José Luis Ortega Mata fue el valiente editor de Semanario, una revista semanal en Ojinaga, Chihuahua, una localidad en la frontera entre México y Estados Unidos. Él denunció el narcotráfico en esa región del norte de México y la relación de los narcotraficantes con la policía local, políticos y empresarios. A principios de 2001, estaba a punto de publicar un nuevo informe sobre cómo se usaba el dinero de la droga para financiar las campañas políticas cuando un pistolero le disparó dos veces en la cabeza, matándolo en el camino a su oficina.
Fue asesinado en febrero y su muerte marcó la apertura de una temporada violenta de crímenes de cinco años contra periodistas en México. Desde entonces, al menos 15 periodistas han sido asesinados o “desaparecidos”, presuntamente por capos de la droga, dando origen a un nuevo fenómeno en la prensa mexicana: la autocensura por miedo.
Los mercenarios de los narcotraficantes han expandido su esfera original de violencia de los pueblos fronterizos del sur de Estados Unidos a lugares como Veracruz en la costa del Golfo de México y Acapulco en la costa del Pacífico. El tráfico de drogas se ha extendido de sólo cinco regiones —donde se concentraba hace 15 años—, a todo el país; Actualmente hay 32 estados donde el crimen organizado opera de lleno. Esto ha creado olas de miedo que se sienten incluso en la Ciudad de México, que antes era inmune a tales peligros. Ningún periodista en México que se atreva a escribir sobre narcotráfico debe sentirse seguro hoy. Dado que el gobierno federal no ha podido detener la carnicería, los periodistas que siguen estas historias se han convertido en el enemigo de los narcotraficantes.
En 2004, Javier Ortiz Franco, coeditor de una importante revista de investigación de Tijuana, Zeta, estuvo a cargo de un grupo de trabajo especial nombrado por el gobierno mexicano y la Sociedad Interamericana de Prensa para investigar el asesinato del cofundador de la revista, Felix Miranda, en 1998, y el asesinato en 1991 de su columnista Víctor Manuel Oropeza, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Este último fue acribillado al llegar a casa con sus dos hijos; fue asesinado delante de ellos.
En febrero de este año, unos días después de que el periódico El Mañana coorganizara un seminario en su ciudad natal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, sobre cómo enfrentar la violencia contra los periodistas relacionada con el narcotráfico, hombres armados irrumpieron en sus oficinas. El comando disparó fusiles de asalto y lanzó una granada, hiriendo al reportero Jaime Orozco Tey, quien recibió cinco impactos de bala. El ataque tuvo lugar en un día festivo, lo que explica por qué hubo sólo una muerte, la de un asistente que se encargaba de sacar copias, y ninguna otra víctima aparte de Orozco.
El mensaje de este ataque a la redacción era obvio: dejen de meterse con los asuntos de narco. El destinatario no necesariamente era El Mañana, sino la prensa mexicana en su conjunto.
Periodismo en silencio
El Mañana era un periódico que no necesitaba que le recordaran el mensaje. Desde 2004, cuando su editor, Roberto Javier Mora, fue apuñalado hasta la muerte, el periódico había comenzado a censurar su cobertura del narcotráfico y el crimen organizado. Todas las historias relacionadas con las drogas se publicaban sin ningún dato de identificación o investigación adicional. Nuevo Laredo es uno de los dos lugares más calientes de México donde los narcotraficantes luchan por el control de la ciudad. Los principales carteles de la droga, el Golfo y el Pacífico, intentan ganar el control total de la ciudad fronteriza que alberga la aduana más importante de entrada a Estados Unidos y el acceso a la carretera Interestatal 95, que lleva al mercado más lucrativo para la cocaína: el de Estados Unidos. Casi todos los días podían encontrarse cadáveres en Nuevo Laredo, de un lado u otro, y sus nombres, antecedentes o enlaces nunca eran publicados por El Mañana. El periódico sólo publicaba el recuento de cadáveres en las calles de la ciudad.
