Con el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador para declarar de seguridad nacional las obras prioritarias de su gobierno gana la opacidad, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Y es que de acuerdo con la organización patronal, la disposición publicada es alarmante ante la posibilidad de aplicarse en distintos sectores, aún y cuando investigaciones periodísticas han revelado la asignación discrecional de contratos a empresas fantasma y con giros distintos a los de la materia contractual.
Coparmex citó un análisis realizado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que señala que un 80.6 por ciento de los contratos otorgados en este año han sido otorgados por adjudicación directa.
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Además, indica, la disposición es violatoria de la Constitución, pues atenta contra la división de poderes al evadir disposiciones que se encuentran materializadas en leyes aprobadas por el Congreso.
Señaló que el decreto atenta contra la libre competencia y fomenta la discrecionalidad en la realización de obras públicas; además de que trasgrede mecanismos legales de consulta y participación ciudadana, como lo son las consultas a pueblos indígenas.
No obstante, advierte Coparmex, el decretazo puede tener un impacto mayor, pues da pie a que se dañen de “forma irreparable” los derechos humanos de ciudadanos.
“Es materialmente imposible que dependencias públicas emitan en 5 días, dictámenes y análisis profundos que eviten impactos negativos en el desarrollo de las obras públicas”, indica en un comunicado.
De igual forma, acusa que con el decreto presidencial los ciudadanos quedan en “estado de indefensión ante la autoridad”, pues verán cómo sus derechos humanos y la certeza jurídica pueden ser atropellados.
En ese sentido, hace un llamado al Poder Ejecutivo para que revierta la publicación del decreto, pues “antes que cualquier obra o proyecto están los derechos humanos”. CJG
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