Al menos seis personas permanecieron recluidas en las cárceles municipales de Tecuala y Rosamorada, en Nayarit, pese a que solo deben albergar a personas sancionadas por infracciones administrativas de los reglamentos gubernativos y de policía.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 30/2019, dirigida al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nayarit, Ismael González Parra.
La comisión precisó que las cárceles deben albergar a personas responsables de sanciones administrativas, consistentes en multa o arresto hasta por 36 horas, ya que su finalidad no es la reinserción social.
El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit en un informe señaló que el número de personas privadas de la libertad en las cárceles distritales de Tecuala y Rosamorada era cero, sin embargo, en las visitas realizadas a esos sitios personal de la CNDH constató que se encontraban internadas seis personas.
Con esas acciones, dicho Consejo ignoró la cultura de la legalidad, el respeto de los derechos humanos y obstaculizó el trabajo de esta Comisión Nacional en la investigación”, mencionó.
“Para este Organismo Autónomo es preocupante que las autoridades jurisdiccionales consideren el internamiento de personas a su disposición en esas cárceles, ya que las irregularidades señaladas en su operación constituyen una afectación a la seguridad jurídica y legal de los internos”.
Tras su investigación y visitas a esos sitios, la CNDH destacó que las autoridades judiciales en materia penal designan el lugar en que deben quedar las personas privadas de su libertad a su disposición y no pueden señalar para ese efecto una institución diferente a un centro penitenciario.
En un plazo no mayor a 90 días, el Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nayarit, deberá ordenar el traslado de las personas procesadas o sentenciadas en los Centros de Reinserción Social establecidos para tal efecto y no en cárceles municipales, para evitar nuevos hechos violatorios.EM
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