Ayotzinapa: la debacle

Raymundo Riva Palacio | Martes 3 de mayo, 2016

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

 

La investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue resuelta, según los investigadores de la PGR, en 29 días. En ese periodo detuvieron a más de 90 personas, lograron confesiones del crimen y establecieron la red de protección institucional en la región de Iguala, donde la noche del 26 de septiembre de 2014 policías de tres municipios, subordinados a Guerreros Unidos y bajo el control de las autoridades locales, desaparecieron a los estudiantes. Esto fue detallado por Tomás Zerón, el Jefe de la Agencia de Investigación Criminal, a su entonces jefe, el Procurador General Jesús Murillo Karam, y a los Secretarios de Gobernación, de la Defensa, de la Marina y el director del CISEN. El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, según testigos, le dijo: “se lo tienes que explicar al Presidente”.

 

En Los Pinos, Zerón lo repitió al Presidente Enrique Peña Nieto. Tenían a los asesinos, y sabían el lugar donde los habían matado, incinerado y tirados en bolsas. No tenían un móvil claro, aunque Murillo Karam, por los testimonios de varios imputados, identificaba como autores intelectuales a José Luis Abarca, en ese entonces alcalde de Iguala, y a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, hermana de los jefes de Guerreros Unidos. Hacía tiempo que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda los investigaba por lavado de dinero, pero nunca actuó, como tampoco la PGR a la petición reiterada de la Fiscalía General de Guerrero para que procesara a Abarca como presunto responsable del asesinato, de propia mano, de un líder del PRD opuesto a él.

 

“No quiero pasar como el Presidente que asesinó a los estudiantes”, le dijo Peña Nieto a Zerón, según testigos, quien le respondió que sólo tenían un problema: cómo explicar públicamente lo que había pasado en Iguala. El Presidente ya estaba siendo criticado por su lento actuar para esclarecer el crimen, y estaba pagando los errores de sensibilidad y oficio de dos de sus más cercanos colaboradores: el subsecretario de Gobernación, su compadre Luis Miranda, y el entonces Jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño. Miranda nunca entendió la gravedad de un ataque contra normalistas de Ayotzinapa por parte de policías y criminales, cuando el ex Gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, le informó lo que estaba pasando la noche del 26 de septiembre antes de que desaparecieran. Nuño, cuando se planteó el tema 72 horas después ­–pese a que era un escándalo nacional-, insistió que pertenecía al ámbito municipal.

 

La no acción del Gobierno Federal durante 15 días –aunque la PGR comenzó sus propias diligencias desde los primeros días-, estaba llevando un crimen local, a ser un crimen de responsabilidad federal. La preocupación en el Gobierno se mantenía. ¿Cómo explicarlo a la opinión pública para que tuviera credibilidad? Dentro de la PGR, la entonces Subprocuradora de Derechos Humanos, Eliana García Lagunes, sugirió que se invitara a expertos extranjeros para que acompañaran la investigación.

 

García Lagunes sabía perfectamente del tema. Fundadora del PRD y durante años luchadora brazo a brazo con las organizaciones de derechos humanos en México, conocía a toda la red que con el tiempo se articuló con los familiares de las víctimas de Ayotzinapa, que había fortalecido como presidenta de la Comisión de Seguridad y Justicia en la Cámara de Diputados. A Murillo Karam le propuso a los expertos Emilio Álvarez Icaza, Secretario General de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La idea fue aceptada en Los Pinos. Funcionarios federales lamentan hoy haber respaldado la iniciativa, que le abrió la puerta a la investigación al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que se convirtió en una pesadilla para el Gobierno peñista.

 

Funcionarios federales admiten que cuando el ex Procurador propuso a García Lagunes, no sabían quién era ella ni sus antecedentes. “Las fichas sobre ella llegaron hasta mucho después”, recordó un funcionario de la PGR. El CISEN no les alertó a tiempo de sus vinculaciones, agregó, y ni siquiera Murillo Karam, que ya no sobrevivió en el cargo para contarlo, comprendió el alcance de lo hecho. No son pocos los funcionarios federales que maldicen la hora en que se invitó a los expertos internacionales y se les abrió la puerta a la justicia mexicana. Pocos son los que conocen que fue García Lagunes, quien también fue la pieza central para que llegara el Equipo Antropológico Forense Argentino a asesorar a los padres de los normalistas de Ayotzinapa, la autora de ello.

Sin embargo, lo que hizo García Lagunes, quien tres meses después de salir Murillo Karam de la PGR renunció a su cargo, fue lo correcto. En términos de opinión pública y legitimidad, García Lagunes recomendó justo lo que cualquier experto en manejo de crisis recomendaría. El Gobierno peñista no tenía ninguna otra opción para inyectar legitimidad y credibilidad a la investigación. Era el único camino para evitar lo que temía Peña Nieto, que lo recordaran como “el asesino de los normalistas”. El fracaso para impedirlo no se construyó al abrir esa puerta. La debacle del Presidente, que lo colocó como el responsable político de un crimen municipal, fue propiciada por su propio gobierno, que mostró tener una visión reduccionista y soberbia que hizo que buscaran respuestas en forma endogámica. De esa forma, sus errores los repitieron sin darse cuenta, hasta la ignominia.

 

Mañana: Ayotzinapa: ¿qué sigue?

 

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Ayotzinapa: el desastre

Raymundo Riva Palacio | Lunes 2 de mayo, 2016

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

 

Poco después de las 11 de la noche del 26 de septiembre de 2014, el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, le informó al subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, de una balacera en Iguala, donde había muertos, heridos y, además, que los principales atacados eran normalistas de Ayotzinapa quienes, no pensó necesario subrayar, tenía una larga historia de rebeldía y conflicto con las autoridades. Miranda lo escuchó pero a decir de su reacción, no entendió, pues no sonó ninguna alarma. Sólo le pidió al subsecretario de normatividad de medios, Andrés Chao, que estuviera pendiente el sábado porque había habido una balacera en Iguala, para ver si la mencionaba la prensa. El compadre del presidente Enrique Peña Nieto, se fue a dormir.

 

El gobierno federal no actuó. El Ejército y la Policía Federal interactuaron en Iguala con las acciones criminales, pero la información tampoco fue procesada por Miranda. ¿Qué habría pasado si responde el gobierno federal esa misma noche? La pregunta es retórica, pero el hecho que no haya hecho nada, dibuja de cuerpo entero la incompetencia de un gobierno que, hasta hoy, presume con soberbia su capacidad. Las consecuencias de aquello llevaron a críticas internacionales sobre la falta de Estado de Derecho en México y cuestionamientos interminables sobre la investigación del crimen en Iguala, que finalmente rompieron el silencio dentro del gobierno que hoy esboza sus diferencias y contradicciones.

 

Funcionarios de diversas dependencias, frustrados, dicen que uno de los grandes problemas que ha enfrentado el gobierno por el crimen contra los normalistas es su falta de cohesión interna y la forma como en términos reales, no discursivos, ha actuado.

