La detención de Genero García Luna, acusado de vínculos con el Cártel de Sinaloa, tiene diferentes aristas y sus efectos serán múltiples para la política mexicana en los próximos meses.
Lo más claro es que con la acusación de delitos como corrupción y tráfico de drogas en contra de una figura clave en la definición de la política de guerra contra el narco, queda en evidencia que la estrategia de seguridad seguida por nuestro país durante más de una década ha sido un fracaso rotundo. No solamente sufrimos más violencia, vivimos más inseguros y el crimen se extiende campante. También queda demostrado que las organizaciones criminales han tenido la capacidad de penetrar y corromper hasta los más altos niveles de las agencias de seguridad.
Para Andrés Manuel López Obrador el arresto de García Luna y su inminente proceso judicial en Estados Unidos representan una victoria política completa. Por un lado se hace más que evidente el fracaso de la política de seguridad de los sexenios anteriores y se reafirma la necesidad de avanzar en el combate a la corrupción como requisito indispensable en la definición de una nueva estrategia de seguridad.
Por otro, el PAN y Felipe Calderón, que han buscado articular el discurso opositor contra AMLO con 2021 en la mira, reciben un durísimo golpe, directo a su línea de flotación. ¿Cómo pueden justificar ante la opinión pública su desconocimiento al respecto de las actividades ilícitas de las que se acusa a García Luna? ¿Cómo pueden defender públicamente un modelo de seguridad penetrado por la corrupción y las organizaciones criminales? ¿Cómo pueden señalar ahora los defectos de la estrategia de seguridad del gobierno de AMLO, cuando ellos mismos tenían al enemigo operando impunemente desde adentro?
Como bono adicional, el gobierno ve justificada ante la opinión pública su decisión de crear la Guardia Nacional pasando por el desmantelamiento de la Policía Federal, en gran medida creación de García Luna. Los problemas que involucra la creación de la Guardia Nacional están y seguirán ahí, son delicados y más que evidentes, pero ahora será más complicado argumentar en favor de la necesidad de mantener a la Policía Federal como elemento central de la estrategia de seguridad.
Pero los vaivenes políticos son en realidad secundarios. El problema de fondo es que el arresto de García Luna pone de manifiesto que nuestros gobiernos han sido incapaces de desarrollar una estrategia de seguridad pública efectiva, de cumplir su obligación de proteger a la sociedad, porque están penetrados hasta el más alto nivel por las organizaciones criminales. No es posible garantizar seguridad pública a los ciudadanos con instrumentos institucionales podridos hasta la médula.
Por otro lado, también queda claro que atacar los pactos de impunidad y las complicidades entre autoridades y criminales, lo que Luis Daniel Vázquez ha llamado las redes de macrocriminalidad, ha dependido hasta ahora de investigaciones iniciadas y concluidas en Estados Unidos y que no ha sido gracias a la capacidad o voluntad de acción de nuestras propias autoridades. Triste realidad institucional.
La moraleja de esta historia de complicidad criminal e impunidad, es que a pesar de que ha caído un pez muy gordo, y que en su debacle arrastrará seguramente a algunos cuantos más, nada garantiza que esto va a acabar con los pactos de impunidad transexenales. Falta ver hasta dónde llega la voluntad y capacidad del gobierno. Queda por ver si en verdad están decididos a cortar de raíz los vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales o, si por el contrario, sólo van a avanzar hasta donde les permitan sus propios intereses y los tiempos políticos.