Acusan al INM de dar trato cruel y degradante a migrantes
El Colectivo a favor de los derechos humanos considera que el Gobierno mantiene una política que criminaliza a los migrantes, y a quienes les apoyan
Desde el 23 de marzo, las personas migrantes que han cruzado la frontera Guatemala-México han recibido un trato inhumano, cruel y degradante por parte del gobierno federal, a través de las autoridades migratorias, asegura el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano
En un comunicado sostienen que el Instituto Nacional de Migración (INM) ha sido señalado por violar los derechos humanos de familias enteras que huyen de sus países de origen, a través de acciones que les llevan a un punto límite de su estabilidad emocional.
Detallan que las autoridades migratorias mantienen cerradas las oficinas de regularización, lo que ha generado falta de información clara sobre los procesos que cada una de las personas tendría que realizar para regular su estancia en México.
El Colectivo sostiene que muchos de los migrantes podrían ser sujetos de protección internacional, sin embargo, ante la nula presencia de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, no ha sido posible la identificación oportuna de perfiles para acceder al proceso de asilo.
“De ser deportados, sin procesos de identificación, se estaría poniendo en grave riesgo su integridad física e inclusive su vida”, advierten.
En el texto también se alerta por los operativos de detención en los últimos días, en los que participan policías federales, municipales y estatales, a partir de una lógica de criminalizar a la migración, se considera en el comunicado.
El pasado 16 de abril, el INM informó que en lo que va del mes de abril, se han retornado, tan solo en vía terrestre, a 4 mil 102 extranjeros hondureños a su nación.
Otra de las violaciones detectadas por el Colectivo, es el sobrecupo de los albergues, como el de la Estación Migratoria Siglo XXI cuya capacidad es de 900 personas, “hoy se encuentra al doble de este cupo, produciendo de facto una violación de derechos al no contar con las condiciones mínimas de estancia, provocando hacinamiento”.
Finalmente, el Colectivo ha documentado la falta de acceso al agua y alimentos, a atención médica, a baños y espacios de aseo personal, así como a espacios adecuados y seguros para dormir.
“Cabe señalar que muchos de los apoyos que reciben las personas en su camino son de la población civil local, quienes de manera solidaria los trasladan a diversos puntos”.
En lo anterior, coinciden otros activistas como Rubén Figueroa, del Movimiento Migrante Mesoamericano, quien compartió un video donde miembros de una iglesia en Huixtla, Chiapas vendieron una televisión y una bicicleta para comprar víveres y regalarle comida a las personas migrantes que integran una nueva caravana”.
Miembros de una iglesia en #Huixtla, #Chiapas vendieron una television y una bicicleta para comprar viveres y regalarle comida a las personas migrantes que integran una nueva caravana.@CNDH @M_OlgaSCordero @A_Encinas_R @lopezobrador_ @INAMI_mx @ONUDHmexico pic.twitter.com/nnPbPnFiqR
— Movimiento Migrante Mesoamericano (@MMMesoamericano) 17 de abril de 2019
Figueroa también ha acusado al presidente de la CNDH, Luis Raúl González, de no conocer ni presenciar la crisis humanitaria y migratoria que se vive en el sureste mexicano.
En su comunicado, el Colectivo añadió que las autoridades implementan una forma muy sutil de criminalizar la ayuda humanitaria y la solidaridad; así como a los defensores de derechos humanos.
“A pesar de los diversos llamados que hemos realizado en diferentes momentos a entablar diálogos que permitan construir una política migratoria distinta a las acciones tan lamentables que hemos observado en los últimos días y que en nada hacen la diferencia con los sexenios pasados”. MM
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