 

“Lo han tratado como si fuera un asunto de barandilla de ministerio público”, se quejó un funcionario de la PGR. “Es cierto, no se ha trabajado como una unidad”, admitió un colaborador del presidente Peña Nieto, quien reconoció que una parte del problema nació en la Presidencia. Dos de las principales críticas apuntan hacia Los Pinos y a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

 

“(La canciller Claudia) Ruiz Massieu no se quiere ensuciar las manos”, dijo un funcionario de la PGR. “Nos enterábamos por la prensa de lo que iba a hacer el GIEI (el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) porque nunca nos informaban con antelación de nada”. Qué tanta falta de comunicación se dio entre la PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores sólo el Presidente podría aclararlo, pero igualmente Peña Nieto, o se mantuvo ausente en la presión a sus colaboradores para que trabajaran de diferente manera, o delegó tanto que cada quien hizo lo que mejor se le acomodó a sus intereses particulares.

 

Un ejemplo de que eso puede ser lo que pasa regularmente en Los Pinos es su oficina de Comunicación Social, a la que señalan cada vez de manera más abierta no sólo desde la PGR sino desde la Secretaría de Gobernación, por la creciente idea que una gran parte de la crisis que vive el gobierno tras las conclusiones del GIEI y las reacciones en el mundo coincidentes en contra de la administración de Peña Nieto, tiene que ver directamente con el mal trabajo que realizaron sus operadores de medios. El caso que han resaltado en los últimos días para ilustrar cómo hay más interés en la promoción personal que en la defensa de los intereses del gobierno, fue la entrevista del vocero presidencial, Eduardo Sánchez, que publicó el diario La Razón 48 horas antes de que el GIEI diera a conocer su informe final sobre el Caso Ayotzinapa. La entrevista fue de alta promoción de Sánchez, quien posó para una fotografía que tuvo una exposición sobresaliente en su primera plana, sin tener la sensibilidad que La Razón es el periódico al que organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación en el mundo responsabilizan de encabezar la campaña de desprestigio gubernamental contra del GIEI.

 

“Sánchez debió haber estado más atento en cómo enfrentar la crítica que se venía que en promoverse de esa manera”, dijo molesto un funcionario en el área política del gabinete. Pero el vocero presidencial está lejos de ser el único cuestionado. Funcionarios en el gabinete de seguridad nacional han mostrado descontento por la forma como varios subsecretarios de Gobernación han enredado la relación con los padres de los normalistas y sus abogados a lo largo del tiempo. En un principio se quejaban de las promesas imposibles que hacía Miranda –como que les abrirían las puertas del cuartel del Batallón 27º de Infantería-, y posteriormente por declaraciones hechas por el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, que contradicen las investigación, con lo que las contradicciones dentro del gobierno minan sistemáticamente su posición.

 

El crujir de los maderos en los altos niveles del gobierno no parece ser escuchado por el presidente Peña Nieto, quien a decir de sus discursos, piensa más en que no lo entienden los mexicanos -sobretodo los medios de comunicación, que en reconocer que algo está mal en las oficinas de mayor responsabilidad de su administración. Peña Nieto padece, se puede argumentar, de lo que en Teoría de Juegos se llama El Paradigma de la Rana, un ejercicio biológico donde una rana se cuece gradualmente mientras nada, sin darse cuenta de que se está muriendo hasta que ya es muy tarde para evitarlo.

 

Mañana: Ayotzinapa: ¿qué sigue?

 

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El video de Zerón

Raymundo Riva Palacio | Viernes 29 de abril, 2016

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

 

La realidad rompió el blindaje. El informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes divulgado el domingo pasado, que cuestiona el trabajo del Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, anuló la protección que durante casi dos años le dio el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, quien logró mantenerlo en el cargo cuando el equipo de Jesús Murillo Karam se colapsó tras el desgaste por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Zerón, que jugó un papel central en las investigaciones que llevaron a la versión oficial del Gobierno, conocida como “la verdad histórica”, nunca estuvo expuesto a la crítica pública hasta esta semana, que lo obligó a responder por su trabajo. Lo hizo el miércoles, en una aparición desafortunada.

 

Zerón le respondió al GIEI sobre un video grabado periodístico durante un peritaje fechado el 28 de octubre de 2014 en el Río San Juan, donde según el expediente del Caso Ayotzinapa, se había recolectado la evidencia de que las cenizas de normalistas presuntamente incinerados en el basurero de Cocula, habían sido arrojados en sus aguas en ocho bolsas. Muchos dimes y diretes cruzaron Zerón y el GIEI sobre el video difundido el domingo, pero la conclusión legal es la admisión del jefe de la Policía Ministerial que sí hubo un error en ese peritaje, no en contenido, sino en la fecha. La perita, reveló, se equivocó al anotar la fecha. No se realizó el 28, sino el 29, dijo Zerón, con lo cual buscó zanjar esa discrepancia de fondo entre las dos partes. La realidad es que profundizó su crisis.

 

Con la admisión, Zerón no modifica el resultado del peritaje, pero al establecerse la posibilidad de dolo, imprudencia o descuido, comentaron expertos en el tema, se configura es una responsabilidad de carácter administrativo. Los peritajes en el Río San Juan y el basurero de Cocula han sido cuestionados por expertos independientes, con lo cual ese error de la perito, bajo la supervisión de Zerón, contribuirá a la sospecha de que el jefe de criminalística sembró pruebas para fortalecer “la verdad histórica”. Zerón dijo que su proceder ese día no fue ilegal, porque no realizaba ningún peritaje, sino realizaba una verificación de lo que un día antes había declarado ante el ministerio público Agustín García Reyes, detenido junto con otros dos integrantes de Guerreros Unidos, que admitió –tras ser torturado- haber participado en el crimen e incineración de los normalistas.

 

Para probar su actuación, Zerón mostró un video realizado por la PGR ese día en el Río San Juan, en donde aparece García Reyes custodiado por un policía con el arma semiautomática en su espalda, mostrándole los lugares donde se supone tiraron las bolsas con las cenizas de los normalistas. Esas escenas son las que liquidan a Zerón, quien al mostrarlas por primera vez –no fue integrado en el expediente del caso- mostró una flagrante ilegalidad en el proceso y abrió la puerta para que García Reyes pueda recuperar su libertad y ser exonerado del delito por el que se le acusa. Si eso sucede –un camino que la defensa del presunto criminal probablemente siga-, la versión oficial del gobierno mexicano del Caso Ayotzinapa será sepultada.

 

Lo que demostró el video de Zerón es una violación de la ley. Si su presencia no es ilegal, como dijo el miércoles, sí lo fue la de García Reyes, quien salió de la Subprocuraduría Especializada de Investigaciones sobre la Delincuencia Organizada, sin ser registrada en el expediente. Es decir, fue una salida ilegal que al mantenerse en secreto, como fue el caso hasta el miércoles, podrá ser tomada como una prueba de violación del debido proceso. El imputado García Reyes no fue asistido en esa diligencia, por lo cual se violaron sus derechos humanos y conlleva, dijo un experto, a la nulidad de las actuaciones. En paralelo, el ministerio público, en calidad de garante de la constitucionalidad y la legalidad, añadió el experto, tiene la responsabilidad de proteger y asegurar la eficacia plena de los derechos de las personas que se encuentran a su disposición. Ese día en el Río San Juan, no había ministerios públicos; sólo policías y peritos. Zerón, quien no es abogado –lo cual es también una limitación legal-, tampoco es ministerio público, sino auxiliar de la representación social.

