Un país polarizado

Raymundo Riva Palacio | Jueves 3 de septiembre, 2015

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

Foto | Presidencia.Gob.Mx
Foto | Presidencia.Gob.Mx

 

 

México es un país cada vez más polarizado, y como nunca antes avanza el desacuerdo sobre la ruta trazada por el Presidente de la República. El momento de tensión que se vivió en 2005 por el intento del presidente Vicente Fox para desaforar al jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, y el conflicto posterior a la elección presidencial en 2006, están muy lejos del estado que se vive en este primer medio de gobierno del mandatario Enrique Peña Nieto. En aquellos conflictos con Fox y Felipe Calderón la tensión se concentraba en acciones específicas con un actor único. Hoy, el desacuerdo es por una visión de país y, sobretodo, por un estilo de gobernar.

 

 

El enrarecimiento social durante la primera mitad del sexenio de Peña Nieto ha ido creciendo. El mejor reflejo es la encuesta trimestral de Buendía&Laredo sobre aprobación presidencial, la única que incluye preguntas intermedias para evitar respuestas en blanco y negro. No sólo frasea si aprueba o no la gestión del presidente, sino que añade la opción “ni aprueba” y “ni desaprueba”. Este matiz no es menor. A través de él se mide la polarización de la sociedad.

 

 

En la serie, Buendía&Laredo tiene tres cruces entre aprobación y desaprobación en febrero, mayo y agosto de 2014. Desde entonces, la tendencia ha sido negativa para el jefe del Ejecutivo. La última encuesta tiene una aprobación de 45% contra 46% de desaprobación; en mayo estaba, respectivamente, 40 contra 53; en febrero 40 contra 53; en noviembre del año pasado, 41 contra 50. Pero las respuestas de “ni aprueba”, “ni desaprueba”, han crecido de manera significativa. Al iniciar el sexenio ese grupo representaba al 14% de los mexicanos. En esta primera parte del gobierno, se redujo a la mitad, 7%.

 

 

Lo que refleja esa tendencia es resultado de un creciente sentimiento de frustración, impotencia, inconformidad, molestia, ira o decepción. Esto aporta luces al bajo nivel de aprobación de Peña Nieto de 35%, que muestra que lo único que tiene en este momento el presidente detrás de él es la coalición de priistas (el voto duro del PRI puede ubicarse entre 28 y 32% de la población) con algunos otros grupos, como podrían ser verdes y aliancistas. El problema del titular del Ejecutivo es que aún dentro de los priistas, el acuerdo de gobierno está cayendo.

 

 

La encuesta muestra que fue entre los priistas en donde más cayó la aprobación presidencial, de 87% en febrero de 2013, a 60% en esta última muestra. Es decir, se redujo 27 puntos entre los suyos, muy superior a la caída en la aprobación entre otros sectores políticos: dos puntos entre panistas, tres puntos entre perredistas, y 10 puntos entre independientes.

 

 

No están claras cuáles serían las razones del descontento priista, o la desilusión entre ellos, pero una variable general variables es por la economía y la percepción de corrupción que los afectó durante la última elección federal, y la reciente fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, que argumentar sobre la percepción de falta de liderazgo presidencial y ausencia de autocrítica del presidente. A ello se le añade la idea de que no toma decisiones ni tiene un rumbo claro de gobierno, que se aprecia al caer Peña Nieto en prácticamente todos sus atributos. En política social, donde reconocen los encuestados un mejor trabajo, cayó 30% en la primera mitad de su administración. Las reformas, que alcanzaron un 40% de aprobación en marzo de 2014, se desplomaron a 18% en un año y medio. La seguridad se mantuvo prácticamente en el mismo nivel de 6% del inicio de su gestión, cuando estaba en 7%. El manejo de la economía, que arrancó con 6%, se encuentra en 4%. La crisis de Ayotzinapa lo tumbó de 10% de aprobación en octubre, a 4%.

 
La falta de autocrítica ha sido insistentemente cuestionado en La República de las Opiniones, por el hecho de no haber incluido en los cambios a sus secretarios de Gobernación y Hacienda, los pilares de su gobierno, responsables de los temas que más lo han hecho tambalear. En su mensaje a la Nación de este miércoles reconoció el mal ánimo en el país, pero como un recuento nada más. Pero sería reduccionista limitar a ello la molestia extendida en el país.

 

 

El mensaje, por lo que sugiere Buendía&Laredo, también contribuyó fuertemente al desgaste. Cuando la encuesta preguntó qué es “lo peor que ha hecho” Peña Nieto, el 11% respondió que las reformas. El eje discursivo presidencial es precisamente el de las reformas y sus beneficios. No hay ningún tema que tenga tanto rechazo como el de las reformas. No le importa insistir en un tema que es crecientemente antipopular, y lo volvió a repetir en su mensaje del miércoles, sin voltear para atrás. Tampoco atajó las angustias. Su retórica cupular no escucha lo que gritan las calles.

 

 

El presidente siempre ha dicho que no gobierna de acuerdo con las encuestas. Pero ignorar el creciente desacuerdo sobre su gestión es una equivocación. Casi 7 de cada 10 mexicanos están en desacuerdo de cómo gobierna, a lo que se añade la toma de posición en su contra: 50% más que hace tres años, entre los que le daban el beneficio de la duda. La polarización no ayuda a nadie, comenzando por él. Mantenerse en la ruta del voy derecho no me quito, al paso que va, terminará sin apoyo, sin fuerza y sin nada más que ofrecer.

 

 

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Twitter: @rivapa
La (des)aprobación de Peña

Raymundo Riva Palacio | Miércoles 2 de septiembre, 2015

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

El presidente Peña Nieto en su mensaje del Segundo Informe en Palacio Nacional (Foto: Presidencia)
El presidente Peña Nieto en Palacio Nacional tras su mensaje por el Segundo Informe  (Foto: Presidencia)

 

 

Tercer año de gobierno. El nivel de aprobación del presidente Carlos Salinas fue de 77%; el de Ernesto Zedillo de 55%; el de Vicente Fox de 58%, y el de Felipe Calderón de 62%. Tercer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, a la mitad del camino. Su nivel de aprobación es de 35%, de acuerdo con la última encuesta de Buendía&Laredo, y sigue cayendo. Empezó a caer tiempo antes que se acentuara la pendiente por las crisis de Ayotzinapa y su casa blanca, pero hoy se encuentran en el nivel más bajo desde el otoño de 2013, cuando propuso la reforma fiscal que recargó la mano al aparato productivo del país y a los contribuyentes. Mal es el momento para el presidente, aunque se trate de disfrazarlo.

 

 

El spin mediático desplegado por el gobierno es la comparación económica, que tienen bien diagnosticado en Los Pinos, es lo que más ha dañado la imagen del presidente. El crecimiento durante la primera parte del gobierno de Peña Nieto fue mayor que el de los presidentes panistas, Vicente Fox (0.3%) y Felipe Calderón (menos 0.1%). Pero, hay matices. Fox vivió el “lunes negro” de las bolsas en Nueva York en 2000, cuando los bonos basura y los derivados provocaron un crack bursátil y retraimiento de la inversión, y aumentó las tarifas de luz en 2002. Calderón vivió la crisis crediticia de 2008 que aceleró la quiebra del gigante Lehman Brothers, que provocó un nuevo crack en los mercados e inició la crisis financiera de la que aún se pagan globalmente las consecuencias.

