Para el próximo año fiscal, la Casa Blanca planteó al Congreso de Estados Unidos que autorice 76.3 millones de dólares para la Iniciativa Mérida, lo que representa la mitad de lo que recibió México en 2018 (145 millones de dólares).
La administración de Donald Trump plantea 20.3 millones de dólares como parte del Fondo de Apoyo Económico y 56 millones de dólares del fondo llamado “Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley”. No se incluye monto alguno para el financiamiento militar, aunque podría darse un fondo complementario para apoyar temas migratorios, que por recomendación de los legisladores se ampliaría hasta 120 millones de dólares.
Aunque desde 2011 ya no se usa el fondo militar, el presidente Andrés Manuel López Obrador, semanas atrás, hizo saber al gobierno estadounidense que no quiere entrenamiento para soldados mexicanos. El punto central es determinar cuánto de esos 76.3 millones de dólares podrían reasignarse a proyectos productivos y de desarrollo, como plantea el mandatario mexicano. Esto, considerando que las prioridades para los estadounidenses son la disminución del tráfico de drogas, especialmente las sintéticas, y el freno migratorio.
Hace dos meses, el pasado 11 de marzo, el Servicio de Investigación del Congreso, que dota a los legisladores de información para la toma de decisiones, concluyó en uno de sus estudios que tituló México: Evolución de la Iniciativa Mérida, 2007-2009, que revisa los recursos entregados a nuestro país en 10 años, desde 2008 hasta 2018, y plantea que con la llegada de López Obrador al poder, al que identifica como “un populista de izquierda”, el plan podría cambiar su énfasis.
Con el presidente Felipe Calderón se concentró en el financiamiento militar, lo que permitió “compra de equipos, incluidos aviones y helicópteros”, explica el documento. En ese momento, los ejes de la iniciativa eran: antinarcóticos, seguridad fronteriza y el contraterrorismo; seguridad pública; y fortalecimiento institucional.
En 2012, el presidente mexicano entrante, Enrique Peña Nieto, inicialmente intentó reducir la participación de Estados Unidos en algunas operaciones de aplicación de la ley. A mediados de 2013, sin embargo, los gobiernos de los Estados Unidos y México acordaron centrarse en cuatro pilares: “Combatir grupos de delincuencia organizada a través del intercambio de inteligencia y las operaciones de aplicación de la ley, con un nuevo enfoque en el lavado de dinero; institucionalizar el estado de derecho al mismo tiempo que se protegen los derechos humanos mediante la reforma del sector de la justicia, el equipo forense y la capacitación, y la reforma policial y penitenciaria a nivel federal y estatal; crear una frontera entre los Estados Unidos y México del siglo XXI, mientras se mejora la aplicación de la ley de inmigración en México y la seguridad en las fronteras del sur de México, y construir comunidades fuertes y resilientes mediante la prueba piloto de enfoques para abordar las causas fundamentales de la violencia y el apoyo a los esfuerzos para reducir la demanda de drogas y construir una cultura de legalidad; a través de programas educativos”.
Aunque reconoce el estudio que a pesar de los recursos entregados, la violencia en México ha crecido, “al igual que la incapacidad del sistema de justicia para enfrentar la corrupción y la impunidad”, y sigue fluyendo la droga a Estados Unidos; también le ha beneficiado al capturar delincuentes de alto perfil, al aumentar las extradiciones a su país; “la incautación por parte de México de más de cuatro mil millones en drogas y moneda ilícitas; y la detención de más de 520,000 migrantes centroamericanos en México de 2015 a 2018”.
Pero el estudio revela un poco más, la sutil importancia estratégica de la Iniciativa Mérida para los estadounidenses: los recursos entregados a México de 2008 a 2018 suman unos tres mil millones de dólares, que “han constituido solo el 2% del presupuesto total de seguridad de México, pero han permitido al gobierno de los Estados Unidos ayudar a configurar las políticas de México”. Eso, su poder de influencia en las estructuras, estrategias y operaciones en el territorio.
@Gosimai