Por Mónica Villanueva, Jonathan Nácar, María Idalia Gómez y Gabriela Rivera
Conforman una fuerza visible de por lo menos 160 mil maestros en cinco estados del país. Pero el entramado que construyeron a lo largo de la última década con partidos políticos, gobiernos estatales, guerrilla, la Iglesia y organizaciones sociales nacionales e internacionales, no sólo les permitió crecer en número, sino que amplifica su capacidad táctica y operativa en las calles, redes sociales y plataformas políticas, y también facilita su movilidad financiera y respaldo social.
Así se articula, entre la pobreza y los intereses políticos y económicos, la rebelión del sur. En el mismo tejido de vínculos, por ahora visible, confluyen exgobernadores, funcionarios de los gobiernos de Chiapas y de Oaxaca; legisladores y alcaldes del PRD, Morena, PT o PRI; involucra a sacerdotes y organizaciones campesinas, indígenas y anarquistas, y llega hasta la guerrilla más radical, el Ejército Popular Revolucionario (EPR).
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) le ha denominado “la insurgencia magisterial”. Le ha dado cuerpo a través de las movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos que se extienden a Tabasco, Chiapas, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, en donde e concentran 18.5 millones de habitantes y que representa una de las principales zonas de comercio y de inversiones estratégicas del país.
En este proceso, aparecieron en el escenario el Ejército Popular Revolucionario (EPR), del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), del Frente Popular Revolucionario y de las Milicias Insurgentes-Ricardo Flores Magón, entre otros movimientos, que ya se pronunciaron y se sumaron, a través de comunicados, a favor de la lucha de los docentes.
Táctica y estrategia No es algo improvisado, por el contrario, se trata una estrategia planificada, que la mayoría de las veces emplea una táctica de guerra de guerrillas y que ha contado con el apoyo de esa red de vínculos de forma directa o indirecta. De esa forma han logrado colapsar las principales vías de comunicación y poner en riesgo puntos estratégicos de distribución de hidrocarburos, servicios básicos y comercio.
En este entramado, que funciona también como una trinchera política y electoral, puede mutar y servir a un partido u otro, dependiendo los tiempos e intereses. Lo mismo un dirigente de la CNTE ha sido diputado del PRD y en la siguiente elección alcalde de Morena. O servir como grupo de choque para minar la estructura de los adversarios, como ocurre dentro de la Coordinadora con el grupo de Los Pozoleros, que vinculan con el ex gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz, o Los Pelones, que servirían al ex mandatario local José Murat, padre del próximo gobernador Alejandro Murat, y que trabajan a favor del PRI.
En una revisión de personajes y vínculos de información pública, documentos de inteligencia y distintos testimonios, Eje Central construyó una base de datos con 80 nombres de los personajes más visibles en Oaxaca y Chiapas, con redes que se extienden a Michoacán, Tabasco y Veracruz. Deshilando la madeja, en Chiapas encontramos a la Organización Popular Independiente Emiliano Zapata (OPIEZ) que originalmente fue fundada por el PRI y se vinculó con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Este grupo es ahora identificado como el ala radical de la Sección 7 de la CNTE en la entidad y se le conoció en días recientes, porque públicamente raparon a los maestros que querían trabajar durante el paro de labores.
El EZLN por su parte se vincula al gobierno de Oaxaca, a través de Adelfo Regino Montes, que fue su asesor durante los diálogos de San Andrés Larráinzar y que fuera Secretario de Asuntos Indígenas de Oaxaca hasta este lunes, porque renunció después de los enfrentamientos ocurridos Nochixtlán, en donde murieron 8 personas y hubo casi un centenar de heridos.
Dentro del gobierno oaxaqueño, otro personaje es el secretario del Trabajo, Daniel Gutiérrez Gutiérrez, quien es fundador de la Coordinadora de Organizaciones Sociales del Sur Sureste (COSSS) y su principal trabajo y vínculos se ubican en la zona de la sierra de Oaxaca y Guerrero, donde radican los grupos subversivos.
Penetración institucional Otra parte de los personajes aparecen incrustados en las instituciones, lo que no sólo les da mayor protección y cobertura, sino acceso a recursos públicos y tribunas políticas. En la lista de vínculos aparecen maestros de la CNTE como legisladores o funcionarios municipales. Por ejemplo, el exdiputados federal Othón Cuevas Córdova o el legislador local Jesús López Rodríguez, fundador del Frente Popular Democrático (FPD), organización que participó en los bloqueos del pasado fin de semana en la entidad.
También el presidente municipal de San Francisco Ixhuatán, José Luis García Henestroza, una región del Istmo de Tehuantepec en donde existe una fuerte presencia del crimen organizado, y el ex alcalde de Santa María Coyotepec, Erick Sosa Villavicencio, este último líder de la Comuna Oaxaca, nombre que sustituyó a la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO), que paralizó la ciudad en 2006.
Otros personajes vinculados a la APPO, por ejemplo, es el sacerdote Wilfrido Mayren Peláez, llamado el Padre Guerrillero, quien tiene poder en toda la arquidiócesis y podría convertirse en unos meses en arzobispo. En el pasado fue mediador de Arturo Lona Reyes, uno de los más cercanos amigos Samuel Ruiz, quien como obispo en Chiapas se le vinculó al movimiento del EZLN. El exsenador Armando Contreras Castillo, actual presidente del Consejo Estatal de Morena y quien paralelamente fue candidato del PRD en las pasadas elecciones, fue secretario de Asuntos Indígenas en el gobierno de Ulises Ruiz y simpatizante de la APPO.