 

 

Con estas analogías en bruto se trata de esconder lo que es inocultable: la caída en la aprobación presidencial. De acuerdo con la encuesta de Buendía&Laredo, el 57% de los mexicanos desaprueban la gestión del presidente, mientras que el 77% piensa que no tiene las cosas bajo control. Peña Nieto dobla el peor momento que en esta categoría tuvo en 2008 Calderón, quien había sido el presidente peor calificado desde que se hacen sus mediciones hace un cuarto de siglo, cuando casi  el 38% de los mexicanos pensaban que no tenía el control del gobierno.

 

 

Según Ulises Beltrán, uno de los expertos en opinión pública más respetados del país, los mexicanos tienden a ser generosos con sus gobernantes. “Sólo en seis ocasiones en los 18 años que revisamos el porcentaje de personas que no aprueban la manera de gobernar del presidente, es mayor que el de los que expresan una evaluación positiva”, escribió Beltrán recientemente en Nexos, sobre  la aprobación histórica presidencial. Es su análisis apuntó una diferencia de 7% que tuvo el presidente Ernesto Zedillo en 1995 por la crisis del sistema de pagos que provocó un dolorosa devaluación, y ese mismo año de 6%, por el aumento al IVA, la carestía y el desempleo. Ninguno hasta Calderón en 2010 habían vuelto a tener un diferencial tan elevado entre aprobación y desaprobación, y jamás hubo nada parecido a la proporción que marca Peña Nieto actualmente: 22%.
Peña Nieto no ha gobernado en las mejores condiciones. De hecho, son las peores que jamás haya tenido un presidente desde que se hacen las mediciones. De acuerdo con Beltrán, Salinas arrancó su administración con 66% de aprobación, Zedillo con 43% -el tumultuoso año de 1994 con magnicidios, crisis políticas y alzamiento del EZLN cobró su cuota-, Fox con 63% y Calderón con 62% -pese a la agria disputa postelectoral con Andrés Manuel López Obrador-. Peña Nieto inició su gobierno con una “modesta aprobación” de 43%. Su nivel subió nueve puntos en febrero de 2013, dijo Beltrán, cuando la PGR capturó a la maestra Elba Esther Gordillo, que sería, en sus palabras, “el único impulso positivo importante” durante sus dos primeros años de gobierno.

 

“Entre julio y octubre de 2013 la aprobación presidencial perdió 15 puntos al pasar de 51% a 36%, impulsada, primero, por las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y los enfrentamientos de los autollamados anarquistas”, agregó. “Y a partir de septiembre, por la presentación de la iniciativa de reforma fiscal que implicó mayores impuestos para prácticamente todos los consumidores y la gran mayoría de los causantes”.

 

 

De acuerdo con la serie histórica de Parametría, “si bien los actuales niveles de desaprobación de Peña Nieto han sido considerables, de diciembre de 2014 a marzo de 2015 es cuando se presentaron los mínimos históricos de aprobación del presidente y los máximos de desaprobación. En marzo de 2015, el 58% de los mexicanos desaprobaba el trabajo realizado, contra 39% que los aprobaba, según su estudio, aunque un mes antes, en febrero, hubo in evento importante ya que fue capturado Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, capo del Cártel de los Caballeros Templarios”.

 

 

La encuesta de Buendía&Laredo establece nuevos parámetros, similar de altos a los de Parametría en la desaprobación, y cuatro puntos menos en la aprobación, probablemente por la variable de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán el 11 de julio. Uno de los datos más reveladores es que el mayor descenso en aprobación fue entre los priistas. Si pierde el apoyo del núcleo duro de su apoyo político, ¿qué puede esperarse del resto de la población? El presidente Peña Nieto enfrenta este desafío en la segunda parte de su mandato. Pero no es el más preocupante. La polarización es donde se anida el mayor riesgo.

 

 

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa
Alfombra roja para ‘El Chapo’

Raymundo Riva Palacio | Martes 1 de septiembre, 2015

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

Quiénes, fuera del penal del Altiplano, son responsables y culpables por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán el pasado 11 de julio, es la línea de investigación más importante de la PGR para determinar los niveles de complicidad de funcionarios federales. ¿Fueron omisiones? ¿Negligencia? ¿Corrupción? Las autoridades determinarán el grado de responsabilidad de los funcionarios, pero se puede argumentar, sin establecer acusación alguna, que en el área de Inteligencia de la Policía Federal y el CISEN, se encuentran las claves que ayudarán a explicar con mayor claridad porqué fue posible la evasión.

La investigación sobre la fuga se enfocó originalmente en el sector de reclusorios por la sospecha mecánica de corrupción. Se cesó a funcionarios de alto nivel del Sistema Penitenciario Federal, y se detuvo algunas horas a directores del penal del Altiplano. La investigación se expandió a otras áreas por la complejidad con la que se toman las decisiones en del penal y porque la última palabra no dependía de ellos, sino en la Comisión Nacional de Seguridad, en específico, el área de Inteligencia de la Policía Federal, que estaba a cargo de Ramón Pequeño.

Por diseño, las decisiones dentro de los penales de máxima seguridad son colegiadas, y nadie tiene la autoridad absoluta. Las toma un Consejo Técnico que integran el director general del penal, que lo preside, el director jurídico que hace las veces de secretario técnico del Consejo, el director de Seguridad Técnica, el jefe del Departamento de Observación y Clasificación –que clasifica al interno por grado de peligrosidad-, un representante de la Coordinación de los Centros Federales de Readaptación Social y, según los temas a tratar, los jefes de las distintas áreas, como Trabajo Social, Sicología o Pedagogía. Sesionan cada ocho días, pero en situaciones extraordinarias, se reúne tantas veces como se necesite.

Cuando inició el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, una de las primeras decisiones fue regresar a la Secretaría de Gobernación la responsabilidad total de los penales. El Consejo Nacional de Seguridad absorbió el mando absoluto, y todas las decisiones del Consejo Técnico tenían que ser aprobadas por el área de Inteligencia de la Policía Federal. Bajo la administración del primer comisionado, Manuel Mondragón, la clasificación altamente sofisticada que había en los penales de máxima seguridad se borró. Su sucesor, el recién destituido Monte Alejandro Rubido, no lo corrigió.

La clasificación dentro de los penales establecía cómo agrupar a los criminales. El Altiplano tiene ocho módulos. El más sensible es donde se colocan a los autores intelectuales de alto riesgo, que tienen liderazgo y poder económico. Están separados de los autores materiales de alto riesgo, como separan también a aquellos considerados de medio riesgo. Esa dispersión era inexistente cuando reingresó El Chapo Guzmán al Altiplano en febrero de 2014, quien fue ubicado en el módulo 2 de “conductas especiales”, donde habían agrupado a los criminales más peligrosos. Ese módulo era de tránsito para los internos, pero le quitaron la temporalidad en este sexenio.

En julio del año pasado, las autoridades de reclusorios propusieron a la Consejo Nacional de Seguridad que se hiciera una rotación de directores del penal, uno protocolo de seguridad dificultar la corrupción, e impedir que con amenazas de muerte a familiares, como había sucedido en el pasado, los extorsionaran. Pequeño, jefe de Inteligencia de la Policía Federal, se negó y Rubido lo respaldó. Dijo que no había necesidad. Un mes después, en agosto, se propuso cambiar de celda a El Chapo Guzmán.