 

Nunca como ahora el Caso Ayotzinapa estuvo en mayor riesgo de caerse. Las críticas de expertos como el GIEI o el Equipo Antropológico Forense Argentino, respondidas con descalificaciones sistemáticas en algunos medios, fueron un antecedente que contribuyó, sin embargo, a que varios gobiernos en el mundo cuestionaran la investigación y demandaran el Estado de Derecho y la aplicación del debido proceso en el Caso Ayotzinapa. El video de Zerón demuestra que todas las críticas apuntaban en la dirección correcta, y que la PGR bajo la gestión de Murillo Karam, quien comenzó las investigaciones, estaban en lo correcto. No queda claro si se trató sólo de incompetencia –como se ha insistido en este espacio-, o encubrimiento, como se piensa en muchos otros sectores. Lo que sí queda claro es que el tiempo de Zerón en la PGR se acabó. Tendría que salir porque se convirtió en un lastre para el gobierno y en el mejor ejemplo que su investigación criminal, se tergiversó para engañar a la nación.

 

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Peña, va derecho y no se quita

Raymundo Riva Palacio | Jueves 28 de abril, 2016

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

 

El Presidente Enrique Peña Nieto inauguró este lunes el Tianguis Turístico en Guadalajara y de las de dos mil 846 palabras de su discurso, 150 hablaron por su fuero interno. Al hablar del crecimiento turístico y ratificar el potencial del país para consolidarse, dijo: “Tenemos una gran oportunidad. Y miren, sé que a veces, leyendo algunas notas, columnas y comentarios que recojo de aquí y de allá, se dice: es que no hay buen humor, el ánimo está caído, hay un mal ambiente, un mal humor social”. Dicho eso, Peña Nieto volvió a lo que ha sido la prédica del sexenio, el crecimiento, el avance, las reformas. En pocas palabra, va derecho y no se quita.

El Presidente utilizó un sofisma al establecer una premisa cuya conclusión no se ajusta a ella para, como es la definición del término, “defender algo y confundir al contrario”. En realidad, el que haya un mal humor social no significa que no pueda haber crecimiento e inversiones. Si ese fuera el caso, no habría oleoductos en las regiones talibanas en Afganistán, ni podrían extraer recursos naturales las multinacionales en la África oriental controladas por los señores de las guerras. En ninguna dictadura habría inversiones, y China no sería la potencia que es.
 
No es un ejercicio empírico o libertino el de los medios al hablar del humor social. En algunos casos recogen lo que los políticos comentan sobre qué ven en las calles mexicanas, que recorren sin las burbujas que rodean Los Pinos. Electoralmente, el año pasado el PRI perdió tres millones de votos pese a que sus candidatos escondieron al Presidente de sus campañas para no jalar sus negativos crecientes en la opinión pública. Si su partido mantuvo la mayoría en el Congreso, no fue resultado de su gestión, sino de la diáspora de la oposición. Los crecientes niveles de desaprobación presidencial contra los sistemáticos números negativos de su aprobación, son otro reflejo de que el ánimo nacional no le favorece. La creciente inconformidad social reflejada en protestas y movilizaciones y la falta de un acuerdo nacional, son botones de la misma muestra.
 
En otros casos, columnistas y opinadores usan los datos que surgen de los estudios sobre el humor social de las empresas que lo han medido desde hace más de 20 años. Nunca ha estado el humor social más abajo que cuando secuestraron al abogado Diego Fernández de Cevallos en 2010, que superó el momento del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994 y el error de diciembre el arrancar el Gobierno de Ernesto Zedillo. En el Gobierno de Felipe Calderón no fue el secuestro el único punto bajo en el humor social. La crisis bancaria y de bienes raíces en Estados Unidos y contaminó al mundo, llevó al ex Presidente a un hoyo muy oscuro.
 
El primero de diciembre de 2012, con menos de un día en la Presidencia, el humor social con el que Los Pinos recibió a Peña Nieto tenía un saldo negativo, de acuerdo con uno de los estudios, de 62%. Es decir, Peña Nieto arrancó su gobierno con una sociedad muy enojada con las autoridades, que logró quitarle casi 70% de los negativos durante los primeros meses de su administración, gracias a los acuerdos del Pacto por México, que generó la percepción de que había un Presidente con el control del país en las manos, eficiente y que sabía a qué puerto de destino quería llegar. Sin embargo, hubo síntomas que sugerían que las cosas no estaban tan estables. La captura de la maestra Elba Esther Gordillo a finales de enero de 2013, le dio muy buenos puntos en las encuestas, pero sólo durante cinco días.
 
Todo lo que sucedía en el crecimiento del mal humor social y la desaprobación presidencial, no era admitida en Los Pinos. Uno de los colaboradores de Peña Nieto ha llegado a decir que eso se debe a que los mexicanos “no entienden la investidura presidencial”. De ese tamaño es la ignorancia. La desaprobación presidencial se fue definitivamente para arriba en noviembre de 2013, por la Reforma Fiscal. La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa no generó tanto impacto negativo, como sí fue el episodio de la casa blanca, que aceleró el malestar contra el Presidente. Para finales del año pasado, el mal humor social ya superaba los 80’s por cientos, que no fue mitigado por la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán en enero pasado. 
 
Es extraño que un Presidente no tenga toda la información, positiva o negativa de lo que está sucediendo en torno a su Gobierno y a su gestión. Pero también es cierto que Peña Nieto dejó de leer prensa –su información básica proviene de la televisión- hace un muy buen tiempo. Bajo esos presupuestos, que subrayan la poca información sin censura a la que tiene acceso, que haya utilizado ese sofisma en Guadalajara no es una mala señal. Al contrario. Que hable del mal humor social, aunque esté equivocado en sus premisas y conclusiones, es un avance. Cuando menos, ya sabemos que sabe que hay mexicanos que por las buenas o las malas razones, están indignados con él.
 
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Desestabilización en Acapulco

Raymundo Riva Palacio | Miércoles 27 de abril, 2016

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

 

El domingo por la noche, la zona costera de Acapulco desde el Club de Yates hasta la Zona Dorada, que alberga a más de 100 hoteles, vivió horas de pánico. Grupos armados atacaron los dos hoteles en donde se hospeda la Policía Federal y generaron una balacera. Muchos tiros que causaron terror, pero dejaron el saldo de un atacante muerto y un federal herido. ¿Qué se pretendía? “Estábamos preparados, pues ya se veía venir”, dijo a la prensa el Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo. “Hubo una articulada organización para tirar balazos y provocar zozobra; todo preparado por la delincuencia organizada”. Lo que sucedió en Acapulco llena los casilleros de un proceso de desestabilización sólo visto con ese nivel de preparación y construcción de condiciones de terror en Reynosa, durante la década pasada.

 
El Gobernador Astudillo refirió que la balacera del domingo obedeció a la captura en Los Cabos, Baja California Sur, de Freddy del Valle Verdel, El Burro, anunciada por la Comisión Nacional de Seguridad el domingo pasado. Las autoridades lo identificaron como el jefe de plaza del Cártel de los hermanos Beltrán Leyva, encargado de la venta y distribución de drogas en el puerto, a la vez que ordenaba secuestros, extorsiones y asesinatos de sus rivales, el Cártel Independiente de Acapulco, que es una escisión de la vieja organización que a finales de la década pasada controlaba todo el negocio de la droga en el corredor que iba de la Ciudad de México a aquella ciudad. Sin embargo, las desestabilización se venía dando, como en Reynosa, casi dos semanas antes. 
 