Al igual que El Mañana, periódicos y revistas en muchas ciudades de México han dejado de dar detalles de la batalla urbana en curso por los mercados y las ciudades. En lugares como Tijuana y Hermosillo, Sonora, los reporteros dejaron de ir a cubrir historias por la noche o muy temprano por la mañana porque temen que podría tratarse de una emboscada. Ellos recuerdan el caso del joven reportero Alfredo Jiménez, de El Imparcial en Hermosillo, quien desapareció en abril de 2005 en su camino hacia una reunión con un infórmate de la policía federal. Jiménez fue un célebre reportero de investigación que consiguió detalles valiosos sobre el paradero de varios miembros de un cártel de la droga en la región. Las autoridades federales que investigaban el crimen no sabían que Jiménez recibía información de un cártel rival para dañar a su enemigo y presumen que fue asesinado cuando éste descubrió la fuente original de información.
Actualmente se presume que los carteles de la droga alimentan de información a los periodistas para afectar a sus enemigos. Una serie de reporteros de la Ciudad de México entró en pánico luego de que el periódico El Universal transmitiera en su página web el video completo de la ejecución de un pistolero de Los Zetas, el escuadrón de ataque del Cartel del Golfo. Ellos se dieron cuenta de que podrían haber sido utilizados meses antes por los mercenarios que grabaron ese video cuando publicaron una descripción de la ejecución. Cuando las autoridades federales los presionaron para revelar quién les habló del contenido de la cinta antes de que el gobierno mexicano supiera, los reporteros decidieron no seguir la historia. Varios periodistas que cubrieron la policía federal siguieron el ejemplo en solidaridad con sus colegas.
Los Zetas son sinónimo de violencia sangrienta, y un número creciente de medios informativos, la mayoría del norte de México, han dejado de mencionar a este escuadrón del cartel en sus historias por temor a represalias. (Los abogados y los consultores de medios también presionan a los editores y los reporteros para que no lo hagan). Más dramático aún, la altamente respetada columna sindicada del reportero Jesús Blancornelas, cofundador y exeditor de Zeta que sobrevivió a un intento de asesinato del exomnipotente Cártel de Tijuana, fue cancelada por varios periódicos en México debido a los temas delicados que cubre. Hace unos años, la autocensura ocurría por razones financieras, en momentos en que los periódicos y revistas dejaban de luchar enérgicamente contra la represión gubernamental de la prensa. Aunque hubo casos en los que funcionarios gubernamentales presionaron a los editores y directivos para que despidieran a periodistas que consideraban “incontrolables”, sólo hubo casos esporádicos de violencia física contra periodistas y editores.
Estos son nuevos tiempos. Ahora las guerras de la droga ofrecen nuevas razones para que exista la autocensura. En 2004 y 2005, México tuvo el mayor número de periodistas asesinados entre las naciones latinoamericanas, más que la larga guerra en Colombia y el altamente inestable Haití. Este reconocimiento no es motivo de orgullo, y hay muchas razones para que los periodistas tengan miedo.
Este año algunas organizaciones informativas mexicanas decidieron enfrentar este reto trabajando juntos. Su modelo se basa en la experiencia estadounidense del Proyecto Arizona, creada por periodistas independientes para continuar la labor del reportero de investigación Don Bolles, quien fue asesinado mientras investigaba las actividades de la mafia en Arizona.
Los diarios mexicanos acordaron investigar colectivamente el paradero de Jiménez, el reportero de El Imparcial y publicar cada paso en su investigación el mismo día, sin una leyenda, para proteger a los reporteros involucrados en el proyecto. Ésta es una experiencia única para los diarios mexicanos, cuya relación suele caracterizarse por la envidia y la desconfianza.
Pero ahora no hay otra opción, deben unirse para enfrentar a los capos de la droga a cualquier costo y sin importar lo que haga el gobierno. Esto es especialmente cierto ya que hasta ahora el gobierno está perdiendo la guerra contra los cárteles de la droga.
El presente texto fue publicado originalmente por Nieman Reports, el 15 de junio de 2006.