La propuesta era trasladarlo a una estancia especial a donde llevan a los internos que tienen infecciones contagiosas. El área a la que propusieron las autoridades carcelarias moverlo, estaba sin internos y permitía que estuviera absolutamente solo en toda esa zona. Pequeño volvió a negarse y Rubido de nueva cuenta lo apoyó. La respuesta de Pequeño, y en particular de su segundo de a bordo en el tema de reclusorios, David Silva, fue acusatoria. Cuestionó a las autoridades penitenciarias de porqué lo querían llevar a una zona más cerca de la puerta de salida. El argumento carecía de razón. Aunque geográficamente esa estancia está más cerca de los locutorios y las zonas de visitas íntimas que el módulo 2, en donde estaba El Chapo Guzmán, las medidas de seguridad son exactamente las mismas que en el resto de los pabellones. No, fue le respuesta reiterada.

En marzo de este año, llegó una nueva propuesta a la Comisión Nacional de Seguridad: trasladar a Guzmán al nuevo penal de máxima seguridad en Guanajuato, inaugurado en octubre de 2012. Ese penal, argumentaron, tenía poca población y podía ser ubicado en un módulo solo. Pequeño volvió a decir que no y Rubido sostuvo esa decisión. Silva alegó que lo querían tener “cerca” para vigilarlo. Cuatro meses después se fugó.

La dinámica de tensión que se dio durante las administraciones de Mondragón y Rubido entre el Consejo Nacional de Seguridad y el Sistema Penitenciario Federal, expone lo entreverado de su relación y demuestra que nada que haya sucedido en el interior del Altiplano pudo hacerse sin conocimiento u omisiones en el exterior de la cárcel, en el mejor de los casos, o colusión y corrupción en el peor de ellos. Esta red es lo que están armando las autoridades federales para saber hasta dónde llega la complicidad que propició la fuga de El Chapo Guzmán. La promesa se mantiene: caerá quien tenga que caer.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa

‘El Chapo’ y el elefante en la sala

Raymundo Riva Palacio | Lunes 31 de agosto, 2015

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

Cuarenta y siete días sobrevivió Monte Alejandro Rubido como comisionado nacional de Seguridad. El jueves pasado, como consecuencia directa de su responsabilidad en la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, fue destituido y relevado por el exzar antisecuestros, Renato Sales. Sucedió también cuatro días después de que declarara en calidad de testigo en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Su comparecencia ha sido mantenida en secreto, pero su cese muestra al fin que las líneas de investigación por la evasión del criminal más prominente del mundo, se enfoca en los que hasta este lunes, habían estado blindados los aparatos de inteligencia civil.

 
 

La salida de Rubido no va a ser la única. Fuentes federales anticipan que vendrán más sustituciones en breve. Una que tiene que definirse es la de Ramón Pequeño, quien era el jefe de Inteligencia de la Policía Federal, y responsable directo de la seguridad en el Sistema Penitenciario Nacional, quien pese a ser transferido por Rubido a la Policía Cibernética para protegerlo después de la fuga de El Chapo, nunca asumió el cargo y se encuentra en el limbo administrativo. Pequeño estaba bajo las órdenes de Enrique Galindo, comisionado de la Policía Federal, pero no le reportaba a él sino a Rubido, su viejo compañero del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Pequeño también fue a declarar a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) el martes pasado, en calidad de testigo. Falta aún que se presente a declarar el director del CISEN, Eugenio Imaz, corresponsable político, como Rubido, de la evasión de Guzmán.
 
 
Los aparatos de inteligencia eran el elefante en la sala de la evasión del 11 de julio del penal de máxima seguridad del Altiplano. La línea de investigación sobre ellos se suma a la que se lleva dentro de la búsqueda de responsables y culpables en el sistema penitenciario. La procuradora general Arely Gómez deslizó las dos vertientes la semana pasada durante su participación en la reunión plenaria de senadores del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde, al revelar que la investigación tiene dos vertientes, la relacionada con los hechos ocurridos en el interior del penal, y la que se centra en lo ocurrido en el exterior del penal. Lo que omitió la procuradora, es que las dos están intrínsecamente vinculadas.

 
 

El punto de partida de cómo se entreveraron, fue la llegada de Manuel Mondragón como comisionado nacional de Seguridad del gobierno entrante del presidente Enrique Peña Nieto. Mondragón modificó procedimientos, métodos, eliminó la autonomía de los policías custodios con los policías federales e incorporó como autoridad suprema en materia de vigilancia en los penales de máxima seguridad al área de Inteligencia de la Policía Federal. Cuando lo sustituyó Rubido el 25 de marzo del año pasado, no se dio un giro al relajamiento de los sistemas y procesos.
 
 
Una de las características perniciosas que instaló Mondragón y continuó Rubido, fue cortar la comunicación que desde que se inició el nuevo sistema de penales de máxima seguridad hace casi 25 años, el CISEN primero y la Secretaría de Seguridad Pública después -que realizaban contrainteligencia en las cárceles a través de escuchas-, aportaban sistemáticamente a los comisionados de reclusorios de todo aquello que significara riesgos. De esa forma, por ejemplo, información de inteligencia que les dieron frustró fugas como las del jefe del Cártel del Golfo y Los Zetas, Osiel Cárdenas, y del secuestrador más famoso por su crueldad, Daniel Arizmendi, apodado El Mochaorejas. A partir de sus administraciones, el área de Inteligencia de la Policía Federal, que tenía un módulo de video vigilancia dentro del Altiplano, dejó de aportar información a los coordinadores de reclusorios.

 
 

Hasta antes de ser recapturado El Chapo Guzmán en febrero del año pasado, el área de Inteligencia de la Policía Federal tenía a 36 elementos en una oficina de video monitoreo dentro del penal –Mondragón eliminó la vigilancia espejo desde el búnker en la Comisión Nacional de Seguridad-, que operaban en turnos de 12. Cuando reingresó el criminal, el CISEN instaló una pequeña oficina dentro del Altiplano para monitorear permanentemente la celda del criminal. De esa manera, un agente federal y dos miembros del CISEN, estaban viendo ininterrumpidamente la celda de Guzmán. Su trabajo era detectar cualquier movimiento irregular del interno, que motivara una supervisión física preventiva.

 
 

La noche del 11 de julio en que se escapó Guzmán de su celda, casi a las nueve de la noche, estaba vestido y caminaba de un lado a otro, como se pudo apreciar en el video difundido por las autoridades. Varias veces se acercó a la regadera que tenía una visión parcial y en más de una ocasión, incluso, se agachó. En un momento se calzó sus tenis y regresó a la regadera. Se hincó y desapareció. Al dar a conocer ese video, Rubido afirmó que hasta el momento en que se fugó, su comportamiento era el “cotidiano y normal de un interno que pasa largas horas dentro de su celda”. El comportamiento no era normal. A esa hora suelen estar acostados o dormidos y El Chapo, gracias a todos los amparos que ganó, pasaba la mayor parte de su tiempo en los locutorios con sus abogados.

 
 

Quienes monitoreaban a Guzmán esa noche están detenidos. Personal del área de seguridad del Altiplano también. Esta es la parte de la investigación interna que mencionó la procuradora Gómez. La externa se va construyendo. Los nexos entre ambas, serán abordados en otro texto.

 
 

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Twitter: @rivapa
Murió la ‘presidencia tripartita’

Raymundo Riva Palacio | Viernes 28 de agosto, 2015

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

Foto | Proceso/Miguel Dimayuga
Foto | Proceso/Miguel Dimayuga

 

 
El presidente Enrique Peña Nieto partió el primer cambio estratégico de gabinete en dos partes. Este jueves hizo el primero para oxigenar a su gobierno, eliminar la concentración de poder, tensión y presiones sobre los secretarios de Gobernación y Hacienda, y construir una nueva ecuación en la fase previa a la recta final de la sucesión presidencial en 2018. El diseño de concentración de poder en Miguel Ángel Osorio Chong y Luis Videgaray llegó a su fin, y la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán y el deterioro económico, que redujeron drásticamente los márgenes de negociación política de Peña Nieto, lo tenía colocado en el umbral de quedarse sin opciones para la candidatura presidencial.