En Reynosa, el entonces Gobernador Eugenio Hernández enfrentó en un día múltiples rumores que causaron enorme zozobra en la población. Aunque condenó las redes sociales, en ese momento aún no habían detectado que dos semanas antes de ese punto climático de incertidumbre y pánico, se habían comenzado a difundir rumores en cuentas de Twitter que recién se habían abierto, donde anticipaban balaceras, cierre de escuelas, comercios y advertencias a los pobladores que no salieran de sus casas. Un día de balacera sirvió para magnificar los eventos criminales, darle veracidad a lo que la especulación venía construyendo, e introducirlo en una emporada de inestabilidad política.
 
En el caso de Acapulco, de acuerdo con un recuento de Federico Sariñana, director de Capital Máxima Chilpancingo, en las dos últimas semanas se había registrado una inusual actividad en las redes sociales, así como mensajes de alerta transmitidos por Whatsapp. A través de robots (bots, en el lenguaje cibernético) sincronizados, añadió Sariñana, se transmitieron audios y videos para atemorizar a la población, entre ellas fotografías de episodios de violencia que habían sucedido en ese puerto seis años antes. El último audio fue enviado este lunes, después de la balacera en Acapulco, donde una mujer, aparentemente en una conversación telefónica, afirmaba que el martes se iba a decretar el toque de queda en el puerto, con lo cual toda la actividad pública sería restringida, con lo cual, se puede argumentar, buscaban compras de pánico en mercados y establecimientos comerciales que generaran aún más zozobra.
 
Panfletos distribuidos misteriosamente entre la población a través de las redes sociales, comenzaron a llegar a las casas de los acapulqueños. Uno, el viernes, decía: “A todos los habitantes del puerto de Acapulco se les hace la advertencia que este fin de semana será muy violento, no nos hacemos responsables de la gente inocente que se atreviese, vamos a terminar con la bola de lacrosos que circulan por las noches en bares y discotecas de Acapulco… Así que no salgan después de las 10 de la noche, este fin de semana no es puente ni vacaciones así que no hay turismo…”. El panfleto estaba cruzado por un letrero, como prueba de agua, que decía “Periódico Dictamen de Guerrero”, que no existe, y a diferencia de las narcomantas, salvo la puntuación gramatical, no tenía faltas de ortografía.
 
El domingo circuló otro panfleto que decía: “El cártel de Sinaloa informa que a partir de mañana lunes 25 de abril estaremos haciendo recorridos por todas las colonias del puerto a partir de las seis de la tarde y a todo aquel que veamos sospechoso será levantado. Les recomendamos no salir de sus casas si no tienen nada que hacer, tampoco queremos ver niños jugando en las calles o serán balaceados. La plaza de Acapulco es nuestra y no queremos que haya muertos inocentes por eso advertimos que no salgan y cierren sus negocios”. Por la tarde del domingo, apareció en Twitter un mensaje apócrifo que decía que las clases se habían suspendido este lunes.
 
Algo en ciernes mostró sus síntomas, pero hasta este momento no está del todo claro quién está atrás de esta campaña de desestabilización, que por definición busca minar a un Gobierno y mostrarlo incapaz de controlar lo que sucede. La pregunta es si el Gobierno de Astudillo es el objetivo primario de esta acción extraña, o si hay una meta ulterior, el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que se ha empeñado reiteradamente en llevar la paz a Acapulco y establecer parámetros de normalidad en Guerrero. El Gobernador asegura que no hay motivaciones más allá de las criminales. Empero, en cualquier caso, la afrenta es al Estado Mexicano, que debería encarar el desafío con la misma fuerza y energía con la que están probando sus capacidades y fortalezas.
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Ayotzinapa: campaña mediática

Raymundo Riva Palacio | Martes 26 de abril, 2016

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

 

El sábado pasado, en la esquina superior derecha de la primera plana del diario The New York Times, apareció a dos columnas una información muy negativa para el Gobierno mexicano. Titulada “Investigators Say Mexico Has Thwarted Efforts to Solve Students’ Disappearance”, se refería ampliamente, como señalaba su cabezal, a la forma como dentro del Gobierno mexicano habían frustrado los esfuerzos para resolver la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala en 2014. Pero una parte de ese largo despacho se refería a una campaña de desprestigio que había comenzado poco después de que refutaran la versión oficial del crimen, sintetizada popularmente como “la verdad histórica”, presentada hace 16 meses por el entonces Procurador General, Jesús Murillo Karam.

 
El Times recordó los orígenes de esa campaña mediática, que comenzó en las tres primeras semanas de noviembre pasado, cuando se acusó a los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, el GIEI, de mal gastar el financiamiento del Gobierno mexicano y de haber apoyado actos terroristas en el pasado. A lo que se refería el Times específicamente era a la denuncia de José Antonio Ortega, Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal en contra de la experta Claudia Paz y Paz, de quien dijo había sido militante “del grupo terrorista guatemalteco”, Ejército Guerrillero de los Pobres, y a la cadena sistemática de publicaciones en el diario La Razón, de la Ciudad de México.
El 21 de noviembre, el GIEI se entrevistó con el Subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, Roberto Campa, en cuya reunión uno de los expertos, Carlos Beristáin, le dijo que después de los ataques a Paz y Paz, la siguiente en la línea del desprestigio sería Ángela Buitrago, la cabeza más visible del GIEI. Campa, de acuerdo con varios participantes, le respondió que no le hicieran caso a La Razón, que era un periódico que nadie leía. Después de ello, Buitrago fue sometida a una intensa campaña de desprestigio en prensa y radio que después continuó contra el propio Beristáin (en este espacio se publicaron dos columnas críticas de él, y una réplica a los textos). 
 
Los expertos han resentido las críticas en cascada, que casi nada de ello tiene que ver con su trabajo del Caso Ayotzinapa. Aunque para ellos ha sido difícil entender las entrelíneas de la prensa mexicana, dos expertos señalan que la línea conducente en esa campaña es una crítica a su “antimilitarismo”, que es lo que aprecian en el trasfondo de muchas de las descalificaciones. Aunque los miembros del GIEI ubican en el mismo lado a quienes los han atacado en los medios, el hecho que el resultado sea similar, tiene orígenes, probablemente, diferentes.
 
El caso específico es el de el abogado Ortega, cuyos antecedentes ideológicos están en la extrema derecha de Jalisco, y sus relaciones de poder lo vinculan con el Ejército. Su hermano Alejandro fue el abogado defensor del General retirado Tomás Ángeles, cuando lo acusaron de tener nexos con el narcotráfico –salió libre por falta de pruebas-, y junto con el ex Subsecretario de la Defensa se reunió en mayo de 2012 con otro General retirado, Arturo Acosta Chaparro, en la víspera de que lo asesinaran en un extraño incidente callejero en la Ciudad de México.
 
