Ante el reporte de actos de corrupción, malos manejos y carencias para ofrecer las “condiciones mínimas” de albergue y provisión de servicios, el Instituto Nacional de Migración (INM) decidió clausurar operaciones en las estaciones migratorias en los municipios de Morelia, Acapulco, Nogales, Tuxpan y Reynosa. A través de un escueto comunicado, el INM señaló que la determinación se derivó de la renovación al interior del instituto, así como de la modificación de procedimientos vigentes y el desarrollo de nuevas prácticas encaminadas a su modernización. La víspera, el mismo instituto encargado de fortalecer la protección de los derechos y la seguridad de los migrantes nacionales y extranjeros lanzó la convocatoria para reclutar a 50 nuevos agentes federales que serán adscritos a los destinos de Cancún, Guadalajara, Vallarta y la ciudad de México.
El pasado 12 de febrero, Tonatiuh Guillén López, titular del Instituto Nacional de Migración dijo antes legisladores de las comisiones de Asuntos Frontera Norte y Frontera Sur de San Lázaro que, “se está construyendo un nuevo paradigma que basa la política migratoria en dos principios: el respeto irrestricto a los derechos humanos y el desarrollo social y económico como base de las dinámicas migratorias”, para lo cual, dijo, se estaban diseñando parámetros a fin de ofrecer los resultados planteados en los programas sexenales.
Antes de tomar posesión como nuevo comisionado, en noviembre del año pasado, Guillén López contó a #ejecentral que el principio de la reingeniería al interior del INM, como parte de la anhelada “monernización” de la política migratoria, consistía en “revisar todos los procedimientos del instituto, todos. Especialmente en esa áreas y puntos en donde se han tenido quejas y denuncias, ese será nuestro foco de atención”.
Historial negativo
El último antecedente sobre la revisión de la operación en las estaciones migratorias se remonta a julio de 2017, después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó sobre casos de maltrato y tortura a los migrantes en las estaciones migratorias y provisionales de Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Sonora y Veracruz, donde el organismo documentó desabasto de medicamentos y ausencia de atención médica, falta de camas, e ineficientes condiciones de estancia, así como condiciones de incomunicación y restricción de visitas.
Apenas el 21 de febrero pasado, el entonces delegado del INM en Reynosa, Inocencio Almazán Monroy, titular de una de las estaciones de las que este viernes se anunció su cierre, fue destituido debido a la indagatoria del órgano interno de control respecto a actos de corrupción denunciados por los propios migrantes.
Desde septiembre de 2018, dicha estación fue evidenciada por reportes de extorsión por parte de los agentes migratorios del centro de Reynosa, donde los extranjeros en tránsito aseguraron que los oficiales, bajo las órdenes de Almazán Monroy, les exigían el pago de al menos tres mil dólares para sacarlos de la estación.
Según el reporte de seguimiento de la CNDH del 18 de julio de 2017, el entonces INM a cargo de Ardelio Vargas Fosado incumplió de Morelia, las cuales, advirtió, constituían factores de riesgo en materia de tortura o maltrato.