Juan Carlos Rodríguez
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigará este año presuntos fraudes en seis universidades públicas.
Al dar a conocer el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2016, el órgano fiscalizador informó que para analizar el cuarto año de gobierno del presidente Peña Nieto se abrirán mil 788 expedientes.
De ese total, nueve investigaciones son “auditorías forenses”, como se les llama a los casos donde la autoridad tiene indicios de fraudes en perjuicio del erario y que podrían configurar un delito penal.
Seis de estas auditorías corresponden a universidades públicas y las otras tres a programas que aplica la Secretaría de Agricultura (Sagarpa).
Las casas de estudios que estarán bajo la lupa son la Universidad Mexiquense del Bicentenario, la Universidad Politécnica de Chiapas, la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (en el estado de Hidalgo), la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, la Universidad Tecnológica de Campeche y la Universidad Tecnológica de Salamanca.
En todos los casos, los rubros se habría cometido los desfalcos son los denominados “Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios”.
Por cuarto año consecutivo, las universidades aparecen como focos rojos en el análisis de la cuenta pública. En el estudio más reciente, correspondiente al año 2014, las universidades del Carmen, en Campeche, así como las autónomas del Estado de México y de Morelos fueron investigadas por mal uso de los recursos públicos.
En la mayoría de los casos se trató de contratos que las casas de estudios firmaron con Petróleos Mexicanos o con la Secretaría de Desarrollo Social, pero que terminaron siendo realizados por terceros, empresas que cobraron menos que las universidades y que no cumplieron con los estándares de calidad comprometidos.
La publicación del Programa Anual de Auditorías 2016 se inscribe en el marco de las reformas legislativas que dieron como origen al Sistema Nacional Anticorrupción, que dota de un nuevo mandato a la Auditoría Superior de la Federación, incrementando su universo auditable, la oportunidad de su labor y sus facultades.