 

 

Las inclusiones al gabinete son importantes. La más relevante en términos de la modificación radical en el diseño sobre el cual se manejó la Presidencia durante el primer medio de la administración, y por el poder acumulado y la cercanía e infuencia, es la de Aurelio Nuño, quien dejó la Oficina de la Presidencia para relevar a Emilio Chuayffet como secretario de Educación. Esa cartera iba a ser, por diseño, de dos tiempos. El primero sería negociar y consolidar la Reforma Educativa, que es fundamentalmente administrativa, y la recomposición del poder frente al sindicato magisterial. El segundo, el gran trazo transexenal de lo que debe ser la educación en México.

 

 

Chuayffet jugó durante gran parte de la administración como una figura decorativa. La arquitectura de la Reforma Educativa fue hecha durante el periodo de transición en la oficina de Nuño, donde el redactor de los aspectos claves para el retorno al gobierno de la rectoría de la educación, fue Enrique Ochoa, actual director de la Comisión Federal de Electricidad. Durante la primera parte del sexenio, Chuayffet y el secretario de Educación en la práctica política cotidiana, Luis Miranda, subsecretario de Gobernación, acordaban con Nuño en Los Pinos, quien dictaba los tiempos y las fases de la reforma.

 

 
Pero lo que parecía ser la única jugada de ajedrez del presidente en el apalancamiento de sus piezas para 2018, resultó ser secundaria ante la mayor sorpresa en los cambios en el gabinete: José Antonio Meade dejó la cancillería a Claudia Ruiz Massieu, y brincó a la Secretaría más generosa, constructora de dos candidaturas presidenciales (Luis Donaldo Colosio y Josefina Vázquez Mota), la de Desarrollo Social. Peña Nieto regresó al origen tecnócrata la política social, en el esquema del expresidente Ernesto Zedillo, cuando responsabilizó al subsecretario de Egresos de Hacienda, Santiago Levy, del rediseño de los programas sociales, la base de los actuales, y del expresidente Felipe Calderón, que de la Subsecretaría de Egresos, llevó a Ernesto Cordero a Desarrollo Social.

 

 
De todos los miembros del gabinete de Peña Nieto, Meade es quien mayor experiencia tiene en cargos de alto nivel en el servicio público. En el primer diseño del equipo de Peña Nieto, Meade estaba perfilado originalmente para la jefatura de Oficina, pero cuando Eduardo Medina Mora sugirió que prefería ser embajador en Washington que canciller, fue nombrado secretario de Relaciones Exteriores. La promoción de Meade mueve drásticamente la ecuación sucesoria, pues no sólo abrió Peña Nieto los espacios para nuevos cuadros, como la designación de Nuño o la inclusión del exgobernador de Querétaro, José Calzada, en Agricultura, sino que colocó al único economista a quien el secretario de Hacienda tiene respeto y escucha, a competir contra él en condiciones inequitativas. Por razones de sus responsabilidades, Videgaray es el secretario malo, mientras que Meade, será el secretario bueno. Uno quita, el otro da.

 

 
Pero sería un error ver en la llegada de Meade el descarte de su viejo amigo y compañero de viajes políticos, Videgaray. Igualmente sería equivocado trazar linealmente el arribo de Nuño y Calzada, junto con el excanciller, como un desplazamiento de Osorio Chong. Paradójicamente, la inclusión de tres figuras con la cercanía y confianza de Peña Nieto para jugar en la sucesión de 2018, son un alivio para los secretarios de Gobernación y Hacienda.

 

 

No se puede olvidar que para que alguno de los hombres (o mujeres) del presidente lleguen con una salud política robusta a 2018, tienen que pasar primero por lo que resta de 2015, el 2016 y el 2017. Aunque parece una obviedad, muchas veces se olvida. Al abrir la mano de cartas de aquellos a quienes hoy ve como potenciales aspirantes a la candidatura, Peña Nieto apuntaló su todavía dos principales cuadros en el gabinete, a quienes les reduce las presiones, y facilita que se repartan entre varios los golpes naturales de las escaramuzas políticas que hoy estaban concentrados en Osorio Chong y Videgaray. Serán, por ahora, un total de cinco.

 

 
Las personas son importantes por la intencionalidad de la nueva alineación en el gabinete. Pero no es lo único. Al hacer los nombramientos, el presidente dijo que había decidido hacer los cambios para hacer frente a las nuevas circunstancias y desafíos que enfrenta el país. Es decir, el modelo de presidencia tripartita llegó a su fin. Este un importante golpe de timón porque cambia el diseño excluyente de su Presidencia. Para el segundo medio, Peña Nieto deberá mostrar que ha recuperado la confianza de los primeros meses en Los Pinos, y que su equipo íntimo tendrá que aprender a trabajar de manera más abierta y entre pares, como debió haber sido desde un principio, si quieren seguir vigentes para 2018.

 

 

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa

La verdad de Tanhuato

Raymundo Riva Palacio | Jueves 27 de agosto, 2015

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

 

Desde hace tres semanas hay un debate en la arena pública sobre si en el enfrentamiento en Tanhuato el 23 de mayo donde murieron 42 presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, se les dio un tiro de gracia. Esta afirmación, hecha por Carlos Loret en su columna en El Universal, llevó a las autoridades a revivir un episodio que querían olvidar y a reiterar lo que desde el principio Enrique Galindo, comisionado de la Policía Federal, ha asegurado: no hubo ninguna ejecución. Loret ha sostenido su información y las autoridades federales y estatales han trastabillado. La verdad de Tanhuato, es peor de lo que se ha reconocido.

 

 

Los peritajes no mencionan tiros de gracia, pero no hay nada que desmienta el espíritu de la acusación de Loret. En Tanhuato hubo una matanza. Más aún, la Policía Federal quiso cubrir el abuso y exceso de su fuerza mediante la alteración de pruebas, el ocultamiento de evidencia y sembrar armas a los presuntos delincuentes, de acuerdo con una investigación de María Idalia Gómez en el portal Eje Central, donde afirma que al menos tres de los abatidos sí tienen disparos en la cabeza. Lo saben el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido y lo sabe Galindo. Si lo desconocen sus jefes, las pruebas están en dos paquetes de fotografías que tomaron los federales y que por error –dado el grado de incriminación-, distribuyeron a los medios.

 

 

Tanhuato es un municipio en Michoacán donde está el rancho “El Sol”, en donde se dio el enfrentamiento. Colinda con Tinaja de Vargas, una comunidad de menos de 700 pobladores donde la mayoría de ellos pertenecen a familias de sicarios. “El Sol” figura en los anales de la lucha contra el crimen organizado desde 2005, cuando fuerzas federales desmantelaron una base de operaciones que tenían Los Zetas en Michoacán. Aquél 23 de mayo un convoy de ocho unidades con 41 policías federales realizó un operativo en busca de Nemesio Oseguera, El Mencho, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, que de acuerdo con fotografías en poder de la PGR, se encontraba en ese rancho.

