Los sacerdotes del PRI

Raymundo Riva Palacio | Viernes 12 de febrero, 2016

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

La visita de Francisco a México ha despertado altas expectativas para aquellos que piensan, ven, sienten y en algunos casos padecen, que las cosas en este país marchan hacia atrás. Polarización social, violencia y víctimas de abusos que crecen por semanas, generan incertidumbre y encono que reflejan el deterioro del humor social en México. La historia de lucha social de los jesuitas, la orden a la que pertenece el Papa, su activismo a favor de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y la visión crítica del estado de cosas en México, permearon el discurso de Francisco en vísperas de su arribo a México. La pregunta hoy es si la visión crítica que mostró en sus mensajes desde Roma se mantendrán en sus homilías y actos públicos en este país.

 

Francisco dijo que no va a ocultar la realidad mexicana. ¿Cuál es la realidad a la que se refiere? Una es la de los jesuitas, que no han logrado hasta ahora que reciba a los padres de los normalistas de Ayotzinapa. Otra es la del obispo Raúl Vera, a quien Juan Pablo II sacó de Chiapas para enviarlo a Saltillo y buscar su desconexión de las causas indígenas y su trabajo por los derechos humanos, que tampoco pudo concretar un encuentro de Francisco con movimientos sociales. Los otros dos que contribuyen a su visión son el obispo de Tlalnepantla, Carlos Aguiar, su mejor amigo en México desde que hicieron mancuerna en la Comisión Episcopal de América Latina, y el cardenal Alberto Suárez Inda, de quien le llamó la atención su crítica a la política de seguridad del ex Presidente Felipe Calderón.

 

Pero no son lo mismo. Aguiar y Suárez Inda, a diferencia de Vera y los jesuitas, han jugado en momentos definitorios, por el PRI. Aguiar, un obispo que públicamente se maneja con mucha discreción, es un hábil político. Lo demostró en el CELAM, donde relegó a la extrema derecha de la Iglesia latinoamericana, y lo probó como presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, donde tejió lazos con el Gobierno y los grupos políticos emergentes. Uno de ellos fue el del entonces Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, por quien intercedió ante el Papa Benedicto XVI para que se anulara el matrimonio religioso de Angélica Rivera y pudieran volver a casarse por la Iglesia.

 

No fue una gestión sin recompensa. Aguiar, quien desde que asumió su cargo en Tlalnepantla –la diócesis de Ecatepec pertenece a ella- se comprometió a luchar por la libertad religiosa en México, recibió como pago informal del Presidente Peña Nieto, la reforma al artículo 24 de la Constitución mexicana, donde en términos coloquiales, se permite que la religión salga de los templos y se inserte en la vida cotidiana, amenazando al Estado laico. Su cercanía con Peña Nieto desde Toluca no ha sido incómoda para El Vaticano, que a través del apoyo de la Curia Romana por medio del nuncio Christopher Pierre, le ha sostenido el respaldo absoluto por los réditos políticos entregados, aunque por lo que toca a su avance en la jerarquía eclesiástica, como la posibilidad de ser cardenal, está frenado porque es considerado, de acuerdo con fuentes de la Iglesia, como un prelado demasiado cercano al poder.

 

El caso de Suárez Inda es menos transparente en sus alianzas con el PRI y el poder que el de Aguiar, pero no menos importantes. Suárez Inda hizo voltear a Francisco en mayo de 2013, cuando firmó una carta –junto con otros siete obispos- contra la violencia en Michoacán, y en donde expresaban el sentir de indefensión que sentían los michoacanos. “¡No es posible seguir viviendo así!”, arrancaba esa carta que allanó el camino para que Suárez Inda, quien había pedido cambiar la estrategia de seguridad del ex Presidente Calderón, fuera el primer cardenal mexicano nombrado por Francisco. No es un hombre progresista, sino se inscribe en el corte más conservador de la Iglesia mexicana.

 

Suárez Inda forma parte del llamado Club de Roma, al que pertenece el controvertido cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez, y junto con otros dos de sus integrantes, Norberto Rivera y Emilio Berlié, lograron cerrar en los 90s el Seminario Regional del Sureste, en Tehuacán, Puebla, influido por la Teología de la Liberación. Como pago, El Vaticano los nombró al frente de los arzobispados en Morelia, ciudad de México y Tijuana. No sería el único servicio a las élites del viejo sistema político. A diferencia de su postura abierta contra la estrategia de seguridad de Calderón, ha sido complaciente con la del Presidente Peña Nieto. Ni una palabra sobre la paramilitarización en Michoacán con criminales ni las fallas iniciales de la estrategia. Inclusive, en un momento álgido del Gobierno con los padres de los normalistas de Ayotzinapa, dijo que estaban siendo manipulados.

 

Como Aguiar, está cercano al poder político y económico, y lejano a un perfil como el de Vera y de los jesuitas, que son contestatarios. ¿Cuál es la realidad a la que se referirá Francisco en México? Dentro de la Iglesia mexicana también es un misterio. Saben la temática de sus homilías, pero no el contenido, en buena parte porque a Francisco le gusta improvisar. ¿Qué pesará más en su la visita que hoy empieza? Uno podría pensar que su visión crítica lo llevará a pronunciamientos que incomoden al Gobierno. Pero tampoco hay que sorprenderse si el trabajo de los sacerdotes del PRI, matiza sus posturas.

 

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

 

2018: Videgaray

Raymundo Riva Palacio | Jueves 11 de febrero, 2016

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

Más de un año duró la batalla contra Emilio Lozoya, pero al final, Luis Videgaray, el Secretario de Hacienda logró su remoción al frente de Pemex. Videgaray se enfrentó abiertamente a Lozoya a quien responsabilizaba de una mala gestión que acentuó la pérdida en la capacidad de exploración y producción petrolera que redujo la plataforma de exportación de crudo, y de incapacidad para mejorar las finanzas de la empresa. En Los Pinos tenía ayuda inopinada, por las alertas al Presidente Enrique Peña Nieto por los accidentes en las instalaciones de Pemex, que habían motivado la exigencia a Lozoya de un plan de seguridad. Lozoya, tenía en el Presidente un aliado muy poderoso, pero sus flancos abiertos se daban por todos lados.

 

Fuera del Gobierno se quejaban de que la corrupción en Pemex era galopante, algo que siempre negó Lozoya, y dentro de su mal manejo de la empresa. Pero nadie crudo como Videgaray, quien dos veces le pidió al Presidente que lo destituyera. La última a principio de diciembre, cuando Peña Nieto, cansado de la presión, según personas que conocen el episodio, lo paró en seco y le dijo que no volviera a tratarle el asunto porque Lozoya no se iría. El Presidente lo llevó a su reciente gira por los países árabes y al Foro Económico de Davos, donde daba muestras de estar muy contento con él. ¿Qué sucedió en escasas dos semanas?

 

La gira presidencial coincidió con un terrible arranque de año. La desaceleración china tiró los mercados, metió presiones al peso frente al fortalecimiento del dólar que lo depreció significativamente, mientras la guerra de los precios de petróleo emprendida por Arabia Saudita perfiló meses más de incertidumbre en los mercados. El Presidente instruyó a Videgaray a apoyar a Pemex, y la Secretaría de Hacienda respondió que sólo inyectaría recursos si Pemex presentaba un programa financiero responsable. Videgaray sabía que Lozoya no podría hacerlo, porque de eso se había quejado reiteradamente con Peña Nieto. Por tanto, si fue una condición o no, la disyuntiva estaba clara: el rescate de Pemex a cambio de la cabeza de Lozoya.

