Hannia Novell

Esta película ya la hemos visto. Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avale el proyecto de dictamen del ministro Luis María Aguilar, que declara inconstitucional la consulta para enjuiciar a los expresidentes, Andrés Manuel López Obrador la va a hacer. Ya sea a mano alzada o con boleta en mano, pero de que va, va. 

Y esta “derrota” para López Obrador será su escudo para distraer la atención de la sombra de corrupción que se cierne sobre su gobierno y un ariete para atacar a la Corte y al Poder Judicial en su conjunto. Y es que al Presidente, lo que no le dan, arrebata. 

En marzo de 2018, AMLO catalogó a Ricardo Anaya de demagógico y señaló que el candidato presidencial de la derecha sólo buscaba engañar a la gente cuando prometía encarcelar a Enrique Peña Nieto. Dos años después, López Obrador decidió utilizar el mismo recurso.

Estaba preparado para seguir explotando el combate a la corrupción en las elecciones de 2021, el caso Lozoya le garantizaba audiencia y le permitiría exhibir sobornos y excesos de sus opositores. Pero los escándalos de corrupción de su familia, lo obligaron a cambiar la narrativa oficial.

Los videos protagonizados por su hermano Pío López Obrador recibiendo un millón de pesos en efectivo y el desfalco por 223 millones de pesos en un municipio de Tabasco, donde estaría involucrada la esposa de Ramiro López Obrador, fueron el detonante para cambiar su estrategia. El juicio a los expresidentes se convirtió en la luz al final del túnel.

Hábil para la retórica, dijo que él estaba en contra de llevar a los expresidentes al banquillo de los acusados, pero pidió al Senado la realización de una consulta popular para enjuiciar a Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, a quienes acusa de actos de corrupción y privatizaciones ilegales de bienes públicos. 

Las puertas del circo romano fueron abiertas. Seguramente, López Obrador espera que los ministros Juan Luis González Alcántara, Yasmín Esquivel y Margarita Ríos demuestren su lealtad a la 4T y voten contra el proyecto del ministro Luis María Aguilar. 

Aunque estos tres ministros decidan seguirle el juego al inquilino de Palacio Nacional, pagar el costo político personal y lastimar el prestigio y autoridad de la Corte, sus votos serán insuficientes para alcanzar la mayoría necesaria. 

Si la Suprema Corte declara inconstitucional la consulta, al tabasqueño le queda el recurso de la votación a mano alzada, para mantener encendida la hoguera de las conferencias mañaneras, escenario habitual de linchamientos y campañas de desprestigio.

Acostumbrado a hacer su voluntad a costa de la ley y de las instituciones, López Obrador tiene una larga historia de consultas improvisadas, espectáculos populistas en los que simula escuchar la voz del pueblo sólo para imponer sus caprichos. 

Como Presidente electo realizó una consulta para decidir si continuaban las obras de construcción del aeropuerto en Texcoco. Meses después, ya en funciones, utilizó el mismo método para saber el futuro del Metrobús que conectaría los estados de Durango y Coahuila; si se enfrentaba a Donald Trump por la amenaza de aplicación de aranceles a productos mexicanos, o si era conveniente mantener distancia o coordinación con los gobiernos estatales.

Él siempre tiene claro lo que quiere y conoce el arte de la manipulación. Andrés Manuel no busca justicia. De ser así, habría acudido a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar las denuncias correspondientes. Detrás de la consulta, está un burdo discurso de campaña. Y es que, como comentamos, a AMLO lo que no le dan, arrebata. 

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