Aunque los legisladores habían hecho el compromiso público de discutir en este periodo la Ley de Seguridad Interior, que tantas veces las Fuerzas Armadas han pedido, lo cierto es que en las últimas semanas las negociaciones entre partidos habían caído en un impasse. Pero fue justo en esta semana que se abrió una puerta que podría destrabar la parálisis y, si soplan vientos a favor, podría avanzar la aprobación de un dictamen antes de que concluya este periodo ordinario de sesiones.
Sólo hay un problema: que detrás de esa nueva legislación hay una intensa negociación entre los partidos, especialmente entre el PAN y el PRI —en este momento el PRD no cuenta mucho por las múltiples fisuras que agobian su columna vertebral en el Congreso. Los militares, al saber de estos acuerdos, han preferido alejarse de las arenas políticas y sólo estar vigilantes de que el proyecto que se acuerde y pase al pleno no salga peor para ellos y resulte más peligroso el remedio que la enfermedad.
Esta semana el acercamiento entre los priistas y panistas puso en la mesa de la discusión los aspectos centrales Ley de Seguridad Interior que, entre otras cosas, permitirá regular la actuación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. A los partidos les preocupa el costo político que pueda tener su aprobación, el que las organizaciones civiles los cuestione más de lo que ya lo hacen, y la traducción que esto pueda tener en los procesos electorales.
Este elevado costo también incrementa el nivel de demanda y negociación. Además implica una operación política quirúrgica que deberán implementar, porque en el diseño de Ley de Seguridad Interior y en su dictaminación, estarán participando las organizaciones civiles en el esquema de parlamento abierto.
Para que esto ocurra, en la mesa se pusieron varias condiciones. A cambio de aprobar la norma, el PRI debe aceptar varias cosas, la primera y quizá la más importante es la reforma al artículo 102 Constitucional, para que el procurador Raúl Cervantes no se convierta en automático en Fiscal General, que si por los priistas fuera (también los del Verde Ecologista), lo dejarían en el puesto, les es muy útil allí; pero el resto de los partidos no lo quieren con tanto poder y sirviendo al equipo del presidente Peña Nieto.
Otro de los puntos clave de la negociación es el fiscal anticorrupción (cargo que quieren tener en su cartera los del PAN). Esta semana se puso como condición irrenunciable, el que se comprometa el PRI a que el nombramiento sea el de un personaje independiente y, ojo, aquí lo más destacado, que dure el mismo tiempo que permanecerá el Fiscal General en su cargo, para que entonces exista equilibrio en el poder que ambos tendrán.
¿Qué más entró a negociación y que debe aprobarse antes que la Ley Interior?: el fortalecimiento del fiscal de delitos electorales, para que tenga verdadera capacidad de acción y no quede supeditado a ningún interés, ni el del Fiscal General, y también la aprobación del mando mixto para la policía, en los términos en que fue votada ya por el Senado de la República.
¿Y qué es lo que se puede esperar en los próximos días? Lo más lógico es que el PRI ceda en la mayoría de las exigencias que se le plantean y que negocie en otras. Esto debería ser pronto, porque el periodo concluye en abril y hay que considerar que se van unos días de descanso de Semana Santa.
Si los priistas no muestran voluntad para negociar, comenzarán las declaraciones públicas que los colocarán como quienes están obstaculizando la Ley de Seguridad Interior; los que están protegiendo al procurador, amigo del grupo del Presidente, y obstaculizando el Sistema Nacional Anticorrupción. En vísperas del proceso electoral en tres estados del país (Nayarit, Coahuila y Estado de México), no le convendrá mucho al partido pagar cualquier costo al mostrarse con esa imagen.
@Gosimai Son más de dos décadas de explorar en el periodismo desde un enfoque de seguridad nacional.