 

Peña Nieto se la entregó esta semana a Videgaray –el rescate presidencial de Lozoya será probablemente la Embajada en España-, quien hizo los movimientos en dos áreas bajo su control: José Antonio González, que hizo la reestructuración del ISSSTE y del Seguro Social, a Pemex; en el Seguro Social se designó a Mikel Arriola, que estaba en Cofepris. Los dos vienen del sector hacendario, pero no del periodo de Videgaray, sino del único Secretario al que respeta técnica e intelectualmente, José Antonio Meade, el titular en Desarrollo Social, bajo cuya dirección tuvo su primer trabajo en la administración pública Virgilio Andrade, Secretario de la Función Pública, y Aristóteles Núñez, jefe del SAT.

 

La lectura de la prensa política de esos cambios le asignaron un enorme poder a Videgaray de cara a la sucesión presidencial en 2018. Hubo quien incluso afirmó que con este ajuste, la sucesión quedaba en sus manos. Lo paradójico es que aún si así fuera, Videgaray no podría acomodarla para que le beneficiara. Si bien se fortalece indudablemente a un grupo frente al del Secretario de Gobernación –que está a punto de perder a uno de sus bastiones, el director del CISEN, Eugenio Imaz, por un cáncer que aunque controlado lo tienen muy debilitado-, esa potencia no le alcanza a Videgaray para imponerse a Miguel Ángel Osorio Chong en la carrera sucesoria.

 

Si en este momento se tuviera que definir al candidato del PRI, en el entendido de que el Presidente Peña Nieto tuviera la fuerza suficiente para imponer a su delfín, las encuestas favorecen ampliamente a Osorio Chong. En dos estudios privados consultados, Videgaray ni siquiera está en la mente de los electores. En las encuestas ayudadas –como se llaman coloquialmente cuando se presentan los nombres de los aspirantes-, el póker de ases presidencial después de Osorio Chong, incluye en segundo lugar, con un dígito de preferencia electoral y muy debajo de panistas, perredistas y del jefe político de Morena, al Secretario de Educación, Aurelio Nuño, que tiene muy cerca a Meade. Videgaray está debajo de ellos y muy lejos de otros priistas, Eruviel Ávila, el Gobernador del Estado de México, que no está en el corazón de Atlacomulco, y compite en preferencias con Osorio Chong, y Manlio Fabio Beltrones, líder del PRI.

 

Esto significa que si de preferencias electorales se trata, Videgaray está eliminado para la sucesión presidencial. Se puede argumentar que faltan dos años para que se decida al candidato del PRI y muchas cosas pueden pasar. Es cierto, pero en el contexto, lo que vendrá no ayudará a Videgaray. La crisis mundial prevalecerá este año, la economía mexicana sufrirá en 2016 y quizás aún más en 2017. El Secretario, además, tiene un talento innato para hacer más enemigos que amigos. Las estrellas no están alineadas para él y aún con la dependencia emocional del Presidente en él, lo importante en 2018 para Peña Nieto deberá ser mantener el poder. Hoy, Videgaray sólo sería garantía de derrota. Faltan esos dos años para la definición, pero quizás el Secretario de Hacienda podría mejor empezar a pensar en una ecuación diferente y trabajar para que uno de sus dos más cercanos en la contienda, se queden con la nominación, Ávila o Meade, de lo que se hablará en el futuro.

 

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @riva

 

 

Otro incendio en Sonora

Raymundo Riva Palacio | Miércoles 10 de febrero, 2016

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

Hace un mes fuerzas federales detuvieron en la Ciudad de México a Juan Omar Borbolla, a quien señalaron como el líder de Los Zetas en Sonora. Si bien la captura tuvo difusión, pasó desapercibido que Los Zetas tuvieran un implante tan fuerte en una región disputada por remanentes del Cártel de los Beltrán Leyva y Los Salazar, los sicarios de la franquicia del Cártel del Pacífico en el Estado, La Gente Nueva. Borbolla, señalado como el responsable del incremento de la violencia en Hermosillo y Ciudad Obregón, estaba en la capital federal por el temor de que sus adversarios lo asesinaran.

 

De acuerdo con un comunicado del Gabinete de Seguridad, Borbolla dirigía secuestros, extorsiones, ventas de drogas y ejecuciones de sus adversarios desde la Ciudad de México, con lo que buscaba mantener el control de esa plaza y abrir nuevas rutas para el trasiego de droga. La detención del capo no aportó detalles de quiénes lo querían muerto, ni tampoco cómo se habían elevado los índices de violencia en Sonora. Pero en el entramado se encuentra la expansión del Cártel del Golfo hacia nuevos territorios para perseguir a sus adversarios por cualquier parte del país, no sólo para arrebatarles las plazas, sino para aniquilarlos.

 

El Cártel del Golfo provocó otro incendio en Sonora, y tiene que ver con la apertura de un nuevo campo de batalla entre los cárteles de la droga, con la irrupción abierta de esa organización que cuenta con el respaldo de comandantes de la Policía Federal. Según investigaciones de la PGR y la Marina, dos viejos conocidos de Tamaulipas llegaron a Sonora, el suboficial de la Policía Federal, Joaquín Romero Salgado, y el ex policía federal y hasta recientemente suboficial en Homicidios de la Procuraduría estatal adscrito a Reynosa, Salvador Silva, que de acuerdo con denuncias en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, están vinculados a bandas de secuestradores en Reynosa y Ciudad Victoria.

 

Las denuncias enviadas al Gabinete de Seguridad, referidas en este espacio en noviembre pasado, provocaron la suspensión de Silva y el inicio del proceso de separación de Romero Salgado de su cargo. Sin embargo, de acuerdo con la investigación de la PGR, pese a los acusaciones concretas, no pasó nada. El Cártel del Golfo repartió cinco millones de pesos entre altos mandos policiales en Tamaulipas para proteger a Romero Salgado y que lo trasladaran a Sonora para hacerse cargo de la protección de fuerzas federales a Los Zetas, y el combate a los rivales criminales de esa organización.

 

Según las averiguaciones, Romero Salgado obtuvo su cambio de adscripción del Inspector General de la Policía Federal. Erick Ramírez Manzur, Director General de Control Operativo, quien firmó el oficio, es señalado por la Unidad de Investigación Naval, como uno de los funcionarios que recibió dinero por esa firma, que obra en las actuaciones de la PGR. Junto con Romero Salgado, Silva fue trasladado a Sonora, y pese a haber sido separado de su cargo el año pasado, fue restituido como su asistente en las actividades policiales que combina con las criminales.

