Exfuncionarios de la empresa Exportadora de Sal (ESSA) se encuentran bajo investigación de las autoridades por diversas irregularidades y posibles delitos como el presunto uso de documentos apócrifos con los cuales se habrían visto beneficiados tanto exempleados mexicanos como de Mitsubishi, socio minoritario de la paraestatal.
De acuerdo con una denuncia anónima a la que ejecentral tuvo acceso y que forma parte de los indicios que están bajo la lupa de autoridades federales, la serie de presuntas anomalías y faltas graves se habrían originado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero se habrían mantenido durante la entrada del gobierno actual, específicamente durante la dirección general de Antonio Avilés Rocha al frente de la empresa salinera.
El probable uso indebido de facultades, peculado, simulación de actos jurídicos, soborno y un daño patrimonial que podría superar los 40 millones de dólares forman parte de las irregularidades de las cuales tanto el exdirector de ESSA, como los hermanos Jorge y Raúl Lyle Fritch y al menos una docena más de exfuncionarios de la paraestatal habrían conseguido de manera irregular beneficios laborales y económicos tanto para ellos como para el conglomerado japonés que cuenta con el 49% de las acciones de la empresa, por debajo del 51% del capital en favor del Estado mexicano.
También se indaga sobre cómo las operaciones de un grupo que a la fecha “busca someter” no sólo a la administración actual de Exportadora de Sal, sino al gobierno federal “por transgredir los intereses de este grupo de poder que hoy es un grupo de choque que amenaza a los empleados con quitar las plazas temporales si se atreven a apoyar a la actual administración”, señala la denuncia, se incluyen las pesquisas sobre “contratos y soportes documentales con efectos retroactivos y firmas presuntamente apócrifas” que implicaría sanciones a nivel administrativo y penal.
Pagos por demoras en los barcos, pérdidas cambiarias, ventas a bajo precio, la pavimentación y alumbrado de calle aledaña a los negocios y propiedades de Raúl Lyle Fritch, exdirector de Finanzas y Operaciones en la empresa; así como del exdirector general Antonio Avilés quien renunció al cargo a inicios de enero ante la indagatoria de posibles actos de corrupción e irregularidades que habría implicado, entre otras consecuencias, que se incumpliera en tiempo y forma con el primer pago de este 2021 para los trabajadores de la empresa.
Junto con Jorge Lyle, quien se desempeñó como gerente de Contabilidad y Presupuesto de ESSA entre 2013 y 2015, para después ocupar la gerencia de Adquisiciones y Almacenes de 2016 a 2017 y en 2018 ocupar el cargo al frente de la Promoción Comercial de la empresa, su hermano Raúl y Avilés Rocha son identificados como exfuncionarios que en posible contubernio con funcionarios de Mitsubishi generaron pagos por las pérdidas cambiarias por arriba de los 250 millones de pesos en detrimento del gobierno mexicano, como parte de las anomalías denunciadas.
Durante la gestión de Raúl Lyle se habría originado el “ajuste de precios” que en 2006 implicó beneficios en favor de Mitsubishi, pero a la vez causaron problemas legales que implicaron demandas laborales y créditos fiscales, los cuales mantienen a la fecha las cuentas de la empresa bajo embargo por parte del SAT aunado a la derrama millonaria en pagos a abogados.
“Él (Raúl) con sus amigotes y padrinos de Mitsubishi simularon facturas y pedimentos de exportación por años en colusión con el ing. Juan Antonio Flores, Apoyo Productivo y después en cadena con su hermano Jorge Rodolfo Lyle Fritch, quien trató de limpiar los soportes aduanales del 2006 al 2013 contratando una empresa para la “limpieza” documental retroactiva ante aduanas con cargo al presupuesto de ESSA”, con la ayuda de Antonio Rocha, señala la denuncia anónima a la que este periódico tuvo acceso.
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