Este 1 de julio, México no sólo elegirá a la persona que conducirá los destinos de la nación por los próximos seis años. Aunque suene a cliché, lo cierto es que —quizás como nunca antes—, la disyuntiva entre continuidad y cambio es lo que está en juego.
La nación enfrenta numerosos retos. Su atención requiere un análisis serio con objeto de definir las políticas públicas que permitan atenderlos y, con ello, garantizar el bienestar de la sociedad.
El más apremiante es el de la inseguridad. Apenas el pasado sábado 21 de abril, el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) ratificó lo que ya se veía venir: el primer trimestre de este año es el más violento que hemos vivido desde que existen estadísticas en la materia.
Entre enero y marzo, un total de siete mil 667 personas fueron asesinadas en México, 19 por ciento más que en el mismo periodo de 2017. Esto significa que un promedio de 85 personas fueron asesinadas cada 24 horas.
Frente al reto de la violencia y la inseguridad, las propuestas de los candidatos son: desmantelar a las organizaciones criminales; mantener a las Fuerzas Armadas en las calles mientras fortalecen las policías; atender las causas de la violencia y, en el colmo de la barbaridad, cortar la mano a los delincuentes.
Se trata de propuestas trilladas (por ejemplo, impulsar la prevención) e insignificantes ante el tamaño del cáncer de inseguridad que ya ha hecho metástasis.
Otro gran reto es el de la corrupción y la impunidad. De acuerdo con el Índice Global de Corrupción 2017 publicado por Transparencia Internacional, nuestro país se ubica en la posición 135 de 180 en la percepción de corrupción, esto es una caída de 12 puntos respecto a los resultados de 2016.
De 100 puntos posibles, donde 100 es el país mejor evaluado y 0 el peor, México obtuvo apenas 29 puntos. Este resultado lo coloca entre los peores lugares de América Latina y El Caribe, incluso por debajo de naciones como Brasil, Argentina y Colombia; y con la misma puntuación de Honduras y Paraguay.
Esto implica además un deterioro continuo en la materia; así, 2017 fue el tercer año consecutivo que el país desciende en cuanto a su posición mundial. En 2015, el mismo estudio colocó a México en el lugar 95 con 35 puntos, mientras que en 2016 se posicionó en el lugar 123 con 30 puntos.
¿Qué proponen los candidatos frente a este mal? Que no sólo haya declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de interés, sino una 7 de 7 y tan en serio se toman el tema que Margarita Zavala propuso una 25 de 25.
Sugirieron que se incorpore al SAT y a la Secretaría de Hacienda al Sistema Nacional Anticorrupción, cuando no se ha concluido la transformación de la PGR en una Fiscalía; no hay, por ende, garantías de que esa institución y su titular sean absolutamente autónomos e independientes del Poder Ejecutivo; además de que no se ha designado al Fiscal Anticorrupción.
De hecho, tema del debate del pasado domingo era quién debería designar al fiscal general de la República: el Congreso, la sociedad civil o el primer mandatario en turno con una terna de la cual el Poder Legislativo elegiría al responsable.
Otro reto es la relación con Estados Unidos: quien gane la Presidencia tendrá que convivir dos años más con Donald Trump y eso significa su acecho constante vía Twitter. Por fortuna, las variables macroeconómicas parecen lo suficientemente sólidas para enfrentar el embate.
Todo eso es lo que está en juego. Y el reto es que nuestra decisión de continuidad o cambio no puede depender de otra disyuntiva: optar entre el miedo y el odio. El hígado no puede ganarle a la razón.