 

Silva, a quien apodan El Santero, era una figura central en la estructura criminal del Cártel del Golfo en la policía tamaulipeca, y servía de enlace con Juan Manuel Loza Salinas, el Comandante Toro, jefe de la plaza de Reynosa. Silva y Romero eran los encargados de recibir el dinero del Cártel del Golfo para pagar las nóminas de los policías federales, policías de caminos y de miembros de la procuraduría tamaulipeca. Junto con Romero, decía la denuncia en la CNDH, “se encargan de recoger todos los cuerpos de los ejecutados por el CDG. Ellos dan la protección y vigilan conductas delictivas como la venta de drogas, la trata de personas, el lavado de dinero y el tráfico de armas”.

 

Cuando se refirió lo que estaba sucediendo en Tamaulipas, se apuntó en este espacio: “La impunidad con la que actuaba un grupo de agentes federales en Reynosa al servicio del Cártel del Golfo en Tamaulipas, se está acabando. Ese grupo, de acuerdo con investigaciones federales, asesinaba, secuestraba y limpiaba los cadáveres dejados en las calles de las ciudades tamaulipecas por el Cártel, y era intocable. Pese a las denuncias, durante meses hubo negligencia gubernamental, que mantuvo intacta su actuación como parte estructural del Cártel del Golfo… Las cosas, sin embargo, se están moviendo. Varios de los policías señalados en la denuncia fueron trasladados a la Ciudad de México, uno fue suspendido y se preparan órdenes de presentación contra toda la estructura institucional que protegía al Cártel”.

 

Las cosas sí se movieron, pero en sentido contrario. El proceso de separación de Romero Salgado en la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Federal, no llegó a ningún lado porque no encontraron elementos suficientes para proceder, con lo que le abrieron el camino a Sonora. La violencia en ese Estado se recrudeció a partir de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, quien asumió el control Los Salazar. Su recaptura volvió a desestabilizar el equilibrio de cárteles en Sonora, que fue aprovechado por el con el apoyo institucional de los nuevos jefes de la Policía Federal que llegaron de Tamaulipas y que por razones desconocidas, siguen teniendo amigos muy poderosos en la Ciudad de México que los siguen protegiendo. Por lo menos, hasta que alguien les ponga el alto.

 

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

 

Los enredos de Virgilio

Raymundo Riva Palacio | Martes 9 de febrero, 2016

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

 

Desde la primera vez que llamaron a declarar a Celina Oseguera tras la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán en julio del año pasado, se sabía hasta dónde iba a llegar la investigación para determinar las responsabilidades por la evasión. Oseguera, en ese entonces coordinadora de penales federales, sería lo más alto en la cadena de funcionarios. Si había responsabilidad, complicidad o culpabilidad, por omisión o comisión, no iría más arriba. El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto lavaría en ese nivel sus culpas y esperar que el tiempo y el olvido disiparan la exigencia de una investigación seria. La última tuerca la apretó la semana pasada el Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, al anunciar la inhabilitación de Oseguera y otros seis funcionarios por la evasión.
No se sabe en qué se basó Andrade para inhabilitarlos 10 años por faltas de orden administrativo –no haber cumplido con responsabilidades que facilitaron la fuga-, pero como lo ha hecho en anteriores ocasiones polémicas, revolvió la gimnasia con la magnesia. Por ejemplo, en el caso de Oseguera, donde justificó la inhabilitación porque no asignó el presupuesto para la actualización de los sistemas de seguridad internos y la optimización de acciones al interior del penal. Pero los presupuestos no los asignaba ella, sino el comisionado de penales federales, a quien no se ha tocado, aunque tampoco dependía finalmente de él, sino del comisionado nacional de Seguridad y de la Oficialía Mayor de reclusorios. 
Los presupuestos de 2013 y 2015 fueron cambiando los porcentajes de recursos en los penales contra gasto administrativo, de 50% en 2011, a 80% administrativo en el último año. Quien maneja los presupuestos de los penales pertenece al grupo político del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y cuáles fueron las razones de ese cambio permanece en un misterio. Andrade dijo que Oseguera tampoco llevó a cabo las acciones para optimizar los sistemas de operación interna y autorizó la entrega de un televisor a Guzmán. Una vez más, cerró los ojos ante documentación que prueba lo contrario. 
Andrade omitió las decenas de oficios y tarjetas que entregaron Oseguera y otros funcionarios del penal al área de Inteligencia de la Policía Federal, de quien dependían formalmente para estos fines, solicitando el restablecimiento de los sistemas de seguridad que habían dejado de funcionar por falta de mantenimiento y la no renovación de los contratos por decisión u omisión de los comisionados Manuel Mondragón y Monte Alejandro Rubido, cuyas faltas facilitaron la evasión. Tampoco tomó en cuenta las peticiones de cambio de celda y de penal que solicitaron las autoridades penitenciarias. El televisor no lo autorizó ningún funcionario: lo ganó Guzmán en un amparo que le concedió un juez.
Entre los inhabilitados incluyó a Valentín Lerma, el director del penal, porque, dijo Andrade, omitió establecer la coordinación de las fuerzas de seguridad federales al momento de conocerse la evasión, por no activar a tiempo el código rojo de alerta para responder, y porque había problemas con la visualización del monitor de la celda de Guzmán. El sábado en que se fugó El Chapo, Lerma estaba de descanso fuera del penal. De cualquier forma tampoco podía haber activado el código rojo porque los monitores de vigilancia no los tenía él, sino el área de Inteligencia de la Policía Federal y el CISEN. El código rojo, aunque en forma le correspondía a él, en el fondo estaba al margen de la información para activarlo. Por la misma razón es controvertida la inhabilitación de la ex directora jurídica del penal, Leonor García, quien esa noche sustituía a Lerma.
Cuando los monitoristas del CISEN –que tenían la vigilancia personalizada de Guzmán- y de la Policía Federal ya no tenían al interno en sus pantallas, pidieron a los custodios que revisaran la celda, que les reportaron que ya no se encontraba Guzmán en ella. Nunca le informaron de la desaparición a García, menos a Lerma. Ella se enteró por el escándalo y la desesperación de los agentes federales porque se les desapareció en sus narices de sus ojos a quienes estaban en el penal y a quienes, desde los sistemas de redundancia en la Policía Federal y el CISEN lo vigilaban. 
Andrade inhabilitó también al personal de seguridad y custodios porque no respondieron al teléfono para atender la emergencia, aunque la razón por la que no estaban al tanto del teléfono es porque los habían enviado a revisar la celda. Las deficiencias de los monitores de la Policía Federal se debió a los cambios que hizo el comisionado Mondragón, que redujo la vigilancia sobre los internos de máxima seguridad aduciendo sus derechos humanos, y contraviniendo el mandato constitucional que permite medidas excepcionales contra ellos. Pero ni él ni nadie más, dijo el Secretario, están siendo investigados. Oseguera es la más alta en la cadena.
La inhabilitación es un paso más en el encubrimiento oficial contra altos funcionarios que son responsables por la evasión. Sigue siendo incomprensible el porqué Peña Nieto y Osorio Chong se niegan a admitir que se equivocaron con algunos de sus  colaboradores, y permitir que los investiguen para determinar si hubo incompetencias, descuidos o complicidades. En el caso extremo, el Secretario de Gobernación prohibió que se llamara a declarar al Director del CISEN, Eugenio Imaz, obstruyendo, se puede argumentar, a la justicia. De Andrade poco se puede añadir. Hace tiempo se resignó a satisfacer las necesidades de sus jefes, aún a costa de la ignominia.
twitter: @rivapa
El Chapo: La red poblana

Raymundo Riva Palacio | Lunes 8 de febrero, 2016

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

La fuga de Joaquín El Chapo Guzmán de la cárcel del Altiplano en julio del año pasado, coincidió con una investigación en curso sobre su entorno financiero. Las autoridades buscaban determinar qué personas y empresas formaban la red de lavado de dinero. Las investigaciones las realizaban la PGR y el CISEN, y varias hebras llevaban a desarrollos inmobiliarios para clientes de altos ingresos, cadenas de establecimientos comerciales y franquicias en Puebla, relacionadas con empresarios y políticos, entre los cuales se tienen indicios de vinculaciones con cuando menos un ex gobernador. Cuando se extrajeron los datos del teléfono de uno de los abogados de Guzmán tras su evasión, el camino de la conspiración para sacarlo de la cárcel los regresó a Puebla.

