismo.

“La cultura que arropa al diseño de la comunicación social no es el de puentear entre gobernantes y gobernados para transmitir mensajes y lograr que se entiendan, sino el de difundir su verdad y su realidad sin importarles que por ocultar o manipular hechos y acontecimientos no necesariamente sobrevivan las pruebas de credibilidad. En el abuso de la propaganda política en la comunicación social se encuentra mucho del agotamiento del discurso oficial… Un lugar común sería el sugerir que aún es tiempo para cambiar, pero eso no se ve en el horizonte próximo. ¿Se podrá algún día revolucionar la comunicación social? Al paso que se marcha, difícilmente”.

En efecto, difícilmente.

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La gangrena de Korenfeld

Raymundo Riva Palacio | Viernes 10 de abril, 2015

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

RENUNCIA DAVID KORENFELD A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

 

 

Se fue David Korenfeld de la dirección de Conagua, pero no cambió nada en el gobierno. Su renuncia no fue resultado de un acto de ética institucional, donde ante una pifia que afecta al gobierno al que representa, se sacrifica para frenar la contaminación en la administración, ni de una gestión moralmente clara del gobierno, donde una violación a la ley, por mínima que sea, es inaceptable. Obedeció a un cálculo político donde se combinó la exigencia en la plaza pública de una señal presidencial que dijera que los abusos no son infinitos, y que el funcionario pertenecía a la categoría de desechables. En este sentido, su salida no habla de una nueva actitud dentro del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, sino de la reafirmación del pragmatismo que lo anima.

Es decir, la historia de nunca acabar. Hasta la semana pasada, de acuerdo con funcionarios federales cuya memoria permite reconstruir lo que sucedió, la instrucción del jefe de Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, era que si el debate sobre el uso de un helicóptero federal para fines particulares amainaba en la prensa, le darían vuelta a la hoja. O sea, la violación a la ley sería tolerada si la ola de opinión pública volteaba a ver hacia otro lado. Una apuesta a la conformidad o la complicidad, por encima de la cultura jurídica que da fortaleza a un gobierno y confianza frente a los gobernados.

El concepto de la confianza no está bien comprendido en Los Pinos, pese a que el presidente Enrique Peña Nieto admitió recientemente en una entrevista que la sociedad mexicana está plagada de incredulidad y desconfianza. Mucha retórica sin asideras a la filosofía política sobre el buen gobierno. Korenfeld rompió la confianza pública mediante el abuso de su posición como director de Conagua. Utilizó un helicóptero de la dependencia para que lo transportaran a él y a su familia al aeropuerto internacional de la ciudad de México donde tomarían un vuelo para sus vacaciones de Semana Santa.

La difusión de la fotografía del momento en que abordan el helicóptero desató el escándalo mediático que esta semana escaló al Congreso. Korenfeld se disculpó y pagó el costo del servicio, con lo que evitó que el uso de la nave fuera, además de una violación al artículo 8 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos –no el 43 como se reportó erróneamente en este espacio el lunes pasado-, peculado. Pero no renunció.

En el mensaje que dio este jueves para anunciar que se iba del cargo, reiteró su disculpa y dijo que “como ser humano (era) susceptible a equivocarse”. Cierto, los errores son humanos, pero su problema es que no fue un error humano lo que cometió sino una violación flagrante de la ley, que establece las normas y los límites, para evitar abusos en el cargo, por lo cual Korenfeld dejó el sabor amargo de que el marco jurídico en el cual debía haberse manejado como funcionario público, no fue la doctrina bajo la cual se regía. Tampoco fueron los criterios de Nuño cuando lo llamó a cuentas la semana pasada para reclamarle, no la violación a la ley, sino el descuido político cometido, según el recuento de los funcionarios federales.

La información disponible de la primer semana del escándalo, es que Korenfeld no habló con el presidente para presentarle su renuncia “desde el inicio”, como lo dijo en su anuncio este jueves, sino con Nuño, a quien tampoco se la dio. El jefe de la Oficina de la Presidencia le subrayó que no era una falta grave, de acuerdo con el mismo artículo 8 citado, y que en función de la reacción mediática, evaluarían su permanencia en el cargo. Los operadores políticos presidenciales pidieron a varios medios bajarlo de sus prioridades editoriales, mientras que el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, corrió a la televisión para declarar –y neutralizar el daño- que lo cometido por Korenfeld era una falta administrativa no grave.

Varios líderes perredistas le hicieron un favor –calculado o inopinado- al gobierno, al usar helicópteros para viajar a Michoacán en el arranque de la campaña política este domingo, con lo que la prensa se dio un festín al señalar sin matices, que no sólo Korenfeld estaba en falta. El tema no se frenó. Aunque pasó a las páginas interiores de los periódicos y en los noticieros de televisión desapareció, creció en los espacios de opinión. Según la medición temática diaria que realiza Parametría en columnas y artículos en los diarios de la ciudad de México, Korenfeld dominó la atención con más de 12% del total de los comentarios. Una concentración de 10% ya es considerado de alto impacto en la opinión pública. Y Korenfeld, lo tuvo sostenido.

Pudieron Korenfeld, Nuño y el presidente mismo –en términos retóricos-, soportar el vendaval mediático y darle tiempo para que otros temas lo opacaron, pero terminó por contaminarse. El martes y el miércoles fue tema de debate en el Congreso, y la falta de Korenfeld se desdobló en versiones de quiénes más en el gabinete peñista, utilizaba recursos públicos con fines particulares. El problema político amenazó con expandirse. El moretón se convirtió en gangrena y para impedir que subiera al cuerpo gubernamental, había que extirparlo, que es lo que sucedió este jueves.

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