#Negocios Exportadora de sal, una bomba de tiempo

Una de las mayores empresas productoras de sal en el mundo es la paraestatal Exportadora de Sal, SA de CV (Essa), compañía en la cual el Estado mexicano tiene 51% y Mitsubishi 49% de capital, empresa que enfrenta litigios mercantiles, fiscales, laborales y agrarios por 13 mil 382 millones de pesos, cifra que supera tres veces su capital o significa casi seis años de sus ventas totales.

A pesar de las denuncias por posibles irregularidades en el manejo de Essa y sus contratos con la compañía japonesa, es ya una de las 12 entidades que el órgano fiscalizador del Congreso de la Unión dejó de inspeccionar.

Con 29 litigios legales cerró el año Exportadora de Sal, según el más reciente reporte financiero de la paraestatal de 2018, auditado por un tercero (BDO Castillo Miranda y Compañía). El reporte de 2019 se tendrá a finales del primer trimestre del próximo año.

Según la auditoría de BDO Castillo Miranda, en el “informe de pasivos contingentes, conforme a la Ley general de Contabilidad Gubernamental, la entidad (Exportadora de Sal) refleja en cuentas de orden pasivos contingentes por un importe de 12,838,337 mil 601 pesos” al cierre del año pasado.

›Ese monto a valor presente representa 13 mil 382 millones de pesos (unos 685 millones de dólares), cifra que significó una baja de 1.4% real respecto a la previsión registrada al cierre del ejercicio fiscal 2017, según cálculos realizados por ejecentral.

Ese pasivo contingente es de gran magnitud. Equivale a 3.2 veces el valor de los activos totales de la paraestatal. Representa también más de 8.0 veces las aportaciones y donaciones de capital que hace el gobierno federal a la paraestatal con recursos de los contribuyentes.

Más allá de ese riesgo, Exportadora de Sal representa mucho más para las finanzas públicas del país. A más de dos años que ejecentral puso en evidencia las ganancias millonarias para Mitsubishi, a través de una red fraudulenta de siete empresas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dejó de fiscalizar el desempeño financiero y operativo de la empresa que recibe recursos del erario.

Este periódico semanal solicitó a la ASF, organismo dependiente de la Cámara de Diputados, la explicación para dar “de baja” las auditorías de 12 dependencias o programas, entre ellas la de Exportadora de Sal. Al cierre de edición, no hubo respuesta.

Insolvente. Los litigios mercantiles, fiscales y laborales que acumula Essa equivalen a tres veces el capital de la empresa.

Tres años, nada cambió

Después de la denuncia publicada por este medio en marzo de 2017, resalta que el año pasado, 87 centavos de cada peso facturado correspondió a gastos de operación. Es decir, gastó dos mil seis millones de pesos para facturar dos mil 306 millones de pesos.

El mayor gasto operativo fue el rubro de “servicios personales” con 835.2 millones de pesos. Es decir que mensualmente pagó sueldos y salarios por más de 20.4 millones de pesos y 12.8 millones en seguridad social.

Sin embargo, gastó 36.5 millones al mes (equivalente a 79.1% más que en sueldos y salarios) en dos rubros muy generales: “remuneraciones adicionales” y “otras prestaciones sociales y económicas”. El llamado Capítulo 1000 absorbió 35 de cada 100 pesos facturados.

Otros 25 de cada 100 pesos facturados fueron consumidos por el rubro materiales y suministros, de ellos sobresalió la compra de combustibles y lubricantes que fue por un monto equivalente a casi 18 pesos de todos los ingresos de 2018.

Con esos números, ESSA tuvo una rentabilidad neta de 3.1 pesos por cada 100 facturados en 2018. Aunque en 2017, perdió 9.3 de cada 100 pesos que ingresó a sus cuentas por la venta de sal.

Argumentos de peso. Un reporte de la empresa BDO dirigido a la Secretaría de la Función Pública refleja pasivos contingentes por un importe de 12 mil 838 millones 337 mil 601 pesos al cierre del año pasado.

En tribunales

Exportadora de Sal, empresa que generó para las arcas de la nación un ingreso por utilidades de 38 millones de pesos en 2018, enfrenta un escenario litigioso que para medir la magnitud equivale al 10% del gasto programable que destinará el gobierno federal a la Secretaría de Salud para el ejercicio 2020.

›Supera dos quintas partes del gasto 2020 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) o más de la mitad del presupuesto para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) o casi los mismos recursos destinados al Poder Legislativo.