 

Las primeras investigaciones sobre la red de lavado de dinero en Puebla surgieron hace casi una década en Estados Unidos, y nombres de personas involucradas en aquellos delitos documentados en la Corte Sur del Distrito en Florida –donde el Gobierno estadounidense ha radicado una vez más la pesquisa sobre Guzmán y los posibles crímenes en los que pudiera haber estado involucrada la actriz Kate del Castillo-, reaparecieron el año pasado. El CISEN fue captando información a partir de las escuchas de El Chapo Guzmán en la cárcel del Altiplano después de su captura en febrero de 2014, que era una de las razones por las que se oponía a su extradición en aquél entonces.
La información del CISEN probó, sin embargo, no ser suficiente para encontrar la principal pista al financiamiento de la evasión. Esta se logró cuando la PGR pudo extraer todos los datos de los teléfonos del entonces principal abogado del narcotraficante, Manuel Gómez Núñez, que condujeron a la identificación de Manuel Rodolfo Trillo Hernández, quien de acuerdo con las autoridades, financió la fuga que tuvo un costo estimado de 53 millones de pesos, de los cuales poco más de dos millones los aportó el Cártel Jalisco Nueva Generación, fundado por Guzmán cuando entró a disputar la plaza a Ignacio Coronel, tío de su segunda esposa, que murió en un enfrentamiento con el Ejército en 2010. Con ellos compraron el terreno donde se edificó una casa de donde partió el túnel por donde escapó, adquirieron el equipo y las herramientas que se utilizaron para excavarlo, así como el traslado de expertos alemanes –de un lugar aún desconocido- que entrenaron a los mineros mexicanos que lo construyeron. 
Trillo Hernández, de acuerdo con la investigación, había lavado cuando menos 22 millones de dólares de Guzmán entre enero de 2012 y abril de 2015. Los investigadores dijeron que cuando se requirieron fondos para la fuga, el cuñado de Guzmán, Édgar Coronel, fue a solicitárselo. Según los funcionarios, le llevaron un mensaje de El Chapo, que en esencia era el siguiente: nunca te he pedido nada, pero hoy es cuando tienes que darme algo de los millones que te di a ganar. El empresario poblano soltó los recursos, y fue capturado por las autoridades en octubre del año pasado. Desde que ingresó a la cárcel, añadieron las autoridades, Trillo Hernández no ha dicho nada que pudiera imputar a Guzmán.
El empresario llevaba años bajo sospecha de ser lavador de dinero de Guzmán y del Cártel del Pacífico luego de que en 2007, por presiones del Gobierno de Estados Unidos, se intervino la Casa de Cambio Puebla, señalada en Washington como parte de instituciones financieras en la red de lavado de dinero para Guzmán y el Cártel del Pacífico. Uno de los 18 socios de esa casa de cambio –entre cuyos accionistas había políticos priistas y panistas-, que tenía su casa matriz en la Ciudad de México, era su hermano, Miguel Ángel Trillo Hernández, a quien la PGR señaló como uno de los presuntos operadores de la logística en la primera fuga de El Chapo en 2001, que fue financiada por el jefe del cártel sinaloense, Ismael El Mayo Zambada, compadre de Guzmán.
Las autoridades estadounidenses llevan amplia ventaja sobre las mexicanas en la investigación sobre lavado de dinero, que se empezó a retrasar, de acuerdo con fuentes en el sector financiero, desde que inició el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. De acuerdo con funcionarios mexicanos, el Gobierno de Estados Unidos ha sido reticente en proporcionarles detalles de sus pesquisas sobre Guzmán, su entorno y el Cártel del Pacífico. Es decir, la información que tienen actualmente en la Corte en Florida, no les ha sido compartida, por razones que si bien no se han aclarado, refleja la desconfianza que la actual administración genera en Washington.
Las redes de vínculos financieros que estaba trabajando el CISEN se han ido complementando con los resultados de las investigaciones de la PGR tras la evasión de Guzmán. Funcionarios federales dijeron que existen indicios que desarrollos inmobiliarios de lujo en la capital poblana de prestanombres de políticos –incluido presuntamente un ex Gobernador- y empresarios, fueron impulsados con dinero de Guzmán y el Cártel del Pacífico, que llevan años lavando dinero en el estado. Las pistas hacia un ex Gobernador son previas a la fuga de Guzmán en julio del año pasado, pero cada vez que los investigadores querían profundizar en ellas, los frenaban en la PGR. Las condiciones han cambiado desde entonces, aunque no se sabe si también la voluntad política para ir hasta el fondo, sin importar lo que duela al sistema.
twitter: @rivapa 

 

Impunidad maldita

Raymundo Riva Palacio | Viernes 5 de febrero, 2016

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

 

La impunidad es una gangrena en el organismo social mexicano. Quien la hace aquí casi nunca la paga. Este es un fenómeno que si no se ataca frontalmente y se elevan los costos, pudre todo. La impunidad alimenta la corrupción, estimula la violencia que lacera la vida cotidiana y productiva, que impactan en el progreso económico la competitividad que, a su vez, coloca anclas al desarrollo. Son círculos viciosos de los cuales la sociedad mexicana no puede escapar porque, objetivamente hablando, no hay señales que quiera escapar. La impunidad corre por todos los sectores sociales, económicos y políticos, y esta descripción no es dramática ni exagerada, como lo demuestra el Índice Global de Impunidad México 2016, dado a conocer este miércoles, elaborado por la Universidad de Las Américas y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia en Puebla.

 

Al hablar sobre el alcance generalizado de la impunidad, el documento afirma: “La presencia de este fenómeno patológico se ha extendido a tal grado en nuestra vida pública, que llega a asumirse como un hecho natural o inevitable; incluso podemos afirmar que se ha internalizado como parte de la cotidianidad mexicana. En esta lógica, la existencia generalizada de impunidad crea incentivos perversos en el sistema y, por lo regular, el delito cometido, por pequeño o grande que sea, queda sin denuncia, investigación o castigo. Violar la ley es un acto socialmente aceptado”.