 

 

Cuando pasaron por Tinaja de Vargas, los federales comenzaron la persecución de un vehículo donde notaron armas largas. Tres minutos después llegaron al rancho donde empezó el enfrentamiento, que empezó en la zona boscosa de la propiedad, donde un federal cayó muerto el perforarle una bala de AK-47 el chaleco antibalas. El primer choque duró aproximadamente una hora. Unidades de la Policía Federal que se desplazaron desde Morelia, a unas dos horas y media de Tanhuato, arribaron a el rancho, al igual que un helicóptero artillado BlackHawk, que fue atacado desde tierra con fusiles de asalto y un fusil de alta potencia, el Barrett M82, que no lo impactó.

 

 

Fuera del policía federal que murió en los primeros minutos del enfrentamiento, ninguno otro cayó muerto o herido. Rubido aseguró que todos los abatidos dieron positivo en las pruebas de radizonato y sodio y Walker, que probaba que habían disparado armas de fuego. Nunca explicó el porqué, según su propia numeralia, hubo más presuntos criminales con rastros de pólvora, que armas en sus manos.

 

 

Rubido y Galindo siempre defendieron el operativo del 23 de mayo. Sin embargo, desde un principio hubo dudas sobre la verdad oficial. Las sospechas tienen que ver con lo que se llama el índice de letalidad. En ese sentido los federales violaron el código de conducta y el documento de los Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Las evidencias apuntan al aniquilamiento. 

 

 

El índice de letalidad de la Policía Federal establece un policía muerto por 1.4 agresores; en Tanhuato fue un policía muerto por 42 agresores abatidos. El excesivo uso de la fuerza debe ser una excepción, y cuando no se aplican los protocolos, son consideradas ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, según los principios y estándares del Derecho Internacional, de donde se puede desprender una responsabilidad directa hacia el Estado.

 

 

Lo que sucedió en el rancho “El Sol” tiene dos versiones oficiales. La retórica, dicha por Rubido y Galindo, y la gráfica, que muestran las fotografías. Hay dos paquetes distribuidos por la Policía Federal que revelan lo que hicieron en Tanhuato. Las primeras fotografías que se distribuyeron muestran cuerpos regados por todo el rancho, algunos en ropa interior y sin zapatos, donde no abundan las armas. En el segundo paquete aparecen los mismos cuerpos pero con armas que no estaban previamente en sus manos. Entre las armas que aparecieron figura una Barrett M82.

 

 

Cómo llegaron las armas a los muertos no es un misterio. Fueron plantadas. Las fotografías fueron captadas por policías federales una vez que habían tomado el control del rancho y abatido a todos los presuntos criminales. El Ejército, que participó como apoyo perimetral, nunca entró al rancho. De acuerdo con el procurador de Michoacán, Martín Godoy, hay algunos cuerpos que tienen disparos a escasos tres metros de distancia. Eso podrá no ser un tiro de gracia, como denunció Loret, pero para efectos prácticos lo mismo.

 

 

Los ejecutaron a corta distancia y, en algunos casos, sin que estuvieran armados. Sembrarles armas y alterar la evidencia es un delito, al que se le debe sumar la ejecución extrajudicial en la que incurrieron al violar reglas, normas y protocolos. Los federales no son inocentes en Tanhuato, ni actuaron conforme a ley, aunque sus jefes digan los contrario.

 

 
rrivapalacio@ejecentral.com.mx

 

twitter: @rivapa
El Príncipe de Los Pinos

Raymundo Riva Palacio | Miércoles 26 de agosto, 2015

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

aurelio_nuno

 

 

Confiaba el presidente hace pocas semanas a sus cercanos que no sentía que Aurelio Nuño estuviera listo para salir a la calle y sin su manto protector jugar en la política con sus propios recursos. Aún así, Enrique Peña Nieto sí consideró que su asesor de cabecera, dueño de su oído y a quien más caso le hace –por ejemplo, el no intervenir por semanas en el crimen de los normalistas de Ayotzinapa, meter a los familiares de los jóvenes desaparecidos y a dos jefes del EPR a Los Pinos, hacer que la Primera Dama se defendiera en YouTube por las imputaciones de la casa blanca, apoyar la reforma fiscal del PRD y no acortar la visita de Estado a Francia tras la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán-, podía ser quien presidiera el PRI. Confianza plena para quien fue uno de los negociadores  en las negociaciones del Pacto por México, y la persona con la que el dirigente priista saliente, César Camacho, acordaba en la Presidencia.

 

 

Peña Nieto le había tejido el traje durante una reunión con el PRI el 26 de julio. El nuevo líder, le dijo a las cúpulas del PRI, deberá ser alguien que dialogue con los segmentos de la población más informados e independientes –identificados entre los 18 y 35 años-, con capacidad de ser interlocutor con los universitarios y saber del manejo de redes sociales. En Los Pinos lo veían como la única persona que “proyecta una imagen joven, (la) del nuevo PRI”. El que Nuño no cumpliera con el requisito de militancia partidista exigido en los estatutos, era irrelevante. Si el rey priista lo quería, dirigente sería. El 4 de agosto lo destapó Camacho. “Es del PRI, tiene militancia, y se pondera y se presume”, dijo. Horas después, se daba el  cambio de decisión. El presidente le dijo a Beltrones que él sería líder del PRI y al día siguiente, a través de los voceros oficiosos, se socializó el dedazo.
 

 

¿Qué hizo cambiar de opinión al presidente? No se puede alegar que fue la fuga de El Chapo Guzmán, pues aún después de ella estaba Nuño en su cabeza. ¿Los crecientes niveles de desaprobación de su gestión fueron la razón?  Siguen en picada, con todos sus atributos a la baja y una pérdida de confianza acentuada entre las élites del país. En cualquier caso, sacrificó a Nuño para tomar aire con Beltrones. El jefe de la Oficina de la Presidencia quiso recortar sus pérdidas. A través de columnas políticas amigas, envió el mensaje que él siempre quiso a Beltrones –lo que es falso-, y que tanto había ganado el sonorense como él. Nuño reflejó debilidad y preocupación por la contundente derrota de sus aspiraciones.

 

 

Pero el presidente ya había dado señales que estaba dispuesto a utilizar fuera de Los Pinos a Nuño, cuya meteórica carrera lo llevó en escasos tres años a ser de asesor secundario a uno de los hombres más poderosos del gobierno. En lo que va del sexenio, Nuño se ha convertido en el príncipe en Los Pinos, entendido no como en el tratado de ciencia política de Maquiavelo El príncipe, sino como parte de la aristocracia priista gobernante donde, si fuera una monarquía formal, sería el heredero del poder. No es el caso, pero es el contexto.

 

 

El presidente Peña Nieto está listo para hacer el primer ajuste programado de su equipo de gobierno, pero todas las señales son que sus dos pilares, los secretarios de Gobernación y Hacienda, permanecerán en sus puestos. Por diseño, las dos figuras serían sus candidatos naturales a sucederlo en 2018, pero las condiciones de la economía mexicana, la reforma fiscal, las externalidades financieras y el maltrato del secretario Luis Videgaray a las fuerzas productivas del país, lo colocan en una situación donde remontar la suma de factores negativos se antoja, en este momento, sumamente difícil. En también el caso del secretario Miguel Ángel Osorio Chong, donde la fuga de El Chapo Guzmán evidenció la debacle de la política de seguridad, que él asumió como su responsabilidad, y le infligió una herida que no se ve cómo curarla. Sin sus dos precandidatos con plena salud política, Peña Nieto tiene que abrir su abanico de posibilidades para la sucesión presidencial, porque está en riesgo de quedar mutilado.

