Un tema que angustia a los gobernadores que se van y preocupará a los que lo serán, es lo referente a los pasivos que dejó el FAEB y lo que recibirán como gasto de operación para la educación básica, uno de los cuatro sub fondos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, el FONE, que empezó a operar a partir de 2015. Los gastos de operación, aunque sólo son el 3 por ciento del Fondo, son los recursos con los que los estados cumplirán con esa función.
La buena operación del FONE, es un asunto vital para el éxito o fracaso de la reforma educativa, así como la eficacia con que se usen, su suficiencia presupuestal y su correcta distribución, que debe superar la inercia de la inequidad de la fórmula del FAEB, que dejó grandes pasivos en la mayoría de los estados.
La virtuosidad del FONE esta en que resuelve varios de los vicios que se desconcentraron a los estados desde 1992, como sus insuficiencias presupuestales, las componendas y acuerdos con el SNTE, potenciados en algunos estados y agravados por las condiciones sociales y las debilidades de algunos gobiernos estatales e incluso el federal en algunos momentos, que consideraron natural las prácticas corruptas de los dirigentes sindicales, locales y federales. Un ejemplo de ello es el pago con recursos públicos a los comisionados a labores sindicales.
Desde el principio en 1992, la inequidad en la distribución de los recursos caracterizó el proceso, acentuado desde 2008, con la fórmula de distribución del FAEB que existió hasta 2014.
Fórmula desafortunada para la mayoría de los estados, muy inequitativa, ya que tres quintas partes se distribuyeron por la matrícula pública -nunca se definió “calidad educativa”- lo que favoreció a unos cuantos.
Especialmente desde 2008 a algunos estados les quedaron recursos que usaron en el subsistema estatal, pero fue a costa del déficit creciente del resto de los estados, los de menor desarrollo y que nunca han tenido un subsistema local de educación. Adicionalmente la fórmula se aplicó mal, ya que en lugar de partir del presupuesto de cierre, partieron siempre del presupuesto de inicio, eliminando la regularización de los incrementos salariales y la inflación.
De ahí que algunos estados arrastren déficits importantes en sus sistemas educativos, que hasta la fecha no se les ha compensado.
Sin embargo con el FONE se corrige mucho de lo anterior: en 2014 se concilian las plantillas y se centraliza su pago en la SEP a partir de 2015, las transferencias electrónicas son realizadas por la TESOFE, excepto en los casos de bajo grado de bancarización, en que aun se sigue pagando con cheque, pero cada vez en menor medida.
El pago de los terceros institucionales y no institucionales, vinculados con la nómina, también lo realiza la Tesorería de la Federación, a partir de 2015.
Gracias a esta parte de la reforma, en primer lugar se elimina el pago de los comisionados con recursos del FAEB. La SEP anunció a principios de año, que se dejaría de pagar a cerca de 2 500 comisionados a partir de 2016. Para fines de transparencia sería útil conocer la distribución de comisionados por estado hasta 2014.
Otro logro, es que se acaba con la doble negociación, que produjo prestaciones opacas con las secciones sindicales, en su mayoría no reconocidas formalmente por la autoridad federal, como los días adicionales, pero apoyadas para su pago con anticipos de calendario o apoyos extraordinarios.
Para los gastos de operación en cada estado, está el sub fondo mencionado, que se distribuye con una fórmula que arrastra inercias, con la misma lógica de inequidad, ya que no reconoce las diferencias entre cada estado, lo que afecta a los que tienen más población rural y mayor dispersión geográfica, menor grado de bancarización. Se puede corregir o compensar por supuesto.