Reveladas las causas de las matanzas ocurridas en el norte de Coahuila entre 2010 y 2011, y puesto en evidencia que el penal de Piedras Negras fue centro operaciones y campo de exterminio de Los Zetas, el gobierno mexicano está obligado a exigir el nombre del agente de la DEA que detonó la ola de ejecuciones y determinar hasta qué punto el presidente Felipe Calderón estaba enterado de lo que ocurría.
Segunda entrega. El reporte Yugo Zeta fue coordinado por el investigador del Colmex, Sergio Aguayo. Es la segunda parte del estudio En el desamparo, publicado a principios de este año por la misma institución.Así lo manifestó Sergio Aguayo, investigador de El Colegio de México y coordinador del reporte Yugo Zeta, documento que detalla que el origen de la masacre de Allende, Coahuila, en marzo de 2011, se debió a que un agente de la DEA cometió la indiscreción de hacer público que los números de teléfono celular que permitieron rastrear y capturar a los máximos líderes de Los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, fueron proporcionados por un testigo protegido en Estados Unidos que resultó ser un cercano colaborador de los jerarcas del narco.
“Fue un mando medio de la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos, por sus siglas en inglés) quien tomó la decisión de mandar los números de teléfono a la Policía Federal y fue la DEA en Washington la que ha decidido ocultar el nombre del funcionario que entregó los teléfonos. Hasta donde yo sé, el gobierno mexicano no ha exigido una explicación, por tanto, estamos ante un hecho potencialmente muy serio”, refirió Aguayo en entrevista con ejecentral.
Al preguntarle si los investigadores de El Colegio de México tienen la sospecha de que las autoridades de Estados Unidos sabían de las consecuencias que tendría ventilar públicamente una traición en la cúpula de la sanguinaria organización criminal, Aguayo respondió: “No, no tenemos sospechas. Tenemos certidumbre de que sí sabían. Sí había plena conciencia de lo que podía pasar”, de ahí la importancia de conocer el nombre del autor, de sus superiores y hasta qué punto las autoridades de México pudieron evitar las ejecuciones.
Respecto al conocimiento del gabinete de seguridad del presidente Calderón sobre la guarida en que se convirtió el penal de Piedras Negras, el coautor de Yugo Zeta sostiene que “estos acercamientos a la verdad se construyen con lentitud. Por lo pronto, hay indicios suficientemente sólidos para asegurar que lo sabía el gobierno estatal y el gobierno federal de Felipe Calderón. ¿Hasta qué nivel? Eso es lo que falta por esclarecer”.
Aguayo aseveró que la brutalidad de la violencia de Los Zetas y el grado de indefensión de los ciudadanos son dos caras de la misma moneda: “Es la existencia de un Estado paralelo que impone sus normas, que no tiene nada que ver con el Estado de derecho, sino con el uso más crudo y bestial de la fuerza”.
Respecto a las críticas que han recibido las investigaciones académicas sobre el fenómeno del narcotráfico, en el sentido que dan demasiado crédito a las declaraciones de delincuentes, el analista político afirma que la crítica es legítima, pero “ojalá más autoridades abrieran toda la información a los ciudadanos”, pero este tipo de reconstrucciones de la realidad son muy complejas, al referir que el gobierno de Rubén Moreira, la CNDH y la CEAV colaboraron en la investigación; no así la PGR, institución que hasta el mes pasado dirigía Raúl Cervantes Andrade.
Pese a ello, contrastar diferentes versiones, complementándolas con evidencias de otras fuentes, “me parece que sale un relato claro sobre lo que sucedió en la cárcel, sobre los procesos, las dinámicas, eso sí lo defiendo”, subrayó.
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