 

 

Del trío que componen la presidencia tripartida con la que gobierna, el único que está en condiciones de darle una bocanada de oxígeno es Nuño. Pero no desde la jefatura de la Oficina de la Presidencia, sino en el gabinete. Peña Nieto está casi obligado, en términos estratégicos, a moverlo hacia esa posición y desde ahí construir una candidatura alterna, si no logra rescatar a ninguno de sus dos secretarios. Posiciones para él existen. No Educación Pública, uno puede suponer, porque ningún aspirante a la Presidencia podrá llevar a puerto firme la Reforma Educativa. No a Gobernación, salvo que el presidente terminara de liquidar a Osorio Chong. ¿Alguna otra más con la exposición necesaria?

 

 

La Secretaría de Desarrollo Social, generosa, noble y constructora de dos candidaturas presidenciales, es una posibilidad. Cuando menos es lo que mandó decir Nuño a través de una columna política que refleja siempre su pensamiento, Rozones, que lo publicó hace unos días. Suena bien como alternativa para el presidente. Ya se verá si las conjeturas se vuelven realidad y si el presidente, otra vez, lo escuchó.

 

 

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa

Cambio de gabinete, sin cambio

Raymundo Riva Palacio | Martes 25 de agosto, 2015

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

Foto | Presidencia.Com.Mx
Foto | Presidencia.Com.Mx

 

 

El 15 de mayo en la ceremonia del Día del Maestro, el presidente Enrique Peña Nieto notó que todos los subsecretarios de Educación eran nuevos. A mí no me gusta cambiar, le dijo el presidente al secretario Emilio Chuayffet. Su aversión a los cambios es conocida desde el Estado de México, y explica porqué pese a los problemas de imagen y las deficiencias de algunos de sus colaboradores, ha mantenido el mismo equipo desde el arranque de la administración. Pensaba hacer un primer ajuste pasadas las elecciones, y el jefe de Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, revisó todo este tiempo los perfiles de los posibles nuevos integrantes del gabinete.

 

 

El nuevo equipo respondería a la previsión en Los Pinos de ganar la mayoría en el Congreso. Aunque eso sucedió y los resultados fueron un revés para el Partido Revolucionario Institucional –perdieron 2 millones de votos en la peor elección intermedia de su historia, y dejaron de gobernar a 10 millones de mexicanos-, Nuño le dijo a Peña Nieto que había sido una referéndum de sus reformas. El presidente lo creyó. Los planes, sin embargo, se alteraron por las derrotas en Querétaro y Nuevo León, que provocaron que la embajada de México en Washington saliera de la ecuación electoral y se adelantara el nombramiento.

 

 

Una nueva externalidad modificó aún más los planes originales: la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. La evasión del criminal golpeó el corazón del gabinete. El escape aceleró la especulación de los cambios en el gobierno y despertó la imaginación de muchos, incluso en el entorno cercano del presidente. Uno de ellos le preguntó al presidente a quién pensaba nombrar al frente de la Secretaría de Gobernación. El mandatario, de acuerdo con quienes conocen de ese diálogo, respondió que quién decía que iba a cambiar a Miguel Ángel Osorio Chong. El secretario de Gobernación, les quedó claro en ese momento, no sería relevado del cargo. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, lo sabían mucho antes, tampoco. La pregunta que se hacen en los pasillos de poder es que si los cambios que piensan se darán a conocer esta semana, no toca a los dos pilares del titular del Ejecutivo, ¿para qué entonces cambiar?

 

 

Un cambio de gabinete se da por varias razones, pero en todos los casos es para fortalecer al presidente. Puede ser como un ajuste por razones electorales –como hizo Peña Nieto cuando era gobernador en el Estado de México-, por agotamiento del equipo –que en un sexenio como el mexicano se da cada dos o tres años-, por necesidades estratégicas –como preparar la sucesión presidencial, a dos años de la elección, aproximadamente-, o porque las cosas no han funcionado. Si estas fueran las categorías, en el último rubro podrían entrar Osorio Chong y Videgaray.

 

 

La seguridad no funcionó. La fuga de El Chapo Guzmán evidenció el colapso de la política de seguridad y prevención, luego de que habían prometido acabar con la violencia en los primeros 100 días de gobierno, restablecer la paz y la normalidad. La economía se atoró con la reforma fiscal y la contención del gasto público, a lo que se sumó la guerra de los petroprecios, las tasas de interés en Estados Unidos y la desaceleración de la economía china, que han ensombrecido aún más el futuro mediato.

 

 

Las condiciones exigen un cambio en esos dos cargos para oxigenar al gobierno y darle nuevos espacios al presidente en la segunda parte de su gobierno. Sin embargo, eso no va a suceder porque el presidente, por diseño de origen, cimentó en esos dos pilares su administración. Osorio Chong y Videgaray funcionan como los vicepresidentes españoles, uno político y otro económico. La proclividad de Peña Nieto a delegar responsabilidades lo convirtió no sólo en un rehén de ellos, sino de su jefe de Oficina, Nuño, quien tiene su oído. Deshacerse de Osorio Chong y Videgaray metería al presidente, además, en un problema táctico, al deshacerse de los que hasta representan sus dos cartas más públicas para sucederlo en Los Pinos. El presidente no puede prescindir de ellos hasta que sienta que son fusibles quemados o construya opciones para 2018.

 

 

Cambiarlos en el próximo ajuste de gobierno, no parece estar en su ánimo. Si uno observa sus discursos y las acciones presidenciales, podría uno argumentar que debe creer en lo general que las cosas van por buen camino, y que el tropiezo de El Chapo y la consecuente caída en la aprobación de su gestión, se atajan con la designación de Manlio Fabio Beltrones al frente del PRI. Como el presidente no lee la prensa, la información que recibe se la dan Nuño, Videgaray y Osorio Chong. La información con la que toma decisiones proviene de ellos tres, que le dicen lo que quieren que oiga y diga.

 

 

Quienes critican, lo ha dicho el presidente –que repite el discurso de Nuño-, pertenecen a los grupos que vieron afectados sus intereses, o son parte de la gradería de la República de las Opiniones. Por tanto, lo que piensen, no es tomado en cuenta para las decisiones. Bajo esa línea de argumentación, si las cosas son como murmuran en los pasillos del poder, esta semana habrá el primer ajuste en el gobierno, pero Osorio Chong y Videgaray se quedarán en sus cargos. El destino de Nuño es el misterio del paquete, del que se hablará en otro texto.

 

 

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa

Mienten: sí hay conflicto de interés

Raymundo Riva Palacio | Lunes 24 de agosto, 2015

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

EPN_virgilio

 

 

El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, hizo el viernes pasado lo que se sabía hace meses haría: exoneró al presidente Enrique Peña Nieto y al secretario de Hacienda, Luis Videgaray –su gran amigo-, de cualquier ilegalidad derivada por haber realizar operaciones inmobiliarias a través de un constructor amigo ganó millonarias licitaciones en el estado de México y a nivel federal, y dijo que no habían incurrido en un conflicto de interés. El tinglado político incluyó las disculpas de Peña Nieto y de Videgaray, por haber generado la duda en la opinión pública sobre la integridad de su gobierno. Para ellos, el asunto está cerrado. Para muchos otros, es una burla.

