Sancionan a Lozoya por mentir en declaración

25 de Abril de 2024

Sancionan a Lozoya por mentir en declaración

La Función Pública comprobó un daño 37% menor al calculado por la compra de Grupo Fertinal por parte de Pemex

Por no haber reportado el ingreso de “cientos de miles de pesos” y en su lugar proporcionar “información falsa” en su declaración patrimonial como director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin fue inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) para trabajar en el servicio público por los próximos 10 años.

La sanción al extitular de Pemex en la gestión de Enrique Peña Nieto, investigado también por la otrora Procuraduría General de la República (PGR), por los probables sobornos que recibió la empresa productiva del Estado de parte de la constructora brasileña Odebrecht se derivó de un “cuidadoso procedimiento” en el que se detectó la omisión en dos ocasiones de una cuenta bancaria con saldos superiores al sueldo del exfuncionario, señaló la SFP.

La dependencia federal no reveló ningún nombre, pero este periódico confirmó con fuentes del gobierno federal la identidad de ambos exfuncionarios: Emilio Lozoya, extitular de Pemex, y Édgar Torres Garrido, exdirector de Pemex Ferlilizantes. En el caso de Torres Garrido se le inhabilitó por 15 años y 620 millones de pesos por adquir a sobrecosto el Grupo Fertinal, lo cual implicó una multa equivalente al daño patrimonial.

La SFP confirmó que de la compra de esa planta industrial se demostró que el funcionario responsable, quien en ese momento se trataba de Edgar Torres Garrido, director general de la subsidiaria Pemex Fertilizantes.

Un informe de SFP a la que ejecentral tuvo acceso muestra que la adquisición que en junio de 2016 hizo Pemex Fertilizantes implicaría un probable daño patrimonial calculado en mil 634 millones 315 mil pesos, por lo que concluyó un daño menor al que inicialmente estimaron.

Especialistas consultados refirieron que, aunque el daño difiere de su cálculo inicial, no implica una deficiencia o un error en los procesos entre una u otra administración, sino que en la substanciación del procedimiento el implicado presenta pruebas suficientes para desvirtuar las imputaciones en su contra.