El elemento del que no puede prescindirse en el proceso de fundación de cualquier Estado es su orden jurídico; la norma que le da cohesión y congruencia a todos aquellos otros elementos que lo conforman, y que constituye, en palabras y conceptos coloquiales, el Acta de Nacimiento en la que se identifica quién es el infante y cómo se llama, quiénes son sus padres, donde vive y, además, cuál es su destino, es la Constitución del Estado.
El Distrito Federal dejó de serlo por virtud de la reforma constitucional publicada en los inicios de este año, porque a través de ella se daría lugar a una nueva entidad federativa, similar --pero no igual-- a todas los demás que conforman la Unión desde un punto de vista político y jurídico, mediante la expedición de una nueva Constitución.
Como todo lo que sucede en México, el despliegue del aparato electoral, tan estridente como exageradamente costoso, no tardó en aparecer, con el único objetivo de que quienes hasta entonces tuvieron el orgullo de ser capitalinos, ahora eligieran a los “notables” que actuarían como Poder Constituyente, es decir, como redactores de tan trascendente documento. Qué lamentable fue constatar que la relevancia política que le concedió el Jefe de Gobierno de la capital a tan propalada reforma constitucional, acabó por ser un aburrido y desatendido proceso de elección más, una convocatoria sin respuesta en la que la ciudadanía, ajena a las consecuencias objetivas de la transformación política, lógicamente prefirió permanecer en sus hogares. El Poder Constituyente electo, así, no fue y sigue sin ser representativo de la mayoría de ciudadanos que conforman el padrón electoral de la Ciudad de México.
Como quiera que sea, no es desatendible el hecho de que, con o sin participación de los electores, el mismo Poder Constituyente de la hoy “CDMX” no tiene en su función parlamentaria otra directriz superior, que la de servir y entender la problemática y los intereses políticos de quienes habitan y viven, o sufren, los grandes desatinos que caracterizan al gobierno y administración de la mayor urbe del país. Es en la problemática cotidiana de la renombrada capital que quienes redactan su Constitución encuentran su mayor fuente real de inspiración política, así como la racionalidad de los mecanismos normativos que prevean contemplar para alcanzar su gobernabilidad y sustentabilidad, económica, política y social.
Qué frustración hallamos al darnos cuenta de que el derroche propagandístico de la gran reforma constitucional, y el de la enorme trascendencia de la designación del Constituyente de esta nueva entidad federativa, escondió una gran mentira: dar al proceso para la creación de un marco jurídico supuestamente democrático, la apariencia de tener un origen popular y, consiguientemente, legítimo. No es cierto.
De cara a quienes aquí habitamos, no existe informe alguno de lo que sucede en el “cuarto de al lado” en torno de la redacción del texto de la Constitución de la Ciudad de México. Las decisiones políticas alrededor de los destinos de la capital del país, en el ámbito jurídico-constitucional, se toman en lo oscurito y sin contemplación alguna de aquello que la ciudadanía, supuestamente representada, realmente desea.
Es previsible y podemos esperar que en este nuevo proceso de decantación político-jurídica se conciban nuevos derechos fundamentales, incluso mayores a los que ya hoy tutela la Constitución Federal. Sin embargo, ¿Se ha discutido realmente qué piensa la ciudadanía con relación al libre desarrollo de la personalidad, a la subsistencia del matrimonio entre personas del mismo género, al aborto o la adopción homoparental? Se dirá con no poco fundamento que el tema ya está muy trillado y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha avanzado en la expedición de los criterios más vanguardistas y convencionales tratándose del entendimiento de los derechos humanos de igualdad y equidad; se afirmará que se trata de una temática superada.
¿Se dirá lo mismo cuando se trate del establecimiento de directrices para la expedición de programas para el crecimiento de la Ciudad, en el ámbito del desarrollo inmobiliario, administración del gasto público y distribución del presupuesto para la adquisición de bienes? Una explicación mínima e indispensable tendría que concederse sobre esta temática. ¿Qué habrá de decidirse alrededor de la recuperación o regreso de facultades a favor de las autoridades originalmente competentes en ese ámbito del crecimiento económico de la ciudad, las delegaciones?. La lógica debiera apuntar a que las alcaldías, como nuevos órganos de representación política local, deberían contar con nuevas y más eficaces atribuciones de gobernanza real y material sobre los aspectos de administración inmediata y cotidiana que aquejan a la gente. ¿Quién representa a la ciudadanía tratándose del establecimiento de mecanismos de control fiables sobre transparencia y rendición de cuentas, entre otras cosas?
A pesar de que fueron los legisladores progresistas quienes impulsaron la cuan magna como inútil reforma del Distrito Federal, que dejó de ser el asiento político de los Poderes Federales y capital auténtica de la Federación para convertirse en un casi estado más de la República, son ellos mismos quienes ocultan y se conducen con opacidad tratándose de la redacción de los renglones más importantes que habrán de regir la vida política de todos los ¿mexiqueños?. Farol de la calle, dirían algunos. Esperemos que la oscura e impredecible conducción de tan relevante proceso político no acabe por enfrentar, como muchos otros de idéntica naturaleza, el trago amargo que provoca la dolorosa derrota dentro del proceso de control constitucional, a través de las sentencias de la Corte. Vaya reforma que no se traduce en ningún beneficio para los capitalinos, y sí en cambio, es de verse, en un claro derroche de recursos para una nueva burocracia local.