Tropas salvadoreñas en Haití: los riesgos fuera de la ONU

17 de Noviembre de 2026

Tropas salvadoreñas en Haití: los riesgos fuera de la ONU

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Omar Hurtado

La presencia militar salvadoreña en Haití ha generado fuerte controversia interna e internacional. Aunque inicialmente no se preveía su intervención directa, el secuestro en octubre de 2026 de cuatro efectivos de ese país que participaban en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) de la ONU llevó al presidente salvadoreño a enviar un contingente especializado y siete helicópteros para rescatarlos. Desde entonces, desplegó más de 2 mil militares, ampliando su alcance al combate frontal.

Es así como El Salvador participa en dos frentes: en la GSF y mediante un contingente acordado bilateralmente con Haití, siendo esta segunda fase la que despierta desconfianzas.

La GSF busca respaldar a las autoridades haitianas para desmantelar a las pandillas. Autorizada en septiembre de 2025, sustituyó a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad liderada por Kenia, de escasos resultados por falta de personal y equipo. No es una misión de paz tradicional, pues no la integran Cascos Azules y se financia con aportes voluntarios.

Impulsada por Panamá y Estados Unidos, regirá hasta marzo de 2027. Sus funciones son desarticular estructuras criminales, proteger infraestructura crítica, facilitar ayuda humanitaria y coadyuvar a crear un clima electoral. Puede realizar inteligencia propia o conjunta con fuerzas haitianas y reúne contingentes de nueve países, incluido El Salvador (100 a 200 elementos).

El panorama de seguridad en Haití es complejo y las pandillas se han fortalecido notablemente. El escenario criminal lo integra «Viv Ansanm», coalición de las bandas rivales G-9 y G-Pep, entre otras, que controla entre el 80% y el 90% de Puerto Príncipe y otros territorios. Su fuerza radica en su alto número de integrantes, estructura paramilitar, control de rutas estratégicas y alianza con élites políticas y empresariales.

Estas bandas dominan los accesos a Puerto Príncipe, puertos y terminales de combustible; cobran peajes en autopistas y realizan secuestros y extorsiones a comercios y transporte marítimo. Poseen fusiles de alto calibre, ametralladoras y drones que superan en potencia a la policía. El armamento proviene de Estados Unidos e ingresa por la frontera con República Dominicana.

El bloqueo carretero de las pandillas paraliza la economía y provoca escasez alimentaria, en tanto que reclutan fácilmente a jóvenes desempleados en barrios marginados. La violencia deja cerca de 1.5 millones de desplazados internos (la mitad serían niños); además, la mitad de los pandilleros serían menores y más de 5.8 millones de personas (casi la mitad de la población) padecen hambre aguda.

Por su parte, el despliegue bilateral salvadoreño suscita reservas entre internacionalistas. Aunque cuenta con aval del gobierno haitiano —lo que según algunos especialistas evita una invasión o violación de soberanía bajo parámetros de la ONU—, Naciones Unidas enfatizó que los 2 mil militares no integran la GSF ni operan bajo mandato del Consejo de Seguridad. Esto los deja sin supervisión multilateral y abre dudas sobre una posible infracción al embargo de armas de la ONU sobre Haití, que exige autorización previa para ingresar equipo bélico fuera de misiones avaladas.

Para organizaciones de derechos humanos y derecho humanitario, el operativo arriesga vulnerar principios internacionales de proporcionalidad y protección civil, pues en un marco de opacidad se desconocen el acuerdo bilateral, sus protocolos y rendición de cuentas. Persiste también preocupación por el historial de abusos en misiones pasadas de la ONU en Haití y las supuestas violaciones a derechos humanos de fuerzas salvadoreñas en su país, advirtiendo sobre daños colaterales y desplazamientos forzados en zonas densamente pobladas.

En este contexto, los militares salvadoreños tienen experiencia en combate urbano, equipo pesado y apoyo aéreo, pero desconocen el idioma (criollo haitiano), la geografía social y la estructura pandillera. Por su parte, las pandillas poseen armamento pesado y suelen usar a la población como escudos humanos en barrios sobrepoblados.

El Salvador busca capitalizar sus operaciones como exportador de seguridad hemisférica, ganando simpatía entre gobiernos de mano dura, lo que plantea hasta dónde escalará. La operación resulta funcional a Estados Unidos al buscar estabilizar Haití y contener flujos migratorios. Sin embargo, opera en un limbo regulatorio que cuestiona su legitimidad y supervisión internacional: actuar fuera de la ONU sienta un precedente de intervenciones sin control que puede derivar en abusos contra civiles. La solución no puede ser solo militar ni darse al margen de la concertación multilateral.