 

La descripción permite argumentar que México es un país podrido, y el Índice pareciera reflejarlo con consistencia: el 92.8% de los delitos cometidos –de 2013 a la fecha- no se denuncian, porque los mexicanos tienen una enorme desconfianza con la autoridad y están convencidos que además de que no sirve para nada, sólo pierden el tiempo. Claramente se exhibe el problema estructural. Si no denuncian es por una creencia apoyada en hechos concretos, que el sistema de seguridad, justicia y derechos humanos no funciona, y por tanto, si hay una violación sistémica de la ley, lo mejor que pueden hacer en esta especie de Ley de la Selva, es violar también la ley. Implícitamente se colocan en el mismo espacio y condición que los delincuentes: violar la ley para sobrevivir en un entorno criminal, que los convierte, por las buenas razones, en criminales.

 

El Índice Global de Impunidad revisó a 59 países –de casi 200 en el mundo-, que son los que aportan la información para poder hacer las mediciones cuantitativas. De ese grupo, México está en el lugar 58, superado únicamente por Filipinas. Esto se debe a que la impunidad, entendida como delito sin castigo, de acuerdo con este documento de 178 páginas abundantes en estadísticas y análisis comparativos, llega al 99%. Visto de otra forma, sólo el uno por ciento de los delitos es castigado. Con estos datos, ¿cómo no van a faltar incentivos para que la sociedad camine dentro del marco de la ley y no, para evitar ser aplastada, viole también la ley?

 

El estudio, coordinado por los profesores e investigadores Juan Antonio Le Clercq y Gerardo Rodríguez, no encontró ninguna entidad federativa en México que esté combatiendo la impunidad. Hay 26 entidades donde la varianza entre una y otra es menor de cinco puntos, lo que prácticamente las ubica en el mismo nivel de deficiencia en ese campo. Sin embargo, la entidad mejor evaluada, que es Campeche, se encuentra a la mitad del camino que Croacia, la nación mejor evaluada. En el documento se establecen múltiples factores que conducen a la impunidad, que parten en muchos casos de las acciones del ejecutivo, como lo demostraron con un análisis de los siete estados que desde 2007 fueron parte del abanico del gobierno federal para combatir la delincuencia organizada (Baja California, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y Durango), donde el fenómeno se da en niveles medios y altos, pero no menores a los que existían

 

Nota: En la columna “La frustración de Francisco”, se apuntó incorrectamente que el obispo Samuel Ruiz era dominico. Fue diocesano.

 

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

La frustración de Francisco

Raymundo Riva Palacio | Jueves 4 de febrero, 2016

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

 

La diplomacia vaticana ha sido menos delicada con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de lo que se hubiera pensado. Contra todos los antecedentes de visitas papales, a 10 días de que Francisco llegue a México, los mensajes sobre la insatisfacción que sienten con el gobierno, con su manejo y con las dificultades que hubo para poder fijar una agenda del interés de El Vaticano y no de Los Pinos, ha producido expresiones públicas inusitadas. La última, del Papa mismo, quien en una entrevista colectiva este miércoles denunció la corrupción, la violencia y el narcotráfico en México. No es la primera vez que se refiere a estos temas, pero en vísperas de su arribo, sus palabras traen un cargamento políticamente explosivo.

 

El Vaticano está marcando su territorio, ante los intentos para alterar y modificar la agenda del Papa. En diciembre pasado se mencionó en este espacio las peticiones específicas del gobierno a Roma para que excluyera a Guerrero de sus visitas y homilías, y que no se refiriera a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. El principal negociador de la visita, Roberto Herrera Mena, director de Asuntos Religiosos de la Presidencia, también buscó eliminar y meter a Campeche como destinos papales, aduciendo que nunca había estado en ese estado y que el gobernador los trataría maravillosamente. Cuando le dijeron que iban a tener una comida con indígenas en Chiapas, Herrera Mena les ofreció organizarla con todo e indígenas. El rechazo fue inmediato. El Papa hablaría con indígenas verdaderos convocados por la diócesis de San Cristóbal de las Casas.

 

Herrera Mena, muy cercano a Peña Nieto desde sus tiempos en la gubernatura, estaba acostumbrado a otro tipo de relación. Él llevaba el trato con la Conferencia Episcopal Mexicana, cuya sede está en el Estado de México, y quien llevaba anualmente a Peña Nieto a comer con ellos al final de sus asambleas. Les llevaba regalos, y actuaba como un concierge divino para sus necesidades materiales: camionetas para transportarse, boletos de avión para ir a Roma, y otras canonjías terrenales. En El Vaticano descubrió otro manejo. Por ejemplo, cuando propuso en lugar de que el Papa visitara Ecatepec fuera a Toluca, el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, le respondió porqué no en Atlacomulco. ¿De verdad?, respondió, según fuentes de la Iglesia. Era una broma. No sabía que el cardenal Parolin había sido el número tres de la Nunciatura hace 25 años, cuando el embajador vaticano era Girolamo Prigione.

 

El gobierno buscaba llevarlo a territorios alejados de la conflictividad social, que no fueran a convertir una fiesta católica en México, en una angustiante gira para Los Pinos. La información que tenía el Papa no era la que le pintaban los funcionarios mexicanos. Durante muchos meses, por ejemplo, sacerdotes mexicanos peregrinaron a Roma para denunciar la extorsión de los cárteles de las drogas para no atacar sus iglesias, y cómo las autoridades los había ignorado. De alguna manera a eso obedeció la filtración de un correo electrónico que envió a su amigo Gustavo Vera en Argentina, donde hablaba del peligro que su país se mexicanizara, como consecuencia de la corrupción y violencia que se vivía en México por el narcotráfico.

 

Directamente por la Nunciatura y por varios cardenales mexicanos se enteró de primera mano de lo sucedido en Guerrero con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, cuya causa fue tomada por los jesuitas –la orden a la que pertenece-, y que adquirió tintes contestatarios cuando en diciembre de 2014 el embajador vaticano, Christophe Pierre oficio una misa en la normal rural. La oposición del gobierno mexicano a que Francisco fuera a Guerrero frustró la visita que había negociado la ex subsecretaria de Gobernación para Asuntos Religiosas, Mercedes Guillén, en marzo del año pasado. El activismo jesuita por la causa de los normalistas y los desaparecidos no ceja, y será uno de los temas de homilías del papa Francisco en México.

 

Muchas reivindicaciones se esperan con Francisco en México. Una muy notoria es la visita y oración que hará en San Cristóbal de las Casas a la tumba del dominico obispo Samuel Ruiz, que trabajó por los indígenas y estuvo muy cerca del nacimiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. Otra, poco publicitada, fue el inicio de proceso de santificación de José Sánchez del Rio, un joven de 14 años que durante la Guerra Cristera fue asesinado por soldados del gobierno de Plutarco Elías Calles, fundador del PRI. El joven fue beatificado en 2005 por Benedicto XVI, pero con el proceso iniciado en vísperas de su viaje a México, Francisco lo hará santo.

 

El viaje no será como las cinco visitas de Juan Pablo II y la de Benedicto XVI. Esta será altamente contestataria contra el gobierno. Lo anticipó Francisco este miércoles en Roma. Orará en México y con los mexicanos, dijo, para que “los problemas de violencia, corrupción, y de todo lo que ocurre se resuelva, porque el México de la violencia, de la corrupción, del narcotráfico y de los carteles no es el México que nuestra madre quiere”. Francisco dijo que “no va a tapar nada de eso”, pero que estimulará a todos a combatir cotidianamente esos males. En un contexto diferente y con problemas distintos, Juan Pablo II dijo palabras similares en Polonia, y ya se vio que sucedió con el cambio de metabolismo en los polacos.

