1.
Las reformas políticas y electorales, siempre pensadas para hacer más ágil, transparente y creíble el ejercicio del poder, parecieran estar generando el efecto contrario y en vez de dotar de certidumbre a las reglas para lograr un resultado competitivo, están registrando fallos que amenazan soltar al tigre o a los demonios, de no actuarse con firmeza institucional para contenerles. “Ya sabes quién” podría desconocer el resultado electoral si éste no le favorece o bien, en el caso Anaya, hay quienes pretenden soltar el demonio de la persecución cuando, a diferencia de cualquier otra imputación, aparece la trama completa de una conducta ilícita presumiblemente documentada en la carpeta de investigación.
2.
En el caso Anaya, lo que puede colegirse es que se trata de un asunto de tráfico de influencias y blanqueo de dinero. Cuando fue funcionario del gobierno de Querétaro se desincorporaron terrenos del dominio público que luego fueron convertidos en parques industriales; él como funcionario del gobierno queretano tuvo información privilegiada de la que pudo beneficiarse. Son los dos casos de inmuebles que le involucran: el primero, el edificio de la fundación Por más Humanismo, donde se construyó y se vendió un inmueble con un surplus de siete millones de pesos; el segundo, la compra y posterior venta de un terreno en un parque industrial en el que, luego de la edificación de una nave industrial, la vendió prácticamente a la misma persona que le había vendido a él con una plusvalía de 54 millones de pesos: el empresario Manuel Barreiro.
El dinero no ingresó a sus cuentas directamente, como debió haber sido, sino que salió a otras en paraísos fiscales en Gibraltar y las islas del Caribe de donde retornó buscando no dejar rastros a la cuenta de la empresa de su suegro en donde Anaya es también accionista, Juniserra, tal y como revela un reportaje de Univisión cuidadosamente documentado. Es indudable que Anaya está metido en ese asunto, que la maquinación para limpiar los recursos le apunta y que, en términos de estricta justicia, debiera ser procesado más allá de los impactos que pudiera generar.
3.
En la estrategia de distracción dispone del apoyo de Emilio Álvarez Icaza y red antisistema que le acompaña, misma con la que organizó una “caravana por la dignidad” para el gobernador Corral y que le provee contactos con la CIDH (de la que fue secretario general), en Washington y en Europa y Sudamérica para crear una aureola de civilidad a los reclamos de persecución política. Lo que esencialmente están pidiendo es que, dado el proceso electoral, no se aplique la ley y se deje a las urnas la decisión de quién debiera ser el próximo titular del Ejecutivo federal, si un joven corrupto o un corrupto ancestral.
4.
No está de más señalar que la ley contra el lavado de dinero fue votada en el Congreso por la bancada del PAN, a propuesta del entonces director del Banco de México, Agustín Carstens, en las postrimerías del sexenio de Felipe Calderón, cuando Anaya era secretario particular del gobernador de Querétaro y luego subsecretario de Turismo.
5.
Si el INE o el TEPJF muestran firmeza institucional ante el amago del señor López o se aplicara la ley en el caso Anaya, podría evitarse la demonización electoral; de lo contrario sucedería:
Lo primero, la consolidación de Andrés Manuel como puntero y el candidato a vencer.
Segundo, el enrarecimiento del proceso electoral, con el tigre y los demonios sueltos.
Tras ello, el cierre de la elección entre Andrés Manuel y José Antonio Meade con pronóstico reservado y una poselección complicada.
O bien, dejar las cosas como están, lo que potenciaría a Anaya (“no pudieron”) y dejaría al ciudadano Meade lejos de la contienda.