Una lectura medianamente seria de la Ley de Revocación de Mandato permite alcanzar, con cierta facilidad, una comprensión clara sobre la naturaleza y propósito de dicha institución constitucional. Con motivo del proceso democrático que enfrentaremos el próximo 10 de abril, deberían acudir a las urnas solamente quienes deseen que el Presidente de la República deje el cargo al término de la primera mitad de su mandato. Si se aplicara la ley de manera puntual, no tendrían por qué votar quienes deseen que permanezca. El problema obedece a que la pregunta se redactó al revés.
La figura de revocación de mandato que contempla el artículo 35 constitucional me parece inadecuada y nociva, porque va a provocar una grave inestabilidad política para el país. Nos conducirá a ciclos electorales inacabables en los que, quienes ocupen la Presidencia, estarán permanentemente en campaña para halagar al electorado y evitar su remoción.
El problema que enfrentaremos en este primer ejercicio de revocación de mandato tiene que ver con la labor interpretativa inversa que realizó la Suprema Corte de Justicia, para concluir que la pregunta que se puede formular a los electores no es de revocación de mandato, sino de ratificación de mandato, una hipótesis que contradice el texto constitucional y nos sumerge en esta marea de confusión que tiene a todo el mundo cuestionándose si se debe o no votar en el próximo proceso de revocación.
Una corriente de pensamiento propone la conveniencia de acudir a las urnas para votar en el sentido de revocar el mandato por inadecuada gestión de la administración pública atribuible a Andrés Manuel López Obrador. La idea persigue impedir que una falsa representación de la ciudadanía, reflejada en los porcentajes de asistentes, sea utilizada para construir un discurso maniqueo a través del cual el propio titular del Ejecutivo se erija como un líder popular con legitimación suficiente para conducirnos a graves y trascendentes cambios constitucionales.
Sin embargo, otra corriente de ideas propone hacer un vacío al llamado del Instituto Nacional Electoral, con la finalidad de no caer en una trampa, diseñada desde el Palacio Nacional, a través de la cual se quiere utilizar el número de votos asistentes con la finalidad de satisfacer un anhelo egocéntrico del propio Presidente de la República, que estará encaminado a destruir al Instituto Nacional Electoral y las instituciones que garantizan la imparcialidad en los procesos electorales que periódicamente se organizan a lo largo de todo el país.
¿Qué camino elegir de entre los dos propuestos? El que sea, siempre que la ciudadanía se mantenga unida.
Sin embargo, el punto crucial en este momento, en la víspera de que el proceso se lleve a cabo, es que la corriente dominante de entre las dos propuestas, es precisamente aquella que propone no acudir a las urnas y, en ese sentido, hacer un vacío electoral tan evidente que desprovea a Andrés Manuel López Obrador del resultado halagüeño necesario para conducir el proceso transformador que ha diseñado y, aparentemente, evidenciará su faz más agresiva en esta segunda y última parte del sexenio.
En el estado actual de cosas y ante esta confrontación ciudadana que se descose entre quienes proponen acudir y los que proponen permanecer en su casa el día de la votación, acaba por ser más sensato, sin lugar a duda alguna, permanecer unidos.
El peor resultado que el proceso de democracia participativa podría arrojar, sería uno que ponga en evidencia la desunión existente entre los partidos de oposición o entre la ciudadanía. El peor escenario sería aquel que produzca un resultado electoral adverso y, sobre todo, confuso y dividido. Una votación incipiente de opositores, que no lograron expresar el descontento y desdibujaron el propósito abstencionista activo que proponen los demás.
Ante la inminencia de un abstencionismo premeditado y fuertemente anunciado, alrededor del cual se ha construido el consenso dominante, lo más conveniente sería permitir que esa decisión mayoritariamente adoptada prevalezca y cumpla la finalidad que los ciudadanos descontentos han elegido demostrar: una abstención activa que busca mermar la legitimidad de Andrés Manuel López Obrador como artífice de un cambio que no es deseado, por la vía de la participación pasiva.
Tras más de tres años de discursos mañaneros encaminados a provocar una división entre la ciudadanía, por razones que van desde su condición económica hasta su convicción ideológica, podría convertirse en una muy bienvenida sorpresa, esa clara muestra de comunicación y de unión ciudadana alrededor del camino emprendido en el proceso de revocación de mandato. Correcto o no, la abstención es la decisión asumida por la mayoría, y ese es el camino que la sociedad civil unida debe de seguir.
La votación es una trampa y, por consiguiente, es en ese ánimo tramposo con que podría leerse la Constitución y la pregunta que se va a responder. Si para que la votación sea vinculante es necesaria la participación del cuarenta por ciento del padrón de electores, ¿Cómo debemos de interpretar el sentido de la pregunta y la respuesta que subyace ante ella? Si se va a responder a la pregunta sobre si debe o no continuar el presidente de la república en funciones, ¿Deberíamos de entender que sólo si ese porcentaje de electores lo avala debería de continuar? Eso querría decir que, la falta de votos, implícitamente nos llevaría a suponer que se debe de ir. La calidad vinculante del apoyo popular, en el caso de la pregunta que se ha planteado, parecería arrojar un resultado jurídicamente contraproducente para quien, extrañamente, ha impulsado la consulta: el propio Presidente.
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