La Profepa y la Conagua multaron a los dueños del rancho El Pozo Nuevo de Padrés con más de 5 mil millones de pesos por construir una presa en aguas nacionales. Sin embargo, el gobernador de Sonora, Guillermo Padres, aseguró que imputarán las decisiones de las dependencias federales
Entrevistado al final de un evento, el gobernador dijo que sus hermanos valorarán si acatan la resolución de la Comisión Nacional del Agua, que incluye la demolición de la presa además del pago de las multas, pues sus hermanos tienen todo el derecho de acudir a un tribunal administrativo.
Al referirse a sus hermanos, los medios de comunicación presentes en el evento realizado en Hermosillo le cuestionaron si la propiedad donde se encuentra la presa no es suya, a lo que respondió que no y no existe ningún documento donde aparezca su nombre, sino el de sus hermanos.
No obstante, en septiembre pasado, el gobernador aceptó que el predio era propiedad de su familia y él formaba parte del grupo de dueños, junto con sus hermanos y sobrinos. El conflicto por la presa, inició justo en septiembre, después de que la minea Buenavista del Cobre derramara 40 mil metros cúbicos ácidos sobre el Río Sonora. Durante la discusión con las autoridades federales por las reparaciones, Padrés se molestó y despidió a los delegados de la Procuraduría Federal de Protección a Medio Ambiente (Profepa), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Después de eso, la Conagua inició una investigación sobre la presa en el rancho de los Padrés y encontró que la construcción se realizó sobre un cauce federal, es decir, sobre el arroyo El Manzanar, afluente del río Sonora.
El rancho se localiza a 5 kilómetros de Bacanuchi y ocupa un terreno de tres mil 670 hectáreas. Al interior se construyó la presa conocida como El Titanic en 2011, sin contar con los permisos necesarios por las dependencias federales.
Desde entonces, Padrés aseguró que esto se trataba de una venganza política, a la que este jueves se refirió nuevamente. “Hay temas políticos, hay venganzas políticas que se manejan, pero nosotros lo que queremos es seguir trabajando”, pues sólo se investigaron las represas de sus hermanos y no las dos mil que existen en el estado. Pese a esto, a finales de septiembre la presa desapareció del terreno. El gobernador se apresuró a decir que las fuertes lluvias que azotaron la región fueron las responsables de la demolición de la cortina, aunque los habitantes aseguraron que hubo explosiones en la zona.
Conagua ordena demoler la presa
Desde el año pasado, la Comisión Nacional del Agua inició la investigación de varias represas en la región, a propósito de las investigaciones por el derrame de ácidos y sustancias tóxicas sobre el río Sonora.
Finalmente, esta semana el titular de la dependencia, David Korenfeld, indicó que las obras que debe demoler el gobernador son la presa, dos represas que tampoco contaban con permiso y una línea de conducción, así como la clausura de dos pozos de agua subterránea que no pudieron acreditar las concesiones para aprovechar el agua.
La revelación de la presa causó polémica en el estado, debido a que el gobernador albergaba 4 millones de metros cúbicos de agua para riego, cuando los productores de la cuenca del río Sonora se quedaron sin líquido para atender sus tierras de cultivo y el ganado.
La familia Padrés tiene 10 días a partir de la notificación del martes pasado para demoler la presa, de lo contrario personal de la Conagua ingresará al lugar para ejecutar la orden.