 

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

Conflicto en el Paraíso

Raymundo Riva Palacio | Miércoles 3 de febrero, 2016

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

 

Aún no llega Francisco a México y ya se abrió la pugna dentro de la jerarquía eclesiástica. En un extremo se encuentra el Cardenal Norberto Rivera, Arzobispo primado de México, y en el otro está el Cardenal Alberto Suárez Inda, Arzobispo de Morelia. La visceralidad del conflicto, que se arrastra desde noviembre pasado, trascendió a la opinión pública por un editorial contra el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto sobre el país que verá el Papa, publicado por el semanario Desde la Fe, vocero de la Arquidiócesis de la Ciudad de México, la voz beligerante del Cardenal Rivera.

 

“México enfrenta fenómenos delictivos y de violencia que parecen no tener precedentes en su historia contemporánea. Los índices llegan a cuestionar la capacidad de las autoridades de todos los niveles de Gobierno… A esto se suman violencias invisibles de enemigos movidos por el espíritu del mal y el dios de la avaricia, protegidos por la impunidad y nutridos de la corrupción”, apuntó el editorial. “Su Santidad  estará en lugares violentos, pobres y miserables del país, y los gobernantes no pueden tapar el sol con un dedo… Los mexicanos queremos paz, necesitamos la Verdad, no la burocracia numérica. La misión no está cumplida”.

 

El Cardenal Suárez Inda respondió: “Ese texto se me hace exagerado y no comparto el enfoque… Los problemas no se solucionan en un día, y Desde la Fe no es un órgano de la Iglesia nacional; es un periódico local del Distrito Federal. No comparto el tono con que se tratan ciertas cosas en forma sensacionalista”. Es la palabra del Cardenal Rivera contra la del Cardenal Suárez Inda. Personas cercanas a la Conferencia Episcopal Mexicana expresaron el sentir de la jerarquía eclesiástica: “fue una provocación”. ¿A qué se refieren? A que el Cardenal Rivera fue desplazado de los preparativos de la organización del viaje papal.

 

Su primera reacción desestabilizadora fue el 1 de noviembre, cuando en su homilía dominical en la Catedral Metropolitana anunció que Francisco viajaría a México este mes, con lo que frustró el anuncio oficial que tenía programado la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM) al día siguiente. Si la CEM lo quería excluir, él haría todo lo posible por colocarles obstáculos. Lo último que hizo, de acuerdo con fuentes de la Iglesia, fue el sabotaje de voluntarios en el Distrito Federal para las vallas de seguridad en las calles por donde pasará Francisco. La CEM dijo que tienen un déficit de 175 mil voluntarios, del cual prácticamente la mitad se ubica en la Ciudad de México. Nunca había sucedido esto en el pasado, porque cuando viajaba un Papa el cardenal Rivera presionaba a las escuelas católicas de la capital –donde goza de gran influencia- para que enviaran a sus alumnos. En esta ocasión, el Cardenal se cruzó de brazos.

 

La pugna no es nueva. Se remonta a noviembre, cuando tenían que haberse llevado a cabo los revelos en los cargos de dirección en la CEM, que preside el arzobispo de Guadalajara, el cardenal José Francisco Robles, y el secretario general, el obispo auxiliar de Puebla, Andrés Lira. Sin embargo, según fuentes de la Iglesia, la CEM propuso a El Vaticano aplazar los nuevos nombramientos para evitar que la planeación del viaje papal tuviera contratiempos. Desde Roma les aprobaron el aplazamiento para abril de este año, con lo cual la marginación del Cardenal Rivera, quien no tiene empatía con el Papa Francisco –incluso votó en su contra cuando se dio la elección papal-, se alargó.

 

Según fuentes de la Iglesia, todas las propuestas del Cardenal Rivera, incluida una entrevista privada con el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, en las oficinas centrales del Ayuntamiento, fue rechazada. Un intento para que Mancera fuera invitado oficial a las ceremonias del 12 de diciembre en El Vaticano, cuando anunció el papado la visita a México, también fue negado. La visita no corrió de la mano del poderoso Cardenal Rivera, como las que hubo en el pasado, sino por las propuestas de los tres religiosos mexicanos más cercanos a Francisco: Carlos Aguiar Retes, Arzobispo en la Arquidiócesis de Tlalnepantla, quien es el amigo más cercano de Francisco en México –pero por su estrecha relación con el Presidente Peña Nieto, no ha escalado jerárquicamente en El Vaticano-, Suárez Inda –un amigo de reciente cuño al que se acercó por su posición crítica del Gobierno mexicano-, y el obispo Raúl Vera, quien se encuentra el frente de la Diócesis de Saltillo –a quien escucha mucho el Papa en temas políticos y sociales-.

 

La CEM, junto con el Cardenal Suárez Inda –candidato a presidirla- y monseñor Aguiar Retes, son quienes llevan la conducción del viaje de Francisco y el manejo de los tiempos para la sucesión en el órgano político de la Iglesia católica mexicana. El Cardenal Rivera se ha sentido lastimado y humillado por el trato marginal que se le ha dado, que lo han llevado a enfrentamientos directos con miembros de la CEM que no han trascendido. La visita del Papa no será un espacio de tregua entre las jerarquías eclesiásticas. El Cardenal apuesta a la desorganización en el viaje, que le cambie su suerte y permita que la correlación de fuerzas se modifique a su favor para recuperar influencia y poder en la CEM, por lo que un poco de combustible a la hoguera, no le va mal.

 

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

El canto de Kate

Raymundo Riva Palacio | Martes 2 de febrero, 2016

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

 

 

Entre los comportamientos sin aparente sentido que tuvo Joaquín El Chapo Guzmán desde que fue capturado por los comandos de la Marina en Mazatlán en febrero de 2014, brincaba uno que intrigaba a las autoridades: ¿por qué en su nueva fuga, escogió ir a Los Mochis? La pregunta revoloteaba entre algunas autoridades, y su intriga fue aumentada cuando en su primera declaración su jefe de seguridad, Iván Orso Gastélum, les dijo que le había advertido a Guzmán que Los Mochis no era seguro. Esa ciudad cercana a Sonora está bajo el control de Isidro Meza, El Chapo Isidro, que trabaja para Héctor Beltrán Leyva, y es enemigo de Guzmán. Gastélum agregó que su jefe no había tenido duda alguna de dirigirse a esa población y dejó a un lado toda preocupación. “¿Qué iba a hacer yo?”, les dijo, “es el jefe”.

 

L a razón de la insistencia de El Chapo Guzmán para dirigirse a Los Mochis, dijeron funcionarios federales, es que ahí había concertado un nuevo encuentro con la actriz mexicana-estadounidense Kate del Castillo. Las autoridades creen que iban a hablar de negocios. Los dos que se conocen públicamente son la película autobiográfica del criminal y su eventual participación en algunas de las empresas de la actriz, en particular el negocio del tequila. La reunión sería la primera después de la que sostuvo en Tamazula a principio de octubre del año pasado, cuando llevó al actor Sean Penn para que le hiciera una entrevista. ¿En qué punto se encontraba la relación entre la señora Del Castillo y Guzmán? ¿Qué tanto se había involucrado financieramente el criminal en los negocios de la actriz? Las preguntas no tendrán respuesta directa en la investigación que tiene la PGR sobre ella, porque no va a declarar ante las autoridades mexicanas.