Acosta Chaparro participó en la llamada guerra sucia de los 70’s en la sierra de Guerrero, en donde se vinculó al entonces Gobernador electo Rubén Figueroa Figueroa, y a su hijo, posteriormente Gobernador también, Rubén Figueroa Alcocer. La familia Figueroa es de Huitzuco, uno de los puntos señalados en las investigaciones del Caso Ayotzinapa, como uno de los sitios a donde llevaron un grupo de normalistas en 2014, y fue la promotora inicial en la política de José Luis Abarca, el Alcalde de Iguala cuando se llevó a cabo el crimen. 
 
Los dos ejes de la campaña mediática se han establecido a partir de la coincidencia de los señalamientos en La Razón y de Ortega. “Hay sectores dentro del Gobierno que no quieren que se cuestionen ciertas cosas y por lo tanto hay un intento de reforzar la ‘verdad histórica’ ”, le dijo Beristáin al Times. “Esos sectores dentro del Gobierno nos veían como una amenaza y esto endureció su punto de vista hacia nosotros, lo que en la práctica refuerza la impunidad que detiene las cosas para que cambien las cosas en este país”. Reiteradamente el Gobierno Federal ha negado estar detrás de ninguna campaña mediática, pero se negó a firmar un comunicado conjunto para denunciarla. 
 
Minimizarlo tampoco llevó a nada. Sugerencias a altos funcionarios del Gobierno Federal para que frenaran la campaña, resultaron infructuosas en buena parte porque dentro de la propia administración hay halcones y palomas; es decir, una línea dura y una conciliadora. La línea dura se impuso, como en otros casos criminales de alto impacto, y a varios medios llegó información que, en ocasiones, ni siquiera había sido judicializada en la PGR. El Caso Ayotzinapa abrió una vena que no alcanzaron a ver en Los Pinos, donde habría que haber parado esta campaña, que rápidamente los alcanzaría en forma de denuncia mundial. La información del Times fue el colofón.  Los organismos de derechos humanos en el mundo ya condenaron esta campaña, que es tema recurrente en la prensa internacional. Esto viene como si no tuviera el Gobierno suficientes problemas de credibilidad.
 
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Ayotzinapa: círculos de la muerte

Raymundo Riva Palacio | Lunes 25 de abril, 2016

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

 

La noche del 26 de septiembre de 2014, hubo tres anillos de seguridad donde, se puede colegir, nunca iban a dejar que los estudiantes de Ayotzinapa escaparan de los ataques que enfrentaron durante tres horas en Iguala. El primer anillo es el que establecieron las policías municipales en Iguala, en donde secuestraron a 43 estudiantes de quienes no se sabe la suerte de 42; el segundo en la desviación a Santa Teresa, dentro del mismo municipio; y el tercero en la desviación de la Autopista del Sol, a Mezcala. Estos anillos de seguridad están expuestos en el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), divulgado este domingo y son una revelación notable. Muestran, aunque no lo señalan explícitamente, una acción concertada entre policías municipales de cuando menos tres municipios, policías federales y dos grupos criminales enfrentados entre sí. Deja en duda, también sin referirse a ello, qué papel jugó realmente el Ejército aquella noche de barbarie.

 

La construcción de los tres anillos se hizo a través de testimonios de los involucrados en el crimen. El primer anillo de seguridad, ampliamente divulgado y documentado, se da en Iguala, donde la policía municipal atacó en tres diferentes puntos los autobuses de los estudiantes e impidió que salieran de esa ciudad. El segundo, trabajado tangencialmente, fue sobre la carretera de Iguala y Chilpancingo, a la altura de la desviación a Santa Teresa –una comunidad del mismo municipio, donde se dio el ataque al equipo de Los Avispones, donde muere uno de sus jugadores y dos personas que viajaban en un taxi. Aunque también fueron policías municipales los que intervinieron, igualmente hubo presencia de policías federales, como sucedió en cuando menos uno de los episodios en Iguala.

 

El tercero se dio en la desviación a Mezcala, que aunque fue mencionado como punto importante para atender desde los primeros días de la investigación, siempre se soslayó. Mezcala es lo más oscuro que existe en la investigación hasta este momento. El informe final del GIEI le adjudicó un nuevo valor, al retomar de manera detallada los testimonios de lo que sucedió aquella noche. El más relevante es el de Hermenegildo Morales, ministerio público estatal adscrito en Tlapa, que iba a ver a su familia en Iguala, quien se topó con el retén sobre la Autopista del Sol de aproximadamente 40 personas, pero decidió brincarlo.

 

El comando le disparó al violar el retén y fue perseguido hasta que lo detuvieron. De acuerdo con el informe del GIEI, cuando se identificó como ministerio público lo dejaron ir. ¿Quiénes integraban ese retén? ¿Por qué le perdonaron la vida cuando vieron que era un funcionario judicial? Con toda la información disponible hasta ahora, no se puede establecer quiénes formaban ese comando. Sin embargo, aunque esto no figura en las conclusiones, hay elementos de contexto que sólo profundizan la confusión.

 

Esa zona está controlada por Los Rojos, la banda criminal enemiga de Guerreros Unidos, a la que se le señala como el grupo que desapareció a los normalistas. ¿Cómo pudo establecerse un anillo de seguridad en una zona bajo el control de sus enemigos? La noche del 26 de septiembre hubo ataques a vehículos en la desviación a Mezcala, en la zona de Sábana Grande, a tres kilómetros de Santa Teresa, e inclusive un tráiler, perforado totalmente por los disparos del comando, estaba atravesado sobre la carretera sin que la Policía Federal, responsable de la seguridad en los caminos del país, interviniera. En la desviación a Mezcala, el Ejército siempre había mantenido presencia militar, pero esa noche, de acuerdo con las primeras investigaciones, no había ningún militar en la zona. El reporte del GIEI carece de información detallada sobre el papel del Ejército, no sólo porque nunca pudieron hablar con los soldados del Batallón 27º de Infantería en Iguala, sino con ningún mando. Tampoco les proporcionaron documentos sobre sus métodos, formas de operar y partes a sus superiores.

 

El GIEI nunca pudo saber, por ejemplo, de los malos antecedentes de los militares en esa región, y que no habían pasado los exámenes de confianza. La reputación de ellos fue varias veces comentada dentro del Grupo de Coordinación de Guerrero, presidido por el CISEN, e integrada por los responsables de seguridad e impartición de justicia del estado, junto con representantes de la Marina, el Ejército, y la Policía Federal. Las minutas de esas reuniones, oficialmente, no existen. En el informe de los expertos, el papel del Ejército es uno de los más oscuros de todos los actores, por la falta de información sobre lo que hicieron. Su papel esa noche está llenó de especulaciones.

 

La construcción de esos tres círculos de seguridad da pie a preguntas que tras 18 meses de investigación, no tienen respuesta. Ángela Buitrago, cabeza del GIEI, dijo que los eventos esa noche se dieron en una superficie más amplia, y duraron más tiempo del admitido hasta ahora. Según su reporte final, los grupos criminales  pudieron operar toda la noche sin problemas en una extensión de 80 kilómetros, pese a que, acotó Buitrago, el Ejército, la Policía Federal y las policías municipales tuvieron conocimiento cada segundo, de dónde estaban y qué hacían los normalistas desde que salieron de Chilpancingo. ¿Qué se decidió en esos anillos de seguridad? ¿Quiénes participaron directa e indirectamente en ellos? Ahí, probablemente, está la solución del crimen.

