Vamos a suponer que Xóchitl Gálvez gana las elecciones. ¿Posible? Sin duda, aunque el manoseo político de las encuestas dificulta conocer con precisión la distancia real entre las candidatas punteras.
Bajo ese escenario se estaría cumpliendo uno de los compromisos centrales de su campaña: establecer un bloque de contención ante el impacto del proyecto político de Morena. Una parte de la ciudadanía celebraría este hecho por sí mismo, sin embargo, la responsabilidad del nuevo gobierno tendría que ir mucho más allá: restaurar los contrapesos democráticos, responder a la polarización con diálogo político, definir una agenda de gobierno plausible ante problemas extraordinariamente graves en términos de finanzas públicas, combate a la corrupción y seguridad y reducción de la violencia, entre otros.
El primer problema que tendría que sortear un gobierno de Xóchitl Gálvez es la conformación de un gabinete competente y plural. El mantra de 10% de capacidad ha tenido costos incalculables para el país y no puede repetirse ahora como resultado de la necesidad de cumplir cuotas partidistas. Es comprensible que durante su campaña haya tenido que construir un equipo integrando figuras con peso político en sus respectivos partidos, pero esto ocurrió a costa de desplazar a figuras emergentes o actores de la sociedad civil. Esto es insostenible al momento de formar gobierno. La dimensión de los problemas a los que debe hacer frente el próximo gobierno exige una combinación de capacidad y pluralidad política y social. Una candidata que se afirma ciudadana tiene la obligación de construir un gabinete en el que los actores no partidistas y de la sociedad civil tengan un peso significativo. Reciclar cartuchos políticos quemados, chapulines electorales, personalidades partidistas con mínima representación social y agentes de intereses políticos y económicos opacos difícilmente podría garantizar resultados.
El segundo problema importante consiste en la capacidad del nuevo gobierno para establecer acuerdos con las distintas fuerzas políticas para comenzar a construir un espacio de solución más efectivo y desde una visión de Estado ante los graves problemas nacionales. Esto depende de articular una coalición legislativa robusta en respaldo a la iniciativa presidencial, algo nada fácil considerando que la fuerza centrípeta que mueve hoy al Frente como oposición puede convertirse en centrífuga ante las expectativas de distribución de posiciones de gobierno. Pero pasa también por abrir un diálogo constructivo con la oposición para implementar acciones de gobierno coherentes, lo cual luce terriblemente complicado ante el escenario de una derrota de Morena y su consecuente rearticulación política nuevamente en torno a la figura de López Obrador. Aún más complicado, si consideramos que Gálvez estaría obligada a abrir investigaciones sobre los casos de corrupción y abuso de autoridad ocurridos durante el actual sexenio.
El tercer problema está en la definición de una agenda de gobierno plausible ante los problemas simultáneos que requieren atención inmediata. Los recursos públicos son escasos e inevitablemente se requiere definir prioridades, pero una mala definición de la agenda de gobierno se traduciría en frustración y desencanto social. Es claro que la seguridad, la viabilidad de las finanzas públicas, los programas sociales y el combate a la corrupción tienen que estar en el centro de la agenda, pero esto no justifica que otros temas requieran definiciones trascendentales y urgentes como la protección del medio ambiente, la salud, la educación, la ciencia y tecnología o nuestra relación con el exterior, entre muchos más. Sin dejar de lado la necesidad de blindar legislativamente el sistema de pesos y contrapesos y la rendición de cuentas ante cualquier intento futuro de regresión democrática.
La agenda de gobierno luce abrumadora y extremadamente compleja para cualquiera de las candidatas, el primer paso sin embargo es ganar las elecciones.