 

 

Andrade investigó si como consecuencia que el Grupo Higa hiciera operaciones inmobiliarias que beneficiaron al presidente –porque el que la compra de la llamada casa blanca la haya realizado su esposa, no lo exime de responsabilidad – y al secretario de Hacienda, se le había otorgado obra pública de manera irregular. Para nada, dijo, todo se apegó a la ley. En este espacio se ha mencionado reiteradamente a lo largo de los años –porque el fenómeno no es nuevo-, que no se necesita incurrir en una ilegalidad o aprovechar su puesto para beneficio personal, para entrar en un conflicto de interés.

 

 

En la mayoría de los casos es un tema de percepciones que en otros países se ataja para que no se conviertan en realidad o sean motivo de ataques. En países maduros, quienes llegan a una posición pública venden sus acciones o las colocan en un fideicomiso, se retiran de consejos de administración y dan a conocer sus activos. La mejor forma de manejar un conflicto de interés, evitar ser acusado de ello, y lastimar a la institución para la que se trabaja, es no tenerlo. En México ni siquiera es una obligación dar a conocer las declaraciones patrimoniales, y cuando en términos demagógicos las divulgan, son documentos parciales que no sirven de fotografía para medir a futuro su integridad.

 

 

Un conflicto de interés, se ha repetido en este espacio, no requiere de un acto ilegal o ilegítimo. Basta que exista la percepción para que se genere la sospecha y la falta de credibilidad. El presidente Peña Nieto ha tocado el tema desde el punto de vista de las percepciones, aunque por sus acciones, confunde ilegalidad con ilegitimidad. En un mensaje a la nación el 3 de febrero pasado, cuando ordenó la investigación sobre él y el secretario de Hacienda, dijo:

 

 

“La corrupción en México… es un problema estructural, que entre todos debemos enfrentar. Y a pesar de los esfuerzos emprendidos en las últimas décadas, la percepción sobre este problema no ha mejorado en nuestro país. De acuerdo con los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción de 2014… México obtuvo una calificación de apenas 35 en una escala de 0 a 100. Es prácticamente la misma calificación que ha tenido durante las últimas dos décadas… No hay excusa para dejar de tomar acciones decididas”.

 

 

El informe final de Andrade y las disculpas del presidente y su secretario de Hacienda, contradijo su promesa. De lo ilegítimo, ni una línea, ni una explicación, ni una solución. Los resultados de la investigación, hay que señalar, no son sorpresa. El 5 de febrero se informó en este espacio lo que iba a suceder el viernes pasado. Era muy simple. Si Andrade se ajustaba a la ley, no encontraría delito qué perseguir porque el conflicto de interés no se aplica a ninguno de los tres involucrados, de acuerdo con lo que establece el título IV del artículo 110 constitucional. La primera dama, porque no es servidora pública; el presidente, porque el único delito aplicable a él es el de traición a la Patria; y Videgaray, porque cuando hizo la compra de su casa de campo, no ocupaba ningún cargo público. Andrade no encontró que en 33 contratos, su relación hubiera inclinado licitaciones hacia Higa.

 

 

Pero la ilegitimidad es intangible. Los empresarios muy cercanos a un presidente tienen derecho de picaporte en todas las oficinas de gobierno. Las veces que terminen esas visitas en negocios, es imposible ligarlas legalmente al presidente. Pero cuando Rodrigo Medina, gobernador de Nuevo León, dijo una vez en Los Pinos que la forma de mantener la gubernatura pasaba por la cancelación de la obra hidráulica Monterrey VI, cuya licitación ganó el Grupo Higa, y el proyecto siguió ¿fue porque se trataba de la obra del compadre presidencial? Pero cuando la obra del tren rápido México-Querétaro, cuya licitación fue ganada por Higa, se canceló abruptamente por el presidente porque el proceso había sido irregular,  ¿se paró porque el compadre presidencial así lo dispuso? Tampoco se sabe. Se puede alegar que hubo un trato de dos caras con Higa, que no reflejó Andrade.

 

 

Legalidad y legitimidad no son lo mismo, como lo plantea al presidente Peña Nieto. El reporte de Andrade y las disculpas ofrecidas fueron una oportunidad perdida. Qué sano hubiera sido que se propusiera una ley o regulación que acotara la ilegitimidad del conflicto de interés. Colocar parámetros objetivos a fenómenos subjetivos es difícil y requiere creatividad legal. Pero la grandeza de miras, lo hemos visto en el último año, se le acabó a este gobierno. Se fueron por lo fácil en este caso, pero el problema del conflicto de interés no se resolvió. Tampoco desaparecerá la percepción de corrupción.

 

 

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

@rivapa

Elba: no soy soberbia

Raymundo Riva Palacio | Viernes 21 de agosto, 2015

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

elbaesthergordillo

 

 

Elba Esther Gordillo decidió cerrar sus intervenciones públicas, de sí escasas, con una carta que envió a este espacio para refutar la columna titulada La soberbia de la maestra, donde se señaló que desde la cárcel de Tepepan en la ciudad de México, donde está presa, había lanzado una amenaza innecesaria al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto al señalar durante una charla con el periodista Ciro Gómez Leyva, que parecía que la querían forzar a romper el silencio institucional. Esa frase causó suspicacia, pero ella aclara: “No he lanzado amenazas. No está en mi agenda personal”. Romper ese silencio, sin embargo, no iba a afectar a nadie más que al presidente.

 

 

La maestra tenía una cálida relación con Peña Nieto antes de ser presidente, como antes la tuvo con otros en el poder. Gordillo es una caja de secretos políticos y electorales que ha atesorado a lo largo de cinco sexenios que, de darlos a conocer, podrían provocar incluso el colapso del sistema. Pero por lo que ahora toca, escribió, “puedo asegurarle que no he hecho ningún acuerdo alguno con el gobierno el presidente Peña Nieto para guardar silencio o cosa que se le parezca”.

 

 

No hay omertá, dice sin decirlo en la carta que autorizó a publicarla. “Ha sido mi posición la de desligarme de todo lo relacionado con la vida política nacional, como una postura personal, responsable, institucional y a mi juicio correcta”. Entonces, a contra sensu de lo reproducido por Gómez Leyva de su conversación con la maestra el viernes pasado en la cárcel, ¿nada? No hay amenaza alguna, subrayó. “Este tiempo me ha permitido hacer maduras reflexiones que no se ven alimentadas por sed de venganza”, dijo. Pero, “es cierto que otros, ajenos al gobierno del presidente Peña y que bien sabe quiénes son, parecen querer forzarme con sus acciones a salir de un silencio institucional que he mantenido, mientras antes decían caminar a mi lado sin condición. A ellos me referí y hoy se lo reitero a usted”.

 

 

¿Quiénes son esas personas ajenas al gobierno? La maestra lo dejó en el aire. ¿Quiénes pudieran ser? Por el perfil que esbozó de aquellos que estuvieron cerca de ella y hoy ya no, parece dibujar al líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz. La pregunta que se podría haberle hecho como réplica, de haberse tenido la oportunidad, es cómo desde fuera de las instituciones de gobierno o del Poder Judicial podría forzarla alguien a romper el silencio institucional auto impuesto.

 

 

Sus frases son varias veces crípticas, algo no inusual en la maestra, a quien hay que leerla a partir del contexto, los antecedentes y su lenguaje de cuerpo. En la charla con Gómez Leyva expresó su deseo por regresar al sindicato de maestros. El periodista le preguntó si la gente estaría con ella. “Los maestros no me han olvidado”, le respondió, “muchos estarían conmigo”. Pero en la carta recibida este miércoles, la maestra rectificó: “Mentiría si digo que no quisiera regresar al SNTE, cuando es mi pasión, fuente de mis ideales. Los maestros son mi segunda familia y sé que muchos así lo sienten.