 

De acuerdo con información en el gobierno mexicano, la señora Del Castillo ya estableció contacto con las autoridades estadounidenses para hablar con ellos. Funcionarios federales, que están observando en la materialización de un escenario que tenían previsto, dijeron que la señora Del Castillo optó por manejar su caso con las autoridades estadounidenses, y que colaborará –según su información-, con la Corte Federal de Miami, en donde el gobierno de ese país radicó la investigación financiera de Guzmán.

 

Un funcionario federal reveló que la actriz contrató a un abogado del equipo legal que salvó de un lío criminal al ex estrella del basquetbol profesional Dennis Rodman, que tras viajar a Corea del Norte fue sujeto a una investigación para determinar si había violado la ley al exportar artículos de lujo –un abrigo de pieles, una bolsa, cristal europeo y un whiskey irlandés-  a ese país, cuyo gobierno es considerado por Estados Unidos como “terrorista”. Entre las leyes de las que se le acusaba estaban las que regula la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, que establece sanciones económicas y comerciales contra todas aquellas personas y empresas que se relacionen con enemigos de la seguridad nacional de Estados Unidos, que incluye a narcotraficantes, y que puede congelar los activos de los involucrados.

 

La presunta violación de esta ley por parte de la señora Del Castillo está siendo investigada en Estados Unidos, además de quebrantar la Ley RICO, las siglas del Acta de Organizaciones Corruptas Influenciadas por la Mafia, para aquellas personas que forman parte de una organización criminal. Funcionarios mexicanos agregaron que otro delito por la que se le podría juzgar en Estados Unidos es el de conspiración, que se aplica a un individuo que se relaciona con otro a sabiendas que realiza actos criminales. Estos delitos son castigados con cárcel y el congelamiento de todos los bienes de su propiedad y de aquellas empresas que hicieron negocios con la persona.

 

En el caso de la señora Del Castillo, la investigación en curso abarca a nueve holdings en Estados Unidos y una productora de televisión con sede en México, por donde presuntamente circuló dinero proveniente del Cártel del Pacífico. Hasta este momento sólo hay indicios en México y Estados Unidos de que la señora Del Castillo hizo negocios con un criminal, pero aún no se documentan judicialmente transferencias de dinero de personas vinculadas al Cártel del Pacífico a sus cuentas y de estas a otras empresas en los dos países, que constituiría el delito de lavado de dinero.

 

Las autoridades mexicanas no han terminado de documentar ese presunto delito porque los bancos se han mostrado reticentes a aportar las fichas de los depósitos de las cuentas de la señora Del Castillo, pero según un funcionario federal, los estadounidenses han podido avanzar con más eficiencia en el sistema financiero de su país. El interés inicial de la información que pueda aportar la actriz –que también es el que tienen en El Chapo Guzmán-, es para conocer y desmantelar la red financiera global del Cártel del Pacífico. Hasta este momento, la investigación binacional en esa línea los ha llevado a nueve países por donde el dinero criminal ha circulado para evitar ser rastreado.

 

Las investigaciones binacionales corren paralelas a los trabajos que cada país está haciendo con las pistas que tiene. En el caso mexicano, las pistas del dinero están comenzando a entrar en el terreno de la narcopolítica. De esto se hablará más adelante.

 

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

 

Guerrero, 10 años después

Raymundo Riva Palacio | Lunes 1 de febrero, 2016

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

 

Guerrero lleva exactamente una década en conflicto. Comenzó en la colonia La Garita en Acapulco, donde Los Zetas desafiaron a los hermanos Beltrán Leyva que en ese entonces trabajaban para el Cártel de Sinaloa, y quisieron arrebatarles la plaza. Ahí empezó también la propaganda del terror: los sicarios zetas que mataron a tres rivales con ayuda de la policía municipal, fueron videograbados  torturados y cuando los degollaron. La violencia nunca se volvió a detener y continuó su degradación. En el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se ha diversificado. Explotó la disidencia magisterial y la guerrilla, se profundizó la colusión de las autoridades con delincuentes, y se desbordó la conflictividad social, política y criminal. Dos planes para pacificar Guerrero puestos del gobierno federal fracasaron. El tercero, en marcha, es una incógnita. Ante tal zozobra, los anticuerpos ominosos han aparecido.

 

La semana pasada siete empresarios de Chilpancingo anunciaron que se armarían ellos y a sus trabajadores para defenderse. Ni el gobierno estatal ni el federal, les han provisto de seguridad. Los permisos para adquirir armas se los autorizó la Secretaría de la Defensa, con lo cual abrió el camino para la paramilitarización autorizada de Guerrero. En el gobierno de Felipe Calderón, algunos empresarios de Nuevo León contrataron mercenarios en el Medio Oriente para limpiar la zona de criminales. En el de Peña Nieto, se crearon grupos paramilitares con criminales en Michoacán que pacificaron el estado, pero la delincuencia sólo cambió de dueño. Una nueva vertiente surge ahora con el gobierno peñista, incipiente espejo neoleonés: que los empresarios tomen las armas y entren a la guerra sucia que se vive en varias regiones del país.

 

Están desesperados. El presidente de la Coparmex en Chilpancingo, Adrián Alarcón, lo explicó como una necesidad de salvaguardar la vida y el patrimonio de esos empresarios. Sólo en enero, dijo, cinco miembros de la Coparmex fueron secuestrados y por las presiones criminales cerraron 35 comercios por amenazas y extorsión. La actividad comercial se ha reducido en 70%, y varios empresarios ya sacaron a sus familias del estado, en el principio de una emigración que afecta otros sectores productivos en Chilpancingo. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, pensó esa posibilidad para con su familia, pero la mantuvo en Guerrero para evitar que fuera criticado por la sociedad.

 

Chilpancingo ha sido el núcleo de la conflictividad en los tres últimos años, al expresarse ahí las resistencias más violentas a la Reforma Educativa, que tras dos años de movilizaciones estrangularon al turismo y la actividad comercial en Acapulco, y secaron la economía y la vida cotidiana en Chilpancingo. No son los únicos puntos de violencia en Guerrero, ni mucho menos. En la región de la Montaña guerrilla y narcotraficantes cohabitan los territorios y desafían frecuentemente a las fuerzas federales, porque a las municipales las tienen controladas. En la zona de Tierra Caliente, los grupos criminales pelean por los negocios de la heroína, la minería y los secuestros. Hay amplias franjas de territorio en Guerrero sembradas de cuerpos en cementerios clandestinos, y el caso criminal paradigmático que enfrenta el gobierno de Peña Nieto, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, está irresuelto.

 

En estos 10 años pasaron en Guerrero de enfrentamientos entre cárteles de la droga, a la guerra contra las drogasdel ex presidente Calderón, y a la extensión del conflicto social, político y criminal en el gobierno de Peña Nieto. Lo que comenzó con un choque entre los hermanos Beltrán Leyva y Los Zetas se convirtió en 120 meses en un infierno para quienes pacientemente esperaron a que las autoridades cumplieran con su responsabilidad primaria de gobierno y resolvieran la inseguridad. Han llegado al límite. La seguridad no llegó y los discursos no sirven para nada. El fiscal de Guerrero, Xavier Olea, reconoce que hay 50 grupos delincuenciales en el estado, que cada vez son más violentos.