Arturo Peimbert Calvo, que es el ombudsman de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, fue acusado de integrar en la nómina a activistas, tales como Flavio Sosa, lo que se interpretó como una forma de protección y colaboración con aliados políticos útiles del gobierno de Oaxaca, desde una oficina que no debería llamar la atención.
Estructura social En el caso de las organizaciones sociales simpatizantes a la Sección 22, existen desde las más radicales hasta las más combativas pero sin uso de la violencia. Por ejemplo, suman tres las que tienen vínculos directos con la APPO y una más con Morena.
La reacción de los grupos subversivos no tardó en llegar esta semana, después de los enfrentamientos ocurridos entre policías y pobladores de Nochixtlán. En sus comunicados acusaron al Estado, a las autoridades federales y estatales en general y los cuerpos de seguridad, como los únicos responsables de actos de violencia y represión.
El lunes pasado, el EZLN y el Congreso Nacional Indígena (CNI) llamaron a cerrar filas por el movimiento magisterial, y calificaron los hechos como un “cobarde ataque policiaco”. El mismo día, el EPR lanzó el llamado a una “lucha multisectorial de todo el pueblo” para evitar otro crimen de Estado, y en ese mismo sentido las Milicias Insurgentes-Ricardo Flores Magón se pronunciaron por la consolidación urgente de la “Soberanía Popular Destituyente para desmoronar la maquinaria asesina del mal gobierno”.
Dos de las agrupaciones más extremas vinculadas a la Sección 22 son, por ejemplo, son el Frente Popular Democrático o el Frente Amplio de Comunidades Marginadas (FACMEO) –que a su vez está vinculada a la APPO-. Del Frente cuatro de sus integrantes fueron detenidos por integrar una de las ramificaciones del EPR y participar en el secuestro de dos sobrinos del empresario Gerardo Gutiérrez Candiani.
Los vínculos entre la CNTE, en especial de la Sección 22 de Oaxaca, con los grupos subversivos se ha hecho evidente por las conexiones entre integrantes del magisterio, la mayoría con puestos clave, y militantes guerrilleros como fue el caso de Jafet Faboaga Comandante Simón, quien fue el interlocutor del EPR con Erangelio Mendoza González, ex líder de la Sección 22 y quien logró el histórico acuerdo para que la disidencia magisterial se apoderara del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).
Antes de ser asesinado Rafael Vicente Hernández Enríquez, en diciembre de 2011, confesó la relación que mantenían los profesores Rafael Montes Hernández y Erangelio Mendoza González en el adoctrinamiento del grupo subversivo y en dotarlos de recursos económicos, desde la década de los noventa.
En la actual administración sindical de la Sección 22, José María Cruz Celaya, secretario de Orientación Política e Ideológica, Octavio Herrera Camilo, secretario de actas y acuerdos, y Víctor Manuel Agustín Reyes, coordinador de la Región de la Mixteca, los tres con órdenes de aprehensión vigentes en su contra, han sido identificados como vasos comunicantes entre el magisterio y el EPR.
En la red de vínculos se muestra otra rama, la de los grupos de choque, dentro de la Sección 22. Se trata de células bien entrenados y que actúan estratégicamente contra la policía, comercios o grupos contrarios. Una de ellas es la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), fundada por Rogelio Vargas Garfias, conocido como Ricardo Rojo, líder del Frente Popular Revolucionario. Al mismo grupo pertenece Fernando Lorenzo Estrada, profesor de la Sección 22 y diputado local por Morena. Esta agrupación recibió dinero del gobierno de Oaxaca en 2011.
La captura en 2013 de Elba Esther Gordillo, lideresa histórica del sindicato de maestros y quien había logrado usar a la Sección 22 y contener su poder, permitió a la disidencia fortalecer su presencia en Chiapas, Guerrero y Michoacán; además de abrir espacios en Tabasco y Veracruz, en donde lanzaron brigadas a través de las cuales establecieron lazos con el Movimiento del Magisterio Democrático veracruzano o con integrantes del Sindicato descontentos.
Definieron una agenda y una estrategia en esos estados para actuar y reaccionar a través de bloqueos y manifestaciones y presionar a las autoridades e impedir que sigan perdiendo beneficios y presencia en las instituciones, como les ocurrió en el IEEPO, perdiendo ingresos por millones de pesos.
Una posición de privilegio institucional similar tienen en Michoacán y Chiapas, donde están incrustados en las estructuras estatales de la educación, como por ejemplo en este último estado, donde la titular de la Secretaría de Educación es Sonia Rincón Chanona, quien por ser aliada de Elba Esther Gordillo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) la desplazó, por lo que se alió a la CNTE.
La Coordinadora opera de manera transversal y a pesar de tener diferencias, por los vasos comunicantes en objetivos o intereses que comparten, los vacíos de poder dejados por el Estado y las condiciones sociales que persisten en el sur, han logrado definir una agenda y una estrategia común, y que a pesar de la pérdida de recursos, la detención de sus líderes, su fuerza se mantiene y puede crecer para consolidarse en la rebelión del sur.