Tres casos de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado mexicano están próximos a resolverse
Luis León
El pasado 21 de febrero, el Estado mexicano reconoció la inocencia y ofreció disculpas públicas por el caso conocido como “Yo soy Jacinta”, ante las violaciones a sus derechos y la negación de justicia que se cometió en su contra. Pero por los casos que se encuentran en proceso de sentencia definitoria en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), actos similares no han terminado para el gobierno de Enrique Peña Nieto, y le corresponderá ofrecer aún más disculpas.
El caso de Nitza Paola, es uno de los que se avecina en la CIDH, organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), será emblemático porque es en torno a la desaparición forzada en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada en México.
Durante este sexenio el Estado mexicano ha ofrecido disculpas públicas en cinco ocasiones por su actuación violatoria a los derechos fundamentales en contra de ciudadanos mexicanos que han tenido que recurrir a instancias internacionales para encontrar justicia y las sentencias emitidas obligan a las autoridades a dar la cara por la falla institucional que provocó daños a los demandantes. 
Ya en cuatro ocasiones el gobierno de Felipe Calderón se vio obligado a este tipo de pronunciamientos públicos, por hechos de su pasado reciente, lo mismo está haciendo el gobierno de Enrique Peña Nieto, porque en los casos que ha debido pronunciarse hasta ahora fueron cometidos por su antecesor. Dinámica que genera una cadena expiatoria de culpas por fallas institucionales que provocan injusticias.
Este martes 21, el Estado se adelantó a los pronunciamientos procesales de corte extrafronterizos y en cumplimiento a las sentencias emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el procurador General de la República, Raúl Cervantes, llevó a cabo un acto de reconocimiento de inocencia y disculpa pública para las tres mujeres Hñähñú: Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, que fueron acusadas falsamente por la institución de haber secuestrado a elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) en Querétaro, en 2006.
Abuso Un tercer expediente sobre violación a los derechos humanos se refiere a la detención ilegal y tortura de Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre, así como por sus posteriores condenas a 3 años y 40 años de prisión, como consecuencia de dos juicios penales en los que no se observaron las garantías del debido proceso.
El caso de desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, por parte de agentes estatales, en el Ejido Benito Juárez, Chihuahua, ocurrió el 29 de diciembre de 2009. La Comisión determinó que fueron privados de su libertad por parte de militares.
La Comisión Interamericana sometió el caso a la jurisdicción de la Corte el 9 de noviembre de 2016, porque consideró que el Estado no cumplió con las recomendaciones emitidas por ésta. Otro de los casos se relaciona con presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de 11 mujeres, en el marco de las detenciones y traslados realizados en los operativos policíacos que tuvieron lugar en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006. La Comisión estableció que la detención de estas mujeres fue ilegal, arbitraria y sin ser informadas sobre las razones de su detención, ni sobre los cargos respectivos.