 

 

“Pero desde luego entiendo que es momento de dar paso a otras generaciones. En eso me gustaría contribuir, en que jóvenes maestros quizá de la mano con otros experimentados, asuman el mando de nuestro sindicato y coadyuven a consolidar los cambios que México requiere en materia educativa. De ninguna manera pretendo retornar para dirigir, eso ya lo había externado incluso antes de la ilegal detención”.

 

 

La maestra salvó en esta carta al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien entre sus cercanos consideran como el funcionario de mayor rango que la traicionó. Tampoco involucró al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien construyó la  emboscada para que fuera capturada, al invitarla a cenar en la ciudad de México con el único propósito de que al llegar al aeropuerto de Toluca, fuera detenida. No mencionó al secretario de Educación, Emilio Chuayffet, donde la enemistad entre ambos es epopéyica. Nunca, por supuesto, criticó al presidente Peña Nieto, quien autorizó su captura aún en contra de sus emociones. El enemigo, el traidor, lo ubicó afuera de ese entorno, en su viejo entorno dentro del magisterio.

 

 

“Mi prioridad futura –retomó la maestra en su carta-, es cuidar de mi persona y mi familia cercana, no más, no menos. No he lanzado retos de ninguna especie (como se escribió en la columna del miércoles), todo lo contrario. De hecho, hay con quien en su momento deberé de reunirme cordialmente y ese día cerraré la página de un libro que narra una historia dura, difícil y dolorosa, que dará pie a que inicie un nuevo trayecto en el que velaré por mi persona y seres queridos, después de años de haberme dedicado a todos, antes que a mí.

 

 

“Ante una postura tan mesurada como la que he mantenido y pretendo seguir teniendo, no puede hablarse de soberbia. Desde luego que no renunciaré jamás a mi dignidad, por la que pelearé hasta mis límites… En medio de este tortuoso proceso, hago votos porque se aplique la ley sin distingos, ya que no descansaré hasta que se acredite mi inocencia plena. Eso es mucho más importante que la prisión domiciliaria, que es un derecho que tengo”. Por lo pronto, es su última palabra.

 

 

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

 

 

Twitter: @rivapa
‘El Chapo’, de día de campo

Raymundo Riva Palacio | Jueves 20 de agosto, 2015

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

chapo10

 

 

Dijo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con toda energía: es falso que el gobierno sea pasivo en la investigación la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. Porqué lo dijo es un misterio tan grande como el paradero actual del criminal. Pero si fue un acto reflejo a cinco semanas de la evasión del jefe del Cártel del Pacífico e inventor del Cártel Jalisco Nueva Generación, es fallido, porque la Procuraduría General de la República que lleva a cabo la investigación, si no es pasiva, está demostrando ser incompetente. La procuradora caramelo, Arely Gómez, a la luz del principal caso en sus manos, no sirve para ese cargo.

 

 

Treinta y nueve días después de la fuga, las investigaciones no han producido, después del frenesí mediático de la primera semana, nada. Los dos elementos más novedosos los han aportado Reforma y La Jornada. El primero, el miércoles, que el gobierno ya identificó a los probables cómplices de la fuga, quienes compraron el arma que se encontró en el perímetro del penal del Altiplano y dos motocicletas en donde comenzó el túnel. El segundo, el 10 de agosto, donde se informó que la PGR indaga los vínculos de los abogados de El Chapo con los de Rubén Oseguera, El Menchito, hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

 

 

Los detalles de los avances de la investigación son una broma. La PGR ha enfocado sus investigaciones en la paja del ojo ajeno . Se busca en el entorno de Guzmán, para encontrar la ecuación de la fuga, como si realmente en los cómplices estuviera su coeficiente. Ninguno de los altos mandos de la Secretaría de Gobernación responsables de los reclusorios y los sistemas de seguridad e inteligencia, han sido llamados a declarar. Inexplicablemente, la procuradora no ha citado al comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, y al director del CISEN, Eugenio Imaz, para que acudan al ministerio público federal en calidad de testigos.

 

 

Rubido es una pieza clave. Podría aclarar porqué después de que su antecesor Manuel Mondragón, desmanteló sistemáticamente protocolos, métodos y procedimientos de seguridad en los reclusorios, no los corrigió. También explicar por qué no reforzó los accesos al penal que relajó Mondragón y restauró sistemas de contrainteligencia –como el audio en todo el sistema de video vigilancia-, que apagó su antecesor. Importante sería saber las razones por las que perdió tantos amparos presentados por El Chapo Guzmán, que lo lleno de privilegios en la cárcel, o cómo justifica que a todos los criminales de alta peligrosidad, los mantuvieran juntos, en lugar de dispersarlos o enviarlos a diferentes cárceles.

 

 

El comisionado tiene mucho que decir para que de sus declaraciones se abran nuevas líneas de investigación que permitan establecer las eventuales responsabilidades políticas por la fuga, o responsabilidades penales. Imaz tiene un papel similar. Preguntas para él serían porqué fallaron los sistemas de inteligencia en el perímetro del penal del Altiplano, y cuáles son las razones por las que la contrainteligencia del CISEN nunca se enteró de los planes de Guzmán. Sus agentes soslayaron la construcción en 90 días de la casa donde se inició el túnel a un kilómetro y medio del penal, y quién de sus subalternos ignoró las dos alertas que la DEA le transmitió sobre los planes de la fuga.

 

 

El hecho que ninguno de los dos haya sido llamado a declarar, sugiere que los buscan proteger. La procuradora Gómez los mantiene blindados e inoculados. Si no hay declaración de las máximas figuras responsables de evitar que El Chapo Guzmán se escapara, no podrá iniciarse la línea de investigación que determine si dentro de las más altas esferas del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto hubo complicidades que ayudaron a la fuga. Todo el esquema de investigación de la PGR está acotado, como si quisieran limitarlo al sistema de reclusorios.

 

 

A menos de 48 horas de que se anunció la fuga, el secretario Osorio Chong cesó a Juan Ignacio Hernández Mora, comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; a Celina Oseguera, coordinadora General de Centros Federales, y al director del Altiplano, Valentín Cárdenas. Carne para la jauría, porque ni Hernández Mora ni Oseguera tenían autoridad para hacer algo sin la autorización de Rubido. El caso de Cárdenas es peor. Nadie en el penal tenía la responsabilidad absoluta. Un comité técnico integrado por más de una docena de directores y coordinadores, tomaba las decisiones internas que, sin embargo, debían que ser autorizadas por los subalternos de Rubido.

 

 

La toma de decisión final de los penales de máxima seguridad no se encontraba en los reclusorios, sino en la Secretaría de Gobernación. Cuando se escapó por primera vez El Chapo Guzmán en 2001, el presidente Vicente Fox cesó al subsecretario de Seguridad Pública, Jorge Tello Peón –por responsable político, no culpable-, y se investigó a más de 100 personas, de las cuales 55 fueron sentenciados. Fox demostró que las cosas no podían seguir como si no hubiera pasado nada. Hoy campea la impunidad. Nadie en el gobierno debe sorprenderse que lo señalen como cómplice de El Chapo Guzmán. La pasividad con sus subalternos, que no la tuvo Fox con los suyos, ha puesto varias veces al presidente Peña Nieto en la picota pública en el último año. Lo extraordinario es que pese a que ya sabe cuál es el camino al Infierno político, insiste una vez más en caminarlo.

 

 
rrivapalacio@ejecentral.com.mx

 

twitter: @rivapa