Incluso, los 13 mil 382 millones de pesos del pasivo contingente de ESSA, equivale a la más de dos terceras partes (68.0%) de uno de los proyectos sociales insignias del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

El martes 3 de diciembre, en la conferencia matutina en el Palacio Nacional, Ariadna Montiel Reyes, subsecretaria de la Secretaría de Bienestar, dijo que con 815 mil beneficiarios, la derrama por pensiones en 2019 será de nueve mil 100 millones de pesos.

Además de pleitos en los tribunales mercantiles y civiles, ESSA enfrenta al brazo recaudador de la Secretaría de Hacienda (SHCP), al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por diferencias en los cálculos del Impuesto sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA) y por errores en el cálculo en los montos para el pago de utilidades a los trabajadores, que vieron afectado su derecho laboral en varios ejercicios fiscales.

Esas equivocaciones fiscales se explican al ver los estados financieros auditados. Hay una inexactitud que cualquier contador por muy novato sabe. La inflación no se suma.

“La inflación correspondiente a 2016, 2017 y 2018 de 3.36%, 6.77% y 4.83% respectivamente y la inflación acumulada es del 14.96%”, señala el documento. Sin embargo, el dato no es correcto, la inflación acumulada en ese periodo fue de 15.69%.

Lo anterior representa un diferencial de 73 puntos base, que para un pasivo contingente como el de ESSA representa 97.4 millones de pesos.

Resultados. El informe de BDO refiere que desde el 31 de diciembre de 2017 se reconoció el deterioro de los activos de la empresa.

Infonavit, ESSA y Chiapas, ungidas de ASF

Históricamente la Auditoría Superior de la Federación ha puesto en evidencia el mal manejo del gasto de los recursos públicos en estados, municipios, empresas con participación estatal o en cualquier ente que reciba recursos públicos.

›Aunque, con fundamento en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la ASF modificó su programa de auditorías 2018 y adicionó 70 nuevas revisiones. Ahora también auditará varios programas de “CFE Corporativo” y verificará el cumplimiento (auditoría de cumplimiento) a todas las entidades federativas que reciban recursos de la federación a través del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) o también llamado “Ramo 33” con recursos para asistencia social e infraestructura educativa.

Por el lado contrario, la ASF canceló la auditoría de desempeño de 12 programas como la del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras); al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit); Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), y Exportadora de Sal.

Además, canceló ocho “auditorías de cumplimiento” para algunas áreas del Fideicomiso Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT, acceso al Puerto Seybaplaya, Campeche); SCT (Carretera el Colorado-Higuerillas, Tramo: Bernal-Higuerillas); SCT (Ruta Corta a Mérida, en Quintana Roo); Pemex Exploración y Producción (PEP).

Para el gobierno de Chiapas, una de las entidades más pobres del país, la ASF canceló las auditorías para los “Recursos del Fondo Regional” y para el “Programa Proyectos de Desarrollo Regional”.

También suspendió la auditoría de cumplimiento de inversiones físicas en la construcción de un nuevo Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que se construye en la alcaldía de Tláhuac.

Con base en lo establecido por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), la ASF señala que las auditorías de desempeño son una revisión objetiva y confiable que permite ver si las políticas públicas operan bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía. Además, generan información, análisis y perspectivas sobre el quehacer gubernamental para minimizar los costos de los recursos empleados; obtener el máximo de los insumos disponibles; lograr los resultados previstos, y verificar el impacto social y económico para la ciudadanía.

Las auditorías de cumplimiento revisa la captación, administración y aplicación de recursos aprobados por el Congreso se lleven a cabo de acuerdo con la normativa correspondiente, y que su manejo y registro financiero haya sido correcto, según alguna de las cinco modalidades: 1) Auditoría de inversiones físicas que revisa los procesos de adquisición, el desarrollo de la obra, la calidad de la misma y la conclusión de las obras en tiempo y forma. 2) La auditoría forense es una revisión rigurosa de los procesos para documentar la existencia de un presunto acto irregular.

La auditoría a las tecnologías de la información y comunicaciones revisa las adquisiciones, administración, aprovechamiento de sistemas e infraestructuras; 4) Auditoría a los sistemas de control interno: se evalúan las políticas, procesos y actividades que aseguran el cumplimiento de los objetivos institucionales, y 5) Auditoría al gasto federalizado, que consiste en la fiscalización del ejercicio presupuestario y el cumplimiento de metas y objetivos de los fondos y programas financiados con recursos federales.

“Se están produciendo (en Exportadora de Sal) entre 7.0 y 7.5 millones de toneladas , por lo que el plan es que se deje una proyección de 12 millones de toneladas al año.” Antonio Avilés Rocha, director de Exportadora de Sal, el 17 de noviembre de 2019

Activos. Exportadora de sal representa ganancias millonarias para Mitsubishi, a través de una red fraudulenta de siete empresas.