Santiago Peña renunció a la presidencia de Paraguay el 5 de noviembre. El 6 ya estaba destituido y, esa misma noche, detenido. Entre una cosa y otra, el Congreso no aceptó su renuncia, y en ese detalle está lo que vale la pena entender de este caso.
Todo empezó el martes 3 de noviembre, cuando el Banco Central intervino Ueno Bank y abrió un proceso de resolución por problemas de solvencia. El banco tenía 2.9 millones de clientes en un país de unos 6 millones de habitantes: casi la mitad del país con sus ahorros inaccesibles de un día para otro. Entre los cuestionamientos a Peña figuraban presuntos conflictos de intereses: según la acusación, tuvo acciones en empresas de Ueno Holding hasta marzo de 2025.
El 5 de noviembre, después de que el presidente de su partido, Horacio Cartes, anunciara que el oficialismo respaldaría el juicio político, Peña presentó su renuncia. Ese mismo día, los Diputados aprobaron el juicio por unanimidad. El Congreso no aceptó la renuncia (según reportes, los diputados oficialistas abandonaron la sesión y la dejaron sin quórum) y el 6 de noviembre el Senado lo destituyó por unanimidad. Al 10 de noviembre, está bajo prisión preventiva, imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio. Conviene decirlo con precisión: son imputaciones, no una sentencia, y Peña ha negado haber cometido delito alguno.
Una renuncia no es un trámite neutro. Según la agencia Associated Press, la oposición insistió en destituirlo precisamente para impedir que dejara el cargo con inmunidad. Y la destitución tiene un efecto concreto: al ser removido, Peña no será senador vitalicio, lo que deja el camino abierto para someterlo a la justicia. Irse por la puerta de la renuncia habría cambiado lo que podía pasarle después. Por eso las reglas importan: para que salir del cargo no equivalga a salir del expediente.
Brasil ya vivió esta disyuntiva en 1992 con Fernando Collor de Mell, que llegó a la presidencia prometiendo acabar con los privilegios, hasta que su propio hermano lo denunció: dijo que el tesorero de su campaña operaba un esquema de corrupción dentro del gobierno y que el presidente se beneficiaba. El 29 de diciembre, el día que empezaba su juicio en el Senado, Collor renunció. El juicio siguió y lo inhabilitaron durante ocho años. Años después, el tribunal penal lo absolvió por falta de pruebas, pero la inhabilitación se mantuvo. Son vías distintas, y por eso conviene no confundir destitución con condena. Treinta y cuatro años después, la lección se repite: renunciar puede ser el principio de la rendición de cuentas o un intento de evitarla. La diferencia la hacen las instituciones.
El caso deja otro detalle sobre la mesa; Carlos Carvallo presidió la Financiera Ueno, de la que nació Ueno Bank, y en 2023 fue nombrado al frente del Banco Central. Renunció el mismo día de la intervención, se entregó el 6 de noviembre y al 10 también está en prisión preventiva, imputado por lesión de confianza y por producción mediata de documentos públicos de contenido falso. Si el vigilante viene del mismo grupo que debe vigilar, el sistema cumple con el trámite de tener un regulador, pero ya no tiene quien revise. En México lo llamaríamos “perfil técnico”; en cualquier otro lugar se llama conflicto de intereses.
Sé cómo se ve una crisis desde el otro lado; he estado en equipos que no salen a cuadro, de esos que reciben la llamada y deben tener la respuesta antes de que el país se entere. Ahí se aprende rápido que la prioridad suele ser anticipar cómo se va a leer lo ocurrido, no entender qué ocurrió. En el cuarto de crisis se llama eficiencia. El talento para resolver es real, pero a veces se pone al servicio de la narrativa antes que del problema.
Por eso importa quién revisa, pero el Partido Colorado, al que pertenece Peña, tiene mayoría propia en ambas cámaras, y fue su propio partido el que respaldó el juicio. Es decir, la destitución no vino solo de la oposición, sino también de dentro del partido que lo llevó al poder. La pregunta es: ¿qué lo explica? ¿un contrapeso institucional que funcionó, o un cálculo político ante la presión de la calle? Todavía no lo sabemos, y es justo lo que habrá que observar cuando se apaguen las cámaras.
Mientras tanto, la gente espera, mientras el Banco Central ha informado hasta ahora que cerca de 1.7 millones de clientes, el 93% de quienes tienen derecho a la garantía, habían recibido al menos parte de sus ahorros. Pero sigue en juego el dinero de instituciones públicas depositadas en el banco, en su mayoría fondos de pensiones, y el mayor sindicato de docentes convocó una huelga nacional para exigir que se protejan. Esa espera recuerda que las instituciones se miden menos por el comunicado del primer día que por lo que sigue ocurriendo después.
Una renuncia puede ser el principio de la rendición de cuentas, o puede ser su sustituto. Esta vez, al menos, no se le permitió ser lo segundo.
