Las páginas están llenas de la narración más exhaustiva y la valoración más puntual de la visita del Papa Francisco a México; no podíamos esperar menos. Ahora que por mandato constitucional somos un Estado laico, la visión de los analistas es necesaria, aunque deberá de ser más escrupulosa: mientras que para algunos la recepción ofrecida por el Presidente Peña Nieto podría mostrar un símbolo de acercamiento con la organización religiosa imperante, lo que significaría una debilidad, para otros podrá significar un diálogo respetuoso con un grupo eclesiástico más, lo que anotaría una fortaleza. Más allá del análisis superficial sobre las banalidades ocurridas este fin de semana, en lo que han caído algunos, valdría la pena recapacitar sobre el sentido e incidencia de su discurso en el México que vivimos.
Hay críticas tan encausadas, tan repetidas en contra del Presidente de la República o de su familia y círculo cercano, que han dejado de ser tomadas en cuenta. ¿Qué podría decirse sobre si el espectáculo rendido fue mediocre, o sobre si la presencia de la primera dama fue desmedida, o sobre si la asistencia fue restringida? ¿Acaso es verosímil su opinión si bien sabemos que si la organización del evento hubiera sido en otro sentido, también esa crítica se habría hecho ver con la misma estridencia? ¿No habría existido comentario negativo alguno si la recepción hubiera sido un mercado desbordado de feligreses, o si hubiera cantado Juan Gabriel? El evento ha estado a la altura de lo que debe ser la recepción del Jefe supremo de la Iglesia Católica en el mundo, con equivocaciones como las zonas VIP de Ecatepec, o la desorganización logística del Zócalo, como con aciertos que pudieron apreciarse durante su visita al Hospital Infantil. Todo dentro de lo lógico.
Hay dos temas que vale la pena enmarcar sobre esta visita papal: la modificación constitucional que hoy hace a nuestro Estado una República laica, y la definición que ello trae aparejada por cuanto a las labores del gobierno; y el impacto que deben tener las palabras del Papa Francisco que, si bien fueron dirigidas a los súbditos de un Estado laico, recuerdan la importancia que debe darse al valor de la moralidad en la ley y en el cumplimiento de toda política social.
El 30 de noviembre de 2012 se incorporó al artículo 40 de la Constitución el carácter laico del Gobierno mexicano. Esa laicidad de la República estriba en la elevación formal, oficial, al rango jurídico más alto que exista dentro de nuestra jerarquía normativa, sobre la clara división que existe entre las cosas del quehacer público y la fe religiosa que profesa el pueblo de México. De esta se desprende también, de manera implícita y en unión del derecho humano de libertad de credo que tutela el artículo 24 de la misma Carta Magna, el compromiso irrestricto del Estado mexicano a favor de la libertad de culto, cualquiera que este sea, aún tratándose, desde luego, de una pluralidad de ellos.
A la sazón de esa directriz constitucional, el discurso presidencial del pasado sábado resulta congruente, amén que recalca la gran importancia que reviste para nuestro país el respeto por la libertad religiosa, como mecanismo esencial de operatividad y funcionamiento de nuestra democracia, aún ante la más abrupta realidad de contar con más de un ochenta por ciento de creyentes de la fe que profesa la iglesia católica.
Inmersos en esta realidad es que cobran importante vigencia las palabras que ha dirigido a México el Papa Francisco, quien a través de su discurso ha puesto el dedo en la llaga al referirse a los vicios de nuestro modelo social, que sumen al país en la violencia y la pobreza, y que son la corrupción y la desigualdad, la utilización inmoral de la riqueza, la vanidad y el orgullo para la manutención de una sociedad que discrimina y privilegia a unos cuantos por encima de las grandes mayorías.
Es precisamente sobre ese eje que debería meditarse cuáles son las acciones que nos lleven a efectuar un análisis autocrítico de nuestro modelo social, y a diseñar las acciones que deben emprenderse para resolver el complejo problema de la pérdida de valores en el que estamos sumidos.
Frente al fallecimiento del juez que representaba la voz más autorizada del ala conservadora de la Corte Suprema de los EEUU, Antonin Scalia, se inicia una discusión profunda y aguerrida sobre quien debe sucederlo. En México han acontecido procesos de transformación sumamente trascendentales para todos los mexicanos, de orden constitucional, político y judicial, del más hondo calado que se pueda pensar, y realmente nadie se ha detenido a pensar sobre si, efectivamente, ese cambio ha sido objeto de una discusión sensata que permita su validación social. Los cambios no están llegando a todo el mundo.
Las leyes y las políticas que nacen a partir de ellas, adolecen de un grave vacío en torno de su trascendencia axiológica y moral. Con independencia del voto político que las acompaña, existen normas que se encaminan hacia el terreno de la liberalidad desmedida. En un Estado que se rige por un modelo de legalidad, la identificación de los hechos inmorales que sirven como elemento detonador de la intervención estatal para contrarrestarlos deviene absolutamente insuficiente cuando el abandono de las instituciones que formalizaron o dieron cause a esa moralidad desproveen de la seguridad que evita el daño que se ocasionan unos y otros.
Nuestro sistema normativo no está mirando por lograr, dentro de un régimen de libertad, la complementación entre las fuerzas de nuestra sociedad, ni por la erradicación del estado de necesidad más radical que mantiene a unos en estado de perfecta subordinación con relación a otros, la fuente del descontento y todos los vicios que hoy nos agravian.