Como un símil del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, arremetió en contra de integrantes del Poder Judicial que otorgaron un amparo a Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Federal de la extinta Policía Federal y colaborador cercano del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de la lista de personas bloqueadas por la unidad adscrita a la Secretaría de Hacienda.
“Con ese amparo yo tengo que firmar un acuerdo para sacar de la lista de personas bloqueadas a un señor llamado Luis Cárdenas Palomino, conocido delincuente, exfuncionario público, que se encuentra preso, por cierto, en una cárcel de los Estados Unidos”, reprochó el titular de la UIF respecto a la decisión unánime de tres magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Al exhibir las identidades que los magistrados que ampararon a Cárdenas Palomino, detenido el 5 de julio de 2021 por los delitos de tortura en contra de cuatro hombres relacionados con el caso Cassez-Vallarta, para eliminarlo de la lista de personas bloqueadas por la UIF, Gómez los señaló por brindar protección al exfuncionario “sin razón aparente”.
“Cuando me informa Pablo del amparo a este señor (Luis Cárdenas), ayer mismo le hablé y le dije: Esto no puede quedarse oculto, esto no es un trámite burocrático más, esto es una afrenta a la justicia, al movimiento que busca acabar con la corrupción y con la impunidad”, subrayó el presidente López Obrador.
Un año antes de su captura, cuando un juez emitió la orden de aprehensión, la UIF, entonces encabezada por Santiago Nieto, congeló las cuentas del expolicía. Pero casi tres años después, la historia toma un nuevo rumbo.
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Además de anunciar la queja que presentaran ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra de los magistrados Antonio Cruz Ramos, María Elena Rosas López y Pablo Domínguez Peregrina, Gómez Álvarez señaló que el amparo otorgado a Cárdenas Palomino el 23 de enero se basó en una jurisprudencia elaborada por el entonces ministro Eduardo Medina Mora, bajo un criterio que calificó de “malinchista”.
“Como es un procedimiento meramente nacional y no lo está solicitando ningún país extranjero, por lo tanto, carece de suficiente certeza y seguridad jurídica (…) No sólo es un criterio malinchista, es un criterio que sirve para convalidar actividades ilícitas, proteger no solamente a criminales de la delincuencia organizada, sino especialmente a los corruptos”, acusó Pablo Gómez.
De los señalados, el magistrado presidente del entonces Quinto Tribunal Colegiado, Antonio Cruz Ramos, actualmente se desempeña como Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial y Creación de Nuevo Órganos del Consejo de la Judicatura Federal.
El titular de la UIF aprovechó el espacio en la mañanera para abordar detalles sobre la demanda civil que interpuso el gobierno de México en una corte Florida, Estados Unidos, en busca de recuperar alrededor de 745 millones de dólares que habrían sido presuntamente desviados bajo un esquema encabezado por el exsecretario García Luna “para beneficio personal y de sus cercanos”.
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