Ante la demanda de congresistas republicanos y demócratas de Estados Unidos, de las dos cámaras, a que Donald Trump solucione el daño a los inversionistas estadounidenses por la política proteccionista del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que favorece a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dichas empresas podrían ser demandadas ante los tribunales internacionales.
La autollamada (por la secretaria de Energía, Rocío Nahle) “nueva política energética” del gobierno mexicano, dicen 33 congresistas en la carta enviada a Trump, viola el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Al respecto, la investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEC) de la UNAM, Adelina Quintero, dijo: “a diferencia del TLCAN, el T-MEC ya no da fuero a las empresas del Estado y si el gobierno da beneficios exclusivo a sus empresas (Pemex y CFE), viola la cláusula de trato nacional e implicaría una demanda por medio del capítulo inversiones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI)”, del Banco Mundial.
A dos semanas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la carta fue enviada el jueves 22 y como es bicamaral y bipartidista, el consultor privado en economía y energía Ramsés Pech, comentó que “gane quien gane las elecciones presidenciales (...) , sea Joe Biden o Donald Trump por ser un tema relevante en la agenda, será tomada en forma inmediata”.
SAT y PFF, a tribunales
El martes 20, López Obrador recibió una carta del Colegio de Abogados de Estados Unidos (American Bar Association, ABA), titulada “Respeto al Estado de derecho y al derecho a la representación legal”. La misiva va con copia a Raquel Buenrostro del SAT, a Carlos Romero, procurador fiscal y a Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda (SHCP).
La ABA dice que el SAT y la PFF violan la Constitución mexicana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al referir “abstenerse de buscar representación legal” a los contribuyentes y la PFF amenaza con “investigaciones penales como táctica de negociación”.
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