Maria Idalia Gomez

@Gosimai

En los primeros siete meses de 2019 suman nueve periodistas muertos. Un número nunca antes visto en México. De seguir esa tendencia, será el peor de los años para la libertad de expresión en un país que no está en guerra.

El caso más reciente ocurrió el 2 de agosto, contra Jorge Celestino Ruiz Vázquez, reportero del Gráfico de Xalapa y a quien asesinaron dentro de su pequeño negocio de abarrotes, al pie de la carretera federal 55, en la comunidad La Bocanita, en Actopan, Veracruz.

Las condiciones en las que ocurrió este caso lo convierte en emblemático y debe ser un escándalo. Se trataba de un hombre reconocido por su comunidad, quien había sufrido dos ataques previos el año pasado y por los que, se supone, se habían emitido medidas cautelares para protegerlo, pero ninguna de las instituciones responsables supervisó: Comisión de Derechos Humanos de Veracruz, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Comisión Estatal de Protección a Periodistas, la Fiscalía estatal, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación. Ninguna de esas dependencias que tienen personal, recursos y es parte de su tarea, quiso darse cuenta que sólo lo protegía una patrulla que hacía rondines esporádicos.

Pero aún hay más responsables. En diciembre pasado, el periodista hizo pública una carta que llegó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, que pertenece a Morena, para describir lo que ocurría y en la que hacía responsable al alcalde de Actopan, Paulino Domínguez Sánchez, quien ganó ese cargo gracias al PAN y al PRD. De la misiva se enteraron todas las instituciones estatales con algún tipo de responsabilidad, y no evaluaron el riesgo para determinar si debían sacarlo del lugar o incrementar la vigilancia.

El lunes 29 de julio escribió su última nota que tituló “Señalan al alcalde Paulino Domínguez Sánchez de fuerte desvío de dinero de las arcas del ayuntamiento de Actopan”. Cuatro días después lo mataron. La omisión institucional tuvo consecuencias.

Pero en el análisis hace falta la revisión más detallada en este y el resto de los casos. Es cierto que la Secretaría de Gobernación ha hecho un trabajo limitado y deficiente en la protección y prevención de estos casos; que la Fiscalía General de la República prefiere mirar para otro lado y no atrae los casos, aunque pudiera hacerlo; que las procuradurías estatales hacen investigaciones a medias o simulan hacerlas, y que le falta liderazgo a la CNDH; pero también es cierto que los periodistas aún carecemos de conciencia, solidaridad, estrategia y real capacidad de indignación.

Unos 15 años atrás, cuando los periodistas colombianos comenzaron a explicarnos cuál había sido su proceso para tomar conciencia de la gravedad que representaba la muerte de un periodista por razones de su profesión y articularse para ser el empuje que obligara a las autoridades, de todos los niveles a actuar y asumir su responsabilidad; nos decían que habían tardado 20 años. Pero fue un tiempo en el que lograron construir instituciones sólidas para entrenarse y prevenir desde las redacciones, para que los sistemas de protección de gobierno funcionaran, pero también investigar y resolver los casos, y así impedir que la impunidad fuera el factor que abaratara la vida de un comunicador.

No sé si nos faltan cinco años más para contar con un andamiaje así, pero la fuerza de empuje para lograrlo no es visible, siguen siendo esfuerzos ocasionales y desarticulados; en mucho porque varios de sus protagonistas han usado el discurso para obtener espacios personales.

Y faltan los ciudadanos. Cualquiera que sea su oficio, profesión o posición ideológica, aún no se dan cuenta de que al desaparecer o ser asesinado un periodista se achica su espacio para tener información de calidad o exigirla, y con ello tomar decisiones sobre su vida cotidiana y ejercer sus derechos ciudadanos a plenitud. Más claro, el viernes 2 de agosto mataron al reportero Jorge Celestino Ruiz y usted ya no podrá saber si el alcalde es corrupto o no, si se incrementó la violencia en la región, si hay algún nuevo programa que le beneficia o si se cometió algún tipo de injusticia con algún vecino, porque esos eran los temas de los que él informaba, pero lo acallaron, así es que lo siento, usted ya no podrá saber. 

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