 

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El candidato de Peña

Raymundo Riva Palacio | Viernes 22 de abril, 2016

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

 

Dos días antes de que el Gobernador Enrique Peña Nieto escogiera sucesor en el Estado de México, le dijo a Luis Videgaray, en ese entonces poderoso diputado, que él no sería el elegido. Horas antes de que destapara a Eruviel Ávila como su delfín, habló con su primo, el entonces alcalde de Huixquilucan, Alfredo del Mazo Maza, y le dijo que tampoco sería él. Peña Nieto no le dijo ni a sus más cercanos por quién se inclinaba, pero en la madrugada del día de la unción informal, ni siquiera Ávila estaba seguro que él sería el escogido. En un mensaje a un periodista que preguntó si estaba fuera de la contienda, respondió, palabras más, palabras menos: Aún no me pueden descartar. Aquellos fueron momentos de introspección de un político que tomaba decisiones a partir de encuestas y una dosis de intuición. Seis años después, intriga cómo decidirá Peña Nieto su sucesión.

 
Peña Nieto ha perdido el instinto porque abandonó el contacto con la calle. Hoy vive acotado, en medio de la coreografía presidencial. Está alejado de la gente y de aquellos que antes hablaban con él, quienes regularmente tienen cerradas las puertas de Los Pinos, sin que necesariamente Peña Nieto esté al tanto de ello. ¿Cómo tomará esa decisión? En 2009, el 80% del voto fue para candidatos del PRI, PAN y PRD. En 2012, la mezcla varió poco: sólo 21% de los electores escogieron a un candidato fuera de esos tres partidos. Pero en 2015, el giro fue radical. El 61% de los electores escogieron a candidatos del PRI, PAN o PRD, mientras que el 39% votó por alguien más. En tres años, casi se duplicó el número de mexicanos que votaron por otras opciones. Movimiento Ciudadano fue el gran ganador, seguido de Morena, pero el cambio de paradigma electoral produjo una fragmentación profunda que permite adelantar que quien gane la próxima elección presidencial probablemente no contará con más del 30% del voto.
 
Bajo esa línea argumentativa, se puede decir que si la votación presidencial está en los 20’s por cientos, las maquinarias partidistas serán las que jueguen un papel preponderante con la movilización del voto duro. Con los datos de las elecciones en 2015, el PRI tiene un voto duro de 29% y el PAN de 22%. El PRD tenía 14% de voto duro, pero en los últimos ocho meses se desplomó a un 8-10%, mientras que Morena le arrebató el tercer lugar como fuerza política nacional, aunque sin alianza con el PRD, su candidato difícilmente tendrá posibilidades reales de ganar. Es decir, si estas variables se mantienen al 2018, el Presidente Peña Nieto podría escoger a cualquiera que desee como su sucesor, porque con cualquiera vencería la elección.
 
De esta forma, Peña Nieto realizaría una selección como la hizo el Presidente Miguel de la Madrid en 1988, cuando se inclinó por su único colaborador ideológicamente comprometido con la apertura económica –de hecho había sido su arquitecto- iniciada en 1985: Carlos Salinas. Peña Nieto podría reflexionar en qué quiere: ¿consolidar las reformas?, Videgaray o el Secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade; ¿enfoque político?, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, o el Gobernador Ávila; ¿gobernabilidad en caso de crisis? El Presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones; ¿mensaje de cambio generacional? el Secretario de Educación, Aurelio Nuño. No importaría si la mayoría de ellos son poco conocidos en el país, porque la maquinaria electoral del PRI se encargaría de darles los votos que se requieren para la victoria.
 
Este tipo de lectura no es un escenario alejado del mundo peñista, porque la forma como le interpretan las encuestas y los resultados electorales no siempre responden a la realidad de las urnas. Tras la enorme pérdida de votos en las elecciones de 2015, Peña Nieto no quiso escuchar a los líderes del PRI que trataron de explicarle que no era cierto lo que le decían en Los Pinos, que había sido un referéndum a sus reformas económicas, sino que había existido un rechazo a sus políticas. Secuestrado en ese entonces, ¿por qué no sería rehén de los mismos ahora? Si la información sobre la cual tomará su decisión se sustenta en esos números sin contexto, la sucesión puede convertirse en su peor pesadilla.
 
Los datos no reflejan el ánimo del electorado. La desaprobación a su gestión es un indicador del mal humor social que permea, desde hace más de tres años, por arriba del 80%, de acuerdo con diversas mediciones. El hecho que en las elecciones federales de 2015 lo escondieron en la propaganda del PRI para no absorber sus negativos, un fenómeno que se replica actualmente en las 12 contiendas para gobernador, revela que el Presidente no da positivos en absoluto.
 
Su candidato, por tanto, podría nacer contaminado y lo que hoy parece una elección en la bolsa, podría detonar un repudio que alineara electores detrás de quien piensen no que es mejor, sino que puede derrotar al PRI, que reeditaría el caso de Vicente Fox en 2000. El contra argumento a esta línea de pensamiento es que todo es hipotético. Cierto. Pero así son los escenarios, hipótesis que se prueban. Lo que corre en contra de Peña Nieto es que su viejo olfato político se agotó. Hoy su figura es tóxica y sólo da negativos, aunque en su entorno digan lo contrario. Falta ver si sale o no del hoyo en que lo metieron en Los Pinos.
 
 
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2018: luz verde presidencial

Raymundo Riva Palacio | Jueves 21 de abril, 2016

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

 

 

El lunes, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó: no es tiempo para pensar en el 2018; el martes, el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, declaró: no pienso en el 2018. Los dos alfiles de Enrique Pena Nieto evitaron que los medios de comunicación los metieran en la dinámica de la sucesión presidencial. Pero esto sólo forma parte del discurso para consumo de la opinión pública, pues el Presidente Peña Nieto ya dio la luz verde para que quienes en su entorno aspiran a la candidatura del PRI, comiencen a moverse. La sugerencia no se limita sólo a ellos, y cualquier observador cuidadoso se habrá podido dar cuenta de cómo arrancaron los cercanos del Presidente.
 
Desde hace tres semanas el Secretario de Educación, Aurelio Nuño, modificó su gastado discurso sobre exámenes para docentes e incursionó en la arena política al provocar reiteradamente –sin éxito aún-, al principal contendiente de oposición por la Presidencia en 2018, Andrés Manuel López Obrador, que quiere sabotear la Reforma Educativa. Hace semana y media, el Secretario de Agricultura, José Calzada, irrumpió en los medios con la numeralia de los avances que ha tenido el sector, convertido hoy en el principal generador de divisas para México. Hace una semana, el Secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, que había mantenido un muy bajo perfil, salió a los medios para hablar de su sector y de política. El gobernador del estado de México, Eruviel Ávila, no tiene esa autorización, pero tampoco la necesita: desde hace más de un año viene construyendo su futuro político. Quien tampoco requiere de ella, pero se apresuró a fijar postura y que los caballos no lo arrastren fue el presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, quien dijo que no cuenten con él para el 2018.
 