 

Los criminales se burlan del gobierno federal, porque el estatal ni siquiera las genera incomodidad. Hace dos semanas estuvo en Chilapa, un municipio a medio camino entre Chilpancingo y la región de la Montaña, el gabinete de seguridad encabezado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con el compromiso de restablecer la seguridad. Al día siguiente, los criminales dejaron tirados en las calles de la comunidad a dos ejecutados; días después, hicieron lo mismo con siete personas abandonadas en Chilpancingo. El presidente Peña Nieto envió a tres mil soldados y policías federales a Chilapa, que fueron recibidos con plomo por los criminales.

 

El gobierno del presidente Peña Nieto no está pudiendo con Guerrero. La heroína sigue fluyendo masivamente desde Tierra Caliente al insaciable mercado estadounidense, y ciudades como Iguala siguen controladas por criminales. La Montaña pertenece a quien vive en la ilegalidad, y Acapulco está obligado a tener un blindaje permanente para mantener el turismo. Chilpancingo se ha ido pudriendo desde que inició el gobierno la Reforma Educativa –por el mal manejo político con la disidencia magisterial-, y se ha contaminado con la creciente actividad de los criminales, el resorte último que empujó a los empresarios a armarse y a dar pistolas a sus trabajadores para que se defiendan. La Ley de la Selva impera hoy en Chilpancingo, microcosmos de lo que sucede en muchas otras zonas del estado. Si alguien requiere de seguridad, es el mensaje que se está dando, que la defienda con sus propias manos. Es la historia de Guerrero de los últimos 10 años.

 

rrivapalacio@rivapalacio.com.mx

twitter: @rivapa

 

2018: Osorio Chong

Raymundo Riva Palacio | Viernes 29 de enero, 2016

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

 

En el abanico del gabinete, el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong es el mejor calificado, y el único en este momento con posibilidades reales de competir. La encuesta de El Universal en noviembre lo tenía con el 23% de las preferencias electorales, duplicando en porcentaje al resto de sus colegas; a principios de diciembre, el diario Reforma lo empató con el puntero Andrés Manuel López Obrador en 18% de preferencias electorales; y a mediados de ese mes, Consulta Mitofsky lo ubicó con el 23.7%, cinco veces más que el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y borrando al de Desarrollo Social, José Antonio Meade (2.9%), y al de Educación, Aurelio Nuño (0.9%). Si el Presidente Enrique Peña Nieto tuviera que decidir hoy quién sería el candidato del PRI en 2018, Osorio Chong sería el ungido.

 

El largo trabajo de Osorio Chong le ha dado resultados. No lo admite en privado, menos en público, pero tiene un equipo que desde hace casi dos años revisa cada lunes la ruta estratégica para llevarlo a la candidatura del PRI a la Presidencia, que se definirá entre octubre y noviembre del próximo año. Ese cuarto de guerra revisa las encuestas de preferencia electoral y marca las acciones que debe seguir para cumplir con el cronograma. Sólo la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, cuya responsabilidad caía en su área, pareció cancelarlas al habérsele esfumado, literalmente de las narices del CISEN, a quien le había encargado la vigilancia personalizada del jefe del Cártel del Pacífico cuando fue detenido por la Marina en febrero de 2014, el Director del CISEN, su incondicional Eugenio Imaz, a quien mantuvo mantuvo al frente del Organismo –incluso cuando pudo relevarlo a fines del año por el duro tratamiento al que se sometió en Houston para controlar el cáncer-, ante las intensas críticas por ineficiencia, frente a la disyuntiva de perder toda la fuerza dentro del gabinete si se deshacía de él.

 

Su necesidad de sobrevivencia política fue ayudada por un golpe de suerte: la detención de Guzmán por parte de dos agentes de la Policía Federal en la carretera de Los Mochis a Culiacán, luego de que la operación para recapturarlo de la Marina y el CISEN había fracasado. Su reciente recaptura y la catarata de filtraciones desde Bucareli a la prensa de detalles morbosos de la investigación, lo revivieron y colocaron una vez más como el aspirante a vencer dentro del PRI. El renacimiento de Osorio Chong se dio en el ánimo de Peña Nieto, que es lo que realmente importa en la definición de la candidatura presidencial. La imagen del secretario nunca cayó en las percepciones populares, desde que comenzó a despuntar en lo alto de la tabla de preferencias electorales en noviembre de 2014. El mes y el año son altamente relevantes. Crecía el escándalo por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y volaban como lanzas las acusaciones de corrupción por el caso de la casa blanca de la esposa del Presidente, y la casa de descanso de Videgaray en Malinalco.

 

Desde ese momento, con la aprobación del Presidente en su caída más acentuada desde comenzó la desaprobación en agosto de 2013 como consecuencia de la Reforma Fiscal, Osorio Chong mostró tener un teflón ante la opinión pública. La crisis presidencial por los normalistas obedeció a una mala decisión de Peña Nieto de no ordenar de inmediato la intervención del gobierno federal, que fue acompañada por un proceso deficiente de información y procesamiento del crimen y su contexto en el CISEN y la Secretaría de Gobernación. Pero los negativos iniciales de esa falla en la toma de decisiones no se le acreditaron a Osorio Chong, sino a Peña Nieto. Más adelante, nuevos negativos se añadieron al ex procurador Jesús Murillo Karam, sin que tocaran en absoluto al secretario de Gobernación. Caso contrario es el de Videgaray, donde los negativos de la Reforma Fiscal no recayeron en el Presidente, pero de manera letal sobre él.

 

Videgaray es el secretario más influyente del gabinete y por años ha sido el alter ego de Peña Nieto. Durante la campaña electoral de 2012 fue el gran estratega y arquitecto del camino hacia Los Pinos, mientras Osorio Chong fue el operador de tierra del candidato, y el negociador de las alianzas con los gobernadores para el respaldo a Peña Nieto. Osorio Chong no tiene la mente más sofisticada del gabinete, ni tampoco quien mejores resultados le ha dado al gobierno –la crisis de seguridad y la violencia nacional, resultado de una fallida estrategia en el inicio de la administración es un ejemplo-, pero ante los ojos de los electores, como muestran las encuestas, es lo mejor que tiene Peña Nieto para ir a 2018 y que el PRI mantenga el poder.

 

El Secretario de Gobernación se encuentra en una posición donde sólo tiene que administrarse y cuidar que no se le vuelva a escapar El Chapo Guzmán, porque ya se vio que sus deficiencias y errores en gobernabilidad y seguridad no se le acreditan a él. Si logra mantener al criminal en la cárcel, probablemente llegará a otoño de 2017 como el priista mejor evaluado por los electores y Peña Nieto, que ha dado pruebas objetivas que toma decisiones electorales sobre las encuestas, lo escogerá. Evitar lo que hoy parece claro, dependerá de lo que hagan sus colegas del gabinete con aspiración presidencial, cuyos casos se irán explorando en este espacio más adelante.

 

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa