En 2009, Celina Oseguera era la subsecretaria del Sistema Penitenciario en la Ciudad de México, cuando se declaró la alerta por influenza AH1N1. El sector Salud ordenó el cierre de lugares en los que hubiera altas concentraciones de personas y por eso los reclusorios cancelaron las visitas. Unos días después comenzaron las protestas de los reos, bajo el argumento de no poder ver a sus familiares; pero en realidad, con el tiempo se sabría, las mafias internas azuzaban a los internos, porque para sus negocios necesitaban de personas que del exterior les proveyeran de sus productos.
Se resolvió el problema, pero aprovechó ese cierre temporal para instalar un sistema de control de ingreso de los familiares. Algo sencillo, una credencial con fotografía, datos personales básicos y la huella digital. Cuando comenzó a funcionar, las visitas disminuyeron en más de 20 por ciento, lo que significaba que esas eran las estafetas que formaban parte del mercado negro interno.
Las medidas de control que fue imponiendo para disminuir la corrupción penitenciaria capitalina le valieron la difusión de rumores, que por igual esparcían internos y funcionarios, en los que la colocaban como administradora de la prostitución de las prisiones o como receptora de dinero para otorgar beneficios, como las cirugías estéticas de La Reina del Pacífico, Sandra Ávila (caso que Oseguera denunció).
Fue institucional hasta el último momento, incluso intuyendo que sería detenida. No sólo porque desarrolló su carrera bajo el principio de que el Estado protegería a sus funcionarios si cumplían profesionalmente con su trabajo; sino también porque no quiso creer que la acusarían penalmente asegurando ser inocente.
En seis semanas cumplirá tres años en prisión una de las pocas mujeres especializadas en el sistema penitenciario, y de las más reconocidas internacionalmente. Sigue bajo proceso por supuestas omisiones en sus funciones que habrían facilitado la fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. Mientras otros ya lograron salir libres, su defensa no ha sido fácil porque fue la funcionaria de más alto rango detenida. Cuando se fugó El Chapo era la coordinadora nacional de los centros federales.
Celina ya conocía al jefe del Cártel del Pacífico. Fue uno de sus presos en Almoloya y luego se lo topó en Puente Grande. Su ficha psicológica mostraba su gran inteligencia y capacidad corruptora, disfrazada de amabilidad y empatía, por eso desde que llegó y visitó el penal de Almoloya sugirió el cambio del director, de Valentín Cárdenas, porque ya no estaba alerta a las tácticas de El Chapo.
Pero no fue lo único que Oseguera hizo desde que llegó, el 30 de julio de 2014. Informó a sus superiores, el comisionado Juan Ignacio Hernández Mora (quien sólo tenía experiencia como administrador, pero aun así fue designado responsable de todos los penales federales por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong), y a Monte Alejandro Rubido, entonces Comisionado Nacional de Seguridad, que había que incrementar la vigilancia y reparar varios sistemas de seguridad, y cambiar a Guzmán Loera de celda o hasta de penal.
También, junto con Hernández Mora, alertaron a Rubido y hasta hablaron con integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, sobre los amparos que estaban concediendo algunos jueces federales a presos peligrosos, como El Chapo, que les permitía tener una tablet, recibir mayor número de visitas y más tiempo. No los escucharon.
En los expedientes que se abrieron en la PGR por la fuga, como presuntos responsables aparecían funcionarios de igual o mayor nivel que Oseguera: Paulo Uribe Arriaga, director general de administración del Órgano Desconcentrado; Ramón Pequeño, jefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal; Enrique Angulo, director Adjunto de Informática; Rubido y Hernández Mora. Todos fueron interrogados y se preparó su consignación por omisión y ejercicio indebido del servicio público, pero esas acusaciones no han llegado ante un juez. Y la PGR nunca investigó a los jueces que generosamente otorgaron amparos a presos como El Chapo.
El dinero que debió utilizarse para las mejoras y reparaciones del penal de Almoloya no se utilizó ni cuando estuvo El Chapo ni ahora, sólo se esfumó. A Celina Oseguera y su familia le investigaron todos sus bienes, y no encontraron nada irregular, aparentemente ya vendió su casa para poder pagarle a los abogados. Parecería que su verticalidad fue un estorbo y ha sido la víctima perfecta.