La sucesión presidencial dentro del PRI comenzó. Dos jugadores, sin embargo, no se han querido colocar en el arrancadero. Uno es Beltrones, como se mencionó líneas arriba, y el otro es Videgaray, cuya afirmación en Nueva York de que él está pensando en Pemex –el viaje a esa ciudad fue para tranquilizar a inversionistas y reafirmar la viabilidad financiera de la empresa- y no en el 2018, es absolutamente cierta. El Secretario de Hacienda ha emitido señales a los líderes empresariales y a los líderes de los sectores productivos, de que no está en su horizonte futuro la candidatura presidencial –también se ha descartado, en los conductos adecuados, de contender por la gubernatura del Estado de México-, que han llevado a preguntarse a sus interlocutores si en verdad Videgaray no aspira a la candidatura presidencial, con un dejo más de lamento que de crítica.
 
Pero en los otros campos, ya van corriendo. ¿Cómo se va a definir la candidatura presidencial en el PRI? Verdad de Perogrullo, Peña Nieto la decidirá. ¿En qué se fijará? Lo anticipó Osorio Chong en su declaración a la prensa: en los resultados de la gestión de quienes aspiren. En este momento no se puede afirmar que esa será la manera como el Presidente decida a quién quiere como sucesor. Si se toma cómo optó por Ávila en el Estado de México por encima de su primo, el diputado Alfredo del Mazo y del propio Videgaray, uno esperaría la decisión pragmática de un político con la cabeza fría. Sin embargo, el Peña Nieto de Casa Toluca y el Peña Nieto de Los Pinos son personas diferentes. Aquél era sensible y escuchaba a todos; este es insensible porque está secuestrado por un pequeño grupo –algunos de ellos aspirantes a la candidatura- que le impiden ver lo que sucede a su alrededor. Su imparable desaprobación sobre su gestión le grita cada mes que aparece un nuevo dato negativo, que algo está haciendo muy mal porque no logra revertir la tendencia. La molestia creciente con los líderes del país y la pérdida de consenso para gobernar, sugieren un manejo político y una comunicación erráticos. 
 
Pero estos gritos no le hacen mella en sus protegidos oídos. Entonces, cómo definirá Peña Nieto su sucesión. Nadie sabe aún, pero una certeza es que difícilmente será como lo hizo en el Estado de México, solo, en una introspección donde analizó quién podría ganar la elección. En aquél momento él tenía acceso a todo tipo de información que podía balancear y cotejar para ver los positivos y negativos de cada candidato en función de las necesidades objetivas que tenía: que el PRI ganara la elección para la gubernatura, como última estación previa para lanzar su candidatura presidencial, y como plataforma de despegue para 2015. Hoy es diferente.
 
Peña Nieto ha sido resguardado en Los Pinos por un grupo que en su gran mayoría carecen de oficio y experiencia. Leales algunos, no tanto otros, juntos han coadyuvado para ir cerrando las puertas a las personas que podrían, sin compromiso alguno, aportarle información a la que un Presidente -por diseño alejado de la realidad de las calles-, necesitaría para tomar decisiones. Los reportes que diariamente le preparan para informarle sobre los temas de la agenda y las recomendaciones que le hacen, suelen ser superficiales, sesgados y, sobretodo, carentes de información analítica seria. No es una exageración señalar que Peña Nieto es un Presidente esencialmente desinformado. ¿Sobre qué base podría tomar una decisión, dados estos antecedentes? ¿Cuáles serán las variables que utilizará? Estas preguntas serán respondidas en el siguiente texto.
 
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2016: Priistas en picada

Raymundo Riva Palacio | Miércoles 20 de abril, 2016

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

 

 

 

 

La fotografía electoral del momento no podía ser más complicada para el PRI. En los 12 estados que elegirán gobernador en junio próximo, la aprobación del presidente Enrique Peña Nieto está por los suelos -en los bajos 20s por cientos-, con lo cual ni su figura, ni sus reformas, ni sus políticas son un atractivo para sus candidatos. Al contrario, se puede alegar, habría que esconderlo en las campañas, como lo hizo el PRI en las elecciones federales de 2015. En los nueve estados que gobierna, el electorado quiere que salga del poder y haya alternancia; en cuatro de ellos, seis de cada 10 electores reprueban la acción del gobernador.

 

Las encuestas de aprobación presidencial a las que tiene acceso la opinión pública son a nivel nacional y no permiten ir al micro clima político en cada entidad. La referencia en este espacio a la caída aprobación del Presidente en los estados con elecciones, proviene de mediciones de varias empresas que no son públicas y con distintas metodologías -vivienda y telefónicas-. Coinciden que la caída de Peña Nieto está aparejada a la de los gobernadores, salvo en Durango, donde el gobernador está muy arriba del Presidente, y en Veracruz y Tamaulipas, donde los gobernadores están muy debajo de él.

 

Entre los estudios públicos, se encuentra la encuesta que dio a conocer la semana pasada el Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) en los 12 estados donde habrá elecciones para gobernador el 5 de junio. Las dos elecciones con mayor relevancia por el peso electoral que representan son Veracruz, la tercera entidad con mayor número de votantes (7.9% del total), y Puebla, la quinta (5.6% del electorado). En Veracruz nunca ha ganado nadie que no sea el PRI, pero por su tamaño, una derrota no sólo sería simbólica para la oposición, sino provocaría una enorme descompensación de voto para el tricolor pensando en las elecciones presidenciales. En Puebla pone su futuro en juego el actual gobernador Rafael Moreno Valle, quien aspira ser el candidato presidencial del PAN; si perdiera la elección, su principal rival en este momento, Margarita Zavala, tendría el camino libre a la candidatura en 2018.

 

Veracruz, de acuerdo con la encuesta de GCE, luce fatal para el PRI. El panista Miguel Ángel Yunes apabulla en esta fotografía al priista Héctor Yunes con una diferencia de cinco puntos (24.1% contra 19% de la preferencia electoral), que se agrava cuando se ven los negativos: el panista tiene 12.2% de desaprobación, contra un impresionante 47.8% del priista, arrastrado por el lastre del gobernador Javier Duarte. Una polarización entre los primos Yunes que los neutralizara, ayudaría a quien los sigue de cerca, Cuitláhuac García de Morena, aunque si afectara el temor que genera entre una buena parte del electorado Andrés Manuel López Obrador, jefe político de ese partido, un inesperado benefactor sería el independiente Juan Bueno. Si alguien pregunta por el PRD, no existe; se dilutye en la alianza con el PAN.

 

Puebla, según la encuesta del GCE, tampoco pinta bien para el PRI. Su candidata Blanca Alcalá se encuentra con 21.1% de las preferencias electorales, muy lejos del panista Antonio Gali, que figura con 30.9%. Al paso que va Alcalá, podría incluso caer al tercer lugar, detrás de Abraham Quiroz, que contiende por Morena. ¿El PRD? Tampoco existe: está en el sexto lugar. Puebla es el único caso donde al PRI, de cara a 2018, le beneficiaría en el largo plazo que ganara Gali, protegido de Moreno Valle, quien con esta victoria en su bolsa, mantendría cerrada la contienda por la candidatura presidencial panista. Colaboradores del presidente Peña Nieto siempre recuerdan que Moreno Valle ha sido uno de los gobernadores más beneficiados presupuestalmente en esta administración, y existe la percepción entre ellos que el poblano es mucho más fácil de enfrentar en una elección presidencial que la señora Zavala.

 

Otro estado que si bien no tiene gran peso electoral, una derrota del PRI sería emblemática, es Quintana Roo. De acuerdo con el GCE, el candidato de la alianza PAN-PRD, Carlos Joaquín, aventaja con 33% de la preferencia electoral al priista Mauricio Góngora, que tiene 27.5%, en un estado gobernado desde su nacimiento en los 70’s por dos familias y sus testaferros políticos: los Joaquín y los Borge. Pero simbólica, porque Joaquín rompió con el PRI enfrentado con el gobernador Roberto Borge, y es medio hermano del secretario de Energía y presidente del partido durante la elección presidencial de Peña Nieto, Pedro Joaquín Coldwell.

 

El PRI, que gobierna en nueve de las 12 gubernaturas en juego, está teniendo problemas con el PAN en Aguascalientes y Tamaulipas donde hay empates técnicos, y en Durango y Oaxaca, donde están muy cerradas las contiendas con Morena y el PAN, respectivamente. Está holgado en Chihuahua, Hidalgo y Sinaloa, de acuerdo con el GCE, mientras que la cancelación del registro de David Monreal en Zacatecas, le dio un enorme respiro. En Tlaxcala, su candidato Marco Mena va siete puntos debajo de la abanderada del PRD, Lorena Cuéllar, que es la única perredista con posibilidades de ganar.

 

En las cuentas frías en este momento, si las elecciones fueran hoy, el PRI perdería el poder en Aguascalientes, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz; lo recuperaría en Oaxaca y Sinaloa, y lo mantendría en Chihuahua, Durango, Hidalgo, Tamaulipas y Zacatecas. En el balance, dos menos que las que tiene actualmente, entre ellas, las joyas de la corona de 2016.

 

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Iguala: miles de pistas

Raymundo Riva Palacio | Martes 19 de abril, 2016

ESTRICTAMENTE PERSONAL | La columna de Raymundo Riva Palacio

 

Entre más información surge sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, más confusión parece generar. Pero la apertura de los expedientes sobre el crimen en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, y los informes de organismos que luchan por los derechos humanos, muestran con claridad el modus operandi con el que actuaban las autoridades de la región y la banda criminal Guerreros Unidos, y empiezan a abrir la ventana para encontrar el misterioso móvil del crimen. Pensar menos como ministerio público y analizarlo más como un fenómeno sociopolítico, ayudará entender lo que sucedió esa noche. No es suficiente para alcanzar la verdad legal, pero sí para enfrentar el cáncer nacional de corrupción e impunidad, que es un principio.

 

En esa lógica habría que empezar por la línea de tiempo de los primeros momentos políticos de esa noche. En su declaración ministerial Yazareth Abarca, la hija del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, dijo que su padre habló por teléfono celular poco antes de las nueve de la noche con Felipe Velázquez, que era el secretario de Seguridad Pública municipal, quien le estaba informando lo que sucedía con los normalistas. “No les hagan nada”, le instruyó, según su hija, “ya saben cómo son de latosos”. Eso nunca iba a ser posible, porque las autoridades municipales en toda esa región, de acuerdo con las investigaciones, eran parte orgánica del crimen organizado.

 

Abarca había ingresado en la política con el apoyo del grupo del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer –a cuyo padre, también ex gobernador, lo llamaban El Tigre de Huitzuco-, quien le consiguió una cita con el general Guillermo Galván, a la sazón secretario de la Defensa del presidente Felipe Calderón, para que le donara los terrenos en Iguala en donde construir el centro comercial Galerías Tamarindos, y de Héctor Vicario, un incondicional de Figueroa Alcocer, que preside actualmente la Comisión de Justicia del Congreso estatal. Otro apoyo de Abarca y ex alcalde de Iguala, Lázaro Masón, quien era secretario de Salud del gobierno de Ángel Heladio Aguirre, le habló. “¿Qué pasó?”, preguntó. “Estoy muy consternado”, respondió Abarca. El ex alcalde y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, no se fueron a dormir, como afirmó a la prensa. Hasta las cuatro de la mañana, con el crimen en proceso, dejaron de hablar por teléfono.

 

No iba a ser posible frenarlo porque toda la operación político-criminal se había puesto en marcha. No se sabe aún cuál el motivo del ataque a los normalistas, pero de los cinco autobuses en los que se movieron esa noche en Iguala y fueron atacados por la policía, sólo se secuestró y desapareció a los normalistas que iban en los vehículos 1531 y 1568, que fueron los únicos que salieron de Chilpancingo horas antes. ¿Coincidencia? No hay explicación sólida que explique porqué no hubo desaparecidos de los otros autobuses. Varios policías municipales de Iguala que fueron detenidos esa misma noche, declararon que les habían dado una lista con los nombres específicos de 17 de los más de 50 normalistas que llegaron a esa ciudad el 26 de septiembre.

 

En el autobús 1531, que fue atacado por policías municipales casi enfrente del Palacio de Justicia, a la altura del Puente de El Chipote donde se encuentra la carretera que conduce a Huitzuco, iba Alexander Mora Venancio, el único normalista que científicamente se ha probado que fue asesinado e incinerado, tras el análisis de las cenizas encontradas en el Río San Juan, cerca del basurero de Cocula, realizado por el laboratorio de la Universidad de Innsbruck. En el 1568 iba Bernardo Flores Alcaraz, apodado El Cochiloco, presunto coordinador de las acciones de los normalistas en Iguala. En ese autobús también iba Julio César Mondragón, separado del grupo de los normalistas y asesinado -su cuerpo, tirado en la calle, tenía muestras de tortura-, esa misma noche.

 

Según las investigaciones de la PGR, la orden de matar a Mondragón fue dada por Juan Salgado Guzmán, El Indio, considerado el padrino de Guerreros Unidos y tío de Mario Casarrubias Salgado, uno de los jefes criminales. Apodado El Sapo Guapo, fue detenido en mayo de 2014, y antes de fundar Guerreros Unidos fue escolta de Arturo Beltrán Leyva, que rompió con el Cártel de Sinaloa. Al morir en un enfrentamiento con la Marina en diciembre de 2009, El Sapo Guapo se quedó con todos sus contactos criminales y el manejo de la exportación de heroína a Chicago, una de las fuentes de la hipótesis del narcotráfico como móvil de la desaparición de los normalistas. También se quedó con los contactos políticos, ampliados al casarse con Patricia Soto Salgado, sobrina de Abarca y que tiene vínculos familiares con Velázquez, detenido desde mayo pasado, acusado de proteger a Guerreros Unidos.

 

La explicación de lo que pasó esa noche difícilmente resolverá todas las dudas si no se contextualiza la penetración y la relación de políticos de todos los niveles en la zona. La red de relaciones y complicidades son fundamentales para entender porqué esa noche, una vez iniciada la acción política-criminal contra los normalistas, no había nada que la parara. Iguala es el microcosmos mexicano de muchos años de corrupción, protección e impunidad. Hay que sanarlo y replicar el método en el país. Pero sólo podrá hacerse si existe la voluntad política para llevarlo a cabo, que depende únicamente del gobierno federal.

 

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